Читать книгу Reparando mundos - María Eugenia Ulfe - Страница 12

Introducción Resituando metáforas

Una metáfora es la traslación del sentido directo de una frase o palabra por una de sentido figurado. Muchas veces, la historia de las comunidades se ha construido sobre la base de ideas prefiguradas, que, como grandes metáforas, construyen aquello que describe Castoriadis (1997) como imaginario social instituyente. Las ideas prefiguran grandes discursos y representaciones de otras personas, otros lugares. Las metáforas, como el lenguaje, no quedan en el plano representacional solamente, sino que pasan a dar forma a la manera como se percibe y configura la historia de muchas comunidades andinas. Este libro regresa a un tema fundamental y clásico en las ciencias sociales peruanas: las relaciones entre el Estado y sus poblaciones campesinas e indígenas después del periodo más sangriento de nuestra historia republicana. ¿Cómo el Estado constituye a sus sujetos? ¿Cómo los sujetos constituyen al Estado?

La mirada será desde un análisis minucioso etnográfico e histórico detenido en el diseño e implementación de una política social, el Plan Integral de Reparaciones (PIR). Desde aquí el Estado clasificará, nombrará, designará y focalizará a su población; sin embargo, ¿cómo funciona este programa y cómo perciben las personas su accionar? Esta no es cualquier política pública. Su objetivo primordial siempre fue la restitución de la ciudadanía, la dignificación del ciudadano. Su origen en el Perú se remonta al trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), un mecanismo instalado desde el seno del Estado para la búsqueda oficial de la verdad entre 1980 y 2000. Aquí es donde nos detendremos para mirar al Estado, el cual, viniendo de una larga tradición vinculada con el desarrollo y el progreso, a partir de la década de 1990 se encuentra con un sistema político y económico diferente, que limitará su accionar frente al mercado.

Siguiendo a Tilly (2006), queremos pensar en esta estructura estatal que emerge y se construye en la guerra. Parece que la guerra y el Estado se miran mutuamente —al igual que el capitalismo y el Estado—, pero este entrecruzamiento está poblado de sujetos, subjetividades e historias. Este es el nudo de nuestro libro, que nos invita a preguntarnos por la historia reciente, sobre la manera como el Estado organiza y rebautiza a un grupo de su población como víctimas, sobre la condición de ser y sentirse víctima frente al Estado, su comunidad y la colectividad. Los nombres no caen en el vacío. Las personas se apropian y hacen uso de estas categorías para enfrentarse a un Estado que tiende a olvidarlas. Al indagar sobre estas subjetividades, nos encontraremos con una serie de metáforas arraigadas históricamente para describir la relación del Estado con sus poblaciones: ideas como «la lejanía», «comunidades alejadas», «el aislamiento», «el Perú profundo» o «los campesinos entre dos fuegos». Muchas veces, estas ideas son construidas o han sido edificadas desde la academia, desde las altas estructuras del Estado o lo que se conoce como ese Perú oficial. Estas metáforas son contenciosas: las personas las usan al mismo tiempo que las discuten, y cual telón de fondo, estas metáforas serán discutidas en las siguientes páginas a la par que daremos cuenta de las estrechas pulsiones de estos pobladores con el Estado.

Lucanamarca y Huanca Sancos

Para cuando llegamos a Lucanamarca, las imágenes de este lugar ya habían recorrido el mundo entero y se habían convertido en una memoria emblemática de todo un conflicto. Imágenes de noticieros, titulares, documentales y obras de arte reproducían en diferentes formatos y repertorios lo sucedido el 3 de abril de 1983 y el posterior desfile de ataúdes blancos por las laderas del pueblo en 2002.

Uno de los aspectos que más llamó nuestra atención cuando llegamos a Lucanamarca por primera vez fue la sensación de encontrarnos con un poblado apenas habitado. Parecía desierto. Sentadas en la pequeña plaza, recordamos las imágenes de la ceremonia de entierro luego de la exhumación de cuerpos en 2002 y la larga caminata con los ataúdes desde la plaza hasta el cementerio, que debió ser escalofriante.

¿Cómo un espacio tan pequeño pudo cobijar tanto muerto? ¿Cómo se sintieron sus familiares? ¿Cuán duro fue el momento en el que estas muertes ocurrieron, en 1983? Las expresiones tan comunes de «baño de sangre», horror y espanto no dejaban de retumbar en nosotras. Con estas preguntas nació esta investigación, a la par que inquiríamos por la historia por aquella reflexión antropológica que nos lleva a pensar sobre la manera cómo ese otro emerge y aparece representado en su historia, por cómo esa historia da cuenta (o no) de lo sucedido, y cómo esa historia nacional se construye como un espejo que mira y configura históricamente a ese otro (Said, 1996).

Sin embargo, esta no es la «Historia» con H mayúscula, sino una pequeña-gran historia construida a partir de relatos, memorias y sentimientos de los pobladores de la provincia de Huanca Sancos y de los distritos de Lucanamarca y Sancos. La memoria nos ayuda para pensar la etnografía como técnica de investigación; las imágenes, además de proveer contenido visual, también gatillan otros sentidos. Desde aquí miramos las relaciones tensas, largas y rizomáticas que los pobladores de Lucanamarca y Sancos establecieron con el Estado, y las maneras como este se puso de manifiesto.

Lucanamarca y Sancos son localidades ubicadas en la zona sur central de Ayacucho, que forman parte de la provincia de Huanca Sancos. Son comunidades de altura: en promedio, miden desde 3400 msnm hasta las altas punas (arriba de los 4000 msnm), con grandes pastizales esencialmente dedicados al comercio del ganado. Su larga historia colonial las describe como organizadas en ayllus, con tenencias de tierra comunales y con una movilidad constante en toda esa zona del sur de Ayacucho.

Con el pasar de los días, la sensación de Lucanamarca como pueblo vacío dejó de tener sentido. Lo que sucede es que la población de esta zona va y viene, pues hay distintas rutas e interconexiones con la capital de la región, con el sur de Ayacucho y con la costa. Steve Stern (1993) nos contaba los relatos de viajeros y la combinación de apellidos que describen Huanca Sancos como una región pujante enclavada en los Andes con una articulación dinámica de larga duración con otras regiones.

En Lucanamarca, el bus-camión, comúnmente conocido como el mixto propiedad del señor Carbajal hacía su ruta entre Lucanamarca, Sancos e Ica, la misma ruta que hoy realizan las camionetas y combis, y que también las lleva en la otra dirección hacia Ayacucho. En Sancos, la situación no era diferente.

Las historias relacionadas con estas rutas recorren la vida de los pobladores de la provincia de Huanca Sancos. Son una imagen recurrente en sus álbumes fotográficos, las cuales comenzamos a usar como foto-elicitación una vez que conocimos que ahí vivieron dos grandes fotógrafos: Mariano Alarcón y Nicasio Ancasi. Cuando exhibimos las fotografías en Sancos en 2014 y 2016, emergieron esos otros relatos que parecían congelados en el tiempo.

Cuando doña Eva ingresó a la habitación donde estaba su esposo, don Fermín, les mostraba a Miguel y a Ximena la fotografía del mixto y el Volvo de Sancos. Ella exclamó: «Él es Pancho Yarma, el primero», y nos brindó los nombres y apellidos de todos los que aparecen en esta fotografía que muestra con orgullo el transporte de la comunidad. Pero hubo un momento en que se detuvo.

Figura 1. Mapa de la provincia de Huanca Sancos

Fuentes: MINAM, INEI, ING y USGS. Elaboración de Tarik Tavera Medina.

 Miguel: Luego, ¿el que sigue con chompa beige?

 Eva: Él es el presidente.

 Fermín: Él es el presidente de la directiva comunal de la comunidad campesina de Sancos, César Molina Alarcón.

Ahí se detuvo. Silencio.

Figura 2. Fotografía del mixto y el Volvo de la colección personal de don Fermín

Fuente: Colección personal de Jesús Alfaro.

Una de las acciones recurrentes de Sendero Luminoso contra las poblaciones de Lucanamarca y Sancos fue precisamente la quema del mixto y el Volvo. Don Fermín no recuerda con exactitud cuándo ocurrió por primera vez1, pero sí recuerda el lugar: Tajra. En Tajra ocurrieron muchas emboscadas en la ruta Ica-Huanca Sancos.

Don Fermín cuenta que, poco antes, habían elegido a nuevos miembros de la directiva comunal. El presidente de la directiva comunal llegó con el Volvo, pero con otro chofer, cuando los emboscaron en Tajra. Eran más de doscientas personas, porque volvían no solo en el Volvo, sino en varios mixtos, incluyendo el de Carbajal de Lucanamarca. Los hicieron bajar y quemaron el Volvo. Este había sido comprado por la comunidad campesina de Sancos para trasladar materiales a la localidad. Les rogaron que los dejasen bajar sus materiales y que no se llevaran al chofer. Dejaron al chofer, pero se llevaron el Volvo con todo el material adquirido y lo quemaron cerca de Pedregal. Al siguiente año, quemaron el mixto, y al poco tiempo asesinaron al presidente de la directiva comunal César Molina. Fueron años duros: atentados, robos y muertes comenzaron a sucederse unos tras otros.

Desde 1980, el Perú atravesó por un periodo de violencia intenso que duró aproximadamente hasta mediados de la década de 1990 (al menos para esta región). El líder del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) fue capturado en setiembre de 1992, pero esto no significó la paz. En lugares como Sancos, la base militar permaneció un tiempo más. En mayo de 1980, el Perú regresó a la democracia luego de doce años de dictadura militar. El día de las elecciones, sucedió un hecho que marcaría el inicio de la lucha armada (ILA) por el PCP-SL. Seguidores del marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo quemaron un ánfora en la localidad de Chuschi, a unas horas de Sancos, lo cual declaró la guerra al Estado peruano.

Como señala el Informe final de la CVR (2003), la violencia no afectó a todos por igual (no todos los muertos son lo mismo). En el periodo de duración (desde el ILA en mayo de 1980 hasta la captura de su líder en setiembre de 1992), tampoco se padeció del mismo modo, ya que tuvo picos y momentos más álgidos. Localidades como Lucanamarca o Sancos tuvieron sus propios ciclos y auges de violencia, que no necesariamente coincidieron con los del resto del Perú.

En todos los años de estudio en la región entre 2011 y 2019, fue recién en 2016 cuando nos contaron sobre el asesinato de César Molina.

En la conversación con doña Eva y don Fermín, Ximena intervino y señaló con pesar: «Entonces, al señor César Molina lo matan en el mixto». Le respondieron: «Sí».

Al señor César lo asesinaron cuando venía en el mixto, en Tajra, donde también quemaron el mixto. En el mismo atentado, asesinaron a un chofer de Querobamba. Ahí mismo habían quemado también un volquete de otra localidad. Don Fermín era el administrador de la comunidad y era muy amigo de don César. Cuando fueron autoridad en el mismo periodo, se repartían las tareas y las funciones. Don Fermín contaba cómo don César quería obligarlo a que fuese con él en el mixto, pero él decidió regresar en el Volvo, pues tenía que cuidar la mercadería que habían adquirido para la comunidad. Los carros salían todos los días jueves de Ica. Él se adelantó trayendo la mercadería. La noche de ese miércoles, cuando don Fermín viajaba a Sancos, cayó una nevada y apenas logró pasar. La mercadería había salido a su nombre. Antes de que saliera don Fermín, don César ya estaba sentado con su maletincito en el Volvo y se tuvo que bajar. Se quedó en la puerta del hotel medio triste. Esa fue la última vez que don Fermín lo vio. Fue un 16 de diciembre cuando lo asesinaron. Días después, el mismo don Fermín tuvo que ir a Tajra a buscar el cadáver de su amigo.

Los pasajeros que venían con don César en el mixto llegaron en otro carro. Asustados, contaron que habían quemado el camión, pero que los habían soltado y por eso regresaron en otra movilidad. Las noticias informaban que habían asesinado al presidente de la comunidad. El vicepresidente de la comunidad requería voluntarios para buscar el cuerpo, pero nadie quería ir. Don Fermín señalaba lo siguiente:

Fui solito con el Ejército. El único con el Batallón. Eran quince soldados. Entonces, allí llegamos y empezamos a buscar. Encontramos ponchito en la carretera. Habían traído por la carretera. Después lo habían llevado por abajo. Al pobre ya le habían comido el perro del cuello; los ojos ya lo habían sacado. Me dio miedo. Cuando recuerdo triste es. A él le habían sacado los ojos; cuando lo sentamos se colgó los ojos y todo el cuero cabelludo ya lo habían sacado. Hueso ya estaba su cabeza. Sí, así huérfano dejó a varias hijas. Aquí están como dos. Su esposa también está acá, vive. Triste es.

El Informe final de la CVR (2003) describe un perfil de víctima fatal: varón, quechuahablante o con lengua materna distinta del castellano, procedente sea de la sierra sur-central o de la región central del país (que fueron los departamentos que más padecieron la violencia). En una investigación reciente sobre las cifras que presenta la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia sobre los casos de desaparición forzada durante estos años, encuentran que los familiares muchas veces se vieron en la necesidad de tomar decisiones sobre a quién buscar cuando tuvieron varios parientes fallecidos o desaparecidos. Muchas veces se inclinaron por buscar a los varones proveedores. Los resultados que comienzan a aparecer pueden complejizar el perfil de víctima presentado por la CVR e introducir nuevas variables: mujeres, niños y adultos mayores cuya desaparición no necesariamente fue denunciada (Ulfe & Romio, 2021)2.

La víctima principalmente tenía un rostro indígena y pobre. Muchas autoridades también fueron asesinadas por Sendero Luminoso o por miembros de las Fuerzas Armadas. En la celebración de los treinta años de la conmemoración de la masacre ocurrida el 3 de abril de 1983 en Santiago de Lucanamarca, el discurso del presidente de la comunidad incidió precisamente en cómo se habían quedado sin autoridades. La conmemoración de los treinta años le sirvió de plataforma para recordar todos los asesinatos ocurridos en Lucanamarca, y con especial atención mencionó los sucesos de 1984, cuando desaparecieron tres autoridades de la localidad en Cangallo y la comunidad se quedó waqcha (huérfana, sola, sin nadie que los dirija y vele por su bienestar e intereses).

Pero las autoridades también negociaron sus vidas. En otra ocasión, don Fermín contaba cómo, volviendo de Ica en el Volvo, de nuevo en Tajra, los detuvieron. Era un senderista con arma. César Molina le dijo: «Yo soy presidente de la comunidad, déjenos pasar». El senderista le pidió su reloj (un Citizen de oro). Cuando regresaron a Sancos, César dijo en asamblea comunal: «¿Saben qué? Yo no voy a perder mi reloj, así que tienen que darme un torito de la comunidad». Así, en una reunión, le cedieron un torete pequeño a él a cuenta de ese reloj. Dicen por ahí que alguien de la comunidad afirmó que los senderistas se enteraron de esta transacción, lo cual habría ocasionado el asesinato de don César semanas después.

***

Como mencionamos líneas arriba, si bien este libro mira al Estado y un momento de la historia, lo hace a partir de presentar y comprender la condición de ser y sentirse víctima en el Perú contemporáneo. La condición se puede alterar: no define esencialmente a una persona. En este sentido, la condición es construida social e históricamente, y contribuye a identidades fluidas. Queremos mostrar cómo esa condición de ser y sentirse víctima se construye y cómo las personas se empapan en esta condición para edificar una identidad impregnada de sus propios repertorios culturales. La noción de «ser» está vinculada con la condición. Somos seres temporales, históricos. Las personas se convierten o han sido convertidas en estas formas particulares de ser.

Pero aquí no queda este estudio. Las imágenes fotográficas recogidas, sobre todo en los últimos años de trabajo de campo, no solo sirven como fuente documental, sino que contienen los propios «fantasmas» (ghostly matters of things) y «hechizos» (haunting) del pasado en la manera como estructuran y desenvuelven las tramas del presente. Las relaciones que se entretejen entre las imágenes y su cualidad de hechizo no son implícitas (Gordon, 2008, p. 102). A menudo, la cualidad verosímil de la imagen como documento o evidencia parece convencernos de lo que en apariencia ya «sabemos» cuando la vemos, pero también hay otra dimensión, ya que, cuando emerge en una discusión, permite acercarnos a lo que sospechamos y hacernos dudar de las cosas. En este sentido, las imágenes han sido vitales para ayudarnos a comprender ese «pasado oprimido» (oppressed past), como señala Gordon, y que aquí también usamos en referencia a la estrofa del Himno Nacional peruano. Este «pasado oprimido» —y opresor, porque ha atrapado a las personas en su dolor— no es lineal, tampoco secuencial, menos autónomo o alternativo. Es simplemente aquello que da cuenta de la violencia, que organiza aquello que el dolor y la guerra reprimió, y que, con el pasar del tiempo toma forma, ya que se mantiene vivo (2008, p. 65).

La condición de «ser» víctima no convierte a los sujetos en ciudadanos. Hay una tensión grande entre ser víctima y ser ciudadano. El Estado parece trabajar contra la posibilidad de construir ciudadanía. Las reparaciones, en su idea primigenia, significaron una forma de resarcir, restituir derechos, reparar; sin embargo, por la manera como estas se aplicaron, veremos más bien, en muchos casos, la reducción de la persona a la condición de una víctima, pero no la constitución de un sujeto que tiene derechos, que los reclama, los exige y pide que se le reconozcan esos merecimientos. Además, siempre se será un ciudadano que arrastra consigo un denso pasado, que, como sugiere Sanford (2003), se convierte en un filtro a través del cual construirá su presente. Lo que sí es importante subrayar es que, desde la condición de víctima que veremos, como bien señala Das (2007), se edifica la agencia y se desarrollan otras formas de relacionamiento con el Estado.

Das se pregunta cómo recoger las piezas y vivir en ese mismo lugar devastado (2007, p. 6). Con esta pregunta, emprende un estudio antropológico sobre la vida de las mujeres luego de la Partición de India y Pakistán en 1947 y el asesinato de Indira Gandhi en 1984. Partiendo de los historiadores poscoloniales de la India, la autora propone una discusión sobre estos eventos, no como hechos aislados en la historia de India, sino como hechos que ocuparán las memorias colectivas y se manifestarán en la vida cotidiana, especialmente en la vida diaria de quienes más padecieron sus consecuencias (las mujeres, sobre todo las musulmanas).

Siguiendo a la antropóloga Marilyn Strathern (2004), Das se centra en el universo de relaciones sociales como un tema de investigación en sí mismo. Las relaciones abstractas y concretas entre las personas configuran preguntas sobre la escala y la complejidad (2007, p. 3). ¿Cómo en un lugar tan pequeño como Huanca Sancos o Lucanamarca se puede llegar a tanta densidad? Las relaciones sociales nos ubican en el mundo, nos constituyen como sujetos. A partir de este corpus teórico, Das propone que los límites de la constitución de un sujeto (siguiendo a Wittgenstein) nunca son cerrados, pues se incorporan (se expresan a través de sus cuerpos) en ese universo de relaciones que tejen y que tienen particular significación en los mundos cotidianos.

Así, la autora se pregunta sobre la naturaleza de la constitución de estos sujetos. Toma de Wittgenstein sus nociones sobre el lenguaje y el poder de la voz, una voz que no necesariamente es la hablada, sino que puede ocupar y usar distintas maneras corporales para expresarse cotidianamente. Son esos mundos y experiencias de luchas y aproximaciones diarias los que nos interesan en este libro. No es la agencia heroica de los hechos grandilocuentes, sino la de las decisiones cotidianas, del mundo de los cuidados y sus silencios, de las conversaciones y de las experiencias con el Estado. En ese nudo, en este libro, estudiamos la constitución del sujeto víctima. Es el dolor traumático inscrito en sus cuerpos el que no los abandona. Siguiendo a Das, nosotras asumimos que desde ahí la agencia se manifiesta en el simple hecho de sobrevivir.

A esa dimensión de «ser víctima» agregamos «sentirse», ya que guarda estrecha relación con las formas como nos identificamos los sujetos sociales. Hay muchas diferentes formas de sentirse. Esta es una dimensión distinta de la manera como se actúa, pero no explica el completo de su identidad, tampoco la condición ni el ser. El identificarse es mucho más íntimo y va más allá de lo que un vocablo tan usado como «identidad» evoca.

Brubacker y Cooper (2000) proponen romper con los modelos que asocian ideas de adscripción a la etnicidad como si se tratase de modelos fijos. Invitan a pensar en la categoría de identificación como un proceso que recoge la voluntad del sujeto de tomar decisiones sobre su condición étnica y sus afiliaciones de pertenencia y diferencia. Además, el contexto actual del Estado peruano permite observar en su discurso multicultural neoliberal cómo ciertas identidades étnicas emergen como más válidas frente a otras. A esto, Callirgos (2019) denomina el mandato etnonormativo que permite caracterizar y concebir identidades étnicas para el caso peruano, lo que invisibiliza las que no calzan en el discurso.

Juntamos la idea de «ser» y «sentirse» con una mirada del Estado que es concebido a partir de los sujetos y las instituciones. En Sancos y en Lucanamarca, antes del periodo de violencia, había un Estado local que la población del lugar hizo funcionar a su manera. Este Estado les fue usurpado por Sendero Luminoso y su violencia demencial, y fue capturado por la lógica represora y redistributiva del propio Estado peruano. ¿Qué ha dejado el Estado neoliberal que llegó después?

En este sentido, desarrollamos la investigación siguiendo los postulados de una antropología del Estado. Partimos, como mencionamos anteriormente, del estudio de las instituciones y los sujetos que las edifican, utilizan y reconstruyen. La investigación parte de experiencias y diálogos intensos con personas específicas. Son sus relatos los que alimentan esta investigación y que se insertan y nos ayudan a presentar un proceso que va desde las primeras definiciones del término «víctima» a la construcción de una condición e identificación en el Plan Integral de Reparaciones (PIR), con varios programas, y la reapropiación de la misma categoría por los actores sociales implicados.

La condición de «ser» y «sentirse» víctima se convirtió en la idea, la metáfora y el tema que recorre esta etnografía multilocal. Las referencias y conversaciones que alimentan este estudio se hicieron principalmente en Lucanamarca, Sancos, Ayacucho y Lima (y en muchos hogares, plazas y oficinas de estas localidades). Se trata de un estudio de largo aliento cuya realización ha tenido distintos momentos: comenzamos en Lucanamarca en 2011, pasamos a Sancos en 2013, hicimos un corto trabajo de campo en Sacsamarca en 2014, y entre 2014 y 2019 completamos el estudio en Lima y Ayacucho. El trabajo de campo consistió, principalmente, en una profunda revisión de archivos locales y comunales, observación y participación, entrevistas y foto elicitación. En 2016 y 2017, parte de este estudio se completó con una investigación sobre colecciones fotográficas personales en Sancos que nos presentaron, a través de imágenes e historias, a muchos que ya no están. Estas fotografías configuran un archivo visual que hemos dejado en el municipio de Huanca Sancos3 y que sirve para construir sus pequeñas historias en un relato más amplio y propio. Entre 2018 y 2019, acudimos con miras a la realización de un documental que se centra en una historia de vida puntual en Sancos.

Mucho de este trabajo de campo fue conducido en castellano, ya que es el idioma dominante en la región, pero hay una diferencia en el uso del castellano y del quechua de acuerdo con el género y la clase social. En quechua fueron realizadas entrevistas y conversaciones con mujeres adultas mayores y con los pastores. Si bien a lo largo de la investigación hicimos un esfuerzo en recoger la mayor diversidad de experiencias vinculadas con las reparaciones, las voces dominantes siempre fueron las de la élite local. Este ya era un problema que habíamos notado con los testimonios recogidos por la CVR y se convirtió en un reto de nuestra etnografía ir más allá de esos círculos. Las fotografías y el tiempo de trabajo de campo ayudaron a construir una imagen más diversa.

El contexto de posguerra dibuja un panorama complejo en el que las políticas públicas definirán nuevas identidades y formas asociativas de ciudadanías colectivas, como las asociaciones de víctimas entremezcladas con ideales de desarrollo, progreso y reconocimiento. Estas consecuencias directas de la aplicación de programas nacen de lo que se conoce en el contexto internacional como «políticas de justicia transicional», es decir, políticas que se implementan en Estados de posguerra que han sufrido las consecuencias de la violencia interna. En el caso peruano, la posguerra se desarrolló en un contexto de autoritarismo político y resurgimiento económico. La represión y leyes antiterroristas más severas ocurrieron en la década de 1990. Al mismo tiempo que el país abría su economía al mundo, vendía sus empresas públicas a capitales privados para garantizar el libre mercado. La posguerra sucedió en algunos lugares, como Ayacucho, a través de programas sociales que reconstruyeron infraestructura, llevaron alimentos y fomentaron el retorno de los migrantes y desplazados a sus lugares de origen.

La posguerra no se entendió como el momento propicio para generar una institucionalidad democrática que garantizara la equidad y la autonomía. Las demandas por verdad y justicia siguieron apareciendo sin mayores bríos, hasta que, en 2000, apareció la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad con la salida del corrupto expresidente Alberto Fujimori. Así, entre 2001 y 2003, el Perú tuvo una Comisión de la Verdad a la que se añadió el mandato de la Reconciliación. En ese marco, se formula por primera vez el contar con un PIR para las víctimas del conflicto armado interno.

El PIR y las expectativas construidas alrededor de este constituyen uno de los elementos más notorios de esas búsquedas. En medio de este contexto, a pesar de la inconmensurabilidad del dolor del pasado y de los muchos problemas que hubo acerca de definir a un sujeto víctima que sería a su vez sujeto de reparaciones, estas aparecen como la señal más aprehensible de avance frente a las conclusiones y recomendaciones dejadas por la CVR.

Sin embargo, no todas las personas que han tenido o padecido alguna consecuencia directa del conflicto se han inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) para resultar en potenciales beneficiarios de los programas del PIR. Todos los inscritos tampoco han recibido alguna forma de compensación. Antes de pasar a presentar el PIR y las estructuras del Estado que la acompañan, es necesario detenernos brevemente en la historia del lugar.

Huanca Sancos y Lucanamarca, 1979

La historia de violencia en la provincia de Huanca Sancos comenzó a finales de 1970, con el arribo de profesores provenientes de otras provincias de Ayacucho y de Lima. Es en Sendero Luminoso Los hondos y mortales desencuentros que Degregori (1985b) describió el proceso de descampesinización iniciado con las primeras olas de migración del campo a la ciudad en la primera mitad del siglo XX y los desencuentros que tienen los jóvenes provincianos, sus expectativas y el mundo de sus padres. Esto mismo lo encontramos entre quienes eran jóvenes provincianos educados fuera de Huanca Sancos, y que es explicado en esta entrevista a un antiguo profesor, quien dice: «Ellos ya querían mandar a los padres diciendo que “ahora ya las cosas están cambiando, así que nosotros no vamos a estar sujetos a ustedes”»4.

El colegio secundario Los Andes, el único de la zona, se había convertido en una plaza interesante que articulaba a alumnos de diferentes comunidades —especialmente Lucanamarca y Sacsamarca—, en una ciudad pujante económica y políticamente. La llegada de los nuevos profesores fue percibida con buenos ojos por los pobladores de la localidad: era un símbolo de estatus. Parecía que finalmente estaban cambiando las cosas para bien y que Sancos dejaría de ser el «lugar de castigo» donde se enviaba a profesores o policías cuando habían cometido algún error en su trabajo. Los notables locales conducían los trámites necesarios para hacer de Huanca Sancos una provincia independiente. Hasta ese entonces, Sancos, junto con Lucanamarca, Sacsamarca y Carapo, pertenecía a la provincia de Víctor Fajardo. Las tiendas prosperaron y la granja comunal tenía más ganado que cualquier hacendado de la zona.

Sin embargo, quizás esta prosperidad y su carácter de zona en transición atrajeron a jóvenes discípulos de Abimael Guzmán. No es en vano la interpretación de Degregori (1985b y 1990) para explicar el surgimiento de Sendero Luminoso y detenerse a mirar dos grandes fracturas. La primera describe las fracturas territoriales de Ayacucho y las grandes brechas de distancia entre la capital y el resto de la región: era más fácil ir por el sur de Ayacucho a Ica antes que a Huamanga. La segunda gran fractura describe un problema estructural, que es la distancia que separará a jóvenes que no se reconocerán como parte del mundo de sus padres y que tampoco se hallarán en la ciudad (un cuerpo humano que no encontraba espacio ni lugar en un país que tampoco le ofrecía mayores posibilidades para sus vidas).

Como hemos visto en la cita anterior, los jóvenes discrepaban con sus padres. A la par, creció la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y una élite intelectual que comenzaba a tener prestigio y poder. Mientras tanto, estos jóvenes abrazaban los procesos de descampesinización y se trasladaban a las ciudades a estudiar (principalmente): se empezaba a formar una élite mestiza y provinciana que no necesariamente encajaba con las formas de pensar de sus padres. Esos cambios estructurales fueron dramáticos en algunas zonas de Ayacucho, como veremos en las páginas que siguen.

En Sancos y en Lucanamarca, desde 1979, se comenzaron a dictar clases extracurriculares de «escuela popular». Para 1980, estas se habían convertido en parte importante de la malla curricular del colegio Los Andes de Huanca Sancos. Juan López Liceras, también conocido como «camarada Víctor», era profesor de matemáticas en Los Andes; sin embargo, cuando entrevistamos a sus exalumnos, nos contaron que jamás les enseñó matemáticas. Comenzó la adoctrinación de los adolescentes y jóvenes sanquinos con textos de Mao Tse Tung y pronto pasó a darles clases prácticas preparándolos para la guerra popular. Don Antonio, por ejemplo, aprendió a armar y desarmar una carabina en sus clases de matemática.

Hacia fines de 1982, Sendero Luminoso logró desarticular las funciones de las autoridades locales y tomó control total de la zona, con López Liceras y otros profesores de Los Andes a la cabeza. La mayoría del cuerpo senderista en Sancos estuvo conformada por alumnos de secundaria entre trece y dieciocho años. Cuando los senderistas reemplazaron a las autoridades locales, muchos sanquinos adultos se vieron obligados a colaborar con Sendero y don Antonio no fue la excepción. Él había acabado el colegio unos años antes y López Liceras había sido el tutor de su promoción. Cuando López Liceras nombró a don Antonio como «jefe de cuadra», él no se atrevió a negarse. Además, al principio, antes del primer asesinato, muchos sanquinos como lucanamarquinos habían tenido sentimientos cálidos con respecto a Sendero: sus historias de guerra popular no parecían muy realistas en el día a día (y, por lo tanto, no provocaban miedo), mientras que sus denuncias de las desigualdades y abusos de los poderosos en la provincia tenían mucho de cierto. Los relatos sobre las maneras como los grandes hombres se apoderaron de tierras mediante engaños eran comunes y describían relaciones de dominación muy presentes en la región. Sin embargo, después del 19 de noviembre de 1982 —el día de la primera ejecución en Huanca Sancos—, nada volvió a ser igual.

Esa primera ejecución —cuya víctima fue Alejandro Marquina, gobernador del distrito y terrateniente local— fue clave en la historia local y regional. Después de esta, vinieron otras ejecuciones a gamonales en Sacsamarca y Lucanamarca. Marciano Huancahuari en Lucanamarca era conocido por tener mucho ganado. Manuel nos contó cómo, luego de repartir su ganado entre gente que llegó de diferentes comunidades, lo amarraron y llevaron a la plaza donde fue asesinado. Incluso dice que después del asesinato mucha gente entró a su casa y se llevaron sus granos, frazadas, ollas. Los asesinatos a gamonales ocurrieron en paralelo con los llamados «arrasamientos», que fueron las entregas de ganado a pobladores de comunidades vecinas. Estos dos hechos activaron la alerta entre la población que comenzó a sentir que debían hacer algo.

Don Antonio le contaba a su hija que, aun al haber oído el disparo contra la sien de Marquina, aun al ver la sangre brotando de su cabeza, aun al verlo caer, el pueblo pensaba que era una broma macabra. Poco después, don Antonio y doña Marcelina se llevaron a su hijo mayor (que en ese entonces tenía tres años) y se escaparon a las punas. Pasaron unos meses y, en febrero de 1983, los sanquinos se rebelaron contra Sendero Luminoso: acorralaron a los principales dirigentes senderistas, ejecutaron a cinco de ellos (López Liceras fue linchado a golpes y patadas por mujeres desarmadas) y perdonaron a los jovencitos del colegio, a quienes les exigieron separarse para siempre de Sendero Luminoso. Eran sus hijos, sus sobrinos, sus nietos: los sanquinos estaban dispuestos a perdonarlos. Poco después de este levantamiento, se instaló una base militar en Huanca Sancos y otro tipo de violencia se hizo pan del día a día. Don Antonio y su familia pasaron cada vez más tiempo en las punas, porque él tenía miedo de que alguien lo denunciara por haber sido obligado a ser jefe de cuadra de Sendero.

Eso sucedía en Sancos. En Lucanamarca, en marzo de 1983, la población, mediante tretas, había decidido acorralar a Olegario Curitumay, hijo de Lucanamarca y jefe senderista en la localidad. Después de asesinar a Olegario, asesinaron a parte de su familia y cerraron la herida abierta, desapareciendo a todos. Pocas semanas después llegó la represalia senderista: el 3 de abril de 1983, el escuadrón senderista que venía desde las punas asesinando e hiriendo a cuanto poblador encontrara en su camino llegó a la plaza. Los últimos fueron masacrados en la iglesia y en la plaza. Hubo 69 víctimas fatales. Estos, junto con Sacsamarca, son los primeros pueblos en levantarse contra Sendero Luminoso. Conocieron su violencia de primera mano y también la del Estado, que les llegó en la forma de puestos policiales y bases militares (helicópteros, represión y patrullajes).

En junio de 1984, la familia de don Antonio bajó a la ciudad para la fiesta del Día del Campesino y para abastecerse de alimentos. El 23 de junio, la serenata en la plaza congregó a todo el pueblo. Los militares también estaban allí, bebiendo con todas las personas. Hasta hoy, algunos sospechan que quienes estaban tomando con los militares (algunos de los jóvenes que habían sido perdonados por el pueblo el año anterior) los emborracharon a propósito para que se distrajeran. En la madrugada del 24 de junio, los senderistas atacaron Sancos. Entraron por los techos a las casas de quienes consideraban soplones o excesivamente prósperos y los asesinaron en sus camas. Don Antonio, como muchos hombres, esa noche llegó algo borracho a la casa y doña Marcelina no le dejó entrar a su cama. Entonces, se fue renegando a la habitación de al lado, se echó sobre unos cueros de oveja y se cubrió con un costalillo que había por allí. Cuando llegaron los senderistas a castigarlo por desertor, no lo encontraron en su cama. Él se despertó por los gritos y la bulla y escuchó los sonidos de los hachazos dirigidos contra su mujer. Doña Marcelina pretendió estar dormida para tapar con su cuerpo a su hijito que compartía la cama con ella. Recibió los hachazos en la espalda sin pronunciar sonido. Unas horas después, su hijito se atrevió a salir de la habitación para buscar ayuda y encontró a su padre en estado de shock en el cuarto de al lado. Al menos dieciséis sanquinos murieron en sus camas esa noche y decenas fueron heridos. Al día siguiente, helicópteros militares llevaron a los supervivientes a Huamanga. Doña Marcelina pasó un mes en un hospital de allá, recuperándose de sus heridas y aprendiendo a volver a caminar. En ese hospital se enteró de que estaba embarazada: su hija Nélida fue, sin saberlo, una superviviente más que nació siete meses después. Años después, doña Marcelina inscribió lo que le sucedió como tortura en el Registro Único de Víctimas (RUV) y esto la convirtió oficialmente en víctima.

Nociones de víctima y violencia5

Las reparaciones, como formas y estrategias de compensación y resarcimiento, aparecieron después de los procesos de paz luego de la Segunda Guerra Mundial. Se instalaron como mecanismos bajo los cuales quienes habían perdido la guerra y cargaban la culpa de haberla llevado a cabo debían compensar por lo hecho (García-Godos, 2008; Mani, 2005; Torpey, 2005). Las reparaciones emergen como sinónimo de indemnización. El vocablo se insertó en luchas antirraciales en Estados Unidos, por ejemplo, y adquirió otras connotaciones para rectificar viejas injusticias cometidas. En el caso canadiense, se utilizó para resarcir a grupos indígenas y para la recuperación de ciudadanía (Torpey, 2005).

Lo que se observa en esta historia es que la condición de beneficiario o beneficiaria, en estos casos, da forma al sujeto que está al otro lado, que será el perpetrador o perpetradora. Recién hacia mediados de la década de 1990, mientras diferentes países atravesaban transiciones democráticas, la idea de justicia transicional se instaló con sus mecanismos de comisiones de verdad, reparaciones y procesos de justicia restaurativa (Torpey, 2005). Asimismo, esto se originó de la mano de una serie de documentos e instituciones que le dieron forma: la Corte Internacional de la Haya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o institutos como el International Center for Transitional Justice (ICTJ), y documentos como Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for Victims of Violation of International Human Rights and Humanitarian Law (Naciones Unidas, 2005). Aquí también es clave el documento de Pablo de Grieff (2006), en el que define y caracteriza los puntos centrales de programas de reparaciones para sociedades posconflicto.

Las reparaciones se enmarcan en el derecho internacional de recuperación de una condición anterior al daño ocasionado y, como veremos más adelante, se toman formas particulares en los países donde se han desarrollado programas de compensaciones o reparaciones. Para su aplicación, es necesario definir quiénes serán estos/as potenciales beneficiarios/as y, para ello, se usa comúnmente el vocablo «víctima».

Si nos remitimos al Código Procesal Penal peruano, la víctima queda definida como el agraviado o agraviada, esto es, el sujeto sobre quien se ha cometido una falta grave que atenta contra su persona. Esta condición no se remite al pasado, ya que puede ser actual o inacabada. Esta definición nos lleva a una dimensión del trabajo del Estado, pero hay otras dimensiones. Por ejemplo, cuando los Estados implementan políticas en justicia transicional, definen «ciudadanos» como «víctimas» en términos no de su condición, sino siguiendo los instrumentos y mecanismos de justicia transicional, como comisiones de la verdad o la categoría de víctima (Madlingozi, 2010, p. 208; Fassin, 2008 y 2011).

En comisiones de la verdad, la categoría de «víctima» se contrapone a la de perpetrador. A partir de esta relación casi dicotómica, las comisiones estudian periodos de violencia o de conflicto basándose en hechos (casos), actores (víctimas, perpetradores, agentes del Estado) y el papel del Estado. La CVR asumió esa relación como estructural y dedicó un capítulo extenso a conocer quiénes eran estas víctimas, cuáles eran sus lugares de procedencia, cuáles eran los hechos y quiénes eran estos perpetradores, sus afiliaciones y procedencias, y nuevamente los hechos y las razones.

El Informe final de la CVR plantea comprender el periodo que va entre 1980 y 2000 como:

una inmensa oportunidad histórica para el Perú: la refundación de la democracia, la creación de un nuevo pacto social que verdaderamente incluya a todas las peruanas y peruanos en los beneficios y obligaciones de la ciudadanía y en la riqueza cultural que solo una sociedad tolerante y pluralista puede crear. La reflexión sobre el significado histórico del periodo que hemos experimentado está íntimamente vinculada a la expresión de una voluntad renovadora, que busca prevenir de manera permanente el riesgo de un nuevo conflicto armado interno (2003, p. 31).

Sin embargo, esta propuesta de refundación de un pacto social, como plantea Carmen Ilizarbe (2015), no tuvo un claro camino.

Además, el Informe final de la CVR otorga centralidad a la figura de víctima. Se traza una caracterización doble de víctima, ya que se deja entrever que uno no solo es víctima de un suceso concreto o de un ataque específico, sino que también es víctima estructural de un sistema que lo coloca en una posición vulnerable. En este sentido, las elecciones terminológicas de la CVR y los programas que fueron planteados a partir de ella no pueden comprenderse sin el debate de nombres y vocablos que se tuvo en 1980. Así como la CVR peruana se nutre de los debates del movimiento de derechos humanos, también recoge los aportes y reflexiones de otras comisiones de la verdad. Al ser la número 22, a partir de estas experiencias se construyen otras y se intenta superar sus limitaciones configurando su propia especificidad (Burt, 2011; Hayner, 2011; Theidon, 2013).

El problema de trazar una relación dicotómica entre víctima y perpetrador tiene también su propia historia. Nelson Manrique (2002) la subrayaba al describir el papel de la izquierda de 1970: su falta de visión sobre lo que era Sendero Luminoso y su interés por tomar el poder con el fusil. Esto genera que, desde muy temprano, se busque representar un sujeto víctima sin adscripciones políticas que fuese clasificado y nombrado de acuerdo con su tipo de afectación. Esta despolitización tuvo su punto de quiebre en el caso de Edmundo Cox Beuzeville, quien fue capturado en 1981 y torturado en prisión. Su caso fue asumido por un sector de la Iglesia (tenía un tío que era obispo) y hasta publicaron anuncios en los diarios exigiendo un debido proceso para los perpetradores de la tortura. Sin embargo, la respuesta del entonces gobierno de Belaunde fue categórica: «Si la Iglesia quiere canonizar a uno de estos terroristas, que los canonice» (citado en Youngers, 2003, p. 88). Este caso resultó crítico porque, tiempo después, se evidenció que Cox sí era un alto miembro de Sendero Luminoso. A partir de este caso, la defensa de los derechos humanos se hizo privativa de las personas que no estaban involucradas con los grupos subversivos y el movimiento de derechos humanos puso mayor cuidado en la investigación de antecedentes de las personas que pasaría a defender. ¿Cómo quedaría la figura del señor Antonio? Obligado a ser jefe de cuadra, sin mucha formación ideológica, él sentía tanto miedo de ser confundido con senderista como de ser considerado delator.

La metáfora «entre dos fuegos», propuesta inicialmente por Carlos Iván Degregori (1985b) para explicar la manera en que los campesinos peruanos se encontraban ubicados entre la violencia de Sendero Luminoso y la represión autoritaria de las fuerzas armadas, no nos ayuda a entender estas zonas complejas y grises del conflicto ni las relaciones de poder que se tejen cuando la convivencia entre víctimas y perpetradores es tan cercana. Más bien, permite la emergencia de un sujeto víctima despolitizado en el gran texto nacional y que se encuentra ubicado en medio del cruce de violencia que ejercen sobre su cuerpo y su localidad los militantes de los grupos alzados en armas y también los miembros de las fuerzas armadas. La metáfora es importante, porque ayuda a poner atención y dar centralidad a la víctima en el relato nacional, pero no ayudará a mirar la complejidad en su propia densidad histórica y la cotidianidad del conflicto. En los testimonios que recogió la CVR, encontraremos menciones a lugares y eventos que darán forma al testimoniante, pero muy pocas veces a la voz y figura del perpetrador, que aparecerá de forma más gaseosa, menos explícita y ubicable. Los términos «víctima» y «perpetrador» se excluyen mutuamente y no permiten mirar lo que la cotidianidad del conflicto generó en las propias localidades, por ejemplo, don Antonio.

Lo que sí permite esta manera de percibir al sujeto víctima es definirlo y aquí tenemos algunos rasgos claros. La violencia será descrita como «masiva», pero «selectiva». Como hemos dicho anteriormente, queda claro que la víctima en el caso del conflicto armado interno peruano tiene un rostro indígena, rural y pobre. A pesar de que el número mayoritario de víctimas directas en el conflicto armado interno fueron de género masculino, el vocablo víctima suele asociarse, más bien, a una víctima femenina. En este sentido, se haría referencia a quienes quedaron. Cuando desde el Estado se habla de víctimas para fines de programas concretos como el PIR, en la mayoría de los casos no se hace referencia a las víctimas directas, sino a quienes quedaron: las viudas, los viudos, los huérfanos, los torturados y torturadas, las violadas.

Aquí notamos dos niveles de uso y significado que se traslapan en una misma categoría. Tenemos a la víctima que ha sido afectada en un momento dado del conflicto armado interno, es decir, que tiene una ubicación espacial y temporal concreta en ese momento y que pudo no haber sobrevivido. Por otro lado, también está la víctima que queda luego de ese evento traumático, que puede ser incluso otra persona, por ejemplo, la viuda o el huérfano, o la misma persona que se transforma en otra tras el evento, como han sido los casos de violencia sexual y tortura (como doña Marcelina).

En el debate de justicia transicional ya se habla de «modelos» establecidos de comisiones de la verdad6. En estos modelos, el posicionamiento de la figura de víctima se convierte en el punto de partida para construir a la de perpetrador y dar la legitimidad a «los emprendedores de justicia transicional» (Madlingozi, 2010).

La condición de víctima o la victimización es una categoría jurídica que se utiliza en el discurso humanitario para definir a una persona que ha sufrido el abuso y la eliminación de sus derechos. Como postula Didier Fassin (2008), hay un predominio y abuso de esta condición que se observa en el discurso humanitario neoliberal actual. Este predominio exige también mirar a quienes construyen la categoría y se apropian del sufrimiento del otro.

Las víctimas emergerán como los «testigos», cuyas representaciones serán llevadas a cabo en espacios públicos y políticos por estos emprendedores de justicia transicional (Brants & Klep, 2013). Sin embargo, la dinámica es más compleja, puesto que tanto víctimas como emprendedores de justicia transicional se necesitarán mutuamente para legitimar su papel. Además, habrá casos en los que las víctimas asuman el papel de emprendedores de justicia transicional, pues estas categorías no son excluyentes7.

El asunto es que, propuestas de esta manera y al enfocarse en testimonios personales sobre grandes narrativas, las comisiones de la verdad no colocan a víctimas y perpetradores al mismo nivel en la construcción del relato histórico (Nwogu, 2010). Tampoco permiten visibilizar las simpatías iniciales, inclinaciones e incluso participaciones de las «víctimas» como otros actores del conflicto armado interno. Solo años después de presentado el Informe final de la CVR, aparecen relatos con más aristas, como es el caso del texto autobiográfico de Lurgio Gavilán (2012) y José Carlos Agüero (2015). Gavilán nos muestra diferentes momentos de su vida y su participación en los distintos grupos enfrentados durante el conflicto armado interno. El ejemplo del testimonio de Gavilán nos ubica en el terreno fangoso de la construcción de la categoría de víctima desde «nuestros» parámetros: los de la sociedad urbana y letrada. Desde esta mirada, se define quién forma parte de la categoría y quién queda afuera. El diseño de las políticas públicas se desarrolla en Lima y desde ahí se aplica a las regiones del resto del país.

El «ser víctima» no queda en el plano de las ideas: tiene consecuencias concretas, tangibles, palpables. Por un lado, te vuelves potencial beneficiario de un programa social del Estado, e incluso, en el marco de este, de una reparación económica individual; por otro, tus paisanos nunca te verán de la misma forma; querrán saber qué te sucedió o por qué tú recibiste un dinero del Estado y ellos no. Los rumores emergen como una polvareda y reviven los momentos antes, durante y después del conflicto armado interno. Es un conflicto que no está tan cerrado como quisiéramos creer.

Llegando a Huanca Sancos

Sancos, 6 de agosto de 2013

El salón consistorial estaba lleno. Nos habíamos propuesto contar a los miembros de la Asociación de Víctimas de Huanca Sancos de qué trataba nuestro estudio. La convocatoria la realizó Nilton Salcedo, el presidente de la asociación. Vino mucha gente. Había dirigentes de los anexos, distritos y comunidades vecinas de Calvario, Caracha, Yanama, Cruzpata, Piscconto, Accorqocha… Después de las presentaciones formales, una señora levanta la mano y dice:

 A: ¿Puedo preguntar?

 M: Pregunte nomás.

 A: Mi hijo en la época del terrorismo ha muerto golpeado mientras el otro desapareció. Hasta ahora no aparece, y de eso… ¿De los dos puedo recibir eso lo que dicen reparación o no? ¿Cómo es eso?

Otra señora nos dice:

 B: De mi hijo no he recibido completo; a algunos les habían dado 10 000 así nomás me ha dado y ahora no quiere darme.

Otra señora añade:

 C: Con mis animalitos estando en el campo no he podido venir. Tengo mi hijo, se escapa, y mi hijo ha muerto hace tiempo, ya ha muerto con así feo. Ha muerto, señor, con hacha me ha perseguido. Yo también estoy enferma [llora].

 M: Señora, no llores por favor. Deberías ir con la señora María para hacer tu inscripción.

 C: Yo no me he inscrito.

Otra persona afirma:

 D: También, señorita, todos los documentos de mi padre desaparecieron; mis documentos se han quemado, todos los documentos han desaparecido. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer para sacar?

Y muchas preguntas más… Habíamos comenzado cerca de las seis de la tarde y terminamos pasadas las diez de la noche.

Llegamos a Sancos luego de pasar un tiempo en Lucanamarca. Fue allí donde comprendimos que la historia de cada una de estas localidades, si bien contiene sus propias particularidades, debe verse en conjunto, como la historia de una región que comparte más allá de apellidos, un colegio secundario en el cual se forman y formaron casi todos los jóvenes de la región, una élite local fuerte y una historia de relaciones densas con la costa (Ica y Lima), con la capital Huamanga y con el sur de Ayacucho (Lucanas). Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca son localidades con comunidades asentadas en Ayacucho y extendidas a través de asociaciones de residentes en Ica, Ayacucho y Lima.

Apenas arribamos a Sancos, además de buscar al alcalde, al presidente de la comunidad y otras autoridades, queríamos tener una reunión con los representantes y miembros de la Asociación de víctimas. Esta se llevó a cabo gracias a Nilton, su presidente, y al alcalde, que nos autorizó a utilizar el espacio del salón consistorial de la Municipalidad. Pensando que no vendría mucha gente, compramos algunas gaseosas y galletas para la conversación.

Fue una sesión intensa que comenzó al caer la tarde y contó con una masiva asistencia de los miembros de la asociación8. Asistieron representantes de todos los barrios de Sancos, e incluso de algunos anexos como Calvario, Tranca, Acuchimay, Raquina, Cruz Pata, Pisqonto, Accorccocha, Urabamba (anexo), Caracha, Yanama, Centro Uno y Centro Dos, y Pomapasa. Había una gran necesidad de preguntar y alzar su voz para que se les ayude a absolver dudas sobre el funcionamiento del PIR. ¿Por qué unas personas sí lograban inscribirse y otras no? ¿Por qué las listas se publicaban, resaltando algunos aspectos de aquello que los había afectado, y no salían para todos? ¿Por qué el caso de tal o cual había quedado paralizado? Y así sucesivamente.

Hay dos aspectos visibles aquí: la manera en que el programa configura un perfil de víctima que no necesariamente dialoga con la forma como las mismas personas se sienten o identifican, y cómo, sin proponérselo, el RUV había funcionado como una tecnología de poder del Estado que organiza el conjunto de personas que han padecido durante el conflicto a través de una tipología de víctimas basada en sus afectaciones.

Esto ocasiona sentimientos profundos de contrastar dolores y afectaciones, y trazar un universo subjetivo que emerge ya jerarquizado. Esa tarde, conocimos a muchas personas con sentimientos encontrados acerca de quienes habían logrado irse o salir de Sancos por tener familiares o medios económicos para hacerlo. Quienes se quedaron, como los pastores y otras personas sin recursos, se llevaron la peor parte. Además, en esa reunión, algunas personas mencionaron sobre los casos «observados», es decir, de quienes se habían inscrito en el RUV; sin embargo, sea por falta de documentación o porque sus nombres aparecían en alguna lista que los hacía parecer como simpatizantes o cercanos a Sendero Luminoso, sus casos habían sido detenidos en alguna parte del proceso. En Huanca Sancos, hacia 2013, había cerca de cincuenta casos observados.

Tanto en Lucanamarca como en Sancos hubo módulos de atención del RUV, muchos conducidos por la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), la ONG que había instalado una oficina en Lucanamarca luego del trabajo de la CVR. Atendieron las inscripciones de familiares de acuerdo con los tipos de afectación y brindaron información sobre el funcionamiento del programa y el discutido artículo 4. Si bien el proceso comenzaba en la propia localidad, continuaba con el envío de los expedientes y las solicitudes a Huamanga con el fin de que los casos fuesen revisados y luego derivados a Lima para su última verificación. Lo que esta cadena de funciones generaba era falta de información y acumulación de poder en quien se erigía como funcionario o funcionaria. El último escalón de esta cadena de mando y funciones era el familiar que logró inscribirse en el RUV.

Un argumento central en este libro es pensar las maneras como las distintas poblaciones han formado a una suerte de trabajo regulatorio y de gobierno que asumen es el Estado. El «Estado», como bien señalan Das y Poole (2004), no es un ente administrativo monolítico, sino que configura sus prácticas políticas de regulación y gobierno desde sus propios márgenes. El sur y centro de Ayacucho ya son un margen del Estado, en tanto la herencia colonial hace que el Estado peruano esté extremadamente centralizado en Lima. No es gratuito que los expedientes de reparación deban finalmente revisarse en Lima, como tampoco lo es que sea desde Lima que se envían las listas con los potenciales beneficiarios. Es una relación absoluta de ida y vuelta. El problema es que, en el medio, quedan las personas sin respuestas de sus casos que expresan situaciones de mucho dolor y padecimiento de largos años de incomprensión.

Si la historia se constituye como una forma en que se transmiten discursos hegemónicos de poder, lo es también la manera como algunas instituciones centralizan y acaparan el poder. En este caso, el pequeño escritorio de quien se encargaba de llevar el registro de víctimas del Consejo de Reparaciones en Huanca Sancos constituía este horizonte de poder. Ella tenía acceso a la información que recibía desde Ayacucho, que, a su vez, procedía de Lima. «Lima decide»; «Lima es quien aprueba». Sus contundentes frases reafirmaban la centralidad del proceso y dónde finalmente radicaba (y radica) el poder último.

Aquella reunión en el salón consistorial se extendió por varias horas. Ahí dejamos de ser antropólogas para convertirnos en funcionarias del RUV9; es decir, asumimos el papel de funcionarias del Estado para, en la medida de nuestras posibilidades, informar sobre cómo era el proceso de inscripción en el registro, las verificaciones de nombres y casos y el trabajo que se desarrollaba tanto desde el Consejo de Reparaciones como desde la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN).

Al igual que otros antropólogos y antropólogas en trabajo de campo, a lo largo de este estudio asumimos distintos papeles, ya sea por iniciativa nuestra para generar una situación etnográfica (Guber, 2004) o «para-sitio» (Marcus, 2013) o por cómo la gente nos percibía. En su trabajo con familias beduinas en el norte de Egipto, Lila Abu-Lughod (1986) narra cómo pasó de ser la «invitada en la familia» a la hija adoptiva, mujer y, finalmente, antropóloga. Del mismo modo, Deborah Poole (2000), durante su trabajo de campo en Cusco, narra cómo pasa a convertirse en fotógrafa del pueblo y cómo esta actividad la hace interesarse en la fotografía y la economía política de la imagen inserta en una discusión sobre raza y etnicidad en el lugar.

Los distintos papeles que asumimos durante el trabajo de esta investigación nos ayudaron a ver aquello que no necesariamente está a flor de piel, y también a transitar en diferentes pequeños mundos sociales, entre la comunidad, las oficinas del Estado, los círculos académicos y los hogares de muchas personas. Ser de Lima y venir de una universidad privada nos colocaba en una posición de privilegio que se describió desde el inicio del estudio.

Cuando arribamos, sostuvimos una reunión con el alcalde Cirilo Pacheco, que nos recibió cálidamente para presentarnos a quien, en ese momento, se encargaba del RUV en la localidad10. Él tenía especial interés en que la historia de Sancos fuese estudiada. Sentía, como muchos sanquinos que Lucanamarca y Sacsamarca, que eran los relatos más conocidos en Lima y cuya historia tenía que saberse. También —en una dimensión más personal que luego comprenderíamos— él había perdido a su hermano en la guerra. Cuando se refería al colegio, enfatizaba el hecho de que eran muy jóvenes y no sabían lo que hacían (una forma de absolver deudas). El alcalde nos abrió las primeras puertas. Las otras puertas nos las abrió Nilton, presidente en ese momento de la Asociación de Víctimas, quien nos introdujo también en su red familiar; Napoleón, Elvira y los profesores del colegio Los Andes. Fuera de esos márgenes, aparecieron Kelly, vendedora de jugos en la puerta de su casa, y su esposo Wilson, que venía de Puno, quienes nos ayudaron con el transporte y a conocer el espacio, el territorio: el helicóptero derruido en lo que quedaba de la base militar, la granja comunal, las estancias, las aguas termales en disputa constante con Sacsamarca, y el camino ida y vuelta a Lucanamarca.

Nuestros primeros contactos eran, sobre todo, las autoridades (casi todos varones) y miembros de la élite local entre quienes sí había mujeres, pero de las familias que habían gobernado históricamente la región. El «estar ahí», como diría Geertz (1988), nos permitió avanzar en la construcción de lazos sociales en la localidad. La fotografía es fundamental para pasar de la historia como anécdota a (intentar) comprender un contexto complejo entramado de relaciones, tensiones y pulsiones constantes, en las cuales la historia era una más de una serie de marcas y para colocar un rostro a los nombres de quienes ya habíamos conocido a través de relatos.

Además, como veremos, las imágenes ayudaron a motivar conversaciones, a recordar cómo eran las personas, a contar con emoción sus vivencias. Los eventos marcan y dejan secuelas en los cuerpos y territorios. Aquí las imágenes quedaron en algunas postales de papel gracias al trabajo del tío de Nilton, Nicasio, y a Mariano Alarcón, los fotógrafos de Sancos. Ha sido un arduo y largo trabajo en el que, poco a poco, no solo fuimos conversando con más personas, sino develando las capas y horizontes históricos atravesados por ideas de clase, raza y género, no sin antes (como el epígrafe que abre esta sección muestra) atravesar nosotras por distintos papeles: ser vistas como funcionarias del PIR, miembros de alguna comisión de la verdad, ingenieras, maestras de escuela, abogadas o fotógrafas (todo menos antropólogas).

Objetivos y organización del libro

Nuestro interés a lo largo de esta investigación es romper algunas ideas o metáforas y asumir el Informe final de la CVR como una gran narrativa sobre la nación e ir más allá de esta. La metáfora «entre dos fuegos» fue propuesta inicialmente por Carlos Iván Degregori (1985b) para explicar la manera como los campesinos peruanos se encontraban ubicados en el campo, entre la violencia de Sendero Luminoso y la represión autoritaria de las fuerzas armadas. Esta es la metáfora que recorre cómo se otorga centralidad a la figura de víctima en el Informe final de la CVR (su voz y su testimonio dan sustento a los estudios de casos a profundidad y también a la reconstrucción de eventos desde una perspectiva sociológica e histórica). Sin embargo, ideológicamente, esta metáfora es problemática, porque hay en sí una forma de ver a la víctima (o al «sujeto de-en-medio») como un individuo despolitizado; es decir, no recoge la agencia del sujeto (como diría Veena Das) que nace de su dolor. Además, se vuelve problemática porque construye la figura de un sujeto apolítico, mejor dicho, de una víctima apolítica cuando será la propia historia de estos pueblos que muestren, más bien, una vida política dinámica (capítulos 2 y 3).

Al mismo tiempo, esta metáfora plantea la oposición casi natural entre víctimas y perpetradores: ¿puede un perpetrador ser visto como víctima? ¿Puede una víctima volverse perpetrador? ¿Dónde quedan las zonas grises del conflicto? En las batallas de memoria que han aparecido en el espacio público, luego de la presentación del Informe final de la CVR en 2003, vale destacar los relatos de perpetradores o de quienes tomaron la decisión de seguir el camino del PCP-SL siendo niños, como ha sido el caso de Lurgio Gavilán (2012). Estos relatos complejizan el panorama, ya que no se trata de categorías homogéneas ni estáticas. Al contrario, pensar en términos de «perpetradores» o «víctimas» es ir más allá y comprender sus propios matices (los límites y complejidades de un país poscolonial y posguerra como el peruano).

Otro de nuestros objetivos es dejar atrás esa idea arraigada en el dominio popular que destaca el centralismo del Estado peruano como analógico, con una realidad que no trasciende y que niega la presencia del Estado en zonas alejadas, ya sea por las dificultades de las rutas de acceso antes que por resaltar las distancias culturales y sociales, que muchas veces son más dramáticas. Así, a la metáfora de «entre dos fuegos» se une otra, que es la de un «Estado inexistente», que va de la mano de otra metáfora creada por el historiador tacneño Jorge Basadre: la dicotómica relación entre un «Perú profundo» y un «Perú oficial». Si con la primera metáfora se despolitiza al sujeto víctima, con esta segunda se despolitiza el campo.

Ya Jayme Patricia Heilman (2010) ha mostrado en su extraordinario recuento histórico los debates políticos presentes en las provincias de Vilcashuamán, Víctor Fajardo, Cangallo y Huanta en Ayacucho en las décadas anteriores al conflicto. Ahí, la figura de Fernando Belaunde destaca como líder político y su proyecto de reforma agraria resalta como un deseo común de obtener acceso y control a sus tierras. Además, anteriormente, la comisión integrada por el señor Ananías Sumari Mendoza, entre otros, fundó el colegio secundario Los Andes en Sancos. La historia de este colegio, de más de cincuenta años, refleja un proceso político denso y complejo. Nos habla, por un lado, de la presencia del Estado a través del sistema educativo, y por otro, describe una gran voluntad de cambio y movilidad social (que sus hijos estudien en su localidad y que quienes no tenían acceso a la educación secundaria puedan también ser instruidos).

Alberto Fujimori estuvo dos veces en Huanca Sancos, una en 1995 y otra en 1997. En ambas ocasiones, llegó en helicóptero. Con su visita se realizó el proyecto de electrificación y la construcción en material noble del nuevo local del colegio nacional Los Andes. Al mismo tiempo, las imágenes de Belaunde en su recorrido por el país se conservan y se muestran en el municipio de Lucanamarca. Belaunde fue el primer presidente que «casi» llega a Lucanamarca (se quedó en las punas altas, en el camino entre Sancos y Lucanamarca), pero su recuerdo pervive en el municipio e historia de la localidad. Después de Belaunde, Alejandro Toledo arribó a Lucanamarca para participar de la ceremonia de entierro digno; más adelante, en 2013, Ollanta Humala también llegó para dar un discurso sobre reparaciones. No estamos hablando, pues, de lugares alejados ni distantes del Estado.

Este libro cuenta las historias de Lucanamarca y Sancos a través de las muchas memorias e historias de personas. Sus nombres están protegidos con seudónimos. Solamente en casos de personas públicas dejamos los nombres reales. Los capítulos 1 y 2 se centran en la historia larga y profunda para mostrar desde allí la trama de relaciones políticas y sociales, la manera como una élite construye el Estado para una región para luego, durante los años de guerra, encontrarse con un Estado represor y autoritario. Usamos imágenes como articuladoras de los testimonios recogidos y también para mostrar el lado más humano y la vida cotidiana de una guerra deshumanizadora. El capítulo 3 trata sobre el Estado neoliberal al que describimos como gestor por cómo las políticas públicas de reparaciones serán tratadas en el caso peruano.

Finalmente, el capítulo 4 trata sobre las experiencias de la reparación. Mientras las voces contarán las experiencias de los sujetos, estos ayudarán a informar sobre el funcionamiento de una política social: las circunstancias alimentarán la mirada sobre lo problemático que es pensar una política social de reparación en un país donde no todos los ciudadanos cuentan con iguales oportunidades ni derechos. Por último, el libro cierra con un epílogo en el que narramos dos eventos entrecruzados. Primero, nos detenemos en la gran marcha en la que acompañamos a quienes cuentan sus historias en este libro a pedir el incremento de la reparación económica y más oportunidades en materia de reparaciones en educación, salud mental y vivienda. Segundo, pasamos revista a una serie de exposiciones de arte con las cuales representamos los hechos aquí narrados. Lo simbólico es también un terreno en el cual la misma representación dará forma a la cosa representada. Así, Lucanamarca será recordada por el baño de sangre, mientras que Sancos pasará a formar parte de los demás pueblos andinos, costeños y amazónicos por donde pasó la violencia y se quedó allí en la misma indiferencia del Estado.

1 En el diario en el que la señora Liduvina García escribe para el equipo de la CVR, quien investigó a profundidad sobre Huanca Sancos, se señala el 18 de diciembre de 1984 como una de las fechas en las que ocurrió la quema del mixto de la comunidad.

2 Las denuncias se realizaron principalmente en centros urbanos y centros poblados donde hubo comisaría o juzgado de paz.

3 En este libro, utilizaremos «Huanca Sancos» en referencia a la provincia y «Sancos» en referencia a la comunidad, municipio y distrito.

4 Entrevista a un profesor del colegio Los Andes sobre Huanca Sancos. Expedientes y documentación de Carlos Iván Degregori.

5 Partes de esta sección son tomadas de Ulfe y Málaga Sabogal, 2015.

6 Por ejemplo, véase la conferencia de Eduardo González en el Seminario Internacional «Política en justicia transicional. Diez años de verdad y memoria en el Perú: miradas históricas y comparativas sobre el legado de la CVR», realizado en Lima entre el 20 y el 22 de agosto de 2013.

7 Véase el estudio realizado por Iris Jave sobre los casos de dos hijos de padres desaparecidos que luego se vuelven líderes jóvenes en las asociaciones regionales de víctimas: «Cómo se construyen los actores políticos. El caso de los líderes de organizaciones de familiares de víctimas del conflicto armado interno de Ayacucho y Lima durante el periodo posconflicto en el Perú 2000-2013», ponencia presentada en el Congreso Internacional de Latin American Studies Association, Chicago, mayo de 2014.

8 La asociación está conformada por muchos más miembros de los 117 fallecidos en Sancos (según datos oficiales de desaparecidos y muertos, lista preparada por Aymé Marquina, anterior presidente de la asociación). Hay 1900 personas acreditadas como víctimas en toda la provincia.

9 Sobre esto hemos publicado en Ulfe y Málaga Sabogal, 2017b.

10 El señor Cirilo Pacheco fue alcalde de la provincia de Huanca Sancos entre 2007 y 2014.