Índice

INTRODUCCIÓN

Según una visión optimista de la historia humana, esta se caracterizaría por una ampliación irreversible del cuerpo social y político gracias a la inclusión progresiva de nuevos sectores. Este credo del progreso material y moral se impuso desde la Gran Revolución de finales del siglo XVIII y principios del XIX, y, a partir de entonces, lo han profesado tanto el liberalismo y la democracia como las distintas clases de socialismo. Todos esos idearios creen en el engrandecimiento inexorable de la civitas, sin más discrepancias que las referidas a los métodos que habría que emplear para lograrlo (la reforma o la ruptura, el acuerdo o la lucha) y a cuándo se alcanzaría el objetivo final de equiparación absoluta (ya logrado o pospuesto a un futuro indefinido).

De acuerdo con esa interpretación, las primeras formas políticas contemporáneas, los Estados nación liberal-burgueses, fueron patrimonio exclusivo de una ínfima minoría, compuesta por hombres blancos, acomodados, heterosexuales —siquiera en apariencia— y devotos —cuando menos oficialmente— de la confesión religiosa oficial del país donde vivían y cuyo poder político dominaban mediante instituciones representativas. Aunque brotasen de las cenizas del antiguo mundo feudal regido por el privilegio, las primeras cristalizaciones del nuevo demos también excluyeron. Fue así porque en el naciente mundo de ciudadanos había que delimitar el perímetro de esa condición, y definir implica excluir, también en lo sociopolítico.¹

Si se mide en porcentajes, la mayor de esas exclusiones fue, y en muchos aspectos y lugares sigue siendo, la de las mujeres, que componen al menos la mitad del género humano. Así, por ejemplo, el capítulo escrito por Elena Fernández demuestra el activo, pero a la postre subordinado, papel que el colectivo femenino representó en la lucha contra el absolutismo. Esta autora confirma que las mujeres afrancesadas o liberales, por sí o debido a su relación con maridos y parientes, no escaparon de la persecución y condena, antes bien sufrieron como los hombres las represiones políticas que se desencadenaron desde 1814, con la restauración del absolutismo. La gran mayoría de ellas permanecieron en España, pero muchas acabarían huyendo hacia el exilio, donde experimentarían una doble proscripción aunque perteneciesen a las capas sociales superiores. Las mujeres supusieron un porcentaje nada desdeñable (un 10 % aproximadamente) de las quince mil personas que se expatriaron entre 1814 y 1833, y, si bien es cierto que en muchos casos se trató de acompañantes de familiares perseguidos, en la mayoría de las ocasiones, la salida fue consecuencia de sus acciones y compromiso político en el interior. Eran mujeres liberales convencidas que, como sus compañeros, continuaron su lucha en espacios foráneos.

Pese a su relegamiento, las mujeres no han dejado de comprometerse y movilizarse muy activamente en favor de los ideales políticos en los que han creído. Corrobora esta idea el capítulo de Just Casas, titulado «Mujer, revolución y guerra», centrado en la Guerra Civil española de 1936-1939. Casas sitúa en primer plano la marginación social de la mujer y demuestra que las distintas formas de sumisión del sexo femenino aún estaban muy arraigadas en la sociedad catalana en los años treinta del siglo XX, también en los sectores rupturistas que decían defender la emancipación femenina. La coyuntura revolucionaria que se vivió en Cataluña durante aquella guerra no consiguió revertir la marginación social de las mujeres ni sacarlas de sus posiciones subordinadas, tampoco en instituciones revolucionarias como los tribunales, las Patrullas de Control o las milicias. Con todo, al menos permitió que se produjeran pequeños avances en su emancipación, principalmente a partir del activismo sindical, político y militar que demostraron algunos colectivos femeninos, en especial los relacionados con organizaciones revolucionarias de Barcelona y su entorno metropolitano.

Después de la gran exclusión femenina, las más numerosas —y, en ciertos casos, superpuestas—² serían las que se valen como pretexto de diferencias raciales o étnicas, siempre irrelevantes y a menudo ficticias. Por desgracia, no se han contemplado en este volumen, que así incurre en una de las omisiones más graves de la historiografía contemporánea española. Esta no ha concedido toda la atención debida a la esclavitud en las colonias o a las vicisitudes de los romaníes y otras minorías, más allá de aproximaciones algo folclóricas o predominantemente antropológicas.³ En cambio, van viendo la luz cada vez más estudios sobre las exclusiones basadas en conductas sexuales, pese a las grandes dificultades metodológicas y documentales a las que suelen enfrentarse las investigaciones en ese campo.⁴

La España contemporánea se caracterizó desde su inicio por la uniformidad religiosa, mantenida de iure hasta hace pocas décadas y de facto hasta hace aún menos. Recuérdese que el artículo 12 de la Constitución de Cádiz estipulaba que «la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera» y prohibía «el ejercicio de cualquiera otra», una formulación que se mantuvo con pocos cambios durante toda la época liberal. Por lo tanto, España no es el mejor sitio para estudiar la exclusión religiosa en los últimos dos siglos, que, en cambio, reviste una enorme importancia en muchos otros países europeos. Las historias del Reino Unido, Francia, Suiza o Alemania en ese período quedan severamente distorsionadas si se omiten los enfrentamientos, las treguas y las paces entre los fieles católicos y los de las iglesias reformadas; la del continente entero se vuelve abstrusa si se borra de ella a musulmanes, armenios y, sobre todo, judíos. Apenas hará falta recordar que los fieles de estas dos últimas confesiones fueron víctimas de los mayores crímenes de lesa humanidad en un siglo, el xx, que algunos se empeñan en presentar como más avanzado que su predecesor.

Las exclusiones étnica o religiosa se mezclan a menudo con la económica, mucho más estudiada en España, y juntas o por separado han sido las responsables de los mayores movimientos de población de la contemporaneidad. Hasta fines del siglo XIX, cuando se verificó la mayor transferencia de peninsulares hacia América, el término emigración se refirió indistintamente a la que se debía a causas económicas y a la que se derivaba de motivos políticos. Se diría que la ambigüedad pone el acento en el hecho de abandonar el propio país, al tiempo que da por supuesto que en algún momento se regresará a él. La lengua española mantiene hasta hoy esa noción de provisionalidad y, a diferencia de la francesa y otras, sus hablantes no suelen distinguir emigrante (e inmigrante) de emigrado (o inmigrado).

Hasta encontrarse «el año que viene en Jerusalén», la marginación persistente por cualquiera de esos motivos o por varios a la vez no solo ha generado exclusiones, sino también autoexclusiones, muy a menudo de carácter defensivo. A su vez, estas han dado lugar a las respectivas subculturas tanto en situaciones de tolerancia como de clandestinidad o semiclandestinidad. Por su parte, las autoridades han tendido a buscar la firmeza, la estabilidad y continuidad mediante la represión y el cumplimiento a la fuerza de «la ley y el orden» cuando los colectivos excluidos que cuestionaban seriamente el sistema reaccionaban o manifestaban su malestar con contundencia o violencia. Esta idea queda bien reflejada en el capítulo de María Rodríguez, titulado «Primero de Mayo (1890-1893): represión política, respuesta estatal a la jornada de ocho horas en Cataluña». Rodríguez demuestra la incapacidad del Estado español de la Restauración para atender la importante cuestión social obrera, más allá de las medidas represivas contra el obrerismo organizado. La actitud y respuesta de los Gobiernos, tanto liberales como conservadores, ante los primeros primeros de mayo revela su visión de esa jornada como un ataque al orden establecido. No se permitió que el obrerismo pusiera en primer plano su marginalidad absoluta en el sistema, y la respuesta fue la mencionada: represión pura y dura, incluso con la fuerza del ejército, las detenciones, los cierres de centros obreros, etc. El objetivo era acabar con una jornada reivindicativa que de todos modos se perpetuaría en el calendario de las efemérides sindicalistas. No obstante, el Gobierno consiguió su objetivo al menos durante el primer lustro de la década de los noventa del siglo XIX: en 1893, último año analizado por Rodríguez, la participación en la jornada cayó claramente, y los anarquistas, el colectivo más dinámico y enérgico los años anteriores, prácticamente desaparecieron.

Aunque la expresión «exilio interior», tan usada durante el franquismo, sea muy gráfica, también tiene mucho de engañoso. La forma más drástica y real de sustraerse a un poder adverso o de escapar a condiciones económicas y sociales insufribles consiste en poner tierra de por medio. En lo político, eso es en rigor el exilio, que con sus variantes de ostracismo —el de Alcibíades de Atenas— o destierro —el de Ovidio en Tomis (actual Constanza)— está documentado desde época clásica. Permaneció en la Edad Moderna —recuérdese el de Maquiavelo—, pero esta se caracterizó más bien por la amplitud y variedad de los extrañamientos colectivos por razones religiosas: el de los judíos y los moriscos en la monarquía hispánica, y el de católicos o protestantes en muchos Estados cristianos durante las guerras de religión. También entonces se poblaron dominios lejanos con legiones de condenados como criminales comunes: Siberia con los vasallos díscolos de los zares o Australia con los súbditos más turbulentos de Su Majestad Británica.

El exilio político masivo es, en cambio, un fenómeno contemporáneo nacido de los grandes conflictos en los que comenzaron a trazarse las fronteras que hoy separan a los Estados nación de manera tan nítida. En efecto, los primeros grandes exilios contemporáneos fueron el de los lealistas norteamericanos y el de los curas refractarios y los nobles contrarrevolucionarios franceses.⁵ Francia conocería otros muchos exilios en los decenios posteriores, al compás de los frecuentes cambios de régimen que conoció: el de los monárquicos constitucionales bajo la Convención girondina, el de los republicanos moderados bajo la Convención jacobina, el de los jacobinos y los realistas bajo el Directorio y el Consulado, el de los constitucionalistas en el Imperio, el de estos y los bonapartistas cuando la Restauración, de nuevo el de los realistas bajo la monarquía de julio, el de los monárquicos en la Segunda República o el de los demócratas y republicanos en el Segundo Imperio.

Este veloz recorrido por el modélico caso francés revela que el volumen y la fuerza de un exilio no dependen de la capacidad o la voluntad represivas de un poder estatal, sino de cuánto haya calado la conciencia política en la población y de la virulencia que alcancen los conflictos de ese género. Así ha ocurrido también con otros grandes exilios contemporáneos, como el que se asocia a la Polonia desmembrada a fines del siglo XVIII y reconstruida solo tras la Primera Guerra Mundial, el consecutivo a la instauración de regímenes comunistas a principios o mediados del siglo XX o el provocado por la implantación de dictaduras militares en el Cono Sur americano en la década de los setenta.

La cantidad y variedad de los exilios españoles⁶ también obedece a esas leyes generales, por lo que su existencia desmiente por sí sola la pasividad o el desinterés de la ciudadanía española en los siglos recientes. Por extensión, la exuberancia de esos extrañamientos no nace de ninguna peculiaridad cultural o étnica, sino del hecho incontestable de que el país accedió a la contemporaneidad por la vía revolucionaria y, como de costumbre, esta se dividió en fases de signo opuesto, jalonadas por episodios de máxima confrontación. A lo sumo, la gran densidad de la experiencia histórica española hizo que el país exhibiera uno de los muestrarios políticos más variados del mundo a fines del siglo XIX e inicios del XX, ya que contenía toda la gama del liberalismo, la democracia y el republicanismo, más las diferentes opciones socialistas y los nuevos idearios corporativos y confesionales, así como los formatos contrarrevolucionarios de muy rancio abolengo.

Semejante profusión recomienda reservar el vocablo exilio para los casos en que cruzar una frontera fue el único modo de mantener garantías y derechos. Si estos se pudieron ejercer en el interior, si otros correligionarios disfrutaban de esas prerrogativas, habrá que ampliar el arsenal de palabras y afinar más al utilizarlas. Exilio, deportación, destierro, extrañamiento, proscripción, confinamiento o fuga no funcionan como sinónimos exactos, y conviene seleccionar el que mejor convenga en cada caso para no caer en simplificaciones o maniqueísmos. Desde luego, hay que usar todos los matices de la paleta al ocuparse de los múltiples y a menudo contrapuestos exilios españoles de la primera mitad del XIX. Entre los extrañamientos de los liberales perseguidos por el absolutismo de 1814 a 1820 y de 1823 a 1832 se intercala la huida al extranjero en 1820 de algunos realistas para organizar desde allí el ataque a un régimen que no les proscribía, operación que iban a repetir durante la guerra civil de los Siete Años. Tras la victoria definitiva de la revolución liberal, la fuga absolutista-carlista vino a sumarse desde 1840 a la de una parte del liberalismo moderado durante la regencia de Espartero y, en 1843, a la del sector progresista vinculado al exregente Espartero, él mismo cobijado en Londres.

Como muestra Manuel Santirso en «Exiliados y prófugos progresistas en el 48 español», el idealismo cada vez brilló más por su ausencia en el exilio a partir de la llegada de los moderados al poder en 1844. Progresistas y carlistas, parapetados allende los Pirineos, alcanzaron un acuerdo de no beligerancia y mutuo reconocimiento que incluso permitiría la coexistencia de guerrillas de ambos signos en el interior. Esta confluencia carlo-progresista de 1846-1849 —que en Portugal llegó a ser abierta alianza— careció de más objetivos que el derribo del nuevo edificio estatal que estaba construyendo el liberalismo conservador, y de más programa que la reconquista del poder. No es de extrañar que participase en las conspiraciones el negociante José de Salamanca, escapado de España por unos delitos económicos que quiso tapar con una capa de pintura política. El exilio se había convertido en un factor de inestabilidad de primer orden y en un lastre para la normalización de las relaciones exteriores del naciente Estado liberal español.

Aunque la amnistía general de 1849 hubiese dado unos años de tregua, el método de conspiración en el extranjero para preparar un pronunciamiento en el interior renació en 1865, y conservaba buena parte de su atractivo para ciertos sectores del carlismo y del republicanismo, incluso después del colapso de la Primera República y el final de la Segunda Guerra Civil Carlista. Pere Gabriel expone esa pertinacia en su capítulo «La seducción de un exiliado antiborbónico ahora republicano. Ruiz Zorrilla y el republicanismo federal, 1875-1893». Asimismo, valora el impacto que tuvieron sobre el conjunto del movimiento republicano de entonces las contradicciones entre lucha política parlamentaria o revolucionaria y acción en el interior o en el exterior. Estas tensiones vinieron a sumarse a las derivadas de los debates tradicionales sobre la cuestión social y sobre la organización territorial del Estado, hasta atomizar el movimiento. En ese contexto de honda división interna, el antiguo progresista Manuel Ruiz Zorrilla se sirvió del exilio francés como base desde la que liderar la tendencia insurreccional y unitarista. Su influencia y sus contactos llevaron a que el conjunto del republicanismo mantuviera la opción de la asonada —con su inevitable dosis de violencia— y adquiriese una orientación general liberal-progresista, en muchos sentidos también españolista, que tendió a neutralizar o desactivar las reivindicaciones claramente obreristas del republicanismo federalista con mayor tradición histórica, especialmente del pimargalliano.

Residual durante la Restauración —cuando, sin embargo, se produjo la gran emigración económica antes citada—, el exilio rebrotó con fuerza en la dictadura de Primo de Rivera y pareció replegarse durante la Segunda República, cuando, sin embargo, se asistió a abundantes escisiones y exclusiones políticas. Jordi Pomés se ocupa de una de ellas en el capítulo titulado «De ilustres dirigentes a marginados y excluidos. El grupo intelectual fabiano de la Unió Socialista de Catalunya (1923-1939)». En él se describe la progresiva marginación que sufrieron dentro de su partido a partir de 1932 los intelectuales que lo habían fundado y dirigido hasta entonces. Sin embargo, este apartamiento, que se efectuó en paralelo al proceso de radicalización y bolchevización que experimentó la Unió Socialista de Catalunya, no enterraría los ideales políticos de los padres fundadores ni rescindiría el firme compromiso que aquel colectivo intelectual había adquirido con la República en 1931. Fue, por lo tanto, un ejemplo significativo de que la exclusión política y la expulsión, primero del propio partido y después del país, no resultarían definitivas, antes al contrario engendraron un activismo que, décadas más tarde, tendría consecuencias positivas para el restablecimiento de la democracia y las libertades en el país.

El desplazamiento de grandes contingentes de población fue sin duda una de las tragedias humanas más sangrantes de la Guerra Civil de 1936-1939. Los huidos de la zona franquista, en su inmensa mayoría ancianos, mujeres y niños, llegaron a la retaguardia como refugiados de guerra. Tal y como afirma Joan Serrallonga en su capítulo «¿Otra España? Cataluña al final de la Guerra Civil de 1936-1939», la logística para acogerlos fue uno de los problemas más importantes de toda la retaguardia. El autor consigue describir de manera muy clara cómo estos problemas pudieron agudizarse en Cataluña —que llegó a acoger a alrededor de un millón de refugiados— debido a los enfrentamientos entre los Gobiernos de la Generalitat y de la República por el control de todos los organismos de ayuda, asistencia, sanidad y apoyo. Serrallonga demuestra que, a pesar de esos choques y de que el Gobierno catalán y otros regionales refugiados en Cataluña se vieran casi totalmente privados de papel político, las administraciones republicanas nunca dejaron de prestar con toda la solidez posible los servicios básicos, e intentaron por todos los medios asegurar unas condiciones de vida mínimas no solo para los refugiados de guerra, sino también para toda la población civil en general.

El desenlace de la contienda generaría el exilio más numeroso, con mucho, de la historia contemporánea de España: más de cuatrocientas mil personas cruzaron la frontera francesa en la retirada y unas doscientas mil permanecerían en Francia. Como todo lo referido a aquella guerra, el flujo de exiliados hacia el extranjero —también a América Latina, sobre todo a México y Argentina— ha dado pie a una bibliografía inabarcable, aunque no siempre productiva.⁷ Así, el exilio de 1939 se sitúa en el centro mismo del trauma que ha alimentado a muy buena parte de la historiografía contemporaneísta española de 1970 para acá. Se ha vuelto muy difícil analizar la represión, la violencia y el exilio mismo sin entrar en otra guerra, siempre perdida, para comprender algo que sucedió hace más de ochenta años.

Por eso conviene evaluar con sumo cuidado las condiciones en que se desarrolló la vida de los exiliados y los vaivenes políticos de los países que los recibieron, que no siempre los acogieron. El capítulo debido a Phryné Pigenet, «Instrumentalización y represión de los exiliados españoles en Francia (1937-1975)», cobra especial valor en este sentido, porque pone de relieve una gran variedad de situaciones, desde las próximas al exterminio o la esclavitud a la estancia aceptada e incluso subsidiada. Pigenet demuestra el fuerte activismo que, una vez más, estos exiliados españoles desarrollaron en Francia y su influencia en la vida política del país anfitrión, pero también se ocupa de la represión de las autoridades francesas contra ese activismo político y sindical, y por fin demuestra que a lo largo del franquismo las autoridades favorecieron la represión de grupos de refugiados (en especial, los colectivos sospechosos de utilizar a Francia como base de la lucha armada) en la medida en que pudieran comprometer la seguridad del territorio y violaran los intereses diplomáticos del país. Es preciso señalar que la actitud de las autoridades francesas también varió a lo largo de la dictadura franquista, de acuerdo con las afinidades ideológicas de los refugiados y con sus vínculos con los diversos partidos y sindicatos franceses, preocupados desigualmente por la situación española.

El surgimiento de una subcultura marginal se cuenta entre los efectos más terribles del exilio, porque a menudo el afán de preservar una llama sagrada trae consigo la resistencia a integrarse en el nuevo hogar y una fosilización nostálgica de la imagen del país de origen, que no obstante evoluciona sin contar con los proscritos. Los liberales españoles que vivían en el mismo barrio de Londres y no aprendieron inglés durante la década absolutista de 1823-1833⁸ reconquistarían el poder poco después, pero la larga duración del Franquismo produciría que el exilio republicano, desmantelado por las luchas intestinas y la falta de autocrítica, se volviera casi irrelevante en la Transición democrática.

La crónica del comunismo de las Baleares desde 1936 al desarrollismo ilustra muy bien los efectos combinados de la clandestinidad y el exilio. En «Martirios, exilios y reconstrucciones en el comunismo balear (1936-1968)», David Ginard ofrece detalles valiosos del dinamismo comunista en el exterior y el interior: cifras concretas, nombres propios de los comunistas isleños exiliados, además de una cronología precisa, condiciones y causas de las principales oleadas de expatriaciones. En cuanto a estas últimas, además de la de 1936-1939, destaca también la que el autor llama el segundo gran éxodo, entre finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, dirigido fundamentalmente hacia Argelia, Venezuela y Francia, en el que se combinaron razones políticas y económicas, pero cuyos protagonistas fueron en su mayoría colaboradores de la resistencia antifranquista. Ello no debe hacernos olvidar al otro de los grandes brazos tradicionales del movimiento obrero español —y balear—, sometido a significativa opresión a partir de la Guerra Civil: el anarcosindicalismo, y, sobre todo, su gran central sindical, la CNT.

Una visión bastante menos optimista del devenir humano que la enunciada al principio de esta introducción admitiría que, en efecto, la civitas se ha expandido en muchos países hasta integrar a la mayoría de su población, pero recordaría que permanece una fuerte tendencia en sentido contrario. No en vano, ACNUR es una de las agencias de la ONU que ha tenido mayor desarrollo y ha concitado más simpatías en los últimos tiempos, por encima de otras de gran arraigo. Por otra parte, la historia contemporánea, sobre todo la del siglo XX, ha mostrado repetidamente que el marginado de ayer se convierte con facilidad en el marginador de hoy o de mañana: no habían transcurrido muchos lustros de la restauración de un Estado polaco cuando este representó un triste papel en la Shoá; pocas décadas después de que los supervivientes de aquellos campos de exterminio fundaran el Estado de Israel, este renunciaría a integrar a la población palestina; tras una interminable dictadura, los líderes de la Myanmar democrática, incluida la premio nobel Aung San Suu Kyi, han propiciado la tragedia de los rohinyá. En cuanto a los exiliados, y una vez más, ¿también lo son quienes escapan de la justicia de un Estado liberal-democrático o de la universal? ¿Les cuadra ese calificativo a los criminales de guerra nazis refugiados en el Cono Sur americano tras la derrota del Tercer Reich? ¿Era un exiliado Ronald Biggs, el famoso ladrón del tren de Glasgow escapado con su botín al Brasil? ¿Y el general Pinochet, mientras se dirimía en Londres su extradición a España? ¿Y Josu Ternera?

Con todo, también cabría un balance positivo a partir de los ejemplos recogidos en este volumen, que distan de ofrecer una panorámica completa de las muchas formas de exclusión y expulsión de las que adoleció España en los últimos dos siglos. Se podría concluir también que la marginación o la represión no comportaron ni el total exterminio ni el silencio permanente en la mayoría de los casos. Como si de un fenómeno físico se tratara, a menudo se produjo un efecto de reacción, en virtud del cual las víctimas resultaron reforzadas o resarcidas, a veces en períodos de tiempo sorprendentemente cortos, gracias a su perseverancia, empeño y firmeza. A pesar de todo, quizá se pueda seguir suscribiendo aquel fragmento del poema «El nuevo coloso», que escribió Emma Lazarus en 1883 y hoy sigue figurando en el pedestal de la Estatua de la Libertad neoyorquina: sin distinción de causa ni de lugar de origen.

¡Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres

Vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad

El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas

Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades a mí!

LOS EDITORES

Notas

1Llamó la atención sobre esta realidad ineluctable Immanuel Wallerstein, «Citizens all? Citizens some! The Making of the Citizen», Comparative Studies in Society and History, vol. 45-4, 2003.

2Como señala Mary Nash en «Representaciones culturales y discurso de género, raza y clase en la construcción de la sociedad europea contemporánea», en Mary Nash y Diana Marre (coords.), El desafío de la diferencia: representaciones culturales e identidades de género, raza y clase, Bilbao, Publicaciones de la Universidad del País Vasco, 2003, págs. 21-36.

3Constituye una excepción a esta regla el excelente, aunque ya antiguo volumen colectivo coordinado por Teresa San Román, Entre la marginación y el racismo. Reflexiones sobre la vida de los gitanos, Madrid, Alianza Editorial, 1986.

4Valgan como ejemplos los dosieres «Homosexualidades», en la revista Ayer, núm. 87, 2012, y «El hombre español frente a sus otros: masculinidad, colonialidad y clase», de Rubrica Contemporanea, núm. 13, 2018.

5Sobre las antiguas y las nuevas funciones de la frontera pirenaica, puede leerse con provecho Benjamin Duinant, «Transgressions, perméabilité et construction de la frontière. Brigands, déserteurs et prêtres à travers les Pyrénées basques (1789-1802)», Histoire des Alpes-Storia delle Alpi-Geschichte der Alpen, núm. 23, 2018, págs. 89-106.

6Se hallará un inventario de urgencia en Juan Bautista Vilar, La España del exilio. Las emigraciones políticas españolas en los siglos XIX y XX, Madrid, Síntesis, 2006.

7Se encontrará una aproximación multidisciplinar a él en Francisco Durán Alcalá y Carmen Ruiz Barrientos (eds.), La España perdida. Los exiliados de la II República, Córdoba, Diputación de Córdoba/Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres/Universidad de Córdoba, 2010.

8Los retrató con ternura no exenta de crítica Vicente Llorens, él mismo exiliado, en Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834), Madrid, Castalia, 1968.

LAS PRIMERAS MUJERES LIBERALES: EXILIO Y REPRESIÓN (1814-1833)

ELENA FERNÁNDEZ GARCÍA

Conseguida la victoria definitiva sobre las tropas francesas y el Gobierno del rey intruso José I, Fernando VII recuperaba en diciembre de 1813 la corona de España. En aquel momento tenía dos opciones como rey legítimo: volver al statu quo anterior a 1808 o jurar la Constitución de 1812. Eligió lo primero. Se reveló como un soberano absolutista, cuya política se centraría en preservar su trono aplastando con mano de hierro cualquier brote de oposición.

Con la restitución del absolutismo a partir del decreto del 4 de mayo de 1814 y hasta su muerte en 1833, el monarca desató una lucha sistemática y tenaz contra los hombres y mujeres del bando liberal y afrancesado.¹ Suerte variada tuvieron aquellos que, en función de su trayectoria política o militancia liberal, sufrieron los efectos del absolutismo fernandino. Mientras que unas quince mil personas acabarían huyendo hacia el exilio, la gran mayoría permanecieron en España integradas, en mayor o menor medida, en la lucha clandestina contra el absolutismo.² Muestra de lo dicho es que, hasta el triunfo de Riego en 1820, el despliegue del sistema represivo no pudo evitar la sucesión de conspiraciones por parte de aquellos que, a pesar de la violencia, mantuvieron el anhelo por el retorno del sistema constitucional. Pero de nuevo, tras la experiencia del Trienio y la derrota de las tropas españolas a manos de los invasores en 1823, muchos de los partidarios y combatientes del ejército vencido fueron apresados u obligados a huir a los países vecinos.

Sin duda, las mujeres también experimentaron las vicisitudes que acompañaron al desarrollo del primer liberalismo en España. Entre el Sexenio Absolutista (1814-1820) y la Década Ominosa (1823-1833), alrededor de mil quinientas mujeres padecieron el exilio, principalmente en Francia e Inglaterra.³ Por supuesto, la situación no fue fácil para aquellas que, siendo esposas o hijas de políticos y militares liberales, no pudieron seguirles en su huida. Su relación de parentesco las convirtió directamente en sospechosas y las condenó a una situación de vigilancia y vejación constantes.

En otras pocas ocasiones, la causa proscrita pudo contar con la entrega de algunas mujeres que, insertas en el clima de la época, participaron directamente en la gran conspiración liberal. Por lo común, hubo mujeres que cooperaron en tareas clandestinas contra el rey absoluto de forma anónima y valiéndose de la coartada que le otorgaba su domesticidad, operando como mensajeras, auxiliando a presos u ocultando a sospechosos, por citar algunas actividades.

La implicación femenina en favor de la causa liberal no pasó desapercibida. Precisamente por su nutrida presencia en el exilio y como consecuencia de sus acciones y compromiso en el interior no es extraño que estas mujeres acabaran llamando la atención de las autoridades.⁴ Esta circunstancia resulta interesante por dos aspectos: el primero, que la vigilancia y el castigo sufridos por algunas mujeres durante esta época prueba la existencia de un contingente significativo de ellas vinculadas con la resistencia liberal;⁵ y el segundo, que dicha represión supuso un reconocimiento incómodo de la capacidad política del sexo femenino, pues, a fin de cuentas, una parte de aquellos liberales a los que el absolutismo castigaba y acusaba de insurrección eran en realidad miembros del llamado sexo débil.

Las preguntas que en este punto se nos plantean son: ¿de dónde proviene esta militancia de las mujeres?; ¿cuál es el origen y la durabilidad del liberalismo femenino? La principal intención de las páginas que siguen es señalar que la restauración del absolutismo, lejos de suponer un retroceso del liberalismo femenino iniciado en el contexto de la guerra de Independencia, fue una etapa decisiva para la incorporación definitiva de las mujeres al proceso de la revolución liberal. Así pues, la primera pretensión de este texto es ofrecer luz sobre la contribución de las mujeres al liberalismo. Ahora bien, el objetivo de este trabajo no es establecer una relación cuantitativa de la implicación femenina en el proceso liberal, ni tampoco está encaminado a ofrecer al lector una compilación exhaustiva de nombres de conspiradoras y exiliadas. Mi propósito es ofrecer una visión de conjunto que permita decidir si hubo una forma específicamente femenina de entender el liberalismo y de contribuir a su consecución.

1. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

El influjo de las revoluciones y la guerra continuada en la Europa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX puso de manifiesto la aportación de las mujeres en dichos procesos. La visibilidad que ofreció este contexto dio pie a diversas interpretaciones sobre la figura femenina y su papel en el modelo social. Dejando a un lado imágenes más dieciochescas, resulta relevante la recuperación del viejo mito de las amazonas.⁶

Desde las revoluciones americana⁷ y francesa,⁸ pasando por las guerras napoleónicas⁹ y hasta las revoluciones liberales de los años veinte y treinta,¹⁰ en todos los lugares afectados por el conflicto armado proliferaron las referencias a estas mujeres aguerridas. De pronto, la generalización de las gestas femeninas de entonces y su reconocimiento público instauraron la imagen estereotipada de la heroína, esa mujer que, impelida por su amor a la patria o en defensa de lo más primario (el hogar y la familia), se alzaba en armas contra un poder opresor.¹¹

Visto desde esa perspectiva, es difícil no compartir la creencia de que, en general y con la excepción de algunas protagonistas de la Revolución francesa, la movilización de las mujeres en el período que nos ocupa se debió más a una inercia visceral —cercana al motín o al levantamiento de Antiguo Régimen— que a una reivindicación ideológica. En todo caso, da la sensación de que, si existió una militancia femenina, al menos en lo que se refiere al contexto de las guerras napoleónicas, se correspondió con una defensa del orden tradicional o con una actitud hostil ante la ocupación extrajera.¹²

Como ya apuntaron José Álvarez Junco y Christian Demange, el relato historiográfico acerca de los protagonistas de la Guerra Peninsular ha estado condicionado por aquellas interpretaciones que en clave política caracterizaron tanto al liberalismo avanzado y progresista como al moderado.¹³ Los primeros exaltaron el papel del pueblo en armas, y, al hacerlo, también ensalzaron la presencia de las mujeres, a las que se situó en primera fila en el momento de la lucha contra el ejército invasor. De esta manera, los sectores populares, incluidas las mujeres, se convertían en actores de la historia, y resultaba más fácil justificar la voluntad de los liberales de otorgar al pueblo mayor representación. Sin embargo, el relato oficial promovido tras el retorno de Fernando VII —y que continuó con la Restauración absolutista de 1814— diluyó el papel desempeñado por las clases populares e impuso una concepción de la guerra en la que se minusvaloraban los aspectos revolucionarios del levantamiento en favor de una concepción más patriótica, en consonancia con la defensa de los valores tradicionales. En consecuencia, esta relectura supuso también que cualquier actitud heroica apareciera interpretada como una manifestación de amor y sacrificio por la patria y la monarquía. No es anecdótico que fuera durante los años de la Restauración cuando desde el Gobierno se promoviera la memoria de heroínas como Manuela Malasaña o Agustina de Aragón, que acabarían siendo símbolos de lealtad y sacrificio a favor del orden establecido, en este caso el de la dinastía borbónica.

Sin embargo, este tópico de la historiografía, que otorga cierto protagonismo a las mujeres tan solo en escenarios claramente bélicos (como motines, asaltos o defensas de ciudades) y que presenta a los hombres como los únicos actores de las luchas políticas, resulta injusto y parcial. El análisis detallado de las fuentes para el caso español pone en entredicho tal afirmación, pues el protagonismo femenino no se circunscribió únicamente a la sublevación y a la defensa de los sitios.¹⁴ Algunas mujeres pertenecientes a las clases acomodadas también desempeñaron el papel de difusoras de las nuevas ideas políticas que desde 1810 trasformaron el levantamiento contra el invasor en algo mucho más complejo.¹⁵

Los aires de cambio e influencia de algunas mujeres durante el período del reformismo ilustrado prepararon el terreno para el desarrollo de nuevos espacios de participación femenina en la vida pública. Como resultado de la adhesión de un sector de la aristocracia española a las ideas y costumbres generadas durante el Siglo de las Luces, se crearon en España las condiciones ideológicas necesarias para que algunas damas pudientes de las clases urbanas llegaran a participar en la cultura y la sociabilidad del momento. Por consiguiente, grandes ciudades, como Cádiz o Madrid, por su carácter más cosmopolita y aperturista gracias a la presencia de una importante burguesía activa, ofrecían un contexto en el que sí fue posible el acceso de algunas señoras a nuevas posibilidades vitales e intelectuales.¹⁶ Dichas ciudades fueron centros en los que la celebración de tertulias¹⁷ o la financiación de teatros y periódicos por parte de estas nuevas clases acomodadas facilitaron el acceso de ciertas mujeres a la esfera pública.

Ya en la primera década del siglo XIX, y a medida que los acontecimientos políticos se fueron radicalizando, algunas de estas señoras usaron los salones como un medio de adherirse a la defensa de los valores patrióticos durante la guerra de la Independencia. Como consecuencia de la invasión napoleónica, la aparición de las tertulias fue un fenómeno generalizado por todo el territorio español no ocupado por el ejército imperial, y, entre ellas, fueron las de Cádiz las de mayor trascendencia.¹⁸ Partiendo de un contexto puramente informal, estas damas establecieron un espacio propio, especialmente femenino, desde el cual abordar cuestiones de carácter público y donde poder expresar sus opiniones libremente, poniendo así de manifiesto su capacidad para formar parte de la vida política.

En suma, el cambio de rumbo que supuso la Ilustración, sumado al protagonismo no previsto de las mujeres durante el período de la guerra y las Cortes de Cádiz, tuvo como resultado la confirmación de la capacidad del sexo femenino para asumir el nuevo vocabulario político y los nuevos modelos de prácticas sociales inspirados en el liberalismo.¹⁹ Por esa razón, a pesar del retorno del rey y el final de la primera experiencia constitucional, ciertas mujeres excepcionales, sentado ya el precedente de haber tomado la iniciativa de un movimiento popular político y demostradas con creces sus facultades para ejercer tareas diferentes a las que el imaginario masculino, las instituciones y las costumbres les habían asignado, siguieron conservando la memoria de las acciones realizadas y mostrando su afán por no verse apartadas nunca más de la vida pública.²⁰

Si bien es cierto que, con la vuelta del absolutismo, las formas de sociabilidad en las que las mujeres compartían espacios con los hombres fueron diluyéndose —al mismo tiempo que se ponían trabas al debate político e intelectual y se vetaba la prensa política—, las españolas no se volvieron irrelevantes. Ya fuera en el exilio o en el interior, algunas de ellas supieron desarrollar desde el ámbito privado unas atribuciones clandestinas que el nuevo Estado, que persistía en adjudicar a este espacio los más bajos valores de la consideración política, no había previsto.

2. LAS PRIMERAS EXILIADAS

Con la vuelta de Fernando VII y el regreso del absolutismo, quienes se posicionaron a favor de la causa constitucional o habían luchado junto al bando francés fueron perseguidos duramente. El exilio fue la única salida para una parte importante de los liberales y afrancesados, entre ellos muchas mujeres.

Respecto a las dos primeras oleadas de emigraciones, la josefina de 1813 y la liberal de 1814, conviene aclarar que en las listas de refugiados o damnificados hay pocas referencias a mujeres. Tanto si llegaron solas a su destino como si abandonaron España en compañía de sus esposos o familias, los registros oficiales suelen omitir sus nombres. Solo han trascendido las vicisitudes de personalidades destacadas, como Juana de la Vega y su madre, Josefa Martínez y Losada.²¹ Sin duda, su unión con personalidades destacadas favoreció su visibilidad, mientras que para el resto resultó difícil y prevaleció el anonimato al quedar integradas en el núcleo familiar. Así ocurre, por ejemplo, en el amplio expediente sobre José Barrera y su familia, donde se recogen testimonios en los que se ven envueltos miembros femeninos del núcleo familiar.²²

Por su parte, Josefa Martínez y Losada colaboró en la fuga de varios oficiales presos en La Coruña proporcionándoles los medios logísticos y económicos necesarios para su huida. De convicciones liberales, asimismo inculcó a su hija el gusto por la lectura y la cultura, y le ofreció una completa formación en letras y humanidades. A ella se sumó la instrucción recibida a través de las amistades ilustradas y liberales que visitaban a su padre. Por todo ello, se inició en las labores de apoyo a la resistencia liberal con tan solo trece años de edad ejerciendo de enlace entre su padre y sus compañeros huidos de la justicia.²³ Tras la participación de Juan Antonio de Vega en el pronunciamiento fracasado de Juan Díaz Porlier, toda la familia emigró a Portugal,²⁴ incluida la hija Juana, que por aquel entonces ya había contraído matrimonio por poderes con el general liberal Francisco Espoz y Mina, a quien siguió en su exilio.²⁵ A lo largo de su vida en común, el general empleó a su mujer como secretaria particular y como intermediaria con el resto de los exiliados liberales; la falta de ilustración del militar sin duda le supuso un lastre, que compensó con la formación de su esposa.²⁶

Tal fue la influencia y el estatus de algunas de estas señoras fuera de nuestras fronteras que incluso despertaron el interés de las autoridades. Sospechosas de intrigar usando como tapadera sus intensas vidas sociales (salones, tertulias, bailes, etc.), los Gobiernos propios y externos no dejaron nunca de ejercer una estrecha vigilancia sobre damas como la duquesa de Híjar. Desde luego, su extenso expediente policial no deja lugar a dudas:²⁷ ya en 1817, recién llegada a París, hay evidencias de su apoyo a los planes conspirativos de algunos liberales para reponer a Carlos IV en el trono.²⁸ Asimismo, se advierte de su hospitalidad y ayuda a algunos exiliados, por lo que la Policía la consideraba favorable a los liberales. En realidad, sus preferencias políticas estaban a la vista de todos y no se ocultaban. Según los informes policiales, recibía a numerosos e importantes personajes —entre ellos, a «ingleses»— y trataba con particular atención a los españoles refugiados, en especial al conde de Toreno, a quien estaba muy unida. El seguimiento de las actividades de la duquesa tendría un largo recorrido y se intensificaría a partir de 1824, como consecuencia de la llegada de un segundo aluvión de liberales procedentes de España.

Casos como el anteriormente expuesto muestran que para la Policía una mujer de recursos e independiente que tuviera trato con personalidades liberales era directamente sospechosa de ser una intrigante. No hay duda de que el celo por vigilar a la duquesa no provenía tanto del carácter de sus propias acciones como de las de su entorno. No obstante, el interés de la Policía no solo se centró en la vida cotidiana de los extranjeros residentes en Francia. También organizó un sistema de registro de las entradas y salidas de extranjeros. Ahora bien, tal y como he adelantado anteriormente, no todas las mujeres despertaron el mismo interés administrativo y policial. Si se revisan los expedientes y las listas de registro, se descubre que las que llegaban a la frontera acompañadas por un cabeza de familia, por lo general, no despertaban suspicacias. La cosa cambia cuando se trata de una mujer sola: ante un caso así, automáticamente había motivos de sospecha y se hacía necesario ahondar y averiguar si realmente la alarma policial tenía alguna base.

Tal fue el caso de Teresa Gual, quien, tras permanecer en Francia entre 1814 y 1822, viajó a España en 1820 y 1822 con un pasaporte de indigente, a pesar de gozar de buenas ropas y equipajes. Por todo ello fue vigilada por la Policía francesa, que tenía abiertas sospechas de que era una confidente que ejercía funciones de correo. Su expediente volvería a abrirse de nuevo en 1823, al constatarse un nuevo viaje a Francia.²⁹

Por su parte, Josefa Ramírez, viuda de Miguel Ramírez, también llamó la atención en 1814 de una policía que no dejó de seguirle los pasos en su periplo desde Marsella a París.³⁰ Una vez allí, y habiendo afirmado que tuvo que expatriarse como consecuencia de sus ideas constitucionalistas, solicitó al Gobierno un subsidio como refugiada política. Hasta entonces y bajo el atento control policial, apenas había conseguido mantenerse. Finalmente, Madame d’Azeville se apiadó de ella y le ofreció alojamiento y comida a cambio de su trabajo.

No menos rocambolescas y sin duda excepcionales fueron las peripecias de María del Carmen Silva en su exilio. De ella sabemos que en 1808 tomó parte en la liberación de los soldados españoles que, al mando del general Carrafa, habían sido apresados por Junot. Por ello, se vio obligada a huir de la capital portuguesa y trasladarse a Badajoz, donde, como recompensa por los servicios prestados, recibió una pensión y una licencia para abrir un estanco.³¹ Fue entonces cuando conoció al que sería su compañero, el médico y periodista Pedro Pascasio Fernández Sardinó. Con él, y tras la capitulación de Badajoz, en marzo de 1811, escapó hacia la zona de Cádiz. Aquí Sardinó iniciará la publicación de El Robespierre Español,³² desde cuyas páginas atacó a estamentos militares, acusándolos de inoperancia. Finalmente, Fernández Sardinó fue apresado y se precipitó el matrimonio por poderes de la pareja, pues de otra manera no se hubiera permitido que una mujer hiciera visitas a un preso.³³ Se originó un gran escándalo al salir a luz que la pareja no estaba casada, de resueltas del cual a Carmen Silva la perseguiría siempre el estigma de mujer ilegítima.

Silva se encargó entonces de la edición del periódico. Bajo su dirección, El Robespierre se convirtió en una tribuna desde la que esta señora, pluma en mano, solicitó la excarcelación de su marido apoyándose en su defensa de la libertad de imprenta.³⁴ Tras la liberación de su cónyuge, y después de colaborar un tiempo con El Redactor General, en 1814, la pareja abandonó Madrid para eludir la represión fernandina.³⁵

Los encontraremos en Francia, primero en Burdeos³⁶ y, a partir de 1816, en la isla de Oleron.³⁷ Su estancia allí sería breve. Las maquinaciones de algunos refugiados contra el honor de Carmen Silva por su pasada unión ilegítima acabaron teniendo consecuencias. No solo se la castigó con el pago de una multa, sino que acabó por salir a la luz la identidad política de su pareja. Fichados ya como conspiradores exaltados, decidieron huir. Gracias a los informes policiales sabemos que, en 1817, un confidente situó al matrimonio en París, donde localizaron a Espoz y Mina. Sería él quien los pusiera en contacto con las redes que les permitirían huir hacia Inglaterra.³⁸ Con las autoridades pisándole los talones, Fernández Sardinó consiguió salir hacia la capital inglesa en la diligencia de Calais y burlar a la policía, que tenía orden de registrar su casa y detenerlo bajo acusación de estar urdiendo un complot y de operar como correo entre los liberales de París y los de Londres. Por su parte, Carmen Silva permaneció en la capital francesa.

Se desconoce cuándo se produjo el reencuentro del matrimonio y el viaje de ella a Londres. Sea como fuere, en junio de 1818, Carmen Silva recuperaría notoriedad pública al solicitar una pensión de refugiados que permitiera al matrimonio solventar su difícil situación económica. Pese a todo, ni su retórica ni la compilación de méritos que incluyó en su escrito sirvieron para convencer al subsecretario de Estado de Asuntos Extranjeros, quien, a pesar de recibirla en su despacho, se negó a concederle una compensación económica.³⁹

Con todo, la pareja consiguió subsistir y esquivar las presiones del embajador en Londres para evitar el lanzamiento de su nuevo proyecto editorial en 1818. El Español Constitucional se convirtió en un medio claramente reivindicativo en el que, entre otras cosas, se denunciaba la persecución a la que se sometía a los emigrados liberales. Relacionado con esto último, también entonces, como en el pasado, la contribución de Carmen Silva al proyecto periodístico de su esposo fue de vital importancia. Sobre ella recayó la peligrosa carga de hacer llegar el periódico a los lectores de fuera de Inglaterra, yendo y viniendo de Londres a París, siempre vigilada por la policía.

Lo cierto es que esta vigilancia no tuvo secuelas graves en la vida de las exiliadas. Las policías francesa y británica no solían intervenir ni deportar, salvo en los casos en que se demostrara alguna conducta criminal. Sirva de ejemplo la extradición de María Carrillo. Esta andaluza llegó a Francia en 1814 con un oficial francés, que al parecer fallecería en el asedio de Toulouse de abril de ese mismo año. Vigilada desde entonces, sería detenida por ejercer la prostitución y conducida a Bayona en 1826 acusada de comportamiento violento y conducta escandalosa.⁴⁰ Ese mismo año, otra española, Margarita Casanova, bajo el punto de mira de los agentes por su pasado revolucionario, sería expulsada, acusada de matar a un religioso.⁴¹

Dentro del conjunto de las exiliadas, merece mención aparte el caso de las llamadas afrancesadas que, ya fuera por convicción política o por el alineamiento de sus allegados, también huyeron de la monarquía de Fernando VII en esta primera etapa.⁴² Entre los ejemplos más conocidos se encuentran la esposa y la sobrina de Gonzalo O’Farrill, Ana Rodríguez de Carasa,⁴³ y Teresa Montalvo, condesa de Jaruco.⁴⁴

Hija de la segunda, Mercedes de Santa Cruz, condesa de Merlin, es más conocida por su obra literaria que por sus implicaciones políticas. Proclive a la causa bonapartista, la condesa consignó en sus memorias la admiración que sintió desde su juventud por Francia y justificó su traición como el resultado de un afrancesamiento más cultural que político, aunque reconociera que hubo momentos en los que creyó que el reinado de José I era la única vía que podría traer la regeneración al país.⁴⁵ Ya fuera por sus convicciones o por su matrimonio con Cristophe Antoine Merlin, militar francés al servicio del rey José I, acabó abandonando España en 1813. Una vez instalada en París, llamaría la atención por sus relaciones con lo más granado de la sociedad, pero también por sus obras benéficas en ayuda de los refugiados españoles que se hallaban en París en difíciles circunstancias.⁴⁶

Efectivamente, no todas las afrancesadas disfrutaban de las ventajas que les proporcionaba su rango social. La mayoría subsistía al margen del exclusivo mundo de los salones parisinos. Algunas, que estaban en Francia desde 1813 y no podían volver a España por haber seguido a sus familias, sufrían la condena de no poder regresar. De hecho, el famoso Decreto de 30 de mayo de 1814 advertía que las «casadas que se expatriaron con sus maridos seguirán la suerte de estos», y así fue hasta que la Real Cédula de 28 de junio de 1816 permitió el regreso de aquellas que, habiendo enviudado, pudieran demostrar su nueva condición.⁴⁷

Ejemplos de lo dicho son los avatares padecidos por mujeres como María García, casada con un capitán del regimiento de tiradores de Cataluña, con el que había huido a Francia tras la batalla de Vitoria en 1813. Una vez fallecido su esposo, y como consecuencia de su avanzada edad, sobrevivió gracias a la caridad de sus vecinos. Entonces, el Gobierno francés, considerándola exiliada política, le concedió la ayuda que solicitaba para volver a España con su familia.⁴⁸

Ese mismo subsidio fue el que requirieron Isabelle Pérez o Ana Carmona. A la primera, viuda de un militar refugiado y con un hijo a su cargo, se le acabó concediendo un subsidio que le facilitara su regreso a España dada la situación de miseria en la que se encontraba.⁴⁹ Por su parte, Ana Carmona, que se encontraba en Francia desde 1814, también había perdido a su marido, un oficial español al servicio del Ejército francés. Como consecuencia de ese revés, se vio forzada a trabajar de sirvienta hasta que, en junio de 1831, tras solicitar una pensión y un pase para Burdeos, pudo regresar a España.⁵⁰ Peor suerte tuvo Joaquina Murruzábal, quien, con 25 años de edad, pidió en 1830 un pasaporte de indigente para volver a casa, pues había cometido el error de seguir hasta Francia a un militar que la abandonó; finalmente, la Policía francesa le concedería el pasaporte, pero ningún subsidio.⁵¹

Como podemos ver, la suerte que corrieron las mujeres en el exilio fue diversa: desde liberales convencidas que hicieron campaña desde los salones foráneos a afrancesadas ideológicas o por vínculos sentimentales, pasando por acompañantes de familiares perseguidos. Ahora bien, al margen de sus diferencias, cabe decir que la mayoría de las exiliadas, ya fueran liberales o afrancesadas, contaron con recursos limitados, en especial las que, además, en el devenir de los acontecimientos, sufrieron la pérdida de su padre o su esposo. Como hemos visto, en esos casos consiguieron resistir gracias a la solidaridad y el apoyo locales.

3. EN EL INTERIOR (1814-1820)

No todas las liberales o afrancesadas marcharon al exilio. Un importante contingente permaneció en España. De estas, solo algunas se involucraron en conspiraciones o se aventuraron a prestar auxilio a los que huían de la represión fernandina.

Para la gran mayoría, el reto fue intentar volver a la normalidad y sobrevivir bajo la vigilancia de una monarquía abiertamente hostil, pero al ostracismo se sumaría el embargo de sus bienes. Entonces impugnaron su situación de desamparo señoras como María Lago o María Antonia Moyúa, viuda del ministro de Marina de José I José de Mazarredo, alegando que no habían tomado parte en los manejos de sus esposos.⁵² Su principal propósito era recuperar su patrimonio, y para ello no dudaron en recurrir a testigos que certificasen su buena conducta política.⁵³

Las purificaciones afectaron también a las nobles viudas y huérfanas de militares y empleados públicos, como Josefina Saturnina de Frías y Berrio, condesa viuda de Castañeda; Francisca de Paula Benavides, duquesa de Frías, o las hijas del conde de Cañada, entre otras.⁵⁴ Solo así pudieron seguir recibiendo sus asignaciones.

A pesar de todo, y tal como sucedió en los otros estratos de la administración sometidos a la purificación, algunas de las pensionistas de Estado quedaron impurificadas en primera instancia y se vieron obligadas a iniciar una ardua lucha por recuperar su pensión. Otras tuvieron la fortuna de conseguir la purificación en segunda instancia mediante nuevos testimonios que las presentaron como personas favorables al rey, alejadas de los liberales y ejemplos de las condiciones femeninas de recato y religiosidad.

No tuvieron esa suerte las hermanas Luisa y Matilde de Soto y Urquijo, quienes recibían una pensión de 6.000 reales por la muerte de su padre, Mariano Luis de Soto, ministro togado del Consejo de Indias. En 1816, y como represalia por el pasado liberal del padre, se dictaminó paralizar dicha pensión. María Luisa, casada con Joaquín de Sedano, un oficial del archivo de la primera Secretaría de Estado, las ayudó a recuperar en 1819 la pensión perdida. Sin embargo, ambas hermanas sufrirían de nuevo la paralización de la pensión en 1823 y se verían sometidas a un proceso de purificación en 1824. El resultado no fue favorable: se habían recogido varios testimonios que las señalaron por sus opiniones liberales, presentándolas como «adictas al sistema constitucional por la mucha concurrencia en su casa de oficiales, y de otras personas de las que hacían papel en aquella época».⁵⁵ Luisa incluso fue acusada posteriormente de ayudar a escapar a liberales o auxiliar a los que ya estaban presos después de la guerra. Tras ese primer fracaso, las dos hermanas iniciaron un largo recorrido para conseguir la recuperación del pago de sus pensiones. María Luisa vivió un proceso de segunda instancia y volvió a quedar impurificada, pero recurrió alegando que las acusaciones habían sido realizadas por personas que actuaban desde el rencor y no desde la justicia. En una de sus misivas al rey, advertía «que ni por su sexo ni educación puede haber tenido activa ni pasiva en las pasadas revoluciones, sino que por el contrario ha manifestado en todas épocas una constante adhesión a la augusta persona de V. M.». Lamentablemente, su caso no llegó a resolverse.

La otra hermana, Matilde de Soto y Urquijo, conseguiría quedar purificada en segunda instancia, a pesar de que en ambos procesos hubo informantes que la describieron como una persona que desde la niñez apoyaba a los constitucionales, celebraba sus triunfos y durante el Trienio llevaba las cintas verdes y una mantilla con un bordado donde se podía leer «Constitución o muerte».⁵⁶

Otro ejemplo es el de Clara Ignacia de Madariaga y Aróstegui, la hija del marqués de Casa Alta. Ella y su marido, Alfonso Ramírez de Briones, fueron acusados de ser exaltados y de acompañar al Gobierno constitucional en Cádiz. Sin embargo, la mujer murió antes de que todo el proceso acabase y el marido mantuvo el empeño en conseguir la purificación. En segunda instancia se matizó su consideración de exaltada y los nuevos informantes, aunque afirmaban su apoyo a los liberales, coincidieron en señalar que la señora siempre mantuvo una conducta juiciosa y moralmente intachable.⁵⁷

De todas estas causas, la más conocida es la petición de pensión de viudedad que Emilia Duguermeur, esposa de Luis de Lacy, solicitó en 1818.⁵⁸ Invocó la misericordia del rey que, si había perdonado a los traidores que lucharon contra él y a favor de los franceses durante la guerra de la Independencia, seguro que valoraría la heroicidad de su esposo en dicha guerra, por encima del resentimiento que pudiera sentir hacia el general fusilado que en 1817 se había pronunciado en Cataluña junto a Milans del Bosch a favor de la Constitución de 1812.⁵⁹ Su intención era señalar que su esposo no había sido degradado y, por lo tanto, tenía los mismos derechos que cualquier otra viuda de militar. Por supuesto, su petición no fue tenida en cuenta y no sería hasta la primavera de 1820 cuando, aprovechando el cambio de régimen, Emilia Duguermeur iniciaría de nuevo el pleito sobre su pensión.⁶⁰ Se le concedería por fin en julio de 1821. Asentada en Madrid, utilizó la memoria del general Lacy para proyectarse políticamente.⁶¹ En octubre de 1822 volvió a Barcelona, donde permanecería hasta el fin del Trienio. Se exilió entonces a Francia, donde se le pierde la pista hasta que en 1832, en virtud de la amnistía aprobada por Fernando VII, regresó a España.

Respecto a las conspiradoras, su actividad se desarrolló al tiempo que se estaba elaborando la estrategia del pronunciamiento insurreccional. En esta etapa de 1814 a 1820, de nuevo destacan las mujeres más notables, sobre todo las esposas de los héroes o mártires de la revolución. Personalidades de la talla de Josefa Queipo de Llano⁶² o Luisa Carlota Sáenz de Viniegra⁶³ contrastan con la poca información que existe sobre las conspiradoras anónimas.

De Josefa Queipo de Llano, dama cultivada y liberal, se conoce que participaba directamente en las tertulias organizadas por su marido en su casa de Oviedo y que frecuentaron personajes como Francisco Martínez Marina. Por su activa intervención en la organización del pronunciamiento de su marido en La Coruña en septiembre de 1814 sería condenada a cinco años de reclusión en el colegio de huérfanas de Betanzos. No sería liberada hasta el 23 de febrero, en vísperas de la Revolución de 1820. No obstante, sus últimos años de vida estuvieron marcados por la persecución de las autoridades fernandinas y los cargos de conspiración porque en su casa se imprimían papeles subversivos.⁶⁴

Igualmente, es de sobra conocida la labor de Luisa Carlota Sáenz de Viniegra, esposa del general Torrijos, en los complots liberales que se urdieron entre 1817 y 1819. Entre sus labores principales estuvo la de operar como enlace entre los liberales en la clandestinidad y su esposo. En noviembre de 1823, tras la entrega de Cartagena a los franceses por orden de Fernando VII, se embarcó junto con su esposo rumbo a Francia con 13.400 reales, para más tarde marchar a Inglaterra, donde Torrijos obtuvo un subsidio por los servicios prestados a los ingleses durante la guerra de la Independencia.⁶⁵ La pareja no se separó hasta el fusilamiento de Torrijos, tras el cual Luisa permaneció en Francia hasta su regreso a España en 1834. Dedicó el resto de su vida a reivindicar la memoria de su esposo y a escribir su biografía recopilando todos los documentos de la conspiración que pudo reunir. Tras la muerte de Fernando VII, recibió los títulos de condesa de Torrijos y de vizcondesa de Fuengirola, la playa malagueña donde había desembarcado su marido.

Otro de los casos más destacados es el de Vicenta Oliete. Mujer de origen humilde, en 1815 entró a trabajar en el servicio de Romero Alpuente y en 1818 fue desterrada de Madrid por no querer colaborar con la Inquisición en el enjuiciamiento del célebre abogado liberal.⁶⁶ En 1822 regresó a Madrid para ocupar el puesto de presidenta de la Junta Patriótica de Señoras. Debido a su trayectoria, al caer el régimen constitucional en 1823, fue detenida en Toledo y encarcelada en Valencia, de donde consiguió huir y llegar a Gibraltar.⁶⁷ Una vez allí, le resultó más fácil marchar al exilio junto con su tío Romero Alpuente.⁶⁸ Ya en Inglaterra, donde llegó en 1825, hay evidencias de que Vicenta Oliete actuó como agente doble entre 1826 y 1827 y proporcionó información sobre el exilio a las autoridades españolas a cambio de un salvoconducto que le permitiera volver a España con inmunidad y una compensación económica.

Se han podido rescatar algunos nombres de las conspiradoras anónimas, como el de Josefa Maruco, quien junto con su esposo fue acusada de dar apoyo a liberales. Condenada a diez meses de prisión, desgraciadamente dio a luz en prisión y fue obligada a dejar a la criatura en la inclusa, donde moriría a los pocos días.⁶⁹ O el de madame Saturnin, D.ª Mariquita o la tía Pepa, agentes clandestinas citadas en la correspondencia de la gran trama liberal y josefina de 1817.⁷⁰ Ese mismo año tenemos noticia del viaje de la liberal Socorro Tudos a Pisa para contactar con los carbonarios italianos.⁷¹

No obstante, es importante destacar que las liberales que siguieron activas durante el Sexenio Absolutista fueron pocas y que habría que esperar a la experiencia del Trienio y a su fracaso para que las cosas cambiaran. Sería entonces cuando la militancia femenina resultaría más visible y, por tanto, la persecución a la que las sometería el absolutismo, mucho más severa y rigurosa. Este fue el caso de María del Carmen Ponze de León y Carvajal, marquesa de Astorga,⁷² quien, a pesar de su afiliación pública al liberalismo, permaneció en España durante el primer período absolutista sin perjuicios destacables. Ahora bien, tras el fin del Trienio, sí sufriría los efectos de la gran depuración liberal realizada a instancias del rey, al punto de que no solo se le retiraría el sueldo de 50.000 reales que recibía en calidad de dama de la reina, sino que se vería obligada a marcharse a París.⁷³

4. EL TERROR DE 1824 (PURIFICADAS Y REPRESALIADAS)

El tiempo de libertad y de efervescencia política que se abrió en 1820 proporcionó a las mujeres la posibilidad de integrarse en la vida pública de nuevo. Sin ignorar las trabas a las que muchas tuvieron que hacer frente para integrarse como miembros de pleno derecho en las sociedades patrióticas, las mujeres no dejaron de estar presentes en esos importantes vehículos de politización. Asimismo, en tanto que madres y esposas, las mujeres se comprometieron de diversas formas en la defensa del constitucionalismo. Algunas escribieron en los periódicos sobre materias políticas, mientras que la mayoría no dudó en participar en los actos cívicos en defensa de la Constitución o en honor de los héroes de la revolución. No obstante, donde la visibilidad de las mujeres se hizo más perceptible fue en el orden simbólico, mediante prendas y abanicos con adornos y símbolos alusivos al liberalismo, como las populares cintas verdes.

De igual forma que los hombres, la politización de las mujeres se incrementó en los momentos en que estuvo en peligro la continuidad del sistema constitucional, a partir de julio de 1822, y por supuesto en 1823, cuando se tuvo noticia de que la Santa Alianza pretendía enviar un ejército para restituir en sus plenos poderes a Fernando VII y acabar con el régimen liberal. Entonces, como en 1808, las mujeres se mostraron dispuestas a defender el orden establecido con todos los recursos disponibles, incluso con las armas.

Por ello es lógico pensar que la actuación de las mujeres a favor del liberalismo no se diluyó del todo durante la Ominosa Década (1823-1833). Si repasamos la actividad de personas concretas, podemos constatar el papel imprescindible de las mujeres en las tramas revolucionarias del interior y sus consecuencias. No hay que olvidar que, como hemos visto en las páginas anteriores, de nuevo la condición de esposas, viudas o madres de liberales colocó a muchas mujeres bajo sospecha y las hizo ser objeto de vigilancia, represión o exilio.

La violencia originada tras el nuevo restablecimiento del absolutismo en 1823 se tradujo en una persecución constante de los liberales hasta la amnistía de 1832. A la represión institucional hay que sumar la violencia social, promovida por los Voluntarios Realistas o por los mismos vecinos y paisanos de los señalados como liberales. Tal era la situación que un pañuelo, un abanico o vestir una cinta verde o morada eran motivo suficiente para merecer la ira popular.⁷⁴ Ejemplo de lo dicho es el acoso que sufrió María Antonia Gimbernat, viuda de Miguel de Manuel, quien vio cómo la muchedumbre apedreaba su casa una vez que las tropas francesas entraron en Madrid.⁷⁵ También es paradigmático el caso de Florentina Gómez de la Flor: las esposas de los Voluntarios Realistas la insultaron y maltrataron por serlo ella de un miliciano nacional.⁷⁶

En lo tocante a la coacción ejercida por la Corona, de nuevo hay que aludir al hecho de que muchas mujeres, ya fuera por su vinculación personal con liberales o por sus propias convicciones políticas, fueron sometidas a procesos de purificación. Incluso sin motivo justificado, todo el personal vinculado a la Administración en todos sus niveles tuvo que someterse a un nuevo escrutinio para justificar su actuación política, pública y cívica durante los tres años del Gobierno constitucional. Si tras dicho proceso se las consideraba favorables al liberalismo, eran suspendidas y expulsadas de sus lugares de trabajo o, en el peor de los casos, obligadas a pagar multas o condenadas a penas de prisión.

De nuevo como en 1814, muchas de las personas que tuvieron que pasar por estas causas fueron mujeres que, como Tomasa Román, eran pensionistas del Estado y vieron que sus pagas quedaban suspendidas tras ser acusadas de apoyar a los liberales y a la Constitución de Cádiz. En el caso de Tomasa se consideró agravante el hecho de no impedir que sus hijos se alistasen en la Milicia Nacional.⁷⁷ Precisamente, uno de ellos, Juan Contreras y Román, que comenzó su carrera militar en 1823, también fue perseguido por los realistas como exaltado.

Otras hermanas que tuvieron que pasar por un largo proceso de purificación para recuperar el pago de sus pensiones fueron Juana y Ramona de Yturbide, hijas de Joaquín de Yturbide. Ambas fueron acusadas de ser exaltadas y de apoyar abiertamente al régimen constitucional. Así lo aseguraba uno de los denunciantes, que afirmaba haberlas visto salir al balcón a insultar a los realistas que pasaban por la calle. Otros aseguraban que cuando su sobrino, miembro de la Milicia Nacional, fue herido de muerte, su cadáver fue paseado por las calles entre aplausos y vítores por un grupo de exaltados que lo condujeron en hombros hasta el cementerio de la Puerta de Fuencarral. Por fin, otro de los informantes certificó que las hermanas decidieron marcharse a Sevilla al aproximarse las tropas francesas. Como cabe suponer, tales acusaciones sirvieron para impurificar a las hermanas en primera instancia. Sin darse por vencidas, iniciaron un segundo proceso que se prolongaría desde 1827 hasta 1829. Nuevos testimonios relativizaron entonces su apoyo a la causa liberal y señalaron que habían tenido un comportamiento pausado, sin manifestaciones o acciones a favor de los liberales durante esos tres años, más allá de mencionar el caso evidente de su sobrino.⁷⁸

Son muy comunes los testimonios en los que se destaca la participación de mujeres en actos cívicos en los que se rendían honores a los héroes liberales como Riego, se homenajeaba a la Constitución o se cantaban canciones e himnos patrióticos. Tales fueron los casos de Teresa Garrido⁷⁹ o de las hermanas María Lorenza y María Mercedes Alesón. En septiembre de 1827 fueron acusadas de cantar «El trágala» en varias ocasiones, tanto en su casa como en reuniones públicas.⁸⁰

Menos suerte tuvieron las que, tras pasar por procesos judiciales similares, acabaron siendo condenadas o sufrieron prisión.⁸¹ En estos casos, los castigos tuvieron una clara intención represiva. El nivel de dureza de las condenas estaba en función del grado de participación en determinadas acciones que identificaban a la mujer con el liberalismo. El catálogo de dichas acciones era muy variopinto, pero iba desde acudir a manifestaciones cívicas y simpatizar con los liberales —como Soledad Mancera, que fue condenada a diez años de galeras por encontrar en su casa de Madrid un retrato de Riego y una reproducción del texto constitucional—⁸² hasta dar auxilio a liberales fugados, como Joaquina Maruri, vecina de Madrid, que fue castigada con el destierro al demostrarse que había alojado al exaltado Remigio López; obligada a abandonar su ciudad también tuvo que dejar su trabajo de cigarrera en la Real Fábrica.⁸³

Otra de las acusaciones más habituales fue la vinculación personal de estas señoras con hombres de responsabilidad política o militar. La propia hermana de Espoz y Mina, Simona, fue encarcelada en 1823 en la Casa de Misericordia de Pamplona acusada de cantar canciones liberales y de haberse declarado contra la monarquía absoluta. No obstante, como su misma cuñada declararía, el motivo principal de su encierro fue su parentesco con el militar.⁸⁴ Algo parecido tuvo que sufrir María Barbeito, viuda del diputado José Santiago Muro, pues el acoso y la vigilancia constante por parte del Gobierno la obligaron a marcharse con sus hijas en 1828.⁸⁵

Como vemos, en pleno retorno del absolutismo, las manifestaciones públicas abogando por la causa liberal tuvieron serias consecuencias. Por esta razón no es de extrañar que durante este período todos aquellos que habían tenido algo que ver con la defensa de las tesis liberales se esforzaran por ocultar o desvincularse de su pasado liberal en un plano estrictamente público. Como el ideario liberal estaba condenado a la clandestinidad, se vio relegado al espacio privado. Si, por un lado, las relaciones con un liberal eran ya causa suficiente para que la mujer sufriera el ultraje público de los realistas, por el otro, se entendía el liberalismo como una ideología, una forma de vida que se compartía en familia. Aunque en teoría el papel del sexo femenino se percibía como circunscrito al espacio doméstico, la concepción de la conspiración como una red político-familiar clandestina, en la que el padre o el marido desempeñaban la función de cabeza de familia y de guía ideológico, hacía que esa doble responsabilidad, la política y la familiar, recayeran sobre la mujer en ausencia del varón.

El Decreto de 1 de octubre de 1830, por el que se prohibía mantener correspondencia con cualquier individuo que hubiera emigrado fuera del país por motivos políticos relacionados con el fin del régimen constitucional, no hacía más que afianzar el ostracismo al que se sometieron los simpatizantes del liberalismo. Además, dicho decreto establecía claramente que se consideraría traidores, y, por tanto, condenados a muerte, a quienes proporcionaran auxilio y apoyo a los rebeldes liberales. El número de mujeres encausadas y castigadas «por liberal» en virtud de este decreto aumentó notablemente.⁸⁶

Pese a la dura represión a la que los defensores de la causa liberal estaban sometidos, sus partidarios no se desanimaron. No es necesario decir que tampoco lo hicieron las mujeres afines al liberalismo. Es de sobra conocido que en el entramado de la conspiración fracasada de José María Torrijos había varios agentes femeninos. En Málaga estaba María Teresa Elliot, la cual mantenía correspondencia asidua con Torrijos, con el seudónimo de Pepa. Por ello fue detenida en octubre de 1831 y condenada a muerte, aunque por suerte se acabaría conmutando la sentencia. Igualmente, en Cartagena, en noviembre de 1831, Torrijos contaba con un núcleo leal de mujeres: Ana María Manresa, Joaquina Baldaura, Concepción Inglada, Florentina Tudela y Encarnación Onteniente; además de Vicenta Boix en Peñíscola⁸⁷ y Francisca de Suárez Rodríguez-Mezquita, que formaba parte de las redes de las gentes próximas a Torrijos en Asturias.⁸⁸

Caso aparte son los de Joaquina Urtazun, alias Jacinta Loreto, y Juana Gallego, alias Josefa Hernández. La primera, vecina de San Sebastián y viuda del coronel Asura, organizaba en su casa reuniones clandestinas y redirigía correspondencia hacia los núcleos conspiradores del sur de Francia. Precisamente, uno de los contactos de Joaquina era Juana Gallego, quien desde Salamanca mantenía correspondencia con los exiliados de Bayona, entre los que se encontraba su esposo, León Arnedo. Por último, Joaquina Urtazun fue descubierta en otoño de 1831 cuando se dirigía en barco hasta Bayona con cartas comprometedoras para Espoz y Mina.⁸⁹

Igual que la trama de Torrijos, la conspiración de Agustín Marco-Artu y Acha de 1831 proporciona varios ejemplos de colaboración femenina.⁹⁰ Tanto su esposa, Eugenia Morales, como la prima de esta Esperanza Planes Bardají, alias Peligros, los escondieron de las autoridades. De hecho, justo en el momento en que la policía irrumpía en la casa para detenerlo, saltó por el balcón y huyó. Lamentablemente, Esperanza Planes, que estaba en esos momentos en la casa, no tuvo oportunidad de escapar y fue detenida por ocultar a su primo y mantener correspondencia con Espoz y Mina. Seguramente, la Peligros, como se hacía llamar para ocultar su identidad, estaba casada con Florentino Arizcum —un revolucionario muy cercano a Espoz y Mina—, por lo que las cartas que se encontraron en su poder y la incriminaban por conspiración posiblemente eran de su esposo.⁹¹ Otra de las detenidas como consecuencia de la trama de Marco-Artu fue la esposa de Antonio Buch, María Teresa Panigo. A esta también se la acusó de mantener correspondencia subversiva. Fue condenada a muerte, aunque finalmente se le conmutó la pena a seis años de reclusión en el Real Colegio de San Nicolás.⁹²

5. UN NUEVO EXILIO (1823-1832)

La reacción absolutista de 1823 provocó que muchos partidarios del sistema constitucional se vieran obligados a abandonar España para buscar refugio donde las circunstancias políticas se adecuaban a sus ideales. Asimismo, se produciría un efecto llamada que haría que los exiliados y exiliadas se congregaran en determinados destinos. De hecho, la supervivencia de estos expatriados dependió en buena medida del mantenimiento de los contactos personales entre liberales. La mayoría optó por tomar rumbó a Francia e instalarse en ciudades como Marsella, Burdeos o París. Portugal o Estados Unidos también fueron destinos de acogida de exiliados, pero si hay que destacar un enclave donde los exiliados establecieran su red de apoyo y crearan un entorno en el que sentirse seguros, sin duda, ese sería el Reino Unido.

Como había sucedido después de 1814, muchas de las mujeres que optaron por Reino Unido lo hicieron movidas por vínculos familiares. Entre las que acompañaron a sus maridos al exilio británico cabe citar a Ramona Bustamante, esposa del militar Evaristo Fernández San Miguel y Valladares, y a Paulina Canga, hija de Canga Argüelles, que llegó a Inglaterra en compañía de su esposo, Pedro Celestino Méndez Vigo. También Josefa Mallén, esposa de Vicente Salvá, y Antonia Alonso Viado Castro, esposa de José María del Busto, y Vicenta Rodríguez y su hija Josefa López Rodríguez, familia de Ramón López de Acevedo, entre otras muchas, se decantaron por Inglaterra como lugar de exilio.⁹³

Tal y como indican las memorias y la correspondencia de estos exiliados, la acogida que recibieron del pueblo británico fue muy cordial y caritativa pues, a su condición de liberales, se sumaba su pasado común como enemigos de Napoleón. Por este motivo, el Gobierno británico había establecido comités de asistencia, cuya principal tarea era ayudar a los recién llegados y sus familias. La mujer y los hijos de José Díaz Avilés o la esposa de Juan Villa se beneficiaron de los socorros mensuales del City Committee. Igualmente, se organizaron suscripciones públicas y eventos sociales por parte de la aristocracia y los comerciantes británicos para recaudar fondos y ayudar a los liberales españoles, que se encontraban en una situación económica muy apurada.

La anteriormente citada Paulina Canga, hija de José Canga Argüelles, era una de las estrellas invitadas en este tipo de actos benéficos. Cantante muy cultivada, se convirtió en una habitual de los conciertos y actuaciones a favor de los exiliados españoles que se organizaron en Londres entre 1826 y 1829. Incluso la prensa se hizo eco de las dotes vocales e interpretativas de esta dama española que, en solidaridad con sus compatriotas emigrados, interpretaba un repertorio lleno de canciones patrióticas.⁹⁴ Unos años después, Paulina intentaría repetir sus éxitos en París, pero le fue imposible al denegársele el pasaporte «por ser mujer de revolucionario». Finalmente, regresó a España en 1831, pero fue detenida y encarcelada bajo la acusación de haber mantenido económicamente a su marido.⁹⁵

La mayoría de los emigrados no hablaban inglés y no conocían a nadie más allá del núcleo de expatriados, por lo que tenían problemas serios para conseguir un empleo. Afincados en el barrio londinense de Somers Town, una zona de viviendas baratas unida a la capital por un camino conocido como New Road, deambulaban individuos vestidos con capas raídas, que pasaban el día vagando por Euston Square y las zonas próximas a St. Pancras Church.

Quizás por esa razón, durante el exilio de la segunda restauración absolutista, hubo mucho trasiego de emigrados que pasaban de Inglaterra a Francia buscando mejorar su situación. Este fue el caso de la antes mencionada Josefa Mallén, hija del librero francés Diego Mallén afincado en la ciudad de Valencia y esposa de Vicente Salvá, que se refugió en Londres junto con su marido y varios de sus hijos. Su periplo comenzó en Cádiz y siguió en Gibraltar, donde permaneció hasta finales de 1824, cuando embarcó hacia Londres. Allí, la familia inició un negocio de libros, pero en 1830 decidieron mudarse a la capital francesa para mantener un mayor contacto con sus actividades comerciales en Valencia. Pese al cambio, el negocio no acabó de cuajar y la situación económica de la familia se resintió.⁹⁶

La situación de los exiliados en Francia no era mejor que la que pudieran tener en Inglaterra, y aun así iniciarán ese viaje Joaquina Sitjes (o Sitches), que, desde Inglaterra, se dirigía sin pasaporte a París,⁹⁷ o Rosa Aché de Tacón, que sí consiguió un pasaporte para ella y sus dos hijos.⁹⁸ Como pudo comprobar María de Lázaro, la situación en Francia también era muy dura. Habiendo perdido a su marido y a su padre por su relación con el general Riego y temiendo las represalias por sus conexiones liberales, decidió exiliarse. En 1833, tras la promulgación de la amnistía que a partir de 1832 permitió la vuelta a España de la mayoría de los liberales exiliados, María decidió regresar y solicitar un subsidio. En su exposición afirmaba que, a pesar de su difícil situación, no importunó a sus compañeros de infortunio y se mantuvo en Inglaterra y Francia trabajando «con sus manos».⁹⁹ Fue parecido el caso de Antonia Fernández, quien también trabajó desde el inicio de su emigración como sirvienta, pero en 1832 solicitó un subsidio para volver a España aludiendo a su situación de extrema miseria.¹⁰⁰

Como es de esperar, el deseo de volver al país de origen se convirtió en uno de los sustentos vitales de los exiliados. Es fácil suponer que quizás soportaran las penurias de su situación pensando en que algún día regresarían a su hogar y se reunirían con sus familias. Por esta razón, pasado el peligro, a partir de la amnistía, aumentaron notoriamente las demandas de las refugiadas que solicitaban ayuda a los Gobiernos francés y británico para su viaje de vuelta a España.¹⁰¹

Algunas de ellas, como María Luisa López, casada con Benito Mayordomo, interventor de Aduanas en Madrid, argumentaban que su marido se había marchado para participar en las insurrecciones liberales y que no había vuelto a tener noticias de él, razón por la que manifestaba encontrarse en la más absoluta miseria y viviendo gracias a la misericordia del resto de emigrados españoles, como Romero Alpuente —quien según su relato se mostraría especialmente generoso con ella—.¹⁰² Parecidos son los acontecimientos que vivió Rita Janer, esposa de Paul Janer, consejero de la Municipalidad de Barcelona y condenado a pena de muerte por haber defendido la plaza de Barcelona junto con Espoz y Mina: Rita solicitó una compensación utilizando su nombre de soltera, Badia, y en su escrito explicaba que había tenido que dejar a su hijo pequeño en la Casa de la Caridad de Marsella por la falta de medios.

Estos casos ponen de relieve que, pese a la buena voluntad de la sociedad británica y a la proximidad geográfica de Francia, la situación de los exiliados fue en la mayoría de ocasiones dramática.

6. CONCLUSIONES

Como hemos podido ver a lo largo de estas páginas, a pesar del retorno de un absolutismo duro y represivo, el liberalismo tuvo firmes defensoras entre el sexo femenino. Ya fuera por la urgencia o por el devenir de los acontecimientos, la lucha contra Fernando VII ni se dejó únicamente en manos masculinas ni fue desatendida.

Muchas mujeres fueron perseguidas y condenadas por su relación con el liberalismo o por su pasado afrancesado, una afinidad que en muchas ocasiones vino marcada por una convicción ideológica firme y en otras fue fruto de vínculos familiares. No obstante, y al margen de la motivación que situara a muchas de ellas en el bando liberal, el absolutismo no dudó en castigarlas y condenarlas de la misma manera que sucediera con sus compañeros varones. Este hecho ya demuestra por sí solo que los realistas, pese a mantener un discurso abiertamente conservador donde el papel de la mujer era irrelevante en cuestiones públicas, eran conscientes de su capacidad para abogar por la causa liberal y del peligro que suponía obviar las consecuencias de sus acciones. De lo contrario resulta imposible explicar hechos como la vigilancia a la que sometían a las exiliadas, los juicios de purificación o las condenas judiciales de aquellas mujeres próximas a círculos liberales.

Ahora bien, esta disonancia en el discurso más conservador se inscribía en un marco ideológico que amparaba esa visión más tradicional de la mujer y pretendía desmerecer la aportación femenina a la causa liberal. A la hora de justificar la acción de estas mujeres se insistió en que su comportamiento era consecuencia, no de una actitud consciente y racional en defensa del proyecto liberal, sino de un verdadero amor a la causa o a sus seres queridos en peligro.¹⁰³ Por todo ello, en ocasiones, no resulta fácil confirmar si algunas de las mujeres que padecieron prisión, juicios de purificación, vejación pública e incluso la muerte lo hicieron como defensoras explícitas del ideario liberal o como consecuencia de su relación particular con personalidades de ese ámbito.

En cualquier caso, ya fuera por motivos familiares o por un compromiso activo con la causa, la conducta de dichas mujeres resultó casi siempre desinteresada, pues de sus iniciativas no derivó, salvo casos muy excepcionales, reconocimiento alguno.

Notas

1Miguel Artola, Los afrancesados, Madrid, Alianza Editorial, 1989, págs. 262-263.

2Juan B. Vilar, La España del exilio, Madrid, Síntesis, 2006, pág. 124.

3Juan Francisco Fuentes y Pilar Garí, Amazonas de la libertad. Mujeres liberales contra Fernando VII, Madrid, Marcial, Pons, 2013; Juan L. Bachero, «La represión en el absolutismo: entre la ley y la arbitrariedad», en Marieta Cantos y Alberto Ramos (eds.), La represión absolutista y el exilio, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2015, pág. 78, y Christiana Brennecke, Von Cádiz nach London. Spanischer Liberalismus in Spannungsfeldvonnationalerselbstbestimmung, Internationalität und exil (1820-1833), Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.

4Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), Consejos, leg. 12.276, Superintendencia General de Policía del Reyno, «Estado que manifiesta el número de personas de ambos sexos que en los índices inversos remitidos por los Intendentes del Ramo resultan con las notas de más o menos adictas al abolido sistema constitucional», 31/1/1826. En dicho documento se incluye el registro de 9.243 mujeres, pertenecientes en su mayoría a las clases medias y altas, sospechosas de «liberalismo» o de conspiración contra el rey (reproducido por completo en Juan F. Fuentes, «Geografía del liberalismo español en la Década Ominosa: Emigración política y exilio interior», en Armando Alberola y Elisabel Larriba (eds.), Élites y revolución en España. Homenaje al profesor Gérard Dufour, Alicante, Universidad de Alicante, 2010, págs. 309-331).

5Paloma de Villota, «Violencia y represión contra la mujer bajo Fernando VII», en Actas de las IV Jornadas de Investigación interdisciplinaria: Ordenamiento jurídico y realidad social de las mujeres, siglos XVI a XX, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1994, págs. 195-220.

6Maurice Agulhon, Marianne au combat. L’imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 1880, París, Flammarion, 1979.

7Carole Berkin, Revolutionary Mothers. Women in the Struggle for America’s Independence, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2005. Mary B. Norton, Liberty’s Daughters. The Revolutionary Experience of American Women, 1750-1800, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 1996.

8Jacques Guilhaumou y Martine Lapied, «Women’s Political Action during the French Revolution», en Christine Fauré (ed.), Political and Historical Encyclopedia of Women, Nueva York-Londres, Routle, 2003, págs. 71-87.

9Karen Hageman, «Female Patriots: Women, War and the Nation in the Period of the Prussian-German Anti-Napoleonic Wars», Gender and History, 16 (2004), págs. 397-427, y «Heroic virgins and Bellicose Amazons: Armed Women, the Gender Order and the German Public during and after the Anti-Napoleonic Wars», European History Quarterly, 37(4), 2007, págs. 507-527.

10Eleni Angelomatis, «Women in the War of Greek Independence», en Mark Mazower (ed.), Networks of Power in Modern Greece. Essays in Honour of John Campbell, Londres, Hurst and Company, 2008, págs. 45-68.

11Enric Ucelay Da Cal, «Agustina, la dama del cañón: el topos de la heroína fálica y el invento del patriotismo», en Irene Castells, Gloria Espigado y María Cruz Romeo (coords.), Heroínas y patriotas. Mujeres de 1808, Madrid, Cátedra, 2009, págs. 193-268.

12Charles J. Esdaile, Women in the Peninsular War, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 2014.

13José Álvarez Junco, «La invención de la Guerra de la Independencia», Studia Historica-Historia Contemporánea, XII, 1994, págs. 84-107, y Christian Demange, El Dos de Mayo. Mito y Fiesta Nacional (1808-1958), Madrid, Marcial Pons Historia, 2004.

14M. Antonia Fernández Jiménez, La mujer en la guerra, España 1808-1814. La nación en armas, Madrid, SECC-Ministerio de Defensa, 2008.

15Marieta Cantos, «Las mujeres en la prensa entre la Ilustración y el Romanticismo», en Marieta Cantos Casenave, Fernando Durán López y Alberto Romero Ferrer (eds.), La guerra de pluma. Estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las Cortes (1810-1814), tomo III, parte quinta: «Sociedad y consumo: estructuras de la opinión pública», Cádiz, Universidad de Cádiz, 2008, págs. 161-336; Marieta Cantos y Beatriz Sánchez Hita, «Escritoras y periodistas ante la Constitución de Cádiz de 1812 (1808-1823)», Historia constitucional, 10, 2009, págs. 137-179; Marieta Cantos, «Las mujeres y la libertad de imprenta en tiempos de las Cortes de Cádiz», en Elisabel Larriba y Fernando Durán López (coords.), El nacimiento de la libertad de imprenta: antecedentes, promulgación y consecuencias del Decreto de 1810, Madrid, Sílex, 2012, págs. 345-362.

16Trabajos como los de Susan Kirkpatrick: Las románticas. Escritoras y subjetividad en España, 1835-1850, Madrid Cátedra, 1991, y «La construcción de la subjetividad romántica femenina», en M.ª José de la Pascua, y Gloria Espigado (eds.), Europeas y españolas entre la Ilustración y el Romanticismo (1750-1850), Cádiz, Universidad de Cádiz, 2003, págs. 81-99, o Mónica Bolufer, Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo XVIII, Valencia, Alfons el Magnànim, 1998, y «Lo íntimo, lo doméstico y lo público: representaciones sociales y estilos de vida en la España Ilustrada», Studia Historica. Historia Moderna, 19, 1998, págs. 85-116; han demostrado lo impropio de afirmaciones que, basándose únicamente en el referente inglés y francés, ofrecían una definición muy sesgada de la Ilustración y el Romanticismo en España. No considerar auténticos ni a la Ilustración ni al Romanticismo españoles por no seguir las pautas inglesas o francesas suponía ignorar el carácter propio de la historia y cultura española, incluso cuando se trata de participar en la dinámica general de los movimientos europeos.

17Paloma Fernández Quintanilla, «Los salones de las Damas ilustradas madrileñas en el siglo XVIII», Tiempo de Historia, 52, 1979, págs. 44-53; y La mujer ilustrada en la España del siglo XVIII, Madrid, MEC, 1981.

18Ramón Solís, El Cádiz de las Cortes, Barcelona, Plaza y Janés, 1978.

19Gloria Espigado, «Las mujeres en el nuevo marco político», en Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, III, Madrid, Cátedra, 2008, págs. 44-45.

20Elena Fernández, Las mujeres en los inicios de la revolución liberal española (1808-1823) [tesis doctoral], Universidad Autónoma de Barcelona, 2007.

21M.ª Cruz Romeo, «Juana María de la Vega, condesa de Espoz y Mina (1805-1872) por amor al esposo, por amor a la patria», en Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma (coords.), Liberales, agitadores y conspiradores: biografías heterodoxas del siglo XIX, Madrid, Espasa Calpe, 2000, págs. 209-238.

22Archives Nationales, sede de París (en adelante, ANSP), serie F/7 (Espagnols refugiés), cartón 12.095.

23Juana de Vega (condesa de Espoz y Mina), Memorias, Madrid, Tebas, 1977, págs. 25-26.

24De hecho, la familia no regresaría hasta el triunfo del pronunciamiento de Rafael de Riego, para volver a marcharse en 1823, no solo como consecuencia de la militancia liberal del padre, sino por el hecho de que, por entonces, su hija Juana ya había contraído matrimonio por poderes con el general liberal Francisco Espoz y Mina. En 1824 fallece Josefa Martínez Losada y, un año más tarde, el resto de la familia consigue reunirse con Francisco Espoz y Mina en Londres. Permanecieron fuera de España diez años, casi siempre en Inglaterra, aunque con largas estancias en Francia para promover intentos de restauración de la Constitución de Cádiz de 1812. Finalmente, tras la muerte de su esposo en 1833 regresará a La Coruña en 1837, y llegará a ser aya y camarera mayor de la reina Isabel II entre 1841 y 1843.

25Huirán a Francia y no regresarán a España hasta 1820 para volver a marcharse, esta vez a Inglaterra, en 1823.

26Juana de Vega (condesa de Espoz y Mina), Apuntes para la Historia del tiempo en que ocupó los destinos de aya de S. M. y A., Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1910, pág. 310.

27ANSP, F/7, cartón 12.044.

28Claude Morange, Una conspiración fallida y una constitución no nata (1819), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2006.

29ANSP, F/7, cartón 12.034.

30ANSP, F/7, cartón 12.097.

31AHN, Consejos, leg. 11.991.

32Alfredo González Hermoso, Le Robespierre Español, París, Annales Littéraires de l’Université de Besançon, 1991.

33Ibidem, págs. 1.260-1.279.

34Sánchez Hita, Beatriz, «María del Carmen Silva, la Robespierre española: una heroína y periodista en la guerra de la Independencia», en Castells, Espigado y Romeo, Heroínas y patriotas, págs. 399-426.

35AHN, Consejos, leg. 11.991, pág. 347.

36El Español Constitucional, VI, 1819, pág. 390.

37En respuesta a las exigencias de España sobre los exiliados que estaban en los departamentos limítrofes con la frontera, el Gobierno francés había agrupado en el depósito de la isla de Oleron a los que se consideraba más peligrosos, y, a principios de 1816, allí encontramos al matrimonio registrado (ANSP, F/7, cartón 11.996).

38El Español Constitucional, X, 1819, pág. 183

39The British Library (en adelante, BL), manuscrito 38.272.

40ANSP, F/7, cartón 12.059.

41ANSP, F/7, cartón 12.056.

42La condición de afrancesadas correspondería a aquellas españolas cuya implicación en favor de la causa bonapartista fue activa, aunque no se tratase necesariamente de participación política. En el caso de los varones, Artola, en Los afrancesados, los describe a partir de tres tipologías: la primera, formada por funcionarios y pequeños propietarios que acataron las leyes y cumplieron las órdenes sin discutir la legalidad de las mismas, debido a dos razones: el miedo a la represión y la necesidad de sobrevivir; la segunda, en la que encontraríamos a la élite intelectual influenciada por la Ilustración y ansiosa de reformas sociales y políticas y que tenían la esperanza de que José I modernizaría el país a todos los niveles, y un tercer grupo, conformado por oportunistas que se unieron a los franceses buscando fórmulas de enriquecimiento.

43Elisa Martín-Valdepeñas, «Ilustración, jacobinismo y afrancesamiento: Ana Rodríguez de Carasa (1763-1816)», Cuadernos de Estudios del siglo XVIII, 18, 2008, págs. 33-80.

44Gloria A. Franco Rubio, «Teresa Montalvo O’Farrill: una salonière criolla en la sociedad española finisecular», en José Martínez Millán et al. (coords.), La Corte de los Borbones: Crisis del modelo cortesano, Madrid, Polifemo, 2013, vol. II, págs. 1.259-1.280.

45Condesa de Merlin, Memorias y recuerdos de la Señora Condesa de Merlin, publicados por ella misma, La Habana, Imp. de Antonio María Dávila, 1853, vol. I, págs. 62-63 y 237.

46Elisa Martín-Valdepeñas, «La condesa de Merlin: una criolla en la guerra de Independencia», en Fernando Durán López (ed.), Hacia 1812 desde el siglo ilustrado: actas del V Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII, 2013, págs. 1125-1140.

47Gaceta de Madrid, 81, 4-6-1814, págs. 613-614.

48ANSP, F/7 cartón 12.101.

49Ibidem, cartón 12.087.

50Ibidem, cartón 12.076.

51Ibidem, cartón 2.784.

52Vecina de Tuy y viuda de Jerónimo Freire, muerto en el ataque a Puente Sampayo en el otoño de 1809, solicita la reposición de la pensión que percibía como viuda de guerra (AHN, Consejos, leg. 12.221, pensiones 1835).

53Véase Elisa Martín-Valdepeñas en «Mis señoras traidoras»: las afrancesadas, una historia olvidada», Revista HMiC, 2010, pág. 96.

54Respectivamente, Víctor Peralta, Epítome cronológico o Idea general del Perú, Madrid, Fundación Mapfre, 2005, págs. 28-31; AHN, Consejos, legs. 5.521 y 12.221. Josefa y María Teresa de Acedo Rico y Olozábal habían visto cómo su pensión quedaba detenida en 1816; tras eso pleitearon y buscaron apoderados para conseguir la documentación que demostrase la lealtad de su padre; el resultado fue el restablecimiento de su pensión.

55AHN, Estado, leg. 3.090.

56Ibidem.

57AHN, Estado, leg. 3.126.

58Jordi Roca, «Emilia Duguermeur de Lacy: Un liderazgo femenino en el primer liberalismo español», en Castells, Espigado y Romeo, Heroínas y Patriotas, págs. 371-398.

59Carmen Lacy, Apéndice a la causa del General Lacy, Burgos, Imp. de D. Ramón de Villanueva, 1821.

60El Conservador, 6/7/1820, pág. 4

61«La Exposición con que la viuda e hijo del general Lacy presentaron al Congreso de las Cortes 200 ejemplares de las exequias celebradas a su cadáver por la junta patriótica de Barcelona», El Constitucional: o sea Crónica Científica, Literaria y Política, 20, 10/10/1820.

62Hermana del conde de Toreno, en 1811 se casó con Juan Díaz Porlier, el Marquesito, ejecutado en octubre de 1815 tras el fracaso de su pronunciamiento de septiembre en La Coruña.

63Luisa Sáez de Viniegra, Vida del General D. José María Torrijos y Uriarte. Escrita y publicada por su viuda Doña Luisa Sáenz de Viniegra de Torrijos, Madrid, Imp. de Manuel Minuesa, 1860.

64Juan F. Fuentes, «La conspiración de las viudas. Mujeres liberales contra Fernando VII», Claves de razón práctica, 217, 2011, pág. 62.

65Ibidem, pág. 287.

66Alberto Gil Novales, Las sociedades patrióticas (1820-1823), Madrid, Tecnos, vol. II, 1975, pág. 901.

67La viuda de Torrijos en sus memorias recordaría las penurias sufridas por los refugiados que queriendo salir de España se concentraban hacinados por centenares en Gibraltar (Vida del General…, págs. 380-381).

68Alberto Gil Novales, Diccionario biográfico de España (1808-1833) de los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista, Madrid, Fundación Mapfre, vol. II, 2010, pág. 2.218.

69AHN, Consejos, leg. 12.221.

70Morange, Una conspiración fallida, págs. 41-42.

71José Luis Comellas, Los primeros pronunciamientos en España, Madrid, CSIC, 1958, pág. 274.

72Nacida en Jaén en 1780, sería dama de la reina María Luisa de 1816 a 1823, secretaria de la Junta de Damas de la Sociedad Económica de Madrid desde 1818 a 1820 y del curador de la Inclusa y el colegio de la Paz de 1821 a 1822.

73ANSP, F/7, cartones 12.035 y 12.037.

74Modesto Lafuente, Historia general de España, Barcelona, Montaner y Simón, 1885, vol. V, pág. 450.

75AHN, Estado, leg. 3.109.

76AHN, Estado, leg. 3.132.

77Gaceta de Madrid, 98, 22-7-1823.

78AHN, Estado, leg. 3.132, exp. 6.

79AHN, Consejos, leg. 12.221.

80AHN, Estado, leg. 3.090.

81AHN, Consejos, legs. 3.652-3.653 y 9.366-9.367.

82Gaceta de Madrid, núm. 140, 30-10-1824.

83AHN, Consejos, leg. 12.348.

84Vega, Memorias, págs. 126-127.

85ANSP, F/7, cartón 12.089.

86Referencia al título del conocido dibujo de Francisco de Goya en el que se representa a una mujer encadenada, Madrid, Museo Nacional del Prado, D 4074 (fecha incierta, entre 1803 y 1824).

87Irene Castells Oliván, La utopía insurreccional del liberalismo, Barcelona, Crítica, 1989, págs. 221-223.

88AHN, Consejos, leg. 12.348.

89AHN, Consejos, leg. 12.202.

90AHN, Consejos, leg. 12.210.

91AHN, Estado, leg. 3.109.

92AHN, Consejos, leg. 12.230.

93AHN, Estado, leg. 3.076.

94The Literary Gazette and journal of belles letters, arts and sciences, núm. 646, pág. 380.

95ANSP, F/7, cartón 12.065.

96Germán Ramírez Aledón, «El exilio liberal valenciano (1823-1830)», en Actes del 2on Congrés Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i reconstruccions, Lleida, Universitat de Lleida-Recerques, 2002, págs. 609-610.

97ANSP, F/7, cartón 12.038.

98ANSP, F/7, carton 12.044.

99ANSP, F/7, cartón 12.076.

100ANSP, F/7, cartón 12.093.

101AHN, Estado, leg. 3.076.

102ANSP, F/7, cartón 12.095.

103Como afirmaba Susan Kirkpatrick (Las románticas), la posición del sujeto femenino en relación con la elaboración romántica de un lenguaje de la subjetividad a inicios del siglo XIX se mostró muy contradictoria, ya que, por un lado, parecía fomentarse una revalorización del sentimiento y de la individualidad que les permitía su incorporación tanto a lo artístico como a lo político, pero, por otro, las mujeres encontraron muy difícil asumir los modos y actitudes vitales de la individualidad romántica, que eran lo opuesto al ideal femenino abnegado y complaciente propios de la ideología de la domesticidad tradicional.