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Emma Patricia Victorio Cánovas es magíster en Arte Peruano y Latinoamericano y candidata a doctora en Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En 2015 fue distinguida con el Premio al Mérito Científico en el Área de Humanidades por su destacada trayectoria en el campo de la investigación, otorgado por la UNMSM. Además, es autora del libro Seda y oro para la gloria de Dios. Los ornamentos litúrgicos de la Basílica Catedral de Lima, así como de numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Actualmente, dirige el Departamento Académico de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM y se dedica a la docencia de pregrado y posgrado en la misma casa de estudios.
ORCID: 0000-0002-9733-372X
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Durante el gobierno de Cáceres continuó la crisis económica, pero hubo una relativa estabilidad política, en la que grandes comerciantes y terratenientes exportadores apoyaron a los militares a cambio de prebendas. Para hacer frente a la deuda externa, en 1889 Cáceres firmó el Contrato Grace, por el que quedaron saldadas las deudas de los años 1869, 1870 y 1872. Acordó ceder a los bonistas ingleses la red de ferrocarriles por 66 años, dos millones de hectáreas en la Amazonía, la libre navegación por el lago Titicaca y una cuota anual de 80 000 libras esterlinas durante 33 años. A cambio, se restauró el crédito del Perú en el mercado monetario internacional, a la vez que los Grace ofrecieron terminar el ferrocarril de La Oroya y el de Juliaca, para lo cual se creó la empresa Peruvian Corporation Limited en 1890. Según Contreras y Cueto (2000, p. 166), el arreglo resultó beneficioso para el Perú en la medida en que la inversión extranjera, sobre todo la inglesa, se reflejó en la culminación del sistema ferroviario, la industria petrolera, la minería, la manufactura de textiles de algodón y la producción azucarera18.
En 1887 la deuda interna ascendía a unos 50 millones de soles, sin contar con los billetes fiscales que habían sido emitidos por el Estado desde 1875 para cubrir el déficit fiscal y que se siguieron emitiendo durante la ocupación. Para levantar dicha deuda, ese año se creó la Dirección de Crédito Público y el estanco de alcoholes, un impuesto al consumo de bebidas alcohólicas que más adelante pasó a ser controlado por el Estado.
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