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Introducción

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El mundo pospandemia y en particular en Latinoamérica y Argentina presentará serios desafíos para el logro de un “desarrollo inclusivo y sostenible”. La recuperación puede tener un patrón cíclico a nivel mundial, una recuperación brusca y optimista, seguida de una cierta desaceleración, que puede generar comportamientos de tipo “burbuja”.1

La pandemia, ha agudizado desigualdades: sanitaria (tanto en el acceso a servicios de salud como en lo que hace a la disposición de vacunas en el mundo desarrollado, frente a su escasez en el mundo en desarrollo), medios digitales (conectados frente a no conectados, lo cual tiene un importante impacto en los ámbitos laboral y educativo, etc.). Estas nuevas contraposiciones están a su vez vinculadas a otras dimensiones preexistentes como ocupados frente a no ocupados, y ocupados formales vs. ocupados informales en el ámbito del trabajo, así como otras desigualdades en el ingreso, el acceso a la vivienda, etc.

Además de estas cuestiones referidas a desigualdades, convivirán otros desafíos importantes como el impacto que podría tener la revolución tecnológica en curso en el trabajo y el empleo, el de la calidad del medio ambiente, y la lucha por la paz frente a un contexto de mayores tensiones y de la tentación del recurso a la fuerza para la solución de conflictos.

Tanto a nivel internacional como en nuestro país se plantean preguntas importantes desde el punto de vista socioeconómico e institucional: ¿por qué las instituciones (como el mercado, el estado, el sistema político) no alcanzan a revertir la exclusión? ¿No alcanzan a incorporar objetivos sociales y medioambientales que se manifiestan con evidencia? ¿Son estas instituciones y marcos de organización parte del problema? (Repucci y Slipowitz, 2021).

Centrándonos en la historia económica y política argentina podemos ver que está caracterizada por una alta volatilidad del ciclo económico -elevada inflación, importantes recesiones- y una polarización fuerte de visiones económicas y políticas que no encuentran un cauce común para encaminar un desarrollo inclusivo y sustentable (Fanelli, Kacef y Jiménez, 2011). Esto ha dificultado la inversión, ha dificultado el desarrollo de los sectores productivos y el empleo junto con las condiciones sociales. Las políticas, por lo general han intentado cambios de rumbo de modo “desde arriba hacia abajo,” y han resultado incapaces, primero para incorporar la parte positiva del discurso no propio, y luego, y como consecuencia, para ser sustentables (Resico, 2010, 2015b).

Siguiendo nuestro análisis entendemos que esto puede ser el resultado de una polarización importante en las propuestas, y de un cierto “empate” de facciones que manifiestan una incapacidad de diálogo, para encontrar puntos de consenso. Este empate inconducente, en ausencia del diálogo, propicia la desconfianza y la salida unilateral, lo cual como vimos no resulta sustentable en el tiempo y termina abonando el escepticismo y la corrupción. Creemos esto ha llevado a resultados económicos y sociales contraproducentes como se manifiesta en la actualidad por el elevado nivel de pobreza y de la deuda social (Resico, 2020).

La división y polarización de las visiones que se suceden en planteos más bien unilaterales, han favorecido el desarrollo de un uso del estado para los objetivos parciales de los grupos que ocasionalmente los dirigen, lo que en alguna literatura internacional se ha denominado el “estado botín” (Hutchcroft, 1998) y está fuertemente ligado a conductas que podemos denominar rentistas, las cuales logran “privatizar los beneficios, socializando las pérdidas”, lo cual termina agudizando la pobreza, y a su vez retroalimenta la inestabilidad (Resico, 2019a).

Para comenzar otro camino se requiere una política que sirva al ciudadano y al bien común, y empresas que sirvan al consumidor, pero distintas lógicas están obstaculizando esto, generando una peligrosa desconfianza generalizada sobre las instituciones de gobierno, y de la economía. Una palabra que puede englobar el fenómeno es “corrupción”, pero resulta demasiado amplia y difusa, y se queda meramente en el aspecto moral y personal -esencial por cierto- pero sin explicitar las estructuras que operan para su desarrollo (Kaufmann y Vicente, 2011; Resico, 2015a).

Cuando analizamos la debilidad del estado democrático a nivel global, podemos observar que la captura por parte de los grupos (“patrimonialismo”) y la concentración económica (“rentismo”), generan obstáculos para que el gobierno democrático sirva al ciudadano y al bien común, y las empresas sirvan a los consumidores, generando desconfianza sobre los resultados de ambos. El desarrollo de la concentración del poder atenta en el funcionamiento de una política democrática y el de la concentración económica contra el despliegue de una economía más inclusiva.

En ese contexto crecen los privilegios, debilitando el vínculo entre mérito y reconocimiento/retribución, poniendo en jaque a los liderazgos y a las instituciones, debilitando la democracia. Así no se ha verificado el esperado efecto derrame, y persiste la exclusión, carcomiendo las bases de una democracia republicana y de una “economía de libre empresa” llevando a una pseudodemocracia y a un “capitalismo salvaje” -en términos de Juan Pablo II (1991).

La respuesta de acumular un poder centralizado por encima de la legalidad democrática como solución a estos fenómenos de disgregación, ha resultado en sistemas políticos autoritarios y en un sistema económico aún más concentrado, denominado capitalismo de estado. Esta combinación, salvo en casos muy especiales determinados por otros factores, han llevado a resultados económicos y sociales aún más deficientes, que además tienen el grave costo de la pérdida de libertades (Resico, 2012).

En el caso de Argentina -así como muchos otros del ámbito internacional- hay por supuesto signos positivos, por ejemplo, el compromiso por la democracia y por la no violencia en el ámbito político (que se deben conservar con especial cuidado en el futuro próximo), asimismo, se han constituido dos coaliciones políticas con amplia representación y apoyo popular. El diagnóstico propuesto: la necesidad de diálogo y consensos básicos para la construcción de soluciones perdurables y efectivas en línea con un desarrollo inclusivo y sostenible, creemos están ampliándose en la opinión pública, en los actores sociales, económicos y políticos, así como en referentes de opinión e intelectuales. En este campo se presenta la propuesta del Magisterio de Francisco con una claridad meridiana, en particular en su encíclica Fratelli Tutti (2020).

No obstante, sigue siendo fuerte la tendencia a descalificar al que piensa diferente y utilizar la polarización como recurso mediático, político-electoral, y económico-especulativo. La irrupción de la pandemia ha sido una oportunidad para enfrentar un problema, a todas luces común, y de origen completamente externo. Y, sin embargo, a pesar de valiosos intentos iniciales, ha sido reconducido hacia la lógica de la polarización por actores en ambas coaliciones (Resico, 2020).

Para revertir esto y reconducir la democracia y la economía en la dirección de la inclusión y la sostenibilidad, consideramos que se debería partir de los elementos positivos señalados y suprimir las formaciones de privilegios tanto en el ámbito político como económico (patrimonialismo y rentismo). En este punto creemos que es importante la reflexión y la conversión del corazón, tanto en el ámbito dirigencial, como en el de los distintos grupos de influencia, como en las personas en general.

En este espíritu el presente trabajo presenta un estudio de tres enfoques económicos -todos con vinculaciones con la Doctrina Social de la Iglesia- que intentan armonizar lo económico con lo social con centro en la persona humana. Es decir, reorientando la economía -pero también la política- hacia el bien común, en pos del “desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres.”2

En este contexto han aparecido varios enfoques, que fijan sus esperanzas de reforma en la participación democrática y social, a través del fortalecimiento del capital social y la cooperación, y así mejorar la lógica de representación de los grupos, incluyendo en particular a los más desfavorecidos. Esta participación y representación, no sólo debe apuntar a “equilibrar” a los grupos más influyentes, y reequilibrar la “repartición de la torta” sino a modificar la lógica de la vinculación de los grupos socioeconómicos en su relación con el estado.

Para profundizar en esta posibilidad-propuesta planteamos el estudio y comparación de tres enfoques que contienen elementos para este cambio de lógica y para su articulación a nivel general. Estos son: a saber, la “Economía Social y Solidaria” (ESS), la “Economía Civil” (EC) y la “Economía Social de Mercado” (ESM).

Desde la perspectiva de nuestra búsqueda nos preguntaremos por su enfoque, contenido general, así como por sus propuestas. En particular: ¿qué proponen los tres enfoques seleccionados en cuanto a la organización económica y la acción y la participación de los grupos socioeconómicos? Partiendo de sus afinidades, y dejando de lado los caminos de discrepancias, nos preguntamos: ¿En qué medida es posible comparar y luego combinar, potenciando complementariedades, dichos elementos para una solución más adecuada? Todo ello con vistas a elaborar una síntesis que nos proporcione, respetando las distintas perspectivas una línea de acción coordinada que resulte adecuada para dar respuesta concreta, inclusiva y sostenible a los desafíos que presenta la realidad socioeconómica de la Argentina actual.

1 Algo de este tipo puede estar dándose en los precios de los commodities que son importantes para el comercio exterior y las finanzas de la Argentina.

2 Pablo VI, 1967, n.19.

Diálogo social para el desarrollo inclusivo en la Argentina pos-pandemia

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