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Diego Pérez. ¿Quién escupió el asado?
A
Introducción. A los desangelados
La generación ausente y solitaria. La subcultura abuelicida
La democradura y la cultura de la impunidad
Saltando entre los escombros
La reacción… O un ejemplo más en el que la izquierda y la derecha se dieron la mano
La explosión. del fermento marginal. Otra cronología y una nueva mirada sobre la subcultura parricida
¿Punk y dadá?
Las tortugas ninjas
Lo subte en la superficie
El 88 en el ring
Punk, anarquía y represión. Cooperativa del Molino
El anarquismo aquí y ahora
Otra brecha generacional, o una forma de anarquizar la anarquía
Disparen contra la red
La rebelión de las entrañas
Esos tipos que huelen a tigre
Atrapados en el Libertad
Lo mejor NO es quedarse en casa
Si esta cárcel sigue así
La subcultura. y la lucha de la Coordinadora. Anti-Razzias ¿Crisis de militancia o militancia en crisis?
La utilidad de la muerte y el fin de una lucha
Libertad, la otra historia
¿Dionisíacos, posmodernos y nihilistas? Nuevas miradas para una revisión conceptual sobre las expresiones subculturales en Uruguay
Un recodo
Bibliografía y otras referencias
Otros números consultados
Material audiovisual consultado
Entrevistas realizadas para este libro
Créditos fotográficos
Отрывок из книги
Solo unos pocos encuentros son como señales que emanan de una vida más intensa, una vida que en realidad no se ha encontrado.
GUY DEBORD, Critique de la séparation, 1961
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En agosto de 1986, las presiones militares intentaron cambiar magistrados de la Suprema Corte de Justicia, infiltrando adeptos respecto a «las contiendas de competencias», recurso que pretendía habilitar la acción de la justicia militar como único órgano que revisara los hechos sucedidos en dictadura. Problema que se solucionó con la amnistía parlamentaria a través de la Ley de Caducidad, sancionada el 22 de diciembre de 1986. Es necesario recordar que las fuerzas armadas, a través de sucesivos pactos y presiones, asentaron un régimen de carácter cívico-militar en el que aún continuaban sosteniendo cuotas importantes de poder. Cuando el curso de los acontecimientos escapaba o sobrepasaba la conducción y el control del gobierno, los militares presionaban ampliamente sobre las instituciones en diferentes ámbitos de la vida política nacional. Sancionada la Ley de Impunidad, mientras se publicaba el Informe Sambucetti,8 e iniciado el proceso de referéndum, Matilde Rodríguez Larreta (1988) sostenía: «Tenemos conciencia de altos mandos que han visitado a ministros de la Corte [Electoral] directamente, ni siquiera a través del Partido Colorado, para que eso sucediera».
La partidocracia no solo realizó esta concesión, sino que además preservó el Cosena (Consejo de Seguridad Nacional) y la figura del estado de insurrección hasta 1986. Restringió la elección de los altos mandos de las fuerzas armadas y violó el secreto que merecen las investigaciones de las comisiones parlamentarias, trasladando legajos a la Justicia Militar sobre el caso Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. A su vez, el presidente Sanguinetti aplicó el derecho a veto en todas las ocasiones que pudo, permitió la actuación de grupos paramilitares, como el caso Paladino,9 el grupo naso10 y la formación anticomunista y ultraconservadora Tradición Familia y Propiedad,11 y promovió también la creación de las empresas de seguridad a cargo de exrepresores de la dictadura.12
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