Читать книгу Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar - Horacio Gaggero - Страница 5

Introducción

Cuando Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la Nación en 1946 contaba con un aparato Estatal con funciones ampliadas desde los años 30, a partir de las cuales fueron apareciendo las Juntas reguladoras, el Banco Central, la Dirección de Impuesto a los Réditos, el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, la Dirección Nacional de Vialidad. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron nacionalizadas las industrias de propiedad alemana y se estableció el control de la industria pesada a través de Fabricaciones Militares, creado el Banco de Crédito Industrial, que al permitir la aparición de crédito a mediano y largo plazo y la movilización por parte del Estado del ahorro interno transformaría al sector financiero en un elemento útil para el desarrollo industrial, en el plano laboral el estado supervisó los contratos colectivos de trabajo utilizando los decretos de 1944 que establecían el campo de acción de la Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta que fue sancionada en 1953 la ley 14250.[1]

El gobierno peronista basaba su legitimidad en el “hacer”, pero esa capacidad, ampliamente publicitada, se apoyó sobre la planificación, que brindaba la perspectiva de una gestión coordinada y racional. Para ello se crearon nuevas estructuras y formas de coordinación. Una de las tareas más trascendentes tomadas a partir de 1943 fue un proceso de recopilación de información estadística.

Surgió entonces un Estado motor y conductor del proceso que apuntaba a consolidar la autonomía económica del país. Los medios institucionales para lograrlo fueron el Consejo Nacional de Posguerra, creado en 1944 –transformado en 1946 en Secretaría Técnica de la Presidencia, y tras la reforma constitucional de 1949 en Ministerio Técnico–[2] organismo de planeamiento que recopilaba información para lograr un diagnóstico de la situación del país y que se encargó de elaborar ambos Planes Quinquenales (1947-1951 y 1953-1957); y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como institución directora y contralor del mejoramiento material e integración social de los sectores de menores recursos.[3]

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STP) desarrollaba la doble tarea de codificación y de reconocimiento y control de todo lo que involucrara las relaciones entre capital y trabajo, y asegurara la paz social. Amplió el radio de aplicación de la legislación laboral, creando un cuerpo de inspectores que controlaban su cumplimiento, y aseguró un papel clave como árbitro en la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo. La organización obrera se centralizó en una CGT unificada que recibía a través del paternalismo estatal un notable impulso desde la sanción de la ley de asociaciones profesionales[4]

En el mes de agosto de 1944 el decreto 21.877 estableció las penalidades para aquellos que interfirieran en el accionar de la STP, la medida fortalecía su posición desde el punto de vista institucional tanto para arbitrar en los conflictos entre el capital y el trabajo, como su participación en los convenios colectivos de trabajo.

En ella se explicitan las atribuciones del organismo, determinando los recursos jurídicos con los que contaría desde entonces. Su artículo 2º establecía que en el caso de que los infractores fueran entidades con personería jurídica, la misma sería cancelada.[5]

En cuanto a una ley de convenios colectivos de trabajo, sancionada en 1953, no define que son dichos convenios, pero establece que se celebrarán entre asociaciones de patrones y de trabajadores que tengan personería gremial (art. 1º), y serán homologados por el Ministerio de Trabajo y Previsión, siendo válidos para todos los trabajadores y empleadores de la actividad (art. 3º). Una vez homologados, su cumplimiento resultará obligatorio para todos los trabajadores, afiliados o no al sindicato, que trabajen en la rama de actividad, lo mismo que las contribuciones a favor del sindicato que participó de la negociación (art. 8º). En cuanto a los patrones que no se encuentran afiliados a la entidad que participó de la negociación, también están obligados a respetarla (art. 9º).

La ley también establece la existencia de comisiones paritarias, formadas por el mismo número de representantes obreros y patronales, y presididas por un funcionario del Ministerio con el objeto de interpretar el convenio colectivo y proceder a la calificación del personal (art. 15). Las mismas podrían intervenir para conciliar en los conflictos que se generen por la aplicación del convenio (art. 16).[6]

La STP obtuvo amplias facultades al instituirse el arbitraje obligatorio en los conflictos, y la capacidad para establecer la legalidad o ilegalidad de las huelgas.[7] En resumen, a partir del golpe de 1943 el Estado argentino adquirió nuevas funciones: promovió el bienestar social de la población y se constituyó en árbitro en los conflictos entre el capital y el trabajo

Eran objetivos del gobierno implementar una política económica mercadointernista, conducida por un Estado dirigista, nacionalista y popular capaz de facilitar la redistribución del ingreso hacia una industria productora de bienes de consumo para un mercado interno que se había expandido como consecuencia del mejoramiento de los niveles de ingreso de la población, en su intento de concretar los objetivos del peronismo: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.

Señala Daniel García Delgado,[8] que mientras en los países centrales, los problemas sociales ocasionados a raíz de la crisis de 1930 y la segunda guerra, generaron un consenso acerca de responsabilidad del capital de ofrecer condiciones para una vida digna a todos los sectores, en los países periféricos, esta responsabilidad fue impuesta compulsivamente por el Estado.

La función social de los aparatos estatales se expandió en la década de 1945 a 1955 siguiendo lógicas distintas pero complementarias. El Estado se encargó de regular las relaciones entre el capital y el trabajo, proponiéndose como instancia neutra, pero se aseguraron mecanismos para preservar los intereses de los sectores socialmente más vulnerables.[9]

La racionalidad acordada a la acción estatal y los beneficios acordados a los trabajadores aumentaron fuertemente su legitimidad en la opinión de una parte considerable de la sociedad, pero al mismo tiempo la deterioraron entre los sectores opositores. Además, el Estado se introdujo en dominios culturales, de empleo del tiempo libre, de control de los medios de comunicación, de vigilancia de las organizaciones profesionales, pretendiendo no dejar nada fuera de su órbita.

Las nuevas funciones asumidas por el Estado implicaban la incorporación de una burocracia estatal diferente de alto nivel profesional en las áreas de la política económica y tributaria.

Las condiciones de ampliación del Estado y su politización partidista, sacaron a la luz los elementos de ineficiencia que producía esta doble función. Por un lado se buscaba que cumpliera con las tareas burocráticas modernas que requerían destrezas y conocimientos propios de los saberes técnicos correspondientes. Pero, por el otro, la búsqueda de lealtad política de quienes ejercían responsabilidades administrativas sesgaba con preferencias partidistas las incorporaciones y promociones de funcionarios y empleados.

Los criterios burocráticos valoraban la eficiencia pero se superponían con los patrones cuya primacía se ponía en la lealtad política y el adoctrinamiento para alcanzar el mejor funcionamiento de la administración pública. Si bien es probable que la homogeneización ideológica del personal no se alcanzara, la voluntad de politizar las promociones y el reclutamiento, en lugar de servir para organizar, desorganizaba al aparato estatal.[10]

Los cambios institucionales durante el gobierno militar

Las Fuerzas Armadas en el poder formularon su intención de mejorar las relaciones entre el Estado y los actores sociales más tradicionales de la sociedad deteriorados desde principios de la década del 40. Sin embargo, esta orientación no fue la que marcó la dinámica del período en que gobernaron el país. La tendencia a la creciente autonomía del Estado con respecto a los intereses de los principales sectores propietarios se agudizó entre 1943 y 1946[11]

Como dijimos, desde principios de la década del 30 existía una tendencia a la ampliación de funciones y a la expansión de las estructuras estatales. Además, los militares y los sectores civiles que los apoyaban pretendían implementar una política de reformas a partir de una agenda originada en las críticas al orden existente.

Esta agenda estaba elaborada a partir de ciertas publicaciones como la Revista de Economía Argentina (que respondía a la inspiración de Alejandro Bunge), y Hechos e Ideas (que expresaba la opinión de sectores intelectuales ligados al radicalismo), o el recientemente creado Centro de Estudios de la UIA, la modificación de las funciones del estado tenía un papel fundamental para llevar a cabo esta obra de transformación

Siguiendo a Campione,[12] podemos sintetizar estas propuestas de la siguiente manera:

1 La necesidad de un reordenamiento económico social que incluyera la diversificación económica y el mantenimiento de la paz social.

2 La exigencia de redefinir la inserción del país en el mercado mundial.

3 La solución de la cuestión obrera a través del abordaje de una política de seguridad social.

4 El problema de la legitimidad política planteado por el descrédito que producía el ejercicio del fraude electoral.

5 La reorganización del Estado, que implicaba su modernización a través de la introducción de criterios basados en el saber económico y administrativo.

Durante la llamada “década infame”, el aparato estatal había sufrido cambios importantes, con la creación de una multitud de organismos de menor jerarquía, muchos de ellos ligados a las funciones reguladoras de la economía, y el surgimiento de una burocracia de elevado nivel técnico profesional. Esta transformación había sido del tipo que Campioni llama incrementalista. El régimen político creado luego del 4 de junio de 1943, sistematizó los rasgos de las reformas y afectó los niveles superiores, ya que se trataba de orientar una apertura a la participación popular, así como acentuar el perfil de regulación de precios y provisión de infraestructura y protección a la industria.

Para ello, suponían los ideólogos del nuevo régimen, era necesario que el Estado dejara de representar intereses sectoriales para identificarse con la colectividad nacional en su conjunto, construyendo consensos amplios.

Los críticos de la organización estatal, como el general Sarobe, atribuían las deficiencias a la rigidez y tradicionalismo de la organización ministerial, que había generado la necesidad de creación de organismos que no respondían a un ningún plan o coordinación. No existían sectores estatales con la envergadura necesaria que se ocuparan de las necesidades de la industria y las nuevas formas de transporte. Empezaba a ser clara la necesidad de instaurar mecanismos concretos de planificación y coordinación que dieran sentido al aparato estatal.

Eran objetados los Ministerios establecidos por la Constitución de 1853, que habían perdido autoridad frente a los organismos creados por presión de sectores económicos que buscaban medidas de protección frente a los efectos de la crisis de 1929, que alcanzaron autonomía durante la Segunda Guerra Mundial. La propuesta era conformar nuevos ministerios: de Trabajo, Abastecimiento, Comunicaciones, Fomento Industrial, Comercio, Minería, Asistencia Social, Comunicación, exigidos por la nueva realidad nacional. El conjunto de estos organismos debían conformar un Consejo Económico.[13]

A partir del momento en el que los militares tomaron el poder, fue creciendo una concepción de un Estado autónomo de los sectores de poder, asumiendo la forma de una reafirmación de la autoridad por encima del conjunto de la sociedad, clave para la construcción de una nueva legitimidad, reservándose el derecho de presidir y orientar.

Para ello se necesitaba instalar una nueva concepción de Estado que asumiera una función planificadora, capaz de dar un sentido global a sus intervenciones en la vida nacional.

Las nuevas funciones del Estado se montaron sobre las estructuras organizativas y burocráticas conformadas durante la “década infame”. Para desempañarlas era necesario independizarlas de los factores de poder para instalarse en la intersección de las relaciones sociales. Debía funcionar cómo árbitro entre los diferentes sectores, coordinar sus acciones particularistas encaminándolos hacia el cumplimiento de objetivos comunes. Debía movilizar los medios necesarios para alcanzar estos objetivos.[14] Se requería el estudio y el análisis de información confiable, mientras que su ejecución requería el dominio de técnicas de administración modernas.

En este período se fortalecieron los organismos técnicos productores de información, claves para un estado dispuesto a reformular sus políticas. Creció el sector estadístico, se crearon numerosos índices, con los propósitos más variados, se establecieron diversos organismos científico-tecnológicos, orientados a la diversificación y tecnificación de los procesos productivos y su infraestructura.

A partir de 1943 se modificó la estructura ministerial con la creación de Secretarías con jerarquía y funciones similares a las ministeriales, dependientes de la Presidencia de la Nación, creando una nueva figura organizativa: los Consejos Nacionales como instancias de coordinación de los diversos organismos estatales, que incluían la participación subordinada de representantes de patrones y trabajadores. Ministerios preexistentes cambiaron completamente su fisonomía, como el de Agricultura, que a partir de 1944 perdió la competencia en temas industriales y comercialización (incluso de los productos agropecuarios), viéndose reorientado a funciones ligadas con el desarrollo de tecnologías agropecuarias, la protección de la flora y fauna y la riqueza forestal del país, tanto en el nivel de la investigación como en el de la extensión rural y el asesoramiento a los productores, con la creación de organismos destinados a la enseñanza rural, la zootecnia y la experimentación agrícola.[15]

Este proceso se inició en octubre de 1943 cuando un decreto reemplazó la antigua Dirección de Comercio e Industria del Ministerio de Agricultura por una reorganizada Dirección General de Industria, a cuyo frente fue colocado el coronel Mariano Abarca,[16] un oficial industrialista vinculado a la UIA. Pocos meses después, en junio de 1944, se organizó la Secretaría de Industria y Comercio como un organismo dependiente de la Presidencia de la Nación. Se trataba de crear una burocracia especializada en la formulación de una política sectorial. La misión de la Secretaría era estudiar, proponer y formular la legislación comercial e industrial; analizar los tratados internacionales y promover el abastecimiento de productos alimenticios, materias primas y manufacturas, incluso la fabricación de envases textiles para la agricultura.[17]

Las secretarías y consejos divididos en departamentos, se organizaron a partir de problemas puntuales, donde cada función tenía un espacio definido. La Secretaría de Trabajo y Previsión, por ejemplo, absorbió múltiples organismos como la Dirección Nacional de Trabajo, las direcciones de Higiene Industrial y Social, la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, la Comisión Nacional de Casas Baratas, la Cámara de Alquileres, la Comisión Asesora para la Vivienda Popular, la Dirección de Inmigraciones, la Comisión de Reducción de Indios y la Junta Nacional para Combatir la Desocupación, que se redefinieron a sí mismos en una organización centralizada. En ella, todas las estructuras nacionales, provinciales y municipales de la esfera de acción de las diferentes direcciones pasaron a revestir un carácter de delegaciones provinciales de la STP, lo que afectaba las autonomías provinciales. La presencia nacional de estas delegaciones permitió centralizar las políticas que se impulsaron desde el gobierno.

Los consejos creados durante el gobierno militar eran estructuras heterogéneas que incluían representantes de diversos organismos estatales, combinados con la participación de los de las organizaciones patronales y sindicales. Debían su importancia a su capacidad centralizadora. Eran instancias de decisión, dependían del Poder Ejecutivo, facilitaban el diseño, ejecución y control de políticas globales que involucraban al conjunto del aparato estatal, extendiendo su influencia a todo el territorio nacional, integraban transversalmente los espacios estatales. La incorporación de representantes de la esfera privada incrementaba la heterogeneidad e instalaba al estado como “arena de conflicto”. La presencia de representantes del sector público, mayoritariamente técnicos, era superior a los representantes privados, que, a su vez, tenían diferentes niveles de responsabilidad. Los principales consejos nacionales no sobrevivieron al período militar.

La inclusión en estos consejos de numerosas representaciones extendía la posibilidad de recabar información, tomar decisiones y obtener un compromiso de todos los representantes en ese consejo.

Otra innovación fue la creación del Banco de Crédito Industrial, en cuya Carta Orgánica se señalaba como objetivo estimular las actividades que “tiendan a satisfacer las necesidades imprescindibles de nuestro mercado y las que extraigan, utilicen o manufacturen productos del país, dando preferencia a la pequeña y mediana industria y a las que contribuyan a la defensa nacional y al desarrollo de las economías nacionales”.[18]

Proyectó financiar inversiones mediante créditos a mediano y largo plazo, o contribuir al saneamiento financiero de empresas a través del rescate de deudas bancarias o comerciales. En 1945, una reforma de su Carta Orgánica, lo autorizó a recibir depósitos y otorgar créditos a corto plazo, además, se creó una sección especial de fomento industrial para el aliento de las pequeñas y medianas empresas.[19]

El Consejo Nacional de Posguerra

El más emblemático de los Consejos fue el Consejo Nacional de Posguerra (CNP), creado en agosto de 1944, respondiendo a la necesidad de alcanzar consensos para la política económica y social emprendida por el gobierno. El objetivo del CNP, dependiente de la Vicepresidencia de la Nación, que ejercía el coronel Perón, era realizar estudios para el reordenamiento de la economía y coordinar la planificación de actividades de los diferentes organismos del estado.

La presidencia del Consejo era desempeñada por el vicepresidente de la Nación, quien ejercía la dirección política del organismo; la Secretaría General estaba a cargo del Consejero Técnico de la vicepresidencia (Figuerola), mientras que las dos vicepresidencias estaban en manos del Secretario de Trabajo y Previsión (el propio Perón) y el Secretario de Industria y Comercio (general Julio Checchi) que estaba vinculado con la UIA. Incluía numerosas comisiones y subcomisiones que realizaban estudios específicos. Las subcomisiones, de carácter informativo, estaban integradas por representantes sectoriales. La subcomisión “patronal” desarrollaba las cuestiones financieras y de fomento de la producción, el comercio, y las cuestiones sociales, en la subcomisión “obrera” se estudiaban temas como los salarios, la seguridad social, o la economía popular.

El Consejo surgió con el aval de las principales corporaciones y el apoyo de fuerzas sociales dispuestas a confluir en el estado para pensar y conducir los proyectos económicos y sociales, pero cada uno de los que integraron estas comisiones lo hizo a título personal.

Funcionó con el apoyo de una fuerte burocracia homogénea que le permitió realizar, en menos de un año un relevamiento de la situación y publicar un informe. De los cien empleados atribuidos al Consejo, setenta y seis fueron reclutados del Consejo Nacional de Estadísticas, muchos de ellos habían pasado a éste desde la vieja Dirección Nacional del Trabajo,[20] donde Figuerola había trabajado durante años, y se organizaron en divisiones técnico-administrativas, de asuntos legales, economía y finanzas y estadística social coordinadas centralmente. Aunque las decisiones eran tomadas por la comisión permanente.

Para definir el diagnóstico de situación, se elaboró una encuesta que debió ser contestada obligatoriamente por los empresarios y los organismos públicos del área económica.

En febrero de 1945 se ampliaron sus funciones, al disponerse que todas las secretarías de Estado debían presentar sus proyectos al Poder Ejecutivo con un informe previo del Consejo acerca de su “procedencia o improcedencia”.

Después de tres años de gestión del gobierno, en la cúspide del Estado, encontramos a la Presidencia convertida en un centro de decisiones y un Gabinete más numeroso y diversificado.

Por debajo de ese nivel, una multitud de organismos nuevos o renovados ejecutores de políticas cumplían las más variadas funciones, y se complementaban con otros tendientes a mejorar la capacidad de ejecución: organismos dedicados a la información técnica, a las estadísticas, los registros de cualquier tipo, ocupaban un lugar que nunca habían tenido, y permitieron que el Estado mejorara la capacidad de decisión.[21]

Sin embargo, estas reformas presentan un componente importante de improvisación que se manifiesta en avances y retrocesos, en reorganizaciones que se suceden una tras otra en un lapso de pocos meses, a veces volviendo atrás sobre lo actuado (ver el capítulo 4)

Los funcionarios estatales del gobierno militar

El gobierno militar estableció en diciembre de 1943 el Estatuto del Servicio Civil para la Administración Nacional.[22] Entre sus considerandos establecía que la política administrativa y la ciencia de la administración aconsejaban dictar normas permanentes que comprendieran a todo el personal civil con funciones estables en el aparato del estado. Pretendía fijar derechos y obligaciones, a los efectos de no desnaturalizar la relación contractual, pretendiendo establecer las condiciones de idoneidad necesarias para el desempeño de la función pública y los requisitos necesarios para el ingreso permanencia y ascenso.

El ingreso a la administración se haría por el puesto inferior de la escala jerárquica de cada categoría de acuerdo con una clasificación que incluía a) al personal administrativo y técnico profesional; b) al personal obrero y de maestranza, y c) al personal de servicio; establecía además que el ingreso a los cargos técnicos se haría por concurso.[23]

Los requisitos para el ingreso como personal administrativo eran ser argentino nativo, por opción o naturalizado con más de diez años en el ejercicio de la ciudadanía; tener dieciocho años, acreditar antecedentes de moralidad, presentar certificado de buena salud y aptitudes físicas, haber cumplido con el servicio militar y prestar juramento de fidelidad a la Nación y sus instituciones. Se requería además el certificado de sexto grado y aprobar un examen de competencia y dactilografía.

La posesión de un título universitario, técnico o de bachiller, maestro normal o perito mercantil, así como los antecedentes científicos o culturales, suplían la prueba de ingreso.

Cada repartición debía formular los programas de exámenes y bases para los concursos, de acuerdo a sus necesidades y los reglamentos de las pruebas. Preveía cubrir las vacantes que se produjeran por riguroso ascenso en la escala jerárquica, dentro de la respectiva repartición y categoría, respetando el orden de mérito resultante de la clasificación, que se confeccionaría anualmente en base a un sistema que tenía en cuenta: la capacidad; las condiciones personales; las aptitudes especiales; la antigüedad en el cargo, la antigüedad en la Administración, la dedicación y la disciplina.[24]

Se prohibía a los agentes de la Administración Pública la afiliación a los partidos políticos y su intervención en actos de propaganda o proselitismo, cuyo incumplimiento sería castigado con la exoneración.[25]

Por su parte, el decreto 16.673 del 16 de diciembre de 1943 disponía que se impartieran instrucciones a los interventores de provincias para que pusieran en vigencia el Estatuto del Servicio Civil,[26] al año siguiente, otro decreto, prorrogó su aplicación. Berrotarán señala que el estatuto no fue implementado, pero a los efectos de este trabajo, sus consideraciones resultan importantes como señal del tipo de funcionario público que las autoridades nacionales de la época pensaban necesario para que el Estado estuviera en condiciones de cumplir con las nuevas tareas que se le asignaban.

Pero la renovación estatal implicaba también un recambio en la elite gubernamental, que requería nuevos perfiles profesionales, aunque una mirada más profunda de la composición de los elencos del aparato estatal, muestra que la burocracia permanente, de carrera, especializada fue una fuente de reclutamiento de los nuevos elencos de funcionarios. Campione[27] identifica siete grupos de procedencia que tendrían rasgos suficientes como para considerarlos tales.

El primero de estos grupos es el de los funcionarios de perfil socioprofesional asociados al llamado grupo Prebish, de actuación anterior en el Ministerio de Hacienda y en el sistema financiero estatal; este grupo mantuvo su presencia e influencia durante los primeros meses posteriores al golpe del 43, hasta fines de ese año, cuando fueron cesados al producirse el desplazamiento de los sectores liberales. Sus características principales eran su experiencia como funcionarios de carrera, con título obtenido en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, independencia política y su autopercepción como un grupo eminentemente técnico.

En tanto que el grupo Prebish fue desplazado, se verificó el ascenso del segundo, compuesto por un conjunto de economistas que ejercieron una suerte de “relevo generacional”. Eran hombres formados en la administración pública, en muchos casos bajo tutela del grupo anterior que, en general, no llegaron a los primeros planos hasta la presidencia de Perón. Entre ellos destacan Alfredo Gómez Morales,[28] Miguel Revestido,[29] Roberto Ares, y Ramón Cereijo,[30] que ingresaron a la administración, una vez graduados en Ciencias Económicas, después de dar algún tipo de examen de ingreso.

Ellos también se percibían como un grupo, así lo deja claro Gómez Morales:

Quiero dejar en claro que la forma personal de expresarme es una simple modalidad. El equipo que yo integré no estaba necesariamente presidido por mí, era un equipo homogéneo integrado por Cereijo, Ares, Barro y yo. Me hice cargo del Ministerio de Finanzas, Cereijo del Ministerio de Hacienda, Ares del Ministerio de Comercio Exterior y Barro de Industria y Comercio, y actuaba como usted sabe en equipo hasta 1952.[31]

El tercer grupo está formado por veteranos de otras áreas de la administración pública, con diversos perfiles profesionales que el gobierno militar acercó a los primeros planos de la gestión estatal. El caso emblemático es José María Figuerola promotor de la estadigrafía y la planificación, que fue vicepresidente del Consejo Nacional de Posguerra, y luego secretario de Asuntos Técnicos entre 1946 y 1949.

En un proyecto que postulaba el fortalecimiento del papel del Estado a través de su función de planificación, los funcionarios de carrera con un saber técnico y experiencia en la función pública fueron convocados a desempeñar funciones más importantes.

Otra fuente importante de reclutamiento fue la de ex funcionarios provinciales (provenientes del gobierno de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires).

Un quinto grupo es el de los militares “técnicos” con experiencia burocrática previa y formación profesional fuera del ámbito militar, que encontraron su papel como “empresarios estatales” en que se habían desempeñado algunos oficiales del ejército desde la década del veinte. Sus funciones se llevaron a cabo en áreas de acción económica, como el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Industria y Comercio. Hombres relativamente jóvenes y en servicio activo como los teniente coroneles Mariano Abarca, y Alfredo Baisi,[32] el coronel Julio Checchi,[33] o el mayor Bartolomé de la Colina,[34] a los que puede asociarse el general Juan Pistarini.[35] Algunos de ellos estuvieron vinculados con la UIA, a través de disertaciones en su Instituto de Estudios Industriales, publicando en su revista Argentina Fabril o en la Revista de Economía Argentina de Bunge.

Un sexto grupo es el de los radicales renovadores, hombres de segunda o tercera fila del partido, sin otra característica en común que su pasado radical, que ingresaron al gobierno a partir de la apertura política de principios de 1945. Es de destacar que los forjistas tuvieron poca influencia durante el gobierno militar.

También fueron importantes, sobre todo entre 1943-1945 un conjunto de hombres que profesaban ideas genéricamente nacionalistas, contrarios al liberalismo y la democracia, católicos ultramontanos y antimodernos. De profesión jurídica, desempeñaron cargos en el Poder Judicial y el ámbito educativo.

Los cambios a partir de 1946

El peronismo se conformó por parte de grupos a cuyas ideas sobre intervencionismo económico habían sumado las iniciativas estatales en el plano social.

Si durante el gobierno militar la reformulación de la estructura del estado permitió la autonomía y la capacidad de acción de los nuevos organismos, lo que favoreció la acumulación de poder por parte de los sectores próximos a la figura de Perón, a partir de 1946 el objetivo de la conformación del nuevo modelo de Estado tendió a una creciente concentración de las decisiones en la esfera de la Presidencia.[36]

Entre las novedades introducidas destaca la Secretaría Técnica (ST) de la presidencia que tenía como objetivo la planificación, coordinación y ejecución de las cuestiones financieras, económicas y sociales a través de la recopilación de información, la orientación estadística, y dar respuesta a las demandas específicas del PE.

El organismo, al ser una estructura nueva y de carácter técnico, permitió buscar mecanismos fuera de la vieja burocracia. Para ello se transfirieron a él los cuadros técnicos que habían actuado en el CNPG y en la Dirección de estadísticas de la Secretaría de Trabajo y que habían actuado junto a Figuerola.

El decreto 20.98/46 le atribuyó al Secretario la función de estudiar, informar y proponer al presidente de la Nación las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de la administración pública, la planificación, coordinación y ejecución del plan de gobierno, la realización de los estudios estadísticos para obtener la información que necesitara, creando además un consejo consultivo que dependían de la misma: el Consejo Económico y Social, en el que estarían representados los Ministerios y Secretarías de Estado, los presidentes de los Bancos Central, Nación, Hipotecario y de Crédito Industrial, seis representantes de los empleadores y seis de los trabajadores designados por el Poder Ejecutivo, y que a solicitud del Presidente podía ser ampliado con la presencia de Ministros y Secretarios de Estado, y personal técnico cuya opinión fuera interesante conocer.[37]

La necesidad de centralizar la acción del plan de gobierno llevó a la creación, por un decreto de 1948, del Consejo Federal Coordinador, en el que se invitó a participar a los gobiernos de las provincias, y un Consejo de Coordinación Interministerial, en el que participarían los representantes de los Ministerios y secretarías de Estado,[38] que al año siguiente se los hizo depender del recientemente creado Ministerio de Asuntos Técnicos.[39]

Según Berrotarán,[40] la creación de la Secretaría Técnica se justificaba en la necesidad de una estructura de coordinación, fundada en la imposibilidad de crear nuevos ministerios y lograr autonomía en la gestión que pudiese evadir eventuales oposiciones internas y posibles trabas burocráticas.

Pero esta intención centralizadora puso de manifiesto fuertes obstáculos originados en las desiguales capacidades de las distintas dependencias, así como los conflictos de poder que colisionaban con la racionalidad técnica que se pretendía.

Cuando en 1946 se solicitó a los ministerios las propuestas y planes de las áreas a su cargo a los efectos de ser reelaborados, para ser incorporados al Primer Plan Quinquenal, estos respondieron de muy diversa manera, en función de sus capacidades técnicas y las lógicas burocráticas de las que eran herederas, que resultaron ser heterogéneas y muy desiguales.

Una vez elaborado el plan, se crearon nuevos organismos para su ejecución y control, como los consejos encargados de construir consensos, el primero de los cuales fue el Consejo Económico y Social, que contribuyó a definir las políticas. Mas tarde, sus misiones y funciones fueron asumidas por el Consejo Económico Nacional, ente interministerial encargado de la orientación política y la coordinación de acciones entre las diferentes jurisdicciones (nacionales y provinciales), que permitieron generar los acuerdos previos necesarios para la formulación de acciones que se imponían al conjunto de la sociedad.

Para enfrentar el panorama institucional desorganizado y heterogéneo, la ST apuntó a la centralización, el mejoramiento de las capacidades institucionales y la competencia técnica de los funcionarios.

La debilidad institucional constatada a la hora de presentar proyectos por parte de algunos organismos del estado, tuvo como respuesta un intento de fortalecer sus capacidades. Con el objetivo de ordenar al Estado, para conocer la infraestructura existente, los insumos y el personal en servicios, se realizó el primer censo de los bienes del Estado.

En la presentación ante el Congreso de la Nación del Primer Plan Quinquenal, señalaba Perón:

Empezamos a estudiar la situación y se presentó el primer inconveniente. Llevamos treinta y tantos años sin censo. No sabemos qué tenemos, donde lo tenemos, ni cómo lo tenemos. Disponemos de una estadística teórica, llena de falacias, incompleta e unilateral; y de pequeños censos de estadística de algunas reparticiones que nos permiten mirar, como a través del ojo de la cerradura una parte del panorama nacional.

Hemos dado movimiento a la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, fundada hace dos años, con poca fortuna. Esperamos que, Dios mediante, tengamos ahora mejor suerte, porque está más próxima a nosotros y la vigilamos más de cerca.

Tendremos un censo y una estadística que habrán de servir a quien me suceda en el gobierno, dentro de seis años.[41]

La conclusión a la que arribaron las autoridades de que mientras no fuera posible una reforma de la ley de Ministerios, sería necesario crear una estructura flexible que, en definitiva, implicó la permanente redefinición de los organismos estatales que cambiaban de categoría y salían de sus tradicionales ámbitos de funcionamiento. Esa acción sobre la marcha permitió la creación y separación de áreas fundamentales, como educación del Ministerio de Justicia, o la creación de la Secretaría de Salud Pública.[42]

Decía Figuerola:

La primera función que el poder Ejecutivo encara con respecto a la Administración Nacional es la organización de los Ministerios. Pero la proyectada organización administrativa resultaría ineficaz si el Poder Ejecutivo no hubiese tenido la precaución de traer a la consideración del Honorable Congreso un proyecto de ley encaminado a la reorganización de los ministerios. Porque la realidad es que la limitación numérica establecida por la Constitución dificulta el normal desenvolvimiento de todos los servicios del Estado.

Si hiciese falta una prueba de la necesidad expuesta, podría encontrarse en el hecho de que mientras la mayor parte de los países han modificado varias veces su organización ministerial y han aumentado el número de sus ministerios conforme a las necesidades y el progreso de los tiempos nuevos, la Argentina ha tenido que permanecer estacionada o suplir las deficiencias con arbitrios no todo lo eficientes que serían de desear. Y así habrá de estar hasta tanto que una reforma constitucional permita ampliar los departamentos ministeriales. Refundir dentro de ocho moldes todas las actividades en que ha de actuar el Poder Ejecutivo, ofrece sus inconvenientes, porque a veces sucede que algunas de esas actividades requiere gestión aislada, por razones de incompatibilidad con las otras. El trabajo y la previsión o la salud pública, podrán servir de ejemplo a la precedente aseveración. Es precisamente esa, la razón de que el excelentísimo señor presidente no haya creído acertado traer una ley articulada de reorganización de los ministerios, dentro de los ocho constitucionalmente admisibles, y de que haya preferido, para el bien de la Nación, pedir una autorización al Poder Legislativo para reorganizar directamente el funcionamiento de los ministerios, sin la traba que representa la ley 3.727, orgánica de los mismos y con la experiencia que se vaya adquiriendo, presentar un proyecto de ley que disminuya, en lo posible, los inconvenientes que ofrece la Constitución en el aspecto administrativo de que se trata.[43]

Desde sus primeros discursos Perón advirtió sobre la necesidad de organizar el Estado, dejando bien sentado que era preferible “la acción tesonera del Estado encaminada a disciplinar la producción y a armonizar el sentir colectivo en un superior deseo de bien público.[44] La primer tarea consistía en organizarlo sobre bases científicas, lo que significaba oponerlo a la política, fundar una nueva legitimidad en la organización estatal alejado de luchas partidarias, en administrar y gobernar de la mejor manera y no fiarse de la discrecionalidad política de los hombres.

Para Perón el Estado “es una máquina que funciona dentro de la Nación, pero lo definitivo y lo que obedece a la tradición histórica es la Nación y no el Estado”.[45] Ese Estado máquina solo tenía sentimientos y emociones frente a la angustia humana y las necesidades del pueblo. Ahí dejaría de ser testigo silencioso e inoperante para intervenir en forma decisiva, rápida, eficaz y enérgicamente.

Decía en el Congreso en 1948:

Orientamos la economía abriendo cauces que permitieran lograr de ella la máxima eficiencia, utilizándola no solamente como un fin, sino también como un medio; el mejor de los medios para la consecución de un fin superior: el bienestar general, propósito eminentemente constitucional, fiel y lealmente interpretado y cumplido por mi gobierno.

Transformarse en el órgano rector de la economía nacional, significaba atribuir al Estado el control de los resortes fundamentales de la economía, dejando al capital privado la tarea de colaborador suyo.[46]

La solución de los problemas económicos sociales debía hacerse con criterio racionalista, esto es, organizar al Estado. Planificar sería el resultado de estructurar las distintas actividades de las que dependía el porvenir de la Nación y encaminar la acción estatal hacia la distribución equitativamente racional y justa de la riqueza, conforme a un gigantesco ordenamiento económico-social.

El gobierno peronista organizó la intervención del Estado en la economía mediante políticas financieras, comerciales, industriales, y otras que le devolvieran la “autoridad” que había perdido.[47] En este terreno, Perón pensaba que era necesario coordinar la libre iniciativa individual y la capacidad organizadora del propio Estado a través del control de los fundamentos de la economía (la regulación monetaria, el sistema bancario, el comercio exterior).

Pero para que el Estado estuviera capacitado para desempeñar el papel que se le asignaba en el proyecto peronista, además de asegurar la capacidad técnica y administrativa de las distintas reparticiones, la ST identificaba otra dificultad: la ausencia de funcionarios competentes para llevar a cabo los programas de gobierno. Por lo tanto se realizaron intentos de fortalecer los recursos humanos disponibles, intentos que chocaron con intereses político-ideológicos.

Su programa consistió en mejorar la competencia de sus agentes a través de la creación de escuelas de funcionarios con ingreso a los cargos a través de concursos. Para ello diseñó la creación de una Escuela Superior de Administración destinada a la formación de los cargos jerárquicos de la administración pública, e internalizar los nuevos valores administrativos.

El Primer Plan Quinquenal presentaba al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establecía:

Es necesario que todos los Departamentos del Estado estén convencidos de la necesidad de modificar y agilizar nuestro sistema administrativo, anquilosado y entorpecido por el sentido casi sagrado de la palabra “expediente”. Si el concepto “tener el expediente al día” –mediante cómodos giros y pases– lo sustituye el concepto “resolución del asunto”, con pleno conocimiento de lo que ello significa, mucho habrá ganado nuestra Administración […] Contribuye a ello el ingreso a la función pública sin base técnica; muchas veces sin vocación, pobre cultura general, y en cualquier categoría. La falta de preparación se convierte en el ejercicio del cargo en exceso de frondosidad y carencia de espíritu de concreción. Sin embargo, debe reconocerse que todas las reparticiones poseen un número mayor o menor de funcionarios modelo.

Deben prepararse los Departamentos para crear escuelas de funcionarios y exigir seria formación para el ingreso a la función pública que ha de perder el concepto de “acomodo” para convertirse en contrato con el Estado con mutuos derechos y obligaciones.

Han de prepararse los sistemas de selección de los funcionarios para ingresar en cualquier rama de la Administración asegurándoseles inamovilidad, ascensos periódicos, facilidad para que los más inteligentes y estudiosos puedan tomar parte en concursos para plazas de mayor categoría dentro del Cuerpo a que pertenecen y realizar así por sus propios medios mejor carrera prestigiando y dignificando la función ante el país y ante la propia conciencia del funcionario.

Se recomendaba estudiar la composición de cada repartición para simplificar los organismos, refundiendo todas aquellas oficinas que pudieran ejercer funciones superpuestas. Agilizar los procedimientos internos con miras a resolver rápidamente las peticiones qué se le plantearan abreviando trámites, ya que éstos deberían realizar los caminos más breves y eficientes. También se pretendía limitar el número de funcionarlos basándose en la función de cada Repartición y la racionalización del trabajo.

Se planteaba también crear cursos de cultura administrativa y conocimientos específicos a cargo de funcionarios de reconocida competencia, asignando premios a los mejores trabajos presentados y estimulando la mayor dedicación y la responsabilidad. Planificar la composición de los cuerpos generales de la Administración mediante el estudio de las condiciones que debían exigirse para el ingreso; programas de materias, títulos o conocimientos prácticos y composición y forma de actuar de los Tribunales Clasificadores.

Se pretendía preparar la estructura de los cuerpos técnicos de cada Departamento, con respecto a cargos que debían desempeñar funcionarios con titulo universitario mediante el ingreso por concurso-oposición; estudios de programas, composición de los Tribunales Clasificadores y sistemas de ascensos.[48]

Pero este objetivo de crear un cuerpo de funcionarios científicos y apolíticos sufrió una desviación hacia el control ideológico que afectó las metas de racionalidad, ya que las oportunidades que el proyecto presentaba para vigilar la acción de los agentes burocráticos facilitó el espacio de politización. Así, el proyecto de la escuela de administración se transformó en 1951 en la Escuela Superior Peronista, cuando Figerola fue reemplazado por Mendé.[49]

También se propusieron mecanismos y herramientas para sistematizar las tareas. La Secretaría confeccionó un Ayudamemoria referente a la orientación política del gobierno que reflejaba la imagen que quería trasmitir a sus agentes. Según Berrotarán, este ayuda memoria informaba, con lenguaje sencillo, sobre la organización del Estado, la conformación de las estructuras ministeriales y sus relaciones mutuas. También se intentó establecer procedimientos uniformes a través de instrucciones para elaborar convenios, normativas para la comunicación entre diversas reparticiones. Eran reglas que se intentaba internalizar entre las distintas categorías de funcionarios.

Los instrumentos de intervención económica

El gobierno militar y el de Perón que lo continuó, tenían una clara conciencia del rol de la industria en la economía nacional y de la necesidad de tomar recaudos que apoyaran su fortalecimiento. Las principales medidas adoptadas en este sentido fueron:

 Una política de incentivos a la industria a través de la creación del Banco de Crédito Industrial en 1944, que otorgaba créditos baratos y a largo plazo para la inversión y el desarrollo industrial.

 La protección de la industria nacional mediante barreras arancelarias, tema que, por otra parte, venía discutiéndose en el país desde mucho antes;[50] sin embargo, entre 1946 y 1949 el crédito industrial fue el principal estímulo para el crecimiento del sector, en tanto el atraso de los aforos aduaneros incrementó la competencia de las importaciones.

En adelante, la administración de las importaciones a través de permisos previos, cuotas y prohibiciones y la política cambiaria se transformaron en las principales herramientas para incentivar la sustitución de importaciones

 La adopción de una política redistributiva de ingresos amplió el mercado interno, incorporando a los trabajadores como consumidores de la producción de bienes durables y semidurables.

 La nacionalización de los transportes: ferrocarriles y colectivos, y servicios públicos: teléfonos, gas, y electricidad y la repatriación de la deuda externa, que se terminó de pagar en 1950.

 Una reforma financiera estatizó la banca. Se consideraba patrimonio nacional el capital del Banco Central de la República Argentina al frente del cual fue designado el industrial Miguel Miranda.[51] El Banco, transformado en agente emisor exclusivo ejercía la superintendencia sobre las juntas reguladoras de la producción, la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, el Consejo Agrario Nacional, la Caja Nacional de Ahorro Postal, el control de cambios y se transformaba en el eje del sistema de bancos oficiales, cada uno de los cuales asumía funciones específicas.[52]

La nacionalización del Banco Central en 1946 y la reforma bancaria de 1949 fueron los principales instrumentos que regularon la política financiera del gobierno durante este ciclo.

Los considerandos del decreto de nacionalización de la banca hacían referencia a la política monetaria como decisiva en la elaboración de la política económica de conjunto; que para garantizar la autonomía del Banco no era necesario admitir el manejo por parte de los intereses privados; el monopolio de la emisión como un mecanismo indispensable para garantizar la estabilidad monetaria, elemento de gran gravitación en la política económica y financiera. El objetivo de la nacionalización era, en síntesis, que el Estado asumiera la conducción de la política crediticia y monetaria.

El punto básico del nuevo sistema consiste en que los bancos tomen la responsabilidad por los depósitos sin modificar el trato de cada banco con sus depositarios, en el sentido de que ellos pueden mantener sus cuentas en el banco de su elección. A partir de cierta fecha, los bancos manejarán las entradas y pagarán los depósitos por cuenta del Banco Central.

El decreto preveía indemnizar a los inversores privados, cuyos activos se nacionalizaban, con bonos del tesoro Nacional, o en dinero en efectivo.

Los bancos se transformaron en agentes receptores de depósitos por cuenta de aquel, y desde luego, no se les permitía prestarlos. Ambas resoluciones tenían como fundamento la idea de que el Estado debía reservarse el monopolio de la emisión monetaria.

Establecía que el presidente y el vicepresidente del Banco serían personas de reconocida experiencia en la actividad privada, industrial, comercial y bancaria y serían designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del senado.

El requerimiento de que el Banco Central mantuviera en todo momento una reserva suficiente para asegurar el valor del peso en oro o divisas equivalentes hasta el 25%, como mínimo, del medio circulante, fue especialmente significativo en vista de los cambios impuestos a la ley en 1949, por la que se suspendía la garantía en oro del peso y se reformaba la ley orgánica del Banco Central. Conforme con los términos de la nueva ley propuesta, el Banco Central dependería directamente del Ministerio de Hacienda. El directorio estaría constituido por miembros pertenecientes al Banco de la Nación, al Banco de Crédito Industrial, a la Caja de Ahorro Postal y por un representante de cada uno de los siguientes sectores: agrícola, ganadero, industrial, comercial y los trabajadores.

El Banco Central estaba autorizado para hacer empréstitos al gobierno, superiores de un 10% al 15% al promedio de los préstamos al Estado en los tres años anteriores. Asimismo se introdujeron reformas en las leyes que interesaban al control de cambios. Según esta modificación, el Banco Central podía disponer de oro y divisas a voluntad, sin restricciones legales y sin la obligación de retirar de la circulación cualquier cantidad estipulada de billetes. De este modo se eliminaba toda restricción sobre la emisión de moneda, y el circulante aumentó en casi un 102% desde 1949 a 1952.[53]

El Banco regularía el crédito y las formas de pago, a fin de mantener un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda. También vigilaría la liquidez y el funcionamiento del crédito y aplicaría la ley de bancos y otras normas legales; ayudaría al normal desarrollo del mecanismo del mercado de valores, y actuaría como agente financiero del gobierno nacional en operaciones de crédito interno y externo y en la emisión de préstamos públicos

Dependerían del Banco Central los Bancos de la Nación, de Crédito Industrial, Hipotecario Nacional, la Caja Nacional de Ahorro Postal, la Comisión Nacional de la Vivienda, el Consejo Agrario Nacional, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, las Comisiones Nacionales de Granos y Elevadores, Reguladora de la Producción y el Comercio de la Yerba Mate, de la Industria Lechera, de Fomento Industrial, del Algodón, del Azúcar y las Juntas Reguladoras de la Producción Agrícola, Nacional de Carnes, Reguladora de Vinos.[54]

El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) creado en 1946 pasó a monopolizar el comercio exterior y se convirtió en eje del proceso de redistribución de ingresos en beneficio de la pequeña y mediana industria de capitales nacionales, en detrimento de los sectores agrarios exportadores.[55]

A través del IAPI, el Estado monopolizaba la compra de los productos exportables y se transformaba en el único vendedor de los mismos en el mercado externo. A su vez, el organismo era el único comprador en el exterior de los productos importados y los introducía al país. Mediante este mecanismo, se obtenían recursos para promover la producción industrial, que se extraían de la manipulación de los precios de los productos agrarios pagados a precios inferiores a los del mercado internacional, derivándolos mediante el sistema bancario como préstamos para la industria.

El Instituto compraba a los productores los cereales que luego exportaría. En el caso del trigo, adquiría la producción casi total, tanto para atender a la demanda externa como al consumo local, aunque de otros cereales solo adquiría las cuotas necesarias para la exportación, dejando a la actividad privada la atención de la demanda interna. Distinto tratamiento recibían las oleaginosas, ya que el IAPI compraba la producción total de las semillas, que luego entregaba por cupo a los empresarios para que las procesaran, ocupándose de la colocación del aceite en el mercado internacional. También adquiría los productos ganaderos que demandaban las exportaciones.[56]

En la Memoria del instituto correspondiente a 1949 se justificaba esta decisión de la siguiente manera:

La creación del IAPI, llevado a cabo por el Decreto-Ley 15350 del 28 de mayo de 1946, respondió a la necesidad de encarar, de forma racional y amplia la solución de una serie de problemas fundamentales cuyo origen es anterior a la segunda guerra mundial, y que […] exigieron ineludiblemente una nueva política económica oficial en relación con los principales rubros del comercio de exportación argentino.

[…] Como consecuencia de la guerra y de su carácter cada vez más general, que impuso la movilización y coordinación al máximo de los recursos de las naciones beligerantes, se produjeron diversas alteraciones y combinaciones de la forma de encarar las relaciones económicas entre los distintos países que se manifestaron en una centralización de las compras de productos de necesidad común en determinados organismos nacionales e internacionales.”

[…] Tales medidas, sin embargo, no se limitaron exclusivamente al período bélico. Una vez terminado el conflicto los países importadores de grandes renglones agropecuarios prefirieron seguir dicha política de coordinación y centralización de sus compras.[57]

Esto habría llevado, siempre según la fuente, al gobierno nacional a contar con una institución estatal capaz de defender las cotizaciones de los productos nacionales de exportación, con el objeto de establecer una política agrícola-ganadera de largo alcance, destinada a orientar, estabilizar y proteger los intereses de los productores

El decreto 15.334/46 establecía:

Art 3º. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio tiene por objeto promover el desarrollo del comercio interior y exterior y llevar a cabo los actos que sean necesarios o convenientes a ese fin.

Art. 4º. El capital inicial del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio será de $ 4.000.000, que se integrarán con parte de las diferencias de cambio pertenecientes al Estado acumuladas por la Corporación para la Promoción del Intercambio S. A. (en liquidación).

El IAPI podría realizar todos los actos y operaciones tendientes a comprar, vender o permutar toda clase de bienes, títulos, créditos acciones o derechos; constituir o aceptar sobre ellos prendas e hipotecas; almacenar toda clase de bienes en depósitos propios o de terceros; intervenir en el transporte de mercaderías mediante la celebración de convenios con empresas de transporte de todo tipo.[58] Todas las negociaciones o compras que dispusiese el Poder Ejecutivo, debían hacerse a través del organismo.[59]

La Dirección del Instituto estaba a cargo de un Presidente (que sería el Presidente del Banco Central), un vicepresidente y siete directores: uno propuesto por el Ministerio de Agricultura, otro por la Secretaría de Industria y Comercio, otros dos por los Bancos de la Nación y de Crédito Industrial (que se turnarían en la función de Vicepresidente), y los restantes designados por el Banco Central, cuyas funciones durarían cuatro años.[60]

A partir de los cargos de mayor responsabilidad en su estructura administrativa (Gerente y Subgerente), se crearon distintas gerencias con funciones específicas (Estudios Económicos, Contralor, Contabilidad y Financiaciones, Administración, Minería, Productos Ganaderos, Productos Agrícolas, Importación), aunque con el paso del tiempo esta organización fue variando, produciéndose desdoblamientos, fusiones o creándose otras nuevas. El IAPI contaba además con delegaciones en el interior del país.[61]

Al modificarse la ley de Ministerios, tras la sanción de la Constitución de 1949, el organismo pasó a depender del Ministerio de Economía, junto con la Junta Nacional de Carnes, y la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, siendo respectivamente su Presidente y su Vicepresidente el Ministro y el Subsecretario de Economía, mientras que dos de los directores representarían a los productores agropecuarios y uno al comercio.[62] La reforma de ese año no solamente significó un cambio administrativo, sino que fue un intento de limitar su autonomía financiera.

Una nueva reforma ministerial realizada en 1952, lo puso bajo la órbita del Ministerio de Comercio Exterior, momento en el que se produjo una reorganización funcional y administrativa, que tenía por objetivo fortalecer la eficiencia del organismo, afectado por la caída del precio internacional de los productos agrarios, que produjo una fuerte caída de la rentabilidad del IAPI.

Pero el Estado peronista manejó otras herramientas con el objetivo para dirigir la economía. Perón los llamó en alguna oportunidad “el sistema nervioso de la economía”, se refería a los servicios públicos que, nacionalizados a partir de 1947, servirían para poner al Estado nacional al servicio del modelo de desarrollo económico.

Este proceso hacía depender de las decisiones oficiales su eventual mejora y ampliación, pero además ejercía un poderoso efecto sobre las inversiones, porque era un instrumento más que permitía al Estado incidir en la distribución del ingreso (porque pagaba salarios y establecía tarifas) y en la generación de empleo, y por último, porque sus nuevas funciones permitían incrementar la influencia de las políticas públicas en la orientación regional de la producción. Todo ello le daba al Estado la posibilidad de corregir algunos desequilibrios.[63]

En general, las propias compañías estaban interesadas en desprenderse de sus activos, porque percibían que su ciclo estaba cumplido, y hacía largo tiempo habían dejado de invertir.

El primer caso había sido la nacionalización de la distribución de gas, ya que entre 1945 y 1948 se nacionalizó la distribución de gas en la Capital, y se adquirieron algunas empresas en la provincia de Buenos Aires, lo que permitió extender la red con nuevos centros de distribución, construir un gasoducto entre Comodoro Rivadavia y la Capital con capacidad para transportar un millón de metros cúbicos diarios, y rebajar las tarifas en un 30%.

Un convenio firmado en 1946 permitió adquirir The United River Plate Telephone Company Ltd. empresa telefónica subsidiaria de la ITT, que se transformó por diez años en proveedora de material y asistencia técnica, convenio que tuvo que ser revisado pocos años después.

La nacionalización de los ferrocarriles fue la más importante de todas estas adquisiciones por la magnitud de la operación, y el carácter simbólico de ruptura con el capital británico vinculado a la Argentina agroexportadora. Pero también se añadieron el servicio urbano de pasajeros, con la adquisición de la cuestionada Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, la ampliación y modernización de la Flota Fluvial del Estado, y las empresas de aeronavegación que dieron origen a Aerolíneas Argentinas en 1950 en reemplazo, con capitales estatales (ya que el capital privado nacional no suscribió las acciones que el Estado estaba dispuesto a vender) de las distintas empresas de aeronavegación mixtas preexistentes.[64]

De este proceso surgieron nuevas empresas estatales que impulsaron la inversión pública como la Empresa Nacional de Energía que construyó en pocos años treinta y siete plantas hidroeléctricas, mientras que la Dirección General de Combustibles Sólidos y Minerales empezó la prospección de la zona de Río Turbio, donde halló carbón suficiente como para sustituir importaciones del combustible desde Gran Bretaña. Para poder explotar el mineral, fue necesario construir un ferrocarril hasta el puerto de Río Gallegos, mientras que YPF renovó su flota de buques tanques y emprendió nuevas exploraciones en Mendoza, Neuquén, Comodoro Rivadavia y Tierra del Fuego, pero no emprendió la explotación de los nuevos hallazgos. Además hubo inversiones en comunicaciones y material ferroviario, y se dio impulso a la construcción de caminos, que en algunos sectores no alcanzaron a compensar la depreciación del capital ya instalado ni a satisfacer la creciente demanda de infraestructura.

Curiosamente, y pese a las consideraciones de Perón citadas más arriba, el Primer Plan Quinquenal (que había sido elaborado antes de que se produjeran las nacionalizaciones), no las tiene en cuenta, ni las prevé, lo que da cuenta del carácter improvisado y oportunista de esta proceso.

Como consecuencia de esta política, el gasto público total pasó del 36% en 1946 al 47% en 1950,[65] y la Constitución Nacional dictada en 1949 estableció el monopolio estatal de los servicios públicos.[66]

El Estado tuvo también participación en el proceso productivo a través de las empresas públicas como YPF (1927), la Fábrica Militar de Aviones (1927), Fabricaciones Militares (1941), La Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE, 1947) y Astilleros y Fábricas Navales del Estado (1953).

Según Claudio Belini,[67] entre 1946 y 1953, la participación de las industrias estatales en el valor de la producción manufacturera ascendió del 3,6% al 9,5% y la ocupación obrera del 4,4% al 12,6% respectivamente. Aunque en 1953 la elaboración de derivados del petróleo seguía siendo el principal rubro (representaba el 70% de la producción de la rama), otras actividades cobraron importancia como la fabricación de vehículos y maquinarias donde el Estado aportaba un tercio del valor de producción y empleaba al 50% de los obreros.

A diferencia de lo ocurrido con el Primer Plan, el Segundo fijó los objetivos para estas empresas, así como las áreas que reservaba para la participación del capital privado. YPF,[68] la Empresa Nacional de Energía,[69] Agua y Energía Eléctrica,[70] la Flota Mercante y el sistema de transportes,[71] las distintas empresas que conformaban DINIE,[72] etc., recibieron en esta oportunidad, un tratamiento específico en los contenidos del mismo, ya que se les atribuyeron metas y objetivos

Organizadas como empresas autárquicas, estas debieron adaptar su funcionamiento a los requisitos de la Ley 13.653 de octubre de 1949, que las ponía bajo control del Poder Ejecutivo quien orientaría sus actividades, al que debían elevar una memoria sobre la labor realizada, los resultados operativos, y estado de sus cuentas, siendo fiscalizada su operatoria por la Contaduría General de la Nación.[73]

La Subsecretaría de Informaciones

Con el objeto de centralizar y coordinar la información oficial y organizar la propaganda estatal el 21 de octubre de 1943 el gobierno militar creó la Subsecretaría de Información y Prensa dependiente de la Secretaría de la Presidencia de la Nación.[74] En 1944 pasó al Ministerio del Interior, hasta poco antes de la asunción de Perón a la Presidencia en 1946, cuando volvió a su órbita original.[75]

La Subsecretaría de Información realizaba una minuciosa lectura de todos los medios gráficos, que estaban obligados a remitir a dicho organismo quince ejemplares de su edición diaria, en tanto las revistas editadas en el país debían enviar diez ejemplares, las editadas fuera del país cinco, y los libros y folletos tres.[76] El organismo, que llegó a contar con mil cien agentes, logró montar un aparato de propaganda eficaz –estrechamente ligado a la figura de quien fuera desde 1949 su director, Raúl Apold–[77] cuyos alcances superaron los objetivos con que inicialmente había sido creado, debido sobre todo, a la utilización del cine de propaganda.

Absorbió alguna reparticiones preexistentes, que se integraron en una estructura compuesta por distintos organismos: la Dirección General coordinaba todas las áreas y se encargaba de la distribución del papel prensa, de ella dependían además el Archivo General de la Nación y el Boletín Oficial, la Mesa de Entradas y la División Administrativa; la de Prensa que proveía de información a todas las publicaciones y noticieros radiales y era la encargada de preparar la información general que recibían el presidente y los ministros; la de Radiodifusión que se encargaba de supervisar el contenido de la programación y la publicidad en las radios e incorporaba el Servicio Oficial de Radioemisoras del Estado y el Instituto de Locutores; la de Propaganda encargada de la publicidad gráfica, Espectáculos Públicos supervisaba los noticieros, films y documentales, incluyendo el Instituto Cinematográfico del Estado e intervenía en el suministro de película virgen.[78] Más adelante cuando el gobierno decidió que la Subsecretaría manejara todo el presupuesto oficial en publicidad y propaganda se creó la Dirección de Administración.[79]

La Dirección General de Difusión se ocupaba de la edición de folletos destinados a publicitar la obra del gobierno (que se editaba en varios idiomas), de la impresión de los discursos de Perón y Eva Perón, de hacer pública la obra de gobierno y toda la folletería administrativa y de propaganda del partido peronista. Por esa razón, en muchas oportunidades las dos imprentas con que contaba el organismo, no daban abasto y debía que contratar otras editoriales, como Fabril, Kraft, Peuser y Alea para realizar parte de estas tareas.

A su vez, la División de Asuntos Especiales, creada en 1949 y de la cual dependía un cuerpo de delegados destacados en las provincias, debía ocuparse de la difusión de la política oficial, pero además recabar “información objetiva” acerca de la actividad, no solo de los opositores, sino muy especialmente de los funcionarios y simpatizantes justicialistas. Eran de su interés, sobre todo, los pleitos internos del partido y la información gremial.[80]

El personal de la Subsecretaría cumplía tres turnos diarios para alcanzar a cubrir todos los actos del gobierno. Distribuía la información que luego reproducía la cadena de prensa, basándose en gacetillas correspondientes a cada acto, junto con fotografías del mismo. También era la encargada de redactar los boletines informativos de la Radio del Estado, así como gran parte de los reportes de las agencias TELAM y Saporiti (fuentes de información para todos los medios) y la Agencia Latina de Noticias (para el consumo internacional).[81]

Estimular la actividad cinematográfica y fortalecer el control sobre films y noticieros fueron los objetivos enunciados por el gobierno militar cuando estableció las funciones de la Dirección de Espectáculos Públicos. Pero la Subsecretaría tenía además poder de censura sobre argumentos y guiones, aunque en la práctica el control era más riguroso, administrando el suministro película virgen a las productoras privadas, que distribuía en beneficio de las empresas productoras de noticieros, cuya exhibición se había hecho obligatoria en todas las salas cinematográficas por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 1943.

Esto favorecía a los dos noticieros existentes, Sucesos Argentinos, de Antonio A. Díaz, y Noticiero Panamericano, de Argentina Sono Film, que se convirtieron en agencias informativas estatales, aunque los subsidios directos solo llegaron en 1946.[82]

La fuente de financiamiento de los noticieros y películas de propaganda encaradas por la Subsecretaría provenía de los presupuestos oficiales con que contaba, y fondos recaudados a través del Convenio firmado entre la Fundación Eva Perón y la Asociación de Empresarios Cinematográficos, que destinaba un porcentaje a esos fines.[83]

El 14 de mayo de 1946 la Subsecretaría dio a conocer en Manual de Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión. Se trataba de un voluminoso decreto de 307 artículos donde no quedaba actividad alguna del medio sin regular. Tanto el contenido oral como el musical debía ser objeto de fiscalización si la Dirección General de Radiodifusión lo consideraba necesario; además, todas las emisoras tendrían que conectarse diariamente a las 20.30 horas con Radio del Estado, a los efectos de transmitir en cadena el boletín oficial.[84]

En esa época existían en el país tres cadenas privadas de radiodifusión, la más importante era LR3 Radio Belgrano, propiedad de Jaime Yankilevich. Este empresario había creado la Primera Cadena Argentina de Broadcasting. La competencia la ejercían la Cadena Azul y Blanca liderada por LR1 Radio el Mundo, y LR4 Radio Splendid que había formado su propia cadena, llamada Red Argentina de Emisoras Splendid. Entre los tres grupos había unas cuarenta y cinco emisoras privadas distribuidas por todo el país. Sin embargo, la estatal LRA Radio del Estado tenía derecho a interrumpir las emisiones con sus boletines en cadena.[85]

Presionado por el gobierno, Yankilevich terminó vendiendo su radio a un precio relativamente bajo en 1947, y quedó como administrador de la emisora. Poco tiempo después, un grupo de empresarios del sector, ante nuevas presiones oficiales, se entrevistó con Evita, ofreciéndole sus emisoras. Esto convirtió a la mayoría de los antiguos propietarios en administradores o directores de las emisoras; Radio el Mundo, que había sido propiedad del grupo Hayes, pasó a engrosar la cadena Alea cuyo presidente, el mayor Carlos Aloé tuvo a su cargo LR1 Y la Red Azul y Blanca de Emisoras Argentinas. Las restantes quedaron bajo la órbita de Radio Belgrano.[86] A pesar de ello, los elencos y las programaciones no cambiaron sustancialmente con el traspaso de las emisoras al Estado

Las primeras transmisiones de TV también fueron patrocinadas por el Estado, iniciando sus emisiones con la transmisión de los actos conmemorativos del Día de la Lealtad, el 17 de octubre de 1951. Se tuvieron que construir dos pisos por encima del tanque de agua del Edificio de Obras Públicas, entonces el más alto de Buenos Aires, para ubicar la planta de retransmisión y el primer estudio de televisión. El canal se financió con la explotación comercial de las emisoras estatales.[87]

La Reforma Constitucional y de las leyes de Ministerios

El concepto teórico que adjudicaba al Estado la función de planificador de la economía fue incorporado a la Constitución a través de la reforma de 1949.[88]

Según Arturo E. Sampay,[89] convencional constituyente, y uno de los redactores de la nueva Constitución, la misma introdujo entre los aspectos más salientes, el nuevo rol que se asignaba al Estado en el proceso económico y social.[90]

Esa intervención del estado se sistematizó:

 Haciéndose cargo de la importación y exportación de productos (art. 40, primer párrafo), en la prestación de los servicios públicos “que le pertenecen originariamente y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación” (art. 40).

 También se estableció que “mediante una ley podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales fijados por la Constitución”.

 Asimismo se declaró que “los minerales. Las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación” (art. 40, segundo párrafo).

 Dando las normas fundamentales a que debe ajustarse el orden económico (art. 40, segundo párrafo).[91]

La reforma constitucional posibilitó sancionar la nueva ley de Ministerios, con el número 13.529, estableció la existencia de veinte ministerios y fijaba las competencias de cada uno.[92]

Éstos fueron: Relaciones Exteriores y Culto, Interior, Justicia, Educación, Salud Pública, Comunicaciones, Asuntos Políticos, Hacienda, Economía, Finanzas, Industria y Comercio, Obras Públicas, Agricultura y Ganadería, Trabajo y Previsión, Transportes, Defensa Nacional, Ejército, Marina y Aeronáutica.

El artículo 2º de la ley establecía, entre otras cosas, que competía a cada Ministro representar política y administrativamente y ante el Congreso a sus respectivos departamentos, preparar los proyectos de presupuesto, redactar la memoria anual que debería elevar al Poder Ejecutivo, en lugar de hacerlo ante el Congreso de la Nación, como establecía la Constitución de 1853, e intervenir en la promulgación de leyes relativas a su despacho.

Mientras al Ministerio del Interior competía el orden público y la seguridad interior, especialmente el gobierno de la capital y de los territorios nacionales, la ejecución de las leyes electorales, la intervención de las provincias y la admisión de nuevas provincias, el Ministerio de Asuntos Políticos se ocuparía de la orientación, dirección y fiscalización de la política interna, de la Doctrina Nacional y de las relaciones con las distintas tendencias políticas que actuaran en el territorio nacional.[93]

El Ministerio de Hacienda tendría a su cargo lo inherente al patrimonio, recursos y gastos del Estado, se ocuparía de la del régimen impositivo y aduanero, la Tesorería, la deuda pública; el de Economía de realizar las adquisiciones y ventas en el mercado externo, y las del mercado interno que se produjeran en función de su comercialización externa; el de Finanzas de la política bancaria y crediticia, y del mercado de valores, regularía el crédito y fijaría el tipo de cambio; el de Industria y Comercio se ocuparía del fomento de la industria y fiscalizaría el comercio; el Ministerio de Obras Públicas del estudio, proyecto y realización de obras públicas que no estuvieran especialmente confiadas a otros departamentos, especialmente la construcción de viviendas, de edificios escolares y caminos nacionales, y el de Agricultura y Ganadería tendría a su cargo todo lo atinente a la investigación, experimentación y fomento de la producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera.[94]

El Ministerio de Transportes se ocuparía de la administración, coordinación y fiscalización de los servicios de transportes públicos tanto terrestres, marítimos como fluviales;[95] el de Comunicaciones se ocuparía especialmente de las redes telefónica y telegráfica, del servicio de radiocomunicaciones, de la radiodifusión y la televisión.

El Ministerio de Defensa Nacional tendría por funciones solamente la coordinación de la defensa nacional y de la acción de los ministerios de las respectivas armas, que serían los responsables de la acción del Ejército, la Marina y la Aeronáutica.[96]

También adquirieron categoría de Ministerios, las Secretarías creadas desde 1943 (Trabajo y Previsión, Salud Pública y Educación) y las Secretarías de la Presidencia, la Secretaría Política (como Ministerio de Asuntos Políticos) y la Secretaría Técnica (que paso a ser el Ministerio de Asuntos Técnicos), pero, antes de asumir la función como Ministro, Figuerola fue desplazado, asumiendo como Ministro Raúl Mendé un joven médico casi sin experiencia en la función pública, que había publicado un libro titulado Doctrina Peronista del Estado, en el que, curiosamente, no hacía ninguna mención del papel de la planificación, de la que, supuestamente, tendría que ocuparse en su nueva función.

Ese mismo año, el decreto 33.344/49 estableció que los Consejos de Coordinación Interministerial y Federal Coordinador, pasaban a depender del Ministerio de Asuntos Técnicos con las funciones que les había encomendado las leyes que les habían dado origen.

La crisis económica de principios de la década del 50 no significó una desaparición de los organismos de intervención, que siguieron cumpliendo sus funciones. En el caso del IAPI, por ejemplo, comenzó a asegurar a los productores agrarios precios superiores a los del mercado internacional, y a destinar un mayor volumen de capitales para la importación de maquinaria agrícola a los efectos de asegurar la modernización de la explotación.

Para esa época, sin embargo, se impusieron los criterios político/ideológicos por sobre los técnicos en la composición de la burocracia oficial.

En un discurso pronunciado en una reunión con subsecretarios y altos funcionarios oficiales el 2 de julio de 1952, Perón hablaba de la necesidad de contar con funcionarios fieles:

El funcionario o empleado público es el ejecutor directo de esa doctrina por mandato implícito de la constitución y de la ciudadanía

En cuanto al Estado, ese concepto se estrecha mucho más: no puede haber un funcionario de ninguna categoría ni un empleado destinado al servicio de la Nación que no piense estrechamente dentro de la doctrina nacional, porque él es el ejecutor directo de esa doctrina. En otro ciudadano de otra actividad quizá no sea tan pecaminoso que hiera a la doctrina, o aún, que esté en contra del dictado de la doctrina, pero un funcionario o un empleado público que es el ejecutor directo por mandato implícito de la Constitución y de la ciudadanía, no puede estar fuera de eso.

Por esta razón, señores la doctrina no contiene minucias ni insignificancias, contiene lo fundamental de la Nación. Nosotros hemos cristalizado como doctrina nacional nuestras tres banderas, que no pueden arriarse por otro que no sea un traidor a la Patria.

La Justicia social, la Independencia económica y la Soberanía del Estado no pueden ser negadas por ningún argentino; y no solamente negadas ni discutidas, porque cuando se trata de la justicia, cuando se trata de la libertad y cuando se trata de la soberanía no puede haber discusión en contra de la Nación.

Esto, señores, que conforma una verdadera doctrina nacional, es lo que debemos llevar al alma de la Nación. Y nosotros, los agentes civiles de la Nación, somos los encargados de realizarlas. Nada hay más fundamentalmente importante que eso.

En esto, señores, establecida la doctrina nacional, nosotros tenemos una obligación permanente: es la de llevarla a todo el organismo estatal.[97]

Por su parte, el Segundo Plan Quinquenal pretendía alcanzar una mayor racionalidad administrativa. En el mismo se establecía que esta produciría el mejoramiento de la administración pública; crearía el criterio y el sentido de la responsabilidad social de los funcionarios y contribuiría a investirlos de la dignidad que debía acompañar a la función pública; lograría el mejor aprovechamiento y, por ende, la mayor economía en los gastos públicos; y sería un factor de colaboración inestimable en el afianzamiento de la grandeza y la prosperidad del país.

Esta racionalización de los agentes estatales se establecería a través del adoctrinamiento, la capacitación y el establecimiento de normas generales para su ingreso, escalafón, horarios y normas de trabajo.

Así se acentuaba el proceso de ideologización, ya que preveía que el primero tendría en cuenta el conocimiento de la Constitución Nacional, los objetivos del plan y los principios de la doctrina peronista.[98]

La capacitación sería responsabilidad de las distintos organismos a través de la enseñanza de de los conocimientos técnicos y generales con el objeto de conseguir un mejor rendimiento del personal, servicios más eficientes y un mejoramiento en la utilización del gasto público.

Se consideraba la necesidad de establecer una concordancia entre las funciones a cumplir y el número y la capacidad de los agentes que se necesitaban, y la creación de una Escuela Superior del Estado para mejorar la capacidad de los funcionarios estatales a los fines de perfeccionar sus conocimientos referidos a la conducción, la doctrina peronista, y las ciencias sociales, económicas y políticas en general, y la ciencia de la administración en particular, y que complementarían los cursos de capacitación que realizaría cada departamento. Este sería el origen de la llamada Escuela Superior Peronista, en la que el propio Perón dicto un curso que daría origen al libro Conducción Política, Eva Perón otro, sobre Historia del Peronismo, pero donde también dieron clases el padre Hernán Benítez sobre “Ética peronista”, existiendo otros cursos sobre “Filosofía peronista” y “Sociología peronista”

El Plan preveía tomar un examen de ingreso a la administración que evaluara en este orden, las condiciones de los aspirantes: “los conocimientos básicos de la doctrina nacional de gobierno, honradez y capacidad”.[99]

En el capítulo XXVIII del plan que trataba sobre la racionalidad administrativa, se adoptaba como objetivo fundamental facilitar la conducción general del país mediante la concepción del gobierno y la unidad de acción del Estado a través de la planificación orientada al cumplimiento de la doctrina nacional; la unidad de acción se lograría a través de la organización simple, objetiva, estable y perfectible, coordinada por parte del gobierno

Waldmann señala que después de la reforma de la Ley de Ministerios de 1954 el gobierno debía quedar reservado a un consejo integrado por el Presidente de la República y los titulares de las secretarías que dependían directamente de él. La coordinación de las medidas para la ejecución de las decisiones tomadas por este consejo quedaba en manos de un grupo más amplio, el consejo de gabinete, en el que estaban representados todos los órganos de segundo orden, entre los que figuraban los ministros. Estas medidas tenían por objeto centralizar en el ejecutivo la dirección de la acción de gobierno

Esto fue producto de una modificación de la ley de Ministerios, sancionada el 25 de junio de 1954 como Ley Orgánica de los Ministerios, que quedaron reducidos a dieciséis: Relaciones Exteriores y Culto, Interior y Justicia, Trabajo y Previsión, Educación, Asistencia Social y Salud Pública, Comunicaciones, Obras Públicas, Transportes, Hacienda, Agricultura y Ganadería, Industria, Comercio, Finanzas, Ejército, Marina y Aeronáutica. Desaparecían los Ministerios de Defensa y Economía, se refundían Interior y Justicia, se desdoblaba Industria y Comercio, y volvían a su anterior categoría de Secretarías de la Presidencia Asuntos políticos y Asuntos Técnicos. En esta oportunidad la ley se adecuaba a la nueva constitución al recortar la potestad del poder Legislativo de interpelar a los ministros, por lo cual desaparecía la obligatoriedad de concurrir ante apelaciones realizada en el Congreso Nacional.

El anteproyecto elevado por el Poder Ejecutivo justificaba la reforma en la necesidad de racionalizar la administración pública, y evitar la burocratización de sus funciones a través de la racionalización de las mismas.[100]

La desaparición de ciertos Ministerios fue justificada por tratarse de organismos de coordinación, estudio y planificación, sin funciones ejecutivas. La fusión de Interior y Justicia, organismo éste último que se remontaba a los primeros gabinetes nacionales, cuando el país debía organizar en forma estable su sistema judicial y su legislación y codificación, habría perdido vigencia en esos momentos. La separación de Industria y Comercio, tenía por objetivo fundir en un solo organismo el comercio interior y exterior.[101]

Por último, el artículo 6º de la mencionada ley establecía que las funciones de coordinación se llevarían a cabo por parte de los organismos que determinara el Poder Ejecutivo.[102] La reforma sirvió para desplazar al Ministro de Salud, Ramón Carrillo,[103] y reemplazarlo por el más opaco Raúl Bevacqua.[104]

Los funcionarios peronistas

La ampliación del estado produjo un crecimiento numérico del cuadro administrativo, que dio lugar a numerosas interpretaciones del uso prebendario que habría hecho Perón de los puestos públicos, para consolidar su liderazgo.

En este sentido, se ha señalado que entre 1943 y 1952 el número de agentes oficiales se incrementó en un 144%, pasando de 349.000 a unos 600.000, esto es el 9% de la PEA de ese último año.[105]

En un trabajo sobre la composición de los elencos dirigentes argentinos, analizando un universo compuesto por los presidentes, ministros y secretarios de estado, presidentes de la Cámara de Diputados, gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, Imaz[106] sintetiza así la conformación del plantel de funcionarios peronistas

En sus inicios, el elenco gobernante no conformaba un solo grupo. Al contrario, los futuros dirigentes peronistas provenían de varios y diversos orígenes. En 1946 se perfilaban cuatro, uno de ellos, el sindical, era inédito en la constitución de elites de gobierno. Todos constituían un grupo abierto, extenso, basado en un amplio reclutamiento, en el éxito personal alcanzado en uno de esos cuatro ámbitos: los negocios, las Fuerzas Armadas, la actividad gremial y la política del comité

La riqueza como canal de ascenso era solo relativamente nueva, individuos de esa extracción habían actuado en regímenes anteriores, lo novedoso es que esa riqueza era ahora producida en la industria, no en el sector importador ni en el exportador. El grupo estaba compuesto por argentinos de primera generación, y todos ellos habían tenido actuación previa en las centrales empresarias.

Ascender al poder político desde la esfera sindical era inédito en el país, sin embargo, salvo el Ministro del Interior, el de Relaciones Exteriores, el Secretario de Trabajo y Previsión y el gobernador de Santa Fe, los gremialistas solo cubrieron cargos medios, y una parte de las bancas de diputados de la Capital y la Provincia de Buenos Aires

En los elencos anteriores, los políticos de comité habían obtenido reconocimiento como expertos en el manejo político, este canal también sirvió para elevar a ciertas figuras partidarias. Muchas provenientes del radicalismo, en el que sin embargo no habían tenido una actuación de primera línea –a excepción de algunos casos provinciales–. Su mayor triunfo político había consistido en advertir la oportunidad de incorporarse a un movimiento político nuevo que les dio cabida y al que aportaron técnicas y métodos “tradicionales” para el proselitismo político

El cuarto sector lo constituían oficiales recientemente retirados de las Fuerzas Armadas. En este caso lo novedoso resultaba su número y el hecho de que sus dos representantes máximos (Perón y Mercante)[107] no habían culminado profesionalmente su carrera militar.[108]

Esta nueva clase política difería de la anterior ya que todavía en 1946 no constituía un grupo, lo integraban individuos que habían accedido a través de canales distintos, carecía de valores comunes, y un sistema de lealtades sólido.

La base de su reclutamiento era demasiado amplia como para poder sustentar un régimen político, el sistema de lealtades demasiado difuso. Poco a poco, a medida que se consolidó el rol del líder disminuyeron las responsabilidades individuales, en efecto, cuanto más se acentuó el carácter carismático de la conducción, más se burocratizó la clase política.

Las cuatro vías de reclutamiento terminaron por desaparecer fundiéndose en una sola. Entre 1950 y 1951 el grupo gobernante estaba claramente delimitado. Había elaborado sus propias pautas, normas y valores de grupo. Los antiguos méritos personales habían cedido paso a las carreras burocráticas

La hipótesis de Raanan Rein[109] sostiene que Perón necesitó de una “segunda línea” de líderes representativos en la construcción de la fuerza política que lo llevó al poder, pero que, con el tiempo, “víctima de su propia retórica” se deshizo de ellos para reemplazarlos por otros que carecían de una base de apoyo independiente, distinguiendo dos tipos de burocracia intermediadora: la de tipo representativo que gozaba de prestigio y representación por derecho propio, anclada en diversos sectores sociales, y la puramente tecnócrata y funcional, que carecía de base propia y solo sirve como instrumento del líder.

La selección del personal dirigente comenzó a hacerse sobre la base de normas que elaboró el propio régimen. Rigió la “cooptación”, hecha en forma burocrática y dentro de instancias burocratizadas.[110]

El elenco básico de Ministros estaba formado por hijos de inmigrantes. El resto por descendientes de “familias tradicionales”, pero salvo dos que eran de Buenos Aires y por lo tanto resultaban “marginales”, el resto pertenecía a familias criollas del interior.

En cuanto a la extracción, lo que contaba era el régimen de lealtades institucionalizado. No había más valores que los endógenos del régimen, y el grupo que detentaba el poder cooptaba, pero siempre sobre la base de la fidelidad manifiesta y probada. Su cohesión no provenía de una lealtad a principios abstractos o a normas elaboradas por el mismo grupo, sino la lealtad absoluta a un punto común de referencia, Perón y Eva Perón.[111]

Hasta 1946 todos los Ministros de Hacienda habían sido abogados, ese año se designó al primer contador público, y a partir de entonces, los profesionales egresados de Ciencias Económicas estarían al frente de las carteras específicas. También el nombramiento del general Pistarini, que era ingeniero, al frente del Ministerio de Obras Públicas introdujo la costumbre de nombrar ingenieros en ese ramo. La especialización profesional de los ministros comenzó con el peronismo[112]

El liderazgo de Eva Perón fue informal, porque no detentó ningún cargo en el aparato del Estado, su función consistió en determinar quienes ocuparían los cargos medios del poder que acompañarían la gestión de su marido. No se trataba de una función explícita ni racionalmente determinada. Se convirtió en tamiz de muchos posibles contactos del Jefe del Estado, y en un canal modificador y adaptador de algunas de las grandes decisiones tomadas por los organismos formales.

Este liderazgo informal tendió a separar las funciones de gobierno técnico administrativas, de las intrínsecamente políticas. Dejando de lado aquellas, llegó a monopolizar las segundas. Institucionalizando criterios de estímulo y sanciones, premios y castigos, “compuso” los cuadros administrativos superiores. Eliminó a muchos líderes originarios y los reemplazó por figuras más oscuras, ascendidas de la burocracia partidaria. Pero siempre realizó la operación a través de grupos preexistentes, y dentro de las opciones que se podrían dar en estos grupos.

Su atención se centró sobre aquellos que, ocupando los niveles medios del poder, que vista la creciente personalización del régimen, veían sus roles reducidos a “canales transmisores de órdenes”. Es decir, no nombró a los tecnócratas, pero estos incluso para mantener sus cargos y desempeñar sus funciones, debieron contar con su visto bueno. Para todos los que debían ser “transmisores de órdenes” Eva aplicó un criterio básico selectivo: asegurarse primero el grado de lealtad. Seleccionó al personal con prescindencia de sus capacidades técnicas, morales e intelectuales.

Los altos funcionarios de vocación más tecnocrática o los dirigentes políticos más preocupados por los resultados electorales y la obtención y permanencia en los cargos públicos coincidían en una visión de la sociedad que desconfiaba de los empresarios y de las supuestas virtudes de las autorregulaciones del mercado

Al crear ese doble juego de lealtades, al fortalecer el poder del líder que impartía órdenes a unos planos medios de lealtad doblemente probada, creó un sólido sentido de grupo en el elenco gobernante. Por eso, de buen o mal grado, tanto la elite política como los planos medios tuvieron que aceptar la situación, y por esa vía quedar anudados por una “solidaridad” y homogeneización de grupo impuesta más que libremente consentida.[113] La unidad de la nueva fuerza política se formó en la común identificación con el Estado intervencionista.[114]

Un balance provisorio

En la Argentina, como en el resto del mundo, las funciones del Estado se incrementaron como respuesta a las demandas económicas producidas por la crisis de 1929. En la década del 30 se crearon una serie de instituciones, como las Juntas Reguladoras de la Producción, el Banco Central y la Dirección de Impuesto a los Réditos. Este crecimiento, que se llamó incrementalista, porque eran organismos de menor jerarquía que se creaban sin plan y solo para hacer frente a los problemas en la medida que iban surgiendo. Estos cambios fueron criticados por algunos contemporáneos porque se hacían al margen de la estructura ministerial.

Como se dijo, para solucionar las consecuencias sociales producidas por el proceso de industrialización, el peronismo intentó convertir el Estado como árbitro de los conflictos, y motor del crecimiento económico.

En este marco, la gestión de las nuevas autoridades buscó la legitimación en la planificación y la capacidad de “hacer”.

En el curso de este capítulo hemos analizado:

 las características de los cambios del período 1943-1955: una presidencia convertida en centro de decisiones; un gabinete más numeroso y diversificado, la creación y fortalecimiento de organismos técnicos productores de información, así como la creación de los organismos de control;

 el fracaso de la construcción de un Estado independiente de las influencias y presiones de los actores sociales, y

 un Estado capaz de tomar decisiones desde una perspectiva racional y “técnica”. Esta intención se frustró por la demanda contradictoria de funcionarios técnicamente capaces, que a la vez fueran partidarios de lealtad probada.

Los gobiernos del período tuvieron como preocupación mejorar la calidad del aparato estatal. Para concretar este objetivo recurrieron a la planificación y la capacitación y selección del personal

Para este fin el gobierno militar estableció un Estatuto del Servicio Civil que fijaba los criterios de idoneidad para desempeñar la función pública

El gobierno de Perón mantuvo esta preocupación. Así, el Primer Plan Quinquenal preveía mejorar la competencia de los funcionarios a través de la creación de una Escuela de Administración y una cultura administrativa.

Pero este objetivo sufrió una desviación que cambió el criterio burocrático por la exigencia de lealtad partidaria. Ejemplo de esto fueron la transformación de la Escuela de Administración en Escuela Superior Peronista y el adoctrinamiento de los funcionarios previsto en el Segundo Plan Quinquenal.

A partir de ellas pretendimos explicar las diferencias entre los dos elencos gubernamentales del peronismo. El primero de ellos reclutado entre los dirigentes de los grupos que conformaron el peronismo y/o profesionales técnicos. El segundo elenco, más homogéneo, seleccionado por Eva Perón con criterios de lealtad al presidente

[1]. La Ley transformaba al Ministerio de Trabajo en autoridad de aplicación y ente fiscalizador de los contratos colectivos de trabajo R. Gaudio y J. Pilone, “Estado y relaciones laborales en el período previo al surgimiento del peronismo, 1935-1943”, en Desarrollo Económico, Nº 94, vol. 24, julio-septiembre de 1984, p. 268.

[2]. El Consejo Nacional de posguerra estuvo presidido por José Miguel Francisco Luis Figuerola y Tresols, quien había nacido en 1987, en la ciudad de Barcelona. A los veintiún años se doctoró en Derecho y obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras. Preocupado por las cuestiones del orden social, se especializó en asuntos vinculados con las relaciones laborales. Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930) se desempeñó como jefe de gabinete del Ministro de Trabajo Eduardo Aunós. Desde esta función estableció relaciones con la Unión General de Trabajadores (UGT), central sindical vinculada con el Partido Socialista Obrero Español y creó organismos auspiciados por el gobierno para resolver las disputas laborales.

Cuando en 1931 cayó la dictadura española Figuerola emigró a la Argentina, donde se integró al Departamento Nacional del Trabajo. Entre otras funciones, se ocupó de la recopilación de la Legislación Laboral, proponiendo reformas y profundizando los estudios estadísticos y censales en el área. Los gobiernos conservadores de la época deben en gran medida su acción intervencionista en el ámbito social a las ideas de Figuerola. En nuestro país colaboró con el grupo de Alejandro Bunge, escribiendo para la Revista de Economía Argentina, y fue codirector de la Revista de Derecho Social.

[3]. N. Girbal-Blacha, “El Estado benefactor, dirigista y planificador. Continuidad y cambio en la economía y sociedad argentina”, en N. Girbal-Blacha (coord.), Estado, sociedad y economía en la Argentina (1930-1997), Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2001, p. 69.

[4]. Véase H. Gaggero, “Notas sobre el gobierno peronista 1946-1955”, en T.S. Di Tella y C- Lucchini (comps.), Aspectos de la conformación de la sociedad argentina moderna, Cuadernos Simón Rodríguez Nº 23, Biblos-Fundación Simón Rodríguez, Buenos Aires, 1992.

[5]. Decreto 21.877/44, en Anales de Legislación Argentina, Buenos Aires, La Ley, 1954, t. IV: Decretos, p. 489.

[6]. Ley 14.250, en Anales de Legislación Argentina, Buenos Aires, La Ley, 1960, t. XIII-A, pp. 195-199.

[7]. R. Gaudio y J. Pilone, ob. cit., p. 249.

[8]. D. García Delgado, Raíces cuestionada. La tradición popular y la democracia, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1989, p. 135.

[9]. H. Gaggero, ob. cit., p. 97.

[10]. R. Sidicaro, Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989/99, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2005, pp. 97-99.

[11]. Ídem, p. 56.

[12]. D. Campione, “Prolegómenos del peronismo. Las transformaciones en el aparato del estado en el período 1943-1946”, Realidad Económica Nº 170, IADE, Buenos Aires, 2000.

[13]. J.M. Sarobe, Política económica argentina, Unión Industrial Argentina, Buenos Aires, 1942.

[14]. P. Waldmann, El peronismo 1943-1955, Hyspamerica, Buenos Aires, 1985, p. 54.

[15]. Véase decreto 21.252/44, en Anales de Legislación Argentina. Año 1944, IV, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1945, p. 457.

[16]. Teniente coronel e ingeniero militar graduado en 1926. Fue jefe de Sección en la División Técnica de la Dirección General de Material entre 1927 y 1929, entre 1936 y 1937 se desempeñó en la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares. Fue profesor de asignaturas técnicas en la Escuela Superior Técnica entre 1931 y 1936. Jefe de Instalaciones de la Dirección General de Fabricaciones Militares en 1941, Director de la Fábrica Nacional de Armas Portátiles entre 1945 y 1946 y presidente de la Comisión de Control de Transportes de Buenos Aires entre 1943 y 1945. Su primer cargo importante en el gobierno fue como director General de Industria, cargo que asume apenas creada la misma, renunciando en Julio de 1944 para ser nombrado presidente de las Fábricas Nacionales de Envases Textiles, hasta junio de 1945, cuando fue nombrado Secretario de Industria y Comercio, renunciando en noviembre de ese mismo año.

[17]. C. Belini, “Estado y política industrial durante el primer peronismo (1946-1955)”, en P. Berrotarán, A. Jáuregui y M. Rougier, Sueños de bienestar en la Nueva Argentina. Estado y políticas públicas durante el peronismo 1946-1955, Imago Mundi, Buenos Aires, 2004, p. 75.

[18]. Banco de Crédito Industrial Argentino, Memoria y Balance. Año 1944, Buenos Aires, 1945, p. 27.

[19]. C. Belini, ob. cit., p. 76.

[20]. P. Berrotarán, Del Plan a la planificación. El Estado durante la época peronista, Imago Mundi, Buenos Aires, 2003.

[21]. D. Campione, El aparato del Estado. Sus transformaciones 1943-1946, INAP, Buenos Aires, 1996.

[22]. Decreto 16.672/43, en Anales de Legislación Argentina. Año 1943, III, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, pp. 472-480.

[23]. Decreto 16.672/43, art. 2º.

[24]. Decreto 16.672/43, art. 17.

[25]. Decreto 16.672/43, art. 30.

[26]. Decreto 16.673/43 en Anales de Legislación Argentina, 1943, III, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1944, pp. 480-481.

[27]. D. Campione, “Prolegómenos del peronismo...”, p. 105

[28]. Alfredo Gómez Morales nació en Buenos Aires el 29 de marzo de 1908. Cursó estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Durante el período 1933-1938 fue inspector de Grandes Empresas de la Dirección General de Impuesto a los Réditos, ocupando en 1938 la jefatura de la delegación en Rosario de esa dirección. En 1943-1944 se desempeñó como organizador y luego como director de la Dirección de Abastecimientos, en la Secretaría de Industria y Comercio. De 1944 a 1947 fue gerente de la Dirección General de Impuesto a los Réditos. Se desempeñó como Subsecretario de Comercio de la Secretaría de Industria y Comercio entre 1947 y 1949, para ser nombrado Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central de la República Argentina entre 1949 y 1952.

[29]. Miguel Revestido nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1918. En 1939 ingresó de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la que se graduó como Contador Público y Doctor en Ciencias Económicas. Desempeñó varios cargos en dependencias oficiales, ingresando en 1942 en la Junta Nacional de Carnes, en la Dirección de Gas del Estado y en YPF, en 1944 gana un concurso para ingresar como Contador en la Dirección de Tierras y Bosques. Fue Gerente General del Ferrocarril Nacional General Belgrano (1951-1952), y de 1952 a 1955 fue Ministro de Finanzas de la Nación y Presidente del Banco Central de la República Argentina

[30]. Ramón Antonio Cereijo nació en Buenos Aires, el 3 de octubre de 1913, cursó estudios en la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini (1927-1931), y en la Facultad de Ciencias Económicas (1932-1940) de la UBA, recibiéndose de Contador Público Nacional (diploma de honor 1934), Actuario (diploma de honor 1935) y Doctor en Ciencias Económicas (1940). Ingresó en la Dirección General del Impuesto a los Réditos en 1936, hizo el cálculo del seguro dotal para el Plan Pinedo y planes actuariales de compañías de capitalización y crédito recíproco. En 1946 comenzó su etapa expectable, como ministro de Hacienda hasta 1952. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA desde 1942 de Matemática Financiera y Actuarial, fue nombrado titular de la materia Análisis Matemático II en julio de 1947. Designado decano por tres años por el Rectorado el 15 de junio de 1955, la caída de Perón precipitó un recambio de docentes por lo que fue exonerado por resolución del delegado interventor.

[31]. Proyecto de Historia Oral, Instituto Torcuato Di Tella, Entrevista a Alfredo Gómez Morales realizada en Buenos Aires durante el 17 de mayo de 1972 y 19 de mayo de 1972.

[32]. Teniente coronel, nombrado Secretario de Industria y Comercio en julio de 1944, permaneciendo como tal hasta junio de 1945. Durante un breve lapso se desempeñó interinamente como Ministro de Obras Públicas.

[33]. Coronel. Nombrado presidente del Consejo Nacional de Racionamiento desde mayo de 1944, fue el primer Secretario de Industria y Comercio, también se desempeñó como presidente de la comisión de finanzas del CNP, permaneciendo en el cargo hasta Julio de 1945.

[34]. Brigadier. Servía en la Aeronáutica desde 1921, nombrado secretario de Aeronáutica en enero de 1945; repuesto después de la crisis de octubre de ese año, continuó en el cargo hasta junio de 1946, cuando pasó a desempeñarse en el gabinete presidencial.

[35]. El general Juan Pistarini nació en Victorica (provincia de La Pampa) en 1882, de padres italianos. Ingeniero militar que se desempeñó como Director General de Ingenieros del Ministerio de Guerra entre 1930 y 1935, dictó cursos en la Escuela Superior de Guerra y la Escuela Superior Técnica. Destinado en Europa, adquirió allí experiencia y conocimientos, recibiendo además múltiples condecoraciones. Después de junio de 1943, fue ministro de Agricultura y de Obras Públicas (y luego también Vicepresidente de la nación, ministro del Interior e interino de Marina). Se desempeñó durante un largo período ininterrumpido como ministro de Obras Públicas desde principios de 1944 hasta junio de 1952. Falleció el 29 de mayo de 1956, perseguido por las autoridades de la Revolución Libertadora, que le había negado su pensión como general retirado .

[36]. P. Berrotarán, Del Plan a la planificación…

[37]. Decreto 20.98/46, en Anales de Legislación Argentina. Año 1946, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1947, pp. 91-92.

[38]. Decreto 28.271/48, en Anales de Legislación Argentina. Año 1948, VIII, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1949, p. 711.

[39]. Decreto 33.344/49, en Anales de Legislación Argentina. Año 1949, X-A, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1950, p. 265.

[40]. P. Berrotarán, “La planificación como instrumento: políticas y organización en el Estado peronista (1946-1949)”, en P. Berrotarán, A. Jáuregui y M. Rougier, Sueños de bienestar…

[41]. El discurso en Plan Quinquenal de Gobierno del presidente Perón. 1947-1951, Primicias, Buenos Aires, 1947, p. VI.

[42]. Véanse los capítulos 3 y 5.

[43]. Intervención del secretario técnico de la Presidencia en Plan Quinquenal de Gobierno del Presidente Perón. 1947-1951, Editorial Primicias, Buenos Aires, 1947, p. VII.

[44]. J.D. Perón, El pueblo ya sabe de que se trata, Buenos Aires, s/e, 1946.

[45]. J.D. Perón, Doctrina revolucionaria, Buenos Aires, s/e, 1946.

[46]. J.D. Perón, El pueblo ya sabe…

[47]. J.D. Perón, Doctrina peronista, Buenos Aires, 1948, pp. 15-16.

[48]. Plan Quinquenal de Gobierno del Presidente Perón. 1947-1951, Primicias, Buenos Aires, 1947, pp. 4-5.

[49]. Raúl A Mendé, nació en Santa Fe el 11 de marzo de 1918. Cursó estudios secundarios en Esperanza, luego de pasar un año en el seminario, se recibió de médico en la Universidad Nacional de Córdoba en 1942, regresando a Esperanza para ejercer su profesión. En 1945 inició su actuación política como presidente de la Comisión de la Vivienda Popular de Esperanza, ese año fue nombrado intendente de dicha localidad. Elegido Convencional Constituyente por la provincia de Santa Fe, fue designado vicepresidente del bloque peronista, y candidato a elector de gobernador y vicegobernador de su provincia. En julio asumió el cargo de Secretario de Cultura y Policía Municipal, de la ciudad de Santa Fe.

[50]. Véase C. Lucchini, Apoyo empresarial en los orígenes del peronismo, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1990.

[51]. Hijo de un anarquista catalán y de madre aragonesa que habían emigrado a la Argentina a fines del siglo XIX, nació en Buenos Aires en 1891. Comenzó a trabajar desde muy joven, revelando talento para la administración y para sacar provecho de las oportunidades comerciales. Era empleado de Bunge y Born cuando comprendió las oportunidades que ofrecía la sustitución de importaciones en el país, abandonó su puesto y abrió una pequeña fábrica de hojalatería, base de su acumulación de capitales posterior, que reinvirtió en numerosos negocios diversificando sus intereses, hasta convertirse en un industrial y financiero de gran poder e influencia, gozando de gran estima entre sus colegas como self made man que prácticamente vivía en la fábrica.

En vísperas de junio de 1943 además de ser un gran empresario del laminado de hojalata, sus inversiones incluían empresas pesqueras y de conservas y líneas aéreas. Era miembro del comité ejecutivo de la UIA, presidente de la Cámara Argentina de Cromo-hojalatería Mecánica, secretario de la Sección Gremial de la Unión de Fabricantes de Conservas de Pescado y vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Dulces, conservas y Afines.

Cuando Perón comenzó a perfilarse como la figura destacada del régimen militar, su opinión no se distinguía de la del resto de sus colegas, aunque comenzó a cambiar influido por su amigo Rolando Lagomarsino, fabricante de sombreros, siendo nombrado director del Banco de Crédito Industrial. Cuando se creó el Consejo Nacional de Posguerra, Perón lo invitó a formar parte del mismo.

Cuando se produjo la victoria electoral de febrero de 1946, y antes que Perón asumiera sus funciones, pero sin dudas influenciado por él, Farell nacionalizó el Banco Central y colocó a Miranda a su frente.

En julio de 1947 Miranda renunció a sus puestos en el Banco Central y el IAPI, aunque inmediatamente fue designado en una nueva función como presidente del recientemente creado Consejo Económico Nacional, desde donde dirigió las negociaciones con los británicos que llevaron a la nacionalización de los servicios públicos controlados por capitales de ese origen y suscribió acuerdos bilaterales con diversos países.

Cuando se inició la crisis económica en 1949, en enero de ese año el Consejo Económico Nacional fue disuelto, y en su lugar se crearon dos secretarías (de Economía y Asuntos Económicos). Destituido de su puesto de control de le economía nacional y temiendo ser detenido, Miranda huyó a Montevideo, donde falleció en 1953.

[52]. Véase el capítulo 4.

[53]. G. Di Tella y M. Zymelman, Los ciclos económicos argentinos, Paidós, Buenos Aires, 1973, p. 349.

[54]. Decreto 8.503/46, en Anales de Legislación Argentina. Año 1946, VI, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1947, pp. 271-272.

[55]. N. Girbal-Blacha, “El Estado benefactor, dirigista y planificador. Continuidad y cambio en la economía y sociedad argentina”, en N. Girbal-Blacha (coordinadora), A. Gustavo Zarrilli y J.J. Balsa, Estado, sociedad y economía en la Argentina (1930-1997), Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2001, p. 72.

[56]. S. Novick, El IAPI: auge y decadencia, CEAL, Buenos Aires, 1986, p. 37.

[57]. Ministerio de Economía de la Nación, IAPI, Memoria Anual. Ejercicio 1949, Buenos Aires, 1950, p. 9.

[58]. Art. 5 del decreto 15.334/46, en Ministerio de Economía de la Nación, IAPI, Memoria Anual. Ejercicio 1949, Buenos Aires, 1950, p. 80.

[59]. Art. 6º en ídem, p. 81.

[60]. Art. 6º en ídem, p. 81.

[61]. S. Novick, IAPI, auge y decadencia, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1986, pp. 77-78.

[62]. Véase Ley 13.548, en Ministerio de Economía de la Nación, IAPI, Memoria Anual. Ejercicio 1949, Buenos Aires, 1950, p. 83.

[63]. M. Rapoport y cols., Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000), Macchi, Buenos Aires, 2000, p. 387.

[64]. Ídem, pp. 393-394.

[65]. P. Gerchunoff y D. Antúnez, “De la bonanza peronista a la crisis del desarrollo”, en J.C. Torre (dir), Los años peronistas (1943-1955), Sudamericana, Buenos Aires, 2002.

[66]. Cuyo artículo 40 establecía en su 1º párrafo que los servicios públicos “originariamente y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación”, mientras que el 2º párrafo “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de las vegetales son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación” Constitución Nacional, 1949.

[67]. C. Belini, “Estado y política industrial durante el primer peronismo (1946-1955)” en P. Berrotarán, A. Jáuregui y M. Rougier, Sueños de bienestar…, p. 91.

[68]. J.D. Perón et al., Segundo Plan Quinquenal de la Nación Argentina, Ley 14.184, Hechos e Ideas, Buenos Aires, 1954, pp. 557 y ss.

[69]. Ídem, p. 559 y ss.

[70]. Ídem, p. 564.

[71]. Ídem, p. 590 y ss.

[72]. Ídem, p. 574.

[73]. Ley 13.653/49 en Anales de Legislación Argentina, Buenos Aires, La Ley, 1955, t. IX-A, p. 353.

[74]. Decreto 12.937/43, en Anales de Legislación Argentina. Año 1943, III, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, p. 429.

[75]. Decreto 15.805/46, en Anales de Legislación Argentina. Año 1946, VI, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1947, p. 606.

[76]. Decreto 18.407 en Anales de Legislación Argentina. Año 1943, IV, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1944, p. 72.

[77]. Raúl Apold, era periodista, fue secretario del general Ricchieri en 1919, desde la década siguiente alternó el ejercicio de su profesión como cronista deportivo en La Época, con un cargo en alguna Comisión Municipal. En la década del treinta colaboró en revistas de espectáculos como Leoplán y Sintonía, y fue redactor de temas vinculados con los ministerios militares para el diario El Mundo, a fines de la década se desempeñó como jefe de prensa de Argentina Sono Film, empresa de la que se desvinculó para dirigir el noticiero Sucesos Argentinos, En 1947 se incorporó como director del diario peronista Democracia, desempeñándose como Director de Difusión de la Subsecretaría de Informaciones, accediendo el control de la misma en 1949 Cuando al año siguiente, Argentina Sono Film se convirtió en una sociedad por acciones, Apold, junto con Juan Duarte, aparecen compartiendo el 25% del paquete accionario.

[78]. Decreto 18.406/43 en Anales de Legislación Argentina. Año 1943, IV, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, pp. 69-70

[79]. M. Gené, “Políticas de imagen. Sobre la propaganda visual del peronismo”, en P. Berrotarán, A. Jáuregui y M. Rougier, Sueños de bienestar…, p. 330.

[80]. P. Sirvén, Perón y los medios de Comunicación (1943-1955), CEAL, Buenos Aires, 1984, pp. 123-124.

[81]. G. E. D’Arino Arignoli, La propaganda peronista (1943-1955), Maipue, Buenos Aires, 2006, p. 214.

[82]. M. Gené, Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo. 1946-1955, CFE, Buenos Aires, 2005, p. 43.

[83]. Véase el capítulo 8.

[84]. P. Sirvén, ob. cit., p. 56.

[85]. P. Sirvén, ob. cit., p. 46.

[86]. Ídem, pp. 116-118.

[87]. Ídem, p. 119.

[88]. R. Sidicaro, ob. cit, p. 96.

[89]. Arturo Enrique Sampay fue un prestigioso constitucionalista y filosofo jurídico y político, publicó numerosas obras sobre todo en materia de Derecho Constitucional y Teoría Política. Hijo de Fernando Sampay y Antonia Berterame, nació en Concordia (Entre Ríos) en 1911. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, y se recibió de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, de donde egresó en 1932 y ejerció la docencia para actualizarse y perfeccionarse durante varios años en Europa. Estudió las nuevas formas del estado surgidas durante el siglo pasado en su libro “La crisis del estado de derecho liberal-burgués”, publicado en 1942, asumiendo tres años más tarde la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires. Fue convencional Constituyente por la provincia de Buenos Aires en 1949, uno de los principales inspiradores y redactores de la Constitución Justicialista de 1949. A la caída de Perón tuvo que exiliarse en Montevideo, regresando al país en 1958 y asesorando sobre las reformas constitucionales que se gestaban en Uruguay y Chile.

En 1973 editó Constitución y pueblo, en el cual saludó la vuelta del peronismo, volvió a la cátedra oficial en la UBA y posteriormente sumió las responsabilidades en la Corte Suprema de Justicia y falleció en 1977.

[90]. Informe del despacho de la Comisión Revisora, citado por R. del Barco, El régimen peronista 1946-1955, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1983, p. 110.

[91]. R. del Barco, ob. cit., p. 118

[92]. Ley 13.529, en Anales de Legislación Argentina. Año 1949, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1950, pp. 196-205.

[93]. Artículos 14 y 19 de la mencionada ley.

[94]. Artículos 20, 21,22, 23, 24 y 25.

[95]. Artículo 27.

[96]. Artículos 28, 29,30 y 31.

[97]. J.D. Perón, Discurso pronunciado por el general Perón ante altos funcionarios de la Administración Pública, Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y Difusión, s/f, p. 19.

[98]. J.D. Perón et al., Segundo Plan Quinquenal de la Nación Argentina, Hechos e Ideas, Buenos Aires, 1954, pp. 600 y ss.

[99]. J.D. Perón et al., Segundo Plan Quinquenal de la Nación Argentina, ley 14184, Hechos e Ideas, Buenos Aires, 1954, p. 470.

[100]. Ley 14.303, Anales de Legislación Argentina. Año 1954, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1955, pp. 2-14.

[101]. Ídem, pp. 6-7.

[102]. Ídem, p. 14.

[103]. Nació en 1906, en Santiago del Estero. En esa provincia realizó sus estudios primarios y secundarios. Desde 1924 cursó la carrera de médico en la Facultad de Medicina, de la Universidad de Buenos Aires donde se graduó con medalla de oro a los veintidós años. En 1927 obtuvo, por concurso de calificaciones, el cargo de Practicante Externo del Hospital de Clínicas Ese mismo año conoció al doctor Manuel Balado, importante neurocirujano argentino formado en los Estados Unidos. Con él escribió trabajos científicos caracterizados por la alta calidad en la metodología de investigación. Entre 1927 y 1929 publicó una serie de artículos en la Revista del Círculo Médico Argentino y Centro de Estudiantes de Medicina, de las que fue director entre los meses de mayo y junio de 1930.

En 1930 obtuvo una beca de especialización en neurología que desarrolló Ámsterdam, París y Berlín, hasta 1933. El gobierno de Estados Unidos, interesado en sus estudios sobre polineuritis tóxica, lo invitó a proseguir las investigaciones, en ese país, pero no aceptó.

Desde 1939 se desempeñó como jefe del servicio de Neurocirugía y Neurología del Hospital Militar Central. Por esa época, Ramón Carrillo ya se había consolidado como un prestigiosos neurocirujano, y formaba parte de diversas sociedades científicas nacionales y extranjeras; había ganado el Premio Nacional de Ciencias en 1937, por su obra Yodoventriculografía, y era autor de varias obras especializadas en anatomía patológica, anatomía comparada y clínica neurológica,

En 1940 en el Primer Congreso de Población organizado por el Museo Social Argentino expuso su tesis de que “las razas del norte: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja mantenían un gran poder de fertilidad: de tres a cinco hijos por familia” en contraposición “a la próspera Buenos Aires” que mostraba una disminución notable de la natalidad y proponiendo la necesidad de “fortificar esa población nativa”

En 1939 obtuvo por concurso el cargo de Profesor Adjunto de Neurocirugía: A la muerte del titular, el Dr. Manuel Balado ganó el cargo de Profesor Titular.

En 1945, a raíz de la normalización institucional, fue elegido miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina. Cuando en el mes de septiembre los opositores al gobierno militar organizaron la “Marcha por la Constitución y la Libertad”, muchos estudiantes, profesores y autoridades de la universidad –incluso el rector– fueron detenidos.

El decano y del vicedecano renunciaron. Carrillo fue el único consejero que permaneció en el cargo; y desde el mes de octubre ocupó interinamente el decanato.

En 1946, Perón lo nombró secretario de Salud Pública, cargo que desempeñó hasta 1954, cuando fue sustituido a raíz de su desacuerdo con el enfrentamiento del gobierno con la Iglesia Católica debió dejar su puesto de Ministro. En 1955 aceptó una beca para estudiar un nuevo antibiótico en los Estados Unidos. Pocos meses después, los militares derrocaron a Perón. Carrillo se exilió en Brasil. Allí, sumido en la más profunda pobreza, se desempeñó por algún tiempo como médico rural. Falleció en Belem do Pará (Brasil) en 1956.

[104]. Nació en Junín el 14 de septiembre de 1912. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Capital, donde obtuvo el título de bachiller a los catorce años. Antes de comenzar sus estudios universitarios realizó un largo viaje por Europa.

En 1931 ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Durante su etapa de estudiante ejerció la presidencia del Centro de Estudiantes de Medicina y fue delegado estudiantil ante el Consejo Superior. Egresó como médico en 1937, desempeñándose en el Policlínico Salaberry (en Mataderos) en el que ocupó el cargo de médico de hospital.

Producido el golpe militar de 1943, adhirió al nuevo gobierno, formando parte de la Comisión de Defensa del estatuto de los Profesionales en el Arte de Curar. Posteriormente, ocupó el cargo de prosecretario general del Sindicato de Médicos y Afines de la Argentina y en 1946 integró el Ateneo Juan Perón.

Creado el Ministerio de Salud Pública, fue nombrado Secretario General de Medicina Asistencial del mismo. En mayo de 1951 el Partido Peronista lo designó interventor en el Territorio Nacional de Misiones. A comienzos de 1952 desempeñó las mismas funciones en la provincia de La Rioja y posteriormente en Mendoza hasta que, en mayo de 1953, se hizo cargo de la intervención de la Capital

Su mentor político, el contralmirante Teissaire asumió la vicepresidencia de la Nación y la Secretaría de Asuntos Políticos en julio de 1954 Desde ese cargo propició, en forma simultánea, el nombramiento de Bevacqua como Ministro de Salud y Acción Social

[105]. K. Sikknik, “Las capacidades y la autonomía del Estado en Brasil y Argentina. Un enfoque neoistitucionalista”, Desarrollo Económico, vol. 32, Nº 128, enero-marzo de 1993, Buenos Aires.

[106]. J.L. De Imaz, Los que mandan, Eudeba, Buenos Aires, 1964.

[107]. Domingo Alfredo Mercante nació en Buenos Aires en 1898. Hijo de un maquinista ferroviario nacido en Dolores, ingreso al Colegio Militar en 1915, pasando al año siguiente a revistar como cadete becado del primer año en la Batería de Artillería, egresando en febrero de 1919 como subteniente. Ocupó destinos en Córdoba, Goya y Campo de Mayo, donde permaneció dieciséis años, trasladado al Arsenal de Guerra en 1940, poco después pasó a la Inspección General de Tropas de Montaña en Covunco donde sirvió a las ordenes de Farell. Cuando este fue nombrado Director General de la Inspección de Tropas de Montaña, lo nombró su asistente, destino en el cual se relacionó con Perón.

Enlace para la creación del GOU, sirvió a sus ordenes en la Subsecretaría de Guerra desde junio de 1943 y luego como Director General de Trabajo y Acción Social en la Secretaría de Trabajo y Previsión, así como interventor de La Unión Ferroviaria y La Fraternidad, debido a sus contactos familiares con los sindicatos del riel.

Cuando se produce el alejamiento de Perón de sus funciones de gobierno, Mercante fue arrestado el 14 de octubre y trasladado a Campo de Mayo, de donde fue sacado por el general Ávalos para utilizarlo como enlace con Perón. Después del desenlace de la crisis de octubre de 1945, por presión de Perón, fue nombrado Secretario de Trabajo y Previsión, y durante las semanas siguientes trabajó febrilmente para movilizar los apoyos a la candidatura presidencial de aquél.

En un primer momento fue el Partido Laborista quiso hacerlo candidato a la vicepresidencia, pero decidida la alianza con los radicales renovadores, se transformó en candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en las elecciones de febrero de 1946. Su gestión se caracterizó por un intento de mantener mejores relaciones con la oposición radical que las del gobierno nacional, estableciendo una política de consenso

Fue presidente de la Convención Constituyente de 1949, y reelegido gobernador de la provincia para el período 1950-1952. Pero a partir de ese momento comenzó el alejamiento de Perón; aún antes de la reelección de Perón, la prensa, la radio y la televisión ya no podían mencionar su nombre, y un año después de finalizar su mandato como gobernador, fue expulsado del partido peronista. Tras la caída del peronismo, Mercante fue sometido a investigaciones enfrentando cargos de corrupción. Cuando Aramburu reemplazó a Lonardi en la Presidencia de la Nación, partió a Uruguay. Volvió a la actividad política en 1957 cuando publicó una declaración conjunta con Alejandro Leloir, presidente del partido Peronista y tuvo algún papel en la realización de los primeros contactos entre Perón y Frondizi. Murió en 1976.

[108]. J.L. De Imaz, ob. cit., pp. 12-14.

[109]. R. Rein, Peronismo, populismo y política. Argentina 1943-1955, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1998, y Juan Atilio Bramuglia. Bajo la sombra del líder. La segunda línea de liderazgo peronista, Lumiere, Buenos Aires, 2006.

[110]. J.L. De Imaz, ob. cit., p. 14.

[111]. Ídem, p. 15.

[112]. Ídem, p. 26.

[113]. Ídem, pp. 40-41.

[114]. R. Sidicaro, Los tres peronismos…, p. 94.