Читать книгу Construir la paz en condiciones adversas - Jefferson Jaramillo Marín - Страница 10
ОглавлениеLa Macarena es un espacio social, económico, político y culturalmente producido, apropiado, representado, negociado y vivenciado por sus habitantes, en el que históricamente han estado en disputa diversos agentes (estatales, armados, empresariales, organizativos, comunitarios, multinacionales, globales) en torno al uso, control y representación de los recursos, las poblaciones y las capacidades locales que en el territorio tienen lugar. La Macarena cobija seis municipios del sur del meta: Mesetas, La Uribe, La Macarena, San Juan de Arama, Puerto Rico y Vistahermosa. Esta zona conformó, entre el 2007 y el 2011, lo que se conoció como el área del Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM). Estos municipios, junto con otros nueve del departamento del Meta1 y tres del Guaviare,2 conforman desde 1989 lo que se conoce, con fines de protección socioecológica, como el Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM), la cual tiene un área de 3 871 791 hectáreas.
Para los fines de este capítulo no tomamos toda la región de La Macarena, sino que nos concentramos en los procesos organizativos sociales y comunitarios del municipio de La Macarena, Meta. Esto exige comprender la particular configuración socioespacial del territorio, así como los procesos poblacionales específicos que comienzan hacia 1940, aunque, como tal, la entidad municipal en términos político-administrativos se conformó hacia 1980. En este capítulo intentaremos, en una perspectiva histórica e institucional, dar cuenta de a) la relación entre procesos organizativos comunitarios, configuración socioespacial y procesos poblacionales en el municipio entre 1940 y 2017; b) las principales estrategias político-organizativas que consideramos han utilizado y movilizado las organizaciones sociales en el municipio para posicionarse en la arena pública; y c) los elementos transversales constitutivos de estas apuestas organizativas que ameritan una mayor exploración etnográfica, especialmente si lo que se quiere es contribuir a fortalecer o habilitar la implementación del Acuerdo Final de Paz (Gobierno de la República de Colombia y FARC-EP, 2016) suscrito entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Para el desarrollo del texto acudimos principalmente a fuentes secundarias y algunos datos etnográficos, como parte de un proceso investigativo emprendido en esta zona desde 2016 por los profesores del eje 1, “Estado, sociedad y desarrollo”, del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana.
Inicialmente nos situamos en una perspectiva histórica desde 1940 para comprender los procesos de configuración socioespacial y poblacional de este territorio y su relación con los tejidos organizativos. Para fines analíticos, y siguiendo en parte las propuestas de Rincón (2018) y González, Castañeda y Barrera (2016), se presentarán cuatro cortes cronológicos en los casi ochenta años de trayectoria de esta zona del país (1940-2017).
POBLAMIENTO COLONO INCIPIENTE DE LA ZONA Y CONFIGURACIÓN DE LAS PRIMERAS ASOCIACIONES DE COLONOS (1940-1970)
El municipio de La Macarena se configuró como un territorio de poblamiento tardío y disperso, con dinámicas de asentamiento todavía muy recientes. Por ejemplo: caqueteños con identidades políticas afines al Partido Liberal, que exportaron con relativo éxito el modelo ganadero de doble propósito y que se ubicaron al occidente del casco urbano, más conectados con las dinámicas económicas y políticas de San Vicente del Caguán, Florencia y Neiva; santandereanos en el casco urbano y las veredas más cercanas, con identidades políticas afines al Partido Conservador; y un poblamiento de origen diverso, que se ubica al oriente del municipio, en las zonas altas y medias del río Guayabero, en las que, si bien existe un predominio de la ganadería, al tener un menor desarrollo tecnológico (básicamente, ganadería de engorde), no les reporta beneficios materiales significativos a las comunidades.
El municipio se configuró como un territorio de retaguardia de la guerrilla. Entre 1953 y 1959, luego de las amnistías otorgadas, allí se constituyeron proyectos de localización de guerrilleros desmovilizados. Más hacia los años ochenta, grupos armados como las FARC-EP, regularon algunos aspectos básicos de la vida comunitaria, pero encontraron dificultades para consolidar un control social de mayor cobertura territorial. También fue un territorio caracterizado por soberanías fragmentadas y segmentadas entre actores: la militarización del casco urbano por parte de la fuerza pública contrastó con una presencia de las FARC-EP en algunas zonas rurales (Rincón, 2018; González, Castañeda y Barrera, 2016).
Para entender las organizaciones comunitarias de la región amazónica occidental, es necesario comprender que estas nacieron tanto en el marco de las primeras alianzas y solidaridades que acompañaron el proceso de reasentamiento de los campesinos en su proceso de colonización forzado como también gracias a la iniciativa y empuje de los líderes agrarios de orientación ideológica comunista, quienes llevaron consigo a la selva “la experiencia de lucha por la tierra” (Salgado, 2012, p. 201).3 Una de estas experiencias fue precisamente la Asociación de Colonos de La Macarena, creada en los años setenta, la cual tuvo el objetivo de defender a la población de los especuladores comerciales y promover la construcción de la carretera hasta Vistahermosa, para conectar La Macarena con Villavicencio (Rincón, 2018). Esta asociación también influyó en el control de precios de las mercancías en la zona.
El trabajo organizativo adelantado por estos líderes agrarios, basado en la promoción e impulso de juntas de acción comunal, asociaciones de colonos y sindicatos de pequeños agricultores, marcó ideológicamente las luchas y resistencias del campesinado en esta área. En un trabajo organizativo cotidiano, los líderes de las nacientes organizaciones construyeron su propia legitimidad; con sus acciones y prácticas discursivas fueron socializando los objetivos planteados por sus organizaciones y ganando consenso en torno a los medios requeridos para lograr el éxito de los propósitos perseguidos (Leal, 1995).
Desde el trabajo comunitario, los líderes agrarios comenzaron a tener una fuerte incidencia en las comunidades y, de manera progresiva, fueron ganando el respaldo político de sus propuestas, lo que amplió su cobertura geográfica y estableció un trabajo coordinado a nivel interveredal, intermunicipal e interregional. Estos líderes no solo trabajaban con los campesinos hombro a hombro en la resolución de sus problemas más inmediatos y cotidianos, sino que también mostraron una gran capacidad de ser interlocutores válidos e informados frente a las autoridades estatales, civiles y militares. Se trataba de líderes que tenían la destreza de manejar varias gamas y formas del lenguaje; cuando dialogaban con las comunidades, predominaba un manejo de códigos lingüísticos propios de los campesinos, y cuando se sentaban en una mesa de negociaciones con funcionarios del Estado, utilizaban códigos lingüísticos mucho más elaborados (Bourdieu, 2001).
COLONIZACIÓN COCALERA, REGULACIÓN Y APROPIACIÓN TERRITORIAL DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y EXPANSIÓN DE LAS GUERRILLAS (1970-1990)
Desde sus inicios, las organizaciones campesinas se constituyeron en autoridad política local y entraron a suplir en la región amazónica occidental colombiana la precaria institucionalización y territorialización del Estado colombiano (Leal Buitrago, 1994). Los campesinos encontraron en estas organizaciones un espacio para exponer sus problemas, sus quejas, sus conflictos interpersonales, sus anhelos y sus sueños. Así, desde el principio se constituyeron en instituciones legitimadas para ejercer en nombre de la comunidad los controles, la representación frente a las autoridades locales y regionales y la defensa de los derechos de los campesinos. Estas fueron vistas por los mismos campesinos como organizaciones que sabían representar y dimensionar la problemática campesina y asumir la vocería para argumentar y luchar por sus derechos ante las autoridades estatales del orden local, regional e incluso nacional.
Sin embargo, la expansión de la coca en el agro amazónico impuso un nuevo ritmo en la región: las organizaciones campesinas se debilitaron, los tiempos de los campesinos se alteraron y las mercancías inundaron el área. En el predio campesino se perdió un espacio importante para la producción de alimentos, la estructura familiar sufrió cambios en su interior y el control del tiempo que tenía el campesino para sí y su familia también se vio afectado. El narcotráfico impuso su lógica en el territorio, y el campesino perdió su libertad y autonomía. El territorio amazónico fue usado para los fines lucrativos del narconegocio y la dinámica socioeconómica de los pueblos y veredas se organizó en función de su mercancía. El campesino se insertó en la dinámica impuesta por el narcotráfico y su economía doméstica campesina se empezó a constituir en una empresa familiar al servicio de este capital (Jaramillo, Mora y Cubides, 1986), es decir, el narcotráfico empezó a monopolizar el territorio amazónico y, con ello, se apropió de la renta de la tierra, haciéndola funcional para la producción de coca.
Eliane Tomiasi y Rosemeire Aparecida de Almeida (2010, p. 45) explican que el capital puede monopolizar el territorio sin que exista una territorialización en el momento en que, pese a que el capitalista no es el propietario de la tierra, se crean las condiciones necesarias para apropiarse de la renta de la tierra y generar una total dependencia del pequeño o mediano agricultor con respecto a la industria procesadora del producto agrícola, en este caso, del narcotráfico, que es la empresa que transforma la hoja de coca en pasta básica de cocaína y en clorhidrato de cocaína. Esto fue precisamente lo que sucedió, es decir, aunque la producción de hoja de coca no se daba en condiciones típicamente capitalistas y los campesinos no habían sido despojados de su tierra (separados de los medios de producción), los narcotraficantes ejercían el monopolio total de la circulación de esta mercancía, determinando su cantidad y su precio.
La pérdida de autonomía del campesinado y su absoluta dependencia con respecto a la economía coquera se hizo evidente durante la crisis de los años 1983 y 1984. El campesino ya no era quien organizaba el espacio, ni administraba su tiempo; así, quedó inserto en la lógica del mercado y puso en riesgo a su familia, al perder la esfera de producción de alimentos, que es una esfera sagrada en el orden moral del campesino.
Las características que los identificaban como campesinos y que eran las que les habían dado la fuerza para intentar una vez más asentarse estaban seriamente golpeadas por la economía de mercado: estaban perdiendo su autonomía frente a la sociedad global; la importancia del grupo familiar y su sistema económico (relativamente autárquico) había entrado a depender casi en su totalidad de la economía coquera; la comunidad de interconocimiento se estaba resquebrajando—ya no se conocían entre sí todos los vecinos en las veredas—; y el papel de mediadores y abastecedores de alimentos al mercado local se había debilitado sensiblemente (Mendras, 1995).
Las organizaciones campesinas, en su esfuerzo de recobrar su fuerza y autoridad en la región, supieron interpretar esta coyuntura: o seguían viviendo al vaivén de la economía coquera o restablecían la autonomía e independencia económica del campesinado. De hecho, desde sus inicios, esa era su lucha; las organizaciones campesinas estaban peleando por el territorio desde propuestas que estaban orientadas al fortalecimiento del campesinado y al desarrollo socioeconómico municipal y regional; sin embargo, en medio de la embriaguez producida por los excesos de liquidez y la compulsión desenfrenada hacia el consumo, fue poco lo que pudieron hacer.
No obstante, las organizaciones campesinas no renunciaron a sus objetivos, ni claudicaron en su tarea. Con la crisis cocalera mencionada, las organizaciones percibieron que las condiciones socioeconómicas permitían de nuevo convocar al campesinado a trabajar por sus viejos propósitos y unir esfuerzos para la reconstitución de sus identidades y economías campesinas en la región. En este proceso las FARC-EP también intervinieron y tomaron medidas orientadas a contrarrestar la crisis y evitar este tipo de colapsos regionales hacia el futuro; sin duda alguna, las FARC-EP también se vieron afectadas por la ausencia de producción de alimentos en la región y por la dispersión de sus bases sociales y políticas de apoyo.
Dado que la mayoría de las familias campesinas habían sustituido la casi totalidad de su producción agrícola por el cultivo de la hoja de coca y que toda la región occidental de la Amazonía tuvo que depender del mercado externo de alimentos para abastecerse, las FARC-EP y las organizaciones campesinas exigieron a las familias del campo volver a sembrar comida. Recuerda Alfredo Molano (1987, 2000) que las FARC-EP obligaron a los campesinos a sembrar tres hectáreas de comida por cada hectárea de coca; así mismo, las organizaciones campesinas, por su parte, se dieron a la tarea de trabajar con los campesinos propuestas de desarrollo local y regional mucho más elaboradas que las presentadas a finales de los años setenta, esta vez exigiendo al Estado su intervención para sustituir los cultivos de coca por una economía estable para la región.
A partir de 1984, los campesinos empezaron a reconstituir su economía campesina y a retomar sus banderas de lucha. Además, en 1984 se constituyó la organización no gubernamental Fundación Pro-Colonización, la cual promovió la colonización y el impulso a un nuevo proyecto de desarrollo agroindustrial, localizado en la margen izquierda del río Guayabero. En ese contexto, el campesino no incorporó en su predio matemáticamente el mandato de las FARC-EP, pero sí entendió que la economía campesina era el camino para garantizar su sobrevivencia y autonomía; de igual manera, aprendió que la producción de hoja de coca en su predio podía cumplir las veces de cultivo comercial y, al mismo tiempo, de estrategia de lucha política para exigir al Estado colombiano la sustitución de coca por una economía legal viable y sostenible. Las organizaciones campesinas no dudaron en convertir la coca en la columna central de sus reivindicaciones; en su lucha por el reconocimiento, resignificaron políticamente la coca y la convirtieron en un mecanismo para confrontar al Estado y exigirle el cumplimiento de su mandato constitucional de tratar a los campesinos como ciudadanos, con iguales derechos al resto de los miembros de la comunidad política—una deuda histórica de reparación social y simbólica aún no resuelta—, y para exigirle una solución integral a sus problemas sociales y económicos.
La coca, a la vez que permitió a los campesinos elevar relativamente su nivel de vida, se convirtió en un instrumento clave de su lucha política. Paradójicamente, fue solo a partir de la siembra de hoja de coca que los campesinos empezaron a ser considerados interlocutores válidos frente al Estado colombiano. El campesinado y sus organizaciones se dieron cuenta de que la única manera de ser escuchados era sembrando coca y, por eso, la constituyeron en su principal mecanismo de resistencia, visibilización social y negociación política.
En la actualidad, según González et al. (2016), las organizaciones campesinas y las juntas de acción comunal de La Macarena se constituyeron en la unidad básica de coordinación de los pobladores rurales en la zona, en cuanto: 1) regulan aspectos básicos de convivencia; 2) recaudan impuestos; 3) proporcionan bienes públicos; 4) salvaguardan la fe pública y, por esa vía, generan la certidumbre que permite las transacciones comerciales y fomenta el mercado de tierras. De acuerdo con González et al. (2016), a partir de datos de la Alcaldía Municipal de La Macarena,
[en] el esquema de ordenamiento territorial vigente, existen 227 juntas de acción comunal legalmente constituidas, ocho en el casco urbano y 219 en zona rural. Al observar su “densidad”, existe una proporción general de una junta por cada 137 habitantes. La proporción cambia según se observe el ámbito urbano o rural. En el primer caso, la proporción es de una junta por cada 539 habitantes. En el segundo, una junta por cada 127 habitantes. (p. 28)
La asociación municipal del municipio (Asociación de Juntas de Acción Comunal [Asojuntas])—que reúne a estas juntas—ha estado supeditada a periodos de auge y declive desde su constitución, con lo que ha disminuido el número de juntas afiliadas en años recientes. Si bien en el año 2000 se contaban 166 juntas afiliadas, para el año 2005 la cifra había bajado a 63 (Rincón, 2018, citado en González et al., 2016). Salvo en algunos casos, como han identificado González et al. (2016),
las juntas de acción comunal no han logrado consolidar organizaciones de segundo nivel, un hecho que contrasta con el surgimiento de una nueva dinámica organizativa más gremial que política, desde mediados de la década de 1990, asociada a la oferta del Estado nacional, primero, en relación con la temática de la protección ambiental y, posteriormente, con el componente social del plan de consolidación.
(p. 28)
Estas organizaciones no ejercen una gestión territorial en el mismo sentido en que lo hacen las juntas de acción comunal; tal es el caso de la Asociación Campesina Ambiental Losada-Guayabero (Ascal-G), la Agremiación de Productores Agropecuarios de La Macarena, Meta (Agapam), entre otras organizaciones.
Dificultades para las organizaciones, según lo relatan González et al. (2016), han sido los patrones dispersos de asentamiento, las precarias condiciones productivas y una oferta estatal que profundiza la estigmatización de algunas organizaciones y promueve otras formas organizativas más técnicas que políticamente orientadas. Esto se complejiza por la dispersión demográfica que se percibe en el ámbito rural. Si bien se han promovido respuestas microlocales a problemas comunitarios, las organizaciones no logran conectarse de manera sostenida con iniciativas de otras veredas ni con el casco urbano, debido a la precariedad de muchas vías terciarias, lo cual eleva los costos de transporte y, por lo tanto, limita las interacciones.
Así mismo, González et al. (2016) señalan que la trayectoria y fortaleza de las juntas y los procesos sociales de los Llanos del Yarí y del interfluvio Losada-Guayabero se contrasta con la menor capacidad organizativa de las juntas del casco urbano y de la zona oriental del municipio. Muchas de estas juntas de acción comunal se han conectado con instancias organizativas de segundo nivel, las cuales cumplen funciones en términos de gestión de los recursos colectivos y de representatividad, aunque no necesariamente esto se ha traducido en un capital electoral importante.
PROCESOS EXTRACTIVOS EFÍMEROS, CAMPESINIZACIÓN COLONA, ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y PACIFICACIÓN TERRITORIAL4 (1990-2010)
De acuerdo con Rincón (2018), hacia finales de los años ochenta, el municipio de La Macarena estaba experimentando ocupación de zonas aledañas en su casco urbano y hacia las partes altas de los ríos Losada y Guayabero. Esto posiblemente obedeció a nuevas bonanzas de la madera, lo que trajo nuevos flujos poblacionales y comerciales; sin embargo, esto duró entre 1990 y 1995. El agotamiento de esta bonanza coincidió con el segundo ciclo de coca en la zona y con la zona de despeje para los diálogos del Gobierno de Andrés Pastrana.
En términos de organización campesina, es importante mencionar que desde mediados de los años ochenta las organizaciones lograron convocar y protagonizar importantes movilizaciones sociales, en las que reivindicaron sus derechos y exigieron la sustitución de los cultivos de hoja de coca por cultivos legales y sostenibles. Una de las movilizaciones más significativas resultó, sin duda alguna, la de junio y julio de 1996, en la que las organizaciones campesinas de la región amazónica occidental, en coordinación con la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y otras organizaciones campesinas de las regiones del Cauca, Norte de Santander y el sur de Bolívar, lograron convocar y movilizar alrededor de 200 000 campesinos, quienes exigieron la sustitución de la hoja de coca y el cese a la política de fumigación aérea de los cultivos de uso ilícito.
No obstante, es necesario anotar que han existido factores—más allá del conflicto armado—que afectan profundamente las capacidades de las comunidades para organizarse y actuar colectivamente de manera sostenida. Una de ellas, y quizá la más crítica, tiene que ver con las precarias condiciones socioeconómicas de la población rural, que no encuentra oportunidades productivas distintas a la coca. En este sentido, se requiere con urgencia, según recomienda el estudio de González et al. (2016),
una intervención del Estado que contribuya a viabilizar las economías campesinas hasta donde se haya corrido la frontera agrícola y ganadera, detener la avanzada colonizadora e involucrar a la población que habita en las zonas protegidas en las estrategias de conservación ambiental. Esto implica solucionar algunos de los problemas básicos tales como: la informalidad de la tenencia de la tierra, resolver el diferendo limítrofe que impide saber a ciencia cierta la jurisdicción políticoadministrativa a la que pertenece una parte del territorio del municipio; la carencia de interconexión eléctrica y el reducido servicio que se presta; y la precaria interconexión vial terrestre y el alto costo del transporte aéreo. (p. 72)
Figura 1. Una década después del proceso de paz con Pastrana
Fuente: Alfredo Molano Jimeno, El Espectador (19 de febrero de 2012, pp. 2-4). Archivo Digital de Prensa del Centro de Investigación y Educación Popular-Programa por la Paz (Cinep-PPP).
González et al. (2016) plantean que, si bien la presencia del Estado en el municipio contribuyó particularmente con el PCIM a brindar una mayor seguridad, en términos de replegar a la guerrilla hacia las zonas más apartadas, esto se tradujo en una mayor inseguridad para los pobladores, especialmente para aquellos que se ubican en la zona rural, quienes fueron objeto de señalamientos y persecuciones. En este sentido, la intervención del Estado generó más fragmentación territorial y social del municipio, lo que profundizó la estigmatización de ciertas comunidades al reproducir las divisiones del tipo buenos-casco urbano/malos-zona rural (figura 1).
Esta situación plantea un profundo desafío, en términos de recuperar la confianza en las instituciones del Estado, que termina por agravarse por la falta de coordinación entre las instituciones que hacen presencia y que, finalmente, dan lugar a serios dilemas. Al conflicto histórico entre conservación ambiental y colonización se ha sumado el señalamiento por parte de las autoridades a algunos pobladores al considerarlos como testaferros de tierras de las FARC-EP, desconociendo algunos de los procesos de titulación que había puesto en marcha el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) previamente. Un primer paso para construir confianza podría ser la puesta en marcha de un plan de ordenamiento territorial consistente con las realidades del territorio, el cual involucre de manera activa a las comunidades tanto en las etapas consultivas como decisorias y que parta de la buena fe de los pobladores rurales (figura 2).
La enorme desconexión entre el casco urbano y la zona rural ha limitado la posibilidad de que muchas organizaciones sociales puedan acceder al poder local y, desde ahí, gestionar asuntos de su interés. En efecto, las administraciones locales han estado al servicio de dinámicas clientelistas y controladas por candidatos de los partidos tradicionales. ¿Cómo potenciar órdenes locales para la paz en Colombia? ¿Cómo ampliar la oferta partidista y mejorar la articulación entre organizaciones sociales rurales y el Estado local?
Figura 2. Semblanza de La Macarena, según Alfredo Molano
Fuente: Alfredo Molano Bravo, El Espectador (12 de febrero de 2006, p. 16). Archivo Digital de Prensa del Cinep-PPP.
NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PAZ Y RECOMPOSICIÓN ORGANIZATIVA (2010-2017)
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010), en su estudio realizado sobre la conflictividad en el Meta, y González et al. (2016) afirman que existen en la actualidad importantes procesos organizativos y de articulación, como la Mesa Humanitaria del Meta, la Corporación de Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental (Cordepaz)—que es el programa de desarrollo y paz del departamento—, la Coordinación Mesa Meta-Llanos y el Consejo Regional de Empleo. En estos procesos y acciones por la paz han desempeñado un papel importante las organizaciones sociales, las organizaciones eclesiales—a través de sus oficinas de pastoral social—, las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos y las organizaciones de mujeres—como la Asociación el Meta con Mirada de Mujer y las Mujeres Constructoras de Paz—.
Uno de los mayores logros del territorio, según estos estudios, ha sido la creación de redes y espacios de articulación social, como la Mesa Humanitaria del Meta y Cordepaz. La Mesa Humanitaria del Meta es un escenario construido por la sociedad civil, en el que confluyen distintas iniciativas interesadas en el trabajo por el respeto de los derechos humanos, así como representantes de las comunidades de diferentes municipios. La Mesa forma actores sociales en el conocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y en la exigibilidad de estos derechos; además, impulsa la formación y el fortalecimiento de redes sociales, hace visibles las iniciativas de paz, entre otras acciones. Por su parte, Cordepaz ha sido el escenario creado para orientar los esfuerzos de construcción e implementación colectiva de un programa de desarrollo y paz para el Meta, con presencia de la institucionalidad privada y la sociedad civil y el apoyo de la cooperación internacional. En ese proceso, Cordepaz ha acompañado a 343 organizaciones sociales de base y comunitarias de dieciocho municipios en su interlocución e incidencia en políticas públicas de paz y desarrollo (González et al., 2016).
Además de estas estrategias político-organizativas, las cuales han coadyuvado al fortalecimiento y posicionamiento de las organizaciones en la región como representantes de los campesinos, sus líderes emprendieron un proceso de interlocución con sectores de la Iglesia católica y universidades e institutos experimentales del Estado, que trabajaban en alternativas agrícolas, pecuarias y tecnoproductivas apropiadas a las características del ecosistema amazónico, y empezaron a construir, ellos mismos y sus cooperativas, un modelo integral de finca campesina, el cual les permitiera tanto un uso sostenible de la tierra que cultivaban, a través del uso en sus predios de fertilizantes naturales, agua lluvia y energía solar, como aprovechar, de manera idónea y sostenible, el agua y el bosque que los rodeaban (véase la figura 3).
En la actualidad existe la Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el AMEM (Corpoamem), que es una organización social de segundo nivel, en la cual se encuentran asociadas la mayoría de las asociaciones campesinas del AMEM. En el momento de su constitución, en abril de 2013, las organizaciones campesinas representaban a 460 juntas de acción comunal del territorio. Entre las asociaciones se encuentran la Asociación Campesina de Trabajadores Agrícolas y Defensores del Medio Ambiente (Asocamtradema); la Asociación Campesina de Pequeños y Medianos Productores del Río Cafre (Agrocafre), en el municipio de Puerto Rico, departamento del Meta; la Asociación de Campesinos Productores del Bajo Ariari (Asocamproariari); la Asociación Campesina de Trabajadores de la Región del Guayabero (Ascatragua), constituida en junio de 2011; la Cooperativa de Agricultores del Guaviare (Cooagroguaviare); la Corporación de Trabajadores Campesinos Agropecuarios Ambientales de los Llanos del Yarí (Corpoayarí); la Asociación de Trabajadores Campesinos Ambientalistas de los Parques Tinigua y Macarena (Acatamu), del municipio de La Uribe; la Asociación de Campesinas y Campesinos Trabajadores del Alto Ariari (Atcari); la Asociación de Campesinos del Municipio de Vistahermosa y San Juan de Arama (Aspromacarena); la Asociación Campesina para la Agricultura Agroecológica y el Comercio Justo en la Cuenca del Río Güejar (Agrogüejar), y la Ascal-G.
Figura 3. Las asociaciones campesinas ambientales como semilleros de paz
Fuente: Corporación Grupo Semillas Colombia. Sergio Borda León, “Organización campesina y el ordenamiento de la región de La Macarena: los colonos del interfluvio Lozada-Guayabero”, (2017). Recuperado de https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/353467686e6667686b6c676668f16c6c/ ascalg-asociacin-campesina-ambiental.pdf.
Lo que se busca con esta estrategia ecológica es romper con la dependencia de la economía crematística y crear estrategias de resistencia económica más autárquicas, las cuales les permitan sobrevivir con dignidad y conservar su autonomía como campesinos en un ecosistema de selva húmeda tropical, que después de varios años han empezado a entender, manejar e incorporar a su racionalidad económico-productiva.
Joan Martínez Allier (2002) llama este proceso el ecologismo de los pobres y se refiere a este como una ideología y una práctica popular que, por un lado, busca la preservación de los recursos naturales en la esfera de la economía moral y, por otro lado, sirve como mecanismo económico que defiende la biodiversidad y hace un uso razonable de los flujos de energía y materia; se trata, de acuerdo con este autor, de una tendencia ideológica y política que se presenta como una modernidad alternativa y desconfía del llamado “progreso social y científico”, erigido sobre la lógica del costo-beneficio.
Las organizaciones campesinas de la Amazonía occidental colombiana se han caracterizado por ser perseverantes en sus luchas y recomponerse luego de los fuertes golpes que la economía de mercado y la política represiva del Estado colombiano les han propinado. Han sido prolíficos en ideas y han sabido reconfigurar en su propio beneficio las propuestas económicas que han llegado a la región, así como encontrar salidas a las encrucijadas políticas y económicas en que se han visto involucradas. Sus líderes han planteado, desde que llegaron a la región, que están construyendo la nueva Colombia, ya que la existente los ha menospreciado y segregado en términos políticos y económicos. Desde sus inicios, han tenido la idea de consolidar un modelo de desarrollo que los incluya y que ellos mismos puedan conducir (Offe, 1997).
Estrategias político-organizativas utilizadas por las organizaciones en La Macarena
Según el estudio de González et al. (2016), en La Macarena se evidencia la fortaleza de las organizaciones sociales de base; sin embargo, señala este estudio, los desafíos y riesgos que existen tanto en el interior de estas organizaciones como en el entorno en que actúan son varios. Para responder a estos retos, las organizaciones campesinas han implementado, en términos generales, varios tipos de estrategias político-organizativas:
1. Reflexión comunitaria cotidiana sobre los problemas más relevantes de la región. Esta estrategia, para expresarnos en términos de Stuart Hall (1990, 1996), ha sido un proceso permanente de construcción discursiva de identificación, en el cual las organizaciones campesinas, al tiempo que recuerdan su origen colectivo común, establecen de manera negociada los mecanismos para enfrentar sus más inmediatos problemas y diseñar sus agendas políticas y sociorganizativas.
2. Cuestionamiento permanente al Estado colombiano. Esta práctica discursiva ha estado orientada a construir su identificación como campesinos excluidos y marginados, así como a erosionar la débil legitimidad que algunos campesinos aún le otorgaban al Estado. De igual manera, pretende afianzar su identificación colectiva a partir de la diferenciación con el otro, en este caso con el Estado, considerado como un ente lesivo para sus intereses comunitarios y representante de los empresarios agrarios que los han segregado. Esta estrategia de construcción de identidad colectiva por la vía de la diferencia ha sido crucial para el empoderamiento social y político de las organizaciones campesinas.
3. Diseño y dinamización de acciones colectivas, encaminadas a la consolidación de las veredas y municipios, por la vía de la confrontación institucional y extrainstitucional al Estado colombiano. Esta estrategia política de negociación de acciones colectivas y de invención de mecanismos, para constituirse en interlocutores frente a un Estado que los ha desconocido y menospreciado, ha sido fundamental para la interpretación de las protestas y movilizaciones campesinas que han tenido lugar en el área. Entre 1984 y 1987, por ejemplo, los colonos se movilizaron para pedir el reconocimiento legal de sus posesiones de tierra en la reserva de La Macarena, la asignación de créditos y apoyos agrícolas, la construcción de una carretera, la desmilitarización de la reserva o para protestar por el asesinato de los líderes de la Unión Patriótica. Una década después, las marchas campesinas en el Ariari—en 1995 y 1996—y el bloqueo de vías de comunicación respondieron a la corrupción administrativa, el desequilibrio en las inversiones sociales en los municipios y la exigencia de que se cumplieran compromisos del Gobierno sobre construcción de escuelas, puentes y vías y el otorgamiento de incentivos agrícolas.
Según un estudio sobre el Meta y otras regiones, citado en PNUD (2010), entre 1997 y 2000 se registraron los mayores índices de acciones por la paz, mientras que en el nuevo milenio se presentó una fuerte disminución. Al respecto dice este estudio:
Las marchas y concentraciones son los tipos de acciones que predominan en la movilización por la paz en el Meta, las cuales se encuentran ligadas a un fuerte nivel de protesta social contra la violencia, el conflicto armado y la violación de los Derechos Humanos y la infracción al Derecho Internacional Humanitario. El segundo tipo de acción más importante en la región son los encuentros, foros o seminarios, relacionados algunos con situaciones de paz negativa y otros con búsqueda de alternativas para la paz y con procesos de negociación. Son también importantes los procesos de concertación ciudadana, las declaraciones de neutralidad o zona de paz. (p. 21)
4. Alianzas con organizaciones campesinas del orden nacional y con instituciones del orden internacional, con la finalidad de construir una agenda nacional de reivindicaciones sectoriales y coordinar, con otras organizaciones, acciones colectivas intersectoriales y de carácter interregional, nacional e internacional.
5. Configuración de gobernanzas híbridas. Pese al déficit estatal que caracteriza al municipio, existen múltiples modalidades de regulación social, que son precisamente las que han dado lugar a la configuración de aquello que se denominan gobernanzas o gobernabilidades híbridas (González, 2016; Péclard y Mechoulan, 2015; González et al., 2016; South, 2018), es decir, las diversas formas como la autoridad surge en contextos de conflicto como resultado de la interacción entre diferentes jurisdicciones institucionales (formales e informales), diseñadas, sostenidas y transformadas por agentes individuales y colectivos de diverso tipo (estatales, comunitarios y armados), según los recursos de poder a su disposición. González et al. (2016) consideran que, para poder comprender el lugar ocupado por estas organizaciones e indagar si son mecanismos potentes o no de gobernanza local, es necesario examinar: 1) las historias particulares de configuración de los territorios; 2) los patrones de organización y movilización de las comunidades en esos territorios; y 3) el desenlace del conflicto armado.
Apoyándonos en Sidney Tarrow (2011), se puede afirmar que las organizaciones campesinas de La Macarena, con su trabajo continuo y perseverante, han logrado consolidar y mantener un movimiento social que reúne cuatro características fundamentales:
A. Solidaridad social. Las organizaciones campesinas han impulsado el trabajo organizativo desde las veredas, donde se originaron los primeros lazos de solidaridad y nacieron los primeros procesos organizativos de la región.
B. Interacción sostenida. Las veredas, vistas como espacios socioculturales, han sido los espacios donde se tejen las redes sociales que dinamizan el futuro de la acción colectiva. En estos espacios los campesinos han construido sus procesos identitarios, se han descubierto como el producto del menosprecio del que han sido objeto por el Estado colombiano y han forjado sus interacciones sociales en la lucha por el reconocimiento y la integración socioeconómica y política.
C. Propósitos comunes. Los participantes de las marchas y protestas campesinas han estado siempre impulsados por el propósito conjunto de sustituir la producción de coca por economías locales sostenibles, las cuales les permitan a ellos y a la región conquistar una estabilidad socioeconómica y ambiental, así como una integración favorable a las dinámicas nacionales.
D. Demandas colectivas. Las organizaciones campesinas han logrado estructurar propuestas de desarrollo avaladas colectivamente, en las que, al tiempo que recogen las principales necesidades y prioridades del conjunto de la población campesina de la región, incorporan nuevas demandas que involucran a los nuevos pobladores y núcleos urbanos.
Epílogo: elementos transversales a las formas organizativas y retos etnográficos
Desde nuestra lógica interpretativa son varios los elementos transversales constitutivos de estas formas organizativas que ameritan mayor exploración etnográfica. En otros procesos investigativos hemos avanzado en mostrar la importancia de estos elementos para la investigación con organizaciones, los cuales queremos destacar aquí como necesarios de continuar abordando en la investigación sobre esta y otras zonas del país (Jaramillo, Castro y Ortiz, 2018):
Cohesión. Es necesario indagar con más densidad analítica y perspectiva veredal por la respuesta cohesiva de las organizaciones a la fractura y ruptura que produce la violencia, a los dispositivos de generación del miedo, a la intimidación y a sus consecuencias, como los asesinatos de personas miembros de su comunidad, la pérdida de bienes, el desplazamiento forzado, el despojo de territorios y el bloqueo organizativo. Existe mucho supuesto teórico en torno a que estas situaciones han sido el marco para la reafirmación comunitaria u organizativa, desde unas prácticas de identificación que les permitan construir sentidos de lo común, permanecer y pervivir.
Legitimidad. Habitualmente se considera que en estas organizaciones existe un reconocimiento intrínseco a sus decisiones y marcos de acción, probablemente en virtud de su vínculo cultural, de sus esquemas de percepción y acción compartidos, del reconocimiento del trabajo; sin embargo, explorar etnográficamente este factor resulta relevante, en la medida que permite comprender la legitimidad en los momentos de toma de decisiones trascendentales en el devenir comunitario.
Reafirmación constante. Comúnmente se asume en la literatura que estas formas organizativas cuentan con la capacidad de reconstruirse, reafirmarse, reexistir y enriquecerse continuamente frente o en la adversidad. Aun así, se debe seguir indagando sobre qué es lo que garantiza a las comunidades organizarse y responder de forma oportuna y subvertora a las necesidades internas, al contexto, y actuar frente a las contingencias críticas y a la diversidad de actores.
Autonomía. Sin mucha crítica, se concibe que estas formas organizativas tienen una capacidad para construir normas y procedimientos propios desde los que se procura la regulación soberana en el territorio; sin embargo, etnográficamente debe comprenderse cómo acontece ese escenario de articulación y disputa, incluso con otros actores comunitarios e institucionales del Estado, frente a la generación de las reglas, la construcción de una agenda política propia y la recreación de posibilidades propias, no impuestas pero sí discutidas y accionadas en distintos niveles.
Conflictividad latente. Los contextos en los que se despliegan estas formas organizativas no implican escenarios ingenuos, ideales, homogéneos y armoniosos. Así, es necesario comprender cómo construyen el disenso; la contradicción y la discordia forman parte de las bases sobre las que se construye institucionalidad comunitaria para la paz.
Movilización y puesta en escena de gramáticas de reexistencia. Se asume también que estas formas organizativas tienen capacidad de acción popular, de generación de fermento ciudadano y de múltiples repertorios de vida como maneras de contrarrestar las innumerables geografías del despojo (cotidiano, violento, epistémico, etc.); no obstante, ¿cómo ocurre esto? ¿En qué consisten estos repertorios? Estas son preguntas aún pendientes de exploración.
Perspectiva territorial y de cotidianidad. Una mirada etnográfica sobre estas formas organizativas implicaría un retorno a lo cotidiano de sus prácticas, con el fin de comprender qué pasa por el reconocimiento de los saberes otros, de las particularidades de los contextos de producción de formas de gestión.
Acción en red. También se considera que estas formas organizativas se caracterizan por potenciar los vínculos diversos a partir de la identificación de actores estratégicos, con quienes se construyen articulaciones, espacios transitorios de consenso y alianzas estratégicas que posibilitan el trabajo conjunto y la optimización de recursos; sin embargo, amerita preguntarse, desde el trabajo etnográfico, ¿qué ocurre a nivel local con esa acción en red? ¿Qué alianzas se dan en diversos ámbitos de actuación (la escuela, las iglesias, las asociaciones de productores, el consejo comunitario, las cooperativas, los colectivos de trabajo)? ¿Cómo se construyen y movilizan acciones para reaccionar y contrarrestar y no quedar en indefensión histórica?
Notas
1 Lejanías, El Castillo, Puerto Concordia y El Dorado, y, parcialmente, los municipios de Guamal, Granada, Fuentedeoro, Puerto Lleras y San Luis de Cubarral.
2 San José del Guaviare, El Retorno y Calamar.
3 Algunas de las reflexiones sobre los procesos organizativos adelantados en la región amazónica occidental, de manera particular en el departamento del Guaviare y el sur del Meta, fueron retomadas de la tesis doctoral de Henry Salgado (2012).
4 Categoría abordada desde Olarte (2019), Ojeda (2013) y Jaramillo, Berón y Victoria (2020).
