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INTRODUCCIÓN

La construcción del Estado constitucional en la España liberal del siglo xix estuvo presidida de manera preeminente, en cuanto a la forma de gobierno, por la monarquía constitucional. El proceso de cambio abierto por las Cortes de Cádiz planteó, desde el inicio, la reformulación de los fundamentos legitimadores de la monarquía, de la función del Rey en el proceso político y de la propia imagen pública de la Corona. En su marco se confrontaron o se trataron de combinar finalmente dos legitimidades: la histórico-tradicional del principio monárquico y la representativo-parlamentaria formulada bajo los nuevos presupuestos de la revolución liberal. En las fases rupturistas de ésta, la primera legitimidad se vio enfrentada a las premisas y consecuencias de la proclamación del principio de soberanía nacional; en las de consolidación transaccional, se trató de compaginar ambas de forma equilibrada, haciendo enraizar tanto el principio monárquico como el representativo-parlamentario en el ser histórico de la Nación española. Así lo pretendieron, en esencia, el liberalismo moderado isabelino y el conservador en la Restauración bajo el discurso de la Constitución histórica dual o Constitución interna, en una perspectiva compartida por amplios sectores de la izquierda liberal.

En íntima vinculación con la tensión entre aquellas dos legitimidades, y desde que las Cortes de Cádiz cimentasen la organización política del Estado constitucional en el principio de división de poderes y la refundación de nueva planta de la institución representativa, la definición de las funciones del monarca en relación con las Cortes dentro del proceso político se convirtió en problema medular. Bajo el relativamente engañoso manto común de la monarquía constitucional, nuestro siglo xix contempló, en realidad, la atormentada sucesión de diversos modelos de fundamentación de la misma y de la relación Rey-cortes: la monarquía asamblearia propia del liberalismo doceañista; las pretendidas fórmulas de equilibrio transaccional entre el poder monárquico y el parlamentario de la monarquía liberal-doctrinaria del reinado de Isabel II, con su efectiva deriva autoritaria; el ensayo alternativo de una Monarquía democrática, nacional y parlamentarizada, en 1869 y bajo el reinado de Amadeo de Saboya; y, finalmente, las rectificaciones que en aquella relación indujeron las convenciones del turnismo en la monarquía de la Restauración, en el sentido de crear una legalidad común a las dos grandes corrientes de nuestro liberalismo, la conservadora, de base doctrinaria, y la demoliberal de 1869. La sucesión de esos modelos y experiencias no fue, en gran medida, lineal, sino fruto de fracturas, acreditadas limitaciones y desnaturalizaciones prácticas de los mismos, lo que determinó la imagen de continua y problemática reapertura de la “cuestión constituyente” en la España Liberal.

La singladura de nuestra monarquía constitucional en el siglo xix fue, como todo proceso histórico, compleja y ambivalente. Es innegable que en su marco se produjo el tránsito de la sociedad estamental del Antiguo régimen a la nueva sociedad liberal clasista, se abrió paso la mesocracia, se articuló administrativamente el Estado centralizado, y en el plano político, en una amplia perspectiva, se consolidaron los institutos representativo-parlamentarios con su concurrencia neurálgica en el proceso político. Pero junto a ello, la relación entre monarquía y liberalismo generó tensiones, prácticas políticas y culturas no siempre de fácil convivencia ni de resultados previsibles. En combinación con otros factores –como la falta de grandes consensos nacionales, con su exponente en los sucesivos ciclos de guerras civiles carlistas, la realidad de los pronunciamientos militares y el juntismo, el exclusivismo y las Constituciones de un solo partido...– las dificultades encontradas en la legitimación teórica y de ejercicio del nuevo Monarca constitucional, en la definición precisa de sus funciones y de la relación Corona-Cortes y en el rodaje consecuente de los diversos modelos apuntados de monarquía, contribuyeron decisivamente a los graves obstáculos encontrados en aquella centuria. De ellos, uno de los más importantes sería la adecuación plena de la realidad efectiva del régimen a los parámetros presumidos como esenciales de un sistema constitucional. Buena muestra de ello es la recurrente apertura de procesos constituyentes, con frecuencia precedidos de cambios en la titularidad de la potestad regia. Así se nos presenta, en una u otra medida, desde la crisis de la Regencia de Mª cristina de Borbón como fruto de la revolución de 1840, hasta el destronamiento de Isabel II en 1868.

En este horizonte, y desde perspectivas varias, resulta preciso ahondar en aspectos interrelacionados, como las diversas concepciones que se agitaron en los partidos políticos liberales sobre la fundamentación de la monarquía constitucional, la relación monarquía-nación y la regulación de las funciones y dialéctica Corona-Cortes en el proceso político, atendiendo además a su definición en las sucesivas Constituciones y a su rodaje efectivo en la práctica político-parlamentaria. También conviene detenerse en cómo entendieron y ejercitaron los monarcas sus nuevas funciones, su grado de adecuación o resistencia a ellas y la perseverancia de concepciones tradicionales; acercarse a la imagen que, no sólo los partidos, sino la sociedad se hizo sobre sus Reyes y Reinas por el nivel de correspondencia de su acción con los parámetros del sistema constitucional y las consecuencias que tuvo en su legitimación –análisis de su imagen a nivel político, pero también en relación con los nuevos valores de la incipiente sociedad mesocrática–; y junto a ello, a su vez, profundizar en la argumentación deslegitimadora de la monarquía por la naciente cultura política demo-republicana.

En septiembre de 2011, en el marco de la Universidad de Valencia, se celebró un Seminario donde dos equipos de investigación, formados con miembros de diversas Universidades y con sendos proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación –“La Monarquía Liberal en España: Culturas, discursos y prácticas políticas (1833-1885)”, bajo la dirección de la profesora Isabel Burdiel (Universidad de Valencia), y “La corona en la España del siglo XIX: representación, legitimidad y búsqueda de una identidad colectiva”, coordinado por el profesor Emilio La Parra (Universidad de Alicante)–, hicieron una puesta en común sobre los avances de sus trabajos y algunas propuestas de enfoque metodológico. Todos tenían un hilo conductor común: el de la cultura política monárquica en la España del siglo xix. Su interés es doble, social e historiográfico: social porque permite la necesaria transmisión del conocimiento generado por una investigación de este tipo; historiográfico, desde el momento en que se aborda un aspecto hasta ahora muy poco trabajado o explicitado, desde una perspectiva metodológica renovada y ampliada sugerida por la nueva historia política como historia cultural. La presente edición reúne los textos elaborados que tienen su base en los avances y debates que dicho encuentro académico propició.

Se presenta, por un lado, un grupo de estudios que, desde la perspectiva más clásica de los análisis de la normativa constitucional y práctica político-parlamentaria, pero también desde enfoques más recientes sobre las culturas políticas, tienen como denominador común indagar en las alternativas que se perfilaron en los partidos y principales corrientes de nuestro liberalismo sobre los fundamentos de la monarquía constitucional, cuestiones anejas referentes a la titularidad de la soberanía y redefinición de las funciones y de la relación Corona-Cortes, así como sobre la actitud y actuación de los monarcas. Así, y siguiendo un orden sucesivo de etapas históricas:

Javier Pérez Nuñez estudia la posición de la Regente Mª cristina de Borbón ante el sistema constitucional en el crítico año de 1837, donde se entrecruzan las consecuencias de la revolución del verano de 1836 y del Motín de los Sargentos en La Granja, la obra «transaccional» del progresismo en las Cortes Constituyentes de 1836-37, y el horizonte de un eventual acuerdo con el carlismo a la sombra de la Expedición Real. Juan ignacio Marcuello analiza, a través del discurso moderado en el proceso de formación de la Constitución de 1845, la propuesta de fundamentar la monarquía de Isabel II asociándola a la política del justo medio y de los equilibrios dualistas Corona-Cortes propios del modelo liberal-doctrinario, cómo se articuló en polémica con los planteamientos de los puritanos y de los monárquicos vilumistas, y la significación y efectivo alcance de su exaltación del poder monárquico en relación con el sostén del orden liberal-censitario. Isabel Burdiel sitúa su estudio en la Revolución de 1854 y la singladura de las Cortes Constituyentes de 1854-56. En él nos acerca a las tensiones que se desarrollaron en el discurso progresista, frente al conservadurismo de la naciente Unión Liberal y frente a las incipientes fuerzas demo-republicanas. Tensiones que se manifestaron a la hora de combinar monarquía y nación, de compaginar el anclaje de la primera, en la tradición histórica de la nación española y de su unidad, con el principio de soberanía nacional y la voluntad de parlamentarizar aquella.

Isabel Pascual analiza la acción política y los escritos históricos de Manuel Marliani. En su trabajo nos brinda una aproximación a la lectura de las experiencias precedentes, proyectos y designios que se agitaron en torno a la articulación de una alternativa de monarquía «democrática» y «nacional», que finalmente la corriente demoliberal trataría de plasmar en la Constitución de 1869 y la vinculación de aquella a la Casa de Saboya. Por su parte, Carlos dardé centra su estudio en las ideas que en la primera fase de formación del sistema de la Restauración –reinado de Alfonso xii– se fueron decantando sobre las funciones del Rey, tanto en el campo conservador como liberal, y en cómo las entendió el propio Monarca. Y ello en la perspectiva de evaluar los elementos de continuidad o de cambio respecto a las previas experiencias de la monarquía doctrinaria de isabel ii y democrática amadeísta, y en torno al complejo problema de «parlamentarización» de la monarquía constitucional.

Dentro de este mismo grupo temático, aunque en una faceta distinta pero no menos significativa, se sitúa el texto de Encarna y Carmen García Monerris sobre los avatares de la testamentaría de Fernando VII y la actitud de Mª cristina de Borbón sobre su aplicación. Ambas cuestiones se nos presentan como un campo aventajado para observar cómo en el proceso de construcción de la monarquía constitucional perseveraron concepciones patrimoniales del poder, exponente de las dificultades de los titulares de la Corona para adaptarse a la cultura política liberal, y que se entrecruzaron con las visiones de ésta sobre la consideración de los bienes de la Corona bajo titularidad de la Nación. El conocimiento de los espacios privados de la monarquía y su implicación en los debates constitucionales del siglo xix constituye el marco más amplio en el que se inserta esta aportación.

Otra serie de estudios se agrupa en torno a la imagen pública de los monarcas, tanto entre los partidos políticos como en la sociedad española, y su construcción por los círculos de poder monárquicos. Cuestión de relevancia en un tiempo histórico de reelaboración de los fundamentos de la institución regia y de su función pública para adaptarla a los presupuestos del nuevo sistema constitucional. Una imagen de los reyes de la que tanto dependería su legitimación popular y razón de ser, por el desarrollo de un incipiente régimen de opinión pública. Así, Emilio La Parra analiza la evolución de la representación de Fernando VII, el «rey cautivo», entre los diputados liberales de las Cortes de Uádiz. Lo hace al calor de su actitud durante el «secuestro» de la Familia Real en Bayona y por la simultánea acción constituyente de las Cortes generales y extraordinarias fundamentada en el principio de soberanía nacional. Nos da cuenta de la creciente desconfianza ante aquél y de la reafirmación de la Nación, cada vez más consciente de la necesidad de limitar la autoridad regia. Antonio Calvo estudia los recursos propagandísticos y la gestión de la memoria histórica acometida por el Rey y los políticos fernandinos para legitimar la monarquía tras la abrogación del sistema constitucional doceañista. Lo hace releyendo, a partir del examen del R. Decreto de 4 de Mayo de 1814, los acontecimientos previos acaecidos desde el Motín de Aranjuez hasta la vuelta del Rey, así como a través de representaciones simbólicas, imprenta, legislación y relatos de la Guerra de la Independencia. Víctor Sánchez Martín, en el contexto de la revolución de 1820 y de la atormentada singladura del Trienio Liberal, analiza la contraposición y tensiones entre la evolución de la imagen pública del héroe revolucionario, centrada en la emblemática figura de Rafael de Riego, y la reconstrucción de la imagen de Fernando VII como monarca constitucional. Por su parte, Jorge Luengo aborda las modificaciones en las formas simbólicas de legitimación, representación y propagación de la institución monárquica en los especiales momentos del tránsito a la monarquía constitucional, centrándose en la divulgación de su nueva imagen pública a través del examen de las festividades en torno a Isabel II durante su minoría de edad y hasta su matrimonio en 1846.

Dentro de este grupo de estudios, pero alejándose del estricto nivel político-constitucional, y enfocando la imagen del monarca en su grado de adecuación a los nuevos valores de la sociedad española, se incluye el trabajo de Mónica Burguera. En él analiza la evolución de la imagen de Isabel II en relación con los debates sobre la concepción de la feminidad en el seno del liberalismo posrevolucionario. La tensión que aflora en estos debates, entre la reclusión en el ámbito doméstico y familiar o la posible proyección a la ciudadanía política y a la acción pública de las mujeres, subyace en la creciente desautorización de la Reina por la falta de correspondencia entre dichos principios y su vida privada y su actuación como monarca.

Finalmente, otro conjunto de trabajos aborda, desde distintas facetas, la visión crítica y el discurso deslegitimador de la monarquía constitucional que se fue desarrollando en el seno de la cultura política demo-republicana. Mónica Moreno y Alicia Mira profundizan en la complejidad y contradicciones de dicha cultura política desde el campo de los estudios de género, cuando más allá de los argumentos generales de rechazo de la monarquía como forma de gobierno y de la defensa de la igualdad como principio ideológico fundamental, se centran en la crítica de los republicanos sobre la presencia y la actuación de las mujeres que ocupaban o participaban en la titularidad de la potestad regia, como Reinas, regentes o consortes, al identificar la feminidad con la domesticidad y el excesivo peso de la influencia clerical. Y David G. Pérez, a través de los escritos de un «ideólogo menor», pero de influencia en el republicanismo barcelonés, Antonio Altadill, nos acerca a la formación de las señas de identidad de aquella cultura política desde los últimos años de la época isabelina. Incide, por encima de sus divisiones internas entre «individualistas» y «socialistas», en su rechazo de la forma de gobierno monárquica por sus presupuestos esenciales y su estructura, más allá de la actuación particular de los sucesivos titulares de la Corona.

Esta edición, en fin, procura presentar junto a resultados de investigación sobre diversas facetas de la monarquía en la España liberal propuestas factibles de distintos enfoques metodológicos, para su mejor comprensión. Desde los más clásicos sobre normativa constitucional, pensamiento y práctica político-parlamentaria hasta los más recientes sobre historia de las culturas políticas. La profundización en el complejo proceso histórico de nuestra monarquía constitucional en el siglo xix, en sus luces y sombras, se hace tanto más necesaria cuanto que, analizada desde la presente monarquía parlamentaria planteada por la Constitución de 1978, aquella nos legó bajo su manto la transición al Estado y sistema político constitucional y la normalización de la concurrencia de los institutos representativo-parlamentarios en el proceso político. No es menos cierto, a su vez, que no logró, o encontró obstáculos insalvables, que le permitieran evolucionar de manera progresiva hasta alumbrar una monarquía parlamentaria.

ENCARNA GARCÍA MONERRIS

MÓNICA MORENO SECO

JUAN IGNACIO MARCUELLO BENEDICTO

València, Alicante, Madrid, mayo de 2012