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La institucionalización
de la evaluación
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En la introducción hemos abordado las principales dimensiones vinculadas con la institucionalización o maduración de los sistemas de evaluación. También de las principales propuestas de medición realizadas por la literatura comparada. En este apartado abordamos las principales lecciones que pueden extraerse de la literatura comparada.
Los estudios comparados sobre los procesos de institucionalización de los sistemas de evaluación son todavía bastante escasos (Derlien: 1990, 2001; Furubo, Rist y Sandahl: 2002; Jacob, Speer y Furubo: 2015; Jacob y Varone: 2004; Varone y Jacob: 2004). Uno de los trabajos pioneros en este campo ha dividido el desarrollo de la evaluación en los países occidentales en tres grandes etapas (Derlien: 1990, 2001): en la primera, durante las décadas de 1960 y 1970, la evaluación tuvo como uso predominante la información para la mejora del funcionamiento de los programas públicos. Los responsables de la evaluación eran los responsables de los distintos proyectos en distintos departamentos del Gobierno que impulsaban nuevas políticas públicas. A partir de los años 1980, los problemas fiscales de muchos estados propiciaron cambios importantes en su uso. Los responsables pasaron a ser ahora los ministerios de Hacienda o el entorno (unidades centrales) de los presidentes y primeros ministros que ahora tenían como propósito la contención o el recorte del gasto público. La función básica de estos estudios de evaluación era favorecer una mejor reasignación del dinero público, lo que también desplazó el interés por los impactos hacia el interés por la eficiencia en la provisión de resultados (outputs) de las políticas. A partir de finales de los años 1990, Derlien observa un cierto desplazamiento de la evaluación hacia el Parlamento y, en los países europeos, una creciente importancia de la evaluación promovida por la Unión Europea. Este desplazamiento también ha sido detectado por otros autores posteriores (v. g. Furubo, Rist y Sandahl: 2002). Es posible que con la crisis económica de finales de la primera década del siglo XXI se haya regresado de nuevo al uso de la evaluación como contención y reasignación del gasto público.
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