Читать книгу Saqueo y exterminio de la clase campesina chilena - Hugo Villela Guerrero - Страница 6

A lo largo de este trabajo, intentaremos realizar dos objetivos respecto a la comprensión de las modificaciones de la tenencia de la tierra introducidas por el régimen cívico militar. El primero es globalizar un volumen de información existente a fin de tener un panorama general de la situación, más allá de la forma fragmentaria con que ha sido manipulada, distorsionando muchas veces su contenido y significado social. El segundo es tratar de explicar la racionalidad del autoritarismo en la formulación y aplicación de una política concreta. No hemos tomado la totalidad de la política agraria, sino un aspecto específico dentro de ella, la política de tenencia del recurso tierra.

Si bien la tenencia de la tierra es un aspecto parcial de la política agraria, envuelve bastante más que una problemática jurídica o un debate doctrinario. Es uno de los puntos obligados por donde han pasado y pasan las coordenadas del poder en esta sociedad. Es en torno a él –no exclusivamente– que los sectores dominantes han debido probar su capacidad de redefinición interna en su proceso de desarrollo político; formular su proyecto de dominación; experimentar la debilidad de su proyecto; sufrir el surgimiento de metas de revolución social; recurrir y desaparecer en el autoritarismo, para reaparecer juntos –esta vez los sectores dominantes como «inspiradores»– en un «nuevo y aún inacabado proyecto de dominación».

Es en torno a la tenencia de la tierra que los sectores campesinos entran a plantear el problema del poder, más allá de un puro intento de modernización capitalista. La redistribución de la tierra y la reforma agraria en su totalidad implicaban el surgimiento de nuevas relaciones sociales y nuevos valores de comportamiento social; era un proceso que requería tiempo y voluntad política y ponía en peligro la estabilidad del sistema. El proceso es cortado violentamente por el «argumento» de la fuerza. Los sectores dominantes recuperan su «seguridad» e inician su reconstrucción material y la implementación de sus metas.

Pero el problema de la tenencia de la tierra no es un problema meramente técnico, como ha querido siempre presentarlo la derecha política y las fuerzas sociales que ella aglutina. La reforma de la tenencia ha envuelto como elemento constitutivo un problema político que expresa la crisis de un tipo de dominación social y que se coloca como desafío a superar en un nuevo nivel, en un nuevo tipo de dominación, a través de un proceso de restauraciones sucesivas.

La historia de la reforma agraria chilena, desde la perspectiva de los sectores dominantes, puede ser interpretada, tanto en el intento alessandrista como luego bajo el régimen democristiano, como expresión del «reajuste restaurador» de estos sectores.

En el caso de Jorge Alessandri (1958 – 1964), el problema de la Reforma Agraria se pone como un modo de ampliar su base de poder demasiado restringida al apoyo de la derecha política (Partido Liberal y Partido Conservador), a través de la incorporación de sectores de clase media (Partido Radical) que condicionaban su apoyo a la realización de ciertas «reformas estructurales» (propuestas por la Alianza para el Progreso). Se dicta así la ley 15.020 de Reforma Agraria. La ley fue presentada como un esfuerzo del sistema por abordar «técnicamente» el problema de la racionalización del sector agrario. Sus objetivos no llegaban más allá de acelerar un programa de colonización y de una reforma de la tenencia muy limitada. Se trataba más bien de una medida que conciliaba los intereses de los sectores terratenientes y las demandas de aquellos grupos medios que estimaban necesaria la implementación de cambios profundos en el campo. La ley intentaba restaurar así la propiedad en un nuevo nivel de «racionalidad».

El centrismo político de la administración democristiana (1964 – 1970) puso menos énfasis en el aspecto restaurador y más en el ímpetu modernizador de la sociedad. En este sentido, la gestión democristiana aparece como el gran ajuste modernizador del proceso de desarrollo capitalista chileno. Más que restaurar una fórmula de dominación estrecha que ensayara hacer viable el desarrollo capitalista a partir de una base social restringida (Alessandri), pone el acento en la restauración de aquellos elementos del sistema, cuya reformulación permite transformar la fórmula de dominación desplazando a la derecha política y permitiendo el acceso de los sectores medios al poder político, sin abandonar su función mediadora respecto a los sectores capitalistas. El centrismo político asume el papel de mediador en el intento más estructurado de incorporar al sistema a amplios sectores populares en función de la estabilización de un pacto de dominación. En este sentido, las líneas centrales del proyecto implicaban:

 Negociaciones con el capital internacional para «chilenizar» el cobre.

 Considerables subvenciones al capital nacional para impulsar la industrialización.

 Formulación de políticas de «promoción» de ciertos sectores de la sociedad especialmente pobladores y campesinos: «Promoción Popular» y «Sindicalización campesina» y,

 en esta misma dirección, reestructuración capitalista del campo: «Reforma Agraria».

La Reforma Agraria es colocada en la línea del apoyo a la estrategia de industrialización, y en su racionalidad implicará:

1 Una redefinición de la propiedad privada en función de criterios de eficiencia capitalista. Esto significa el desplazamiento del latifundio como empresa económica de productividad baja y su reemplazo –en el nivel de los propietarios privados y no de los asignatarios de la Reforma Agraria− por una empresa de tamaño más reducido: 80 hectáreas de riego básico, la cual está destinada a mejorar la tasa de productividad.

2 Desarticulación de los intereses potenciales del campesinado frente al sector capitalista privado, a través de:

3 La creación de un estrato campesino, el sector reformado, base de la clientela campesina de la Democracia Cristiana; y la ampliación de la base de asalariados rurales. Esta modificación de la estratificación interna del campesinado tiene como motor una nueva forma de explotación: el asentamiento, unidad empresarial autogestionada que será portadora de valores de comportamiento capitalista y que contribuirá al desarrollo de una ideología propietarista.Delimitación de los márgenes de conflicto en el campo. La incorporación del sector campesino al sistema lleva a la institucionalización del conflicto y a la regulación tanto en la organización como en su funcionamiento de los procesos participatorios (por ejemplo, la ley de sindicalización campesina).

Es esta herencia de reordenación capitalista la que recibe el gobierno de la Unidad Popular.

Las contradicciones que plantea esta reordenación capitalista bajo el régimen democristiano, hicieron posible una progresiva toma de conciencia campesina del problema de la Reforma Agraria como problema político; el creciente proceso de «toma de predios» era el planteamiento de dicha reforma en torno a la cuestión del poder.

La Unidad Popular llegó al poder apoyada en forma importante por estos sectores campesinos. Su problema era: orientar la Reforma Agraria en la dirección de una transformación que llevara a estructuras y relaciones sociales de tipo socialistas; canalizar el apoyo de estas bases en la misma dirección manteniendo un nivel de eficiencia en la producción; pero todo esto dentro de los límites que imponía la legalidad con que se había intentado la modernización en el período anterior, y con la herencia de reordenación capitalista que significaba: la existencia de un sector privado fortalecido en sus estratos modernos –sólo había sido golpeado el latifundio− y, la presencia de un estrato campesino, el sector reformado, en importante medida portador –a nivel micro social– de una cierta racionalidad capitalista⁶. La persistencia de motivaciones, valores y comportamientos capitalistas en sectores campesinos fue el gran obstáculo que debió afrontar la Unidad Popular en su intento de reformular nuevas relaciones sociales en el campo, además de la acción de un sector capitalista privado que le era militantemente adverso.

No es nuestra intención realizar un esbozo histórico de este período; existe un acopio de literatura que lo problematiza⁷.

Lo que sí nos interesa señalar es cómo la lógica de los reajustes restauradores, especialmente el reformismo centrista con sus ampliaciones democráticas, expresan una crisis de dominación que pone en peligro la estabilidad del sistema. El ascenso de la Unidad Popular al poder es la mayor evidencia de la crisis de los sectores dominantes; sus realizaciones tendientes a desarticular al sistema muestran un nivel de peligrosidad no conocido por los sectores del capitalismo nacional y sus aliados del capital internacional. La salida a que acuden estos sectores autodenominados «democráticos» será negar la forma democrática y reiniciar un reajuste restaurador que consiga un nuevo nivel de estabilidad bajo la forma autoritaria.

El régimen militar tendrá la misión «delegada» de construir este nuevo nivel de estabilidad que haga posible liberar las fuerzas de un desarrollo capitalista.

Su reajuste restaurador comenzará desahuciando al reformismo como vía de desarrollo y conjuntamente negará la noción de democracia de la cual este era portador. A partir de una noción sui generis de modernización, desarrollará una simbiosis entre desarrollo y seguridad interna en el intento de definir un nuevo marco de ordenación social. En este nuevo marco, el actor privilegiado será el empresario privado. La «liberación» de la sociedad consistirá en proclamar e implementar el libre juego del capital en el mercado, en un movimiento donde las fronteras del «nacionalismo» declarado tienden a borrarse.

En cuanto a las modificaciones de la tenencia de la tierra realizadas por el régimen militar, el reajuste restaurador estará dado por los siguientes elementos concurrentes:

Primero, una noción fundante de «modernización», cuyo contenido esencial es el de homogeneizar y elevar al capitalismo agrario preexistente a un nivel de desarrollo cualitativamente superior. Por tanto, rechazo a postulados que envuelvan una reivindicación tradicionalista.

Segundo, incorporación de la demanda campesina por la propiedad individual de la tierra y ensayo de cooptación de una base social campesina a través de la asignación de parcelas. Se sugiere una «apertura reformista» que no va más allá de un «simbolismo populista».

Tercero, creación de mecanismos estructurales que, prácticamente, vienen a negar la aparente afirmación del sector campesino como beneficiario y a consolidar la dominación en un nuevo nivel.

Por referirnos al problema de tenencia de la tierra, deberemos circunscribirnos al estudio de la situación de una parte del campesinado⁸, el denominado «sector reformado». En parte es una limitación impuesta por el grado de «visibilidad» y acceso a la información –hoy día– existente en la sociedad chilena.

El carácter coyuntural del estudio y la falta de distancia del proceso que se analiza, nos ha impedido madurar más ampliamente la formulación de algunas hipótesis; lo mismo que alcanzar una precisión más adecuada en la utilización de algunos conceptos empleados en el plano de la descripción. Tal es el caso de la problemática que encierra el concepto de «revolución restauradora» y su capacidad para explicar ciertas formas del desarrollo político de la sociedad chilena, frente al contenido más o menos formalizado del concepto de «reformismo». En esto, como en otros aspectos más específicos del problema agrario, se hizo notar la escasa posibilidad de discusión e intercambio con los colegas chilenos dedicados a este tipo de análisis. Ello obedece principalmente a los condicionamientos sistémicos que ha recibido todo el trabajo intelectual que busca desarrollarse en un marco de libertad de pensamiento.

Dentro de los objetivos planteados al comenzar esta introducción, nuestro trabajo desarrollará tres dimensiones de análisis:

Una primera, dedicada a explicitar la racionalidad de la política agraria del régimen militar, con especial énfasis en la política de tenencia de la tierra.

Además de exponer el contenido de dicha política, nos hemos interesado por rescatar aquellos elementos a través de los cuales es construida una conceptualización de la realidad agraria. Hemos creído de interés intercalar una larga nota sobre los antecedentes de esta política que preexistía en el seno del aparato técnico de la derecha política.

La segunda está destinada al estudio de los cambios concretos realizados por el régimen y su repercusión en distintos planos de la sociedad agraria chilena. En el ámbito de la clase campesina, sólo hemos abordado la problemática del sector reformado o, más bien, «ex y reformado».

Nuestro interés principal ha sido detenernos en el análisis de las nuevas estructuras en proceso de creación; es aún temprano para decir consolidación.

Una tercera dimensión es la que hemos denominado «el punto de vista de los actores». Hemos reunido un conjunto de opiniones en un texto. No han sido actores seleccionados por muestreo estadístico, no hemos tenido pretensiones de este tipo. Nuestro interés es el de identificar las coordenadas subjetivas a través de las cuales se va construyendo lo que hemos llamado «un sentido común crítico» sobre el significado de las modificaciones llevadas a cabo.

Hemos agregado dos tipos de anexos; uno legal, que reúne el conjunto de decretos que constituyen la «nueva legalidad» de la tenencia de la tierra, y que nos parece útil como material de ulteriores estudios. El otro tipo de anexos se refiere al material estadístico que nos ayuda a visualizar el movimiento de la estructura.

6 En cuanto en el asentamiento conviven, en un mismo actor campesino, el empresario privado de la explotación individual (cerco, goce) con el campesino asentado de la explotación colectiva.

7 Jacques Chonchol, El Desarrollo de América Latina y la Reforma Agraria. Santiago de Chile: Editorial del Pacífico, 1965. Solon Barraclough y José Hernández, Diagnóstico de la Reforma Agraria Chilena, México: Siglo XXI, 1974. René Billaz y Eugenio Maffei, “La Reforma Agraria Chilena y el camino hacia el Socialismo. Algunas consideraciones”, en Cuadernos de la Realidad Nacional Nº 11, Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), Universidad Católica de Chile, Santiago, 1972. Wilson Cantoni, “Poder Popular en el Agro Chileno”, en Cuadernos de la Realidad Nacional Nº 11, CEREN, Santiago, 1972. Eugenio Maffei y Emilio Marchetti, “Estructura Agraria y Consejos Comunales Campesinos: situación actual, análisis y estrategia”, en Cuadernos de la Realidad Nacional Nº14, CEREN, Santiago, 1972. Juan Carlos Marín, “Las tomas (1970-1972)”, y del mismo autor “Asalariados Rurales en Chile”, en Revista Latinoamericana de Sociología, Nº 2, 1969. Cristóbal Kay y Peter Winn, “La Reforma Agraria en el Gobierno de la U.P.” en Revista Sociedad y Desarrollo Nº 3, Santiago, 1972. Silvia Hernández, “El desarrollo capitalista del campo chileno”, en Revista Sociedad y Desarrollo Nº3; Santiago, 1972. José Bengoa, “Movilización Campesina. Análisis y Perspectivas”, en Revista Sociedad y Desarrollo Nº 3, Santiago, 1972. Sergio Gómez, “El rol del sector agrícola y la estructura de clases en Chile”, en Revista Sociedad y Desarrollo Nº3, Santiago, 1972.David Lehman, “La agricultura chilena y el período de transición”, en Revista Sociedad y Desarrollo Nº 3, Santiago, 1972. Manuel Castells, “Reforma Agraria, lucha de clases y Poder Popular en el campo chileno”, en Documentos de Trabajo del Centro de Investigaciones y Desarrollo Urbano (CIDU), Nº 58 Universidad Católica de Chile. De los años recientes: José Bengoa, Reforma Agraria y Revuelta Campesina: Santiago: LOM ediciones, 2016. Jacques Chonchol, Por una nueva Reforma Agraria para Chile, Santiago: LOM ediciones, 2018. En el terreno de las evaluaciones del período realizadas por los actuales técnicos e “inspiradores” del régimen cívico-militar, es importante destacar: James Locke y José Garrido, “La situación de la agricultura y sus perspectivas”, en Revista Portada Nº 28, Santiago, Marzo 1972. José Garrido Rojas, “Origen y alcances de la crisis alimenticia”, en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Santiago: Ediciones Portada, 1973.Margarita María Errázuriz, “Participación en el sector rural”, en Participación para una nueva sociedad (Selección y edición de José Garrido). Santiago: Ediciones Portada, 1973. Rodrigo Mujica y Fernando Martínez, “Los efectos de la Redistribución de los Ingresos en la demanda de Alimentos, Chile 1970 -1980”. Programa de postgrado, Economía Agraria, Universidad Católica de Chile, 1973. Alberto Valdés y Rodrigo Mujica, “Producción e Importaciones agropecuarias en 1973”. Programa de postgrado, Economía Agraria, Universidad Católica de Chile. Mimeo, 41 p., 1973. Más allá del ámbito académico, es interesante tener en cuenta el análisis de la Reforma Agraria realizado por el Sr. Sergio Romero Pizarro, actual subsecretario de Agricultura y ex secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura por casi una década. El análisis nos ilustra sobre el tipo de diagnóstico y conceptualización de la realidad que están a la base de la política de tenencia de la tierra: “Análisis y conclusiones de un proceso fracasado: la Reforma Agraria”, en Revista El Campesino Vol. CV, Nº 7, Santiago, 1974.

8 Al referirnos a un proceso de Reforma Agraria, el uso del término campesino ocupa un lugar clave, especialmente cuando su uso generalizado lo convierte en una noción imprecisa. Con el fin de dar al concepto una consistencia acorde con la realidad a la que se refiere, en este trabajo hemos adoptado la formulación construida por el sociólogo Raúl Urzúa, y la cual ofrece en su investigación sociológica «La Demanda Campesina» : «En este trabajo se entenderá por campesino a un cultivador rural (propietario o no, dependiente o independiente) que produce para mantener el nivel de subsistencia, en que tradicionalmente ha vivido, y que ocupa una posición comparativamente inferior tanto desde el punto de vista económico como desde el social y el político», Raúl Urzúa, La Demanda Campesina, Santiago, Ediciones Nueva Universidad; 1969; pág. 23.