El juez nacional en la encrucijada europea de los derechos fundamentales
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El presente estudio, que actualiza el realizado por el autor con motivo de su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, aborda la encrucijada a la que puede verse arrastrado el juez nacional como consecuencia de la diversidad de estándares de protección garantizados por el catálogo interno de derechos fundamentales, el Convenio Europeo de Derecho Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A dicha encrucijada de naturaleza sustancial, en la que se encontró el propio Tribunal Constitucional español en el contexto de su primera cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia, habría que sumar otra, procedimental o formal, vinculada a las distintas vías incidentales de posible intervención, en el marco de un mismo proceso, de los respectivos intérpretes supremos de dichos catálogos (i.e., cuestión de inconstitucionalidad, cuestión prejudicial europea y, tras la firma en octubre de 2013 del Protocolo nº 16 del Convenio, opinión convencional consultiva), que exige una metódica y diligente salida, habida cuenta de que condiciona, en gran medida, el mayor o menor grado de dificultad en la elección, por el juez ordinario, del estándar de protección finalmente aplicable al litigio.
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Ricardo Alonso García. El juez nacional en la encrucijada europea de los derechos fundamentales
EL JUEZ NACIONAL EN LA ENCRUCIJADA EUROPEA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Contenido
I. Introducción
II. El juez nacional ante la diversidad de estándares de protección derivados del catálogo nacional de derechos y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
1. EL JUEZ NACIONAL ANTES Y DESPUÉS DEL TRATADO DE LISBOA
2. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CARTA
3. EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES NACIONALES, AUN SUPERIORES A LOS DE LA CARTA, EN AUSENCIA DE MARGEN DE MANIOBRA DE LOS ESTADOS MIEMBROS
4. EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE LA CARTA POR SUPERIORES ESTÁNDARES NACIONALES, EN PRESENCIA DE MARGEN DE MANIOBRA DE LOS ESTADOS MIEMBROS
5. LOS LÍMITES A LOS RESPECTIVOS DESPLAZAMIENTOS
III. El juez nacional ante la diversidad de estándares de protección derivados de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y del Convenio Europeo de Derechos Humanos
6. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y EL CONTROL INDIRECTO DE LA UNIÓN, PESE A NO SER ÉSTA PARTE CONTRATANTE DEL CONVENIO
7. LA RENUNCIA AL CONTROL PLENO FUNDAMENTADA EN LA PROTECCIÓN EQUIVALENTE
8. LA REIVINDICACIÓN DEL CONTROL PLENO FRENTE A LA PROTECCIÓN DEFICIENTE
9. EL JUEZ NACIONAL ANTE UNA REPROBACIÓN INDIRECTA DEL DERECHO DE LA UNIÓN POR EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
10. LA ADHESIÓN DE LA UNIÓN AL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
IV. El juez nacional ante la proliferación de vías incidentales de control
11. LA IMPOSIBILIDAD DE IMPONER LA PRIORIDAD DEL CONTROL INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL
12. LA POSIBILIDAD DE IMPONER LA PRIORIDAD DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL SOBRE EL CONTROL INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDAD
13. LA POSIBILIDAD DE SIMULTANEAR LA CUESTIÓN PREJUDICIAL Y EL CONTROL INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDAD
14. UNA TERCERA VÍA DE CONTROL INCIDENTAL: LA OPINIÓN CONVENCIONAL CONSULTIVA (PROTOCOLO N. 16 DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS)
V. A modo de reflexión final
Adenda: la Sentencia del Tribunal Constitucional español de 13 de febrero de 2014 (asunto Melloni)
Отрывок из книги
Primera Edición
Ricardo Alonso García
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Adenda: la Sentencia del Tribunal Constitucional español de 13 de febrero de 2014 (asunto Melloni). El juez nacional en la encrucijada europea de los derechos fundamentales (1ª edición)
Pero sucede que, a diferencia de los tratados internacionales circunscritos a los derechos humanos, que tienen una clara vocación de complementariedad de los sistemas nacionales de protección, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se enmarca en un contexto, el de la propia Unión, el cual, construido conceptualmente en términos de autonomía y con vocación integradora, tiende a desplazar, en aras a la uniformidad y a través del principio de primacía, las disparidades de los Estados miembros, incluidas las derivadas de hipotéticos niveles nacionales de superior protección, si comparados con los que derivarían de la Carta.
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