Читать книгу Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos - Luis Daniel Vázquez Valencia - Страница 6

Introducción

Origen y objetivos de la investigación

En el transcurso del siglo xx se han desarrollado fuertes poderes fácticos que violan derechos humanos. Ya sean grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia; pandillas como la Mara Salvatrucha en El Salvador, Guatemala y Honduras; empresas dedicadas a la minería, la energía eólica o la hídrica que pasan por encima de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas para implementar sus proyectos económicos; compañías en general que violentan de forma directa los derechos laborales de sus trabajadores en toda América Latina, y, de forma muy preocupante, las bandas del crimen organizado que son cada vez más violentas y que incrementan cada vez más su capacidad de control territorial. Estas últimas cobran mucho interés para el caso de México, en especial cuando se alían con la clase política y conforman redes de macrocriminalidad que capturan al Estado. En este tenor, los tres principales objetivos del texto son:

1) Analizar la formación de redes de macrocriminalidad integradas por estructuras empresariales, criminales y políticas.

2) Investigar de qué manera estas redes logran capturar al Estado.

3) Reflexionar sobre cómo podemos desmantelar esas redes y descapturar al Estado.

Uno de los aspectos centrales de esta investigación es observar la interacción entre estos poderes fácticos y el gobierno en el proceso que genera la violación a los derechos humanos, y el análisis se puede hacer en dos momentos: al realizarse la violación de los derechos humanos y después de que suceda. Para entender esta diferencia temporal vale la pena recuperar una de las cuatro obligaciones generales en materia de derechos humanos, a saber: respetar, garantizar, proteger y promover los derechos. La obligación que más nos interesa destacar es la de proteger. Se eligió esta obligación en especial porque, de forma técnico-jurídica, los particulares no violentan los derechos humanos.[1] Por su construcción empírica y teórica, se ha reconocido al Estado —a cualquier representante gubernamental en el ejercicio de sus funciones— como único violador de estos derechos. Bajo esta lógica, desde el policía municipal del rincón más alejado hasta el presidente de un país pueden violar derechos humanos, pero no los actores privados mencionados.

Sin embargo, la obligación de protección de los derechos de las personas supone que el Estado debe prevenir las violaciones a derechos por parte tanto de particulares como de órganos estatales, así como tener mecanismos reforzados de protección cuando haya un riesgo real e inminente de que una persona o grupo en particular pueda sufrir una violación a sus derechos. Así, por ejemplo, el asesinato de una persona por una pandilla criminal o de varios integrantes de una comunidad indígena por una empresa minera no es —de forma directa— una violación a derechos humanos por parte del Estado, salvo que se hubieran tenido elementos previos para saber que existía el riesgo real e inminente de que esos homicidios sucedieran.

Demos otra vuelta de tuerca y profundicemos en la explicación. El problema que actualmente se observa en México es que no se trata del crimen organizado actuando solo, sino en connivencia con otros actores, y algunos pueden ser estatales. Esto sucede, por ejemplo, cuando el crimen organizado controla a la policía municipal. Dicho cuerpo policiaco detiene a una persona, pero en lugar de presentarla ante el juez cívico o el fiscal correspondiente, la lleva a una casa particular donde está la base del grupo criminal que domina la zona. Se tiene entonces a un cuerpo policiaco estatal capturado desarrollando actividades para el crimen organizado y violando derechos humanos en este proceso. En resumen, lo que se observa es la existencia de estructuras crimi­nales, estatales y empresariales que colaboran para violar derechos humanos. A la actuación conjunta de estas tres estructuras la llamamos redes de macrocriminalidad. Aquí la violación de derechos humanos toma un rumbo distinto, porque ya hay actores estatales involucrados por lo que se puede generar, de forma directa, la responsabilidad en materia de derechos humanos.

Vayamos a la segunda parte de la obligación de proteger los derechos humanos. Si la violación se produce, el Estado debe investigarla, sancionar a los perpetradores tanto materiales como intelectuales y reparar integralmente a las víctimas. Sin embargo, en la medida en que las redes de macrocriminalidad incluyen actores estatales, hay una demanda explícita de impunidad, y cuando el gobierno municipal, estatal o federal reacciona a las necesidades y requerimientos de esas redes de macrocriminalidad, estaremos frente a la captura estatal. Este es el principal problema, lo que comienza a ser un patrón es que el Estado no cumple con las tareas básicas de seguridad y justicia porque se encuentra capturado; por lo que las violaciones graves a derechos humanos se mantienen en la impunidad.

El propósito de esta investigación es dilucidar cuál es la interacción que se da entre los poderes fácticos y los órganos estatales en la planificación y ejecución de las violaciones a los derechos humanos. A partir de esta pregunta principal, hay varios objetivos específicos que se pueden observar en estas preguntas secundarias:

 ¿Qué son los poderes fácticos? Existe toda una tradición de estudio de la incidencia de los poderes fácticos en las decisiones políticas vinculantes. ¿Este marco conceptual nos permite dar cuenta de las interacciones entre el Estado y los poderes fácticos para violar derechos humanos? ¿Para qué nos puede servir esta aproximación teórica y dónde están hoy sus principales limitaciones? Desarrollamos el análisis de lo que entendemos por el Estado como la teoría de los poderes fácticos en el capítulo 1.

 ¿Cuándo estamos frente a una red de dos o más poderes fácticos? Se puede dar el caso de que exista una relación entre una poderosa empresa minera y un gobierno municipal para violar los derechos de una comunidad indígena que se opone a la implementación de un proyecto económico en su territorio. Ahí el marco de los poderes fácticos puede ser útil. Pero si a esa interacción le sumamos las siguientes situaciones: un grupo del crimen organizado que da protección a la empresa y comete homicidios y desaparece personas; diversificamos los objetivos de la empresa minera para operar diferentes proyectos en una entidad federativa en distintas áreas del extractivismo; se multiplican los objetivos del crimen organizado en protección de la empresa a secuestros, extorsiones y distribución de drogas; se suman empresas que permiten lavar el dinero proveniente de la economía ilegal, y se agrega también al gobierno estatal que ofrece facilidades e impunidad tanto a las empresas como al crimen organizado a cambio de mantener ciertos límites en los municipios que gobierna, mayor violencia en los municipios gobernados por la oposición, y financiamiento ilegal para sus campañas; si sumamos todos estos actores e interacciones vemos que el marco analítico de los poderes fácticos es insuficiente, necesitamos echar mano del análisis de redes, por lo cual se desarrolla en esta obra qué es y cómo se analiza una red en los capítulos 2 y 7.

 ¿Qué es una red de macrocriminalidad? ¿Cuáles son las consecuencias de la existencia de redes de macrocriminalidad para la democracia? El principal problema con las redes de macrocriminalidad es que pueden capturar al Estado, desplazar cualquier idea de bien común para gobernar a partir de los intereses de la red y, en el peor de los casos, incluso disputar la soberanía del Estado, tener el control territorial del espacio de influencia de la red de macrocriminalidad. De aquí que tenga sentido preguntarse cuándo una red de macrocriminalidad captura al Estado o genera dispu­tas de soberanía estatal y por qué esta disputa debilita nuestras democracias. Todos estos puntos se desarrollan en el capítulo tercero y octavo.

 ¿Qué acciones puede realizar el gobierno para fortalecer la democracia por medio del control, disminución o desaparición de la incidencia de los poderes fácticos o de las redes de macrocriminalidad; de la captura o cooptación estatal de estos poderes y redes, y de la disputa por la soberanía? Estas son las preguntas que nos planteamos en el capítulo octavo.

Analizamos la conformación de redes de macrocriminalidad y la captura estatal a partir de lo sucedido en la entidad federativa de Coahuila entre 2007 y 2017. Este estado se encuentra al norte de México, colindante con los Estados Unidos. Tiene una posición geográfica privilegiada no solo por ser fronteriza, sino porque cuenta con dos carreteras que conectan a su principal ciudad comercial, Torreón, con otras dos ciudades fronterizas, El Paso y Laredo, lo que genera un triángulo que incluye más de la mitad de la frontera de México con Estados Unidos. Además, en Coahuila existe una rica zona carbonífera, por lo que hay fuertes empresas mineras y productoras estatales de electricidad que juegan roles relevantes en las decisiones políticas locales.

Su situación geográfica estratégica y la zona carbonífera han permitido que Coahuila no sea una entidad federativa pobre (como Guerrero, Chiapas o Oaxaca), más bien lo contrario, ha mantenido cierto crecimiento del pib. Tampoco se caracteriza por ser la entidad más violenta, no es donde tenemos el mayor número ni de desaparecidos ni de homicidios ni de desplazados. La otra característica relevante de Coahuila es que no ha tenido una transición democrática, el Partido Revolucionario Institucional (pri) ha mantenido el gobierno de la entidad desde 1929 hasta ahora, incluyendo la última elección de gobernador celebrada en el 2017.

Si bien la zona ha sido disputada por diversos cárteles de las drogas, en el periodo que nos interesa analizar el cártel dominante fue el de los Zetas. Las interacciones se dieron especialmente con dos gobernadores, los hermanos Humberto y Rubén Moreira, con un pequeño interinato de Jorge Torres López entre enero y noviembre de 2011, momento en el que ocurrió la conocida masacre de Allende.[2] Es especialmente llamativo el caso por el nivel de control territorial que los Zetas lograron en esa entidad, ya sea capturando a las policías, a las procuradurías e, incluso, operando desde —y con el control de— los reclusorios como el de Piedras Negras.

Coahuila ha sido una de las entidades federativas que más ha llamado la atención para analizar la relación entre el gobierno y el crimen organizado. Todo esto ha sido documentado por diversas investigaciones en México y en el extranjero (Aguayo, 2016; Aguayo y Dayan, 2018; Ansolabehere, 2018; poder, 2017 y 2018; fidh, 2016a y 2016b; Grupo Autónomo de Trabajo de Coahuila, 2012 y 2014; Human Rights Clinic, 2017; Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, 2017 y 2018; Open Society Justice Initiative, 2016 y 2018). Asimismo, diversas personas relacionadas con estos crímenes ya han sido sometidas a juicio en España y en Estados Unidos (Juicio 01-13), lo que ha dado más datos sobre la manera de operar de esta red de macrocriminalidad. No conocemos con certeza las razones por las cuales se han realizado tal cantidad de estudios, pero podemos inferir algunas como que el pri siga gobernando; que se trate del cártel de los Zetas, que adquirió visibilidad por la estrategia sustentada en el férreo control territorial por medio de la violencia; por el tipo de violaciones a los derechos humanos; o por la evidente relación entre el crimen organizado y el gobierno que se observa por medio de hechos tan lamentables como la masacre de Allende o el uso de los reclusorios locales como centros de operación y con un control absoluto del crimen organizado, que incluía que grupos de presos podían salir libremente a delinquir, o que personas desaparecidas fueran llevadas al reclusorio.

De hecho, otra de las razones por las cuales decidimos trabajar con el caso Coahuila es precisamente porque es uno de los que más se ha documentado en México. Considerando que el tipo de actores y violaciones a derechos humanos que se observan en Coahuila nos hablan del nivel de violencia y peligrosidad de este tipo de estudios, preferimos trabajar con fuentes secundarias como los informes mencionados y los testimonios prestados por distintos actores en los juicios de Texas. Pese a lo anterior, realizamos seis entrevistas a distintos actores especializados en el tema, pero los mantenemos en total anonimato. En relación con estas fuentes, tenemos un marcado sesgo de la información en torno a las violaciones graves a los derechos humanos; se cuenta también con informes sobre la operación de la minería y las violaciones a los derechos de los trabajadores y, por suerte, contamos con la mirada de los perpetradores de las violaciones a derechos humanos a partir de las actas de los juicios en Texas. Las condiciones del campo no proporcionan más información. Algunos datos más de los informes, entrevistados y documentos legales se encuentran en los anexos al final del texto.

El periodo que se eligió trabajar va del año 2007 al 2017. Si bien el gobernador Humberto Moreira comenzó su administración el 1 de diciembre de 2005, y la red de macrocriminalidad en Coahuila se conformó desde tiempo atrás, elegimos el año 2007 pues es el inicio de la guerra contra el narcotráfico declarada por el entonces presidente Felipe Calderón, lo que modificó las pautas de interacción y violencia que se observaban en el país. Por ejemplo, en el ciclo de elecciones subnacionales 2000-2006, los intentos del crimen organizado para intervenir en las elecciones fueron poco fructíferos y se concentraron en nueve entidades del país. En el ciclo 2007-2012, las tentativas y el éxito aumentaron. Sobresale Tamaulipas con intentos en 50% de los municipios, así como Veracruz, Sinaloa y Colima con intentos que fueron del 25 al 50% de los municipios (Loza, 2016). Más aún, los datos de las fuentes públicas sobre la red de macrocriminalidad en Coahuila se centran en la operación de la red en esos años. Las particularidades geográficas, sociales, económicas y políticas de Coahuila se desarrollan en el capítulo cuarto. Las redes de macrocriminalidad vinculadas con las violaciones a derechos humanos y con la minería se abordan en los capítulos quinto y sexto, y en el capítulo séptimo se analiza la red de macrocriminalidad en todos sus aspectos.

Como se observa en las preguntas principal y secundarias de la investigación, los objetivos específicos y en la estructura del texto, en esta obra se construye un marco conceptual que funciona como herramienta analítica (con una lógica muy empírica) para identificar la coyuntura y definir estrategias de incidencia. Es decir, se propone al lector una investigación que genere teoría para la acción. Esta intención trasciende el caso de Coahuila, que sirve para ejemplificar la aplicación de los marcos analíticos, obtener algunas conclusiones iniciales y pensar acerca de mecanismos de recuperación de la autonomía estatal. De aquí que el estudio tenga una metapregunta que da cuenta de esta intención de incidencia: ¿cómo se puede recuperar o reconstruir el Estado democrático y social de derecho y aminorar la capacidad de incidencia de las redes de macrocriminalidad?

Mantenemos una reflexión dirigida a pensar la posible solución a dicha pregunta, a la par que se generan algunos insumos que detonan ideas en torno a los puntos de partida factibles. De entrada, adelantamos que esto dependerá de cada caso, forma de captura, red de macrocriminalidad o proceso de soberanía en disputa, y esto incluye analizar:

 el tipo de poderes fácticos,

 los recursos políticos que ostentan,

 su historia,

 el tipo de red que hayan construido,

 las conexiones con la clase política,

 las áreas estatales que hayan sido capturadas por los poderes fácticos,

 la construcción y fortaleza o debilidad del Estado en cuestión.

Además, el Estado puede estar capturado por distintas redes desde diferentes espacios o arenas de política pública, por lo que la recuperación supondrá desmontar no una, sino varias redes en diferentes áreas. En cualquier caso, las claves más específicas de acción requieren de un segundo momento de aplicación de esta propuesta conceptual y metodológica, donde se reúna la información empírica suficiente y pertinente para identificar la red que capturó al Estado, sus características y los puntos por medio de los cuales se puede comenzar a construir una estrategia de recuperación.

La complejidad del texto: teoría para la acción

De las preguntas que surgen en el desarrollo del texto se infiere la complejidad de la empresa que conlleva este documento, pues cada una de ellas pertenece o se ha desarrollado en marcos teóricos distintos:

 La definición de Estado proviene de una larga tradición de reflexiones que se pueden agrupar en la teoría del Estado. Echaremos mano de esta literatura para explicar qué se entiende por Estado en términos concretos, con el fin de construir características observables para analizar el proceso de captura estatal y reflexionar sobre posibles estrategias de incidencia.

 El estudio de los poderes fácticos se ha desarrollado sobre todo desde la teoría liberal, en específico desde el análisis del pluralismo, con una tendencia más estructural.

 En cambio, la teoría de redes ha crecido de forma reciente como una reacción a los límites explicativos de las teorías estructurales como el pluralismo o el marxismo.

 El concepto de macrocriminalidad ha prosperado en el ámbito penal internacional. No obstante, este es el menos útil para la observación empírica del fenómeno. Por ende, daremos prioridad a la actual convergencia entre los estudios de macrocriminalidad y la teoría de redes. Este tipo de literatura es nueva y escasa, conjunta un área de estudio (la macrocriminalidad) y un método analítico (el análisis de redes).

 Los conceptos de captura y cooptación se explican desde los estudios sobre corrupción, ya que fue en este marco analítico donde se generaron. Sin embargo, consideramos que estos conceptos son insuficientes para comprender los fenómenos que hoy vemos en América Latina, por lo que los vamos a profundizar y reelaborar a partir de la literatura antropológica proveniente de los estudios del Estado que se pregunta: ¿quién manda en territorios específicos?, ¿con qué prácticas se logra poner orden?, ¿quién y cómo detenta autoridad?, ¿en qué estructuras se encuentra el orden y la organización? Bajo estos últimos criterios, lo que tenemos es algo más que la captura estatal, es una red de macrocriminalidad que disputa la soberanía.

La siguiente figura representa el conjunto de teorías de donde se desprenden los conceptos utilizados en este documento. En el medio, está el principal objetivo del marco conceptual, pensar cómo recuperamos a un Estado capturado.

El problema al que nos enfrentamos es que además de tratarse de diversas teorías cada una de ellas tiene diferentes precondiciones, axiomas y niveles analíticos. En la medida que interesa utilizar solo algunos de estos conceptos para crear un marco que sirva de herramienta analítica para detonar una teoría para la acción, es decir, para la in­cidencia, se le propone al lector considerar esta interacción de teorías y de conceptos de forma pragmática y no como ultima ratio. Nada más se recuperan los conceptos de cada una de estas teorías que funcionan como herramientas analíticas, para observar aspectos específicos del fenómeno social y las distintas interacciones que se incluyen, sin considerar las últimas consecuencias de las teorías de donde se desprenden dichos conceptos.

El objetivo de esta obra es servir como documento de consulta para otros equipos, ya sea de universidades, instituciones formativas y académicas u organizaciones no gubernamentales que toman forma de centros de investigación aplicada. Por ende, se desarrollan algunas directrices para analizar la forma en que los poderes fácticos repercuten en las decisiones políticas vinculantes, forman redes de macrocriminalidad, en algunos casos capturan o cooptan al Estado y, en el peor de los escenarios, disputan la soberanía estatal. El documento es lo suficientemente amplio para permitir analizar los poderes fácticos en realidades geográficas muy distintas de América Latina, por ejemplo: la guerrilla o los paramilitares en Colombia, las pandillas en El Salvador, el crimen organizado en México o las empresas que explotan recursos naturales en toda América Latina en el marco del modelo económico neoextractivista. Pero, al mismo tiempo, es tan específico que sirve como una primera reflexión teórica y conceptual y, al mismo tiempo, para especificar una serie de preguntas relevantes y pasos a seguir en el proceso de investigación.

A fin de cumplir con los objetivos mencionados, a lo largo del texto el lector encontrará recuadros con información de tres tipos:

 Con preguntas clave que los equipos de investigación deben hacerse al echar a andar su investigación.

 Con algunas directrices para que la investigación llegue a buen término.

 Con ejemplos prácticos.

Metodo deductivo, hallazgos inesperados y reconstrucción teórica

El método que utilizamos para el estudio del caso fue la teoría de redes. Sin embargo, a continuación se advierte al lector sobre la lógica de la construcción de conocimiento con la que se trabaja en el libro. Utilizamos un método deductivo, partiendo de las teorías más generales como las que se mencionan en el acápite anterior para recuperar algunos de los conceptos, problematizarlos y, con ellos, construir el marco teórico para hacer el análisis de redes y el impacto de las de macrocriminalidad en la captura estatal y la disputa por la soberanía. Cuando desarrollamos el marco teórico, aún no conocíamos la forma que tomaría la red de macrocriminalidad de Coahuila. En especial, no sabíamos que los nodos centrales de esa red serían —contrariamente a lo esperado— políticos, y no criminales.

Esto gestó un nuevo problema teórico. Si los principales nodos de la red de macrocriminalidad pertenecen a la clase política y no al crimen organizado, ¿podemos hablar de captura estatal? ¿Se trata de una lucha por la soberanía o no lo es porque sigue siendo la misma clase política electa quien controla la red y tiene el poder gubernamental? Esto nos llevó a discutir con diversos grupos de especialistas si la captura estatal se puede dar incluso por la propia clase política; cuando dicha clase se apropia del Estado y lo utiliza para sus propios objetivos, y no para generar algún bienestar común.

Concluimos que la disputa a la soberanía implica dos entes diferenciados: un poder fáctico y un ente estatal, en donde la disputa supone el desplazamiento —con éxito— del Estado por parte del poder fáctico. En cambio, sí podemos hablar de captura estatal pese a que esta la realice la clase política, o una red de macrocriminalidad que incluya a parte de la clase política. De hecho, uno de los principales hallazgos del libro es que miramos estos dos fenómenos en dos niveles distintos. Si ponemos el foco en lo municipal, como en la masacre de Allende o en lo sucedido en el reclusorio de Piedras Negras lo que se observa es una disputa por la soberanía en donde los grupos del crimen organizado desplazan de manera clara a las autoridades municipales. En cambio, si aumentamos el zoom y miramos las interacciones incluyendo los actores de la entidad federativa (como los gobernadores) y los federales, ya no estamos frente a un fenómeno de disputa por la soberanía, sino de captura por la red de macrocriminalidad en donde los entes estatales tienen mayor participación en la captura y capacidad de administración de la red.

A partir del hallazgo de la relevancia de la clase política en la red de macrocriminalidad, y de estos dos niveles de interacción entre los poderes fácticos y los entes estatales, recuperamos y problematizamos el fenó­meno de la captura estatal y de la disputa por la soberanía a partir de otros conceptos ya conocidos como el neopatrimonialismo y el autoritarismo subnacional. Esta reflexión la presentamos en las conclusiones y, sin duda, dista de ser un punto final.

Estructura del texto

El libro está conformado por ocho capítulos. En el primer acápite se explica lo que entendemos por Estado y por poderes fácticos. En el segundo, damos paso al análisis de redes a la par que explicamos lo que es una red de macrocriminalidad. En el tercer acápite complejizamos lo que entendemos por captura estatal realizada por una red de macrocriminalidad, así como por el concepto que proponemos: disputa de la soberanía. El cuarto capítulo lo dedicamos a analizar el contexto territorial, socioeconómico y político de Coahuila. En el quinto y sexto se estudian las estructuras de las redes de macrocriminalidad relacionadas con las violaciones graves a los derechos humanos y con la actividad minera. En el séptimo sumamos ambas redes para mirar la integralidad de la red de macrocriminalidad de Coahuila. El último capítulo lo dedicamos a las acciones que puede realizar el gobierno para “descapturar” al Estado.

Agradecimientos

Este documento es producto de una solicitud de la Fundación Heinrich Böll Oficina Ciudad de México-México y el Caribe[3] (la Fundación Böll de aquí en adelante). El principal objetivo de la consultoría fue producir un texto que permitiera tener un panorama sobre los debates teóricos en torno a los poderes fácticos, las redes de macrocriminalidad y la captura estatal, y analizar la construcción de este tipo de redes en un caso mexicano con especial interés en las violaciones a los derechos humanos y la minería. En la investigación participamos un conjunto más amplio de investigadores entre el año 2018 y el 2019. En el grupo de investigación hay que mencionar a Rodolgo Aguirre, Karina Ansolabehere, Dawid Bartelt, Jesús Espinal, Issa Luna, Mayra Ortiz y Sandra Serrano.

Es importante señalar que la Fundación Böll está impulsando esta discusión en toda América Latina y ya se generaron los primeros informes. Los documentos resultaron muy atractivos no solo para las oficinas centrales de esta Fundación en Alemania, sino también para las oficinas en África y Asia, ya que se identificaron de forma inmediata con el problema de las redes de macrocriminalidad y la captura estatal.

Como mencionamos líneas arriba, ya existe un conjunto de investi­gaciones en torno a lo sucedido en Coahuila, a la par que hay muchas todavía en construcción. Se creó un grupo de análisis y reflexión entre todas las personas que construyeron y construyen esas investigaciones. Con ellos elaboramos dos espacios de análisis de la red de macrocriminalidad de Coahuila a fin de conocer sus impresiones. Agradecemos a todas las personas que participaron en este proceso y enriquecieron la conformación de la red a partir de las investigaciones que ellos y ellas realizaron: poder, Ariel Dulitzky, Mariana Gutiérrez, Jacobo Dayán, Blanca Martínez, Michael Chamberlin, Cristina Hardaga, Jorge Lule, Jorge Verástegui y Cristina Auerbach cuyos comentarios ayudaron a fortalecer el trabajo. Finalmente, debo destacar que el libro recibió dos excelentes dictámenes de pares ciegos que ayudaron a mejorar mucho el texto, a complementar varias secciones y reflexiones, así como a unificar ciertos criterios.

A todos los que ayudaron a que el trabajo fuera más completo, gracias. Los yerros y malas interpretaciones son todas responsabilidad del autor.