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CAPÍTULO 1

PROBLEMA PÚBLICO DE LAS AFECTACIONES POR LA VIOLENCIA Y EL DUELO SOCIAL

En Colombia la violencia ha tenido un gran impacto en la población. En el informe ¡Basta ya!, publicado por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) en 2013, se calculaba que durante el conflicto armado “se ha causado la muerte de aproximadamente 220 000 personas entre el 1^o de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012”. En el informe también se referían otras violaciones graves a los derechos humanos:

Al 31 de marzo del 2013, el Registro Único de Víctimas reportó 25 007 desaparecidos, 1 754 víctimas de violencia sexual, 6 421 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados, y 4 744 046 personas desplazadas. El trabajo de Cifras & Conceptos para el GMH reporta 27 023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010, mientras que el Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersona, reporta 10 189 víctimas de estos artefactos, entre 1982 y 2012.¹

Además, las cifras anteriores representan apenas una aproximación de lo ocurrido realmente, pues existe un enorme subregistro.

Tanto por el nivel de afectación y daño, como por su participación en los procesos políticos, económicos y sociales, es indiscutible que las víctimas forman una parte fundamental de la realidad histórica de Colombia. Afortunadamente, desde las últimas décadas las voces testimoniales han pasado de los espacios marginales de la sociedad al centro de la escena. Crenzel (2011) relata cómo la voz de las víctimas comenzó a ocupar un lugar preponderante en las narraciones sobre la violencia en toda Latinoamérica, pues:

la condición de víctima de las violaciones a los derechos humanos fue alcanzando una legitimidad pública inédita en la región, por supuesto con matices según cada caso nacional y erigiéndose como una de las voces más autorizadas para tomar la palabra en la escena pública y dar cuenta de los pasados de violencia política, guerra y horror. La prevalencia de estas voces se tradujo en buena parte de los países de América Latina en la incorporación o directamente en la oficialización de la narrativa humanitaria como la clave para relatar e interpretar los procesos de violencia política y guerras civiles.²

Este fenómeno también ha sido descrito por distintos investigadores como una característica internacional del siglo XX. A partir de la década de 1960, particularmente con el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, el mundo vio la masiva emergencia de testimonios de víctimas de sobrevivientes del exterminio nazi. La historiadora Annette Wieviorka (2006) la ha denominado la era del testigo,³ durante la cual hubo una explosión testimonial mundial que la caracterizaría y que tendría su punto máximo en las décadas de 1980 y 1990; se trata de un presente obsesionado con las voces del pasado. Incluso el investigador Gabriel Gatti (2017) habla de un “mundo de víctimas”, en el que la multiplicidad de éstas es el sujeto central, más que el ciudadano. “El mundo se llenó de víctimas y ocupan ahora el centro: de la vida política, de la mediática, de nuestra economía moral”. En esta investigación seguimos la agenda global propuesta por el autor: “Situar social e históricamente la emergencia de esa figura, pensar su consolidación y analizar tanto las formas de identidad, socialidad y agencia que se ordenan en torno a ellas como los dispositivos (institucionales, redes expertas, oficios) que intervienen en estos procesos”.⁴

En el mundo actual se ha posicionado la “autoridad” de la víctima como una posibilidad de aproximarse a la verdad.⁵ Aparece con fuerza la reflexión sobre la relevancia de las narraciones desde el yo en las tentativas por comprender los procesos sociales. François Hartog reafirma que “el testigo comprendido como portador de memoria se ha vuelto central en nuestro espacio público. Este fenómeno ocurre al mismo tiempo que la centralidad de Auschwitz en la memoria occidental se acrecienta”.⁶

En el siglo XXI en la legislación internacional se consolidó la noción de víctima como sujeto violentado y con derecho a ser reparado. Se trata de un fenómeno relativamente reciente. Resulta apropiado entender e historizar las distintas formas en que se ha definido a las víctimas y su reparación durante la historia. En Colombia, desde el inicio de la Violencia Bipartidista se discutieron las políticas que se debían tomar hacia los afectados por hechos violentos. Las víctimas no pueden homogenizarse en un doliente genérico, universal y permanente; por eso consideramos pertinente observar las formas en que se consolidó y se articuló la idea del afectado por las violencias.

La presente investigación analiza la construcción de la categoría social de víctima en Colombia durante los distintos ciclos de la violencia entre 1946 y 1991. Se propone historizar el surgimiento de la “víctima” (y sus variantes), así como observar los cambios en las formas de su nominación, nombramiento y registro. En este sentido, reconocemos la polisemia de la categoría con respecto al contexto nacional y las dinámicas de la violencia, así como con la forma como ésta se interpretaba y se narraba. Pretendemos salir del modelo universal del doliente para caracterizar a las personas afectadas en cada periodo según el tipo de violencia que experimentaron, su contexto y sus acciones. También nos proponemos analizar al sujeto afectado por la violencia en los discursos gubernamentales, en los pronunciamientos sobre el impacto de la violencia y en el conflicto armado. En cada periodo estudiado tomamos en cuenta las múltiples variables con las que se identificó a las víctimas tanto colectivas (damnificados, exiliados, desaparecidos y mártires) como individuales (personas con nombre y apellido).

Algunas preguntas que surgieron a lo largo de la investigación fueron las siguientes: ¿De qué manera el afectado por la violencia se volvió de interés de la política estatal? ¿Qué acciones se debían tomar respecto de los “damnificados” por la violencia? ¿Cómo se llegó al consenso sobre la intervención del Estado frente a estas afectaciones con políticas de asistencia y de reparación? ¿Cómo el afectado por la violencia se transformó en víctima sujeto de intervención política, administrativa y judicial? Para responder estas preguntas observamos el proceso que condujo a que el Estado considerara necesario y legítimo intervenir, por el cual los “afectados” se empiezan a considerar un problema público sobre el cual hay que legislar. Descubrimos varios momentos de construcción del tema como problema y de acciones de los distintos gobiernos en relación con las víctimas. Las personas afectadas por la violencia se fueron transformando en sujetos de intervención política y administrativa. Finalmente, analizamos los procesos de negociación y contenciosos alrededor de la caracterización de la víctima y su reparación.

Las preguntas centrales que guiaron la investigación fueron las siguientes:

¿Cuál fue el proceso de inclusión de las víctimas de violencia política como problema público en Colombia entre 1946 y 1991? ¿Cómo ocurrió el proceso de negociación de las políticas públicas hacia los afectados por la violencia entre el Estado, los actores internacionales y la sociedad civil?

¿Cómo se transformó la definición del sujeto afectado, es decir, de quien se consideraba víctima en cada periodo? ¿Qué sujetos tuvieron un “duelo social” y un reconocimiento como objeto de política pública?

¿Qué impacto tuvieron las variaciones y las disputas por las memorias y las narraciones de la violencia de cada periodo en las “escalas del duelo” y en el reconocimiento de las víctimas? ¿Cuáles fueron los periodos de narración de la violencia y de las políticas de memoria y reparación? ¿Cómo se gestionó y se interpretó histórica, social y políticamente el pasado violento y los sujetos afectados?

Las víctimas como problema público y objeto de políticas públicas

Nos interesa analizar la génesis de la víctima desde la perspectiva del análisis de los problemas públicos. Existen dos grandes vertientes teóricas de los problemas públicos que pueden aportar al estudio de nuestro problema de investigación: una es la sociología de los problemas públicos, y otra, el problema público en el ciclo de la política pública.

La sociología de los problemas públicos, poco abordada en Latinoamérica, surge particularmente en Estados Unidos en la década de 1960. Se trata de una perspectiva propuesta para analizar cómo se consolidan los problemas públicos. Algunos académicos de la Escuela de Chicago señalaron que:

la existencia de un problema no es una realidad objetiva sino una producción de grupos sociales, los que en todo caso establecen, a partir de sus propias normas, que un fenómeno es una transgresión y una desviación. Por lo tanto, el proceso a través del cual un suceso es etiquetado como problemático se convertía en el centro del análisis. Bajo la nueva perspectiva, el énfasis era colocado sobre las interacciones de grupos sociales o de individuos, insertos en espacios precisos y buscando influir en las orientaciones, concepciones, controversias, argumentaciones en torno a una situación específica.⁷

Un primer aporte de la sociología de los problemas públicos, pertinente para este trabajo, es la “desnaturalización” de lo que se considera problemático en una sociedad que no se concibe como realidad objetiva, sino como una producción de grupos sociales. En este sentido, el centro de nuestro análisis es el proceso por medio del cual los afectados por la violencia se convirtieron en un problema público reconocido por distintos grupos sociales.

El sociólogo Joseph Gusfield,⁸ pone énfasis en el proceso a través del cual se define un problema en la arena pública en pugna entre grupos sociales e instituciones y sus transformaciones a través del tiempo con base en la ritualización, la escenificación, la persuasión y la retórica. En la agenda pública el problema se define como algo factible de ser transformado o resuelto. Por eso, además de nombrar algo como un problema, se disputa socialmente el camino a seguir para su resolución.

Para Gusfield, un problema público tiene cierta estructura, lo que equivale a sostener que aun si el estudio de las interacciones es importante, también lo es observar cómo se compone una estructura que contiene ideas y acontecimientos, cambiantes, imprecisos y contingentes. Un problema público mantiene siempre tres dimensiones, afirma este autor, cognitiva, moral y normativa. En palabras de Gusfield: utilizo el concepto problema público para designar el proceso a través del cual un hecho se convierte en un asunto de reflexión y de protesta pública y un recurso, así como un objetivo, para la acción pública.⁹

Esta investigación parte de que la construcción de un problema público constituye un proceso de pugna, de negociación y contencioso. Es decir, de disputa en la “arena pública” entre actores sociales, poderes e instituciones, no sólo para su inclusión sino también para su definición y su eventual solución. Descubrimos cómo el campo de los afectados por la violencia se convirtió en susceptible de “acción pública”, de ser “transformado” o “solucionado”. En particular, pueden distinguirse cuatro distintos niveles de pugnas en el proceso de construcción del problema público: a) por el reconocimiento de las víctimas en la arena pública, b) por la misma definición y características impuestas a los reconocidos como afectados, c) por la priorización de ciertos sujetos sobre otros y, d) por las formas de “transformar” o “reparar” el problema.

Otros autores, como Stephen Hilgartner y Charles Bosk, han señalado que existe además una competencia entre problemas por la atención pública. Destacan la disputa por el significado de esos problemas en el interior de diferentes círculos de discusión. Los autores proponen “una lógica de mercado, pensando a la atención pública como un bien escaso y por lo tanto circunscribiendo en buena medida el análisis al estudio de la competencia entre los problemas públicos para lograr captar dicha atención”.¹⁰ Esta perspectiva de análisis de disputa entre problemas públicos se vuelve interesante cuando observamos cómo en el interior del campo de las víctimas existieron disputas por la visibilidad pública de ciertas afectaciones sobre otras; por ejemplo, la tortura o desaparición forzada.

Desde las teorías de la política pública, más propias de la ciencia administrativa, también se han hecho aportes sobre los problemas públicos. Diversos autores consideran la consolidación de un problema público como un primer paso en el ciclo de la política pública. Existen múltiples definiciones de lo que es una política pública. Raúl Velásquez Gavilanes (2010) identifica al menos 26 definiciones distintas, cada una de las cuales tiene un énfasis y proviene de contextos diferentes. Para él, la política pública “es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades con la participación eventual de los particulares y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”.¹¹

Siguiendo a Luis F. Aguilar, entendemos como política pública “las acciones de gobierno, que tienen como propósito realizar objetivos de interés público y que los alcanzan con eficacia y aun eficiencia; son lo que en términos genéricos puede llamarse política pública”.¹² En esta investigación revisamos las acciones de gobierno que tuvieron como objetivo reconocer y caracterizar a los afectados por la violencia y construir una memoria colectiva y pública. Adicionalmente, reconocemos que las acciones de gobierno tienen una doble dimensión —política y técnica—, un componente normativo y un componente científico-técnico. En ese sentido, pretendemos observar tanto la dimensión política como su desarrollo técnico. Consideramos pertinente analizar las distintas etapas, procedimientos e instituciones involucrados en la política pública, etapas que Aguilar (2010) define desde la consolidación de un tema como problema público, el planteamiento de posibles soluciones, la definición de una política particular y su implementación.¹³

Con base en el enfoque teórico de las políticas públicas se pueden distinguir algunas fases que incluyen: la identificación del problema para la formulación de una política, su adopción, su implementación y su evaluación. Como se verá a lo largo de los capítulos de este libro, para esta investigación nos concentramos únicamente en la primera fase (identificación del problema y formulación de una política). Las otras fases podrían ser objeto de investigaciones posteriores.

Para esta perspectiva de las políticas públicas desde la administración pública, la definición correcta y precisa de los problemas públicos es de gran importancia porque de ella depende la toma de decisiones acertadas. Por eso se propone la tecnificación de la definición de los problemas públicos, pues “el enfoque de la política pública ha caído en una patología que se ha dirigido a saber más cómo se resuelven los problemas y no tanto qué problemas llegan a ser objeto de intervención gubernamental, es decir, se observa un cierto predominio de la ‘receta’ por sobre la enfermedad que se quiere resolver”.¹⁴ Este predominio e interés por la definición “técnica” del problema permite pensar el interés, a partir de la década de 1970, por la definición de las “víctimas” mediante una serie de dispositivos técnico-científicos, sobre los cuales profundizaremos más adelante.

En este marco debemos discutir las políticas publicas de la memoria. En el caso de España, según Paloma Aguilar, este debate inició con las iniciativas de proclamar, en 2006, el Año de la Memoria, y posteriormente, en 2007, con las discusiones del proyecto de Ley de Reconocimiento y Ampliación de Derechos de las Víctimas de la Guerra y de la Dictadura. Se trató de debates políticos importantes en la sociedad nacional, fuertemente mediatizados.¹⁵

Sobre Latinoamérica existen algunos análisis de los casos de Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. En países latinoamericanos que vivieron dictaduras o conflictos armados el diseño de políticas públicas de memoria y reparación a víctimas ha sido extenso. Sin embargo, existe todo un campo de estudio alrededor de las políticas de memoria aún sin explorar. Además del diseño de las políticas públicas y del surgimiento de leyes de la memoria, han sido fundamentales la implementación y el desarrollo de acciones gubernamentales que inciden en la construcción de la memoria de una sociedad.

Una definición de política de memoria, propuesta por Paloma Aguilar, señala que “son todas aquellas iniciativas de carácter público (no necesariamente político) destinadas a difundir o consolidar una determinada interpretación de algún acontecimiento del pasado de gran relevancia para determinados grupos sociales o políticos, o para el conjunto de un país”.¹⁶ Adicionalmente, según Carmen González, Alexandra Barahona y Paloma Aguilar, “la política de la memoria consiste en dos cosas. Estrictamente concebida, se refiere a las políticas diseñadas para lidiar con el pasado en la transición (memoria oficial o pública); de manera más amplia, trata de cómo la sociedad interpreta y se apropia de su pasado (memoria social)”.¹⁷ Las políticas recopiladas en esta investigación tienen estas dos características; es decir, hacen referencia al carácter público y político de la narración del pasado y ponen énfasis en el cierre de pasados violentos.

Como señala Ricard Vinyes,¹⁸ una de las funciones de la política de memoria consiste en garantizar el acceso de la ciudadanía a la confección de la memoria pública y resalta el carácter participativo y público que debe tener. Por lo tanto, nos interesa abordar las políticas de la memoria como una forma de observar las relaciones Estado-sociedad. Los actores que consideramos partes de este proceso son las organizaciones de víctimas, la academia, los partidos políticos, entre otros.

En lo que se refiere a las políticas de reparación, éstas se definen como las políticas públicas diseñadas para resolver los impactos de la violencia sobre sus afectados directos. Actualmente existen unos “lineamientos principales para una política de reparación” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¹⁹ La mayor parte de la literatura académica reciente define cuatro componentes de la reparación: la compensación, la satisfacción, la rehabilitación y las garantías de no repetición. En este trabajo observamos las distintas políticas de reparación antes de que se consolidaran esas disposiciones, esto es, el proceso anterior a la normativa actual.

Existe además una íntima relación entre las políticas de memoria de pasados violentos y las políticas de reparación. Las medidas de satisfacción de la reparación individual de las víctimas se refieren justamente a medidas simbólicas que incluyen la difusión de la memoria, las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas.

Con base en la literatura de las políticas públicas se analiza el paso de una situación problemática a la definición de un problema que entra en la agenda gubernamental. Por eso se hace énfasis en la agenda gubernamental y no en la agenda pública general. Roger Cobb y Charles Elder definen los problemas públicos de la agenda gubernamental como los asuntos que están dentro de la jurisdicción legítima de la autoridad gubernamental existente.²⁰ Por otra parte, Luis Aguilar define la agenda gubernamental o institucional como “el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y activa por parte de los encargados de tomar las decisiones”.²¹ En este sentido, los especialistas se interesan por los problemas públicos que son tratables o modificables para un gobierno de acuerdo con los recursos disponibles. Desde esta perspectiva, el problema se define según los recursos y las capacidades disponibles para su resolución.²²

Sobre lo anterior, resulta interesante observar cómo en la actualidad el campo de las víctimas se define justamente en relación con la acción para su “solución”; por eso se ha impuesto la misma idea de víctima como sujeto de reparación, rehabilitación y/o compensación por parte del Estado. Entonces, el problema se define justamente con base en las eventuales acciones gubernamentales y en los recursos disponibles para su atención. En vista de ello, en esta investigación nos concentramos en las políticas estatales que normativizaron la categoría de víctima. Las políticas de reparación se definen como políticas diseñadas para resolver los impactos de la violencia en los afectados directos.

La emergencia del sujeto víctima plantea un proceso de negociación y políticas de contención entre los actores sociales y el Estado. Particularmente, el Estado desempeña un papel fundamental en la normativización y el sujeto víctima deriva de la acción estatal: “¿Cómo y de qué manera son ‘capturadas’ [las víctimas] por el Estado? ¿Cómo interviene éste para abordarlas, clasificarlas, medirlas y con quién compite en términos de una diferenciación conceptual, semántica?”²³ Mediante estos procesos y procedimientos surge una identidad, derivada del Estado, tanto por la responsabilidad directa o indirecta en la causa victimizante, como porque interviene y normativiza su constitución y, finalmente, determina la producción de subjetividades.²⁴

En este estudio mostramos las rupturas y las continuidades en el proceso histórico de las políticas de reparación con base en las definiciones de víctima y victimario, de los actores nacionales e internacionales y del Estado. Proponemos abordar esas políticas como procesos que resultan de la interacción entre los distintos actores sociales. Comprendemos a la “víctima” como un sujeto con agencia, que actúa para ser reconocido y no sólo como un sujeto pasivo y sufriente, consecuencia de estructuras externas, del momento victimizante, o mero receptor de reparación y de intervenciones.

También observamos las formas de organización, acción, resistencia, articulación, e incluso de acción colectiva de las víctimas, así como la consolidación de “comunidades de dolor” y vinculación con ONG y redes transnacionales. Respecto de estas últimas, exploramos las definiciones de redes transnacionales de derechos humanos en el contexto internacional, particularmente las sugeridas por Kathryn Sikkink en distintos trabajos. Margaret Keck y Kathryn Sikkink estudian la emergencia internacional de las redes, cuya consolidación y mayor incidencia ubican entre 1968 y 1993.²⁵ Esas redes, caracterizadas por multiplicar las voces locales en la arena internacional —las cuales son suprimidas en la política interna— pueden redefinir los debates nacionales e internacionales, así como a sus participantes. Su novedad radica en la capacidad de movilizar información que les permite persuadir, presionar o ganar influencia sobre organizaciones y gobiernos. Sus activistas precisamente intentan influir en los resultados de las políticas públicas y transformar los términos y la naturaleza del debate. En el caso colombiano, las redes transnacionales se potenciaron desde finales de la década de 1970.

En el caso de las redes de Latinoamérica, han sido provechosas para la investigación las reflexiones de Vania Markarian²⁶ y Emilio Crenzel²⁷ sobre la expansión del movimiento de los derechos humanos a escala continental, su efecto conjunto en América y el traslado de la lógica revolucionaria a las razones humanitarias de la izquierda del Cono Sur. Markarian y Crenzel señalan que en todo el continente se produjo un cambio del lenguaje de la izquierda a uno centrado en los derechos humanos con el posicionamiento de la víctima y las comisiones de la verdad.

Escalas del duelo y duelo social

La consolidación del tema de las víctimas como problema público implicó la priorización de ciertas víctimas sobre otras. Mientras que unas obtuvieron reparaciones, o fueron objeto de políticas públicas, otras permanecieron invisibles. Para analizar este fenómeno parecen pertinentes los conceptos de “escalas del duelo” y “duelo social”, pues permiten abordar cómo las víctimas se convierten en problema público, es decir, sujetos afectados que tienen un duelo social público y se reconocen como pérdidas sociales.

A lo largo de esta investigación descubrimos que en cada periodo hubo distintas víctimas de violaciones de derechos humanos que protagonizaron la demanda de reconocimiento. En cada etapa, que analizamos por capítulos, diversas afectaciones protagonizan y se posicionan en la agenda pública; por eso definimos las caracterizaciones de cada tipo de víctima (desplazados, torturados, sujetos de genocidio, desaparecidos, mártires, objetos de homicidio político). Proponemos observar estas transformaciones en el sentido propuesto por Judith Butler²⁸ (2006) de la “escala de duelos” y de la construcción de una jerarquía de las víctimas, pues mientras unas fueron muertes que no dejaron huella, otras se consideraron pérdidas significativas.

Las escalas del duelo de Butler, o la posibilidad de duelo público, define lo que se tiene en cuenta públicamente como una pérdida. A lo largo de los siguientes capítulos veremos cómo en los distintos periodos algunas pérdidas humanas y materiales fueron consideradas importantes para el Estado y para las cuáles se diseñaron políticas de reparación, sin reconocer a otras. En nuestro caso, más que una escala del duelo, hablamos de una escala de la pérdida y el daño, que conlleva la posibilidad de una reparación.

El duelo social se elabora a partir de la noción de haber perdido algo: se trata del sufrimiento de una pérdida. Butler señala que “si el duelo supone saber que algo se perdió (y, en cierta manera, la melancolía significa originalmente no saberlo), entonces el duelo continuaría a causa de su dimensión enigmática, a causa de la experiencia de no saber incitada por una pérdida que no terminamos de comprender”. El duelo social también permite reconstruir cómo funciona una comunidad política:

Mucha gente piensa que un duelo es algo privado, que nos devuelve a una situación solitaria y que, en este sentido, despolitiza. Pero creo que el duelo permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política, comenzando por poner en primer plano los lazos que cualquier teoría sobre nuestra dependencia fundamental y nuestra responsabilidad ética necesita pensar. Si mi destino no es ni original ni finalmente separable del tuyo, entonces el “nosotros” está atravesado por una correlatividad a la que no podemos oponernos con facilidad; o que más bien podemos discutir, pero estaríamos negando algo fundamental acerca de las condiciones sociales que nos constituyen.²⁹

En este estudio entendemos el duelo social como una continuidad de la comunidad política, puesto que en el duelo se pueden observar las estructuras sociales. Las formas de reconocimiento del duelo, de la pérdida, responden a las estructuras de las sociedades de los vivos. Descubrimos que, además de las víctimas de homicidio por violencia política, otros tipos de víctimas también tuvieron un duelo social; por ejemplo, los propietarios y los comerciantes que sufrieron pérdidas patrimoniales, que fueron reconocidos por el Estado colombiano durante la Violencia Bipartidista, así como los torturados y los familiares de los desaparecidos políticos. Fueron sujetos que tuvieron derecho a la manifestación pública de la pena y la pérdida. En este sentido, los obituarios y los duelos públicos refieren vidas dignas de atención y de recordación. Butler señala:

Si tuvieran su obituario tendrían que haber sido vidas, vidas dignas de atención, vidas que valiera la pena preservar, vidas que merecieran reconocimiento. Aunque podría argumentarse que no sería práctico escribir obituarios para toda esta gente, o para toda la gente, pienso que tenemos que preguntar una y otra vez cómo funciona el obituario como instrumento por el cual se distribuye públicamente el duelo. Se trata del medio por el cual una vida se convierte en —o bien deja de ser—una vida para recordar con dolor, un icono de autorreconocimiento para la identidad nacional; el medio por el cual una vida llama la atención. Así, tenemos que considerar el obituario como un acto de construcción de la nación. No es una cuestión simple, porque si el fin de una vida no produce dolor, no se trata de una vida, no califica como vida y no tiene ningún valor. Constituye ya lo que no merece sepultura, sino lo insepultable mismo.³⁰

Como refiere Butler, el duelo social es parte de la construcción de la nación. En este libro nos preguntamos entonces por el reconocimiento a las víctimas en la construcción de la nación colombiana contemporánea. Las muertes que tienen duelo social son de las víctimas integradas en la comunidad política, mientras que otras pérdidas no cuentan ni son recordadas; más bien son silenciadas, anónimas y sin rostro. Son muertes que no dejan huella, que desparecen del discurso público. Estas muertes sin huella, sin derecho a duelo social, también hablan de la violencia que las afecta:

¿Cuál es la relación entre la violencia por la que estas vidas que no valen la pena se han perdido y la prohibición de su duelo público? ¿La prohibición del duelo es la continuación de la violencia? ¿Y la prohibición del duelo exige un control más riguroso de la reproducción de imágenes y palabras? ¿Cómo surge la prohibición del duelo como limitación de la representabilidad, de modo que nuestra melancolía nacional pueda encajar en el marco de lo que puede ser dicho y mostrado?³¹

Podemos decir entonces que hay pérdidas que implican duelos sociales. El duelo, además de un proceso individual y personal, es un fenómeno social, pues es la manera en que las sociedades enfrentan una pérdida. Expresar el dolor en la escena pública implica reconocimiento y valoración social de lo perdido. El reconocimiento del duelo social transita también por proponer soluciones o posibles reparaciones, como inclusión en la legislación nacional. Elsa Blair habla de duelos nacionales y cómo éstos se relacionan,

admitiendo que no es igual “elaborar los duelos” en el caso de los individuos y en el de las naciones; estas últimas tienen, sin embargo, una vida y un discurso públicos y los individuos pueden verse decisivamente influidos por el análisis del pasado que hacen –precisamente en público– sus dirigentes, sus escritores o sus periodistas: una puesta en escena de rituales colectivos de expiación. Es este registro público oficial, asumido por las autoridades políticas o por sus “portavoces” y puesto en la escena pública, el que ayuda a los dolientes a la elaboración subjetiva (individual y privada) del duelo. Un ejemplo claro y relativamente reciente es el reconocimiento de la categoría de desaparecidos en la legislación argentina.³²

El duelo social y la inclusión de los afectados por la violencia como problema público implican una identificación del Estado con un proceso de reparación pública, con el reconocimiento de los derechos de las víctimas y con la propuestas políticas a las demandas sociales de reconocimiento y reparación.

Durante el periodo abordado en nuestra investigación, las organizaciones de afectados por la violencia, los movimientos sociales de víctimas, que luchan por acceder al duelo público, las “comunidades de dolor”, hacen duelos colectivos y luchan por incluirse en el duelo social y público como en la comunidad política nacional. En el caso colombiano, María Teresa Hincapié Uribe sostiene la hipótesis de que en el conflicto y en el duelo por las violencias la sociedad necesita la elaboración del duelo. Plantea preguntas pertinentes para este trabajo:

¿El duelo por las violencias debe ser también un asunto colectivo, público y abierto en el tiempo y en el espacio, mediante el cual los pueblos y las naciones enfrenten los temas trágicos, dramáticos o vergonzosos de su pasado y su presente, para construir sobre bases más firmes las posibilidades de la convivencia social? ¿El duelo social, colectivo y público está dirigido sólo a las víctimas y a los afectados de manera directa por las violencias y las guerras? O, por el contrario, ¿su necesidad atañe también a los que han convivido con ambientes conflictivos y bélicos, en el pasado y en el presente, es decir, al conjunto de la sociedad?³³

Según la autora, el duelo social y colectivo exige reparaciones económicas, pero también políticas, éticas y culturales. Se concentra en cómo el duelo social se tramita “a través de la recuperación de la palabra y la memoria histórica… mediante las cuales las víctimas y las gentes que habitan estos territorios puedan incorporar sus historias personales y familiares, sus dolores privados e individuales, en contextos explicativos más amplios, e interpretar y otorgarle así un sentido a las situaciones trágicas que han vivido”.³⁴ En este sentido, el duelo social está directamente relacionado con las memorias y las narraciones del pasado violento, tema que atraviesa esta investigación.

Sujetos de memoria y narrativas de la violencia

El duelo social está directamente ligado a las disputas por la memoria y la narración de un pasado violento, y relacionado con la visibilidad y la puesta en público de la voz de las víctimas como sujetos de memoria. “Los duelos en las naciones y las sociedades no se satisfacen solamente con el castigo de los culpables, se requiere desatar las memorias atrapadas en la guerra, presentarlas en público y para el público, configurar historias colectivas y llevar a cabo actos de reparación simbólicos, celebración de rituales conmemorativos y disposición de lugares para la memoria.”³⁵

Además, existe una íntima relación entre las políticas de memoria de pasados violentos y las políticas de reparación. El sujeto víctima es primordialmente un sujeto de memoria, protagonista de luchas políticas por la construcción de memoria y de su introducción en la memoria nacional; ahí se enmarcan las medidas de reparación simbólica. Las víctimas son uno de los ejes constitutivos de diferentes prácticas memoriales. Las personas afectadas se transforman en “instituciones de memoria”, que promueven prácticas y acciones referentes a la narración del pasado violento y a la forma como debe ser reparado. Observamos una tensión entre el sujeto víctima y la narración de la violencia que parte desde la cuestión acerca de cómo comunicar la violencia.

La caracterización de la víctima está ligada a la del victimario. En la revisión de fuentes, durante nuestra investigación encontramos el debate sobre quién o qué sería el “victimario” y sobre el reconocimiento de la “violencia política” como contexto del daño, relacionado con las responsabilidades de los partidos políticos y del Estado. Igualmente, muchas veces las víctimas optan por afirmar o definirse a partir de quien consideran su victimario; por ejemplo, “víctima de crímenes de Estado”, “víctima de las FARC” o “víctima de los pájaros” (como se conocía a los bandoleros conservadores en 1950). Esta definición dual de víctimas-victimarios está presente en estos debates de manera constante. La identificación de víctimas y de responsables está íntimamente ligada a la narración del pasado.

Identificamos las narrativas de memoria de la violencia y el conflicto que narran el pasado y ensamblan discursivamente y manufacturan una memoria colectiva y una representación pública del recuerdo. Se trata de marcos de representación en debate que demuestran las tensiones políticas y sociales frente al “sentido del pasado”. También evidencian una serie de violencias mal tramitadas, de memorias vivas y vividas sin cierres temporales, las cuales persisten.

En las últimas décadas el concepto de memoria ha sido ampliamente utilizado con diversidad de significados. La academia y una parte de la opinión pública lo evocan con multiplicidad de usos y sin suficientes reflexiones, fenómeno que se ha denominado como “boom de la memoria” y “obsesión memorial”.³⁶ Este boom memorístico no sólo tiene expresiones con base en la disciplina histórica, sino también en la antropología, la sociología, la ciencia política y también en las ciencias sociales y políticas. En particular, en las sociedades que han padecido procesos de conflicto o de transiciones democráticas existe un debate político sobre la memoria y un interés por evocar y revisar el pasado.

Un punto de partida necesario son los estudios pioneros de la memoria de Maurice Halbwachs, quien asevera que la memoria siempre es colectiva, pues depende de los grupos sociales en un espacio.³⁷ En nuestro caso, se trata de ver cómo las narrativas de la violencia consolidan unas víctimas que se recuerdan colectivamente, obteniendo reconocimiento social y posibilidades de reparación.

Muchos autores reconocen la relación que existe entre la construcción de la memoria y el poder. Cuando se utiliza el concepto de “memoria oficial”, justamente se hace referencia a la memoria construida desde el Estado y con una intención política particular. Igualmente, cuando se alude a las disputas por la memoria y a la imposición de una memoria sobre otras, se habla sobre cuál prevalece al final. Entonces, la pregunta clave sería respecto de la correlación de las fuerzas políticas en la construcción de memoria y, por lo tanto, en los debates del Estado-nación y las exclusiones que construyen, pues en la manera en que se construyen las memorias hay motivaciones políticas que se disputan la apropiación del pasado.³⁸ En este proyecto observamos las disputas por dar sentido y narrar el pasado del conflicto colombiano en los distintos momentos del periodo analizado. Permanece implícita la existencia de memorias no oficiales, esto es, las de los grupos subalternos. Cabría preguntarse entonces por la relación que existiría entre la memoria nacional y las memorias de grupos usualmente aislados del poder. “La pluralidad de memorias colectivas, en tanto existe una pluralidad de grupos de referencia, trae consigo una cuestión de gran interés, y es que el problema de la memoria es también un problema de poder social.”³⁹ La lucha de distintos sectores subalternos ha sido por ser incluidos en la historia nacional y, por lo tanto, en la memoria oficial. Parte de la disputa por los derechos de grupos de víctimas fue precisamente por tener un pasado reconocido, el cual había sido excluido de la memoria nacional.

Existe una relación entre memoria y olvido, pues no puede haber memoria sin olvido. Autores como Yosef Yerushalmi⁴⁰ y Paul Ricoeur⁴¹ han abordado esta relación. Al igual que la memoria, el olvido también es una acción social. Se trata de dos procesos paralelos, interdependientes y simbióticos. Ahora bien, vale la pena entender que el olvido tampoco es homogéneo, que existen distintos tipos de olvido y su diferencia con la amnesia. En este sentido, es importante reflexionar sobre la obligación de recordar y acerca de la posibilidad de olvidar, debido a que el olvido no siempre implica imposición: también es voluntario. ¿Las políticas de la memoria podrían ser entendidas como una exigencia de memoria? ¿Puede el olvido ser también una opción? ¿Tiene la sociedad el compromiso de recordar?

Félix Vázquez (2001) plantea que debemos entender la memoria como una acción social y examinarla como un nexo relacional.⁴² Según este autor, la memoria sería un conjunto de prácticas discursivas y comunicativas que le otorgan su valor y su significado, además de otros lugares y artefactos que la contienen. Mario Rufer señala que “las acciones de memoria enuncian siempre su compromiso situacional: con una causa política, con la violencia impune. Recuerdan sujetos enmarcados en tramas de vida, entrampados en las palabras y en su propio tiempo, y desde ahí hacen memoria y tiempo”.⁴³ En estas acciones, las víctimas como sujetos de memoria actuarían con base en el compromiso situacional. Según Rita Laura Segato,⁴⁴ en el proceso de construcción de alteridades hay un interés por la continuidad del pasado, es decir, por la memoria como puente entre pasado, presente y futuro. Las víctimas justamente representarían ese puente.

La comunidad política y el Estado son escenarios de la memoria y del duelo social, en el sentido de que representan un lugar donde se construyen y se reconstruyen las identidades y, por lo tanto, también la memoria. Al mismo tiempo, el Estado-nación es forjador de posibilidades de reparación o de rehabilitación. La nación imaginada tiene un pie en las identidades nacionales,⁴⁵ las cuales se consolidan con base en un pasado común, una memoria de hechos que consideran relevantes en su identidad. ¿Cómo se incluye la narración del conflicto y sus víctimas en el pasado nacional común?

Notas

¹ Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ¡Basta ya! Colombia: Colombia: memorias de guerra y dignidad pp. 31-33.

² Emilio Crenzel, “Movimiento de derechos humanos en América Latina y políticas de la memoria”, en Ximena Erazo, Gloria Ramírez y Marcia Scantlebury (eds.), Derechos humanos, pedagogía de la memoria y políticas culturales, Chile, Lom Ediciones/Fundación Henry Dunant, 2011, p. 64.

³ Annette Wieviorka, The Era of the Witness, Ithaca, Cornell University Press, 2006.

⁴ Gabriel Gatti, Un mundo de víctimas, Barcelona, Anthropos, 2017, p. 13.

⁵ Débora Cerio, “El resto del pasado. Historia, memoria y testimonio en la perspectiva de Giorgio Agamben”, ponencia, I Jornadas de Historia Reciente del Noroeste Argentino, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, “Memoria, fuentes orales y ciencias sociales”, 2010.

⁶ François Hartog, “El testigo y el historiador”, Estudios Sociales, núm. 21, 2001, pp. 9-28.

⁷ Alicia Márquez Murrieta, “Cartografía de una concepción pragmatista de los problemas públicos”, Acta Sociológica, núm. 55, 2011, p. 140.

⁸ Joseph R. Gusfield, La cultura de los problemas públicos: el mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014.

⁹ Alicia Márquez Murrieta, “Cartografía de una concepción pragmatista de los problemas públicos”, p. 142.

¹⁰ Ibid., p. 147.

¹¹ Raúl Velásquez Gavilanes, “Hacia una nueva definición del concepto ‘política pública’ “, Desafíos vol. 20, núm. 0, 19 de marzo de 2010, pp. 149-187, especialmente p. 156.

¹² Luis F. Aguilar Villanueva, Política pública, México, Siglo XXI Editores, 2010, especialmente p. 7.

¹³ Idem.

¹⁴ Egon Montecinos, “Límites del enfoque de las políticas públicas para definir un problema público”, Cuadernos de Administración, vol. 20, núm. 33, 2007, pp. 323-335.

¹⁵ Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política: el caso español en perspectiva comparada, Madrid, Alianza, 2008.

¹⁶ Ibid., p. 53.

¹⁷ Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar Fernández y Carmen González-Enríquez, Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Madrid, Istmo, 2002, p. 69.

¹⁸ Ricard Vinyes, El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia, Barcelona, RBA, 2009.

¹⁹ OEA-CIDH, Lineamientos principales para una política integral de reparaciones, OEA/Ser/L/V/II.131, 19 de febrero de 2008.

²⁰ Cit. en Egon Montecinos, “Límites del enfoque de las políticas públicas para definir un problema público”, p. 329.

²¹ Charles D. Elder et al., Problemas públicos y agenda de gobierno, México, Miguel Ángel Porrúa, 1996.

²² Luis F. Aguilar Villanueva, Política pública, op.cit.

²³ Yomaira García Acuña, “Las víctimas del conflicto armado en Colombia frente a la ley de víctimas y otros escenarios de construcción de memorias: una mirada desde Foucault”, Justicia Juris, vol. 8, núm. 2, 2012, p. 78.

²⁴ Enver Duván Vargas Murcia, “Una genealogía de los sujetos víctima y desplazado en Colombia”, tesis de maestría, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017.

²⁵ Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink, Activists beyond Borders Advocacy Networks in International Politics, Ithaca, Cornell University Press, 2014.

²⁶ Vania Markarian, Left in Transformation Uruguayan Exiles and the Latin American Human Rights Network, 1967-1984, Nueva York, Routledge, 2005.

²⁷ Emilio Crenzel, “Movimiento de derechos humanos en América Latina y políticas de la memoria”, en Ximena Erazo, Gloria Ramírez y Marcia Scantlebury (eds.), Derechos humanos, pedagogía de la memoria y políticas culturales, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2011.

²⁸ Judith Butler, Vida precaria: el poder del duelo y la violencia, Buenos Aires, Paidós, 2006.

²⁹ Ibid., pp. 48-49.

³⁰ Ibid., p. 61.

³¹ Ibid., p. 184.

³² Elsa Blair Trujillo, “Memoria y narrativa: la puesta del dolor en la escena pública”, Estudios Políticos, núm. 2, 2002, pp. 9-28, especialmente p. 13.

³³ María Teresa Hincapié Uribe, “Estado y sociedad frente a las víctimas de la violencia”, Estudios Políticos, núm. 23, 2003, pp. 9-25, especialmente p. 9.

³⁴ Ibid., p. 10.

³⁵ Ibid., p. 21.

³⁶ Enzo Traverso, El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons, 2007.

³⁷ Maurice Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria, España, Anthropos, 2004.

³⁸ Tzvetan Todorov, Memorias del mal, tentaciones del bien: indagación sobre el siglo XX, Barcelona, Península, 2002.

³⁹ Mauricio Menjívar Ochoa, Ricardo Antonio Argueta y Édgar Solano Muñoz, Historia y memoria: perspectivas teóricas y metodológicas, Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2005, p. 12.

⁴⁰ Yosef Yerushalmi, “Reflexiones sobre el olvido”, en Yosef Yerushalmi et al. (eds.), Usos del olvido, Buenos Aires, Nueva Visión, 1998, pp. 13-26.

⁴¹ Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004.

⁴² Félix Vázquez, La memoria como acción social. Relaciones, significados e imaginario, Barcelona, Paidós, 2001.

⁴³ Mario Rufer, “Nación y condición poscolonial: sobre memoria y exclusión en los usos del pasado”, en Karina Andrea Bidaseca (ed.), Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente, Buenos Aires, Unsam/CLACSO/IDAES, 2016.

⁴⁴ Rita Laura Segato, “Identidades políticas/alteridades históricas: una crítica a las certezas del pluralismo global”, Runa. Archivo para las Ciencias del Hombre, núm. 23, 2002, pp. 239-275.

⁴⁵ Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.