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José Miguel Onaindia. La Corte Suprema Argentina
Prólogo. La Corte Suprema en la Argentina: tomar distancia para ver mejor
Introducción
Capítulo 1 ¿Qué es la Corte? Sus funciones
La función jurisdiccional
Cómo se designa a los jueces
Cambios en la reforma de 1994
Designación de magistrados federales
Capítulo 2. Qué hace, en qué marco, a quién se subordina
Principio de supremacía de la Constitución
Control de constitucionalidad
Cómo ejerce la Corte el control de la constitucionalidad
Sus poderes implícitos
Capítulo 3. Cuando fue protagonista
De Mitre al golpe de 1930, o la Corte en una república posible
Los gobiernos radicales: se congelan los alquileres
El contexto del golpe de 1930
El gobierno de Uriburu y la Corte
“Gobierno a la Corte”
Capítulo 4. Lo que no cuenta la historia oficial
La guillotina se instala en el Senado
Los efectos secundarios de la guillotina
El golpismo arrecia
Gobierno electo, gobierno derrocado
Capítulo 5. El regreso a la democracia
Un gobierno prolongado
Búsqueda de cambios en los procedimientos
Capítulo 6. Validez de las decisiones de la Corte
Relación jerárquica entre ley y tratado
Capítulo 7. Lenguaje y derecho
Decisiones sobre argumentos propios
El porqué de estos fallos
Más cerca de los medios, más lejos del ciudadano
La deslegitimación de la Corte
Capítulo 8. Juicio a la Corte. La Corte a través de sus decisiones judiciales
La Corte luego de la reforma constitucional o “así que pasen veintidós años”
Capítulo 9. Una Corte del siglo XXI
Duración del mandato y mecanismo de selección
Funciones y competencias
Apéndice
Bibliografía
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El primer ataque a la continuidad institucional del Poder Judicial fue realizado por el primer gobierno peronista en 1947, cuando se destituyó al procurador general de la Nación y a cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia y se los sustituyó por personas comprometidas políticamente con el gobierno. El Tribunal, considerado no sin razón como un reducto opositor al nuevo régimen, fue sustituido por una Corte adicta. Para lograr ese cometido, el Parlamento dominado por el peronismo les hizo juicio a cuatro jueces y al procurador general de la Nación, con el argumento de que habían avalado los golpes militares de 1930 y 1943, aunque Perón había participado de ambos y en el segundo fue vicepresidente de la Nación y secretario de Estado. Se destituyó así a distinguidos juristas como Juan Álvarez, Francisco Ramos Mejía, Roberto Repetto, Antonio Sagarna y Benito Nazar Anchorena. El peronismo se aseguró una Corte favorable, pero el juicio fue visto por la oposición como un abuso de poder y unánimemente rechazado. Luego de la reforma de 1949 se produjo una “purga” general de jueces, porque una cláusula transitoria incorporada por la reforma obligaba al Senado a otorgar nuevo acuerdo a los magistrados y a estos jurar por la nueva Constitución. Con estas medidas se produjo la primera violación del principio de inamovilidad de los jueces y el cambio de la voluntad política de respetar la independencia del órgano judicial, que pasó a convertirse en una declamación más que en un hecho.
Los siguientes golpes militares y gobiernos democráticos que se sucedieron destituyeron a los miembros de la Corte y a numerosos titulares de tribunales inferiores, inaugurándose así un proceso de inestabilidad y deterioro de la confianza pública en la imparcialidad e independencia del Poder Judicial de la Nación. Esta desconfianza se profundizó aún más cuando en el inicio del primer gobierno de Carlos Saúl Menem se elevó el número de miembros de la Corte, ya que la posibilidad de este presidente de designar jueces en el Tribunal estaba acotada porque Raúl Alfonsín había constituido una Corte con jueces alcanzados por la garantía de la inamovilidad, cinco años antes.
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