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Recientemente, una buena cantidad de los debates políticos que se desarrollan en Colombia han tenido como actores políticos protagónicos a diversos grupos religiosos, en particular, cristianos. Basta recordar el caso de las cartillas del Ministerio de Educación sobre cómo tratar e impedir situaciones de discriminación dentro de los colegios y su supuesta “imposición de la ideología de género”. Otro ejemplo es el rol activo que tuvieron las iglesias llamadas cristianas en el resultado negativo del plebiscito, que buscaba legitimar los acuerdos a los que llegó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el grupo guerrillero de las FARC en el año 20161. También se pueden mencionar los diversos debates institucionales efectuados en el Congreso de la República sobre la eutanasia, el aborto o el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Todos estos casos ejemplifican uno de los retos más grandes que ha tenido que enfrentar el proceso de consolidación de la democracia colombiana a saber expandir y fortalecer el carácter laico del Estado a partir de su propia trayectoria histórica y cultural. Este proceso implica afrontar la discusión sobre el rol de la religión en los debates sociales, políticos y jurídicos contemporáneos. En general, se pueden encontrar dos extremos radicales en esta discusión. Por una parte, todavía existen ciudadanos y actores políticos que, de manera velada, inconsciente o –incluso– explícita, pretenden que el sistema político-jurídico colombiano se base en sus cosmovisiones religiosas, cristianas en su mayoría. Para estos ciudadanos y actores, las leyes del Estado colombiano deben ser hechas de forma tal que no contradigan los preceptos morales y teológicos de la religión mayoritaria. Por otra parte, y en oposición a lo anterior, hay otro grupo de ciudadanos y actores políticos que, igualmente, de forma velada, implícita o explícita, no están dispuestos a admitir que algún tipo de elemento religioso haga parte de la vida pública y política de los colombianos. Esta posición parece presuponer que en una democracia a la religión no le queda otro camino diferente de su privatización, y, tal vez, su desaparición. En términos generales, estas dos posiciones extremas del debate sobre el rol de la religión en la esfera pública configuran los contextos social y político a los que nuestra investigación quiso acercarse.
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Como se ve, un elemento esencial de la propuesta de Habermas radica en su interés por lograr que las cargas que deben asumir los dos grupos de ciudadanos, es decir, los ciudadanos religiosos y los ciudadanos seculares, sean cargas simétricas.
En efecto, como lo señala Habermas al referirse a la obligación de traducción que tienen todos los ciudadanos:
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