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Acción para la conciencia colectiva
Hoy, la violencia desatada en contra de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia ha vuelto a encender las alarmas sobre la existencia de un proceso de persecución sistemática en su contra. En este escenario, Acción para la conciencia colectiva plantea un análisis sobre las disputas que se han fraguado en torno a la defensa de los derechos humanos y como estas han derivado en la ejecución de prácticas de estigmatización en contra de quienes los defienden. Este libro aborda la situación desde tres perspectivas de análisis, las demandas del movimiento de derechos humanos, los actores que las movilizaron y los repertorios de acción empleados. Para ello, se toma como punto de partida la década de 1970, periodo en el que la defensa de la vida y la resignificación de lo justo ocuparon un lugar central en la movilización social como escenario de denuncia sobre las arbitrariedades cometidas por el Estado. El periodo abarcado cierra en 1991 cuando las disputas por los derechos humanos derivan en la inclusión de un catálogo de derechos y mecanismos para su protección en la Constitución Política y con ello, en una institucionalización parcial de las demandas del movimiento.
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Pocos días después, AI anuncia su visita al país entre el 16 y el 30 de enero de 1980 con el interés de investigar las denuncias recibidas sobre violaciones a los DD. HH. La delegación estuvo encabezada por el sociólogo filipino, Edmundo García y el abogado y juez español, Carretero Pérez; quienes a su llegada sostuvieron varias reuniones, primero, con el presidente Turbay, en medio de pomposos protocolos de bienvenida, y luego con organizaciones defensoras que facilitaron un completo listado de personas desparecidas y asesinadas por motivos políticos77. La amabilidad y las solemnidades con que fue recibida la delegación no duraron mucho, pues a los dos días de haber pisado suelo colombiano la delegación pasó de recibir denuncias a formularlas. Esto sucedió cuando los delegados denunciaron haber sufrido hostigamientos y acoso por parte de militares colombianos que penetraron en su hospedaje y les pidieron documentos, eso sí, luego de manifestarles que se trataba de una visita de cortesía. Adicionalmente, el acoso se manifestó en la interceptación de sus teléfonos y, sorprendentemente, según lo denunció uno de los delegados, en la irrupción que hiciera una persona desconocida en su habitación.
Pese al asedio denunciado, la delegación visitó cárceles e intentó, sin mucho éxito, asistir a los CVG, pues esto les fue restringido por los militares, argumentando que los procesos se hallaban en etapas privadas. En medio de las contradicciones entre el discurso y la acción de los funcionarios colombianos, la visita de AI finalizó en el mismo momento en que el departamento de Estado norteamericano presentó su informe sobre la situación de DD. HH. en América Latina, resaltando la delicada situación de países como Argentina o Chile, mientras que sobre Colombia afirmaba: “…es una sociedad abierta donde todos los asuntos políticos, incluso los derechos humanos, son debatidos libremente”78.
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