Читать книгу Las claves de seguridad del desafío migratorio actual para España y para la Unión Europea - Jesús Carlos Echeverría - Страница 5

3. Las primeras medidas de respuesta con particular

atención a España

Los primeros años de la década de los 2000 irían viendo aparecer iniciativas varias destinadas tanto a tratar de poner freno a los crecientes flujos de irregulares como a definir las raíces del problema y posibles fórmulas de solución al mismo. Y tales iniciativas no solo venían de las autoridades nacionales, sino también de organizaciones internacionales tanto gubernamentales como no gubernamentales (ONG). Destacaremos en este arranque el papel de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), nacida en 1951 y que cuenta hoy, en 2016, con 160 Estados miembros.

En 2005, Armand Roussselot, director para África Occidental y Central de la OIM, hablaba de redes de tráfico y trata operativas en Gao (Malí) y Agadez (Níger), y de unas bolsas de 30 000 individuos en espera para dar el salto a Europa a través de España, y ello aparte de cifrar en 10 000 los marroquíes y en 20 000 los argelinos en idéntica situación. En aquel año y en el Sahel más de 5 millones de personas estaban en peligro de morir de hambre, la mayoría de ellos en Malí, Níger, Mauritania y Burkina Faso. Son estas cifras crudas que sorprenden a Europa ya a mediados de la pasada década, cuando la UE acababa de celebrar su mayor ampliación de la historia —con diez nuevos socios desde 2004— y que veía la emergencia de guerras en su vecindario, pero aún estas no tenían una incidencia directa, y, por tanto, preocupante, en el devenir comunitario.

La presión migratoria irregular vivida en España desde fines de los noventa y principios de los 2000 había llevado a reforzar las fronteras y los instrumentos para garantizar tal refuerzo, y a tratar de consolidar la cooperación con los vecinos, particularmente con Marruecos, Marruecos, que negociaba desde abril de 2003 un acuerdo de readmisión con la UE, hacía pública la detención a lo largo de dicho año de 23.851 irregulares subsaharianos, la mayoría procedentes de Guinea Conakry, Malí, Nigeria y Sierra Leona. En 2004 se lanzaban las patrullas mixtas Guardia Civil Española-Gendarmería Real Marroquí mientras se iba ampliando el refuerzo de las costas meridionales de la península extendiendo el esfuerzo al Archipiélago Canario. El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) se consolidaría en Málaga, ampliándose a Granada desde diciembre de 2004 y luego llegaría a Canarias, arrancando en Fuerteventura y extendiéndose a Lanzarote. El esfuerzo español para cooperar con países terceros para controlar los flujos de inmigración irregular se extendían en aquellos momentos también a otros países, y en diciembre de 2004 España cedía la patrullera «Javier Quiroga» a Túnez para reforzar los medios del país magrebí.

Pero si alguna conclusión podemos extraer de lo dicho hasta ahora es que, en aquellos tiempos no tan lejanos, el desafío de los crecientes flujos de migrantes irregulares que llegaban a territorio europeo recibía una respuesta de la mano del país de llegada que procuraba controlar la situación lo mejor que podía, pero que pronto intentó contar también con otros socios de la UE y con esta como tal.

La presión desde el Magreb y desde África Subsahariana no dejaría ya de intensificarse desde mediados de la pasada década, siendo particularmente visible en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Ceuta, frente a 30 irregulares detenidos entre enero y agosto de 2004, serían 135 los detenidos en el mismo período de 2005. En Melilla, entre enero y agosto de 2005 hasta 10 936 personas trataron de saltar la valla.

En España el Consejo de Ministros aprobaba el 21 de octubre de 2005 el nombramiento de Jesús Atienza Serna como embajador en Misión Especial para Asuntos Migratorios y autorizaba la firma del Acuerdo de Readmisión con Ghana, a añadir a los ya firmados con Marruecos, Argelia, Nigeria y Guinea Bissau.[1]

Para entonces la UE ya había creado su Agencia de Control de las Fronteras Exteriores (FRONTEX), en buena medida por la presión de España, dada la envergadura que estaba adquiriendo el desafío para este país, uno de los garantes de la frontera exterior de la UE, y dicha envergadura iba a hacerse particularmente visible en el Atlántico oriental. Como España y Marruecos habían redoblado sus esfuerzos contra el incremento de la emigración irregular, habían empezado a abrirse autopistas marítimas con inicio en Mauritania o Senegal. La ubicación de Nuadibú, a 800 kilómetros de las costas canarias, permitía en 5 o 6 días de navegación en cayuco un acceso relativamente sencillo a suelo europeo. Es por ello que en 2006 llegaron 31 678 irregulares a Canarias del total de 39 180 que llegaron en total a España.[2]

El 29 de septiembre de 2006 se reunieron en Madrid los ministros de Asuntos Exteriores y de Interior de la UE para tratar de profundizar en un debate propiamente europeo del desafío. Días después, el Consejo JAI celebrado en Luxemburgo el 5 y 6 de octubre aprobaba entre sus Conclusiones el refuerzo de la frontera exterior marítima meridional. Ya en junio de 2007 se crearía la Red Europea de Patrullas para potenciar la cooperación entre los Estados miembros en materia de vigilancia marítima.[3] Tales esfuerzos, tanto nacionales como multinacionales empezarían pronto a dar sus frutos.

Si en 2007 habían arribado a Canarias 32 000 irregulares, llegados en cayucos y en pesqueros, la cantidad cayó a menos de 200 en 2010, y ninguno llegó, por ejemplo, de Senegal. En 2012 llegaron 170, todos ellos procedentes de Marruecos. El esfuerzo multidimensional acometido por España, que había permitido reducir drásticamente las cifras hasta los 108 cayucos llegados desde Mauritania a Canarias en 2008, se reflejó en una cooperación con los países de tránsito (Senegal, Marruecos y Mauritania) que incluyó patrullas mixtas y la puesta en pie del sofisticado sistema de radares del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).[4] Cabe destacarse que dichos patrullajes en aguas territoriales de Senegal y en la Zona Contigua de Mauritania se apoyan jurídicamente en los acuerdos de cooperación administrativa firmados por España con ambos países africanos.[5]

Esta colaboración entre los países de destino y los de origen y/o de tránsito de los flujos migratorios —que hemos visto en términos prácticos entre España y algunos países del África Noroccidental— sería animada en términos institucionales por el Consejo Europeo celebrado en los días 15 y 16 de octubre de 2008. Aprobaba la cumbre europea el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, cuyo objetivo prioritario era alimentar la colaboración global con los países de origen y de tránsito que favoreciese las sinergias entre la migración y el desarrollo. Tal cooperación llega hasta hoy, en pleno 2017, y las tendencias migratorias en el continente africano dejan cada día claro que será preciso seguir manteniéndola en el futuro.

[1] Se estaban negociando acuerdos similares con Malí, Guinea Conakry, Gambia y Camerún.

[2] Peregil, F. (2015). Así se detuvo el éxodo de migrantes en cayucos desde África Occidental, El País, 15 de septiembre de 2015. [disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/09/15/actualidad/1442308752_629804.html]

[3] Ruiz González, F. J. (2014). El papel de España en la seguridad marítima del Mediterráneo Occidental, Madrid, Fundación Alternativas-Documento de Trabajo OPEX, n.º 76, p. 155.

[4] What other Europeans can learn from Spanish efforts to limit illegal migration, The Economist, 17 de octubre de 2015.

[5] Ruiz González, F. J. (2014), op. cit., p. 156.