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La CE de 1978 consagra en el art. 9.3 el principio de seguridad jurídica que vertebra todo el ordenamiento jurídico. La seguridad jurídica garantiza la certeza del derecho necesaria para poder articular un normal funcionamiento de la aplicación de las normas en un ordenamiento jurídico y el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas. La seguridad jurídica es la ausencia de incertidumbre, es el saber a qué atenerse. La seguridad jurídica debe garantizar a la ciudadanía la posibilidad de conocer la regulación de derecho positivo que determina lo que está permitido o prohibido y las consecuencias jurídicas de sus actos. La seguridad jurídica es una institución consustancial al propio Derecho que, en el momento actual, donde estamos en una situación de pandemia mundial con sucesión de normas para su control, ha cobrado actualidad, más bien, la inseguridad jurídica que provoca la constante modificación de las medidas de control de la pandemia que decretan las autoridades e interpretan los órganos jurisdiccionales. Por ello, la seguridad jurídica es un tema clásico de la teoría general del Derecho, pero también un tema de absoluta actualidad.