Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo III. (Chile: 1973-1990)

Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo III. (Chile: 1973-1990)
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Este volumen describe el rol político y las transformaciones del Poder Judicial. En 1973, la Corte Suprema rehusó ejercer sus facultades, afirmando falta de jurisdicción. La consecuencia fue la total desprotección de miles de chilenos.

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Brian Loveman. Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo III. (Chile: 1973-1990)

Índice

Agradecimientos

Prefacio

Capítulo I Junta de gobierno, justicia militar y consejos de guerra, 1973-1977

Las relaciones de la Junta Militar y el Poder Judicial

Estado de sitio como tiempo de guerra

El funcionamiento de los consejos de guerra

El consejo de guerra de la Fuerza Aérea

Junta de Gobierno y consejos de guerra: la autolimitación de la Corte Suprema

Denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos

Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI) y los consejos de guerra

Capítulo II Regímenes de excepción y represión política

Los recursos de amparo y el tiempo de guerra

El asesinato del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert

La Operación Colombo (o caso de los 119)

El caso «Calle Conferencia»

El caso de Carmelo Soria Espinoza

Privación de la nacionalidad chilena

El Poder Judicial y los detenidos desaparecidos

El decreto ley 81

Recurso de amparo: Carlos Contreras Maluje (3 noviembre 1976)314

Críticas internacionales

El MIR y el fallo de extradición

Los medios de comunicación y los regímenes de emergencia

El proyecto militar y el Poder Judicial

Poder Judicial y nueva institucionalidad

Capítulo III Hacia laconstitucionalización del nuevo orden

Las Actas Constitucionales, 1976

La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y los tiempos de emergencia

El discurso de Chacarillas

De las Actas Constitucionales hasta la «Consulta» de 1978

Detención y traslado de abogados y dirigentes democratacristianos

Decreto Ley 2.191. La controvertida amnistía

El general Leigh sale de la Junta Militar, julio de 1978

El hallazgo de «desaparecidos» en Lonquén

El asesinato de Orlando Letelier

La Comisión «Ortúzar»: anteproyecto de una nueva constitución, 1977-78

Capítulo IV Propiedad del Estado y el fin de la Reforma Agraria

¿Qué hacer con la reforma agraria?

Los Tribunales Agrarios

¿Qué hacer con los «dominios» de CORA y CORFO?

Complejo Forestal y Maderero Panguipulli

El destino del Complejo Forestal

La contra-reforma agraria: Decreto Ley 208 (17 de diciembre de 1973) y modificaciones a la Ley 16.640

Poder Judicial y el proceso de contra-reforma agraria

Ley Única de Expropiaciones: Decreto Ley 2.186 de 1978

Fin de la CORA

Caso del fundo Los Cristales de Curicó

Siguen los juicios agrarios

Caso «La Puerta y propiedad de Barriales»

Gobierno militar y las comunidades mapuche

Capítulo V Poder Judicial y las «modernizaciones» del Estado

La Comisión Ortúzar y el Tribunal Constitucional

El proyecto de nueva Constitución en el Consejo de Estado

Las «siete modernizaciones»

Tribunales del Trabajo: algunos antecedentes de la «modernización» del Código del Trabajo

Supresión de los Juzgados del Trabajo, 1981

La «modernización» laboral

Las «modernizaciones»: Consejo de Defensa Fiscal y Judicatura

Poder Judicial y la Constitución de 1980

El Tribunal Constitucional: 1981-1985

Tribunal Constitucional y el Art. 8 de la Constitución de 1980

Requerimiento contra el ministro del Interior, Enrique Montero Marx, mayo 1983

Inconstitucionalidad del Movimiento Democrático Popular (MDP). Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1985

Caso Clodomiro Almeyda, 1987

Capítulo VI Dictadura constitucional I

¿Cómo saber la historia fidedigna de la ley y de la Constitución de 1980?

La implementación de la Constitución de 1980

Crisis económica y represión política

El caso de Eduardo Frei Montalva

El asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, 1982

Las jornadas de protesta

Revista Cauce: Recurso de Protección, 1984

Atentado contra el intendente de Santiago Carol Urzúa, 1983

El presidente de la Corte Suprema y los conflictos políticos: 1984

Caso Melocotón, 1984

Capítulo VII Dictadura constitucional II

«Caso degollados». Asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino

«Caravana de la Muerte General Arellano Stark 1985/ General Pinochet Ugarte 2000»

Capítulo VIII Dictadura constitucional III

Caso «Panadería Lautaro» y persecución de la Vicaría de la Solidaridad

Controversias sobre la amnistía: discrepancias entre la Corte Suprema y el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda

El FPMR: Internación de armas por Carrizal Bajo, 1986

Atentado contra Augusto Pinochet, 1986

Capítulo IX Terrorismo de Estado y violencia política

La visita del Papa a Chile

Con los humanoides no se dialoga

Preparaciones para el plebiscito: «pan o palo»

Operación Albania

Secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño

El juez René García Villegas1466

Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri: el caso de «Los Quemados»

Huelga Nacional de la CNT, octubre 1987

La Corte Marcial Naval y Óscar Guillermo Garretón, 1988

Capítulo X Expectativas e incertidumbres, 1988-1989

El plebiscito, 5 de octubre de 1988

Requerimiento contra la dirigencia del Partido Comunista, 1988

Las «leyes caramelo»

Poder Judicial y los archivos y documentos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. Ley 18.771

Poder Judicial: hacia la década de 1990

Ley 18.750: Más ministros en las Cortes y más abogados integrantes

Plebiscito de 1989: reformas constitucionales

Asesinato de Jécar Neghme

Las elecciones de 14 diciembre, 1989

Capítulo XI Hacia el 11 de marzo de 1990

Consolidando la «institucionalidad»: las últimas medidas

Ley 18.905. Se modifica la ley N° 18.603 (1987), Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. 24 de enero de 1990

Ley 18.906. Modifica Ley 18.415, Orgánica de la Constitución de los Estados de Excepción, 24 de enero de 1990

El Congreso, y más

Ley 18.925: se elimina la oficina del Abogado Procurador General

Ley 18.930. Modifica la ley 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, 17 de febrero de 1990

Ley 18.969. Código Orgánico de Tribunales

Acuerdo del Pleno de la Corte Suprema sobre senadores designados

El discurso del presidente de la Corte Suprema, 1 de marzo de 1990 –y 26 años después

Desde el 11 de marzo de 1990

Epílogo

Referencias y Bibliografía

Fuentes oficiales

Centros de Investigaciones Universitarias y ONG

Gobierno de Estados Unidos

Organismos Internacionales

Tesis

Libros, monografías, separatas, documentales, informes y documentos

Documentos, documentos de trabajo, ponencias, memorias, mensajes anuales

Artículos de revistas, capítulos de libros, documentos de trabajo

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La investigación que ha hecho posible este libro comenzó en la Universidad Alberto Hurtado en 2009, derivando desde nuestra línea de trabajo, iniciada en 1997, sobre la reconciliación política en Chile. Nos propusimos estudiar la actuación del Poder Judicial en los conflictos políticos posteriores a la Constitución de 1925. El primer tomo se publicó en 2014 y abarcó el período entre 1925 y 1958. El segundo tomo se inicia en 1958 y termina en 1973. Este tercer tomo cubre el período entre 1973 y 1990. En nuestra investigación, en sus inicios, contamos con el apoyo de la Fundación Ford, la Fundación William y Flora Hewlett, y la Fundación Fred J. Hansen, de la Universidad Estatal de San Diego.

Debemos agradecer en primer lugar a Silvia Aguilera, a Paulo Slachevsky y a la Editorial LOM, que hicieron posible la edición y publicación de este libro. Desde los inicios de nuestra colaboración, en 1997, el historiador Rafael Sagredo nos ha alentado y colaborado en nuestras investigaciones, comenzando con el primer libro nuestro, Las suaves cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política, 1814-1932 (1999).

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Que sea actualizado y aplicado el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de amparo; que se instruya a las Ilustres Cortes de Apelaciones sobre las facultades que tienen ante la tardanza en la expedición de informes y ante la inexactitud de estos; que sea declarada la obligación que tienen los tribunales de ordenar la instrucción de sumarios criminales por los delitos que resulten de los antecedentes contenidos en los expedientes de habeas corpus y en especial que el ministerio público ejerza la acción penal haciéndose parte del recurso desde su presentación teniendo en consideración que los interesados carecen de medios para ejercitar dichas acciones penales y podrían temer hacerlo164.

La Corte Suprema emitió una resolución el 19 de mayo de 1975 en relación con la presentación del Comité en la que señaló lo siguiente:

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