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Sindicatos y política en México:
cambios, continuidades
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El capítulo tres examina las políticas laborales adoptadas por las administraciones de los presidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), incluidos sus intentos por reformar la LFT y su manejo de conflictos de gran repercusión con sindicatos de mineros y trabajadores de la industria eléctrica. La incapacidad (o el desinterés) de la administración foxista para hacer una reforma progresista en la legislación laboral federal fue un obstáculo importante para emprender procesos democratizadores más generales. Además, el fracaso de su propuesta de reforma laboral en 2001-2002 marcó un giro más conservador en sus políticas laborales, pues los funcionarios del PAN, como sus predecesores del PRI, reconocieron que dependían de la disposición de los dirigentes obreros de la vieja guardia a controlar las demandas de las bases a cambio de conservar el apoyo del gobierno. A su vez, los prolongados conflictos de los gobiernos panistas con los mineros y los electricistas demostraron cómo la conservación del régimen establecido de relaciones entre el Estado y el sindicalismo permitió a los funcionarios del gobierno —incluso en un contexto formalmente democrático— pasar por encima de los líderes sindicales electos y defender políticas que visiblemente beneficiaban a sus aliados empresariales. Este capítulo también analiza en detalle el proceso legislativo de reforma laboral llevado a cabo entre septiembre y noviembre de 2012, a partir de la iniciativa preferente presentada en la Cámara de Diputados por el presidente Calderón, a punto de concluir su mandato. Se revisan sus antecedentes, alcances y posibles consecuencias, así como las coaliciones políticas que se formaron para apoyar las distintas dimensiones, económica y política, de la iniciativa presidencial.
El capítulo cuatro analiza las maneras en que las transformaciones económicas y políticas de las décadas de 1980 y 1990 han alterado los recursos de poder que tenían los sindicatos mexicanos. Observa en particular las alianzas transnacionales que han forjado algunos sindicatos políticamente independientes con sus contrapartes canadienses y estadounidenses desde principios de la década de 1990 y cómo han usado los foros internacionales para defender los derechos laborales en México. Los dos foros más importantes de este tipo han sido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las instituciones creadas en 1994 en el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), negociado entre Canadá, México y Estados Unidos como complemento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las denuncias de agravios ante esas instituciones por cuestiones como libertad de asociación han aumentado de manera significativa la visibilidad de los problemas con los derechos laborales en México. Aunque estas iniciativas no sustituyen las reformas más profundas en el régimen de relaciones Estado-trabajadores en México, en algunos casos, las campañas internacionales por los derechos laborales vinculadas con la OIT y el ACLAN han contribuido a generar cambios progresistas en las políticas laborales del gobierno mexicano.
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