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Prólogo

A principios de 2003, al iniciar nuestra gestión en la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), uno de los reclamos más insistentes encontrados respecto de la prestación de servicios por parte de las autoridades estatales de profesiones, así como de los presidentes de los colegios más representativos de las disciplinas personificadas en las Comisiones Técnicas Consultivas de la mencionada dirección, era el relacionado a la certificación profesional.

Las inquietudes sobre este asunto concernían a la falta de vigilancia y control de los procesos de certificación profesional que desde hacía tiempo se estaban llevando a cabo en la República Mexicana. Ante esa situación, fue necesario tomar cartas en el asunto, evaluarlo y proponer soluciones.

El primer paso consistió en la organización de una comisión técnica de la DGP integrada por los funcionarios encargados del área de profesiones de los estados de Coahuila, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Yucatán, México, Querétaro y la DGP, con el propósito de analizar y discutir los problemas referentes a la certificación profesional desde la perspectiva de los estados del país.

Una vez evaluada la situación, la DGP presentó una primera propuesta de solución en la IV Reunión Nacional de Autoridades de Pro­fesiones celebrada en la ciudad de Chihuahua del 24 al 26 de septiembre del mismo año 2003. En esta reunión se propuso el establecimiento de la certificación profesional dentro de un esquema de calidad —tema central de este libro—, y el arranque de un proceso a lo largo del cual se realizó el consenso y la discusión de este programa en todos los foros públicos y privados en los que la DGP consideró que podría ser interesante y enriquecedora la presentación de nuestro proyecto de certificación profesional.

A la luz de esa experiencia, se emprendió una investigación cuyo propósito fue dar a conocer los resultados del esfuerzo específico del gobierno mexicano para garantizar a la sociedad la calidad en el ejercicio de los contadores públicos, para lo cual fue necesario analizar las implicaciones que tuvo el hecho de que dos instancias del gobierno federal —la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP)— coincidieran en el propósito de asegurar la calidad de los servicios de los mencionados profesionistas. Ambas instituciones, a través de sus dependencias correspondientes, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Dirección General de Profesiones (DGP), han establecido esquemas para una adecuada regulación de las prácticas del campo profesional de la contaduría pública. Lo relevante de esta situación es que estas dos dependencias, partiendo de propósitos diferentes, ajustaron sus lineamientos institucionales.

En este caso particular, la SHCP buscó en la SEP el marco normativo para el logro de sus fines. Mientras que la SHCP a través del SAT quería contadores públicos capacitados que le garantizaran calidad en las auditorías realizadas para efectos fiscales, la DGP de la SEP tenía la responsabilidad de instrumentar esquemas de certificación profesional para, por una parte, cumplir con compromisos internacionales del Estado mexicano y, por la otra, dar respuesta a una creciente demanda de la sociedad mexicana de profesionistas actualizados y certificados adecuadamente.

Por tal motivo, surgió la siguiente pregunta: ¿qué efectos tiene una política pública implementada por la SHCP en los procesos de certificación profesional de la SEP, en específico para el campo de la contaduría pública?

Por novedad del tema en el contexto nacional, además de revisar la literatura existente y la discusión teórica relacionada con el ciclo de las políticas públicas, se recurrió a fuentes primarias, entrevistas y documentos oficiales. Lo que, sumado a nuestra experiencia profesional y participación en la implementación de una de las mencionadas políticas públicas, proporcionó los elementos requeridos para demostrar que el diseño de una política fiscal con un fin eminentemente recaudatorio, que nada tenía que ver con la educación y mucho menos con la calidad del ejercicio profesional, impactó de una manera considerable en el ejercicio de las profesiones.

De esto trata el libro que el lector tiene en sus manos. Es una primera sistematización conceptual de la certificación profesional en México y, al mismo tiempo, una demostración de que en el caso concreto de los contadores públicos mexicanos, la calidad del servicio que brindan tiene incidencia directa en el aumento de la recaudación fiscal.

A lo largo de la investigación hicimos algunos hallazgos, entre los que destaca el de la falta de una normatividad general que regule los procesos de certificación profesional a nivel nacional. Lo anterior puso en evidencia la discrepancia en las legislaciones estatales sobre el mencionado ejercicio en sus intentos por regularlo. De igual modo se constató la falta de un plan de incentivos que estimule la certificación profesional, y la resistencia de algunos sectores a someterse a esquemas de evaluación para obtener la certificación.

La investigación también permitió comprobar que la urgencia de la SHCP por regular a los contadores públicos fue un pivote clave para que la SEP tomara cartas en el asunto y estableciera un esquema coherente de certificación profesional, impactando así al resto de las profesiones.

Por último, esta obra pretende demostrar que la certificación profesional es uno de los procesos establecidos por la SEP para garantizar una política pública de calidad, y que la primera, junto con la acreditación de las instituciones de educación superior, es una de las maneras de lograrlo. Así se completan las dos fases: una relativa a la formación profesional y otra centrada en el ejercicio de la actividad profesional.

Se escogió el análisis de la implementación de la certificación profesional en México por tratarse de una materia novedosa que no ha recibido estudios sistematizados. Además, se trata de un tema fresco sobre el cual se proporciona aquí información inédita que puede ser útil para futuras investigaciones.

Esperamos que esta investigación contribuya positivamente al entendimiento de las peripecias que ha significado para el Estado mexicano la implementación de un programa cuyo objeto es garantizar a la sociedad que los profesionistas a los que recurre son competentes, honestos y calificados profesionalmente.

Recaudación fiscal y certificación profesional: enlace de dos políticas públicas

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