Читать книгу Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo II. (Chile: 1958-1973) - Brian Loveman - Страница 22

Salomón Corbalán era el secretario general del Partido Socialista en 1960. El gobierno se querelló en su contra a raíz de un discurso pronunciado en una concentración popular el 17 de julio de 1960, en el Teatro Caupolicán. Corbalán acusaba a Alessandri y sus ministros de embusteros y embaucadores y de robar y usar la ayuda recibida del extranjero por el terremoto de mayo de 1960 en su propio beneficio. La querella, que incluyó al diario El Siglo que publicó el discurso²²⁸, se fundamentaba en el art. 6º, letra B de la ley de seguridad del Estado, en relación con los arts. 412 y 416 del Código Penal²²⁹. La investigación en primera instancia declaró reos a Salomón Corbalán, a Sergio Villegas, director del diario El Siglo, y al periodista y candidato a diputado Carlos Rosales, quien intervino en la publicación²³⁰. El juzgado que conoció la causa despachó orden de prisión para los inculpados, mientras la defensa apeló por la encargatoria de reo de los querellados. Villegas fue trasladado al anexo cárcel Capuchinos.

El gobierno consideró que la denuncia sobre la venta de harina donada por Canadá para las víctimas del terremoto de 1960 constituía una infracción a la ley de seguridad interior del Estado al injuriar a la persona del Presidente de la República, querellándose contra los responsables²³¹. Carlos Lazo, abogado del gobierno, solicitó 541 días de reclusión para Villegas como director de El Siglo. En diciembre, Villegas sería condenado en primera instancia a 150 días por el ministro sumariante Israel Bórquez. Los socios de la empresa El Siglo –Aurelio de la Fuente, Oscar Baeza y Justo Zamora– debían pagar 200 escudos de multa cada uno²³². El Siglo se querelló a su vez contra el abogado del ministerio del Interior, José Miguel Campino, «por un desmentido hecho a nuestro diario estimado injurioso»²³³.

Las querellas contra Corbalán y los periodistas de El Siglo correspondían a una persecución judicial amplia del gobierno contra quienes acusaran a los intendentes y gobernadores de no distribuir la ayuda recibida para responder al terremoto, así como contra los que injuriaran o calumniaran al Presidente de la República o ministros de Estado. El ministro del Interior, Dr. Sótero del Río, envió instrucciones a intendentes y gobernadores para que presentaran denuncias contra todos aquellos que hubieran incurrido en calumnias e injurias contra los funcionarios que actuaban en la zona afectada por la catástrofe²³⁴. En esta campaña represiva el gobierno recurrió al decreto ley 425 (abusos de publicidad) de 1925, a la Ley 12.927 de seguridad interior del Estado y al Código Penal²³⁵.

Los tribunales del país se constituían en instrumento clave del gobierno para contraatacar a la izquierda y a otros partidos y movimientos opositores, como se explica en una comunicación del ministro del Interior:

(…) En cierta prensa y sectores políticos se ha desarrollado una campaña para demostrar que existirían robos en el reparto de ayuda en las zonas damnificadas. El reparto de esa ayuda se realiza bajo el control y responsabilidad de los intendentes, gobernadores y otros funcionarios públicos. A tales autoridades y funcionarios se les ha instruido por el Ministerio del Interior, en orden a entablar querellas y denuncias cada vez que sean objeto de calumnias, injurias o difamaciones.

Las querellas o denuncias que en tal sentido se interpongan por las autoridades encargadas de la distribución de la ayuda SE RIGEN ESTRICTAMENTE POR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL, por lo que bastará al inculpado la prueba de la verdad de sus aseveraciones para eximirse de toda responsabilidad de injuria o calumnia. Más aun, el gobierno lo ha expresado y reitera que procederá a sancionar a cualquier funcionario responsable de irregularidades.

Las difamaciones dirigidas contra S.E. el Presidente de la República y sus ministros dan lugar a responsabilidades penadas por la Ley de Seguridad Interior del Estado y las informaciones periodísticas falsas se sancionan en el DL 425. Pero ello ocurre, en el primer caso, por estimar la ley que se atenta contra el orden público y en el segundo, que constituye un abuso de publicidad. Pero tales asuntos son ajenos a la distribución de ayuda a los damnificados y de la pretendida perpetración de robos, pues ni el Presidente de la República ni sus ministros han tenido a su cargo en forma directa la distribución de ayuda a los damnificados como, es obvio suponerlo.

De lo anterior se desprende que el señor Millas se aparta en su comentario del problema esencial, las acusaciones sobre las irregularidades en el reparto de ayuda a los damnificados, asunto que el gobierno pretende esclarecer por medio de querellas y denuncias interpuestas POR LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA DISTRIBUCIÓN Y REPARTO, PROCESOS QUE CONFORME A SUS INSTRUCCIONES SE TRAMITARÁN EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL CÓDIGO PENAL²³⁶.

La Corte de Apelaciones emitió una primera sentencia el 23 de agosto de 1960 en el caso de Corbalán. Las informaciones de prensa sobre el discurso del dirigente político fueron consideradas pruebas por la Corte, estableciendo que los hechos se habían producido en una reunión pública de carácter político organizada por el FRAP. La Corte determinó que procedía «revocar la resolución apelada en la parte que declara reos al director del diario y al periodista que redactó la información como autores del delito, instituido en la letra b del artículo 6º de la ley sobre seguridad interior del Estado, y confirmarla en cuanto declara reo y somete a proceso por el mismo delito al dirigente político que pronunció el discurso injurioso»²³⁷.

El fallo estableció que El Siglo dio una versión bastante ajustada a la realidad al comparar el texto con la versión magnetofónica del discurso, reproduciendo en titulares «Se están robando la ayuda», y otras expresiones que denunciaban el robo de la ayuda a los damnificados. Estableció además que, de acuerdo a los antecedentes recogidos, ni el periodista ni el director del diario tuvieron ánimo de injuriar sino de narrar e informar. Por este motivo fueron eliminados del proceso, declarándose reo a Salomón Corbalán como autor del delito contra el orden público. Como se puede apreciar, el tribunal interpretó y aplicó a la letra la ley de seguridad interior del Estado, liberando al periodista y manteniendo la encargatoria de reo de Corbalán.

La defensa de Corbalán se centró en demostrar que la denuncia que él hizo había sido documentada por el propio gobierno en sus comunicados oficiales, «que los cargos podían ser probados, que respondían, en fin, a críticas y observaciones ratificadas por hombres del todo ajenos a las luchas políticas o que militan en partidos que apoyan a la actual Administración». No obstante, Corbalán fue condenado en primera instancia a 180 días de relegación a Freirina. La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 21 de diciembre de 1960²³⁸. El senador Raúl Ampuero denunció la condena:

(…) Por tratarse de una decisión judicial que afecta a un personero de tan alta jerarquía dentro de los partidos de oposición, nos ha parecido indispensable comentar en esta sala los antecedentes de tal condena, la actitud que asumió nuestro compañero Salomón Corbalán y, sobre todo, la significación de este proceso en el cuadro de represiones que ha caracterizado en el último tiempo la acción del gobierno (…)²³⁹.

Corbalán había criticado también la política de reajustes, indicando que «en los más altos círculos de gobierno ha habido un comportamiento propio de embaucadores y embusteros; que se ha engañado a la opinión pública y al país, y que esta conducta no puede seguir siendo tolerada (…)». No se trataba, en consecuencia, de un incidente ocasional en que un dirigente político pudiese haberse sentido arrastrado por el deseo de menoscabar la persona del Presidente de la República, en su condición de particular, sino de «un acto cívico destinado a someter a juicio público toda una conducta gubernativa»²⁴⁰. En diciembre, la quinta sala de la Corte de Apelaciones le rebajó la pena a 100 días de relegación²⁴¹. Y a fines de diciembre la Corte Suprema confirmó la condena. Corbalán criticó la sentencia fuertemente²⁴².

La sentencia de segunda instancia reconoce que mi discurso fue de crítica política, pero agrega, a renglón seguido, que se usaron términos injuriosos. Olvida totalmente la jurisprudencia que se estableció en un proceso anterior que la «crítica política», por más acerba que sea, no puede constituir delito cuando está basada en hechos que son de conocimiento público. Queremos agotar todos los trámites de la justicia de esta democracia. Para que el país conozca con exactitud hasta dónde es efectivo que Nuestro Poder Judicial es independiente y está ajeno a los intereses de clase²⁴³.

Después de la condena de relegación, el gobierno ofreció indultarlo. Corbalán hizo una declaración pública rechazando el indulto:

He tomado conocimiento por una declaración de la Secretaría General de Gobierno, de fecha 31 de diciembre, de la disposición en que estaría el Presidente de la República en orden a indultarme en la sentencia que me condena a 100 días de relegación a Freirina por supuestas injurias y calumnias al Jefe de Estado. A este respecto declaro:

(…) No acepto esta sentencia, porque no creo en la independencia del Poder Judicial para juzgar en conciencia hechos políticos cuando una de las partes en el juicio es el gobierno, o sea, el mismo poder al que se está solicitando aumento de sueldos y el mismo poder que determina los ascensos de la carrera judicial. No acepto esta sentencia, porque he ejercido un derecho que la Constitución consagra, el derecho de crítica política. Los tribunales han violado sus propias jurisprudencias ya que, por términos más agresivos e irreverentes, se juzgó a políticos radicales en el gobierno del señor Ibáñez, justamente cuando éste hacía una política popular, quienes fueron absueltos estableciéndose «Que la crítica política por muy acerba y exagerada que ella sea, cuando está basada en hechos que son del conocimiento público, no constituye delito (…)».

Salomón Corbalán

Santiago, 2 de enero de 1961²⁴⁴.

Corbalán atacó la actuación y legitimidad del Poder Judicial y sus fallos, denunciando su falta de independencia, lo que sería un tema recurrente hasta la década de 1970 en los sectores de izquierda. No obstante, el gobierno indultó a Corbalán. En el decreto se señaló que se concedió el indulto a pesar de que Corbalán había insistido en atribuirse la calidad de perseguido político, acusando al gobierno de ejercer, en su caso, un acto de abierta intervención electoral²⁴⁵. Según El Mercurio, el gobierno indicó en el decreto que el Presidente de la República tiene facultades para «conceder indulto sin necesidad de ser solicitado, lo que servirá, además, para poner en evidencia las facultades y contradicciones en que incurren el Sr. Corbalán y sus partidarios y la rectitud de propósitos del Presidente de la República y de su gobierno»²⁴⁶.

En marzo de 1961, Corbalán fue elegido senador por la 5ª agrupación provincial de O’Higgins y Colchagua, para el período de 1961 a 1969. Sin embargo, en marzo de 1967 falleció en un accidente, siendo reemplazado en el ejercicio de su función senatorial por su esposa, la dirigente socialista María Elena Carrera Villavicencio.