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Pablo Ignacio Reyes Beltrán. Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia: entre el posacuerdo y la globalización
INTRODUCCIÓN POSCONFLICTO Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN. EXTRACTIVISMO, EMBESTIDAS CONTRA LÍDERES SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE Y CRISIS DE LA DEMOCRACIA
GLOBALIZACIÓN Y AMBIENTE: DERECHO, ECONOMÍA Y TERRITORIO EN COLOMBIA
POSIBILIDADES DEL ACUERDO DE PAZ Y LA NORMATIVIDAD NACIONAL SOBRE EL AMBIENTE
LA ÉTICA DEL MEDIO AMBIENTE: IMPLICACIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PAZ
CONTRADICCIONES Y DISPUTAS: LEY ZIDRES Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA RURAL INTEGRAL
BIOCOLONIALIDAD, LITERATURA Y POSACUERDO
ENTRE LA ESPERANZA Y EL MIEDO. Rutas de la paz y posconflicto en Colombia
TOPOLOGÍAS DE LA NATURALEZA Y NATURALEZA DE LAS TOPOGRAFÍAS. Lógicas espaciales e implicaciones territoriales de la relación comunidades-naturaleza en Colombia
LA CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICAS EN COLOMBIA: EXTRACTIVISMO, DESPLAZAMIENTO DE POBLACIONES Y ECOCIDIO
EL APLANADOR DISCURSO A FAVOR DEL FRACKING
CONFLICTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES EN TIEMPOS DE POSACUERDO: PAZ TERRITORIAL Y PRIVATIZACIÓN DE TERRITORIOS COMUNES EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO MAGDALENA (HUILA - TOLIMA)
AFECTACIONES TERRITORIALES POR LOS FACTORES SUBYACENTES TRAS EL CONFLICTO ARMADO EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LOS RESGUARDOS DE CHIDIMA TOLO Y PESCADITO EN LA REGIÓN DEL DARIÉN CHOCOANO
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Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia
Entre el posacuerdo y la globalización
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Las nuevas corrientes de globalización de las economías y el perfilamiento de las economías de América Latina, siguiendo el Consenso de Washington, marcaron el periodo que antecedió la aprobación de la Ley 685 de 2001 o Código de Minas (Pardo, 2013). Esta fue la nueva ley sobre minas impulsada en el Gobierno de Samper, con participación activa de instituciones canadienses que se establecieron los mecanismos para implementar una política económica de desarrollo centrada en el sector extractivo. El nuevo Código de Minas se convirtió en el principal generador de conflictos sociales alrededor de la minería, al poner en riesgo los territorios de las comunidades rurales, el agua, los ecosistemas y las leyes existentes. Igualmente, dicha ley acabó las empresas de carácter público o de capital mixto y le dejó al Estado la tarea de promover y fiscalizar la actividad minera. Para Fierro (2012), el nuevo Código de Minas tiene:
[…] un carácter privado del negocio no modifica la declaratoria de la industria minera en todas sus fases como utilidad pública e interés social y reafirma las disposiciones del Decreto 2655 de 1988, en el sentido de la posibilidad de expropiación para el desarrollo de la industria minera, lo cual asegura el conflicto por la posesión del terreno entre sus legítimos poseedores y los titulares mineros. (p. 185)
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