Читать книгу Del Estado al parque: el gobierno del crimen en las ciudades contemporáneas - Fernando León Tamayo Arboleda - Страница 10

INTRODUCCIÓN

A mediados de 2014 me dirigí a la ciudad de Bogotá para iniciar mis estudios doctorales, sin llevar una idea clara de cómo era la ciudad o qué investigación me interesaba realizar. Por un lado, aunque había estado algunas veces en Bogotá, las cortas estancias en la capital, casi siempre por trabajo o placer, me habían impedido conocerla y sentir que podía leer el terreno. Por otro lado, si bien las decisiones que me habían llevado a comenzar la aventura doctoral y a elegir a Bogotá como el lugar indicado para dicho proyecto se fundamentaban en un interés en profundizar cuestiones relacionadas con la manera en que se gobierna el crimen y sus formas específicas en las ciudades latinoamericanas, para aquel momento no tenía ninguna idea concreta sobre el tipo de investigación que quería conducir.

El primer día en la universidad fue, en general, similar a la experiencia que cualquier primíparo tendría al comenzar estudios de cualquier nivel universitario, pero hubo un evento de aquellos que, sin saberlo, suelen marcar las decisiones que se toman en el futuro y que decidiría el rumbo de mi investigación. En medio de las actividades que la institución había preparado como bienvenida, estaba programada una charla de inducción para los estudiantes que iniciaban aquel día sus estudios. Esta actividad, común en muchos lugares, era un rito que reunía a los estudiantes para mostrarles las credenciales de la universidad, el privilegio que conllevaba ser elegido por la institución para cursar allí sus estudios, los servicios a los que podían acceder por estar matriculados y los deberes que adquirían como alumnos y futuros egresados.

Cerca del final de la ceremonia de inducción sucedió algo completamente diferente a lo que había pasado en mis experiencias anteriores en otras instituciones. Luego de los procedimientos tradicionales para conocer la historia, el prestigio, los servicios y reglamentos de la institución, se dio espacio al jefe de seguridad privada de la universidad, quien debía explicar diversas reglas que servirían para tener un camino sin riesgos durante la realización de nuestros estudios. La participación del jefe de seguridad no carecía de sentido si se consideran dos situaciones, en primer lugar, que más del 30 % de los estudiantes de pregrado no son bogotanos¹, es decir que resulta posible suponer que gran parte de estos no conocen la cartografía de la ciudad con la misma precisión que quienes son procedentes de esta². En segundo lugar, la localización de la universidad en el centro la ubica en uno de los espacios con mayores cifras de criminalidad en toda la capital³, lo que hacía que la “educación en seguridad” tuviera, cuando menos, algún sentido desde el punto de vista de la administración universitaria.

La intervención del jefe de seguridad inició dando pequeños consejos tales como: “no dejen sus cosas de valor sobre las mesas de estudio”, “estén atentos a comportamientos sospechosos”, “conserven sus carnés universitarios lejos de la vista de extraños para que no conozcan sus datos”. Después de estas advertencias, que se ofrecían como parte de un sentido común⁴ de autocuidado, se comenzó a hablar de situaciones que ya no eran evidentes —o mejor, no formaban parte de aquellas conductas que, pretendidamente, cualquier persona razonable llevaría a cabo—, pues para conocerlas se necesitaba tener información que no estaba disponible para los estudiantes —asumiendo que, al parecer, sí disponían de elementos para identificar “comportamientos sospechosos”—.

El orador comenzó a desplegar ante los “primíparos” una serie de fotografías y mapas sobre los alrededores de la universidad. En estos se detallaba la geografía que rodeaba la institución y, con colores y flechas, se señalaban los espacios que eran seguros para transitar. El jefe de seguridad afirmaba que el cordón de vigilancia construido por la seguridad privada de la institución, en colaboración con la Policía Nacional y otras universidades del centro de la ciudad, podía garantizar la protección de los estudiantes siempre que estos permanecieran en los corredores seguros, los cuales permitían movilizarse entre los diferentes ingresos a la Universidad y las zonas donde se podía tomar el transporte público o acceder a parqueaderos para los vehículos privados; mientras la opción contraria, abandonar los corredores seguros, podía derivar en la interacción con comportamientos indeseados, como la mendicidad, o delitos como la oferta de estupefacientes o, el que se mostraba más probable y amenazante, el hurto. Por eso, la administración universitaria invitaba a “no dar papaya” y a cuidarnos “entre todos”.

Figura 1. Corredores seguros Universidad de los Andes

Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes.

Luego de cada una de las demostraciones cartográficas que señalaban alguna de las calles, esquinas o parques como peligrosos se enseñaron fotografías de dichos lugares para permitir a los estudiantes familiarizarse con los espacios. Cada espacio inseguro era no solo cartografiado, sino graficado y comparado con espacios seguros para permitir a los estudiantes acceder al conocimiento especial del que disponían los organismos de seguridad de la universidad sobre los lugares que debían usar si querían mantenerse a salvo, y construir un sentido común basado en dicha información. Por un lado, los espacios inseguros se mostraban como límites artificiales para el movimiento caracterizados por su soledad y abandono. Por otro lado, los espacios seguros se caracterizaban por la concurrencia de personas, la buena visibilidad y la presencia policial.

Mientras escuchaba los consejos de seguridad pensaba en lo extraño de aquella situación, pues no recordaba que antes se me hubiera enseñado a identificar los espacios inseguros en esta forma. Pero también notaba que las imágenes de los sitios peligrosos alrededor de la universidad se parecían mucho a lugares que había evitado antes, o tal vez los había transitado en medio del nerviosismo o por la rebeldía que implicaba ocuparlos.

Figura 2. Fotografía callejones inseguros

Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes.

Figura 3. Patrullaje policial en frontera entre callejones seguros e inseguros

Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes.

Pensé en la forma en que había obtenido los conocimientos sobre los espacios seguros e inseguros en los lugares que me eran más familiares y encontré que, al final, estos también los había construido a través de mapas e imágenes obtenidas a partir de mi experiencia personal y mis interacciones cotidianas. A través de los consejos de mis padres y de las conversaciones con amigos que habitaban en barrios distintos de la ciudad había desarrollado un conocimiento cartográfico de Medellín y una imaginación estética sobre la forma en que lucían los espacios peligrosos, sin detenerme a pensar en las razones que me llevaron a construir dicha visión, o por qué el mismo conocimiento que había obtenido en aquella ciudad, ahora me resultaba útil para leer los espacios bogotanos. Este conocimiento me permitía no solo moverme con facilidad —y seguridad— en los terrenos que mejor conocía, sino construir un sentido común que me resultaba extrapolable a otras situaciones.

Si bien la exposición del conferencista tenía características similares al proceso por el cual yo mismo había conformado mis propios mapas para leer los espacios que frecuentaba, me resultaba completamente nuevo que fuera una institución universitaria la que brindara una información que antes había obtenido a través de relaciones cotidianas con amigos y familia. Por primera vez, el conocimiento para leer el espacio que antes derivaba de mis propias experiencias e interacciones con personas cercanas aparecía institucionalizado y acompañado de un “experto” en la cartografía local de la seguridad, con la intención de ayudarme a comprender una geografía desconocida.

Sin anticiparlo en aquel momento, las preguntas que se me ocurrían serían las que moldearían mi propia investigación doctoral: ¿por qué la universidad me está dando esta información?, ¿qué haría para conocer el terreno si no se me hubiera dado dicha información?, ¿por qué identificaba los espacios solitarios con el peligro a partir de meras intuiciones?, ¿por qué tomaba medidas de precaución en mi vida cotidiana similares a las que recomendaba la administración universitaria?, entre otras cuestiones. Cuando comencé a investigar el tema me percaté de que mi experiencia en aquella inducción universitaria podía ser común en otros contextos donde la preocupación por los espacios seguros y el control del crimen parecían tener rasgos comunes, y lo que era un ejercicio de reflexión para comprender la forma en que yo había estado evitando ciertos espacios durante mi vida terminó por despertar un interés académico sobre la manera en que el crimen es gobernado y sobre los mecanismos institucionales utilizados para construir en los individuos un conjunto de recetas para leer cotidianamente la cartografía de la seguridad en las ciudades.

El primer paso para comprender las técnicas que inconscientemente había venido utilizando para reducir las posibilidades de ser víctima de un crimen era construir un conocimiento que me permitiera reflexionar sobre ellas a un nivel teórico. En esta tarea, tal como el título del libro y el párrafo anterior sugieren, la idea de gobernar sería fundamental para dar forma a mis análisis⁵. Mis primeras aproximaciones a la idea de gobernar fueron los textos de Foucault en un curso sobre el tema que había tomado al iniciar mi carrera universitaria. Teniendo en cuenta que no comprendí muy bien el asunto —algo que posiblemente se hubiera solucionado si hubiera ido a las clases, o realizado adecuadamente las lecturas del curso—, las implicaciones de la definición de gobierno propuesta por el francés no me quedarían claras —o, al menos, medianamente perceptibles— hasta que leí el libro de Simon, Gobernar a través del delito⁶, lo cual me obligó a revisitar las nociones sobre gobierno y poder de Foucault. Más allá de las múltiples complejidades que pueden derivarse de las nociones anteriores, para el presente texto decidí seguir la idea de que el “‘Gobierno’ no se refería únicamente a las estructuras políticas o a la gestión de los Estados; más bien designaba el modo de dirigir la conducta de individuos o grupos”⁷. En últimas, partí de la premisa de que gobernar es una acción dirigida a configurar el campo de acción dentro de un contexto específico, un intento de conducir lo que los individuos o grupos hacen o dejan de hacer en espacios y momentos históricos determinados.

La idea de gobierno está profundamente ligada a la de poder. Para ser eficiente, la capacidad de una acción de gobernar depende de la construcción de poder en que esta se soporte. La noción de poder de Foucault, como su definición de gobierno, está desligada de las estructuras estatales. El poder no es una capacidad del leviatán sino un hecho y, aunque esto ciertamente amplía el espectro de las posibles formas de ejercerlo, no da aún una definición clara de lo que el poder es. Esta ausencia de una caracterización conceptual del término se debe a que la misma idea de poder de Foucault parecía eludir todo esfuerzo de conceptualización unificadora. No existe “el poder”, existen “los poderes”, por lo que cada poder debe ser caracterizado según su especificidad⁸. Con todo, de forma general, la idea de poder en Foucault puede caracterizarse como un conjunto de conocimientos, estructuras, instituciones o relaciones que en contextos específicos pueden ser utilizadas por los sujetos como herramientas para conseguir unos objetivos más o menos definidos que se han propuesto⁹.

Con el marco anterior, la preocupación general que tenía por los mecanismos de gobierno del crimen y los poderes en que estos se soportan comenzó a tomar una forma más concreta. A medida que iba delimitando el tema descubrí que existían muchos asuntos que me interesaban, pero cuya investigación resultaba bastante complicada, más aún teniendo en cuenta que mi formación académica estaba centrada en el conocimiento técnico del derecho antes que en la comprensión de fenómenos sociales —o, por demás, del derecho mismo como realidad social—. Esto trajo consigo un reto teórico y metodológico que derivó en la elección de disminuir las pretensiones que inicialmente me había trazado, dirigidas a comprender la forma en que se construyen técnicas de autogobierno del crimen en la vida cotidiana —o mejor, el intento de comprender la forma en que yo las había construido durante mi vida—, para, en su lugar, buscar estudiarlas a través del conocimiento de la forma en que el crimen es gobernado en las ciudades. La elección por comprender el gobierno del crimen en las ciudades era, también, inalcanzable —sin mencionar ingenua—; sin embargo, gracias a la adecuada orientación recibida y las discusiones sostenidas con colegas, pude materializar mi interés a través de la limitación de la investigación a un estudio de caso de la ciudad de Bogotá, y el enfoque teórico y metodológico a través del análisis multiescalar de la gobernanza.

La elección de Bogotá como espacio para la realización de la investigación del gobierno del crimen en las ciudades contemporáneas estuvo condicionada por dos factores. El primero de ellos, que resulta obvio en muchas investigaciones, era la facilidad personal —pues era la ciudad en que me encontraba viviendo— y financiera —pues los recursos para la realización de investigaciones no siempre abundan— para conducir el estudio en dicho espacio; y el segundo, más importante aún, que Bogotá se había convertido en un ejemplo mundial de la “buena gobernanza” del crimen y era tomado como un modelo exitoso de la forma en que las administraciones locales pueden mejorar las condiciones de seguridad en los grandes enclaves urbanos. El caso del “milagro” bogotano se soporta principalmente en la reducción de las cifras de homicidios que tuvo lugar en los años noventa y comienzos del nuevo milenio. Aunque es posible discutir si fueron las políticas locales las que determinaron esta disminución, el mito ha sido construido sin tener en cuenta dicha situación, por lo que se adjudicó a la administración local el triunfo en materia de seguridad¹⁰.

Bogotá resultaba relevante, además, por dos aspectos. Por un lado, y como se verá en el texto, en la ciudad —y en general, en el país— se habían puesto en acción una serie de estrategias de gobierno del crimen implementadas en ciudades del norte global, bien porque estas eran trasladadas por centros —o sujetos— de difusión de pensamiento o por la directa incidencia de algunas instituciones foráneas que, además, resultaban comunes a otras ciudades latinoamericanas¹¹. Por otro lado, Bogotá comparte una experiencia común a otras ciudades latinoamericanas en cuanto a su preocupación por erigirse como ciudades globales¹², lo cual implica prácticas compartidas que se extienden por todo el continente y otras latitudes en el marco del neoliberalismo¹³.

Aunque la decisión sobre la realización del estudio de caso de Bogotá parecía sencilla, este era solo el primer paso en la elaboración del marco teórico y metodológico apropiado para leer el gobierno del crimen en la ciudad. Esto último resultó mucho más complicado, no solo por mi falta de experiencia en la realización de este tipo de investigaciones, sino porque cada texto, cada enfoque y cada autor que leía me abrían nuevas perspectivas de análisis que no conseguía agrupar de manera adecuada. Ante esta situación, opté por un análisis multiescalar de la gobernanza, que implicaba partir de un estudio espacial de los poderes utilizados para gobernar Bogotá y las diferentes interacciones entre estos, lo que llevó a examinar la manera en que las escalas de gobierno transnacional, nacional y local —y las microescalas de gobierno que se constituyen en los microespacios contenidos en Bogotá— moldeaban una forma específica de gestionar la criminalidad en la ciudad. La falta de capacidad para explicar este modelo analítico en pocas palabras, y la ausencia de textos académicos en materia de gobierno del crimen que explicaran un modelo similar, fueron centrales en la construcción del capítulo I. En este, apoyándome en textos que analizan la gobernanza en otros campos de una manera similar a la que se utiliza en la literatura para estudiar el crimen, detallo la perspectiva con la cual se ha realizado la investigación —en caso de que ya exista alguna familiaridad con las ideas de gobierno y con los análisis multiescalares y sus implicaciones, propongo al lector saltar directamente a los capítulos siguientes—.

A partir de las herramientas teóricas y metodológicas ofrecidas se muestra cómo el gobierno del crimen ha venido mutando desde los años ochenta del siglo pasado y cómo, a partir de mediados de los años noventa, dicho cambio se ha acelerado vertiginosamente hasta constituir las técnicas contemporáneas usadas en ciudades como Bogotá. En el caso colombiano —algo que creo se replica en varios contextos latinoamericanos— este cambio ha sido alimentado por el proyecto neoliberal que tuvo lugar después del Consenso de Washington —el cual se ha manifestado de diversas formas, que van desde la gentrificación hasta la ejecución de proyectos de reforma institucional, pasando por el refuerzo de la protección a la propiedad privada, el fortalecimiento de las asociaciones privadas y la difusión de ciertas formas de conocimiento y gobierno—, la expansión de la demografía urbana, la larga historia de conflicto armado —la cual tiene implicaciones similares a la experiencia de dictadura y posdictadura de otros país del cono sur—, la descentralización de las funciones estatales y el crecimiento de los poderes locales, la creciente importancia de la ciudad como escenario prototípico de la vida contemporánea y la expansión del uso de la prisión.

Lo anterior ha permitido que viejas instituciones y técnicas de gobierno del crimen sean reinventadas —y legitimadas— a través de nuevos discursos y, a su vez, nuevas instituciones y técnicas de gobierno del crimen hayan aparecido en la vida cotidiana de los habitantes. Por un lado, lo que podrían denominarse como las “viejas costumbres” usadas para gobernar el delito, ligadas principalmente con la fuerza, la represión y el uso de la justicia penal, se fortalecerían a través del incremento de las detenciones por la comisión de crímenes, lo que contribuiría a la rápida expansión de la población sometida al aparato carcelario —y, en general, de la ejecución de las penas y medidas de aseguramiento—. Esta expansión del aparato penal ha implicado, sin duda, el retroceso no solo de los derechos constitucionales de los perseguidos por la justicia, sino que ha servido como mecanismo de exclusión generalizada de una porción importante de la población vertida en cárceles con condiciones infrahumanas.

Por otro lado, la implementación de unas “nuevas costumbres” de gobierno ha creado un sistema de control centrado en la prevención estatal, privada e individual del crimen. Esta aparición de nuevas instituciones y mecanismos para controlar el crimen se manifiesta a través de formas extremas de control —y autocontrol— y exclusión que son soportadas en la construcción de sujetos problemáticos que se supone deben ser eliminados de ciertos espacios para garantizar la seguridad, en una axiología específica sobre las acciones permitidas y prohibidas en los espacios públicos, en una vigilancia férrea de los lugares compartidos —públicos y privados—, en una reorganización de la economía urbana, en la creciente importancia del consumo de la ciudad como espacio y en el fortalecimiento de mecanismos administrativos de sanción. En este ámbito, en torno al parque como manifestación principal del espacio público se organizan una serie de medidas de gobierno —y autogobierno— que, aunque parecen ser menos punitivas que el uso del aparato carcelario, tienen una extensión e impacto mucho mayor en la vida cotidiana de los ciudadanos, pues no solo limitan una cantidad importante de derechos, sino que moldean las percepciones de estos sobre lo adecuado e inadecuado, y crean patrones de comportamiento que se soportan, ya no necesariamente en la fuerza, sino en la propia libertad de decisión de los individuos.

Para dar algo de sentido a las ideas anteriores, en el capítulo II muestro la forma en que la estructura administrativa de gobierno del crimen fue reorganizada en Colombia. En esta parte del texto estudio las relaciones entre la administración de la ciudad de Bogotá, el gobierno nacional y diferentes poderes y fenómenos transnacionales, que permitieron la consolidación de una institucionalidad de gobierno del crimen al nivel de la ciudad y la reorganización de los poderes/saberes dispuestos para fundamentar los poderes encargados de controlar el crimen. Así mismo muestro cómo, de la interacción entre las administraciones nacional y municipal, se derivó la creación de un modelo mixto para gobernar el crimen que busca construir herramientas de cooperación que faciliten la satisfacción de los objetivos de las diferentes escalas de gobierno que operan en el mismo espacio geográfico.

En el capítulo III me ocupo de analizar esta misma relación, pero con énfasis en el sistema penal, por ser este el principal referente del poder punitivo nacional. En el mismo, expongo la influencia transnacional sobre el sistema penal colombiano, los mecanismos de cooperación, los eventos de enfrentamiento entre los poderes locales y nacionales en materia punitiva, y la forma en que la capital del país logró construir una estructura de gobierno del crimen paralela a —pero aún apoyada en— el Estado central. También analizo las consecuencias que este modelo punitivo de gestión de la criminalidad ha tenido para las libertades de los ciudadanos.

En el capítulo IV me encargo de estudiar la manera en que las transformaciones documentadas en los capítulos II y III se materializan en la vida cotidiana a través de una distribución particular de los recursos de control del delito y la incorporación de mecanismos de autogobierno del crimen, lo cual es permitido a través de la construcción de una ética y estética del gobierno del crimen en la ciudad que hacen comprensible para los ciudadanos una información que, a nivel gubernamental, es tecnificada y compleja.

Por último, el capítulo V está pensado como una conclusión poco tradicional del texto. La decisión de no plantear unas conclusiones “ortodoxas”, entendidas estas como un simple balance de los hallazgos de la investigación, se debe a dos motivos: en primer lugar, que cada capítulo cuenta con un aparte de conclusiones en las cuales se sintetizan los hallazgos consignados en cada uno de ellos y, en segundo lugar, que la perspectiva asumida en el capítulo primero obliga a que, más que desenlaces, se muestre un análisis amplio derivado de la conjunción de las herramientas teóricas y metodológicas aplicadas y los hallazgos encontrados. Por ello, este capítulo se encarga de mostrar, a la vez, una interpretación sobre el gobierno del crimen en la ciudad de Bogotá, los retos que implica estudiarlo en las ciudades contemporáneas —especialmente aquellas del sur global que comparten características con la capital colombiana—, y las consecuencias que los hallazgos de la investigación —y el modelo analítico aplicado— tienen a la hora de diseñar estudios sobre la criminalidad.

¹ Cuando se revisan las cifras de ingreso a la Universidad de los Andes se encuentra que entre los años 2007 y 2017 fueron admitidos más de 30 % de estudiantes cuyo lugar de residencia se encontraba fuera de Bogotá, la cifra más es baja 31 % (semestre 2009-1) y la más alta 49,8 % (semestre 2017-2), con promedios de 34,4 % —entre 2012 y 2017— y 32 % —entre 2009 y 2012—. En el semestre 2014-2, en el cual tuvo lugar la inducción de la que hablo, ingresaron 1.461 estudiantes nuevos (en pregrado), de los cuales 32 % provenían de lugares distintos a Bogotá (cfr. Universidad de los Andes, Boletín estadístico 2017 [Bogotá: Universidad de los Andes, 2017]; Boletín estadístico 2014 [Bogotá: Universidad de los Andes, 2014]; Boletín estadístico 2007 [Bogotá: Universidad de los Andes, 2007]).

² Este supuesto es ilustrativo, pero no puede pensarse como una prueba definitiva, pues ni vivir en Bogotá implica el conocimiento de todos los sectores de la ciudad, teniendo en cuenta la envergadura de la capital del país, ni ser de otro lugar del país implica desconocerla. Con todo, desde el punto de vista de la administración universitaria, que no puede preguntar individualmente por los conocimientos del sector, tiene sentido hacer una inducción sobre la geografía circundante a la universidad cuando se recibe una cantidad tan grande de estudiantes que provienen de afuera de Bogotá.

³ Según las cifras del año inmediatamente anterior a la inducción, la localidad de Santa Fe era la tercera con mayor cantidad de hurto a personas (delito que más preocupaba a la administración universitaria), con una tasa de 1.617 hurtos por cada 100.000 habitantes, superado solamente por las localidades de La Candelaria (también ubicada en el centro de la ciudad y limítrofe con la localidad de Santa Fe) con 2.363 y Chapinero con 1.800 (Cámara de Comercio de Bogotá, Observatorio de seguridad en Bogotá No 46: junio de 2014 [Bogotá: Cámara de Comercio, 2015], 37).

⁴ La idea de “sentido común” tiene que ver con la propuesta analítica de Berger y Luckmann para el conocimiento de la vida cotidiana. Según ellos, los individuos construyen recetas sobre cómo actuar en la vida cotidiana, lo que hace surgir ese sentido común (Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad [Buenos Aires: Amorrortu, 2012], 34-63). En materia de gobierno del crimen, un buen ejemplo de la forma en que la idea de sentido común ha sido utilizada aparece en los textos de Wilson: “El ciudadano promedio difícilmente necesita ser persuadido de que el crimen será cometido más frecuentemente si, en las mismas circunstancias, este reporta más ganancias comparado con otras formas de pasar el tiempo. De acuerdo con esto, el ciudadano promedio piensa que es obvio que la razón por la cual el crimen aumenta es porque se está haciendo más fácil escaparse de sus consecuencias. Bajo el mismo razonamiento, el ciudadano promedio piensa que una buena forma de reducir el crimen es hacer más costosas las consecuencias del crimen para el infractor (con penas más rápidas, más ciertas y más severas), o hacer que las alternativas al crimen sean más valiosas (aumentando la disponibilidad y el salario por hacer trabajos legítimos), o ambas cosas”. (Traducción libre del texto “The average citizen hardly need to be persuaded of the view that crime will be more frequently committed if, other things being equal, crime becomes more profitable compared to other ways of spending one’s time. Accordingly, the average citizen thinks it obvious that one major reason why crime has gone up is that people have discovered it is easier to get away with it; by the same token, the average citizen thinks a good way to reduce crime is to make the consequences of crime to the would-be offender more costly (by making penalties swifter, more certain, or more severe), or to make value alternatives to crime more attractive (by increasing the availability and pay of legitimate jobs), or both”) (James Wilson, “Penalties and opportunities”, en A reader on punishment, ed. por Antony Duff y David Garland [New York: Oxford University Press, 1995], 177). Esta visión estaría fundada en las teorías del control, cuyo soporte empírico suele basarse en supuestos poco fundamentados (Marcus Felson y Ronald V. Clarke, “Opportunity makes the thief”, Police Research Series 98 [1998]). Por su parte, Wilson no ofrece una explicación de por qué los ciudadanos piensan esto, o alguna prueba de que ello sea efectivamente así, sino que asume que sus intuiciones son extensibles sin mayor elaboración. En esta investigación, para evitar caer en la generalización de aquel autor, siguiendo la senda de Berger y Luckmann se intentará mostrar la forma en que el sentido común es construido en Bogotá a partir de la distribución de recursos de gobierno del crimen y la creación de una forma específica de razonar sobre el crimen en las actividades diarias.

⁵ Tampoco puedo desestimar la importancia que tuvieron los textos de Bordieu, Wacquant y Wright Mills sobre la posibilidad —y necesidad— de analizar las propias posiciones y acciones para comprender las realidades en que uno mismo se encuentra insertado (Pierre Bordieu, Homo Academicus. Trad. por Pablo Tovillas [Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008]; Pierre Bordieu y Löiq Wacquant, Una invitación a la sociología reflexiva. Trad. por Ariel Dilon [Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2005]; Charles Wright Mills, La imaginación sociológica. Trad. por Florentino M. Torner [México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2010]).

⁶ Jonathan Simon, Gobernar a través del delito. Trad. Victoria de los Ángeles Boschiroli (Barcelona: Gedisa, 2011).

⁷ Michel Foucault, “El sujeto y el poder”, Revista Mexicana de Sociología 50, n.° 3 (1988): 3-20, 15.

⁸ Precisamente, toda la obra de Foucault es un esfuerzo por caracterizar diferentes tipos de poderes, como el punitivo (Foucault, Vigilar; Michel Foucault, The punitive society: lectures at the College de France 1972-1973 [New York: Palgrave McMillan, 2015]) o el estatal administrativo-policivo-militar Michel Foucault, Defender la sociedad. Trad. por Horacio Pons [Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014]) entre otros.

⁹ La definición de poder aquí ofrecida es fruto de la revisión de diversos textos de Foucault, sin embargo, los que mayor influencia presentaron para la construcción de esta definición fueron: Michel Foucault, La microfísica del poder. Trad. por Julia Varela y Fernando Álvarez Uría (Madrid: La Piqueta, 1992); “El sujeto y el poder”; Historia de la Locura en la época clásica I. Trad. por Juan José Utrilla (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1998); La verdad y las formas jurídicas. Trad. por Enrique Linch (Barcelona: Gedisa, 2011); Vigilar; Defender. Entre los anteriores, los dos textos referidos inicialmente son los que presentan los intentos más claros de definir lo que el poder significa como concepto abstracto, por encima de la definición de cada poder en específico. Así mismo, para delimitar la definición, fue importante el texto de Valverde sobre el tema (Mariana Valverde, Michel Foucault [New York: Routledge, 2017]).

¹⁰ Al respecto, véanse Ariel Ávila Martínez, “Gestión de la seguridad en Bogotá”, en Violencia Urbana, ed. por Ariel Ávila Martínez, Jorge Giraldo-Ramírez, José Antonio Fortou et al. (Bogotá: Aguilar, 2014), 23-65; Gerard Martin y Miguel Ceballos, Bogotá: anatomía de una transformación (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2004). Algo similar ocurre con el caso del milagro neoyorquino, el cual es también bastante cuestionable (cfr. Franklin E. Zimring, The city that became safe: New York and the future of crime control [New York: NYU School of Law, 2011]).

¹¹ Al respecto, muchas de las técnicas halladas en la ciudad de Bogotá, que serán presentadas en este texto, resultaban similares a las detectadas en las ciudades brasileñas (cfr. Teresa P. R. Caldeira, City of walls [Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 2000]; Eduardo Paes-Machado y Charles Levenstein, “‘I’m sorry everybody but this is Brazil’: Armed robbery on the buses in Brazilian cities”, British Journal of Criminology 44 [2004]: 1-14; Löiq Wacquant, “Toward a dictatorship over the poor? Notes on the penalization of poverty in Brazil”, Punishment & Society 5, n.° 2 [2003]: 197-205), argentinas (cfr. Máximo Sozzo, Inseguridad, prevención y policía [Quito: Flacso, 2008]; Máximo Sozzo, “¿Metamorfosis de la prisión?: Proyecto normalizador, populismo punitivo y ‘prisión-depósito’ en Argentina”, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 1 [2007]: 88-116; Gabriel Kessler, El sentimiento de inseguridad: sociología del temor al delito [Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2011]), chilenas (cfr. Frühling Hugo, Policía comunitaria y reforma policial en América Latina. ¿Cuál es el impacto? [Santiago de Chile: CESC-Universidad de Chile, 2003]; Paola Jirón y Pablo Mansilla, “Las consecuencias del urbanismo fragmentador en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de Santiago de Chile”, Eure 40, n.° 121 [2014]: 5-28; Maria Elena Ducci y Loreto Rojas, “La pequeña Lima”: nueva cara y vitalidad para el centro de Santiago de Chile”, Eure 36, n.° 108 [2010]: 95-121; Lucía Dammert, Violencia criminal y seguridad ciudadana en Chile [Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas, 2005]) y mexicanas (cfr. Markus-Michael Müller, The punitive city: privatized policing and protection in neoliberal Mexico [London: Zed Books, 2016]; Carlos J. Vilalta Perdomo, “El miedo al crimen en México. Estructura lógica, bases empíricas y recomendaciones iniciales de política pública”, Gestión y Política Pública 19, n.° 1 [2010]: 3-36; Diane E. Davis, “El factor Giuliani: delincuencia, la “cero tolerancia” en el trabajo policiaco y la transformación de la esfera pública en el centro de la ciudad de México”, Estudios Sociológicos 25, n.° 75 [2007]: 639-681; Elena Azaola, Crimen, castigo y violencias en México [Quito: FLACSO, 2008]; José Luis Solís González, “Neoliberalismo y crimen organizado en México: el surgimiento del Estado narco”, Frontera Norte 25, n.° 50 [2013]: 7-34).

¹² Saskia Sassen, “The global city: introducing a concept”, Brown Journal of Global Affairs XI, n.° 2 (2005): 27-43.

¹³ Entendido como una teoría de economía política que propone que el bienestar de los ciudadanos puede ser conseguido a través de la maximización de libertades y del aprovechamiento de habilidades, enmarcados en un contexto de protección fuerte de los derechos de propiedad, libre mercado y libre comercio (cfr. David Harvey, A brief history of Neoliberalism [New York: Oxford University Press, 2007]).