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La narrativa de los derechos humanos y las instituciones y políticas públicas desarrolladas en su nombre se han extendido en América Latina. Sin embargo, ¿qué tanto esto se traduce en una mejora en la vida de las personas? A través de la investigación que se presenta en este libro nuestra respuesta a tal pregunta es que ello depende del Estado. Específicamente, la investigación que realizamos sobre la relación entre la institucionalización y el disfrute de los derechos humanos en México, Uruguay y Ecuador, confirmó la importancia de las diferencias en los acuerdos estatales en los que se insertan las demandas e instituciones de derechos humanos.
Un acuerdo estatal que prioriza la competitividad económica es un sustrato diferente para demandas e instituciones de derechos sociales o indígenas de aquel que priorice la justicia social y la solidaridad entre sus integrantes. Esto porque las demandas de institucionalización de derechos y los mandatos de las instituciones de derechos humanos propiamente dichas antes que proveer directamente «derechos» a las personas forman parte de una configuración de instituciones que conforman al Estado y se dirigen a cambiar la conducta del Estado en general, y de ciertas áreas en particular, para así modificar sus orientaciones y su incidencia en la vida de la gente.
Este libro hace una sociología política de la institucionalización de los derechos humanos en América Latina basada en el trabajo de campo y análisis de una variedad de fuentes primarias y secundarias. Mediante el análisis en profundidad de las secuencias de institucionalización de derechos humanos en los tres países, que muestran diferentes niveles de disfrute de derechos, presentamos evidencia acerca de una línea de indagación fructífera para complejizar la literatura sobre disfrute de derechos humanos haciendo un llamado a tomar seriamente al Estado en estas discusiones.
Un acuerdo estatal que prioriza la competitividad económica es un sustrato diferente para demandas e instituciones de derechos sociales o indígenas de aquel que priorice la justicia social y la solidaridad entre sus integrantes. Esto porque las demandas de institucionalización de derechos y los mandatos de las instituciones de derechos humanos propiamente dichas antes que proveer directamente «derechos» a las personas forman parte de una configuración de instituciones que conforman al Estado y se dirigen a cambiar la conducta del Estado en general, y de ciertas áreas en particular, para así modificar sus orientaciones y su incidencia en la vida de la gente.
Este libro hace una sociología política de la institucionalización de los derechos humanos en América Latina basada en el trabajo de campo y análisis de una variedad de fuentes primarias y secundarias. Mediante el análisis en profundidad de las secuencias de institucionalización de derechos humanos en los tres países, que muestran diferentes niveles de disfrute de derechos, presentamos evidencia acerca de una línea de indagación fructífera para complejizar la literatura sobre disfrute de derechos humanos haciendo un llamado a tomar seriamente al Estado en estas discusiones.