Читать книгу La crisis de las AFP: poder y malestar previsional - Julián Cárdenas - Страница 10

Capítulo 1.

La reforma del sistema de pensiones: del estatismo al privatismo

A comienzos de los años 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), se cambió el paradigma previsional estatal por uno mixto, donde el «pilar privado» constituyó la principal innovación. Perú fue el segundo país del mundo —después de Chile e inspirado por él— en privatizar las pensiones y sumarse a una tendencia internacional de reformas neoliberales de mercado. Los promotores prometían una «vejez digna», una «vejez con esperanza», ante «el fracaso» de los sistemas estatales, agobiados en ese momento por la terrible crisis recesivo-inflacionaria de la década de 1980.

Los cambios fueron profundos, pero no totales. A diferencia de Chile, el reformado sistema peruano contaba todavía con un pilar estatal (Organismo Nacional de Pensiones - ONP), lo que genera una situación de competencia con el SPP. Esa fue una decisión política, tal como el hecho de que la reforma previsional fue aprobada como decreto ley, sin diálogo social ni sustento técnico. Fue preparada, en coordinación con los inversionistas futuros, en un Ministerio de Economía y Finanzas - MEF dirigido por tecnócratas y fortalecido por las reformas de mercado externamente recomendadas. Por lo tanto, es necesario introducir las variables políticas y los juegos de poder para entender tanto el origen como el desarrollo del SPP.

Desde ese ángulo de mira, planteamos la hipótesis de que esta gran reforma fue resultado de las influencias de los organismos financieros internacionales (OFI) y el poder financiero internacional privado que, abrazando la ideología neoliberal, presentaban la privatización como una mejor alternativa para el pensionista ante la crisis fiscal del Estado peruano de comienzos de los 1990 que lo deslegitimaba.

El Banco Mundial (1994) —el principal auspiciador— sostenía que la privatización permitía asegurar una pensión digna para contar con un «envejecimiento sin crisis», debido a estar asegurada por la eficiencia del sector privado y la superación de los problemas fiscales e institucionales que plagaban al Estado. Además, afirmaban que tenía un beneficio complementario al incentivar el mercado de capitales nacional.

Luego de un debate —que se inició apenas Fujimori tomó el poder —, la reforma previsional fue prácticamente silenciada con el cierre del Congreso a partir del golpe presidencial de abril de 1992. La reforma, por tanto, nació en un contexto de supresión del «diálogo social», es decir, sin buscar consenso, debido a que los afectados (pensionistas) y los interesados (expertos, instituciones estatales, sindicatos) no pudieron participar en la toma de decisiones.

En esa situación de concentración autoritaria de poderes, el Ejecutivo impuso un nuevo sistema previsional mediante un decreto ley. En este contexto, las élites del poder nacionales e internacionales diseñaron la reforma según su visión y sus intereses.

Cabe hacer un breve análisis comparativo. La reforma peruana fue bastante similar a la reforma del gobierno de Pinochet en Chile de 1982 e imitó muchos de sus aspectos, pero con algunas diferencias importantes, pues el Perú mantuvo una pensión estatal. La comparación permite explicar por qué. A diferencia de Pinochet, su émulo Fujimori estaba en una situación más precaria y no podía ignorar las presiones del Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS ni las expectativas de los pensionistas que preferían el sistema estatal. En ese clima y en ese suelo creció el árbol de la reforma privatizadora de pensiones, acompañada por un pilar estatal contributivo —ONP— que representaba una competencia que debían neutralizar para que el pensionista optara por el SPP. Para ello, se requería ayuda del Estado. Como se puede apreciar, tanto el origen de la reforma como su trayectoria estuvieron marcados por factores y situaciones de poder (influencias, intereses), incluyendo el debate técnico de cómo diseñarla de manera coherente o cómo mejorarla una vez creada1.

En este trabajo optamos por llenar este vacío y superar la visión económica y técnica de la reforma. Usamos un enfoque de poder, lo que nos lleva a remarcar un hecho central que escapa a muchas de las evaluaciones técnicas y económicas para explicar la trayectoria —y limitaciones— del SPP. Nos referimos a una serie de cambios en la estructura del poder económico y modificaciones institucionales que fueron producto de la reforma —o, mejor dicho, de las fuerzas que la impulsaron tanto política como técnicamente, con predominio de lo primero—.

Apenas se supo de la intención de privatizar las pensiones, se generó un gran interés entre los inversionistas financieros internacionales y nacionales, los futuros administradores de las pensiones privatizadas. Una vez aprobada la reforma —y gracias a ella— nació un nuevo grupo de poder económico (las AFP) y se generó una serie de cambios. Este nuevo grupo de presión contaba con un poder estructural creciente a medida que acumulaba más fondos de los pensionistas: tenía poderosos aliados (los grandes medios de comunicación de masas, partidos y líderes «pro libre mercado»), operaba con un nuevo organismo regulatorio (la Supervisora del Fondo de Pensiones Privados) y se organizaba en un nuevo gremio empresarial (la Asociación de AFP - AAFP). La reforma modificó, por tanto, la estructura misma de poder al fortalecer el capital financiero privado y modificar el sistema de representación de intereses.

Sobre estos cambios, y tomando en cuenta la trayectoria de las AFP y del sistema previsional (cómo creció este árbol), cabe preguntarse:

1 ¿Cómo se originó este cambio?

2 ¿Qué tipo de sistema pensionario se originó y cómo ello determinó un camino (path dependency)?

3 ¿Por qué se mantuvo el pilar estatal junto a uno privado para los trabajadores formales, pero sin un pilar social universal fuerte?

4 ¿Cuán grande y creciente fue el poder estructural de las AFP?

5 ¿Cuán importantes fueron sus inversiones en el mercado para las grandes empresas, las empresas más rentables y el Estado?

6 ¿Qué dinámica política se desató a partir de la constitución de este nuevo grupo de poder cuando se organizó gremialmente y actuó para ejercer influencia?

7 ¿Cómo fueron reaccionando los pensionistas y sus defensores? ¿Qué efectividad política tuvieron y en qué contextos aumentó su efectividad?

8 ¿Cuál es el estado del SPP al año 2020? ¿Qué méritos y limitaciones muestra?

9 ¿Cuál es el efecto de las reformas introducidas en la pandemia en las AFP? ¿Cómo reaccionaron y hasta qué punto las moderaron las AFP y sus aliados en este contexto inusual?

Para responder a estas preguntas —aunque solo sea tentativamente, dadas las limitaciones de tiempo y recursos—, empezamos presentando el marco teórico-metodológico.

Nos apoyamos en dos enfoques teóricos: (i) la teoría del poder de negocios o business power aplicada a las corporaciones financieras modernas, y (ii) la teoría de captura del Estado por las corporaciones. Metodológicamente, utilizamos al «análisis de trazado de procesos» sobre la base de la identificación de los principales actores, operando en una coyuntura determinada que obliga a introducir cambios en el SPP. En cuanto a la forma de identificar y sopesar el poder estructural, político y social de las AFP, recurrimos al análisis de redes. Esa metodología también se usa para estudiar las propuestas de ley del Congreso con respecto al sistema pensionario e identificar a los actores parlamentarios.

Teoría del poder empresarial

Para entender la proyección de grandes empresas —como las AFP— a la política, nos apoyamos en dos escuelas. La primera especifica los factores y circunstancias que hacen de la corporación moderna un actor con múltiples poderes, presencia económica y capacidades políticas e ideológicas que se despliegan en todos los niveles: global, nacional y local. La segunda explica las circunstancias que facilitan la proyección de las corporaciones con ventaja en el Estado —y los mecanismos para capturarlo— al punto de «dictar» o «comprar» leyes, vetarlas, o moldearlas cuando no las logran vetar. Ambas teorías se refuerzan al tomar en cuenta la ascendencia y el peso del poder financiero internacional, de los cuales las AFP forman parte.

Empezamos con la teoría del poder de negocios (business power) para entender a las AFP como un poder fáctico. Esta teoría sostiene que, tanto en el ámbito global como en el nacional, las corporaciones se han convertido en un actor de enorme y creciente influencia. Esta mayor influencia es resultado de su poder estructural (económico o de mercado), del uso repetido de un poder instrumental (político, que puede ejercerse individual, sectorial o colectivamente), y del desarrollo de un poder discursivo ligado al instrumental que presenta a las corporaciones privadas como un actor indispensable para el crecimiento eficiente, honesto, de probado éxito y «buen ciudadano»); es decir, legítimo (Fuchs & Lederer, 2007; Fairfield, 2010).

Este poder tridimensional (estructural, instrumental y discursivo) hace que las corporaciones globales, continentales y nacionales (según sus áreas de influencia) puedan proyectarse de tal manera a la política (estatal, partidaria y gremial) que logren influir en la dirección y manejo, no solo en los estados nacionales, sino incluso en organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Fuchs, 2007). Esta influencia les permite contar con sistemas legales, reformas económicas, privilegios y ventajas para mantener o expandir su poder —así como defenderse mejor cuando se intentan reformas—, prevaleciendo sobre otros actores.

Al ser las AFP parte del ascendente poder financiero por concentrar e invertir tan grandes fondos, y al contar con redes económicas y sociales (interlocking directorates, redes sociales elitistas), poseen un poder particularmente fuerte, multidimensional, creciente y notorio. Esta condición la define como un poder fáctico, un actor permanente e influyente en la economía y la política que el Estado y la sociedad civil debe necesariamente tener en cuenta.

El gran poder de las AFP —cabe remarcar— será mayor mientras más crezca y se concentre. Esta «ley del poder» es propia de la manera en que opera el capitalismo en los países que adoptan el SPP —y del propio sistema capitalista, de las llamadas «democracias de mercado»—, en tanto los fondos crecen a medida que aumenta el número de aportantes y, gracias a ello, se traduce obligadamente en una importante compra de acciones y valores.

Ciertamente, los poderes corporativos privados pueden operar con más facilidad según el contexto institucional donde actúen —además de decidir qué mecanismos de influencia usar, según su experiencia les indique—, al manejarse en un determinado sistema político.

Captura económica del Estado

La teoría de la captura económica del Estado sostiene que el poder corporativo es mayor, no solo por la concentración económica, sino porque este actor opera con más facilidad y ventaja, a medida que los sistemas políticos sean más porosos (penetrables) y corruptos (comprables), cuando el Estado recurre a formas decretistas de dictado de políticas económicas, con funcionarios o congresistas dispuestos a relacionarse con el gran poder económico, a lo que se añade la existencia de sociedades civiles débiles y poco organizadas (Omelyanchuk, 2001; Fuentes-Knight, 2016).

Esta situación contextual e institucional crea una gran desigualdad política (de acceso e influencia), condiciones se dan en países como América Latina y Europa Central. Precisamente fue en estas dos regiones donde se desarrollaron sin mayor debate social los SPP, en un contexto de fuertes influencias externas de los promotores. Entre 1981 y 2014, treinta países privatizaron sus pensiones: catorce en América Latina, catorce en Europa Central y dos en el África. El modelo privatista, sintomáticamente, no se aplicó a ningún país «desarrollado» (Ortiz et al., 2019, p. iii). Ahora bien, aunque existen elementos situacionales heredados, no se debe concluir que la debilidad del Estado y la sociedad civil son factores que aparecieron cuando entraron en escena las AFP. En realidad, las políticas neoliberales contribuyeron sobremanera a acentuar y mantener estas condiciones.

Este contexto de captura permite a estos gigantes corporativos fortalecer su poder estructural y obtener una mayor influencia política e ideológica. Esta alta influencia (que complementa su poder estructural) se desarrolla rápidamente a través de un proceso de ensayo y error. Como todo grupo social (por ejemplo, obreros, pequeños empresarios), los dueños y gerentes de las AFP entran a un aprendizaje en juegos repetidos gobierno a gobierno. Si se quiere «capturar» (penetrar, cooptar, instrumentar) organismos públicos, las AFP (que no son muchas, pero sí muy poderosas) movilizan un conjunto de instrumentos y redes de influencia repetidamente, como el lobby, la puerta giratoria, la financiación electoral y las campañas mediáticas. Así, actúan organizadamente en todo el ciclo político a partir de las elecciones, utilizando secuencialmente los mecanismos de influencia apropiados para cada momento (Fairfield, 2010; Cortez & Ytriago, 2018; Durand, 2020).

En paralelo, la ideología liberal disemina la noción de que los inversionistas deben tener una relación privilegiada con el Estado como generadores de riqueza y que la forma privada de propiedad y gestión es superior en todos los campos, incluso en los servicios públicos. Esta diseminación de ideas-fuerza es particularmente visible en el caso de las AFP, por ser nuevos poderes económico-financieros y por manejar las pensiones de los trabajadores.

En suma, los dueños y gerentes de las AFP, mayormente de origen social elitista, operan en redes exclusivas económicas y sociales y cuentan con numerosos asesores y consultores pagados, aprenden pronto a organizar la captura del Estado, y en particular los órganos regulatorios y otras instancias claves para mantener y ampliar sus niveles de lucro (bancos centrales, ministerios de Economía y Finanzas). Las AFP como entidades individuales —y su gremio como entidad colectiva— logran rápidamente utilizar con ventaja la «puerta giratoria» para penetrar al Estado, donde las corporaciones colocan personal empresarial en el Estado o contratan a funcionarios públicos (Castellani, 2018). Gracias a este y otros mecanismos de influencia para realizar gestiones e influir en las normas y sus aplicaciones (o vetarlas, si fuese necesario), logran influencia y obtienen privilegios y ventajas.

En palabras de Ruiz, referidas a las AFP chilenas (caso muy parecido al peruano), el resultado de su proyección política lo define como la «colonización empresarial sobre la política» (2020). Uno de los mecanismos más visibles y efectivos el uso de la «puerta giratoria» (Bril-Mascarenhas & Mallet, 2019, p. 15; Ruiz, 2020, p. 96).

El hecho de que los dueños de las AFP —así como sus gerentes y directores— provengan de la élite social de cada país, que son educados en universidades privadas y luego formados en MBA globales pro corporativos, refuerza su poder debido a que cuentan con conexiones personales y un mundo social de relaciones que proviene de su circulación en los circuitos exclusivos de las familias más influyentes y ricas. Al mismo tiempo, al tener presencia las cabezas de las AFP en los directorios de otras grandes empresas, se apoyan en estas conexiones para ejercer mayor y mejor influencia.

Recordemos que su poder y su tendencia a la concentración es el resultado tanto de las políticas de Estado para adoptar la reforma del sistema de pensiones privatizándolas como de una regulación permisiva (Arce, 2006, p. 28). Esta tendencia a la concentración —como hemos señalado rápidamente líneas arriba— es propia de todos o de la gran mayoría de pensiones privadas en América Latina y Europa Central, donde el sistema mismo y sus influencias aseguran altas ganancias. Esto permite disponer de más recursos para invertir en política y diseminación de ideas. Según un estudio de la OIT: «la privatización «[…] ha contribuido a la concentración del poder económico en manos de las empresas financieras internacionales [generando] altos niveles de beneficio» (Ortiz et al., 2019, p. 20).

Las AFP requieren consenso y legitimidad para seguir colocando una parte del salario de los trabajadores en el sistema financiero (Undurraga, 2012, p. 96; Mallet, 2015, p. 4) y de esa manera obtener grandes ganancias. También necesitan cierta invisibilidad para que tamaño, poder e influencia no se noten demasiado, es decir, seguir siendo un iceberg que tiene gran parte de su masa escondida bajo la línea de flotación (Pierson, citado por Bril-Mascarenhas & Mallet, 2019, p. 4). Su influencia ideológica se canaliza con más fuerza que otros capitales a través de la publicidad y los grandes medios de comunicación, donde están obligados a invertir para atraer pensionistas dentro de la limitada competencia entre las AFP y, al mismo tiempo, son actores importantes de los llamados circuitos culturales del capitalismo (Thrift, 2005; Undurraga, 2012).

El poder corporativo-financiero de las socialmente conectadas AFP tiene, ciertamente, algunos contrapesos y limitaciones, así como obligaciones. No se trata de un demiurgo. Políticamente, enfrentan fuerzas de oposición, sobre todo cuando pierden legitimidad. No se debe suponer, entonces, que sean omnímodas, pero sí entender que su poder ha crecido exponencialmente al mismo tiempo que se han debilitado actores claves que pueden ejercer contrapesos, como el Estado, los sindicatos, los usuarios (en este caso pensionistas) y las organizaciones de la sociedad civil.

Esta creciente asimetría facilita la captura del Estado y genera en paralelo una situación contradictoria: la acumulación de poder les permite un mejor manejo político para mantener, afirmar o acrecentar su poder económico-administrativo. Al mismo, tiempo, a medida que las limitaciones o sobrecostos de su manejo se hacen evidentes —sobre todo por tratarse de un «capitalismo de servicio público»—, surgen cuestionamientos, demandas y hasta protestas, condenas a la captura, así como propuestas de reformas que incluyen la eliminación del SPP.

Poder financiero global

Para aplicar adecuadamente la teoría del poder tridimensional de las corporaciones —y la teoría de captura del Estado a las AFP—, debemos tener en cuenta la evolución del capital financiero internacional del cual forman parte.

Las AFP surgieron en un periodo de hegemonía creciente del gran capital financiero en un nivel global, tendencia reflejada claramente en América Latina y en el Perú, un país tan integrado a la globalización y tan influido por las corporaciones que predominan en su economía. En efecto, desde 1980 hasta la fecha ha ocurrido una transformación al interior del núcleo capitalista global por la cual, gracias a la mayor libertad de movimiento de capitales y a la menor regulación nacional (promovidas por los neoliberales al ocupar posiciones de poder en los Estados y los organismos internacionales), el capital financiero crece de manera exponencial. Es tal su presencia y predominio que se habla de la «financiarización» de la economía mundial (Chesnai, 2001). Complementariamente, el capital financiero ha entrado en una fase de crecimiento vía fusiones y adquisiciones que aumentan su poder estructural (de Sousa Barros, Cárdenas & Mendes Da Silva, 2021).

En el caso de Estados Unidos —para poner un ejemplo importante—, hubo un cambio entre las cien corporaciones más grandes: en el periodo 2007-2013 las financieras se convirtieron en las más rentables, desplazando al capital manufacturero y creciendo incluso más que el capital tecnológico o high tech (Schwartz, 2020). Schwartz sostiene que ello explica en buena parte el declive de los Estados Unidos, lo que sugiere que el capital financiero ha perdido su identificación nacional por el hecho de que sus ganancias son globales y lo que busca es sostener las políticas y los regímenes que la sustentan (tanto la economía política internacional como la nacional, que la homogenizan en su favor), olvidando lo que sucede en el plano nacional.

Los inversionistas institucionales son un buen ejemplo de «desprendimiento» nacional si se aprecia su lógica de acumulación y de colocación de fondos: no tienen identificación nacional o social. Lo nacional es tan solo un espacio donde consiguen los fondos y se les autoriza a operar con la mayor libertad posible. Este «internacionalismo» financiero con grandes libertades operativas, y su consiguiente desprendimiento de lo social/nacional, facilita sus ganancias, al mismo tiempo que contribuye a su pérdida de legitimidad. Por lo mismo, deben desarrollar e invertir más en imagen y defender su reputación cuando son criticados. Los inversionistas institucionales sostienen y difunden el mito de la eficiencia y la honestidad, que sirve como argumento para privatizar las pensiones y rechazar al Estado. Además, afirman, difunden y repiten que tienen «responsabilidad social». Gracias a sus altas ganancias, el gran capital financiero invierte en programas sociales privados y en actividades filantrópicas, aunque al mismo tiempo exigen menos impuestos (Reich 2020, pp. 25-26). De nuestra parte, añadimos que generan normas que les permiten recargos automáticos y sanciones a los usuarios, mecanismos que se usan masivamente en cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, y también, como veremos más adelante, en las cuentas de los pensionistas.

El gran capital financiero y los inversionistas institucionales terminan siendo los principales poseedores de las acciones de las bolsas de valores globales (Useem, 2015). Los money managers manejan grandes sumas de dinero en el mercado, con capitales que provienen de pensionistas o ahorristas, comprando y vendiendo acciones en la bolsa y otros valores, como bonos corporativos y certificados de depósito. Son también importantes compradores de bonos estatales, acentuando la dependencia del Estado sobre el capital. Los money managers son contratados por los inversionistas institucionales para competir en la búsqueda incesante del lucro, contando con una gran liquidez de modo de obtener «plusvalías bursátiles modificando sus apuestas, comprando o vendiendo tal o cual paquete de acciones en cualquier momento» (Chesnai, citado por Ruiz, 2019, pp. 59-60)2.

En suma, y para cerrar este punto, la teoría del business power y la captura del Estado aplicada al gran capital financiero y las AFP nos lleva a analizar:

1 Cómo se formó ese stock de capital de las AFP, cómo aumenta y se invierte y qué consecuencias económicas y políticas genera este creciente poder estructural.

2 Cómo se traduce su creciente poder económico en acceso e influencia política sobre los Estados, generando una «gobernanza» que defienda sus intereses y les permita seguir operando en los mercados financieros con la mayor libertad posible y evitando hasta donde puedan que ese fondo se reduzca con «devoluciones» a los pensionistas o que se desarrollen regulaciones fuertes. Deben aprender (agencia) a enfrentar los retos, no solo por ser grandes poderes privados privilegiados sino por manejar el dinero de otros.

3 Cómo se genera un discurso para influir positivamente sobre pensionistas, políticos, tecnócratas, votantes, periodistas y líderes de opinión.

Metodología: actores y procesos

Se requiere analizar dinámicamente el enfoque de poder empresarial de las AFP y la situación de captura del Estado. Así, el proceso debe ser «trazado», tarea que logramos apoyándonos en la metodología de process tracing analysis (Gerring, 2007; Collier, 2011). Gracias a ella podemos estimar, dentro de un contexto determinado (Perú, 2020-2021), cómo y con qué efectividad actúan las poderosas AFP en un contexto incierto acentuado por la pandemia. La COVID-19 ha generado necesidades económicas que, al ser recogidas por los políticos, rompieron su estrategia de «dique», de contención de las demandas de cambio.

En esta dinámica, los principales actores políticos que se ubican en este tiempo y espacio son el Ejecutivo y el Legislativo con sus partidos —cada uno por su lado—, con tendencia no solo a diferenciarse sino a chocar en la medida en que existe gobierno dividido y la imposibilidad de conciliar o armar alianzas entre los dos poderes.

Del lado de la clase empresarial están las AFP y sus aliados, donde destacan los grandes medios de comunicación de masas. En esta coyuntura, las AFP intentan una defensa de sus intereses, tratando —ya que no pueden frenar las reformas al SPP— de demorar y disminuir el efecto negativo de estas propuestas a su manejo de los fondos y a sus fuentes de lucro excesivo.

Los pensionistas del sistema privado son un actor poco organizado, pero expectante, debido a que esperan que «les devuelvan su dinero». Actúan más como «opinión pública» que como actores organizados, y los políticos «traducen» sus intereses y presentan proyectos legislativos.

La situación política en la cual se mueven estos actores es peculiar por dos razones. Primero, esta dinámica ocurre al final de un periodo de gobierno, en un momento en que se ha nombrado un nuevo Congreso que, apenas conformado, toma iniciativas de varios partidos para la devolución de pensiones, e incluso propone la reforma de todo el sistema previsional. Segundo, porque la aparición de la pandemia tiene efectos negativos sociales inmediatos en la caída de los ingresos.

Por tanto, intentamos trazar el juego de poder en torno a las pensiones, que la pandemia coloca como una cuestión prioritaria en la agenda nacional, a partir del seguimiento de los actores para determinar cómo interactúan frente a circunstancias exigentes. Para ello, identificamos los principales eventos que han ocurrido durante la pandemia en una línea de tiempo que permite ver cuándo se toman decisiones y quiénes inciden en ella. De esa manera, al observar los resultados del juego de poder para las AFP, podremos estimar en concreto los factores y circunstancias que determinan sus niveles de influencia y los límites de esta. Al comparar este periodo con los anteriores, vemos si han sido más o menos efectivos, como actores elitistas que son, intentando explicar por qué.

En cuanto a las redes —importante elemento de interconexión y cohesión sociocultural y económica de las AFP—, nos apoyamos en el Social Network Analysis (SNA) para determinar y graficar las relaciones entre inversionistas, analizando los nodos que surgen de las inversiones cruzadas entre las AFP (Cárdenas, 2020), y de las AFP con los principales grupos de poder latinoamericanos y el capital financiero internacional. Asimismo, observamos la trayectoria educativa y laboral del grupo directivo de las AFP para determinar su pertenencia a las élites peruanas.

1 En ese sentido, llama la atención que la mayor parte de los estudios se concentre en la evaluación técnica y propuestas de reforma sin considerar un enfoque político de poder.

2 Con este enfoque podemos identificar tres élites empresariales: los inversionistas dueños de las acciones, los gerentes de las AFP y los directores.