Emergencia, Derecho y objetividad
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¿Qué sucede cuando circunstancias excepcionales dificultan los trámites regularmente previstos para la correcta sanción y/o aplicación de las leyes? La mayoría de los países de Iberoamérica consagran en sus textos constitucionales una serie de facultades para que los órganos políticos intervengan oportunamente en esos momentos, apartándose de la legislación hasta entonces vigente. Sin embargo, como lo ilustran numerosos ejemplos, la realidad es que muchas de estas facultades han tendido a ejercerse con una gran discrecionalidad. ¿Qué puede hacerse, pues, a fin de evitar que la excepción se transforme en regla? Entre los mecanismos institucionales disponibles para ello, el control judicial ocupa un lugar prominente. Una vez más, en Iberoamérica, no son pocos los países en donde se ha desarrollado una jurisprudencia dispuesta a validar las medidas excepcionales dictadas por los gobiernos de turno si y sólo si ellas descansan en presupuestos fácticos objetivos. Ahora bien, ¿cómo ha de entenderse dicha objetividad? ¿Acaso se trata de una propiedad sólo atribuible a ciertos hechos, como a algunos desastres naturales? ¿O, en su lugar, se trataría más bien de un criterio evaluativo meramente opinable? En los tiempos que corren, atravesados por la pandemia del COVID-19 y una crisis mundial sin precedentes, estos interrogantes cobran una relevancia normativa especial. En el presente libro, su autor analiza el instituto jurídico de la emergencia con el propósito de desentrañar en qué medida la objetividad ofrecería la vía más idónea para contener la arbitrariedad política sin incurrir en un inmovilismo prácticamente inconducente.
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Matías Parmigiani
Emergencia, Derecho
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Aunque los capítulos que integran el presente volumen no pretenden reflexionar directamente sobre la situación ambiental de la Provincia de Córdoba, sí procuran abordar preguntas de un tenor semejante, relacionadas con el modo en que algunas de las principales instituciones iberoamericanas han tendido a encarar algunos hechos de fuerza mayor, sean de origen estrictamente natural o artificial. En rigor, su objeto de interés estriba en la dimensión valorativa que rodea a las emergencias y, en particular, en el valor de la objetividad que debería honrar cualquier intervención sobre la realidad social que se presuma efectiva. Este valor, según se comprobará, cobra una relevancia central en cualquiera de los siguientes planos de análisis: el moral, por supuesto, pero también el epistemológico, el político y el jurídico. Cada uno de estos planos recibirá una atención eminente a lo largo de las siguientes páginas, en las que intentaré explorar qué presupuestos, concepciones, puntos de vista, valoraciones, propósitos e intereses se plasman en el discurso justificatorio que acompaña a ciertas intervenciones institucionales. La intención de proceder así, como se adivinará, es fundamentalmente crítica, aunque el objetivo más ambicioso de este trabajo consiste en develar si no es el propio valor de la objetividad el que ofrece la mejor alternativa para controlar los grados de discrecionalidad y arbitrariedad que ya nos hemos habituado a constatar en las actuaciones de la clase política. Con ese fin, no sólo será necesario analizar qué se ha dicho desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial sobre la materia, sino también qué puede aportar la filosofía para comprender y, en última instancia, revisar lo que a veces no alcanza a observarse a simple vista.
Las razones por las cuales aquí se ha elegido el valor de la objetividad son diversas y, en más de un sentido, difíciles de articular, aunque creo que la razón principal responde a una intuición que fue gestándose entre los años 2014 y 2018, precisamente los años en los que se desarrollaron las investigaciones cuyos frutos recoge este volumen. En sus inicios, la intuición surgió como una reacción a lo que, como veremos más adelante (cf. infra, capítulo II, sec. §3 y capítulo III, sec. §3), González Lagier denomina ‘objetivismo ingenuo’ en ciencias sociales, el cual se plasma en numerosos fallos judiciales tendientes a revisar las actuaciones del poder político a la hora de declarar una emergencia o, como sucede en Argentina, respaldar un decreto de necesidad y urgencia. Según esta forma de objetivismo, habría ciertos hechos ofrecidos por la realidad a los que todos tendríamos acceso de manera fiel, transparente o no problemática, esos mismos hechos cuyo desconocimiento simplemente provocaría que cualquier intento de apelar al instituto de la emergencia carezca de sustento. Por supuesto, lo que mi intuición indica es que esta aproximación a los hechos y, con ella, a las emergencias, resulta profundamente equivocada.
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