Читать книгу Cartas al general Melo: guerra, política y sociedad en la Nueva Granada, 1854 - Angie Guerrero Zamora - Страница 10

revisitando el golpe del general José María Melo

El combate de las interpretaciones

En la madrugada del 17 de abril de 1854 se inició en Bogotá uno de los acontecimientos políticos más significativos de la historia colombiana. Ese día, el general José María Melo cerró el Congreso, destituyó al presidente electo, José María Obando, y declaró cesante la Constitución de 1853. El evento pretoriano tuvo como apoyo la fuerza regular acuartelada en la capital (una compañía de artillería, un cuerpo de húsares y otras unidades de infantería) y la Guardia Nacional auxiliar, constituidas por los artesanos de la ciudad.

El golpe, que marcó el inicio de una guerra civil que duraría ocho meses, fue en realidad el punto de llegada de un proceso iniciado a finales de la década de 1840 y signado por las denominadas reformas liberales. No obstante, si algo ha caracterizado a las interpretaciones del acontecimiento que nos ocupa es la perspectiva coyuntural, común a los contemporáneos y a los historiadores. Uno de los primeros cronistas del evento fue Venancio Ortiz, quien en su Historia de la revolución del 17 de abril (aparecida en 1855 y reeditada en 1972) analizó las causas del golpe, pero ninguna se remontaba más allá de 1853. Además, Ortiz elaboró una narrativa condenatoria del acto militar al considerarlo un complot de Melo y Obando, motivado por ambiciones políticas y, como todas las guerras civiles, un asunto de empleomanía: multitud de individuos inutilizados para las artes y carentes de pan por falta de industria “aspiraban a los empleos públicos para vivir del tesoro nacional, y se arrimaban al primer ambicioso que, pretendiendo asaltar el poder, les ofrecía una colocación”, concluyendo que “[…] Este ha sido la fuente de nuestras constantes guerras”¹.

Entre los argumentos de Ortiz para explicar el golpe del general Melo como un acto perpetrado por una facción del Partido Liberal se encontraba la ley orgánica de milicias del 15 de julio de 1853, que según él atentaba contra las disposiciones electorales de la Constitución promulgada el mismo año, la cual había otorgado el sufragio universal masculino a los mayores de 21 años. En su opinión, la organización de la Guardia Nacional buscaba ahuyentar a los votantes para no ser reclutados o, en su defecto, constituir una fuerza armada de choque para evitar que los contrincantes votaran. Para corroborar su tesis, Ortiz afirma que tradicionalmente la organización de las guardias nacionales se hacía solo en tiempos de guerras civiles, y no en tiempos de paz².

Este argumento no resiste el examen histórico. Primero, desde la sanción de la Constitución de 1832, que reformó ley orgánica de milicias de 1826, cada administración presidencial procuraba que las guardias nacionales se mantuvieran organizadas y disciplinadas. Por lo tanto, la ley de julio de 1853 no constituía ninguna novedad. Segundo, su formación no generaba una fuga masiva de hombres de los poblados porque su sistema de alistamiento era voluntario y no forzoso, y estaba mediado por los notables de las parroquias, quienes fungían como comandantes del cuerpo, los cuales ofrecían recompensas y dádivas a los enrolados. En resumen, la organización de compañías de la Guardia Nacional en las parroquias no promovía la desmoralización en la población votante³.

Tercero, no es claro que las guardias hayan intervenido en las elecciones. Aun cuando faltan estudios que aclaren su injerencia, es un hecho que durante el siglo XIX latinoamericano las votaciones no fueron pacíficas. La alta participación de la sociedad en estos eventos, junto con la pugna entre las facciones, cada una de ellas buscando apoderarse de las urnas para evitar que los rivales sufragaran, terminaron muchas veces en reyertas, con heridos e incluso muertos⁴.

Sin duda, Venancio Ortiz, cronista de los sucesos de 1854, escribió desde su lugar de enunciación, es decir, como miembro de uno de los partidos triunfantes. El fracaso del proyecto melista promovió la proliferación de impresos por parte de los vencedores, que adoptaron la misma perspectiva, como el Resumen de los acontecimientos que han tenido lugar en la república, escrito por el general Tomás Cipriano de Mosquera, para quien los eventos del 17 de abril no eran más que un complot urdido entre Melo y Obando para deshacerse de la oposición en el Congreso y abolir la Constitución de 1853, que restaba facultades al Ejecutivo⁵. Su tesis fue, sin duda, compartida por la mayor parte de la élite política del momento.

Algunas memorias, como las de José María Samper y José María Cordovez Moure, se distanciaron de la tesis conspirativa, señalando que el verdadero autor del golpe fue el general Melo, quien lo emprendió como medio para librarse del juicio que el Congreso debía hacerle por el asesinato de un cabo de apellido Quiroz. Para ambos, el presidente era débil e incapaz de imponerse a sus conmilitones y, en última instancia, víctima de las circunstancias⁶.

Los diarios contemporáneos son otra fuente de información, a propósito de la forma en cómo se interpretaron los sucesos de 1854. El Diario político y militar de José Manuel Restrepo y el Diario de los acontecimientos de Popayán, desde el 16 de mayo en que el batallón 5.º se pronunció por la dictadura de Melo, relatan los eventos cotidianos acontecidos en diversas partes de la República durante la guerra. En general, tales piezas documentales no se distancian de la tesis canónica conservadora, aunque no hagan alusión a ella explícitamente, pues se refieren a los conflictos suscitados entre el Ejecutivo y Melo con el Congreso y la facción liberal gólgota⁷.

Respecto a los trabajos propiamente historiográficos, se encuentra el de José Manuel Restrepo, quien en su Historia de la Nueva Granada narra de forma cronológica los eventos del golpe de Melo y la guerra que desató, siguiendo las líneas generales presentes en su ya citado Diario⁸. Gustavo Arboleda, en su Historia contemporánea de Colombia, adopta también una narrativa cronológica y retoma la tesis conservadora de la conspiración de Melo y Obando. Este último texto es, sin duda, uno de los más completos en cuanto a la descripción del conflicto y a la forma como se vivió este en varias regiones del territorio nacional⁹.

La historiografía reciente ha prestado alguna atención al golpe de Melo con un ánimo revisionista frente a las interpretaciones canónicas decimonónicas, en especial la tesis del complot entre Obando y Melo. Entre estos, se destaca Alirio Gómez Picón, con el texto El Golpe militar del 17 de abril de 1854, considerado por algunos autores como “la contrahistoria sobre este periodo”¹⁰. Así mismo, en esta línea expositiva se ha ido abriendo paso la interpretación de que el golpe de Melo fue el primer intento de un gobierno de tipo socialista en el país, que buscaba reivindicar y dar un lugar a los sectores populares en un nuevo proyecto nacional, en alianza con los artesanos. Se afirma, incluso, que se trató del primer gobierno de esta clase en el continente. Además, la reacción contra el golpe, expresada en la alianza entre los conservadores y una parte de los liberales, ha llevado a sostener que fue el primer “frente nacional” de la historia del país¹¹.

Se puede decir que, en los últimos años, los hechos estudiados han sido interpretados como un intento de revolución popular frustrada por una coalición de los partidos y grupos de poder económico, quienes vieron comprometidos sus intereses por la alianza artesano-militar. Dicha posición se opone a la que, en su momento, los contemporáneos de los hechos asumieron como un complot por parte del presidente Obando y el general Melo, con apoyo de los sectores populares de la capital. Este cambio interpretativo sin duda se debe a la influencia de una corriente de la historia social: la historia de los pobres, las clases bajas y de los movimientos sociales, la cual se distanció de aquella visión tradicional de sectores populares pasivos que cuando se levantaban siempre se debía a la existencia de demagogos o una mano oculta que los animaba. La tendencia aludida le otorgó iniciativa a los grupos plebeyos e, incluso, capacidad, en ciertos momentos, de elaborar proyectos o ideas políticas radicales¹².

En este sentido, los análisis de las tres últimas décadas del siglo XX acerca de la participación política de los artesanos en 1854 se inscriben en esta perspectiva de una revolución social frustrada. Frente a estas dos interpretaciones, la revolución social frustrada y el complot entre Obando y Melo, una tercera corriente ha emergido, proveniente del creciente interés en los últimos veinte años por las guerras civiles en Colombia; dicho interés inició con la publicación de las Memorias de la II Cátedra Anual de Historia Ernesto Tirado Restrepo, dedicada a los conflictos civiles decimonónicos y su proyección en el siglo XX¹³. En general, estas nuevas investigaciones se caracterizan por su corte regional, es decir, abandonan la perspectiva nacional para centrarse en los matices provinciales que tuvieron las confrontaciones decimonónicas e intentan comprender desde ese ángulo las lógicas de los levantamientos. Sin desconocer que las guerras fueron luchas por el poder, el enfoque muestra cómo en cada contexto regional había también otras luchas que no pasaban necesariamente por las rivalidades de partido o caudillos¹⁴.

En el caso de la guerra de 1854, hay varios estudios que tienen en común situar los eventos de cara al contexto regional. En el suroccidente neogranadino, contamos con los trabajos de Alonso Valencia Llano, quien sitúa los conatos de apoyo a la dictadura en Cali y en otras localidades del Valle en el marco de una acción colectiva popular que tuvo sus raíces en la organización de las sociedades democráticas a finales de la década de 1840 y en los reclamos por las tierras de los ejidos apropiadas por los hacendados de la ciudad. En este contexto, el ascenso del liberalismo, y en especial el triunfo de José María Obando en las elecciones presidenciales, fue percibido por el liberalismo popular como un momento de reivindicación, parcialmente frustrado por el ascenso del conservador Manuel María Mallarino a la gobernación a finales de 1853. Estalló entonces en el Valle un conflicto partidista, según Alonso Valencia Llano, por la recomposición de los poderes locales, las reformas liberales y una creciente agencia de los plebeyos, vinculados tanto en las sociedades democráticas como a las guardias nacionales o derribando cercos y vapuleando conservadores en la oscuridad de la noche, reclamando su espacio en la arena pública. En este proceso se enmarcó el vacilante apoyo a la dictadura de Melo en la ciudad y los posteriores levantamientos en varios sitios del valle, después de la pacificación emprendida paradójicamente por el general liberal José Hilario López¹⁵.

Francisco Gutiérrez Sanín, en un estudio que pretende cubrir la República, pero que en realidad se restringe al ámbito capitalino, indaga el discurso del movimiento plebeyo entre 1849 y 1855 y los sentidos de pertenencia de los sectores populares, especialmente alinderados en las sociedades democráticas, que posteriormente apoyaron el golpe. Explora las demandas e intereses de los artesanos bogotanos que reflejan, según él, la existencia de programas políticos mucho más maduros, con implicaciones en el orden social y las formas como se representan a sí mismos en la arena pública¹⁶. En esta misma línea capitalina se enfoca el trabajo de Fabio Zambrano sobre el golpe de Melo, analizado como una tensión entre el ideario modernizante de los gólgotas, por un lado, y el proteccionismo de los artesanos vinculados a la facción liberal draconiana, por el otro. Esta tensión lo lleva a concluir que el conflicto de 1854 fue más político que económico, en tanto el librecambismo realmente poco afectaba la actividad del artesanado bogotano¹⁷.

Jorge Conde Calderón, en un amplio trabajo sobre la política en el Caribe colombiano en la primera mitad del siglo XIX, aborda los eventos melistas en la región. Su estudio identifica una creciente politización de los sectores populares, especialmente los artesanos mulatos y pardos de Cartagena, quienes tuvieron una función protagónica en la esfera pública local. Respecto al golpe, este se expresó en una enemistad de antaño entre el general Tomás Cipriano de Mosquera y el gobernador de Cartagena Juan José Nieto, quien tuvo un comportamiento displicente con respecto al general y una actitud complaciente por el efímero pronunciamiento de la guarnición veterana en la ciudad a favor de Melo. En el conflicto se alinderaron el cabildo cartagenero y los sectores populares contra el general caucano, desconociendo su autoridad. En todo caso, los eventos caribeños son confusos y el comportamiento de Nieto poco claro, pero las fracturas políticas locales fueron la caja de resonancia de los conflictos nacionales, y todo sugiere que el artesanado costeño poco interés tenía por el programa de sus pares capitalinos, siendo otros sus intereses para posicionarse a favor o en contra del golpe melista¹⁸.

En resumen, las memorias y relatos impresos durante el siglo XIX e inicios del xx sobre los eventos del golpe de Estado el 17 de abril de 1854 y la guerra que posteriormente se desató fueron escritos por los triunfadores. Por su parte, los nuevos trabajos elaborados por los historiadores profesionales inspirados en la historia desde abajo si bien dan una vuelta a las interpretaciones previas, en general no han consultado los archivos producidos por los melistas, salvo contadas excepciones, apoyándose por lo general en fuentes producidas por los triunfadores¹⁹.

Los trabajos de David Sowell, Armando Martínez y Carlos Camacho se inscriben a contrapelo de estas interpretaciones. En su estudio sobre el movimiento artesanal a lo largo del siglo XIX, Sowell afirma que los artesanos afiliados a las sociedades democráticas no tenían ideas socialistas, fue más bien un rótulo aplicado por sus enemigos para deslegitimarlos o unas expresiones retóricas publicitadas por algunos jóvenes liberales gólgotas en las democráticas, pero nada indica que fuese compartido por la base. Sobre los eventos de abril de 1854, señala la capacidad de los artesanos de amenazar la dirección de los partidos y el orden sociopolítico, siendo capaces de construir un lenguaje político propio a partir de los insumos que les proveyó el Partido Liberal (ideologías republicanas, socialistas, etc.). No obstante, Sowell cuestiona la sobredimensión dada por los historiadores a los artesanos en el golpe de Melo, una tesis retomada por Armando Martínez y Carlos Camacho, quienes concuerdan en resaltar el carácter preponderantemente militar del golpe del 17 de abril. El primero, Martínez, ha mostrado cómo las políticas antimilitares promovidas por los liberales gólgotas llevaron a un sector del Ejército regular, con apoyo de las milicias, a asumir un papel deliberativo en la arena pública. El segundo, Camacho, ha resaltado recientemente que los protagonistas del golpe fueron militares en servicio activo, invisibilizados por una “historiografía obsesionada por los artesanos organizados políticamente”²⁰.

El golpe del 17 de abril de 1854 en el contexto de las reformas liberales de medio siglo

Como se vio en el apartado anterior, en las últimas décadas las interpretaciones de izquierda, o las centradas en los sectores populares, han sido predominantes en lo relativo al golpe de Estado del general José María Melo. Independientemente de las posiciones ideológicas a partir de las cuales se construyen los marcos interpretativos del pasado, nos parece necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, el 17 de abril de 1854 se produjo un golpe de Estado porque ese día se cerró el Congreso, se apresaron varios diputados y se mantuvo recluido al presidente electo constitucionalmente²¹. Segundo, y a pesar de lo señalado, hay que cuestionar la caracterización del gobierno de Melo como dictadura, en tanto restableció la Constitución de 1843 e intentó ceñirse a ella, en la medida en que lo permitía la guerra civil, como lo expresan las diversas leyes y ordenanzas que emitió en su momento, la formación de un gabinete, la designación de gobernadores y el llamado a convocar una Convención Nacional para redactar una nueva carta²².

El hecho es que muchas de las intenciones institucionales de Melo se quedaron en el papel porque en la práctica el general dominó únicamente el altiplano cundiboyacense, alcanzando a extender parcialmente su gobierno por el nororiente (gracias a la campaña del coronel Dámaso Girón) hasta Bucaramanga. Pero la derrota sufrida en Pamplona el 26 de agosto de 1854 impidió a los melistas cimentar el nuevo orden político en el corredor montañoso de los actuales departamentos de Santander y Norte de Santander²³.

Igualmente, fue precario el control que tuvieron Melo y sus seguidores en el occidente de la sabana de Bogotá. Si bien la provincia del Tequendama logró ser ocupada para finales de abril de 1854, su control fue frágil por la presencia de guerrillas constitucionales. De hecho, la denominada división del Alto Magdalena retomó el control de ese territorio al tomarse La Mesa, la capital de la provincia, el 11 de septiembre. Idéntico fue el caso de Honda que, tras ser ocupada el 26 de abril por el jefe del Estado Mayor de la 1.ª División del Ejército de Melo, José María Barriga, cayó en manos de los constitucionales el 4 de mayo de 1854²⁴. Los ejemplos aludidos expresan las precarias bases de apoyo al occidente de la sabana de Bogotá por parte del melismo, que, por demás, fue una de las entradas de los ejércitos constitucionales²⁵.

Los efectos del golpe de Melo en el resto de las provincias de la Nueva Granada fueron precarios y desarticulados. En Popayán se presentaron conatos contra el gobierno provincial el 8 de abril de 1854, cuando corrió un rumor en la localidad sobre un golpe de Estado perpetrado por los gólgotas en Bogotá, donde supuestamente habían sido asesinados varios personajes de la ciudad. Por lo señalado, se suscitaron tumultos que avivaban al presidente Obando y al general Melo, mientras denostaban a la facción liberal gólgota y a los conservadores. Todo sugiere que era un plan dirigido por los liberales draconianos para ocupar la ciudad, con el apoyo de hombres del común y cuerpos de las milicias de las parroquias vecinas.

Los sucesos en Popayán sugieren que, a pesar de la desarticulación de que adoleció el golpe de Melo, sí existieron planes concertados con otras localidades. En el caso narrado, los eventos develaron una facción melista dirigida por los hermanos Cobo, los Alegría y los Ordóñez, los presbíteros Manuel María Alaix y Teodoro Sandoval, los abogados Andrés Cerón, Pedro José Constaín, Eulogio Fernández y el coronel Victoriano Nieto, todos ellos amigos personales de José María Obando²⁶. Dicho grupo debía tener información acerca de los planes golpistas de Bogotá, pues en los días siguientes asediaron con grupos armados los alrededores de la ciudad hasta que finalmente optaron por rendirse el 15 de abril, plegándose a un indulto²⁷.

Como era de esperarse, la llegada de la noticia del golpe de Melo a Popayán dio nuevos alientos a sus partidarios, quienes finalmente lograron, el 16 de mayo, incitar el pronunciamiento del batallón 5.º con el apoyo de la compañía de Guardias Nacionales de Calicanto. Sin embargo, la toma del poder fue efímera porque una coalición de milicias constitucionales, provenientes de las parroquias al sur de la ciudad, atacaron el cuartel el 21 de mayo, después de que fracasaran los intentos de diálogo. Tras un día de combate, los gobiernistas ocuparon la plaza y los melistas debieron refugiarse en el cuartel del batallón amotinado. A la mañana siguiente, se acordó un cese al fuego y la tropa veterana se entregó, no así un sector de democráticos liberales a la cabeza de Manuel Antonio Alegría, quienes se refugiaron en la hacienda de La Estancia, al norte de Popayán, donde resistieron varios días hasta ser sometidos el 2 de junio de 1854²⁸.

En Cali, los sucesos tuvieron otro tinte. Las noticias del golpe llegaron a la localidad el 28 de abril, desconcertando a las autoridades que, en principio, rechazaron el acto. Sin embargo, un día después la Sociedad Democrática respaldó los sucesos capitalinos y se manifestó en contra de la Constitución del 21 de mayo de 1853, de ingrato recuerdo para los liberales de la ciudad por haber perdido las elecciones para gobernador frente a un candidato conservador. En este caso, el papel protagónico fue el de las sociedades democráticas, que de tiempo atrás estaban enroladas en la Guardia Nacional y eran activas y deliberativas en la arena pública reclamando sus derechos, exigiendo la recuperación de las tierras ejidales apropiadas por los hacendados y participando en una acción colectiva conocida como el “perrero”, que consistía en vapulear en la oscuridad de la noche a los conservadores, derribar cercas y asaltar estancias rurales²⁹.

Finalmente, el 19 de mayo la Sociedad Democrática se pronunció a favor de la dictadura, apoyada por una facción del liberalismo, tomando fácilmente el control de la ciudad gracias a la Guardia Nacional. Por esa misma época, los liberales de Quilichao se levantaron en apoyo de Melo, buscando aliarse con los de Cali para enfrentarse a la resistencia constitucional establecida en Caloto el 1.º de mayo, donde en una amplia reunión de hombres notables y del común conformó la columna Torres. Por tal razón, los melistas de Cali decidieron enviar una fuerza armada en apoyo a los quilichagüeños, pero fueron batidos en la hacienda San Julián el 23 de mayo³⁰. La derrota cambió el juego de fuerzas en la región; los democráticos caleños debieron contrapronunciarse el 28 de mayo, restituir al gobernador y pasar a la defensiva por el asedio del que empezó a ser objeto su localidad por la columna Torres, comandada por Manuel Tejada, quien desplazó, según los contemporáneos, más de mil hombres hasta la parroquia del Rosario (hoy Jamundí) y dio el ultimátum de entregar la ciudad o, de lo contrario, la tomaría a sangre y fuego. El gobernador del Cauca, Antonio Mateus Garay, buscó mediar en el conflicto, pero fracasó en su intento de negociación en el sitio de Navarro el 4 de junio. Por esta razón, Tejada decidió obrar sobre Cali el 14 de junio, pero debió retirarse posteriormente para recibir más refuerzos, con los cuales obró nuevamente el día 17³¹.

El momento en que se aprestaba el asalto final de la ciudad, por parte de la columna Torres, coincidió con el arribo del general José Hilario López desde Ibagué, quien venía con el propósito de organizar una fuerza constitucional en el suroccidente y obrar con ella posteriormente sobre Bogotá. López logró concertar con los bandos en contienda, de modo que los democráticos de Cali se rindieron y entregaron la plaza. Lo que siguió fue una fuerte represión por parte de los constitucionalistas con la anuencia de López que, según algunos testigos, se portó peor que el español Francisco Warleta durante la Restauración monárquica. Los democráticos y sus líderes fueron encarcelados u obligados a enrolarse en las fuerzas constitucionales que debían marchar contra la capital³².

No obstante, diversos miembros de las democráticas de las localidades del Valle se mantuvieron en rebeldía hasta finales de 1854, promoviendo levantamientos conjurados por los constitucionalistas. Por su parte, a las poblaciones campesinas aledañas al río Cauca desde Bugalagrande hasta Cali, donde se refugiaron varias partidas de rebeldes, fueron reprendidas con fuerza³³.

También se presentaron alzamientos a favor de Melo en otras provincias, como en Antioquia y Cartagena. En la primera se caracterizó por estar comprometidos, supuestamente, los hermanos Miguel, Salvador y Andrés Alzate, unos oficiales antioqueños de filiación liberal que habían luchado en la guerra de Independencia, habían sido rebeldes en la guerra de los Supremos y combatido la rebelión conservadora de 1851. El movimiento inició con el asesinato del gobernador de la provincia de Antioquia (el liberal draconiano Justo Pabón) en un motín del cuerpo veterano de Guardia Nacional en Sopetrán, el 31 de mayo, y concluyó cuando los insubordinados, después de tomar Santa Fe de Antioquia, huyeron cuatro días más tarde ante la llegada de una fuerza de 700 hombres a la cabeza del gobernador de Medellín Mariano Ospina. Existían, pues, simpatizantes del golpe de Melo en la región, mas estos no eran lo suficientemente fuertes u organizados para constituir una amenaza al orden constitucional³⁴.

Cartagena, por su parte, era consideraba por la opinión capitalina como un bastión obandista. Los sucesos de Bogotá se conocieron en la ciudad a inicios de mayo de 1854, de manera que el día 5 de ese mismo mes se presentó un pronunciamiento a favor de Melo que encabezó el gobernador Juan José Nieto quien contó con apoyo de sectores populares y una parte de la guarnición. La presencia del general Mosquera, quien días antes había llegado al puerto procedente de los Estados Unidos, condicionó la continuidad del movimiento, pues dividió a los militares y resucitó un antiguo conflicto con Nieto, que intentó detener la formación del Ejército del Norte al negarle armas y suministros a los soldados, e incluso protagonizó una asonada con el objeto de impedir la salida del cuerpo armado de la ciudad, pero debió ceder cuando el veterano militar fue ratificado semanas después en la comandancia por el gobierno provisional de Ibagué. Si bien Mosquera señaló que el pronunciamiento del 5 de mayo fue a favor de Melo, la forma como se comportó el gobernador no fue clara y refleja la versión del vencedor sobre el vencido³⁵.

También se presentaron otros levantamientos más locales a favor de Melo, como en Ciénaga, Ocaña o Supía; infortunadamente es necesaria una revisión exhaustiva de los archivos para identificar las dinámicas de estos levantamientos. Por ejemplo, sabemos que en la última localidad hubo un pronunciamiento a finales de julio a favor de Melo, que fue derrotado el 30 de julio de 1854 por una coalición de fuerzas liderada, entre otros, por Federico Urrea y Juan de Dios Cuevas, quienes tienen en común que militaron posteriormente en el Partido Conservador. Todo indica que este breve levantamiento a favor de los hechos capitalinos de abril tuvo conexiones con las sociedades democráticas del valle del río Cauca, las cuales fueron fervientes activistas del golpe de Melo³⁶.

En síntesis, los levantamientos regionales a favor del general Melo fueron efímeros y desarticulados y sus promotores derrotados por las fuerzas constitucionales locales, ya que el Ejército constitucional apenas se organizaba en el Alto Magdalena. Todo ello indica la división del liberalismo regional y la falta de coordinación entre quienes orquestaron los pronunciamientos y la capital. Los indicios sugieren la existencia, antes del 17 de abril, de un plan trazado por la Junta Central Democrática de Bogotá para organizar un levantamiento en alianza con las sociedades democráticas provinciales, como también de reuniones en varios destacamentos militares para apoyar un supuesto golpe. Según Gustavo Arboleda, semanas antes de estallar el golpe, a consecuencia de una denuncia que recibió el presidente y general José María Obando sobre una conspiración militar encabezada por el coronel Melchor Corena, se hizo una reunión extraordinaria del alto gobierno en la casa del vicepresidente José Obaldía. En ella, Antonio del Real presentó como prueba de una trama conspirativa una circular con el nombre impreso de Francisco Antonio Obregón como director de la Sociedad Democrática de Bogotá, en que se excitaba a las otras “[…] sociedades democráticas a organizarse, armarse y estar listas a repeler la fuerza con la fuerza”. Este asunto, según Gustavo Arboleda, le hizo recordar a Obaldía “que uno de los democráticos le había llevado, con especiosos pretextos, correspondencia de la junta central, para dirigirla bajo su sello, y todos se convencieron de que esa circular había marchado bajo su sello del segundo magistrado de la nación”³⁷.

El caso de Popayán es un buen laboratorio de análisis para explicar la derrota del melismo en el resto del país, a pesar de los fuertes indicios de haber sido planeado con anterioridad. Una de las primeras razones del fracaso del movimiento en esa ciudad es que el pronunciamiento del batallón 5.º no contó con el apoyo de los jefes naturales³⁸ de las parroquias al sur de la capital. Los principales líderes de Timbío, El Tambo, La Horqueta, El Patía, entre otros, defendieron abiertamente la causa constitucional; ¿por qué? Todo indica que después del fracaso del levantamiento del 8 de abril las autoridades desplegaron un fuerte proselitismo para ganarse la adhesión de los líderes de las localidades, especialmente los comandantes de las guardias nacionales, como el coronel Agustín Pérez, ‘el Mono’, y el sargento mayor José María Sánchez, de Timbío, quienes, a pesar de ser liberales, terminaron apoyando al gobernador conservador Manuel de Jesús Quijano Ordóñez; así mismo sucedió con Santiago David, de El Tambo. Además, es posible que algunos de los comandantes que no dieron garantías de fidelidad a la causa hubiesen sido relegados del mando y en su lugar puesto a oficiales que tenían crédito entre los constitucionales, como el caso de la Guardia Nacional de la Sierra-La Horqueta, que durante el interregno de dominio liberal estuvo al mando de Santiago Valencia y Juan Bautista Sandoval (1850-1853), pero en los sucesos de abril de 1854 aparece nuevamente el coronel Jacinto Córdoba Muñoz a la cabeza de dicho cuerpo, quien había comandado en las décadas de 1830 y 1840 y fue relegado del cargo al iniciar la de 1850 por el liberalismo en ascenso por estar vinculado a la red política de la familia Arboleda Pombo. En esta misma lógica se inscribe la trayectoria de otros notables parroquiales, como Rafael y Manuel María Muñoz, desvinculados de las guardias nacionales de sus distritos, pero nuevamente llamados al servicio en la coyuntura política³⁹.

Por otra parte, la indecisión de José María Obando frente al golpe afectó drásticamente el movimiento insurreccional. Ello permitió que el proselitismo a favor de la causa constitucional calara hondo, incluso entre los obandistas, quienes, al no ver a su líder encabezando los eventos capitalinos y al decirse estar prisionero en Bogotá, se movilizaron a favor de los constitucionales.

Otro factor que contribuyó al fracaso del melismo a nivel regional fue la división del liberalismo, que terminó arrastrando un buen número de sus huestes al constitucionalismo. La fractura fue fatal porque si bien a nivel nacional se habla de la incisión entre gólgotas y draconianos, no se tienen estudios de la forma como se expresó a nivel local, pero sin duda existió y se reflejó en la forma como en Cali y Popayán, por ejemplo, las noticias capitalinas del 17 de abril fueron recibidas por miembros del mismo partido de forma diferente. Las narrativas liberales de Ramón Mercado y Manuel Joaquín Bosch lo dejan en evidencia, pero sin dar mayores pistas respecto de cómo esta fractura nacional se reflejaba en la localidad⁴⁰.

Esta panorámica descripción de la geografía melista indica que el golpe no tuvo los apoyos suficientes. Esta situación se debió a la imposibilidad de comprometer a Obando, la falta de apoyo al golpe en otras provincias y la ausencia de figuras civiles y militares notables en el proyecto. Es en este panorama que debe entenderse los esfuerzos del general golpista por ganarse la adhesión y vincular a su proyecto político ciertas figuras emblemáticas como el general José María Mantilla⁴¹.

Sin duda, la fuerte movilización popular que tuvo el efímero régimen especialmente en la sabana inhibió o, más bien, atemorizó a los sectores notables de la sociedad granadina, quienes desde hacía varios años cuestionaban la forma como una fracción del Partido Liberal movilizaba a los sectores populares por medio de las Sociedades Democráticas y su vinculación en las guardias nacionales⁴². Así mismo, cuestionaban las leyes liberales que decretaron la libertad de los esclavos y, posteriormente, otorgaron la plena ciudadanía a los hombres mayores de 21 años al sancionarse la Constitución del 21 de mayo de 1853. En varias provincias se vivió esta tensión, generándose choques y riñas callejeras que desembocaron en ciertos casos en batallas campales⁴³.

No debemos olvidar que la fundación de la llamada escuela republicana, el 25 de septiembre de 1850 en Bogotá, por jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional y el Colegio de San Bartolomé, con el objeto de publicitar las ideas liberales de la revolución de 1848, se formó al distanciarse de las Sociedades Democráticas de Artesanos y, como lo señala José María Samper, contra los excesos que tales sociedades cometían en el Cauca⁴⁴.

En resumen, las reformas liberales de medio siglo ampliaron la arena política a los sectores populares al vincularlos a las Sociedades Democráticas, las guardias nacionales y al otorgarles el derecho al voto universal masculino. Esta movilización no capitalizada totalmente por las facciones liberales despertó temores por parte de los grupos notables, tanto en la capital como en las provincias, en especial en las regiones donde se vivía una fuerte tensión social por conflictos raciales, como en las provincias del Cauca y del Caribe por conflictos de sus usos y derechos de tierras, así como en los territorios donde había resguardos o apropiación indebida de terrenos del común⁴⁵.

Dicha movilización promovió el cuestionamiento de los sectores plebeyos sobre las instituciones e ideas dominantes, aún modeladas por un marco hegemónico de antiguo cuño. Es decir, se rechazaron las estructuras coloniales supervivientes, representadas en la esclavitud, los estancos de aguardiente y tabaco, la deferencia social, entre otras⁴⁶. En este proceso, las ideas hegemónicas del antiguo régimen, que daban sustento tanto a la dominación como a la forma en que se expresaban los reclamos y se interpretaban los conflictos, fueron cambiando a lo largo de la primera mitad del siglo XIX por unas más republicanas basadas en la noción de la ciudadanía, los derechos y las garantías constitucionales⁴⁷.

La difusión de las ideas liberales a finales de la década del cuarenta por medio de las Sociedades Democráticas, la escuela, las guardias nacionales y espacios más informales como las galleras y otros sitios de reunión popular (pulperías, chicherías y plazas de mercado) ayudó a propagar las nociones republicanas e, incluso, ideologías más radicales. Tal difusión, según los contextos y sus conflictos, fue apropiada y resignificada por los sectores bajos, quienes se vieron identificados unos por el programa liberal, al promover la abolición de los estancos coloniales, otros por la liberación de la esclavitud y otros, incluso, por la posibilidad del comunismo territorial. Como lo ha analizado James Sanders al identificar formas de liberalismo y conservatismo popular en el Cauca grande, cada grupo, según sus experiencias e intereses, se apropió de las ideas republicanas en boga y las resemantizó según sus propias aspiraciones y necesidades⁴⁸.

El golpe de Melo catalizó estas aspiraciones populares; su ascenso pudo ser percibido por los sectores plebeyos como la oportunidad para que sus reclamos y aspiraciones fuesen atendidos. La ausencia de personalidades notables en el golpe obedeció al temor que despertó la movilización popular que desde años atrás hacía presencia en la esfera pública. Si bien contó con la participación de notables locales, como lo evidencian las cartas editadas en este libro, en general el régimen debió descansar en funcionarios provenientes de las filas del Ejército y de los artesanos⁴⁹.

Es, sin duda, por la fuerte presencia en la arena política de los sectores plebeyos del periodo y el apoyo de los artesanos capitalinos a Melo que las interpretaciones del fenómeno, aparecidas en las últimas décadas del siglo XX, han artesanizado el golpe. Es decir, han sobredimensionado la presencia de este grupo social, modelando las interpretaciones de diversos investigadores, quienes, influenciados por la historia social de corte marxista o popular, han considerado que la participación artesana comprometió un proyecto político alternativo, incluso han llegado a etiquetarlo de socialista. Pero desconocen que la simpatía que despertó el gobierno de Melo en otras regiones, así no lograse consolidarse, no fue necesariamente por artesanos, sino por un heterogéneo grupo de sectores populares, quienes vieron en el golpe la oportunidad política de alcanzar sus intereses, los cuales no pasaban por la reducción de los aranceles y otras medidas que reclamaban los gremios capitalinos de la época.

La artesanización, valga la expresión, del golpe de Melo expresa una visión centralista que tiene poco en cuenta a las provincias⁵⁰ e ignora la fuerte presencia de oficiales del Ejército regular, quienes han sido totalmente desconocidos en el proceso, a pesar de que los acontecimientos del 17 de abril fueron un acto claramente pretoriano, en los cuales los artesanos participaron como miembros de las guardias nacionales, es decir, bajo una institución militar.

En resumen, las reformas liberales de medio siglo son el proceso en el que se enmarca el golpe del general José María Melo. No obstante, hoy sabemos que las transformaciones sociales, económicas y políticas que se dieron en el periodo, tan publicitadas por sus principales promotores, los gólgotas, formaban parte de un proceso de larga data, las cuales tenían sus antecedentes en las denominadas “revoluciones atlánticas”. Además, ambos procesos, las revoluciones atlánticas y las reformas liberales, se vivieron de manera diversa en las regiones y difícilmente se percibieron de forma homogénea⁵¹.

Las reformas de medio siglo fueron un amplio paquete de medidas legislativas que buscaron derrumbar, según sus promotores, el edificio colonial al liberalizar el mercado de obstáculos tales como los estancos, los aranceles, desamortizar los bienes de manos muertas, eliminar los mayorazgos, las tierras comunales y la redención de censos eclesiásticos, entre otros⁵². También, transformaron la sociedad con la ampliación de la ciudadanía y los derechos individuales y colectivos como el voto universal masculino, la libertad de enseñanza, la libertad de imprenta y de asociación, la libertad de los esclavos y cualquier otra forma de servidumbre, la libertad religiosa y la separación de la Iglesia-Estado, entre otras⁵³.

La idea rectora de transformar la sociedad a partir de estas leyes e implementar un verdadero sistema republicano, el cual tenía como principal objetivo establecer un régimen que descansara en la soberanía popular, hacía necesario, según sus promotores, reducir el papel del Estado al otorgarle mayor autonomía al Legislativo y fomentar la descentralización administrativa y la autarquía de las provincias, como lo hizo la Constitución de 1853, que desembocó en el federalismo en los años sesenta del siglo XIX. De ahí la necesidad de dotar al ciudadano con todos sus derechos y despojarlo de cualquier tipo de servidumbre para hacerlo más activo de su destino y del ejercicio de la cosa pública por el bien común de su comunidad. Así mismo, era pertinente encargarlo de la defensa de la nación e integrarlo en las guardias nacionales bajo el principio de la ciudadanía armada, liquidando el Ejército permanente y erigir sin ninguna traba la libertad de prensa y de expresión, la veedora de las acciones estatales⁵⁴.

Pero el proceso tuvo sus contradicciones. Las medidas señaladas despertaron diversas expectativas y aspiraciones en los sectores plebeyos, las cuales se vieron frustradas en el corto y medio plazo. Las disposiciones económicas, como el tema de los aranceles, los distanció con los artesanos capitalinos, quienes consideraban que la liberalización del mercado los afectaba al no poder competir con las manufacturas extranjeras. La población afrodescendiente manumitida, además de anhelar su libertad, también deseaba convertirse en propietaria de las tierras y de las minas donde antes laboraban, algo que los liberales radicales no tocaron, a pesar de publicitar la idea del ciudadano propietario⁵⁵. La descentralización administrativa volvió fiscalmente inviable a varias provincias y las hizo presa, a algunas de estas, de luchas faccionales por el control político, como en los casos de Valledupar, Ocaña, Azuero, entre otras; muy distante de la idea del ciudadano agente del bien común⁵⁶. La abolición de los resguardos, salvo en algunas comunidades, fue rechazada por las parcialidades indígenas y, como en Pasto, terminó el Partido Conservador capitalizando su adhesión al convertirse en el protector de sus tierras⁵⁷. Similar situación se presentó con las medidas religiosas, que catalizaron al clero hacia el Partido Conservador.

En síntesis, las reformas liberales se vivieron de forma caleidoscópica en las regiones, un tema poco explorado respecto a la manera como se experimentó el proceso en lo local. Pero, en todo caso, terminó por promover un crisol de intereses y expectativas disímiles entre los sectores que vieron en el golpe de Melo la coyuntura para alcanzarlas, pero que difícilmente el melismo hubiese sido capaz de atenderlas todas si triunfaba. De ahí que seguir artesanizando el golpe militar de 1854 es privilegiar la mirada centralista del evento; es necesario entender las causas en aquellos sitios donde hubo simpatías por el melismo, así sus pronunciamientos fuesen efímeros.

En este orden de ideas, sin desconocer la movilización plebeya, el golpe de Melo fue un acto militar en respuesta a las medidas legislativas de una facción del liberalismo que buscaba liquidar el ejército a mediados del siglo XIX. En efecto, desde la construcción del Estado neogranadino en 1832, uno de los principales objetos de atención por parte de la élite civil dirigente, y que no eximió algunos militares como los generales José María Obando, José Hilario López, entre otros, fue lograr constituir unas fuerzas armadas sujetas al dosel constitucional. Para tales efectos, se “diseñó” una arquitectura de Estado en la cual las fuerzas armadas quedaban dependientes, en diversos ámbitos administrativos y jurisdiccionales, a los diversos poderes republicanos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Es decir, siguiendo las líneas interpretativas de Samuel Huntington, se buscó limitar o anular la autonomía de los hombres en armas al maximizar los poderes civiles. Esta política arrancó a inicios de la década del treinta al reducir el pie de fuerza del Ejército permanente y borrar y expulsar del escalafón militar a cientos de oficiales que habían sido deliberativos en la esfera pública. La política continuó en los siguientes años, manteniendo una fuerza armada relativamente baja frente a las necesidades de defensa y por evitar una pesada carga de gasto militar sobre la famélica hacienda púbica de aquellos años⁵⁸.

Por otra parte, se les otorgó a los diversos poderes públicos injerencia en varios ámbitos de la administración militar, como al Congreso, quien debía fijar el pie de fuerza permanente anual y el número de coroneles y generales en servicio, mientras que al Ejecutivo le correspondía designarlos. La contabilidad del ramo de los gastos militares se sujetó a la Secretaría de Hacienda, quien nombraba a un contador general encargado de revisar y glosar los gastos, esta misma práctica se replicaba en las cajas de guerra provinciales. Además, las guardias nacionales, a pesar de ser inspeccionadas por las comandancias militares del departamento o de los Estados Mayores divisionarios, su organización, disciplina y entrenamiento estaban sujetos a los gobernadores de las provincias. Finalmente, en temas de fuero militar y administración de justicia, punto de tensión del periodo, se percibe el esfuerzo de la justicia ordinaria de imponerse sobre la militar, al considerarse el fuero de guerra un privilegio inadecuado frente al ideario republicano⁵⁹.

La política en cuestión formaba parte de los lineamientos del republicanismo que, como ya hemos señalado, buscaba evitar toda forma de gobierno despótico, pues desde el siglo XVII se empezó a asociar a los Ejércitos permanentes como aliados de la monarquía, considerando que la mejor defensa de la nación descansaba en las milicias constituidas por los hombres libres, quienes se entrenaban los fines de semana. Esta tradición sobre la defensa de la patria modeló la organización de las fuerzas armadas en Estados Unidos y en Francia durante la Revolución francesa y estuvo presente en la Constitución gaditana de 1812⁶⁰.

La Nueva Granada no fue la excepción, durante los años veinte del siglo XIX un sector de la dirigencia política del periodo, vinculado al general Santander y conocido como el “Partido Socorrano”, lideró una campaña con el objeto de sujetar las fuerzas armadas a los poderes civiles y disminuir el militarismo en el gobierno y la esfera pública. Dicho proyecto logró cristalizarse con la desintegración de Colombia, que permitió reducir el pie de fuerza del Ejército permanente en los años treinta, como ya se mencionó⁶¹. Posteriormente, a finales de los años cuarenta, una nueva generación de jóvenes liberales, los llamados gólgotas, volvieron a publicitar con más ahínco las políticas antimilitaristas, pregonando liquidar, de una vez por todas, el Ejército permanente y dejar a los civiles encargados de la defensa de la nación como guardias nacionales. El asunto generó un fuerte debate en su tiempo, ya que un sector del liberalismo, los draconianos, con una visión más atemperada de los principios republicanos, rechazaron, entre otras cosas, la liquidación del Ejército. Además, lo consideraban improcedente, al ser las milicias un sistema más oneroso y que no daba muchas garantías de eficiencia frente a la fuerza regular. A este debate se sumaron algunos militares letrados, quienes, como el general Melo, patrocinaron un periódico para defender a su grupo de interés⁶².

Este proceso se inició en los años finales de la administración presidencial del general Tomás Cipriano de Mosquera, cuando se enfrentó al Congreso por sus políticas de reducción del pie de fuerza del Ejército, el cual ganó inicialmente el curtido militar al constituir la fuerza de zapadores, legitimando por este medio mantener un pie de fuerza en tanto se dedicaría a la composición de caminos. Pero a mediados de los años cincuenta el panorama político era diferente, el liberalismo se había afianzado después de triunfar sobre el levantamiento conservador de 1851, la Constitución de mayo de 1853 había sido expedida y el Congreso estaba en manos de los gólgotas y los conservadores. De ahí que la presidencia del general José María Obando tenía poco margen de acción y los más conspicuos representantes del liberalismo radical habían abierto un frente de lucha contra los militares y contra el mismo general Melo, el comandante de la guarnición militar de Bogotá, a quien se le estaba siguiendo un proceso por el asesinato de un cabo.

De hecho, según uno de los estudiosos del tema, la causa inmediata del golpe fue el proyecto de ley alternativo de Manuel Murillo Toro, que buscaba ponerle fin a la institución castrense neogranadina y a la carrera militar, que debía discutirse el 17 de abril. Un debate que no aconteció, justamente porque en la madrugada de ese día las compañías de artillería y las guardias nacionales se congregaron al grito “¡Abajo los gólgotas!” y al son de un bambuco tocado por la banda militar, con el que se inició el golpe del general Melo y se puso fin, durante unos meses, a la Constitución de 1853 y se restableció la de una década atrás. Además, Melo envió partidas a capturar tanto a los representantes del Congreso como a otros individuos considerados opositores y, al amanecer, despachó una comisión al palacio presidencial integrada por Francisco Antonio Obregón, Camilo Rodríguez y Miguel León “para ofrecerle al presidente el mando supremo, rogándole que se pusiera al frente la revolución y declarara cerrado el Congreso Nacional. Pero el general Obando rehusó el ofrecimiento, con lo cual el Ejército proclamó presidente al general Melo y cristalizó así la dictadura”⁶³.

Los hombres de Melo

¿Quiénes fueron los oficiales seguidores de Melo? Sin duda, responder la pregunta implicaría una pesquisa documental exhaustiva en los archivos de la Secretaría de Guerra y Marina que rebasarían los objetivos de este trabajo. Sin embargo, se puede afirmar, con base en la información parcial disponible sobre las personas comprometidas en los hechos del 17 de abril de 1854, que eran militares de carrera, es decir, que habían hecho de la milicia su modo de vida y dependían para su sustento y el de sus familias del salario que ganaban. La afirmación se infiere por el largo tiempo que estuvieron en servicio activo, algunos desde los tiempos de las guerras de Independencia; además, tenían simpatía por el liberalismo y por el movimiento artesanal capitalino. Lo anterior nos lleva a concluir que las reformas antimilitares promovidas por los gólgotas afectaban directamente su sustento material, lo cual los llevó a galvanizar sus intereses con los artesanos y apoyar el acto pretoriano que lideraba uno de sus generales.

Los militares identificados en el golpe de Melo fueron cuatro generales (José María Mantilla, Martiniano Collazos, José María Gaitán y José María Melo); seis coroneles (Rafael Peña, Ramón Acevedo, Manuel Martínez Munive, Manuel Jiménez, Fernando Campos y Salvador Camargo); nueve tenientes coroneles (Mariano Posse, Antonio María Echeverría, José Manuel Lasprilla, Juan Nepomuceno Prieto, José Valerio Carazo, Alejandro Gaitán, Santos García y José Antonio Sánchez, Dámaso Girón); diez sargentos mayores (de los cuales hemos identificado a Juan de Jesús Gutiérrez, José Manuel Calle, Venancio Callejas, Manuel Antonio Carvajal y Tenorio, Diego Castro, Benito Franco, José del Rosario Guerrero, José María Barriga); 27 capitanes, 23 tenientes y 54 alféreces⁶⁴.

Esta lista es parcial, sin embargo, nos permite plantear ciertas consideraciones. Lo primero que indica es el significativo número de militares comprometidos que se encuentran en los cargos de jefaturas (coroneles, tenientes coroneles y sargentos mayores) frente a un reducido número de generales. No obstante, para entender las razones de su iniciativa política es necesario recurrir al método prosopográfico, con el objeto de identificar algunas regularidades presentes en cada uno de estos hombres e intentar explicar su acción contenciosa.

Sobre el grupo de los generales comprometidos en los hechos, la evidencia empírica sugiere que fue accesoria o sin mayor relevancia, varios de los cuales se unieron después de acaecido el golpe. El más prestigioso fue el general Mantilla (por ser veterano de las guerras de Independencia, mantenerse siempre al lado de la legalidad, a pesar de que varios de sus partidarios se lanzaron a las guerras civiles, y por su desempeño en el Congreso), vinculado por insistencia de Melo. Es decir, el general más emblemático del bando dictatorial entró tardíamente a los sucesos y, sin duda, su desempeño en el gobierno de facto fue cosmética⁶⁵.

Martiniano Collazos, un curtido militar de la Independencia, alcanzó su generalato en 1841 por los servicios prestados al gobierno en la guerra de los Supremos; era un oficial sin prestigio, problemático, que, según los contemporáneos, se hallaba resentido con los ricos agiotistas porque en repetidas ocasiones se vio en la necesidad de vender a bajo precio las cartas de crédito que se le daba como pago de su pensión. Disgustado con este trato y, sin duda, preocupado por las políticas antimilitares de los gólgotas terminó adhiriéndose al bando melista el 11 de julio de 1854, cuando las fuerzas de Dámaso Girón ocupaban a El Socorro; su pronunciamiento en Bucaramanga fue efímero, pues la reacción constitucional no permitió prosperar el acto; falleció ese día. Por lo señalado anteriormente, su participación en los eventos fue nula⁶⁶.

José María Gaitán, el más claro exponente de este grupo, era liberal, afiliado al bando draconiano, opositor a la dictadura de Rafael Urdaneta (1830-1831), cercano a la agrupación santanderista y rebelde en la guerra de los Supremos (1839-1842); por este último hecho fue expulsado del país por traición a la patria. Retornó en 1847 por un indulto de la administración de Mosquera. Gracias a José Hilario López entró en servicio activo, quien también lo ascendió a general en 1851. Su vinculación con los hechos del 17 de abril no es clara, pero fue borrado del escalafón militar el 22 de diciembre de 1854 y, a pesar de sus protestas, se demostró su simpatía por la dictadura, pues Gaitán solicitó constantemente a Melo la jefatura militar del Norte, pero no la obtuvo, según parece, porque Melo quiso mantenerlo al margen de su gobierno, pues no quería un general que podría hacerle sombra⁶⁷.

En síntesis, la participación de los generales en el golpe de Melo fue marginal. Por lo tanto, la responsabilidad recae en los coroneles, los tenientes coroneles y los sargentos mayores, un sector de la oficialidad que, según las ordenanzas y leyes militares, se encargaban de los mandos de las jefaturas y comandancias militares de las provincias, de los batallones o eran ayudantes o miembros del Estado Mayor o de las divisiones o columnas del Ejército. Es decir, hombres quienes debían tener cierta experticia en conocimientos de tema castrense (justicia, contabilidad y ordenanzas militares) para encargarse del tren administrativo, como también de la organización y disciplina de las unidades bajo su mando. Pero más interesante es afirmar, después de analizar sus vidas a lo largo del siglo XIX, que estos hombres no procedían de los estratos sociales más altos de la sociedad; no eran aristocráticos. Una tesis que en Colombia ha hecho escuela, como muchas interpretaciones de nuestro pasado, con mucho sentido común y poco trabajo empírico⁶⁸.

La afirmación de que la oficialidad que apoyó el golpe del general Melo procedía de estratos no privilegiados se desprende al mirar sus vidas a partir de 1810 en adelante, cuando la gran mayoría se vincularon al Ejército patriota en calidad de cadetes o empezaron en los grados más bajos de la oficialidad, inclusive como soldados, como por ejemplo Mariano Posse o Juan Nepomuceno Prieto. José Manuel Calle es quien mejor representa este proceso, empezó su carrera en calidad de aspirante el 22 de marzo de 1820, ascendió por todos los rangos por tiempo y méritos en el servicio militar: sargento 2.º, el 1.º de agosto de ese año; sargento 1.º, el 1.º de abril de 1822; alférez, el 24 de septiembre de 1824; teniente, el 16 de febrero de 1827; capitán, el 21 de octubre de 1851; sargento mayor, el 4 de julio de 1852; y teniente coronel, el 22 de julio de 1862⁶⁹. Señalar este punto es importante porque, sin duda, nos permite contrastar con aquellos quienes procedían de estamentos privilegiados y que empezaron en calidad de oficiales (de alférez 2.º a capitán), como fue el caso del general Mosquera, quien entró al servicio como edecán del general Bolívar, o Julio Arboleda, quien se inició en las armas durante la guerra de los Supremos con el grado de capitán y secretario de Mosquera. Otros ejemplos de estos casos se podrían señalar, pero lo que queremos resaltar de los militares comprometidos con Melo es que procedían, en su mayoría, de grupos sociales bajos o medios. Su condición social explica el por qué entraron en los grados más bajos de la milicia y por qué a muchos de ellos sus ascensos se les hicieron a lo largo de un buen tiempo de servicio, como el caso de José Manuel Calle. Otro ejemplo es el de Domingo Castañeda, quien fuera sargento a inicios de los cuarenta y ascendido al alférez 2.º por sus servicios en varias unidades del suroccidente, entre ellas en el Batallón 1.º de Infantería, con el que, entre 1846 y 1848, permaneció acantonado en Pasto por las tensiones fronterizas con el Ecuador. Después de esto, Castañeda hizo la campaña del sur contra los rebeldes conservadores en 1851, en la provincia de Túquerres, ejerciendo las funciones de ayudante de la 1.ª División y en 1852 obtuvo el ascenso de capitán por sus servicios al gobierno. Trasladado a la capital de la República, se debió comprometer con Melo, pues figura de edecán del general, y se halló entre los defensores de Bogotá hasta rendirse el 4 de diciembre de 1854⁷⁰.

El trasegar de varios de los militares melistas es similar; Domingo Delgado, era capitán graduado de mayor cuando se comprometió con la dictadura; venía sirviendo en el Ejército como mínimo desde 1834, cuando Toribio Lozada Peralta, desde El Socorro, el 19 de agosto de 1854, le escribió al general Melo para que su ascenso a sargento mayor fuese reconocido⁷¹. Es elocuente, pues, que varios de los seguidores de los hechos del 17 de abril se encontraban entre los grados de capitán o sargento mayor a mitad de siglo, a pesar de que, en su mayoría, venían en la carrera de las armas desde los veinte, o antes (Venancio Callejas, Manuel José Carvajal y Tenorio, Diego Castro, Benito Franco, Dámaso Girón, José del Rosario Guerrero, Pedro Arnedo, Juan de Jesús Gutiérrez, José Manuel Calle, Benito Franco, José María Barriga, entre otros); o eran tenientes coroneles (Manuel Jiménez, Fernando Campos, Mariano Posse, Antonio María Echeverría, José Manuel Lasprilla, Juan Nepomuceno Prieto, José Valerio Carazo, Alejandro Gaitán, Santos García y José Antonio Sánchez)⁷².

Lo anterior significa que los oficiales comprometidos con Melo venían de largo tiempo ejerciendo el oficio de las armas y, como no procedían de sectores privilegiados (un indicador es su lento ascenso en el escalafón militar), dependían de su salario para su sobrevivencia. Esto los hizo permanecer en la milicia de forma regular tanto en tiempos de paz como de guerra, ocupando cargos burocráticos en la administración militar o sirviendo en diversas unidades acantonadas en los principales departamentos militares del país⁷³. El hecho de ser militares de carrera los colocaba en una condición de vulnerabilidad frente a cualquier política que los liberales radicales a mediados del siglo XIX publicitaban en relación con el Ejército⁷⁴.

Por ejemplo, Diego Castro fue alférez a finales de los treinta, teniente 2.º durante los cuarenta, prestó servicio en los cuerpos de la 1.ª columna en Pasto, Popayán, y a veces al norte del Valle. Fue ascendido por la Secretaría de Guerra a teniente 1.º (septiembre de 1847), sirvió con ese grado en el batallón número 2.º, con el cual hizo campaña en el sur contra los rebeldes conservadores de 1851, desempeñando por un tiempo la comandancia de Yacuanquer (noviembre de 1851); durante esta guerra tuvo varios ascensos, pues en febrero de 1852 era sargento mayor. Trasladado al centro del país, se comprometió con Melo, promoviendo la noche del 16 de abril, horas antes de los sucesos, la distribución del parque militar entre los democráticos.

Después del golpe, Castro fue comisionado para capturar a los miembros del gobierno que se hallaban reunidos con el presidente Obando en el palacio. Se halló en Tíquisa (20 de mayo de 1854), Zipaquirá (21 de mayo) y persiguió a las fuerzas de Melchor Corena derrotadas por Dámaso Girón en Aposentos (29 de mayo). Se encargó de pacificar y controlar la disolvente provincia de Tequendama, territorio adverso a la dictadura (julio de 1854). Se destacó como uno de los comandantes más briosos que tuvo Melo, al punto de que, cuando el general decidió rendirse con otros oficiales y seguidores el 4 de diciembre de 1854, Castro llegó al cuartel de San Francisco y dijo: “Los que quieran luchar y morir conmigo, síganme; yo no deseo caer prisionero”. Algunos lo siguieron, montó a caballo, tomaron la calle del comercio y al doblar a Santo Domingo, cayó muerto⁷⁵.

En resumen, los oficiales golpistas eran militares de profesión, pues todo su ciclo vital se había hecho en la milicia, ganando experticia y conocimiento en el campo militar y, como muchos, habían entrado jóvenes en la carrera de las armas durante las guerras de Independencia (algunos a una edad en la que aún se pueden considerar niños, como Alejandro Gaitán, a los 10 años). Al concluir estas guerras, a finales de los veinte, difícilmente podían dedicarse a otro oficio, por lo que terminaron haciendo su vida en el Ejército, como son los casos de los coroneles Ramón Acevedo Calderón, Rafael Peña o Manuel Martínez Munive⁷⁶; y los tenientes coroneles Dámaso Girón, Mariano Posse, Juan Nepomuceno Prieto, Alejandro Gaitán, entre otros⁷⁷.

Frente a sus posiciones políticas, el grupo tiene ciertas tendencias; por lo general fueron veteranos de las guerras de la Independencia, además constitucionalistas en 1830 y opuestos a la dictadura de Rafael Urdaneta en 1831. Estos son los casos de Ramón Acevedo Calderón, Rafael Peña, Manuel Martínez Munive, José Manuel Calle, José del Rosario Guerrero, Mariano Posse, José Valerio Carazo, Juan Nepomuceno Prieto o Alejandro Gaitán, entre otros. Uno de los casos representativos de este grupo era el riohachero Dámaso Girón, quien entró a las filas republicanas en la Marina, hallándose, entre otras acciones, en la batalla naval de Maracaibo (1823); pasó al sur e hizo la campaña contra la invasión peruana (1829). Retornó al centro del país y defendió al gobierno constitucional de Joaquín Mosquera y Domingo Caicedo (1830), siendo de los derrotados del Santuario y Puente Grande en Funza.

Girón fue prisionero y condenado como soldado en las tropas del coronel Pedro Murguenza, encargado por Urdaneta de someter la resistencia contra su gobierno en el Cauca, encabezaba por los generales José María Obando y José Hilario López. Por estas circunstancias estuvo en la batalla del Papayal o el Badeo cerca de Palmira (10 de febrero de 1831), donde, derrotados los urdanetistas, fue aprovechado por Girón para cambiar de bandera. Marchó al centro del país nuevamente, esta vez a restablecer el orden constitucional y luego acompañó a Obando en la recuperación de la provincia de Pasto (1832), que en esos tiempos se había agregado al Ecuador⁷⁸.

Su posición contra Urdaneta los hizo muy cercanos a la administración presidencial de Francisco de Paula Santander, por lo que fueron recompensados con cargos de gobernadores o comandancias militares. En el caso de Dámaso Girón, en 1834 se encontraba en servicio en la sabana de Bogotá y formó parte de los oficiales que atendieron la conspiración de Sardá; estaba entre los que capturaron y dieron muerte violenta a Mariano París, quien estaba implicado en el complot. Posiblemente esta posición, ganada por varios oficiales bajo las órdenes Santander, empezó a ser erosionada con el ascenso de Ignacio de Márquez a la presidencia de la República, llevando a varios a pronunciarse contra el gobierno en la guerra de los Supremos, como los coroneles Ramón Acevedo Calderón, José Manuel Calle, Manuel Antonio Carvajal y Tenorio, Mariano España, Rafael Peña, Juan Bautista Castillo y Sinforoso Paz⁷⁹ o Cristo Velandia.

Velandia es un buen ejemplo de las experiencias que varios militares compartieron, ya que su vinculación con la rebelión los llevó a ser expulsados del país (los más afortunados, pues varios fueron fusilados) o condenados a servir como soldados, que es el caso en mención; Velandia, a lo largo de la década del cuarenta, estuvo en varias unidades regulares pagando su condena y, al concluirla, continuó en la milicia, ascendiendo nuevamente en el escalafón militar hasta alcanzar el grado de alférez (1851).

Como oficial de la Guardia Nacional de Buga hizo campaña en defensa del gobierno liberal en varios puntos del suroccidente y posteriormente sirvió en el batallón 1.º de línea (1851-1853), ganándose la confianza y el respeto de sus superiores para ser encomendado del detall de su cuerpo. En aquella campaña pasó de alférez 2.º a 1.º y luego a teniente. Su cuerpo marchó al centro del país y se halló entre las fuerzas melista en la acción de Tiquisa, y después en varias campañas al occidente de la sabana de Bogotá y en Tunja⁸⁰.

Es necesario señalar que no todos los melistas fueron rebeldes durante la guerra de los Supremos⁸¹. Sin embargo, los comprometidos en este conflicto fueron exiliados y borrados del escalafón militar, retornando al país durante la administración de Tomás Cipriano de Mosquera (entre 1847-1849) gracias a varios indultos sancionados por el general caucano⁸². Pero, salvo algunas excepciones, todos entraron en servicio activo durante la presidencia de José Hilario López, quien, de paso, los promovió en el escalafón militar, a algunos antes de la rebelión conservadora de 1851 y a otros después de dicho levantamiento⁸³.

Es en este punto, en el momento de la llegada de los gobiernos liberales de medio siglo, donde existe una mayor regularidad en los oficiales comprometidos con el golpe del 17 de abril de 1854, independientemente de si fueron constitucionales o urdanetistas (1830 y 1831) o rebeldes o gobiernistas (1839 y 1841), salvo contadas excepciones de las que se hablarán más adelante, sirvieron al gobierno liberal. Lo apoyaron durante la rebelión conservadora de 1851 y, en general, se beneficiaron de los ascensos a grados de jefatura militar, e incluso de general, que el régimen les otorgó. Es posible que también se favorecieran del sistema pensional cuando por diversas circunstancias se retiraron del servicio activo.

En este orden de ideas, se puede afirmar que buena parte de la oficialidad melista tuvo cierta filiación con el liberalismo e incluso es posible rastrear estos antecedentes en la familia Gaitán Rodríguez, que, sin lugar a duda, fue una de las principales exponentes de esta tendencia. Recordemos que su madre fue Carmen Rodríguez, una activa mujer en la esfera política desde los tiempos de la crisis de la monarquía, mantuvo cierta correspondencia y amistad con Bolívar, se distanció de él durante la dictadura y luchó contra el gobierno de facto de Urdaneta. Sus hijos, tres varones, todos militares, y dos hijas, siguieron la línea política de su madre, todos estuvieron contra la dictadura bolivariana, contra el gobierno de Urdaneta, promovieron el restablecimiento del orden constitucional, fueron rebeldes en la guerra de los Supremos y, salvo el caso de Domingo Gaitán, quien murió en su exilió en el Perú en la batalla de Ingaví (1842) en el Ejército de Agustín Gamarra, todos regresaron a finales de los años cuarenta⁸⁴. Alejandro se comprometió activamente con las sociedades democráticas de Bogotá y, como sabemos, terminó simpatizando con el golpe de Melo⁸⁵. Sin embargo, la trayectoria liberal de estos hermanos, junto con los demás melistas, se evidencia en que terminaron luchando contra el gobierno de la Confederación de Mariano Ospina Rodríguez, algunos ya como oficiales prominentes de los Estados Soberanos recientemente emergidos en el nuevo orden político a finales de la década de los cincuenta.

Un ejemplo ilustrativo de los militares de cuño liberal es Juan de Jesús Gutiérrez, de quien solo tenemos información al concluir la década del cuarenta, pero, por el grado que ostentaba hacia 1850 de sargento mayor, debía haber estado en servicio en los últimos quince años o más. Gutiérrez defendió al gobierno de López contra la rebelión conservadora de 1851, haciendo operaciones contra los rebeldes de la sabana de Bogotá bajo las órdenes de Joaquín Barriga. Permaneció en servicio en la capital y durante los enfrentamientos que ocurrieron entre los miembros de las sociedades de artesanos y los de casaca o notables de la capital, se llegó a decir que beneficiaba a los primeros cuando intervenía en estos enfrentamientos. Se unió al golpe de Melo y fue ascendido a coronel. Sin lugar a duda, fue uno de los militares más capaces con el que contó el gobierno del 17 de abril; lo demostró en la batalla del alto de los Cacaos o de Petaquero (30 y 31 de octubre de 1854), donde frenó el avance del Ejército constitucional a la cabeza del general Mosquera, quien debió reconocer los dotes del joven oficial. Concluida la dictadura, fue hecho prisionero e indultado con la condición de salir del país por siete años (6 de junio de 1855), pero semanas después se le rebajó la pena a la mitad y, a mediados de julio, cuando estaban listos para partir a la costa atlántica, se fugó con Ramón Ardila y Manuel Jiménez.

Gutiérrez se vinculó al liberalismo a finales de la década, fue parte de los candidatos seleccionados por la junta eleccionaria de Cundinamarca para diputado del departamento (1859); fue nombrado por la Asamblea Legislativa de Santander jefe departamental de El Socorro (1859), siendo parte de los oficiales de aquel Estado que defendió al gobierno de la invasión conservadora proveniente de García Rovira (agosto de 1859). Participó en el combate de Concepción (29 de agosto de 1859), donde las armas liberales triunfaron. Nuevamente defiende al Estado, esta vez de la guerra que le declaró la Confederación, enfrentándose al Ejército conservador dirigido por Pedro Alcántara Herrán en el combate de Galán (llamado en ese periodo La Robada) el 29 de julio de 1860, momento en el que falleció. Si bien el triunfo se lo llevaron los liberales, la batalla fue fatal para el régimen porque perdieron al militar de más experiencia y, posiblemente, una de las futuras espadas del liberalismo⁸⁶.

Lo señalado anteriormente sobre la posición claramente liberal de ciertos oficiales no fue exclusivo de Juan de Jesús Gutiérrez, varios de los comprometidos con el melismo terminaron defendiendo la causa liberal contra el gobierno de la Confederación presidido por Mariano Ospina Rodríguez, entre ellos Ramón Acevedo Calderón, Rafael Peña, Pedro Arnedo y Juan Cristo Velandia, quienes sirvieron en el Ejército del Estado de Santander, José Manuel Calle y José del Rosario Guerrero, vinculados al gobierno de Mosquera en el Cauca; Manuel Antonio Carvajal, quien falleció en la acción de La Polonia en 1861; José María Dulcey, un melista del Valle comprometido en las democráticas de Cali y Palmira. Pero, como toda regularidad tiene sus discontinuidades, Habacuc Franco y Benito Franco lucharon en esa guerra a favor del conservatismo y del gobierno de la Confederación⁸⁷.

También esta regularidad se presenta en otros melistas menos visibles, en el sentido de que no contamos con mucha información empírica sobre los personajes. Este es el caso de Ricardo Brun, oficial de artillería, quien se encargó de dichas piezas en la batalla de Tiquisa, sirvió durante toda la dictadura y fue capturado el 4 de diciembre en Bogotá, pero logró fugarse a principios de febrero de 1855. Se dedicó luego al comercio contando con conexiones en el puerto de Buenaventura, formó parte de los liberales que dominaron dicho fondeadero del Pacífico en marzo de 1861 y, según informes de los contemporáneos, cometió gran cantidad de arbitrariedades con las mercancías de sus opositores políticos; además de sacar enormes ganancias con la especulación de la sal⁸⁸.

No obstante, hay que señalar que el melismo contó con casos que no se ajustan a ninguna de las regularidades expresadas, estos son los casos de Manuel Jiménez y José del Rosario Guerrero. El primero era un militar venezolano del pueblo de La Cruz, quien luchó en la guerra de Independencia en diversas campañas desde Venezuela hasta Perú. Solicitó, desde Venezuela, la admisión al Ejército granadino en 1842, siendo aceptada favorablemente con el grado de teniente coronel por haber servido en los ejércitos de Colombia.

Jiménez apoyó al gobierno liberal durante la rebelión conservadora de 1851 y se comprometió con el golpe, siendo jefe de la caballería del Ejército melista. Se encontraba en Zipaquirá cuando acontecieron los eventos del 17 de abril, el gobernador de la provincia, José María Martínez, temiendo traición del militar, lo capturó y lo remitió a Guateque, pero fue liberado por los dictatoriales y a la cabeza de ellos marchó y derrotó en el puente de Sisga al gobernador. Fue el encargado de defender a Zipaquirá (20 de mayo de 1854) de las fuerzas constitucionalistas que desde Tunja habían salido a recuperar a Bogotá y, posteriormente, persiguió a los últimos restos de las fuerzas expedicionarias de la fracasada campaña constitucional procedente de Cúcuta al mando de Melchor Corena, derrotada en Aposentos (29 de mayo de 1854).

El militar venezolano marchó, a finales de julio de 1854, sobre el Magdalena con unos 500 hombres, el 30 de ese mes ocupó Guaduas y se dirigió a Chaguaní, pero, al no contar con piraguas o barquetas para atravesar el Magdalena, regresó al puerto del Platanal y después retornó a Facatativá. El 30 de septiembre se encargó de operar contra la guerrilla de Ardila a consecuencia de las diversas acciones de dicha partida, arrasando la hacienda de su líder en las inmediaciones de Facatativá. Se rindió con Melo el 4 de diciembre de 1854, otorgándosele un indulto el 6 de junio de 1855 con el compromiso de salir del país por siete años, cuando se alistaba su destierro por la costa Caribe, se fugó⁸⁹.

José del Rosario Guerrero, según Gustavo Arboleda, era de Cúcuta. Sirvió a la causa de la emancipación desde 1819 haciendo diversas campañas en el sur y, posteriormente, estuvo en Perú. Debió residenciarse en la costa del Pacífico ya en los treinta, fue el comandante de la campaña que los comerciantes del puerto de Buenaventura financiaron contra los rebeldes de Iscuandé durante la guerra de los Supremos (junio-octubre de 1841). Por sus conocimientos de la región, el gobierno nacional lo nombró comandante de armas de Tumaco y Barbacoas, y luego de Iscuandé (1842-1844), con el grado de sargento mayor.

Era, sin duda, un hombre que dependía de su salario, pues son reiteradas las quejas de que se le cancelaran los meses atrasados, así como de que se le asignara una parte de este para su familia en Cúcuta. En 1851 se encontraba en Patía apoyando al gobierno en las correrías que hacía contra los rebeldes conservadores de aquel valle, pero debió tener un comportamiento poco claro para que, en ese año, el juez letrado de Popayán le siguiese un proceso judicial por rebelión e intento de asesinato. Se encontraba en Popayán en 1854 cuando se pronunció el batallón 5.º, siendo uno de sus líderes (16 de mayo de 1854). No sabemos la suerte que después corrió, pero aparece como comandante de las fuerzas del estado de Boyacá y luego participó en las guerras federales bajo las banderas liberales en el Cauca y bajo el mando del batallón Palacé⁹⁰.

Los casos en mención no se ajustan al derrotero identificado en los hombres seguidores de Melo. Pero sin duda creemos, como lo demuestra la correspondencia de José del Rosario Guerrero, que dependían para vivir del servicio militar, de manera que las políticas antimilitaristas de los gólgotas, sin duda, les despertó temores. Esta es la situación de Jiménez, quien, desde 1842, se había radicado en la Nueva Granada y, siendo reinscrito en el escalafón militar, dependía para vivir del oficio castrense.

En conclusión, consideramos que el golpe militar de José María Melo, el 17 de abril de 1854, fue una acción contenciosa liderada por los militares. Pero, paradójicamente, la interpretación general de las últimas décadas ha sido ser una acción liderada por los artesanos y no se ha prestado atención al hecho de que el evento fue promovido por los hombres en armas, en los cuales los artesanos participaron enrolados en la Guardia Nacional.

A partir de hacerles un seguimiento del ciclo de vida de los militares implicados en el golpe, podemos concluir que los participantes de los hechos pretorianos eran, en su mayoría, veteranos de las guerras de Independencia, procedentes de estratos sociales no privilegiados, los cuales iniciaron el oficio de las armas en los grados más bajos del escalafón militar como soldados. Su largo servicio en las milicias los llevó a ascender lentamente en la jerarquía militar, al punto de que los principales seguidores de Melo se hallaban, en abril de 1854, entre sargentos mayores y tenientes coroneles. Es decir, se hallaban en los rangos de jefatura; eran los encargados de los procesos administrativos, de disciplina y mando de las unidades militares de batallones a divisiones, así como de los Estados Mayores, de inspección general o intendencia. Esto significa que eran militares con cierta experticia en su oficio, que no fue obtenida en academias, sino por la experiencia obtenida a lo largo de décadas de servicio en el Ejército o las milicias; aunque, como sabemos, Melo hizo este tipo de estudios formales en Europa.

Por todo lo señalado, los oficiales que dependían del prest militar fueron vulnerables a las reformas antimilitares que un sector del liberalismo ventilaba desde la prensa, el Congreso y en la esfera pública en general, ya que liquidar el Ejército permanente los dejaba sin su medio de vida, más aún para aquellos hombres que desde su juventud se enrolaron en diversas compañías y batallones durante las guerras de Independencia y, cuando estas terminaron hacia mediados de los años veinte del siglo XIX, difícilmente podían empezar un nuevo oficio. Su afiliación temprana a la milicia, como en el caso del general Martiniano Collazos, entre otros, los llevó a depender del prest que el Estado les asignó por estar en servicio activo o en retiro permanente o parcial.

Además, los militares que apoyaron a Melo tenían cierta simpatía por las ideas liberales. No es gratuito el hecho de que muchos de los comprometidos con Melo sirvieran durante el régimen liberal de mediados de siglo y, posteriormente, lucharan en las guerras federales como oficiales, de los ejércitos de los recientemente constituidos Estados, contra el gobierno de la Confederación, presidido por el conservador Mariano Ospina Rodríguez. Es necesario, en este caso, revisitar sus vidas y sus ideas políticas, para saber hasta qué punto su apoyo al golpe de Estado más famoso de la Colombia en el siglo XIX también comprometió un proyecto político que buscaba integrar a los diversos sectores plebeyos a los que las contradictorias reformas de mediados de siglo habían empezado a darles mayor espacio en la arena pública del país.

Notas

1 Venancio Ortiz, Historia de la revolución del 17 de abril de 1854 (Bogotá: Banco Popular, 1972), 15. La tesis de Venancio Ortiz de la falta de empleo para explicar las guerras fratricidas que asolaron a Colombia en el siglo XIX fue tempranamente expuesta por Mariano Ospina Rodríguez en su informe que rindió ante el Congreso en 1842 como secretario de Estado en el despacho de interior, donde señaló que excesivo número de abogados que sacaban las instituciones universitarias del país, llenos de ideas “metafísicas” y sin empleos, promovían la alteración del orden constitucional. Doris Wise de Gouzy (Ed.), Antología del pensamiento de Mariano Ospina Rodríguez, tomo 1 (Bogotá: Banco de la República, 1990), 481-483. Este esquema interpretativo está presente en otras latitudes, por ejemplo, en Bolivia, donde diversos intelectuales señalaron como una de las causas de la anarquía la búsqueda de un empleo estatal por parte de civiles y militares. Víctor Peralta Ruiz y Marta Irurozqui Victoriano, Por la concordia, la fusión y el unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia, 1825-1880 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000), 33-59.

2 El sufragio universal masculino para todos los varones mayores de 21 años fue para los liberales un fracaso en las elecciones para elegir gobernadores provinciales, celebradas a finales de 1853. Perdieron en varias provincias como Bogotá, Buenaventura, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Mariquita, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Buenaventura, Riohacha, Tequendama, Túquerres, Veraguas, entre otros. En resumen, varios candidatos oficialistas salieron derrotados, como lo fue en el suroccidente a excepción de la provincia del Cauca. Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VI (Bogotá: Banco Central Hipotecario, 1990), 225-251.

3 Hoy existe un consenso en la historiografía latinoamericana respecto al carácter local y voluntario de las guardias nacionales, desempeñando una función central los notables parroquiales: Luis Ervin Prado Arellano, “El leviatán desarmado. El monopolio de las armas en las provincias del Cauca, 1830-1855”, Procesos Revista Ecuatoriana de Historia, n.° 49 (2019), 11-38; Natalia Sobrevilla, “Ciudadanos armados: las guardias nacionales y la construcción de la nación en el Perú a mediados del siglo XIX”, Natalia Sobrevilla Perea, Los inicios de la República peruana. Viendo más allá de la “cueva de bandoleros” (Lima: Fondo Editorial Universidad Católica del Perú, 2019), 333-366. Para Cartagena: Sergio Paolo Solano y Roicer Flórez, La infancia de la nación. Colombia en el primer siglo de la República (Cartagena: Ediciones Pluma de Mompóx, 2011), 95-120.

4 Para el caso colombiano aún no hay un estudio sistemático sobre la participación de las milicias y el Ejército en tiempos de elecciones. El único trabajo disponible señala explícitamente la falta de evidencia, para la primera mitad el siglo XIX, de injerencia de las fuerzas armadas en los días de elecciones. Patricia Pinzón de Lewin, Ejército y las elecciones. Ensayo histórico (Bogotá: CEREC, 1994). Para el caso latinoamericano, se puede consultar: Marta Irurozqui Victoriano, A bala, piedra y palo. La construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1826-1956 (Sevilla. Diputación de Sevilla, 2000); Ulrich Mücke, Política y burguesía en el Perú. El partido civil antes de la guerra con Chile (Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos, Instituto de Estudios Peruanos, 2010), 137-184.

5 Tomás Cipriano de Mosquera, Resumen de los acontecimientos que han tenido lugar en la República (Bogotá: Editorial Incunables, 1983). Esta misma interpretación, de ser un ardid perpetrado por Obando y Melo, también la señala contemporáneamente Venancio Ortiz, lo cual sugiere que era una idea compartida por ciertos grupos políticos de la época.

6 José María Samper, Historia de un alma (Medellín: Editorial Bedout, 1971); José María Cordovez Moure, Reminiscencias de Santafé y Bogotá (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1978), 239-252.

7 José Manuel Restrepo, Diario político y militar. Memorias sobre los sucesos importantes de la época para servir a la historia de la revolución en Colombia y de la Nueva Granada, tomo IV (Bogotá: Imprenta Nacional, 1954); Anónimo, Diario de los acontecimientos de Popayán desde el 16 de mayo en que el batallón 5.º se pronunció a favor de la dictadura de Melo, en Luis Ervin Prado Arellano, David Fernando Prado Valencia y Laura Helena Ramírez Tobar, Diarios de las guerras de mediados de siglo en las provincias del Cauca, 1851 y 1854 (Popayán: Universidad del Cauca, 2014), 83-162.

8 José Manuel Restrepo, Historia de la Nueva Granada, tomo II, 1845 a 1854 (Bogotá: Editorial El Catolicismo, 1963), 319-404.

9 El mismo autor reconoce que casi toda la información disponible “para narrar los hechos militares y políticos del 54 son de origen constitucionalista, producidas por el encono de las pasiones de la época y decididamente contrarias a Melo y sus amigos”. Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 160.

10 Alirio Gómez Picón, El golpe militar del 17 de abril de 1854 (Bogotá: Editorial Kelly, 1972), la expresión citada en: María Teresa Uribe de Hincapié y Liliana María López Lopera, Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia (Medellín: La Carreta Histórica, 1.ª reimpresión, 2010), 349.

11 Se inscriben en esta lógica con diversos matices: Sergio Guerra Vilaboy, Los artesanos en la revolución latinoamericana, Colombia (1849-1854) (Bogotá: Universidad Central, 2.ª edición, 2000); Enrique Gaviria Liévano, El liberalismo y la insurrección de los artesanos contra el librecambio. Primeras manifestaciones socialistas en Colombia (Bogotá: Editorial Temis, 2.ª edición, 2012); Gustavo Vargas Martínez, José María Melo. Los artesanos y el socialismo (Bogotá: Editorial Planeta, 1998). Sobre la expresión del primer “frente nacional”, lo expresa de la siguiente manera Fernando Guillén Martínez: “Por primera vez se dio en la Historia de Colombia el fenómeno —luego recurrente— de una tregua estratégica entre los partidos, cuando tuvieron que enfrentar la amenaza de formas de asociación no adscripticias…”, Fernando Guillén Martínez, El poder político en Colombia (Bogotá: Editorial Planeta, 1996), 333.

12 Julián Casanova, La historia social y los historiadores. ¿Cenicienta o princesa? (Barcelona: Crítica Editorial, 2003), 59.

13 Memorias de la II Cátedra Anual de Historia Ernesto Tirado Restrepo, Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, 1998).

14 Si bien no se puede decir que en Colombia existe una amplia bibliografía sobre el tema de las guerras civiles en el siglo XIX, sin duda desde el año 2000 en adelante se percibe un creciente interés por el tema. Algunos de los trabajos son los siguientes: Luis Javier Ortiz Mesa et al., Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia, 1840-1902 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005); Luis Javier Ortiz Mesa, Fusiles y plegarias. Guerra de guerrillas en Cundinamarca, Boyacá y Santander, 1876-1877 (Medellín, Universidad Nacional, Dirección de Investigaciones, 2004), 101-166; Obispos, clérigos y fieles en pie de guerra. Antioquia 1870-1880 (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, 2010); Juan Alberto Rueda, Luis Javier Ortiz, Diego Andrés Jaimes, Guerra y rebelión en la década de 1870. Estados Unidos de Colombia (Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, Colciencias, 2014); Fernán González, Partidos, guerras e iglesia en la construcción del Estado Nación en Colombia (1830-1900) (Medellín: La Carreta Histórica, 2006); Álvaro Gärtner, Guerras civiles en el cantón de Supía. Relatos de episodios armados acaecidos entre el siglo XVI y el XIX. Luchas por la tierra del oro (Manizales: Editorial Universidad de Caldas, 2006); Luis Ervin Prado Arellano, Rebeliones en la provincia. La guerra de los supremos en las provincias suroccidentales y nororientales granadinas, 1839-1842 (Cali: Universidad del Valle, Centro de estudios regionales, 2007); Luis Ervin Prado Arellano, David Fernando Prado Valencia, Narraciones contemporáneas de la guerra por la Federación en el Cauca (1859-1863) (Bogotá: Universidad del Rosario, 2017); Brenda Escobar Guzmán, De los conflictos locales a la guerra civil. Tolima a finales del siglo XIX (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2013).

15 Alonso Valencia Llano, “La revolución de Melo en las provincias del Cauca”, en: Memorias de la II Cátedra Anual de Historia…, 73-89; Alonso Valencia Llano, Dentro de la ley fuera de la ley. Resistencias sociales y políticas en el valle del río Cauca, 1830-1855 (Cali: Universidad del Valle, Centro de Estudios Regionales, 2008), 209-245.

16 Francisco Gutiérrez Sanín, Curso y discurso del movimiento plebeyo (1849-1854) (Bogotá: Iepri, El Áncora Editores, 1995).

17 Fabio Zambrano Pantoja, “El golpe de Melo de 1854”, en: Memorias de la II Cátedra Anual…, 59-72. Un estudio relativamente reciente comparte la misma interpretación de Zambrano, al demostrar que las leyes arancelarias decretadas por el Gobierno en los años treinta y cuarenta poco afectaron la actividad artesanal de la capital de la República (aclarando que se debe hacer investigaciones en los casos regionales para determinar su impacto en otros contextos) y más bien fue el desarrollo de la navegación a vapor que pudo tener un mayor impacto en este proceso, al abaratar los costos de transporte y, con ello, el de las mercancías que llegaban al altiplano cundiboyacense. Véase: Sandra Milena Polo Buitrago, “Los artesanos bogotanos y el librecambismo, 1832-1836”, Historia y Sociedad, n.° 26 (2014), 53-80.

18 Jorge Conde Calderón, Buscando la nación. Ciudadanía, clase y tensión racial en el caribe colombiano, 1821-1855 (Medellín: La Carreta Histórica, Universidad del Atlántico, 2009), 331-341.

19 María Teresa Uribe de Hincapié y Liliana María López Lopera hacen en su libro un análisis de los discursos que elaboraron sobre las guerras civiles sus actores en la primera mitad del siglo XIX y es uno de los pocos trabajos que ha tenido en cuenta las fuentes melistas: María Teresa Uribe de Hincapié y Liliana María López Lopera, Las palabras de la guerra…, 339-473.

20 David Sowell, Artesanos y política en Bogotá, 1832-1919 (Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico y Círculo de lectura alternativa, 2006) consultar especialmente el capítulo 3; David Sowell, “La sociedad democrática de artesanos de Bogotá”, German Rodrigo Mejía Pavony, Michel Larosa y Mauricio Nieto Olarte, Eds. Colombia en el siglo XIX (Bogotá, Editorial Planeta, 1999), 204; Armando Martínez Garnica, “En defensa del honor militar: el golpe de estado del general Melo” (Bogotá: Conferencia leída en la Academia Colombiana de Historia. Bogotá, 2005); Carlos Camacho Arango, “Pero no basta vencer, 1854-1859”, en: Carlos Camacho Arango, Margarita Garrido, Daniel Gutiérrez Ardila, Eds. Paz en la República. Colombia, siglo XIX (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018), 115-151.

De hecho, en la última parte del estudio de Hans-Joachim König sobre el nacionalismo granadino en la primera mitad del siglo XIX, dedicado al golpe de Estado de Melo, a pesar de que propone una interpretación sugerente al afirmar que el golpe fue promovido por profundas causas sociales, no se distancia de los artesanos, a quienes les da un lugar protagónico, invisibilizando a los militares y a otros grupos populares regionales que vieron con simpatía los hechos capitalinos promovidos por el general Melo el 17 de abril de 1854. Véase: Hans-Joachim König, En el camino hacia la nación. Nacionalismo en el proceso de formación del Estado y la nación de la Nueva Granada, 1750-1856 (Bogotá: Banco de la República, 1994), 493-502.

21 La expresión golpe de Estado (coup d’État) tuvo sus orígenes en Francia durante la monarquía absoluta, y desde allí se extendió a otros países y mantuvo un significado preciso hasta comienzos del siglo XIX. Tal concepto formaba parte de la teoría de la razón de Estado y “se usaba para referirse a ciertas medidas extraordinarias y violentas, que el monarca o su ministro de confianza tomaban en forma sorpresiva o inesperada, sin respetar el derecho común ni la legislación ordinaria, y haciéndose evidente la violación de la moral tradicional cuando consideraba necesarias esas medidas por existir una amenaza a la seguridad del Estado, o por el bien o la utilidad pública que de ellas se derivaría”. En sus inicios la noción no implicaba el reemplazo violento de un gobernante era más bien el instrumento que usaba para deshacerse de enemigos políticos o de cualquier obstáculo en su ejercicio de poder, por medios extralegales. A partir del siglo XX, con la aparición de la obra Técnica del golpe de Estado (1931) de Curzio Malaparte, se reconoció que dicha acción podía ser emprendida por otras personas o grupos no pertenecientes a los salones del poder. El objetivo era una acción audaz y repentina que buscaba reducir al mínimo la acción armada para deponer al gobierno. Este carácter lo diferencia de la guerra civil o las revoluciones: Édgar Velásquez Rivera, Historia comparada de la doctrina de seguridad nacional: Chile-Colombia (Bogotá: Ediciones Ántropos, 2009), 129-130.

22 Hace ya casi tres décadas la tesis de una dictadura exclusivamente para el golpe de Melo fue cuestionada. Véase: Hans-Joachim König, En el camino hacia la nación…, 493-495. Sobre los actos de gobierno de Melo en: María Teresa Uribe de Hincapié, Liliana María López Lopera, Palabras de la Guerra…, 370-371; Venancio Ortiz, Historia de la Revolución…, 149; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia…, 67-82; José Manuel Restrepo, Historia de la Nueva Granada…, 323-324.

23 Sobre esta campaña, véase: Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII…, 146-151, 165-168, 195-199.

24 Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII..., sobre Barriga: 78, 90-91, 93-94 y de Arboleda, sobre la ocupación de La Mesa: 173, 207-208.

25 Es necesaria una investigación profunda para explicar por qué fue tan precario el control del occidente de la sabana por parte del melismo. Una explicación inicial y provisional, es que esta región en ese momento se podía considerar una “frontera agraria”, que empezaban a roturar algunos empresarios bogotanos, gracias a la demanda internacional de productos tropicales, que como sabemos empezó a despegar en el país justamente a finales de la década del cuarenta. Era, pues, un territorio de haciendas de frontera, pertenecientes a las principales familias capitalinas, que no solo se negaron a apoyar al general Melo, sino que además le hicieron fuerte oposición. No fue gratuito que uno de sus principales opositores en esta región fuese el hacendado Manuel María Ardila, dueño de la hacienda El Corito en jurisdicción de Facatativá, quien logró constituir una guerrilla que hostilizó en repetidas ocasiones a las guarniciones aledañas a La Mesa. Además, el territorio era cercano al Alto Magdalena. No debemos olvidar que las provincias de Mariquita y Neiva fueron bastiones constitucionales y si hubo melistas, estos tuvieron poca oportunidad de jugar una función hegemónica.

26 Sobre estos personajes, véase: Luis Ervin Prado Arellano, David Fernando Prado Valencia y Laura Helena Ramírez Tobar, Diarios de las guerras, 40-45.

27 Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 82.

28 Luis Ervin Prado Arellano, David Fernando Prado Valencia y Laura Helena Ramírez Tobar, Diarios de las guerras…, 83-105; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia…, 101-106.

29 Al respecto, consultar un opúsculo de la época: Ramón Mercado, Memorias sobre los acontecimientos del sur de la Nueva Granada durante la administración del 7 de marzo de 1849 (Cali: Centro de Estudios Históricos y Sociales “Santiago de Cali”, Gerencia para el Desarrollo Cultural de la Gobernación del Valle del Cauca, 1996). También a Margarita Pacheco, La fiesta liberal en Cali (Cali: Universidad del Valle, 1992).

30 Sobre los orígenes de la resistencia constitucional en Caloto y la columna Torres: Mariano Sendoya, Caloto ante la historia, tomo I (Cali: Imprenta Departamental, 1975), 73-77, sobre la acción de San Julián en las páginas 165-166.

31 Sobre la mediación de Mateus Garay en el paso de Navarro, véase: Mariano Sendoya, Caloto ante la historia, tomo I, 169-170; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 156-159.

32 Sobre la represión, ver en contemporáneo de los hechos: Manuel Joaquín Bosch, Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali, desde el año de 1848 hasta el de 1855 inclusive. [Imprenta Echevarría & Hermanos, Bogotá, 1856] (Cali: Imprenta Departamental, Centro de Estudios Históricos y Sociales “Santiago de Cali”, 1996), 82-98; Alonso Valencia Llano, Dentro de la ley, fuera de la ley…, 239-245.

33 Manuel Joaquín Bosch, Reseña Histórica de los principales acontecimientos, 93-104. Un análisis sobre el periodo posterior de 1854 y el intento de restablecer el control social y la movilización plebeya que el liberalismo había promovido especialmente en el valle del Cauca en: James Sanders, Contentious Republicans. Popular politics, race and class in nineteenth century Colombia (Duke University Press, 2004), 109-111.

34 Los hechos son narrados por Gustavo Arboleda, quien señaló haber seguido la versión más aceptada, la de Venancio Ortiz y de Tomás C. Mosquera. Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 138-141; Venancio Ortiz, Historia de la revolución del 17, 152-154.

35 Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 110-114. Compartimos la tesis de Eduardo Lemaitre quien expone que el gobierno constitucional terminó creyendo la versión de Tomás Cipriano de Mosquera a la de Nieto. Sin duda, una revisión de los archivos aclararía mejor los hechos sobre este tema: Eduardo Lemaitre, Historia general de Cartagena, tomo IV (Bogotá: Banco de la República, 1983), 183-189.

36 Sobre el levantamiento melista en Supía y el trasegar de Federico Urrea, véase: Luis Fernando González Escobar, Ocupación, poblamiento y territorialidades en la Vega de Supía, 1810-1950 (Bogotá, Ministerio de Cultura, 2002), 97; Daniel Zarama, Don Julio Arboleda en el sur de Colombia. Documentos para la historia (Pasto, Imprenta Departamental, 1917), 166; ACC. AM. 1851. Comunicaciones con diferentes autoridades civiles.

37 Sobre la existencia de un plan previo a nivel nacional, véase: Venancio Ortiz, Historia de la revolución del 17, 152-154 y Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 110-114. A consecuencia de la estrepitosa derrota electoral de los liberales para las elecciones de gobernador a finales de 1853, Lorenzo María Lleras y Francisco Antonio Obregón reinstalaron la Sociedad Democrática capitalina para trabajar contra la “reacción ultramontana”. El 8 de enero acordaron constituir una junta directiva con 21 ciudadanos para restablecer la unidad del Partido Liberal y ponerse en comunicación con las demás sociedades democráticas del país para constituir juntas y sociedades donde se creyese conveniente; la idea era formar un bloque de oposición en el todo el territorio contra los “conservadores fanáticos” que ocuparan cargos. Respecto a las reuniones hechas por los militares y el malestar que tenían contra la Constitución de 1853, según Arboleda, entre julio y agosto de 1853 en Bogotá, Popayán y Pasto se hicieron reuniones para discutir un futuro golpe. Por ejemplo, en el acta de Bogotá, de la cual se enviaron copias a Cali, Popayán y Pasto, se instaba a suspender la Constitución y autorizar a Obando a convocar una convención para regenerar el país. Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 2, 49-50.

38 La noción de jefe natural se puede consultar en: Luis Ervin Prado Arellano, “El jefe natural: poder y autoridad en el Valle del Patía, 1810-1850”, Historia y Sociedad, n.° 23 (2012), 243-265.

39 Luis Ervin Prado Arellano, “El jefe natural: poder y autoridad…”, 243-265. Sobre Santiago Valencia de La Sierra: ACC. AM. 1851. Paquete 50, legajo 50; Representación de los vecinos de la Sierra, enero 28 de 1851: ACC. AM. 1851. Paquete 51, legajo 62. Juan B. Sandoval de la Sierra y La Horqueta: ACC. AM. 1851. Paquete 50, legajo 50; ACC. AM. 1851. Paquete 51, legajo 63; ACC. AM. 1851. Paquete 51, legajo 67.

40 Desconocemos estudios regionales sobre cómo estas divisiones del liberalismo de medio siglo se reflejaron a nivel local. La división existió, como lo indican los trabajos de Margarita Pacheco para Cali; Aims McGuinness, para Panamá; James Sanders, para el suroccidente neogranadino; Jorge Conde, para el Caribe colombiano; y David Church Johnson, para Santander, entre otros. Pero es necesario distanciarnos de las interpretaciones homogéneas de los partidos; simplemente pensemos que buena parte de lo que los liberales radicales de las provincias del nororiente promovían (liberar los esclavos, dividir los resguardos, entre otras medidas) para sus copartidarios caucanos no era fácil de compartir, en tanto tocaba fuertes intereses y resistencias que en el nororiente no existían. Estos matices son centrales para comprender la forma como se delinean las divisiones políticas en las regiones.

41 Melo era consciente de la falta de legitimidad de su golpe, al no aceptar Obando tomar las riendas del poder. Frente a esto, publicó boletines donde señalaba que José Hilario López se había pronunciado en La Plata, lo mismo en Mariquita, Tundama, Cartagena, Riohacha y Panamá. Buscó promover juntas de padres para legitimar los hechos, pero no fueron satisfactorias. De ahí la necesidad de tener en su círculo a figuras emblemáticas como al general Matilla, a quien llamó el 23 de abril y, finalmente, el 4 de mayo aceptó la comandancia de la 1.ª División del Ejército melista. Esto era un acto simbólico, ya que Mantilla hacía años estaba retirado en una hacienda en la jurisdicción de Chipaque. Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 72-74.

42 Como lo sostiene Aims McGuinness, para Panamá, las reformas liberales de medio siglo, en especial el derecho al voto universal masculino, debilitaron las estructuras patriarcales y horizontalizaron las relaciones sociales entre plebeyos y notables, haciendo más compleja la sumisión y la deferencia de los primeros sobre los segundos. Tales reformas ampliaron el espacio popular para deliberar y reclamar sus derechos, como se expresó en los sucesos del 15 de abril de 1855, conocidos como “la tajada de la sandía”. Este último evento lo considera McGuinness como un momento de ruptura de la deferencia plebeya sobre los notables, y una demostración de autonomía popular que, gracias a la ampliación de los derechos políticos, hizo más complejo controlarlos. Por este temor, inhibió la promoción de la ciudadanía armada, a pesar de las peticiones de los habitantes del arrabal de la ciudad de Panamá de formar compañías de guardias nacionales. Similar situación la expone James Sanders para el Valle del Cauca a mediados del siglo XIX. Aims McGuinness, Path of empire. Panamá and the California gold rush (Ithaca: Cornell University Press, 2008), 115-118 y 143-145; James Sanders, Contentious Republicans. Popular, 58-70.

43 Margarita Pacheco, La fiesta liberal en Cali…, 79-80; James Sanders, Contentious Republicans. Popular, 82-84. Para Panamá, una facción del liberalismo promovió la movilización popular que, al igual que en Cali, tuvo un fuerte componente racial, combinado con el temor del filibusterismo (por los sucesos acaecidos en Nicaragua con William Walker) y la presencia del ferrocarril manejado por una compañía que cuestionaba la soberanía neogranadina sobre la vía. Aims McGuinness, Path of empire…, 55-151. En Bogotá, se suscitaron varios enfrentamientos entre los guaches y cachacos: Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo V, 186-188, 194-195; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VI, 187-192, 196-198, 238-239.

44 Según Arboleda, esta sociedad fue la crisálida del radicalismo liberal; muchos se autoproclamaban socialistas y hablaban con tanto entusiasmo que alarmaban al presidente José Hilario López y a todos los antiguos liberales. Según José María Samper, uno de los promotores de la sociedad, fue debido a él, en un discurso hecho a favor de las ideas socialistas e igualadoras a las del mártir gólgota, que posteriormente esta agrupación vino a ser identificada como los gólgotas o radicales, para distinguirlos de una generación más vieja de liberales: los draconianos, quienes, en su mayoría, eran veteranos de las guerras de Independencia y de las filas del Ejército. Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo V, 157-158; José María Samper, Historia de un alma…, 267-269.

45 En las provincias del Cauca varios conflictos evidenciaron ser raciales, como el levantamiento de John Runner (1819), el del coronel venezolano de ascendencia afrodescendiente Francisco Osses en el valle (1831) y en la guerra de los Supremos (1839-1842). En el Caribe neogranadino varios autores han señalado cómo los conflictos se expresaron en términos racializados y, en muchos casos, se usaron los términos de pardo o mulato, de incitar a la guerra de castas o de promover proyectos políticos similares a Haití para deslegitimar a los adversarios. Luis Ervin Prado Arellano, David Fernando Prado Valencia, Laura Helena Ramírez Tobar, Diarios de las guerras…, 20-21; Jorge Conde Calderón, Buscando la nación. Ciudadanía, clase y tensión racial…; Edwin Monsalvo Mendoza y Jorge Conde Calderón, “La conspiración como arma política. El plan sedicioso del 14 de agosto de 1833 en Cartagena”, Revista Complutense de Historia de América, vol. 37 (2011), 73-92; Marixa Lasso, Myths of Harmony: race and republicanism during the age of revolution, Colombia, 1795-1831 (Pittsburgh: University Pittsburgh Press, 2007); Aline Helg, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano, 1770-1835 (Bogotá: Banco de la República, Fondo Editorial de la Universidad Eafit, 2011). Ramón Mercado afirmó que los ataques de los flageladores de Cali a mediados de siglo se dieron por resentimientos de las gentes del común contra algunas personalidades notables: Ramón Mercado, Memorias sobre los acontecimientos del sur…, LXVII.

46 Sobre la lucha de la población “negra”, parda y mulata por liberarse de la esclavitud en el suroccidente colombiano, consultar: María Camila Díaz Casas, Salteadores y cuadrillas de malhechores. Una aproximación a la acción colectiva de la “población negra” en el suroccidente de la Nueva Granada, 1840-1851 (Popayán: Universidad del Cauca, 2014); también es útil: Mateo Mina (seudónimo) Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca (Bogotá: Publicaciones La Rosca, 1975), 43-59; para el Caribe se sugiere revisar el trabajo de Aline Helg, Libertad e igualdad en el Caribe…, 287-455. En el suroccidente había una fuerte actividad clandestina plebeya de defraudar los estancos de tabaco y aguardiente, expresada en la proliferación del cultivo ilícito de la hoja, lo mismo que de alambiques para la producción artesanal del licor sin patente de permiso. Al respecto, véase: Ángela Rocío Sevilla Zúñiga, “ ‘Miserables’, ‘infelices’, ‘pobres delincuentes’: una representación jurídica de la mujer contrabandista en las provincias del Cauca, 1830-1850” (Popayán, Tesis de pregrado en Historia, Universidad del Cauca, 2018). Sobre la deferencia social, véase: James Sanders, Contentious Republicans. Popular Politics, 47, 64-65.

47 Peter Guardino, en su investigación en Oaxaca, demostró cómo el marco hegemónico mutó en las primeras décadas del siglo XIX y adoptó los principios republicanos, y cómo los grupos plebeyos los instrumentalizaron para sus intereses y beneficios. En el caso colombiano, Angie Guerrero Zamora, en su estudio sobre las demandas de pensiones por parte de las viudas de oficiales fallecidos en servicio en la Nueva Granada, muestra cómo, en las primeras décadas de vida republicana dichas demandas estaban modeladas por el marco hegemónico colonial, pues las mujeres, al verse desamparadas, las expresaban como peticiones en un tono de súplicas y gracia. Pero desde los años cincuenta en adelante este discurso cambió por el de los derechos, dado que era un deber del Estado otorgarles pensión a ellas y a sus hijos por los servicios que prestó su marido a la patria. Ambos autores muestran, desde ángulos y problemáticas diferentes, cómo el nuevo marco hegemónico sirvió para interpretar los viejos conflictos o peticiones, para retar al sistema o para reclamar sus derechos. Peter Guardino, The time of liberty. Popular political culture in Oaxaca, 1750-1850 (Durham: Duke University Press, 2005), 275-291; Angie Guerrero Zamora, “Miserables, indigentes y desgraciadas: del luto de la supervivencia en periodos de guerra. República de la Nueva Granada (1820-1860)” (Popayán, tesis de pregrado en Historia, Universidad del Cauca, 2018).

48 Hasta ahora, el mejor trabajo sobre el tema para el Cauca es el de James Sanders, Contentious Republicans. Popular…, 23. Para México: Peter Guardino, The Time of liberty…, 223-274; en este libro se describe cómo las comunidades rurales resignificaron las elecciones y cuestionaron el sistema de cargos, una estructura de autoridad típica del México colonial que pervivió en el siglo XIX, pero que a la luz de las ideas republicanas fue objeto de disputas. También, véase: Michael T. Ducey, Una nación de pueblos. Revueltas y rebeliones en la Huasteca mexicana, 1750-1850 (Xalapa: Universidad Veracruzana, 2015), 171-213; Cecilia Méndez, La República plebeya. Huanta y la formación del Estado peruano, 1820-1850 (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2014); con esta misma temática, se recomienda: Cecilia Méndez, “Pactos sin tributo. Caudillos y campesinos en el Perú post independiente: en el caso de Ayacucho”, en: Leticia Reina (Coord.), La reedianización de América, siglo XIX (México: Siglo XXI Editores, Ciesas, 1997), 163-185.

49 Los estudios de las rebeliones en las sociedades preindustriales señalan la importancia de la participación de nobles y otras figuras de prestigio en los levantamientos porque, debido a la autoridad que encarnaban, le otorgaban legitimidad a los rebeldes. Pérez Zagorín, Revueltas y rebeliones en la edad moderna. II. Guerras revolucionarias (Madrid: Cátedra, 1986), 70-71.

50 Esta tesis fue pioneramente señalada por: David Sowell “La sociedad democrática de artesanos de Bogotá”, German Rodrigo Mejía Pavony, Michel Larosa y Mauricio Nieto Olarte, Eds. Colombia en el siglo XIX (Bogotá, Editorial Planeta, 1999), 189-216.

51 Sobre la forma como los gólgotas publicitaron ser los transformadores de la sociedad neogranadina, según Germán Colmenares, Florentino González lo sintetizó en dos artículos aparecidos en el semanario El Día, en el cual afirmó que la transición del régimen colonial al republicano, gracias a la Independencia: “[…] sólo significó un cambio de nombre de los funcionarios y la adopción de un gobierno republicano representativo que se encargó de la dirección y el manejo de los negocios públicos, pero que dejó subsistente la mayoría de las instituciones coloniales”. Este argumento fue ampliamente difundido por diversos miembros de dicha ala política. Germán Colmenares, Partidos políticos y clases sociales (Medellín: La Carreta Histórica, 4.ª edición, 20089), 54, y 124-124; Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, 1849-1914, tomo I (Bogotá: Tercer Mundo Editores, duodécima edición, 1988), 35-38. Sobre las transformaciones inscritas en las revoluciones atlánticas, la reciente historiografía sobre la Independencia escrita en los años noventa del siglo XX empezó a enfatizar en este proceso de la adopción de los principios republicanos. Uno de los primeros trabajos que señaló esta perspectiva fue: Francois-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas (México: Editorial Mapfre, Fondo de Cultura Económica, 1.ª reimpresión, 2001).

52 Roberto Luis Jaramillo y Adolfo Meisel Roca, “Más allá de la retórica de la reacción, análisis económico de la desamortización en Colombia, 1861-1888”, Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, n.° 22 (2008); José Antonio Ocampo, Colombia y la economía mundial, 1830-1910 (Bogotá: Siglo XXI Editores, Fedesarrollo, 1984).

53 Gerardo Molina, Las ideas liberales en Colombia, 17-52; sobre la cuestión religiosa ver: Fernán E. González, Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia (Bogotá: Cinep, 1997), 140-165

54 Sobre la descentralización administrativa, véase Robert Louis Gilmore, El federalismo en Colombia, 1810-1858, tomo I (Bogotá: Sociedad Santanderista de Colombia, Universidad Externado de Colombia, 1995), 161-224. La ciudadanía armada era una noción que consideraba que el mejor defensor de las libertades públicas y de la tiranía era el ciudadano, quien debía organizarse en milicias para defender la patria de cualquier agresión, tanto interna como externa. También comprometía el sagrado derecho a la rebelión de los ciudadanos si su levantamiento era contra un régimen tiránico. Véase: Marta Irurozqui, Ciudadanos armados de ley. A propósito de la violencia en Bolivia, 1839-1875 (La Paz: IFEA, Plural Ediciones, 2018); Flavia Macías, “El deber de enrolarse y el derecho a votar. Reflexiones en torno a la ciudadanía armada y el sufragio en Argentina, 1863-1877”, Revista de Indias, vol. LXXVI, n.º 266 (2016), 233-258; Flavia Macías, “Guardia Nacional, ciudadanía y poder en Tucumán, Argentina (1850-1880)”, Revista Complutense de Historia, n.º 27 (2001), 131-161.

55 No hay estudios sobre los intereses políticos y económicos de los grupos plebeyos, pero sí muchos indicios de esta aspiración y la poca o ninguna voluntad de los liberales de conceder estos reclamos. Por ejemplo, el reclamo airado de las tierras ejidales ocupadas por los hacendados de Cali por parte de los democráticos que desencadenó el movimiento del perrero o el zurriago y que tuvo sus extensiones en la región de Bolo en Palmira. También, en las mismas sociedades democráticas del Valle se discutió abiertamente la idea del “comunismo territorial”, si bien no es muy claro en qué consistía dicha noción, hay evidencias de que muchos sectores plebeyos aspiraban a que se les repartieran las tierras de las haciendas, más cuando, después de 1851, contribuyeron como guardias nacionales a que el gobierno liberal triunfara. Al respecto, hay un pasaje de unas memorias decimonónicas que señala que en las sociedades democráticas de Cali las ideas radicales difundidas por algunos de sus líderes, como David Peña, “producían en ellos tan excelentes efectos, que en sus bacanales i lucubraciones se repartían ya la tierra i hasta la casa de la plaza y principales de la ciudad; habiendo un negro tenido la desvergüenza de pedirle al general José María Obando que le diera de una vez su tierra: el general le mostró las montañas azules de los baldíos, i le dijo que fuera a trabajar a ellas. Esta respuesta le produjo sumo desconcierto, porque en la presidencia de Obando tenían torpemente fundadas sus esperanzas”: Manuel Joaquín Bosch, Reseña histórica de los principales acontecimientos, 50-51. Sobre las esperanzas y frustraciones tempranas de los plebeyos con respecto a los liberales se puede revisar: Ramón Mercado, Memorias sobre los acontecimientos del sur, LII, LVII, LXVII, entre otras. James Sanders dice que el aliciente para ir a la guerra por parte de los plebeyos era el botín, pero también afirma el deseo del liberalismo popular por quebrar el control de las tierras por parte de los hacendados, al punto de tener intenciones, después de las guerras federales, de repartir las haciendas conservadoras de los Arboleda de Caloto. Así mismo, en la costa del Pacífico, en Barbacoas, el liberalismo buscó atraer a los afrocolombianos con la abolición de la esclavitud, además de luchar por reconocer que las tierras aledañas a las minas no pertenecían a los propietarios, sino a la nación y que, por lo tanto, no debían pagar rentas por el usufructo de ellas. Véase James Sanders, Contentious Republicans. Popular Politics, 122, 77-78. Para este periodo fue común la resistencia de los manumitidos de pagar arriendo a los propietarios de las minas porque consideraban que les pertenecía. Véase: Jefatura política del cantón de Caldas, Almaguer 10 de agosto de 1852, en: Archivo Central del Cauca. Archivo Muerto. 1852. Paquete 53, legajo 77: sobre la mina de Gelima perteneciente al convento El Carmen de Popayán y las dificultades de organizar el trabajo afrodescendiente: Alcaldía parroquial, Tunía, 6 de febrero de 1852: ACC. AM. 1852. Paquete 53, legajo 78.

56 Robert Louis Gilmore, El federalismo en Colombia, 1810-1858, tomo II, 3-32; sobre Azuero (1854), Valledupar (1855) Ocaña (1854-1855): Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VIII, 133-134, 156-159; 285-286, 333-334; para Azuero, que fue una lucha por el control de la provincia entre las familias, véase: Goítia, Chiari y la Guardia: Aims McGuinness, Path of empire…, 112-113.

57 James Sanders señala que el temor de los indígenas del sur (provincia de Pasto) a los liberales por sus intentos de dividir los resguardos los hizo aliarse con los conservadores, y no tuvieron los primeros ninguna intención por negociar con las comunidades indias, pues su visión del ciudadano universal le era más cómoda con otros grupos plebeyos que con las estructuras comunales de los resguardos y sus habitantes, a quienes los consideraban ignorantes y demasiado piadosos. De esta forma, los indígenas de Pasto resignificaron los idearios conservadores y constituyeron lo que el historiador norteamericano denominó conservatismo popular indígena. James Sanders, Contentious Republicans. Popular politics…, 33-43 y 102-103. Para el caso de Tierradentro, el modelo de Sanders no se aplica; los conflictos que estas comunidades mantenían con la familia Arboleda y otras parentelas conservadoras de Popayán y Caloto por las tierras y los bosques quineros los llevó a aliarse con los liberales en la década de los cincuenta. Luis Ervin Prado Arellano, “Indígenas, guerras civiles y participación política. El caso Páez en la provincia de Popayán, 1830-1860”, James Sanders, Ishita Banerjee, Saurabh Dube et al., Cultura política y subalternidad en América Latina (Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2019), 125-148.

58 Samuel P. Huntington, The soldier anf the State. The theory and politics of civil-military relations (Nueva York: Caravelle Editions / Vintage Books, 1964), 80-85.

59 Luis Ervin Prado Arellano, La organización de los ejércitos republicanos en la Nueva Granada: provincias del Cauca (1830-1855) (Quito, tesis de doctorado en Historia Latinoamericana, Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador, 2019), 81-162. Los antecedentes de esta política se pueden consultar en: Juan Carlos Chaparro Rodríguez, Las relaciones político-militares en el marco de la transición política en Colombia, 1810-1830 (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2010).

60 Edmund S. Morgan, La invención del pueblo. El surgimiento de la soberanía popular en Inglaterra y Estados Unidos (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2006), 160-169. Sobre estos principios en la Constitución gaditana, véase: Armando Martínez Garnica, “En defensa del honor militar…”, 5.

61 Juan Carlos Chaparro Rodríguez, ¡Desmilitarizar las repúblicas! Ideario y proyectos políticos de los civilistas neogranadinos y venezolanos (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017), 71-150.

62 Armando Martínez Garnica, Historia de la Guardia colombiana (Bucaramanga: Ediciones UIS, 2012), 13-14.

63 Armando Martínez Garnica, “En defensa del honor militar…”, 1.

64 Armando Martínez expone la siguiente lista de los generales, jefes y oficiales comprometidos con el golpe de Melo, que sin duda es incompleta e imprecisa: “cuatro generales (José María Mantilla, Martiniano Collazos, José María Gaitán y al propio Melo), cinco coroneles (Rafael Peña y Ramón Acevedo, Manuel Martínez Munive, Manuel Jiménez y Fernando Campos), ocho tenientes coroneles (Antonio María Echeverría, José Manuel Lasprilla, Mariano Posse, Juan Nepomuceno Prieto, José Valerio Carazo, Alejandro Gaitán, Santos García y José Antonio Sánchez), diez sargentos mayores, 27 capitanes, 23 tenientes (entre ellos José María Vargas Vila, Habacuc Franco y José Gabriel Tatis) y 54 alféreces...”. Armando Martínez Garnica, “En defensa del honor militar…”, 14.

65 Mantilla era para el melismo un militar de propaganda, ante la falta de apoyo de generales y políticos de talla nacional como López, Obando, Mosquera, París, Ortega, entre otros. Sobre los datos del general Mantilla, véase: José María Restrepo Sáenz, “la provincia del Socorro y sus gobernantes”, Boletín de Historia y Antigüedades, vol. XLI, n.° 476 (1954), 339; José María Restrepo Sáenz, “Gobernadores de Pamplona”, Boletín de Historia y Antigüedades, vol. XXXVI, n.° 411-413, (1949), 107; Oswaldo Díaz, La reconquista española, tomo 2. Contribución de las guerrillas a la campaña libertadora, 1817-1819 (Bogotá: Ediciones Lerner, 1967), 391-393; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo IV, 7-8 y 100; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo V, 118-119, 129-130, 152-169; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 34, 73, 276, 291; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VIII, 61, 99-100; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo IX, 379-380; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo X, 210.

66 Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 147-148, y 166-168.

67 Oswaldo Díaz, La reconquista española, tomo 2, 146-149; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo II, 92; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo IV, 100; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo V, 155, 212; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VI, 29; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VIII, 72, 301; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VIII, 61-62; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo X, 93; Cayo Leónidas Peñuela, Álbum de Boyacá (Tunja: Imprenta Departamental, 2.ª edición, 1970), 298.

68 Es errada la tesis de que el Ejército colombiano fue y es aristócrata; se repite hasta la saciedad, se sustenta por la presencia en el Ejército de hombres de estatus alto como Mosquera, París, Herrán; e incluso también se ha etiquetado en este grupo a Obando y López, lo cual, sin duda, es un yerro. Dicha tesis ya ha sido cuestionada por Malcolm Deas al afirmar que este sector de la oficialidad no era significativo en Colombia y que el servicio de las armas no era bien visto por los sectores más prominentes de la sociedad. Así mismo, expone que el Ejército realmente descansó en unos hombres que procedían de sectores no privilegiados y terminaron, por sus años de servicio, ganando experticia en la administración castrense y en el arte de la guerra. Esta tesis ha sido corroborada en estudios más detallados sobre la organización de las fuerzas armadas en la primera mitad del siglo XIX, donde se señala que buena parte de los oficiales, jefes y generales del Ejército eran personas que dependían del salario que recibían para sostener a sus familias. Respecto a cómo se repite la errada tesis de una fuerza armada aristocrática sin ninguna base empírica, véase: José David Moreno Mancera, “Relaciones cívico-militares en Colombia: supremacía y control de los partidos políticos sobre la organización militar”, Revista Científica General José María Córdoba, vol. 12, n.° 13 (2014), 337. La tesis del Ejército aristocrático está presente en: Anthony P. Maingot, “Social structure, social status and civil-military conflicto in urban Colombia, 1810-1851”, Nineteenth Century Cities. Essays in the new urban History, Stephan Thernstrom, Richard Sennett, Edit. (New Haven: Yale University Press, 1969), 296-355; Fernando Guillén Martínez, El poder político en Colombia (Bogotá: Ediciones Punta de Lanza, 1979); Miguel Borja, Espacio y guerra. Colombia federal, 1858-1885 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 2010), 82-83. Malcolm Deas ha sido uno de los principales impugnadores de la interpretación de un Ejército aristocrático, a la cual los profesionales de las ciencias sociales poca atención le han prestado: Malcolm Deas, Las fuerzas del orden y once ensayos de historia de Colombia y las Américas (Bogotá: Taurus, 2017), 17-65; Malcolm Deas, Intercambios violentos: reflexiones sobre la violencia política en Colombia (Bogotá: Taurus Editorial, 2015), 108-110. Un trabajo que corrobora los argumentos de Deas es: Luis Ervin Prado Arellano, La organización de los ejércitos republicanos…, 331-343.

69 Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VI, 193, 202-204, 302; Joaquín Ospina, Diccionario biográfico y bibliográfico de Colombia, tomo I (Editorial Cromos, Bogotá, 1927), 411; Gaceta Oficial, n.° 1129, Bogotá jueves 13 de junio de 1850; ACC. AM. 1833. Paquete 23, legajo 1 y 13; ACC. AM. 1847. Sin índice; ACC. AM. 1851. Comunicaciones de la Secretaría de Guerra y Marina a la Comandancia General del Departamento del Sur, bis.

70 Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 78, 285; ACC. AM. 1847. Sin índice; ACC. AM. 1851. Comunicaciones gobernación de Túquerres; ACC. AM. 1851. Paquete 50, legajo 50; ACC. AM. 1852. Paquete 53, legajo 75.

71 ACC. Fondo Mosquera, carpeta 1854 P. N.° 95. Signatura: D32056.

72 Por ejemplo, Venancio Callejas era alférez en servicio activo en el Ejército a finales de la década del cuarenta; a mediados de 1851 era teniente de la 2.ª compañía del batallón de infantería n.° 1.º, en campaña en Pasto, y con este grado estaba aún en febrero de 1852. Fue trasladado al batallón n.° 2.º y de ahí al centro del país. Cuando se comprometió con Melo tenía el grado de sargento mayor; sin duda los gobiernos liberales lo ascendieron a capitán y luego al grado inmediato. En abril de 1854, bajo las órdenes de Dámaso Girón, se le encomendó la misión de ocupar la provincia de Tequendama. Callejas fue derrotado por las fuerzas de Justo Briceño y Juan José Márquez en el Portillo (23 de abril de 1854). Pero, como finalmente los constitucionalistas abandonaron la provincia, los melistas pusieron como gobernador a Ignacio Olaya. Estuvo a las órdenes inmediatas de Dámaso Girón cuando luchó en Tíquisa (21 de mayo de 1851). Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 89-90, 121; ACC. AM. 1850. Paquete 49, legajo 81; ACC. AM. 1851. Revistas militares y presupuestos del haber de jefes, oficiales y tropas de la 1.ª y 2.ª columna División del Sur; ACC. AM. 1851. Revistas militares y presupuestos del haber de jefes, oficiales y tropas de la 1.ª y 2.ª columna División del Sur bis; ACC. Fondo Mosquera, Carpeta: 1854 M. N.° 76. Signatura: D31488.

Manuel Antonio Carvajal y Tenorio era de Popayán, veterano de las guerras de Independencia, retirado en los treinta. Se comprometió en la guerra de los Supremos (1841), fue teniente en el ejército rebelde y ascendido a capitán en abril de 1841. Durante el gobierno liberal regional fue capitán de Guardia Nacional auxiliar de Popayán; ascendió a tal grado (junio de 1850) al ser promocionado por el sargento mayor del batallón 2.º Agustín Pérez; sirvió al gobierno en la rebelión conservadora de 1851 y a Melo como uno de los jefes de la división de reserva del Ejército melista en agosto de 1854. Gustavo Arboleda, Diccionario biográfico y genealógico del antiguo departamento del Cauca (Bogotá: Librería Horizonte, 1962), 100; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 78; ACC. AM. 1841. Paquete 33, Legajo 62; ACC. AM. 1841. Paquete 33, legajo 63, varios documentos; ACC. AM. 1843. Paquete 36, legajo 27; ACC. AM. 1843. Paquete 37, legajo 72; ACC. AM. 1849. Paquete 46, legajo 48; ACC. AM. 1851. Paquete 50, legajo 50; ACC. AM. 1851. Documentos de la Gobernación de la Provincia de Popayán.

73 Debemos recordar que la administración provincial, a mediados de los cuarenta, constituyó una división diferente a la división político administrativa del país; estas fueron el departamento del sur (Pasto, Popayán, Buenaventura, Cauca y Chocó), Cundinamarca (Bogotá, Neiva, Mariquita y Antioquia), Boyacá (Pamplona, El Socorro, Vélez, Tunja y Casanare) y Atlántico (Cartagena, Mompox, Santa Marta, Riohacha, Panamá y Veraguas), y no todas las provincias contaron con la presencia permanente de unidades, salvo las más estratégicas: Popayán-Pasto, Bogotá-Tunja (a veces Cúcuta por asuntos fronterizos) y Cartagena.

74 El politólogo Amos Perlmutter señala que el oficio militar, al ser exclusivamente dependiente del Estado, se hace vulnerable a las políticas y reformas que este establezca en su estamento. Amos Perlmutter, “The Praetorian State and the Praetorian Army: Toward a Taxonomy of Civil-Military Relations in Developing Polities”, Comparative Politics, vol. 1, n.° 3 (1969), 396. Dicha afirmación se aplica tajantemente en el caso de los oficiales que se comprometieron con el melismo, sin duda alguna muchos vieron en las medidas liberales unas leyes que afectaban su bienestar material.

75 Diego Castro: Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 54, 60, 78, 121, 136-138, 150, 268, 270, 273, 279; Venancio Ortiz. Historia de la revolución del 17 de abril…, 305; ACC. AM. 1842. Sin índice; ACC. AM. 1847. Comunicaciones de la Secretaría de Guerra a la Comandancia General del Departamento del Sur; ACC. AM. Paquete 49, legajo 75, 81; ACC. AM. 1851. Administración de correos; ACC. AM. 1851. Secretaría de Estado, documentos despacho de Gobierno; ACC. AM. 1851. Documentos de diversas comandancias militares; ACC. AM. 1851. Comunicaciones gobernación de Túquerres.

76 Sobre Ramón Acevedo Calderón, véase en la nota al pie n.° 3 de la página 50; Rafael Peña véase en la nota al pie n.° 16 de la página 62; Manuel Martínez Munive Samario formó parte de los republicanos que tomaron las armas para contrarrestar a los realistas que dominaban su provincia desde 1810; peleó bajo el mando del coronel Moledo en las acciones de Pedraza (1817) y Guaimaro, con el coronel Andrés Linares en Ceja alta de Cancán y con Ramón Ayala en Turbaco (1820). Se opuso a las medidas dictatoriales entre 1830 y 1831. Fue uno de los líderes de Ciénaga, junto con Francisco Labarcés y Germán Gutiérrez de Piñeres, opuestos a Tomás Cipriano de Mosquera, jefe del ejército de norte, quien organizaba las fuerzas para obrar sobre Melo (junio de 1854). El reseñado tuvo simpatías con el melismo y, por ello, poco después de caer Melo, fue borrado del escalafón militar del grado de coronel. Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 141, 154; Joaquín Ospina, Diccionario biográfico y bibliográfico de Colombia, tomo II (Bogotá: Editorial Águila, 1937), 248-249.

77 De Dámaso Girón y Alejandro Gaitán se hablará más adelante. Sobre Mariano Posse y Juan Nepomuceno Prieto véase en las notas al pie n.° 116 en la página 219 y n.° 131 en la página 266, respectivamente.

78 Sobre Dámaso Girón, véase: Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 78, 89-90, 121, 130, 136, 147, 166-168, 196-198; Venancio Ortiz, “Historia de la revolución…”; Archivo Restrepo. Caja 21, vol. 14, folio 17; ACC. AM. 1841. Paquete 32, legajo 53; ACC. AM. 1850. Paquete 48, legajo 54; ACC. AM. 1851. Paquete 50, legajo 35, 50; ACC. AM. 1851. Documentos de la Gobernación de la Provincia de Popayán; ACC. AM. 1851. Gobernación de Popayán; ACC. AM. 1851. Paquete 50, legajo 50; ACC. AM. 1852. Paquete 52, legajo 14.

79 Juan Bautista Castillo y Sinforoso Paz son casos del melismo regional, específicamente, del suroccidente. Castillo, conocido como ‘el Tuso’, fue rebelde en la guerra de los Supremos, pero desconocemos su suerte posterior a la guerra, solo vuelve a aparecer a finales de la década del cuarenta como miembro de la Sociedad Democrática de Cali (1849-1851). Fue un oficial que hizo servicios al gobierno liberal contra los rebeldes conservadores en los cantones de Caloto y Santander en mayo de 1851. Capitán de la 1.ª compañía del batallón de Guardia Nacional auxiliar de Buenaventura y con ese cuerpo marchó a la campaña de Pasto (junio-diciembre de 1851). En dicha campaña fue ascendido a sargento mayor, hecho que es un indicador de que tenía grados anteriores en la milicia y como mínimo unos quince años de servicio para ser, además, miembro de la plana mayor del batallón (septiembre de 1851), lo que señala cierta experticia en temas castrenses. Apoyó el golpe melista y fue uno de los encargados de llevar refuerzos en la expedición que comandaba Francisco Antonio Quijano para Quilichao; al arribar a Jamundí, se enteró de la derrota de Quijano y Dulcey en el llano de San Julián (24 de mayo de 1854). Posteriormente defendió a Cali de los asedios constitucionales de la “columna Torres”. Fue prisionero de los constitucionalistas en el combate del 16 de junio de 1854 en las calles de La Merced de Cali. Desaparece su rastro para volver a figurar semanas después como uno de los líderes de la rebelión melista comandada por José M. Calle, que asoló la región desde Cartago a Palmira (agosto de 1854). Mariano Sendoya, Caloto ante la Historia, tomo I, 164-179; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 109; Venancio Ortiz, Historia de la revolución…, 185; ACC. AM. 1851. Documentos de diversas comandancias militares; ACC. AM. 1851. Revistas militares y presupuestos del haber de jefes, oficiales y tropas de la 1.ª y 2.ª columna División del Sur; ACC. AM. 1851. Revistas militares de jefes, oficiales y tropas de la 1.ª y 2.ª columna del Ejército. Bis; Impreso “Ciudadano Presidente de la República”, Cali, 7 de febrero de 1851, Imprenta del Neogranadino, por León Echeverría.

Sinforoso Paz era del Tambo, había luchado en el bando rebelde en la guerra de los Supremos, capitán de la Guardia Nacional de su localidad a mediados del siglo XIX; tenía estrechos vínculos con José María Obando, quien lo recomendó a las autoridades provinciales para su nombramiento (julio de 1850). Fue capitán de la 6.ª compañía del batallón 2.º de Guardia Nacional Auxiliar de la provincia, compañía perteneciente a Timbío (enero de 1851). Apoyó al gobierno liberal persiguiendo, en abril de 1851, grupos armados en las inmediaciones de El Tambo, pero por circunstancias que desconocemos fue removido del mando de la unidad armada en mayo por el alcalde Guillermo Orozco, quien manifestó que Paz no era apreciado por los milicianos y que solo podrían ser dirigidos por Juan Francisco Cobo, Salvador Muñoz o Francisco Solarte. El hecho cierto es que el personaje estaba distanciado de Francisco Solarte, Cobo y otros notables de El Tambo y que Paz frecuentemente escribía cartas al gobernador Rafael Diago informándole de las actividades de aquellos personajes de la parroquia. Terminó radicado en Cali y animando a las sociedades democráticas de la ciudad, falleció defendiendo las banderas melistas cuando protegían la ciudad del ataque de las fuerzas constitucionales de la “columna Torres”. ACC. AM. 1850. Paquete 49, legajos 81 y 82; ACC. AM. 1851. Paquete 50, legajo 50, varios documentos; ACC. AM. 1851. Paquete 51, legajos 57, 65 y 71.

80 Sobre Cristo Velandia: Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 121, 201, 228; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VIII, 120; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo X, 287-289, 326-329; Venancio Ortiz, Historia de la revolución…, 305; Carolina Becerra Ortiz, La guerra civil de 1859-1862, en el Estado de Santander durante la Confederación Granadina (tesis para optar por el título de historiadora, Bucaramanga, 2012, 87-88; ACC. AM. 1841. Paquete 33, legajo 62; ACC. AM. 1844. Paquete 38, legajo 23; ACC. AM. 1850. Paquete 49, legajo 80; ACC. AM. 1851. Revistas militares y presupuestos del haber de jefes, oficiales y tropas de la 1.ª y 2.ª columna División del Sur; ACC. AM. 1851. Revistas militares y presupuestos del haber de jefes, oficiales y tropas de la 1.ª y 2.ª columna División del Sur bis; ACC. AM. 1852. Paquete 52, legajos 5 y 15.

81 Los legitimistas en la guerra de los Supremos que posteriormente apoyaron el golpe de Melo fueron, entre otros: Juan Nepomuceno Prieto, José Valerio Carazo, Santos García, Mariano Posse, José del Rosario Guerrero, Liborio Franco, Diego Castro y Fernando Campos.

82 Ley de 15 de marzo de 1845 que deroga las medidas de salubridad pública (que derogaba las leyes de 17 de abril de 1841, la de 25 de mayo del mismo y la de 26 de mayo de 1842). Véase: Codificación nacional de todas las leyes de Colombia, tomo XII (Bogotá: Imprenta Nacional, 1928), 21-22; también la Ley del 6 de abril de 1847, en: Codificación nacional de todas, tomo XII, 27-29. Entre los beneficiados por los indultos estaba los coroneles José María Gaitán, Ramón Acevedo Calderón, Rafael Peña; los sargentos mayores Dámaso Girón, Alejandro Gaitán; los capitanes Mariano España, Sinforoso Paz, entre otros. Sin duda, los oficiales que retornaron fueron muchos más, como el general Tomás Herrera, pero solo estamos teniendo en cuenta los que se involucraron con la dictadura de Melo.

83 En este caso, los que ascendieron en el escalafón militar antes o después de la rebelión de 1851, durante la administración de José Hilario López, fueron José María Gaitán, a general (1851); Ramón Acevedo Calderón, a coronel efectivo; Rafael Peña, a coronel; José Manuel Calle, a sargento mayor; Manuel Antonio Tenorio, a sargento mayor; Dámaso Girón, a teniente coronel y Cristo Velandia, a alférez y después a teniente.

El liberalismo dio ascenso a otros oficiales, los cuales fueron gobiernistas en la guerra de los Supremos, y si bien no tenemos claridad de su participación en el conflicto de 1851, por su trasegar político posterior, se pueden considerar militares liberales, estos son: Pedro Arnedo, ascendido a capitán efectivo; Venancio Callejas, a capitán, y luego, en 1852, a sargento mayor; Domingo Castañeda, a capitán; Diego Castro, a sargento mayor; José María Dulcey, a teniente y luego a capitán; Benito Franco, a capitán; Mariano Posse, a teniente coronel; Bonifacio María Ramos, a capitán; Santos García, a sargento mayor y luego a teniente coronel; José Valerio Carazo, a teniente coronel; Juan Nepomuceno Prieto, a teniente coronel; y Juan de Jesús Gutiérrez, a teniente coronel.

84 Sobre Domingo Gaitán, consultar: Arboleda Gustavo, Historia contemporánea de Colombia, tomo II, 245, 252, 296, 302; Arboleda Gustavo, Historia contemporánea de Colombia, tomo III, 36; ACC. AM. 1831. Paquete 20, legajo 25; Archivo Restrepo. Fondo Papeles de Estado, Caja 21, vol. 14, folio 17.

85 Sobre los demás hermanos Gaitán, Alejandro y José María, véase para el primero: Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo II, 296; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo V, 294; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 2, 301; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo X, 93, 385; ACC. AM. 1836. Paquete 26, legajo 37; ACC. AM. 1842. Paquete 34, legajo 41; Archivo Restrepo. Caja 21, Papeles de Estado, vol. 14, folio 17. Para el segundo Oswaldo Díaz, La reconquista española, tomo 2…, 146-149; Arboleda. HCC. Tomo I, 1990; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo I, 92; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo IV, 100; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo V, 155, 212; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VI, 29; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 72, 301; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VIII, 61-62; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo X, 93; Cayo Leónidas Peñuela, Álbum de Boyacá, 298; ACC. AM. 1842. Paquete 34, legajo 41; ACC. AM. 1851. Estado Mayor General.

86 Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo V, 186, 302-303; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VI, 191; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 55-56, 78, 119, 214-215, 242-253, 326-329; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VIII, 100; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo X, 93, 307; Carolina Becerra Ortiz, La guerra civil de 1859-1862…, 142, 144, 261; Gustavo Otero Muñoz, Wilches y su época (Bucaramanga: Imprenta Departamental, 1990), 60-61.

87 Benito Franco se citará más adelante. Sobre Habacuc Franco solo tenemos información a partir de su participación en el golpe de Melo, se halló bajo las órdenes de Diego Castro en la acción de Aposentos (29 de mayo de 1854), donde derrotaron a las fuerzas constitucionales de Melchor Corena. Semanas después, formó parte de las avanzadas de Dámaso Girón sobre las provincias del norte, siendo parte de los oficiales que entraron a Chiquinquirá y a Vélez con Justo Forero. Se halló en la batalla de Bosa y después en la acción de Las Cruces, particularmente en la plazuela (22 de noviembre de 1854), que fue uno de los primeros combates promovidos por los constitucionales para tomar a Bogotá. Fue indultado el 6 de julio de 1855 con la condición de residir cuatro años por fuera de Pamplona. Lo anterior significa que era natural de aquella ciudad o residente en ella. Fue cercano a Manuel Murillo Toro, quien lo protegió y le consiguió empleó en el estado de Santander, pero a finales de la década había hecho una mutación hacia el conservatismo; no son claras las razones de su viraje. Estuvo entre los conservadores que conspiraron para pronunciarse contra el régimen liberal de Vicente Herrera en Santander, y se pronunció en la parroquia de Charalá, seguido por Málaga, Pamplona, Girón, entre otros (febrero-marzo de 1859). Buscando ganar cierto protagonismo por los triunfos que obtenía otro conservador rebelde, Juan José Márquez, se comprometió en un combate en la parroquia de Guepsa contra los liberales que se unían en Vélez y Suaita, donde fue derrotado (22 de marzo en Guepsa). Finalmente, aparece entre las fuerzas de Julio Arboleda y formó parte de los oficiales que hicieron una ofensiva contra las guerrillas al sur de Popayán (1861). Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 136-138, 149, 268-269; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VIII, 100; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo X, 263-264, 279, 282-283; Carolina Becerra, La guerra civil de 1859-1862…, 61, 67, 72, 94, 96; Carlos Camacho Arango, “Pero no basta vencer…”, 115-151.

88 Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 121; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VIII, 97-98.

89 Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 50, 78, 118-119, 136-138, 169-170, 238, 285; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VIII, 99-100; Venancio Ortiz, Historia de la revolución…, 96.

90 Gustavo Arboleda, Diccionario Biográfico y Genealógico…, 195; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo III, 23; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo VII, 101-104; Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia, tomo X, 322; ACC. AM. 1842. Paquete 35, legajo 44 y 45; ACC. AM. 1843. Sin índice; ACC. AM. 1846. Paquete 41, legajo 82; ACC. AM. 1848. Paquete 45, legajo 70, 72; ACC. AM. 1849. Paquete 46, legajo 67; ACC. AM. 1849. Paquete 47, legajo 73; ACC. AM. 1851. Gobernación de Popayán; ACC. AM. 1851. Documentos de diversas comandancias militares; ACC. AM. 1851. Paquete 50, legajo 50; ACC. AM. 1851. Paquete 51, legajo 62.