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En la actual coyuntura nacional, el contenido jurídico ha adquirido una enorme importancia como consecuencia de la consolidación de medidas y legislaciones que han permitido mejorar el quehacer judicial, y que este se torne más estricto en cada uno de los sectores sociales, económicos y políticos, en aras de fortalecer los mecanismos de defensa, protección y salvaguarda de los derechos fundamentales como colectivos, brindando soluciones oportunas y transparentes a la comunidad.
Esto significa que en el desarrollo de cada uno de los procesos judiciales, se apliquen las medidas correspondientes, dirimiendo los conflictos que suelen generarse entre las partes, sean estas de orden social o comercial especialmente, porque en los últimos años las acciones conflictivas han aumentado en Colombia y en el mundo entero, por lo que definir mecanismos alternativos de solución de controversias se ha convertido en una opción valiosa desde el punto de vista jurídico, en el entendido de que no solo se aplican procedimientos, sino acciones judiciales que minimizan de cierta manera las diferencias surgidas en desarrollo de las actividades, fundamentalmente en aquellas de orden comercial.
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Garantizar el desarrollo de procesos arbitrales, exige un amplio conocimiento del entorno y de cada una de las regulaciones existentes, a fin de brindar fallos ecuánimes e imparciales, incluso, con carácter internacional, aunque este garantice la solución de conflictos, habida cuenta del aporte brindando por los convenios internacionales, cuyas legislaciones contemplan conceptos sustentados en la Convención de Nueva York de 1958, y la Convención de Ginebra de 1961.
Dichos principios, buscan que exista una reciprocidad amplia sobre los laudos arbitrales frente a la inexistencia, desde luego, de normas precisas, que avalen su desarrollo en entornos internacionales, pudiendo dirimir conflictos, además, de aquellas situaciones en las que se busque la procedencia de la acción de tutela ante fallos emitidos por los tribunales de arbitramento.
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