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Capítulo 1

Descalabro

(2010)

Eyjafjallajökull. No se esfuercen en intentar pronunciarlo, para un castellanoparlante, en general para cualquier persona que no hable islandés, es una proeza como poco imposible. Eyjafjallajökull es el nombre del volcán que hizo que Europa mirara al cielo a comienzos de la anterior década. La enorme cantidad de cenizas expulsadas a la atmósfera paralizó el tráfico aéreo entre el 14 y el 20 de abril de 2010 y nos demostró, aunque fuera por unos días, la certeza de nuestra impotencia y escasa dimensión ante la fuerza desatada de la naturaleza. Algo muy parecido nos pasó a millones de ciudadanos de todo el continente, pero en especial a los de los países periféricos, con otra fuerza, más que incontrolable descontrolada, llamada economía.

Miércoles, 12 de mayo de 2010. Sesión plenaria número 153 de la IX Legislatura. Comparecencia a petición propia del señor presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso para informar de la reunión extraordinaria del Eurogrupo, del 7 de mayo, en relación con la situación de Grecia y la de los mercados financieros. José Luis Rodríguez Zapatero, en uno de esos juegos de espejos y negativos que la política y la vida nos brindan más a menudo de lo que creemos, marcó su carrera con dos acontecimientos. Si el primero ya ha aparecido en el previo a esta historia, la retirada de las tropas de Irak recién llegado a La Moncloa en 2004, en el ecuador de su segundo mandato se enfrentará en esta comparecencia parlamentaria a su reverso tenebroso: los recortes en el inicio de la crisis de la deuda. Del ejercicio pleno de nuestra soberanía a su derrota.

La Encuesta de Población Activa –EPA– del primer trimestre de 2010 arrojó unos datos descorazonadores de desempleo, que superó el 20 por 100, dejando en esa parte del año a más de 600.000 personas en paro, mostrando unas cifras totales de 4.612.700 desempleados. El año ya ha comenzado con recortes y subidas de impuestos. En febrero, el Ibex pierde un 9 por 100. La crisis de 2008 se había dejado sentir en la sociedad española con fuerza, aunque el debate hasta abril era si ya se empezaba a vislumbrar la recuperación, algo que trascendía la mera propaganda política del Gobierno, que seguía resistiendo con su Plan E, un paquete de medidas del estímulo que pretendía, mediante el gasto público, reactivar la economía. Hasta mayo, un mes en el que todo cambió.

Zapatero sube a la tribuna del Congreso, la sesión ha empezado a las nueve de la mañana: «Cuando alcancemos a ver con perspectiva los acontecimientos que estamos viviendo, estoy seguro de que estas fechas se juzgarán decisivas para la unión monetaria, para el Gobierno económico europeo y para el futuro mismo de Europa como comunidad política»[1].

Unos días antes, el 4 de mayo, el presidente viaja a Bruselas para participar en una cumbre de alcaldes de toda la Unión motivada por el cambio climático –antes de Greta Thunberg el tema ya era materia de preocupación y debate–, que la fuerza de la actualidad convierte en un alegato en defensa de Grecia y de la propia idea europea: «Solo aquellos que pueden pensar de manera egoísta y con escasa perspectiva de futuro tienen dudas de la fortaleza del proyecto europeo»[2].

El país heleno sufría dos crisis, la internacional y una endémica derivada del descontrol de su deuda pública y su déficit, falseado por el asesoramiento de los mismos bancos de inversión que ahora estaban dejando caer a Grecia, al no comprar su deuda, rebajada por las agencias de calificación al nivel de bono basura. Standard & Poor’s ya había hecho lo propio con la española el 29 de abril[3], dejándola aún en un nivel de riesgo razonable. Las palabras de Zapatero iban precisamente destinadas a los especuladores que habían empezado a atacar a los países que la prensa inglesa denominó, en un repugnante juego de palabras, PIIGS, realizando un acrónimo con las iniciales de Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, de una similitud obvia con pigs, cerdos en su traducción al castellano.

Mientras que Zapatero trataba de demostrar fortaleza en el corazón de Europa, ese mismo martes la prensa internacional salía al contraataque funcionando como el altavoz de los dueños del sistema económico. El New York Times concluía que «España corre el riesgo de caer en la misma trampa que Grecia a menos que tome medidas más contundentes. Podría verse incapaz de recaudar dinero en los mercados privados a tasas de interés aceptables»[4], «Los inversores están ahora más preocupados por Portugal y España, que deben realizar emisiones de deuda en los próximos meses, estos dos países no tienen plan de rescate»[5], analizaba el Financial Times, mientras que el Wall Street Journal sentenciaba que, aunque Grecia ya tuviera su rescate, «eso no ha valido para levantar la sensación de tristeza inminente sobre lo que le espera a Europa […] el euro será una moneda muerta en diez o quince años»[6]. Tres periódicos que concluían, analizaban y sentenciaban, o más bien que estaban construyendo una profecía autocumplida que valdría para poner de rodillas a España en cuestión de días.

El miércoles 5 de mayo Zapatero y Rajoy se reúnen en La Moncloa por primera vez después de las elecciones de 2008, un tiempo excesivamente largo para un presidente y un jefe de la oposición que habían visto ensombrecida su relación por la política de tierra quemada que Rajoy había impuesto en asuntos como Cataluña, más preocupado por mantenerse como primer mandatario del PP, frente a la batalla interna planteada por Esperanza Aguirre, que por la estabilidad futura del país.

En el encuentro, de dos horas y cuarto de duración, se trató la fusión de las cajas de ahorros. «Hemos acordado sumar los esfuerzos políticos e institucionales de tal manera que el 30 de junio podamos tener el mapa de reestructuración definitiva de las cajas de ahorros para garantizar y mantener la solvencia y la eficiencia de nuestro sistema financiero»[7], explicó el presidente. Ambos mandatarios deseaban, tenían la necesidad, de mandar un mensaje de tranquilidad a los inversores, en lo que parecía una escenificación de una relativa unidad en un escenario que ya se anticipaba tormentoso.

Sin embargo, Zapatero aún se resistía a dar su brazo a torcer y defendía su política de estímulos a la economía: «No es una buena opción acelerar la reducción del déficit. Quien está equivocado es el PP sobre este asunto. Si uno hace una drástica reducción del déficit puede comprometer la recuperación»[8]. Nuestra prensa económica de derechas –disculpen el oxímoron– se situaba en la misma trinchera de los especuladores que habían puesto sus ojos en el país, opinando que daba «la sensación de que el presidente sigue encastillado en su miope visión de la realidad, continúa siendo rehén de sus prejuicios ideológicos y de su subordinación a los sindicatos, y se reafirma en su convencimiento de que se puede superar la crisis sin adoptar decisiones impopulares porque tarde o temprano vendrá el maná de la recuperación internacional y nos sacará del hoyo sin mayores complicaciones»[9]. Los sacerdotes mayas ya estaban en la cúspide de la pirámide, cuchillo ceremonial en mano, esperando ansiosos la sangre de nuestros sacrificios.

El 6 de mayo la prima de riesgo, la diferencia frente al bono alemán considerado referencia estable, se situaba en 149 puntos. El Fondo Monetario Internacional advierte el día anterior a España, Irlanda y Portugal que apliquen rápidamente sus programas de ajuste. Jean-Claude Trichet, el presidente del Banco Central Europeo –BCE– intenta cavar un cortafuegos declarando, en la presentación de un informe sobre la reunión de la entidad en Lisboa, que «el caso griego no puede ser extensible a otros países […] todos los países tienen que hacer todo lo que se les ha pedido y seguir un rumbo que les pueda llevar a la estabilidad a medio plazo»[10]. Sin embargo, Trichet, ante las preguntas de los periodistas sobre si el BCE se dispone a comprar deuda soberana, responde hasta cuatro veces que no, «simplemente repetiré que no discutimos el asunto y no tengo nada más que decir»[11]. Estas declaraciones complican aún más la situación, ya que dejan a los pies de los caballos al sur de Europa sobre el que los especuladores han puesto sus garras.

El diario El País, haciendo un repaso de la semana clave del 3 al 9 de mayo, cita a un colaborador del presidente Zapatero, sin ponerle nombre, en unas líneas más que descriptivas:

Fue una semana negra que nos sorprendió a todos. Desde el lunes sufrimos los ataques consistentes de los mercados financieros, y el miércoles, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, acabó de hundirnos con unas declaraciones contrarias a la compra de títulos de deuda pública que generó mucha inquietud. La Bolsa reaccionó muy mal. Nosotros teníamos previsto hacer un ajuste duro en 2011 con un presupuesto muy complicado para rebajar dos puntos del déficit. Pensábamos anunciarlo en junio con motivo de la aprobación del techo del gasto presupuestario, pero los acontecimientos nos atropellaron[12].

El atropello, a España y a toda la zona Euro, acaba de concretarse a finales de semana, el jueves 6 y el viernes 7, cuando los mercados financieros, a pesar de los elevados intereses que presentan los bonos, dejan de comprar deuda pública española. Al final el Gobierno se ve obligado a pedir ayuda a los bancos españoles para colocar algo más de dos mil millones de euros, en una prueba de fuego que demuestra que, aunque la rebaja de confianza de Standard & Poor’s en nuestros bonos era de riesgo bajo, los especuladores estaban tirando con fuego de artillería pesada sobre la capacidad de financiación española.

Los Estados tienen varias maneras de financiarse. Hasta los años ochenta, la política fiscal –los impuestos– había sido una de las vías principales, junto con el control sobre el precio de su moneda por parte de sus bancos centrales. En momentos de crisis se subía la presión fiscal para obtener más ingresos y se devaluaba la moneda para hacer los productos nacionales más competitivos. Mas en 2010 España ya carecía de moneda nacional, la peseta, al haberla sustituido por el euro, bajo el control del Banco Central Europeo, que se autogobierna al margen de los Ejecutivos nacionales integrantes de la UE. Habría de utilizarse, pues, otra manera de financiarse: la emisión de deuda pública o soberana.

La deuda pública consiste en una operación donde tal Estado emite unos bonos que son comprados, bien por particulares, bien por instituciones bancarias. Es decir, que se emite un documento por un valor que teóricamente es recuperable en una serie de meses o de años. Realmente esta deuda nunca se acaba de hacer efectiva, sino que se le adjudican unos intereses que son los que la hacen atractiva para el comprador, ya que los va cobrando periódicamente. En tiempos de estabilidad, la deuda pública era un modo seguro de obtener unos intereses limitados pero estables por parte de los compradores y una forma secundaria que el Estado tenía de financiarse.

Sin embargo, a raíz de las continuas rebajas fiscales exigidas por organismos como el FMI o el BCE, unidas a un adelgazamiento del sector industrial que la UE impuso especialmente a los países de la periferia europea, los Estados tomaron como fuente principal de financiación la emisión de bonos de deuda soberana. En 2010 la deuda española era el equivalente al 60,5 por 100 del Producto Interior Bruto, en 2018 se elevaba a un 97,6 por 100, es decir, que todo lo que produce la economía española en un año es ya igual a la deuda que el Estado ha emitido mediante la puesta en el mercado de sus bonos.

La deuda emitida se supone un valor confiable, ya que la está respaldando un Estado, pero, aun así, las agencias de calificación de riesgo, empresas privadas norteamericanas casi en su totalidad, adjudican una nota de confianza a esta deuda. Si esa nota cae, los intereses que el Estado tiene que pagar por esa deuda suben, lo que equivale a decir que indirectamente el Estado tiene menos capacidad de financiarse, ya que por el dinero que obtiene se ve obligado a devolver una mayor cantidad al vencimiento de los intereses. Esos intereses se miden mediante la temible prima de riesgo, el grado de inseguridad de que tal Estado no pueda devolver esos intereses.

Y es aquí cuando entran en escena los especuladores, que no es más que el eufemismo con el que se denomina a los grandes fondos de inversión de alto riesgo, hedge funds, cuando se dedican a este tipo de actividades éticamente delincuenciales. El diario Público explicaba así este tipo de operaciones:

En 2010, se puso de moda atacar un país a través de los bonos de deuda pública combinados con CDS. El especulador puede tener bonos de ese país o pedirlos prestados a los grandes bancos de inversión que son los que los custodian, con el compromiso de devolverlos un tiempo después. El objetivo es acumular muchos para venderlos de golpe y hacer que caiga su precio. Al mismo tiempo compra seguros que cubren el impago de esos bonos en el caso de que caigan mucho, son los famosos CDS.

Al aumentar la demanda de CDS su precio sube, lo que pone en guardia a los gestores de las mesas de negociación de todo el mundo. «Algo pasa con España.» Todos quieren cubrir su riesgo y compran más CDS. «Lo más peligroso es que en la mayoría de los casos los CDS no tienen ningún bono detrás», advierten los expertos. Es decir, el especulador no ha comprado el bono y después el seguro para cubrirlo, sino solo el CDS. De hecho, este mercado mueve 17 veces la deuda real que cubre.

Los CDS que el especulador pidió prestados a 100 ahora valen 300 y los bonos que costaron 10 ahora valen 5. La prensa y los políticos denuncian la operación. Ataque especulativo, pánico, venta España. Aquí es donde entran los pequeños inversores. Más ventas. Todo sigue cayendo. Para entonces el gran especulador ya ha salido de la operación, ha recomprado los bonos que pidió prestados y los devuelve al banco custodio después de recoger pingües beneficios[13].

En el hipotético caso de que usted abandonara la lectura de este libro en el comienzo de esta historia, al menos habría sacado una conclusión válida sobre cuál fue el motivo de tantos y tan variados sufrimientos que la clase trabajadora española padeció la pasada década: lo que en un momento fue simplemente una forma más de financiación estatal, ni siquiera la principal, en la época neoliberal convirtió al propio Estado, al propio país, en un producto con el que se podía especular, es decir, alterar falsamente el valor de los bonos de deuda para obtener unos ingentes beneficios. Lo peor de todo es que los especuladores ni siquiera llegaron a comprar los bonos, ni siquiera los seguros a futuro por el impago de esos bonos, los credit default swaps –CDS–, sino que tan solo los pidieron prestados, desataron el ataque y pasaron por caja para embolsarse los réditos.

La calificación de la deuda es la carnaza que los tiburones financieros esperan para que sus ataques especulativos sean exitosos. Está hecha por empresas teóricamente independientes, aunque hay que señalar de nuevo que el 90 por 100 de este mercado está controlado por tres firmas norteamericanas, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch. ¿Cuáles son los métodos que utilizan para calificar a Estados y empresas? Se desconoce. De hecho, cuatro días antes de la quiebra de Enron en 2001 calificaban a esta empresa como confiable. A Lehman Brothers, el banco de inversión que quebró en 2008, acontecimiento fundacional de la gran crisis financiera, le otorgaron buenas calificaciones hasta el mismo momento de su desplome. El profesor Vicenç Navarro, un viejo roquero de la economía política académica que se convirtió en estos años en una figura de referencia popular, nos ilustra a propósito de esta opacidad:

Tales agencias podrían justificar su existencia si su trabajo fuera independiente, objetivo y creíble. Pero no es así, tal como lo demuestra la evidencia acumulada. Estas agencias son meros instrumentos de aquellas instituciones que, en gran parte, las financian. De ahí que siempre valoren muy positivamente los productos de las instituciones que les financian (sean bancos, compañías de seguro, u otros) mientras que valoran negativamente a ciertos productos si ello favorece los intereses de tales instituciones financiadoras. De nuevo, la evidencia de ello es abrumadora. Esto fue reconocido por el vicepresidente de una de ellas, la famosa Moody’s, que, tras dejar la compañía, declaró a la Comisión Federal de EEUU encargada de analizar las causas de la crisis financiera, que lo más importante para tal agencia no era la objetividad en sus estudios del valor de los productos financieros sino la satisfacción de sus clientes que financiaban tales estudios.

Ya en 2004, la Oficina de Estadísticas de la UE –Eurostat– había indicado que las cuentas del Estado griego no eran creíbles, lo cual no fue obstáculo para que las agencias de valoración mantuvieran la evaluación positiva de la deuda pública griega. Fue al anunciarlo el presidente socialista cuando se cambió la evaluación, pasando a ser negativa, iniciándose la cascada de valoraciones negativas, primero Grecia, después Portugal, y más tarde España e Italia. ¿Cómo es que las agencias habían valorado positivamente la deuda pública de todos estos países y solo hasta aquel momento se cambió de valoración positiva a negativa? Y la respuesta es fácil de ver si uno deja de creer en el dogma liberal. Fue el intento del capital financiero de crear la crisis de la deuda pública, de cuya especulación ganó pingües beneficios[14].

La crisis económica de 2008 tenía una base real sobre la burbuja crediticia alimentada por los bancos de inversión, de forma particular en el sector inmobiliario. La crisis de la deuda soberana de 2010 parece, a todas luces, que fue la exitosa operación de esos mismos bancos para, en connivencia con las agencias de calificación, recuperar los beneficios que se habían dejado por el camino, arrastrando con ello a las economías, ya lastradas por la crisis del ladrillo, de los países periféricos de la Unión Europea, entre ellos España. Este párrafo posiblemente sea un anatema para cualquier economista neoliberal, pero ustedes deciden qué explicación les parece que encaja más con el principio de simpleza de la navaja de Ockham.

Esta fantasmagoría financiera, una miseria moral medida en cifras astronómicas, tuvo, sin embargo, un efecto trágico para la economía europea, una unión monetaria sin armonización fiscal. A finales de la semana del 3 al 9 de mayo, España estaba encontrando grandes dificultades para financiarse en los mercados mediante la venta de su deuda. Si los bonos españoles hubieran caído al nivel de los griegos, la Eurozona se hubiera derrumbado, arrastrando a las economías de toda la UE, incluidas Francia y Alemania. El domingo 9 de mayo los ministros de Economía europeos se reunieron en Bruselas para crear el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) dotado de 500.000 millones de euros por parte de la UE y 250.000 millones del FMI. Además de dejar esa cantidad disponible, lo que garantizaría la estabilidad al euro y permitiría que la deuda fuera de nuevo aceptada en los mercados, se exigirían a los países de la periferia una serie de medidas de austeridad encaminadas a aumentar el ahorro y rebajar el déficit, lo que teóricamente respaldaría a su vez a la deuda, ya que a mayor gasto se necesita una mayor cantidad de financiación. En términos reales estas medidas lo que supusieron fue el rescate a la banca francesa y alemana, el hundimiento de las economías periféricas y el inicio de una serie de ataques especulativos que no culminaron hasta casi la mitad de esta historia.

El martes 11 de mayo, José Luis Rodríguez Zapatero recibe en La Moncloa la llamada de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos. Esta vez no había posibilidad de no levantarse ante el paso de la bandera de las barras y estrellas:

El presidente Obama y el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero hablaron hoy por teléfono como parte de las consultas continuas del presidente con aliados cercanos sobre la situación económica mundial. Discutieron la importancia de que España tome medidas decididas como parte del esfuerzo de Europa para fortalecer su economía y generar confianza en el mercado. El presidente expresó el apoyo de los Estados Unidos a esos esfuerzos[15].

Llegamos así a la fecha con la que comenzamos este capítulo, el miércoles 12 de mayo de 2010, justo en el instante en que dejamos al presidente hablando de lo que iba a ser un momento que se juzgaría decisivo, el momento en que en España el poder financiero internacional se impuso a la democracia. El pago que los druidas nos exigieron para calmar a los dioses fue el siguiente:

– Recorte de 5.000 millones más en 2010 (hasta los 10.000) y un total de 10.000 en 2011.

– Reducción del sueldo de los funcionarios de forma proporcional un 5 por 100 de media en 2010. Congelarlo en 2011.

– Suspender en 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.

– Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial de la Ley 40/2007.

– Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero.

– Revisar el precio de los medicamentos (no los de referencia) y adecuar las unidades del envase a la duración estándar del tratamiento (incluso con monodosis).

– Suprimir para nuevos solicitantes la retroactividad del pago por dependencia al día de la presentación, excepto si la tramitación supera el límite de 6 meses.

– Reducir 6.045 millones de inversión pública estatal para 2010 y 2011, y 600 millones de Ayuda Oficial al Desarrollo[16].

Durante su intervención, Zapatero, que viste un traje gris y levanta en contadas ocasiones la vista de los papeles, mantiene un semblante apesadumbrado, propio del gobernante que ha tenido que elegir entre sus principios, aquellos que presentó al criterio de los votantes en unas elecciones, o plegarse a las exigencias de eso llamado mercados:

No es fácil para cualquier Gobierno dirigirse en estos términos a la Cámara y a sus conciudadanos, menos lo es aún para un Gobierno que se ha empeñado durante los años de bonanza en dirigir lo mejor de sus esfuerzos a mejorar la situación de la mayoría de los ciudadanos y especialmente de los menos favorecidos. Son los mismos que nada han tenido que ver con el origen, el desarrollo y las fases de la crisis; son, por el contrario, los que han sufrido sus consecuencias y son ahora los que mayoritariamente de nuevo deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir los efectos de la crisis. Sois, en definitiva, la columna que sujeta el país; los que cargáis con su peso fundamental; los que garantizáis el presente y el futuro de nuestra sociedad, sus posibilidades de crecimiento, de bienestar, de éxito; los que dependéis de vuestro propio trabajo, de vuestro afán emprendedor, de las rentas públicas que os habéis ganado con los años.

El pasaje del discurso es una confesión pública del chantaje y la injusticia: los que nada han tenido que ver con el origen y el desarrollo de la crisis serán precisamente los que soporten sobre sus espaldas sus peores consecuencias. Quien ha de velar por sus intereses, quien representa el máximo poder democrático del país, será el verdugo en su ejecución.

José Luis Rodríguez Zapatero representa mejor que nadie el cambio de época, la transición de siglo: un socialdemócrata de sentimiento que abraza en la práctica el socioliberalismo de los Blair y Schroeder; un progresista preocupado por las minorías que parece olvidar que la izquierda siempre ha tenido aspiración a las mayorías; un demócrata convencido que es víctima, propiciatoria, de todo el andamiaje antidemocrático del mundo de las finanzas; un político que confió en que la ideología podía desarrollarse tan solo en el campo de lo simbólico y dejó la economía para una serie de lecciones que aprender en dos tardes, tal como se escuchó, por uno de esos micrófonos traidores, decir al ministro Jordi Sevilla. La economía, algo restringido a las páginas salmón, esoterismo para elegidos, había pasado a serlo todo. Zapatero: el último presidente soberano de nuestro país, el primer presidente en entregar nuestra soberanía.

Precisamente el Telediario que cubre la comparecencia de Zapatero es el espacio más visto de aquel año, por detrás, eso sí, del impepinable fútbol. El 11 de julio la selección española gana su primer Mundial con el gol de Iniesta, un acontecimiento nacional que hace echarse a las calles a cientos de miles de personas. El «a por ellos» puesto de moda por locutores deportivos de camisa entallada tomará unos pocos años más tarde un significado muy diferente. La relación entre las expresiones populares mediadas por un entusiasmo comercial televisivo y su utilización política con un objetivo muy diferente podría tener en este caso uno de sus paradigmas más claros. A por ellos, ¿a por quiénes?

Todavía quedan ecos de un pasado no finiquitado, como es el caso del terrorismo. La banda terrorista ETA asesina por primera vez a un gendarme francés, Jean-Serge Nérin, en lo que paradójicamente será su última acción con víctimas mortales. Un tiroteo que demuestra la inoperancia de una organización que ha quedado aislada políticamente e inútil en el terreno bélico. Aunque en el fin de ETA intervienen múltiples factores, generalmente se pasa por alto la cada vez mayor dificultad técnica de mantener una estructura permanente de comandos dirigidos por una cúpula en un mundo en el que las comunicaciones, a pesar de que son más sencillas, están cada vez más controladas. Es casi imposible mover dinero sin dejar rastro, alquilar un piso sin presentar documentación, moverse sin ser detectados por miles de cámaras, el rastro de los móviles o las tarjetas de crédito. Un contexto tecnológico para el que el terrorismo del siglo XX no estaba preparado.

Desde la ruptura de la tregua el 30 de diciembre de 2006, con el atentado en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, donde fueron asesinados dos trabajadores ecuatorianos, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, la banda había matado en Francia a dos guardias civiles, Raúl Centeno y Fernando Trapero, que hacían labores de seguimiento e iban desarmados, casi un año después, el 1 de diciembre de 2007. En 2008 fueron cuatro las víctimas mortales. Isaías Carrasco, concejal socialista tiroteado unos días antes de las elecciones generales; el guardia civil Juan Manuel Piñuel, mediante un coche bomba, al igual que Luis Conde de la Cruz, brigada del Ejército de Tierra; el empresario Ignacio Uría es tiroteado en Azpeitia cuando iba a un restaurante a librar una partida de cartas. En 2009 las tres últimas víctimas mortales de ETA en suelo español son dos guardias civiles, Carlos Sáenz y Diego Salvá, y un policía nacional, Eduardo Antonio Puelles, mediante el método de la bomba lapa adosada a sus vehículos.

Egunkaria era el único diario publicado íntegramente en euskera desde 1990, cuando alrededor de unas 90.000 personas participaron en el proceso de financiación para poner en marcha el rotativo, que contaría con unos 15.000 ejemplares y unos 50.000 lectores diarios. En febrero del año 2003 el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, clausuró el periódico y embargó sus bienes por considerar que formaba parte de un conglomerado empresarial vinculado a ETA. En octubre de 2003 se detuvo a 22 personas entre directivos y trabajadores de la publicación. El cierre, que seguía los pasos del de Egin ordenado por el juez Garzón en 1998, despertó una gran indignación en la sociedad vasca, ya que se consideró un ataque a la libertad de expresión y a su cultura vernácula. Asimismo, una nota de prensa de la Audiencia Nacional donde se expresaba la coordinación entre el juez Del Olmo y el Ministerio del Interior causó igual polémica al reconocer, implícitamente, una ruptura del principio de separación de poderes que incluso motivó un debate dentro del Consejo General del Poder Judicial.

Los detenidos denunciaron torturas por parte de la Guardia Civil en los interrogatorios. Marcelo Otamendi relataba así lo sucedido:

Ejercicios físicos interminables, hasta reventar, hasta caerme y perder el aliento, flexiones, amenazas, insultos… y la bolsa, dos veces. Me advirtieron que era como un tren: que tenía la oportunidad de bajarme en la primera estación, porque así sufriría menos, «porque aquí todos acaban cantando». A mí no me machacaron como hicieron con Juan Mari Torrealdai. Todo era gradual: al principio me obligaron a estar de pie, luego, a tener las piernas de pie, pero agachado de cintura para abajo… así me tuvieron tres horas […] También había insultos de tipo sexual: «Ponte así, que sabemos que te gusta así…». Mientras estaba desnudo me metieron un plástico por el ano […] Salí de allí con los ojos vendados, y a los 30 minutos vinieron más guardias civiles al calabozo, me sacaron a rastras, me tumbaron, y me dijeron: «Si le vuelves a contar algo al forense, te pegamos un tiro»[17].

En el año 2006, el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, pidió el archivo del caso Egunkaria al no encontrar vinculación entre el periódico y ETA, «una cosa es que, en los albores del periódico, la banda esté interesada e informada […] y algo muy diferente es que ello implique que se le pueda atribuir su creación, su impulso o su control, y menos aún a los gestores del periódico procesados en la presente causa»[18]. El 12 de abril de 2010 la Audiencia Nacional absolvió a los acusados en una dura sentencia contra el juez Del Olmo:

La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación […] injerencia en la libertad de prensa. Primero se decidió cuál fue la conclusión de la que se predica sin base, que es indiscutible, y luego se buscan las señales, vestigios e indicios, y por último, se rechaza cualquier sentido de estos que no apoye la conclusión […] Las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA, lo que por sí determina la absolución con todos los pronunciamientos favorables[19].

El caso Egunkaria, por el que además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado por no investigar las torturas denunciadas por los detenidos, es el reverso paradigmático de una lucha antiterrorista que saltó en más de una ocasión las barreras de las propias leyes que decía salvaguardar y que hasta bien entrado el siglo XXI activó un debate en la sociedad española sobre los límites que el sistema judicial, policial y político se había marcado para luchar contra ETA.

El 5 de septiembre de 2010 la banda envió un comunicado en vídeo a la BBC donde expresaba el cese de las «acciones armadas ofensivas»[20]. Algo más de un año después, el 20 de octubre de 2011, llegó el momento que había parecido imposible por décadas: ETA anunciaba el fin definitivo de su actividad armada, dejando una nómina de 829 asesinatos y 84 secuestros desde el inicio de sus actividades en plena dictadura franquista, en julio de 1959.

Aunque, como comentábamos párrafos atrás, fueron múltiples factores los que acabaron con la banda terrorista –la presión jurídico-policial, el surgimiento del terrorismo yihadista, el cambio tecnológico en las medidas de control–, es obvio que la actividad política entre bambalinas, sobre todo por parte de miembros de la izquierda abertzale y del Partido Socialista de Euskadi, consiguieron crear las condiciones que hacían inasumible un atentado más por parte del grupo armado. En este sentido, a modo de ejemplo, en 2019 el expresidente Zapatero reconoció que «para la historia, para la verdad, Otegi fue un político decisivo»[21].

El fin de ETA fue, sin duda, una de las grandes victorias de José Luis Rodríguez Zapatero, que, sin embargo, quedó opacada por el asfixiante ambiente de la crisis. La situación de indeterminación y casi angustia que vivía la sociedad española hicieron que tal acontecimiento histórico no se valorara lo suficiente, atribuyéndolo a poco más que una consecuencia ineludible del devenir histórico. Algún día, quizá todavía falte una década, alguien tendrá que reconocer a las personas que, jugándose mucho más que su carrera política, se saltaron convenciones y hechos consumados e imaginaron el fin de la violencia terrorista. La historia suele ser injusta cuando se acomoda en lo que cree inercia cuando más bien se trata de una dirección pensada precisamente en contra de esa inercia, mezquina, que tan buenos réditos dio a los que vivían de la división y el enfrentamiento.

Paradójicamente, ese mismo año otro conflicto territorial tomó una nueva dirección al sentenciar el Tribunal Constitucional acerca del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006 tras un referendo por los ciudadanos de esa comunidad y los parlamentos autonómico y central. El Partido Popular interpuso en ese mismo año un recurso de inconstitucionalidad respecto al nuevo texto catalán en el que denunció como inconstitucionales 128 de los 223 artículos que conformaban la nueva ley. Los populares declararon en 2006 que el Estatuto:

Ha generado un gran problema de inseguridad, de división y de ruptura del modelo constitucional […] está configurado como una Constitución paralela […] por su ínfima calidad jurídica, generará numerosos conflictos […] privilegia a Cataluña y sienta las bases de un modelo confederal asimétrico desde el punto de vista constitucional […] no hay más nación que la nación española, titular de la soberanía y, por tanto, fundamento de la Constitución misma[22].

Las leyes y su interpretación por parte de los tribunales son mucho menos neutras y estables de lo que a los juristas les gustaría reconocer. Aunque siempre se presume la independencia judicial del poder político, los jueces son permeables a su contexto, a la correlación de fuerzas que en ese momento impregna la sociedad. Lo que en un momento determinado hace de una ley o un suceso susceptible de juicio algo inaceptable, unos años después puede ser considerado aceptable bajo el amparo del mismo ordenamiento jurídico. Basta con buscar con especial insistencia tal jurisprudencia, mirar para otro lado con el significado ambiguo de un artículo o bien forzar la literalidad de un pasaje que realmente nunca fue pensado para tal fin.

Por otro lado, las acciones de los políticos tampoco expresan siempre los principios por los que dicen ir dirigidas. En nuestro caso, el PP de Rajoy ya había empezado a ser cuestionado por los sectores más radicales de la derecha española al no sumarse a la demencial teoría de la conspiración, que medios como El Mundo dirigido por Pedro J. Ramírez, desarrollaron tras el atentado del 11M. En 2008, de hecho, los sectores aznaristas, los afines a Esperanza Aguirre y los situados cerca de los púlpitos mediáticos de Jiménez Losantos, lanzaron un embate contra Rajoy, tras perder sus segundas elecciones, que a punto estuvo de costarle el cargo. La política del Partido Popular hasta la llegada de la crisis, al coincidir con el Gobierno Zapatero en su tolerancia hacia la especulación inmobiliaria, consistió en una exageración de su radicalidad oponiéndose de boquilla a leyes como la del matrimonio homosexual y el aborto, mandando a algunos secundarios a las manifestaciones, pero manteniendo una postura ambigua en el Parlamento. La cuestión nacional tampoco quedó exenta de esta estrategia, destinada en último término a frenar las aspiraciones de los sectores más reaccionarios del PP por volver a controlarlo. Fueron los años de las recogidas de firmas y los boicots a los productos catalanes, el dejar en manos de un tribunal lo que ya había sido dirimido por un referendo y dos cámaras legislativas, la autonómica y la central.

En la sentencia del 28 de junio del año 2010 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos y dejó otros 27 pendientes de interpretación. Además, declaró sin eficacia jurídica algo que realmente nunca la había tenido, la declaración como nación de Cataluña en el preámbulo del Estatuto. Más allá de las consideraciones jurídicas esto significó un mazazo no ya para el sentimiento nacional de millones de catalanes, sino sobre todo la sensación de que la confianza que habían depositado en una votación y en sus instituciones democráticas había resultado baldía. Los artículos legales siempre se pueden acabar recomponiendo, los pactos políticos reconstruyendo, pero, como nuestra reciente historia ha demostrado, es bastante más difícil restituir la confianza del ciudadano medio en las instituciones. Joan Puigcercós aseguró la misma jornada que la sentencia era una «estocada mortal» al Estatuto y vaticinó el crecimiento del independentismo, ya que una parte significativa de la población «no cabe en la constitución»[23].

No hacía falta entonces ser adivino para intuir que el Partido Popular había regalado a los independentistas una oportunidad de oro que se expresó en la gigantesca manifestación del 10 de julio, que tuvo como lema «Som una nació. Nosaltres decidim». A pesar de que la protesta fue convocada por la Generalitat, además de un sinfín de colectivos y partidos políticos, su presidente, el socialista José Montilla, tuvo que abandonar la marcha precipitadamente debido a un intento de agresión. Desde ese punto ni el PSC ni el PSOE volvieron a repetir los resultados electorales que habían alcanzado en décadas anteriores, que les habían hecho conquistar la Generalitat encabezando el tripartito. En las elecciones catalanas de noviembre CiU volvió a ganar los comicios, los socialistas obtuvieron un pésimo resultado y los populares un resultado histórico. Las quiebras de los consensos siempre favorecen a los extremos.

Más allá de la política de las identidades, que tanto nos dará que hablar más adelante, una de las marcas de agua del momento es que la economía, que siempre subyace en todos los asuntos de importancia pero que a menudo aparece confinada a las páginas salmón de los periódicos, tomó protagonismo por derecho propio. Todo lo que parecía sólido se desvanecía en el aire, la orgía especuladora de la anterior década se convirtió en una monumental resaca para los que apenas habían disfrutado de la barra libre. El público asistía al espectáculo sin entender nada, sin saber cómo aquel país que nos habían presentado brillante y atractivo ocultaba bajo el maquillaje inmundicia y descontrol. Los economistas eran los que menos lo entendían, a pesar del rictus impertérrito, ya que tenían un serio problema: cómo explicar que las recetas que recomendaban a los políticos, que afirmaban rotundos en sus columnas, que declamaban satisfechos en sus conferencias, no es que ya no sirvieran, es que justo habían sido el veneno que nos había arrastrado a aquella crisis. Hicieron lo que hacen siempre, echar la culpa a la mala gestión desde lo público y volver a pedir fuego entre bidones de gasolina.

El 21 de mayo el Banco de España intervino CajaSur, la caja de ahorros cordobesa en manos de la Iglesia, con 150 años de historia a su espalda. Como a otras muchas, la explosión de la burbuja inmobiliaria les cogió metidos hasta el cuello en este negocio: 4.000 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo en su propiedad, alrededor de unos 1.700 millones de euros. Además, los créditos concedidos a los promotores inmobiliarios, algunos de ellos con un historial posterior vinculado a la corrupción, hacían que el modelo de la caja fuera como edificar sobre una falla tectónica al borde de un terremoto. Un informe del Banco de España de 2005 advertía que «El 22 por 100 de la inversión total se concentra en los segmentos de riesgo promotor y compraventa de suelo. En un considerable número de estas financiaciones se ha apreciado un marcado sesgo especulativo»[24]. A pesar de que se forzó una fusión con la malagueña Unicaja, el consejo directivo lo rechazó para no aparecer como responsables de los despidos que tal operación traería en consecuencia, esperando la intervención en una especie de entrega de armas después de no saber cómo arreglar el estropicio.

La noticia dejó contento a casi todo el mundo. La derecha podía atacar al Gobierno y la izquierda podía atacar a la Iglesia. Lo cierto es que no pilló a nadie por sorpresa. Un año antes, en 2009, se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, un organismo para dotar de fondos, pero también mantener el control sobre los procesos de fusiones que indefectiblemente se esperaban en el panorama bancario español, especialmente en el sector de las cajas de ahorros: de 45 entidades existentes en 2010 se pasó a tan solo dos a partir del año 2015.

Las cajas de ahorro eran una peculiar forma existente en el sistema financiero español, con una clientela fundamentalmente popular, con una implantación y una capilaridad en el territorio muy notable y con un sistema de gobierno donde teóricamente intervenían administraciones públicas locales y autonómicas, los propios clientes asociados, los empleados y los fundadores. Además, las cajas estaban obligadas a revertir parte de sus beneficios en programas de interés social. Históricamente, durante la Segunda República, el ministro de Trabajo, Largo Caballero, desarrolló el Estatuto para las Cajas Generales de Ahorro Popular, denominación que dice bastante de su moderna primera intención y naturaleza. Alrededor de la mitad de los clientes de entidades financieras tenían sus depósitos en estas instituciones, aunque nadie las consideraba así, sino tan solo ese sitio donde se iba a pagar el agua o la luz, a sacar dinero con la libreta o se pedía un crédito en condiciones claras para la apertura de un pequeño negocio, es decir, lo que la gente normal necesitaba de eso que se entendía como un banco.

El 9 de julio de 2010, el Gobierno promulgó el decreto de bancarización de las cajas, básicamente la ley que regularía sus fusiones y su transformación en entidades bancarias convencionales. La prensa económica se deshizo en elogios hacia la medida, destacando que existía un problema de profesionalización en sus directivos, que se regían por intereses «políticos» y que el país necesitaba bancos más fuertes y grandes para salir airoso de tan difícil situación económica. Como siempre, la narrativa triunfante cargó las tintas contra lo público, contra los modelos que no encajaban en la contemporaneidad, loando la tan cacareada gestión neutra del dinero. De nuevo se impuso la fantasía neoliberal, una especialmente atrevida ya que fue capaz de ocultar las propias huellas de sus crímenes reclamando nuevas víctimas.

Es absolutamente cierto que el carácter de apego al territorio de las cajas las hizo especialmente factibles para financiar las pequeñas y grandes corruptelas y operaciones especulativas –que suelen ser lo mismo, salvo que reciben un nombre diferente dependiendo de si el juez de turno se decide a intervenir–; es también cierto que en sus consejos de administración se dirimieron peleas políticas, como las famosas puñaladas entre los seguidores de Gallardón y Aguirre; que además mostraron el nivel de integración de la izquierda, sindical y política, que, rendida ante lo que parecía el fin de la historia, en vez de irse a su casa, se dejó arrastrar a operaciones poco claras donde se les trataba como a gente razonable. Pero no es menos cierto que de eso no tenía culpa la idea que animaba la existencia de las cajas de ahorros y que, posteriormente, la cosa incluso fue a peor cuando se transformaron ya en bancos regidos por «profesionalísimos» señores que hacían sonar la campana en la Bolsa. Pero, fundamentalmente, lo que nunca se cuenta es que el problema de las cajas vino cuando se empezaron a comportar como bancos sin serlo, a pesar incluso de la regulación que se lo impedía, cuando simplemente hicieron lo que se suponía que había que hacer: meterse de lleno en la espiral de especulación inmobiliaria y crédito rápido. A día de hoy contamos con ocho bancos surgidos de la progresiva fusión de aquellas entidades: CaixaBank, Bankia, Kutxabank, Unicaja Banco, Ibercaja Banco, Abanca, Liberbank y CajaSur Banco. Un cambio fundamental en el panorama económico español que ocupará más espacio en estas páginas y del que aún no se ha escrito la última palabra en nuestra actualidad.

De hecho, por mucha fusión y mucha imagen corporativa que surgiera de aquel fin acelerado de las cajas, el problema fundamental seguía estando presente: aquellos bloques de viviendas vacíos, aquellos terruños recalificados que pasaron de ser las joyas de la corona a bisutería infantil, iban a seguir allí. En el año 2009, el Gobierno aprobó uno de esos cambios legislativos que apenas llaman la atención a nadie, pero que una década después marcaría el dramático ascenso de los alquileres. Las SOCIMIS, Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, fueron pensadas como una forma de hacer atractivo el mercado del alquiler a los inversores, principalmente extranjeros, y de esta manera poder poner en el mercado lo que se empezaron a conocer como «activos tóxicos», un eufemismo para dotar de una connotación negativa de un día para otro a lo que hasta entonces había sido «la pujanza y dinamismo de la economía española». Si en 2013, tras una nueva reforma ya con el Gobierno Rajoy que rebajó su fiscalidad a cero, existían 3 SOCIMIS, en el año 2019 ya eran 77, siendo España el primer país de la UE en número de estos ingenios societarios y el segundo país del mundo por detrás de Estados Unidos. Producto de ello, hoy, los alquileres se han disparado.

Tras los recortes presupuestarios y el inicio de la reestructuración del sistema financiero vino eso que se suele llamar reforma laboral, lo que ha significado siempre, en todas y cada una de las décadas de democracia, un ataque a los derechos de la clase trabajadora. La reforma laboral del Gobierno Zapatero sucedió en septiembre de 2010 y siguió la senda de las anteriores: abaratamiento del despido, nuevos contratos para aumentar la temporalidad y más dinero público para subvencionar indirectamente los despidos improcedentes. Situar al empresario no ya como centro de la actividad económica, sino como única figura existente, el cual parece que, en vez de mantener una relación con la fuerza de trabajo para obtener un beneficio, hace una especie de labor de caridad por la que debemos postrarnos a sus pies y colmar todos sus deseos.

La espiral que dice animar las reformas laborales es que la contratación es muy dificultosa y cara, y que además el despido es también muy caro, lo que provoca que las empresas no se animen a crear nuevos empleos. La realidad, que contradice esa espiral, es que los pequeños empresarios que se vieron afectados por la crisis, bien por encontrarse en sectores de especial incidencia, bien por el encarecimiento de los créditos, bien por una bajada general de las ventas, se vieron abocados al cierre de sus negocios con la reforma de la misma forma que se hubieran visto sin ella, mientras que las grandes empresas la aprovecharon para reajustar sus plantillas de una forma más eficiente, utilizando ese argot de los departamentos de personal que encubre la precarización.

Como respuesta, los sindicatos convocaron una huelga general para el 29 de septiembre de 2010, la primera y última del Gobierno Zapatero, desde la anterior habían pasado ocho años. Las cifras y valoraciones fueron las de siempre, pero el ambiente fue, como poco, extraño. Ningún presidente del Gobierno hubiera planteado una confrontación con los trabajadores en el final de su segundo mandato, menos uno que había asistido puntualmente a la fiesta de la UGT en Rodiezmo donde entre mineros algunas ministras se animaban a cantar La Internacional puño en alto. Aquella huelga, más que una huelga, fue el sonido de un despertador que espabiló súbitamente a mucha gente que había dado por enterrado, en menos de una década, todo lo que significa el conflicto capital-trabajo. En Madrid, donde tuvo lugar la mayor manifestación, mientras que la ciudad se despedía del verano de forma pausada, muchos asistentes aún coreaban subiendo Alcalá eso de «Gobierno escucha…», sin entender aún que aquel Gobierno, aquel presidente que consideraban de los suyos, ya era de los otros, bien por decisión propia, bien por la fuerza de las circunstancias. Lo cierto es que quizá aquel día murió del todo el «blairismo» a la española, esa tercera vía que nos llegó, paradójicamente, motivada porque quien le dio nombre fue uno de los partícipes en la Guerra de Irak.

El año 2010 acaba con una crisis de Gobierno en octubre donde Alfredo Pérez Rubalcaba se destaca como vicepresidente y hombre fuerte que tendría todas las papeletas para encarar la futura cita electoral que se antojaba catastrófica para los socialistas. A principios de diciembre una huelga de controladores aéreos, típica en fechas de gran uso de los transportes, acaba con la declaración del estado de alarma permitiendo la militarización de las torres de control de los aeropuertos. El tema, que en el momento se despachó con la connivencia de casi todos, implicó declarar el estado de alarma para militarizar un sector laboral en pleno conflicto. Puede que los controladores no fueran, precisamente, el sector laboral con peores condiciones, puede que hubieran abusado de su posición en otras ocasiones, pero aquello sentó un peligroso precedente del que casi nadie se quiso ocupar. Una década de una conflictividad laboral baja terminaba para dar paso a otra donde los desencuentros iban a librarse a cara de perro.

2011 comenzó con más recortes, aquellos que afectaron a las ayudas para la compra de vivienda, el llamado cheque-bebé –una de las iniciativas estrella del primer zapaterismo–, la congelación de las pensiones y la subida de los precios de la electricidad, los peajes y el transporte ferroviario. Es como si el Gobierno de Zapatero quisiera borrar todo su legado legislativo. En marzo, en el Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, un grupo de estudiantes realiza un acto de protesta en la capilla que existe dentro del complejo; algunas chicas se despojan de sus camisetas y profieren cánticos anticlericales. Algunos de los que pasamos estudiando varios años en aquel campus nunca supimos de la existencia de aquella capilla, sí del ambiente, mezcla de radicalidad pueril y alto nivel político, que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología albergaba dentro de sus muros. Esta protesta no tendría mayor relevancia de no ser porque en 2016, tras una campaña mediática de la derecha, una de sus participantes, Rita Maestre, ya concejala del Ayuntamiento de Madrid, fue juzgada y absuelta por estos hechos. La acción, de nula importancia, sí nos sirve para hacernos una pregunta: ¿cómo pasa una joven, en tan solo seis años, de ser una estudiante a cargo público en el ayuntamiento más importante del país? La respuesta a un hecho tan inusual en nuestra historia reciente la encontraremos con una nueva protagonista en todo este relato: aquello que se llamó nueva política o política del cambio, o lo que fue la consecuencia, resultado y reacción al clima de gran conflicto social y enorme desprestigio institucional que en los años posteriores se plasmó en nuestra sociedad.

Justo un mes antes del acontecimiento fundacional de este periodo, un colectivo llamado Juventud Sin Futuro –JSF– convoca en Madrid el 7 de abril de 2011 una manifestación con el siguiente lema «Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo». Siguen los pasos de los jóvenes portugueses que un mes antes se han echado a la calle. Cuentan con una mínima estructura organizativa, que parte de diferentes asociaciones universitarias, pero que es compensada por su presencia en redes sociales, especialmente en Facebook, donde los periódicos destacan como algo novedoso el número de personas que se han adherido a la página de JSF. El día de la protesta se desbordan las previsiones y la asistencia se cifra entre 5.000 y 10.000 personas que hacen el recorrido por la calle Atocha, entre las plazas de Jacinto Benavente y la del Museo Reina Sofía. Más allá del tradicional itinerario, todo parece nuevo en aquella cita, por los medios empleados en su difusión, por un convocante que apenas cuenta con tres meses de vida y por los protagonistas, jóvenes que no se han dejado ver en los cortejos de la huelga general de septiembre. «Se percibe la indignación, no cesan los gritos y los silbidos»[25], cuentan los periodistas de El País, «cuando se les pregunta a los organizadores por los líderes, por los cabecillas de la protesta, aseguran que no tienen […] Han conectado con la gente, apuntaba ayer un profesor de la Universidad Complutense que ha estado apoyando la iniciativa».

Tres elementos merecen resaltarse de este momento, sin duda crucial para el devenir inmediato. El primero es que, a pesar de la insistencia en la convocatoria mediante redes, los medios informan de la protesta cumplidamente. El primer diario nacional, El País, dedica tres artículos en esos días a JSF, el primero el día 5 anunciando la convocatoria, el segundo una crónica de la protesta el propio día 7 y el tercero un análisis el día 8, que titula «Jóvenes aunque sobradamente indignados»[26], reutilizando un viejo lema publicitario del Renault Clio, hoy materia arqueológica. Es decir, en la prensa hay tanta o más hambre que en la sociedad de que algo suceda, como en el ya citado Portugal –que el día 8 sufre su mal llamado rescate–, o cómo en el Reino Unido, donde en noviembre de 2010 los estudiantes encabezaron las protestas contra el Gobierno conservador de David Cameron. El éxito de la manifestación pudo ser sorpresivo, pero no sorprendente: el olfato periodístico no falló en esta ocasión.

El segundo es que en ese viejo eslogan publicitario reutilizado como titular se insiste en el calificativo de indignados, no por el carácter especialmente combativo de la protesta, sino por el título de un libro publicado en febrero de ese año y que ya los libreros empezamos a vender como churros en el fin del invierno y el comienzo de la primavera. Se trata, efectivamente, de ¡Indignaos!, de Stéphane Hessel, un diplomático francés, héroe de la Resistencia, que definía su pequeño panfleto como una «obra que exhorta a los jóvenes a indignarse, dice que todo buen ciudadano debe indignarse actualmente porque el mundo va mal, gobernado por unos poderes financieros que lo acaparan todo»[27]. El libro será presentado por su anciano autor en Madrid el 28 de marzo, junto a su prologuista, otro personaje que tomaría gran relevancia en los meses siguientes para un joven público que desconocía sus facetas académicas y literarias, José Luis Sampedro. Ambos fallecieron un par de años después, en 2013, compartiendo también año de nacimiento, el revolucionario 1917, un guiño histórico de esos de los que da un gran placer dejar constancia. En todo caso, si el periodismo estaba atento a posibles movimientos tectónicos en lo social, la industria editorial también había olfateado que algo estaba a punto de suceder.

El tercer elemento es que una de las asociaciones estudiantiles que dan impulso a JSF, Contrapoder, es la misma que se ha implicado junto con la red de investigadores y profesores La promotora en la creación de un programa de televisión, de aspecto casi amateur, y que empieza a emitirse por la televisión local de Vallecas, Tele K, el 18 de noviembre de 2010. Su presentador define así el espacio en su primer programa:

Los jueves por la noche nos vamos a dedicar a hablar de política estatal y política internacional […] Quiero agradecer desde aquí a la Facultad [de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense], y en especial al Vicedecanato de Estudiantes, Nuevas Tecnologías y Extensión Cultural, su apoyo para llevar a cabo este programa y también a Tele K la oportunidad que nos han dado […] Creo que este nuevo eje geopolítico Somosaguas-Vallecas puede contribuir a algo que esta televisión lleva haciendo muchos años, que es democratizar un espacio televisivo madrileño para bien o probablemente para mal dominado por los sectores conservadores […] Simplemente recordar que en este momento hay varios amigos y colegas de la facultad siguiendo este programa en directo en el bar La Huelga en la calle Zurita, 39 en Lavapiés[28].

Aquel presentador era Pablo Iglesias. Poco más de tres años después de este momento, Podemos se presenta en el Teatro del Barrio, unos números más arriba en la misma calle del ya histórico bar de soul donde sus amigos asistían a la presentación en la vida pública del profesor de la Complutense.

[1] http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_162.PDF

[2] https://elpais.com/elpais/2010/05/04/actualidad/1272961036_850215.html

[3] https://www.elmundo.es/mundodinero/2010/04/28/economia/1272469013.html

[4] https://www.nytimes.com/2010/05/04/business/global/04peseta.html?ref=business

[5] http://www.ft.com/cms/s/0/893b2d5a-56e0-11df-aa89-00144feab49a.html

[6] https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704342604575222451887532326

[7] https://es.reuters.com/article/businessNews/idESMAE6440JM20100505

[8] https://elpais.com/diario/2010/05/16/domingo/1273981953_850215.html

[9] https://www.expansion.com/2010/05/05/opinion/1273063749.html

[10] https://www.larazon.es/historico/8399-la-ultima-receta-del-fmi-a-espana-contra-los-especuladores-rapidas-medidas-contra-el-deficit-LLLA_RAZON_259447/

[11] https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2010/html/is100506.en.html

[12] https://elpais.com/diario/2010/05/16/domingo/1273981953_850215.html