Читать книгу No lo sé, no recuerdo, no me consta - Alfonso Pérez Medina - Страница 11

Al principio de los años dos mil, la burbuja inmobiliaria seguía creciendo en Madrid. Lo sabemos bien quienes nos independizamos de casa de nuestros padres en esa época y, alentados por las desgravaciones fiscales y la trampa de las cuentas de ahorro para la vivienda, cometimos el error de comprar un piso en la capital, que en mi caso estaré pagando hasta el simpático año 2032 —si la cosa no se tuerce, y las series de ficción que anuncian el colapso del sistema y el apocalipsis planetario no se hacen realidad—. «¿Qué puede salir mal adquiriendo una hipoteca joven que viene avalada por la Comunidad de Madrid?». «Esto de la cláusula suelo es muy difícil que pase, ¿no?». Ambas eran preguntas que cualquier joven pareja lanzaba al amable director de la sucursal del barrio. El director contestaba —siempre con una amplia sonrisa— con el mismo mensaje de seguridad y confianza en el futuro que minutos más tarde trasladaba a la anciana a la que convencía para que metiera los ahorros de toda su vida en un nuevo producto financiero que ofrecía más rentabilidad que los depósitos: «Se llaman preferentes». Por alguna razón, cuando la crisis empezó a asomar, aquel director de banco, con el que había que reprimirse para no abrazarle de agradecimiento, pidió el cambio de sucursal y se dio el piro. Y si te he visto, no me acuerdo.

En 2004, los atentados del 11M sacudieron la capital. Las mentiras con las que el Gobierno de Aznar intentó atribuir la matanza yihadista a la banda terrorista ETA llevaron al candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa tras derrotar a Mariano Rajoy, el elegido por el dedazo de Aznar para pilotar su sucesión. Lejos de incomodarse con la nueva situación, Esperanza Aguirre vio una oportunidad para afianzar su poder y proyectarse como la líder nacional que la derecha necesitaba para «liberar» a España del socialismo. Era la nueva «lideresa», como ya se empezaba a decir. Y la Margaret Thatcher castiza estaba lanzada. Ese año consiguió el control total del PP madrileño tras vapulear en el congreso del partido a Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, al que nunca perdonó sus gestos con el PSOE con motivo del «Tamayazo». Aunque investido alcalde, Gallardón continuaba siendo presidente regional en funciones cuando Tamayo tomó la palabra en la investidura frustrada de Simancas¹, momento en el que el del PP abandonó el hemiciclo de la Asamblea junto a los diputados de la izquierda. Aguirre se cobró la venganza en el congreso de 2004: Granados fue nombrado secretario general del PP y González, responsable del Comité Electoral. El «aguirrismo» tomaba el poder. Así se inició una alocada carrera entre la presidenta y el alcalde, haciéndose mutuamente la puñeta, con la vista en la posible caída del derrotado Rajoy, competición en la que involucraron a las dos administraciones encargadas de gestionar los asuntos más importantes de los madrileños. La tensión se mantuvo hasta 2011, cuando Gallardón fue propuesto para el Ministerio de Justicia —el último cargo que ocupó antes de desaparecer del mapa político—, y dejó la Alcaldía en manos de Ana Botella, esposa de Aznar.

Durante su gobierno, Aguirre despachaba a Simancas en la Asamblea de Madrid sin prestarle demasiada atención y centraba su verdadera labor política en hacer de oposición al Gobierno socialista de la nación, repitiendo machaconamente una idea que empezó a dominar todos los discursos, entrevistas y notas de prensa de la Administración autonómica: «Zapatero asfixia a Madrid». Cualquier carencia que sufría la región se debía a la falta de inversión del Gobierno central, que marginaba a los madrileños para beneficiar a otras regiones, especialmente a Cataluña. «Cero Zapatero para Madrid», reiteraban los dirigentes del PP. Si algún colegio no tenía calefacción, la culpa era de Zapatero. Si había peajes en las carreteras, los permitía el Ministerio de Fomento. Había nacido el nacionalismo madrileño liberal, del que Isabel Díaz Ayuso, quince años después, es digna heredera.

Por contra, el PP, en su funcionamiento interno, era una balsa de aceite que Aguirre controlaba con rotundidad. En 2005 se encontró con un pequeño problema en Majadahonda, motivado por un conflicto con la adjudicación de unas parcelas, que la presidenta solucionó con el relevo del alcalde, Guillermo Ortega, y con la expulsión de dos desconocidos concejales, Juan José Moreno y José Luis Peñas. Según el relato de Peñas, el presidente de Dico, una constructora con importantes intereses en Madrid, llamó al alcalde Ortega el mismo día en el que la Jefa del Gobierno regional iniciaba un viaje a China en compañía de la prensa, y le dijo: «Te tienes que ir. El candidato oficial de la presidenta de la Comunidad y de Génova es Narciso de Foxá. Vete mirando qué puesto quieres en la Comunidad». La expulsión de los dos concejales, marionetas en manos de un empresario con excelentes contactos con el PP llamado Francisco Correa, permitió a Aguirre presumir en la Asamblea de Madrid de no haber cedido a su chantaje con una frase que le persiguió durante años: «Yo destapé la trama Gürtel»². Nadie lo sabía entonces, pero esa decisión puso la semilla para que dos años más tarde estallara el citado caso cuando Peñas decidió grabar subrepticiamente a su protector. Porque, mientras se solventaban los problemillas internos y se denunciaban las agresiones del malvado Gobierno central, la corrupción iba incrementando el poder y el patrimonio de los dos delfines de Aguirre: González y Granados. Vicepresidente regional y responsable electoral el primero, y consejero de Obras Públicas y secretario general del PP madrileño el otro. Pero entonces, su presunto enriquecimiento ilícito solo se intuía.

Casi todas las adjudicaciones pasaban por sus manos. Las siete piezas que componen el sumario del caso Lezo ponen de relieve los manejos de Ignacio González, el lugarteniente más cercano a Aguirre, que se quedó al frente de la Comunidad en septiembre de 2012 cuando aquella dimitió por «razones personales». La expresidenta definió a González como la persona «con más experiencia y mejor dotada» con la que había trabajado, un colaborador «enormemente trabajador» y «con un gran conocimiento de la Administración»³. Cinco años más tarde, tras comparecer como testigo del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, los periodistas de tribunales contemplamos con estupefacción cómo Aguirre llegaba prácticamente a las lágrimas al hablar de su delfín, quien había sido detenido unos días antes. «Si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantos años, es un palo verdaderamente muy, muy relevante. Y si no lo es, yo también estoy conmocionada por el calvario que está pasando y que le queda por pasar, porque la Justicia en España es muy lenta», dijo. Acto seguido, salió de la Audiencia, esquivó como pudo los gritos que le lanzaban una veintena de «preferentistas» de Caja Madrid que protestaban a la puerta, y se montó en un coche que escapó derrapando. La guinda del colosal follón la pusieron cuatro figurantes disfrazados de ranas que bailaban al son de la canción «Comerranas» de Seguridad Social, enviados por el programa de televisión El Intermedio⁴.

En el caso Lezo, la pieza principal se centra en la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II —el cortijo en el que hacía y deshacía González—. La operación se desarrolló entre 2012 y 2014, y tuvo un presupuesto de 27 millones de euros. La investigación destapó un supuesto sobrecoste de entre 6,4 y 9,6 millones, y un reparto de comisiones de 5,4 millones del que, además del político madrileño, se habrían beneficiado presuntamente su amigo y testaferro, Edmundo Rodríguez Sobrino, y el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro. En otra pieza, en la que llegó a estar imputado el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, se investigó la adquisición de la empresa colombiana Inassa, aunque el juez acabó archivando las actuaciones contra González al no encontrar indicios de delito.

El juez Manuel García-Castellón abrió otra causa para saber si González cobró 1,4 millones de euros a través de una cuenta en Suiza a cambio de la adjudicación a la constructora OHL del tren que iba a unir Móstoles con Navalcarnero, obra que nunca se llegó a realizar. E igualmente resultó sospechosa la modificación del proyecto del Tercer Depósito del Canal en Chamberí, que reconvirtió unos terrenos que se iban a destinar inicialmente a un parque en un campo de golf urbano. El cambio de uso benefició presuntamente a un hermano del vicepresidente regional y a su cuñado. También se investigaron irregularidades en la empresa pública Mercasa por blanqueo de capitales, e incluso en el concurso de adjudicación de los videomarcadores del Palacio de los Deportes⁵. Pero la lista de supuestos chanchullos del número dos de Esperanza Aguirre no acaba ahí: un juzgado de Estepona (Málaga) le investigó por la sospechosa adquisición de un ático dúplex de lujo que había sido propiedad de una empresa establecida en el paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos. La causa se enredó durante años en comisiones rogatorias y traducciones fallidas y se acabó archivando. González, hombre de trato áspero y especializado en la intriga, se defendió siempre de las acusaciones con suficiencia. En 2007, ante una pregunta parlamentaria sobre la legalidad del proyecto del Canal, atribuyó la contratación a los servicios técnicos de la empresa y sugirió que, si «alguien» consideraba que «alguna actuación administrativa» pudiera ser «delictiva» y poseía «pruebas», lo denunciara ante la Justicia. Ese día acabó llegando.

El sumario del caso Púnica también destapó a qué se dedicaba Francisco Granados en aquellos años en los que inauguraba estaciones de Metro, comía con empresarios e invitaba a los periodistas a las fiestas de Valdemoro. Granados dirigía supuestamente una organización delictiva que había amañado contratos por valor de más de 250 millones de euros para adjudicar suelo a empresarios amigos, para que construyeran viviendas y colegios concertados. En marzo de 2019, el Tribunal Supremo confirmó la pena de dos años de cárcel por un delito de revelación de secretos que le impuso la Audiencia Nacional a causa de un chivatazo sobre la investigación que un guardia civil que participaba en las pesquisas⁶ le había dado a Granados. Las doce piezas que tiene este sumario se centraron en los contratos, el amaño de concursos y las adjudicaciones supuestamente irregulares de parcelas en Valdemoro, en otros municipios madrileños, en la Diputación de León y en la Región de Murcia. Con la llegada de la crisis de 2008, los chanchullos habituales tuvieron que reconvertirse en otros negocios y los cerebros de la trama Púnica alumbraron la feliz idea de trucar la adjudicación de programas de eficiencia energética para los edificios municipales⁷. De una pieza desgajada de la Púnica y otra de la Lezo, a su vez, surgió un procedimiento sobre la financiación supuestamente irregular del PP de Esperanza Aguirre.

Granados, hijo de agricultor y un político hecho a sí mismo, comparte con su antigua jefa la chulería madrileña de quien se cree más listo que los demás. Siempre ha defendido su inocencia, a pesar de que la Guardia Civil localizó una cuenta en Suiza en la que ocultó 1,6 millones de euros, cuenta que había abierto dieciséis días antes de ser proclamado alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro, en 1999. Su patrimonio también incluye una casa en construcción en este municipio del sur de Madrid que figuraba a nombre de un empresario. En la vivienda de sus sueños, que se estaba construyendo cuando fue detenido, tenía previsto instalar suelos de mármol y una gran cascada de agua que cruzaría el jardín. La Audiencia Nacional también le adjudica una finca en la localidad abulense de Higuera de las Dueñas, con caballerizas, piscina y un embalse. Un informe sobre la investigación patrimonial aportado al caso en 2021 señaló que Granados mantuvo cuentas abiertas en Suiza entre 2000 y 2006, y que parte de ese capital se transfirió a su entonces socio, David Marjaliza, acabando en Singapur a nombre de terceros⁸.

En los primeros interrogatorios de la causa, el juez instructor Eloy Velasco se afanó en esclarecer si una de las prebendas que el político había recibido era un caballo blanco, trasladado a su finca en Ávila. Muchos testigos que comparecieron aseguraron haber oído hablar de ese regalo, pero nadie lo vio en realidad. El unicornio de la corrupción en España es el caballo blanco de Granados. A su suegro, Juan Alarcón Domenech, le encontraron en 2015 un millón de euros en un maletín, oculto en el altillo de su dormitorio. La explicación que le dio al juez Velasco merece la medalla de oro en el ranking de excusas para idiotas de la historia judicial española: «En mi vida lo había visto», atestiguó. Asombrado, y con toda la sorna con la que pudo acompañar la pregunta, el magistrado añadió: «¿Cómo es posible que un maletín con un millón de euros, que no tiene patas, llegase hasta el altillo de su armario?». «No lo sé, señoría, en mi casa ha entrado mucha gente, gente del Ikea y fontaneros…», esbozó el suegro, dubitativo. La defensa de Granados argumenta que, cuando se abrió la investigación, en 2014, se le acusó de haberse apropiado de más de 700 millones de euros y que, sin embargo, los últimos informes aportados a la causa se refieren a «cantidades irrisorias» que, según su versión, siempre han formado parte de su patrimonio personal.

El caso Púnica se conoce en buena medida por la colaboración con la Justicia del empresario de la construcción David Marjaliza, amigo de Granados desde la adolescencia, compañero en Nuevas Generaciones de Valdemoro y principal beneficiario de las adjudicaciones de suelo que, presuntamente, les hicieron millonarios a ambos. En una frase que le trasladó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, Marjaliza resumió a la perfección en qué consistió la burbuja inmobiliaria en España: «Pasamos de cultivar patatas a cultivar ladrillos»⁹. Le entrevisto un viernes por la tarde y le pillo atareado en una de sus empresas, dedicada a la intermediación y promoción de vivienda, sector en el que lleva trabajando desde los dieciocho años. Mi primera pregunta es directa:

—¿Cómo eran aquellos años?

—Las casas se vendían como churros, había promociones de vivienda protegida y las oficinas se quedaban hasta las doce y la una de la mañana recibiendo gente. Se manejaba mucho dinero, en la época del boom inmobiliario te daban mucho dinero en efectivo los clientes, el padre, la madre, el otro… Te ofrecían dinero en efectivo para pagar menos, para tener menos impuestos...

—Dinero negro, ¿no?

—Sí, dinero en efectivo que supongo que venía de actividades distintas. Había actividades que eran más proclives a no declarar: los bares, los taxistas, un montón de oficios, fontaneros, electricistas. Muchos «poquitos», que a la hora de darte 15.000 o 20.000 en efectivo, para ellos era cómodo. No lo teníamos ni que pedir, te lo ofrecían. Era habitual, porque suponía menos gastos de escrituración o de notario. Hoy eso ya ha cambiado completamente, ahora el efectivo prácticamente no existe.

—¿Eso ha cambiado por la legislación o porque la gente se ha concienciado de que hay que pagar impuestos?

—Mitad y mitad. Una parte significa meterte en el camino y acorralarte. Si a las empresas no les dejan pagar ni cobrar más de 2.500 euros, ya tienes una limitación. Y otra parte se debe a que la gente se está mentalizando de este tipo de cosas, pero esa es la razón menor. Si te van a arreglar una gotera o la bañera a tu casa, nadie pide el IVA. No digo «nadie» totalmente, porque generalizar tampoco es bueno, pero muy poca gente hace eso. Hoy todavía cuesta, la gente no está mentalizada para eso.

En la época de Púnica, las reglas del juego entre la Administración y los empresarios estaban claras: si querían optar a un contrato, antes debían pasar por caja. «Yo te recalifico y yo construyo», le llegó a decir Granados a Marjaliza, según el testimonio del promotor¹⁰. En esa mecánica perversa, según su relato, participaban todos los partidos. El empresario entregó al juez Manuel García-Castellón una carpeta repleta de documentos sobre la contabilidad en negro de sus empresas, que supuestamente refleja pagos y regalos por valor de 970.290 euros para altos cargos del PSOE, más 105.489 euros para dirigentes municipales del PP y 15.025 para representantes de IU. Cuando la tarta se repartía, todos cogían un trozo. Marjaliza me reconoce que pagó mordidas a electos de las tres organizaciones políticas con representación en Madrid. «En muchos ayuntamientos se ponían de acuerdo. Se repartían las tartas proporcionalmente a los concejales que tenían», asegura. La componenda era tal que algunos partidos se abstenían en determinadas adjudicaciones urbanísticas para disimular: «Si había cuatro parcelas, el partido que gobernaba se llevaba dos y los de la oposición, una cada uno». Y todos contentos.

Marjaliza lleva años contando a los distintos jueces instructores del caso Púnica cómo compraba voluntades con mordidas y regalos. Le pregunto cómo fue ese momento en el que decidió cambiar radicalmente el destino de su vida y empezar a contar la verdad, y lo atribuye a una iniciativa de su abogado, José Antonio Choclán: «Esto es como un médico: te tienes que fiar. Él me transmitió mucha confianza». En todo caso, asegura que la decisión no fue fácil: «Llevaba cuatro o cinco meses en la cárcel y me explicó que podía enfrentarme a muchos años de prisión. Le dije que iba a hablar con la familia y le trasladé que yo no valía para medias tintas. O decía toda la verdad o decía toda la mentira. No iba a hacer una colaboración intermedia mintiendo, porque a mí eso se me nota y me iban a pillar rápidamente. Hablé con mi familia y tomé la decisión de contar todo. Mi hijo tenía en aquella época seis años y me planteaba no verle crecer nunca».

El sumario del caso Púnica es un ir y venir de relojes de marca, cestas de navidad, televisiones de plasma, escopetas, cacerías, viajes o paseos en yate. A Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio, centro neurálgico de la corrupción tejida en torno a Granados, le localizaron 146 lingotes de oro en un banco en Suiza. Antes de que Marjaliza empezara a contar lo que sabía, la Audiencia Nacional le decomisó al empresario cuatro coches, entre ellos un Mercedes Clase A-180 de color dorado, y localizó un zulo en su casa destinado a ocultar su patrimonio, que el juez Eloy Velasco cifró en más de 33 millones de euros. Su sobrina, con apenas dieciocho años, tenía a su nombre catorce inmuebles, valorados catastralmente en 589.600,24 euros. Le pregunto si aquel ritmo de vida tan exagerado y tan corrupto nunca le ocasionó dilemas morales:

—En aquel momento, en el que estaban en la cresta de la ola, ¿nunca se plantearon lo que estaban haciendo? ¿Alguna vez pensó en eso?

—No, yo estaba en una vorágine con muchísimos empleados y muchísimos trabajadores. La empresa crecía y las necesidades financieras me obligaban a tener una máquina y una producción como si fuera una fábrica. Si una fábrica tiene que producir mil coches al día, yo tenía que producir cien viviendas al año, o doscientas o trescientas. Tenía una maquinaria a la que dar de comer. No te planteabas echar a nadie a la calle, quedarte los cuartos y vivir bien. No, nosotros somos empresarios. En mi caso, me considero empresario. Yo no soy un comisionista como en la Gürtel, que montabas una visita del papa, costaba un millón, cobrabas dos y te llevabas uno. Yo no he hecho eso nunca. Yo he hecho viviendas, he hecho locales, he hecho colegios, residencias. Yo no comisionaba, yo hacía producción.

—Me imagino que el regalo, el viaje, el cohecho con el político de turno era parte de la producción, un gasto que tenía presupuestado.

—Claro, era un gasto que se presupuestaba como «exceso de suelo». Lo poníamos en los planes financieros. La comisión era un exceso en el precio del suelo.

—Este eufemismo me recuerda a la «cuenta de quebrantos» de las tarjetas black, que cubría los supuestos robos.

—Algo parecido. Tú ponías que un suelo valía 300.000. Y ahí iba todo: la comisión que le ponías al político, o si tenías que hacer tres regalos, si quería que le regalaras un reloj a su mujer, o un viaje o que le invitaras a no sé dónde. Todas esas cosas iban en ese «exceso de suelo».

—¿Alguna vez los sobornados intentaban cambiar algún regalo?

—Eso me ha pasado muchas veces. Hacer un regalo y tener que cambiarlo porque a lo mejor no les gustaba el reloj que había mandado.

Marjaliza poseía una colección de plumas tan valiosa que la Fundación Montblanc le llegó a pedir prestados varios ejemplares para organizar una exhibición en una sala de exposiciones del barrio de Salamanca. Una de las plumas, de la marca Van Cleef & Arpels, fue tasada en 700.000 euros, según contó el joyero del empresario, quien le vendió relojes de la marca Versace, Rolex y Cartier. El joyero acabó su declaración ante el juez Velasco llorando y pidiendo que le desbloquearan las cuentas, pero reconoció que, mientras el dinero iba entrando, nunca se preocupó por su origen. «Me limitaba a hacer mi labor comercial», dijo, provocando la siguiente pregunta del magistrado: «¿Y tenía usted muchos clientes como Marjaliza?». En pleno trago por declarar en la Audiencia Nacional, pero sin acabar de renegar de aquellos días en los que los billetes entraban a mansalva en su caja registradora, contestó: «Por suerte o por desgracia, ya no sé qué decirle estando aquí, no». Y así se ganó la reprimenda del juez: «Cuando es un cliente serial, uno se tiene que preguntar más que cuando es algo puntual. Alguien puede hacer un esfuerzo en una boda o una comunión, pero un cliente serial…».

La impunidad con la que se desenvolvían políticos y empresarios era absoluta. En las Navidades de 2006 y 2007, Granados cargó a la sociedad pública Arpegio, que él mismo presidía, gastos que superaban los 100.000 euros para regalar cestas de navidad a familiares, compañeros de trabajo y amigos. Entre los beneficiados estaban un primo y una hermana de su mujer, los compañeros de trabajo de esta, la dermatóloga del matrimonio e incluso el médico que operó a su suegra. Todo, por supuesto, con cargo al erario público¹¹. El constructor Ramiro Cid, uno de los más favorecidos por la política municipal en Valdemoro, también repartía cestas de navidad de hasta seiscientos euros entre los amigos de Granados. Las cajas de viandas eran tan horteras que tenían nombres como Afrodita, Diana o Cleo.

Arpegio era la empresa pública en la que supuestamente mangoneaba Granados, mientras que el Canal de Isabel II era el coto reservado para Ignacio González. Por alguna extraña razón, la primera empresa, dedicada a la compra y gestión del suelo en la región, patrocinó en marzo de 2007 un espectáculo musical llamado The night of the proms, que tiene cierta fama en otros países europeos y que ese año llegaba por primera vez al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El evento había sido organizado por la empresa Waiter Music, propiedad de José Luis Huerta, ese empresario —ya fallecido— amigo de Granados al que presentaba como «el inventor de la discoteca móvil». Como las entradas no se vendían al ritmo esperado, Arpegio patrocinó el evento para reducir las pérdidas, lo que supuso un coste para las arcas de la Administración autonómica de 139.200 euros, según la investigación. El espectáculo era un pastiche de pop y música clásica: en el escenario se iban sucediendo las actuaciones de una orquesta sinfónica, un coro infantil y una pléyade de artistas que ya en 2007 parecían absolutamente desfasados, como Mike Oldfield, Tears for Fears o Ana Torroja. Según la crónica de El País, «deleitaron a un público que, en su mayoría, no pagó los cincuenta euros que costó la entrada»¹². Estuve allí aquella noche (probablemente porque no tenía otra cosa mejor que hacer) y tengo que desmentir categóricamente la primera parte de esa información y confirmar la segunda. No recuerdo haber presenciado en mi vida un espectáculo musical tan nefasto como aquel, en el que se sucedían los gallos de los solistas y las desafinaciones de la orquesta. Lo bueno es que no gasté un duro. En aquellos tiempos en los que Esperanza Aguirre repetía sin parar que el «gratis total» no existía —el mismo gratis que el PSOE quería instaurar en el transporte público para jóvenes y mayores de sesenta y cinco años—, le podían caer unas entradas por la cara al último mono que se paseaba por las dependencias autonómicas.

El sumario del caso Púnica también revela que el contratista José Luis Huerta, que supuestamente hinchaba hasta en un 50 % los contratos que hacía con los ayuntamientos del PP, pagaba de su bolsillo, a cambio, fiestas privadas para Granados y sus amigos. Las fiscales Anticorrupción sospechan de al menos dos celebraciones, entre ellas un cumpleaños del político madrileño en su casa de Valdemoro que contó con catering, equipo de luces y sonido y la actuación de un grupo musical llamado Los Hobbies, que hacían versiones de canciones de los sesenta, setenta y ochenta. La factura, que no consta que Granados pagara, superó los 7.000 euros. En el sentido inverso, las adjudicaciones se hacían a dedo. Los concursos públicos eran una pantomima, pues se organizaban para dar apariencia de legalidad. Buena prueba de ello es una conversación intervenida al ex primer teniente de alcalde de Valdemoro y concejal de Hacienda José Javier Hernández, donde el político garantizaba a Marjaliza que un contrato en lid iba a ser para alguna de sus empresas. El diálogo entre ambos lo comienza el concejal:

—¡Va a ser la empresa que este señor traiga, que me suda la polla el nombre, cómo se llame! ¡Qué pinta él, qué no pintan! ¡Van a ser los adjudicatarios y no va a ser otro! En el documento que hagamos voy a poner: «La empresa tal, con representación de tal, se va a presentar». Le he dejado muy claro que el único adjudicatario de esa parcela va a ser esta gente. Me suda la polla cómo se llame el que la compre, la empresa, su puta madre, que tendrá que cumplir con todos los requisitos que saquen en el pliego. Y los únicos que van a poder comprar esa parcela, o no se venderá jamás, serán ellos. La empresa va a ser esta, con este CIF y con este no sé qué, y yo soy el barrendero. La empresa Pepito Jiménez, con CIF no sé qué y domicilio en no sé cuánto. ¡Y ya está y se acabó el problema!

—Ya está. ¡Y el representante legal soy yo y punto!

—¡Ea! ¡Y ya está! Eso sí, el adjudicatario de la parcela tiene que estar al corriente de pago de la Seguridad Social y presentar el correspondiente aval.

—Sí, claro, todas las cosas legales.

—Y al día siguiente, la empresa le está soltando el millón de pavos al Ayuntamiento. Es lo que me está haciendo falta. Y ya está, ese va a ser el objetivo y no va a ser otro, sino este señor con la empresa que venga. Me suda la polla de quién sea, ya lo sabré cuando esté en el concurso.

La sumisión del exconcejal al empresario era tal que, en otra conversación registrada con autorización judicial, Hernández enviaba saludos a Marjaliza de parte del arquitecto municipal y de un tercer técnico del Ayuntamiento, ambos encargados de adjudicarle la parcela que pretendía. «Estoy aquí con tus dos… Estamos los tres juntitos, ¡a tus órdenes!».

Marjaliza —en nombre de Granados, según el juez— hacía su santa voluntad en los ayuntamientos y en los bancos en los que, una semana sí y otra también, ingresaba enormes cantidades de dinero que difícilmente podían justificarse con actividades legales. En una tercera conversación telefónica, la secretaria del constructor se quejaba ante el director de la sucursal de que el conductor de la empresa no pudiera ingresar 3.000 euros en efectivo sin más formalismos. Al final, entre los dos lograban convencerle para que se hiciera responsable de la operación. Comienza hablando el director de la sucursal y responde la secretaria:

—Tenemos un problema con un ingreso, el de los 3.000 euros del cantante. La ley ha cambiado y ahora es necesario identificar a la persona que hace el ingreso en efectivo.

—¿Cómo que no puede ingresar dinero en efectivo? O sea, ¿yo no puedo ingresar en la cuenta de mi madre dinero si quiero ingresárselo?

—Sí, porque eres hija. Pero si no, no. Que no lo sé, que es un rollo patatero, no te puedo dar explicaciones. El ordenador no me deja o sea que… ese es el problema. Haz un garabato, Andrés. Andrés irá a la cárcel, ¿eh?

—No. Qué lástima, dile que luego le llevamos los bocadillos, que no pasa nada, jajaja. ¡No le digas eso al chiquillo! ¡Ay, qué lástima! Cada vez complican más, en vez de facilitar.

—No te quepa la menor duda. Di que, como yo solo atiendo cuando viene alguno como vosotros, no me entero, porque si no mandaría a cascar a más de una.

—A tomar por culo, sí, a tomar por culo. Que mandarías a tomar por culo a más de uno, ¿no?

—Bueno, a los que hacen las leyes estas, que estoy hasta los huevos de ellos.

Aparte de las cuitas en los bancos, los contratos podían amañarse porque en las administraciones públicas había técnicos y funcionarios que se corrompían y que acababan firmando los informes que les pedían. En el sumario de la trama Púnica¹³ consta que cargos públicos vinculados con la red «presionaban, amenazaban e incluso acosaban» a los trabajadores de los ayuntamientos que se resistían a avalar las licitaciones irregulares. Es el caso de un técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Collado Villalba, quien declaró ante la Guardia Civil que sus dudas para amañar uno de los concursos de eficiencia energética —que los ayuntamientos pusieron de moda para seguir haciendo chanchullos después de la crisis— le pasaron factura en su vida personal. El funcionario explicó que sus reticencias respecto a la forma de licitar un contrato de 50 millones de euros le hicieron objeto de «un acoso intenso» que le obligó a tomar ansiolíticos. «Dos empleados me amedrentaron y me instaron a firmar los pliegos», aseguró. Sus reparos comenzaron al comprobar la extraña participación de uno de los directivos de Cofely, empresa que pretendía el contrato, durante la fase de redacción del concurso. Según su relato, el representante de Cofely le llamó para darle indicaciones sobre determinados puntos del contrato que tenía que modificar. En esa tesitura, el técnico se quejó al concejal de Urbanismo y le indicó que no firmaría los pliegos de un contrato que iba a ser amañado. Esa comunicación, según se recoge en el sumario, provocó un gran enfado del cargo público, quien se dirigió al técnico con «gritos y amenazas». Llegó a decirle que, «si no seguía redactando el pliego, se atuviese a las consecuencias».

En aquella época, entré en contacto con un funcionario de la Comunidad de Madrid que me contó cómo la sobrina de un alto cargo del Gobierno de Aguirre había ascendido varias categorías laborales de forma meteórica al poco de ocupar su puesto. Tras cotejar toda la información en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, conseguí dar la noticia, a pesar de que los responsables de prensa de la consejería nos tuvieron casi una hora al teléfono intentando convencernos para que no la contáramos. El caso tuvo cierta repercusión y el diputado de IU Eduardo Cuenca presentó varias preguntas escritas sobre la cuestión. El PSOE prefirió no entrar en el asunto. «Si les sacas a los suyos, ellos nos sacan a los nuestros», me dijeron en la Asamblea. El mismo funcionario que me había puesto sobre la pista de la sobrina me contó que había infraestructuras que se llegaban a inaugurar varias veces, y que las presiones que recibían para informar en un determinado sentido iban en aumento con el paso de los años. Para escribir este libro, quince años después, intenté volver a contactar con él, a través de una persona próxima, para que me refrescara la memoria. Tras declinar educadamente la invitación, contestó con un mensaje que no quiero dejar de reproducir: «No os puedo ayudar. Desde hace un tiempo formo parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y dedico todo mi esfuerzo profesional a que [el cargo] que me han encomendado sea un éxito». El funcionario filtrador acabó prosperando.

En abril de 2021, un día antes de que comience la campaña electoral madrileña que encumbró de manera incontestable a Isabel Díaz Ayuso como presidenta, charlo con Esperanza Aguirre y le pregunto por los indicios de corrupción que pesan sobre sus dos lugartenientes, Ignacio González y Francisco Granados. Aguirre rechaza todas las imputaciones, con este primer argumento:

—Mi opinión es que la instrucción ahora es una investigación. Entonces, en lo que hay condenas es en la primera etapa de Gürtel. En Púnica ni siquiera se ha abierto el juicio oral, en Lezo creo que sí, pero no estoy muy segura. ¿Y el otro cuál era?

—Básicamente, las piezas de Lezo, Púnica y Gürtel. Yo lo que quiero preguntarle es si nunca supo usted en realidad a qué se dedicaban, presuntamente, el señor Granados y el señor González.

—Vamos a ver, yo, de ninguna manera, Alfonso, puedo condenar a gentes que no han sido ni tan siquiera juzgadas. La presunción de inocencia es la columna vertebral del sistema de justicia penal y, por lo tanto, cuando el juez investigue y les condene y la condena sea en firme, te diré algo.

—Pero hay muchos indicios [de corrupción] sobre González y Granados.

—¡Pero yo no soy el juez! Ignacio González y Francisco Granados tendrán sus abogados defensores y yo les concedo la presunción de inocencia.

—Pero, señora Aguirre, eran su número dos en el Gobierno y su número dos en el partido. Más allá de la responsabilidad in vigilando…

—Les concedo, les concedo la presunción de inocencia, ¿vale? Se la concedo. Yo he dimitido en los dos casos cuando les han detenido. ¿Por qué? Pues porque entiendo que, si un juez detiene a alguien, será porque ha encontrado indicios suficientes. Pero hasta que esos indicios no se transformen en pruebas, yo no les voy a quitar la presunción de inocencia. ¿Me entiendes?

—Sí, perfectamente. Le quería preguntar otra cosa: hay una grabación de Ignacio González en el caso Lezo en la que afirma que López Viejo estaba «chantajeando con la agenda de la presidenta». Llega a decir que se lo dijo a usted, que le avisó de esa circunstancia y que usted no hizo nada. ¿Qué le parece esa grabación que, insisto, es de Ignacio González y aparece en el sumario?

—Lo que me parece es que yo cesé a López Viejo. Y ya no te voy a contar más cosas, querido Alfonso. Me parece muy bien y te deseo mucho éxito con tu libro, ¿vale?

—No sé si le puedo preguntar una última cosa…

—La anterior era la última, macho.

—La penúltima.

—No, no, esta es la última.

—Esta es la última. Pasados ya los años, con el reposo que da todo este tiempo que ha transcurrido, ¿qué fue exactamente el «Tamayazo», en su opinión?

—Pues el «Tamayazo» fue la decisión de dos diputados socialistas que llevaban dos legislaturas allí, que no eran unos desconocidos, de ausentarse el día de la constitución de la Asamblea. Que todos los periodistas que no estábais entonces en eso…

—Sí, sí, yo aquel día estuve allí.

—¡Ah, vale! Que no fue la investidura de Simancas, que fue, como tú sabes si tú estabas allí, la sesión constitutiva y la elección de la Mesa de la Asamblea. ¿Por qué hicieron estos dos eso? Pues los del PSOE decían que era una trama inmobiliaria del PP. Han pasado dieciocho años y ninguno de los dos [Tamayo y Sáez] han cambiado de vida, ni les han dado dinero, ni hay trama inmobiliaria, ni nada de nada de nada. ¿Mi opinión? Es que un grupo dentro de la… ¿cómo se llama la cosa socialista?

—La FSM.

—¡La FSM! Un grupo liderado por este cuyo nombre me he olvidado ya...

—Tamayo.

—¡No!

—Balbás.

—¡Balbás, Balbás! No estaban de acuerdo con el reparto que Simancas había anunciado que iba a hacer de las consejerías, que le iba a dar... me parece que era Educación y Medio Ambiente a Izquierda Unida. Y le pareció que era una manera de presionar a Simancas que se ausentaran estos dos en esa Asamblea. A mí me vino Simancas y me dijo (está la grabación) que no era un retraso, sino un plante. Mi punto de vista es que fue un error garrafal de Rubalcaba y de Zapatero, que obligaron ese mismo día a mediodía a romper todos los lazos con estos y a… Yo creo que, si Simancas hubiera llamado a esta pareja y les hubiera dicho: «Venga, machos, vamos a hablar, ya veremos lo que haremos con las consejerías de IU, no sé qué, tal, y venid a la investidura que va a ser tal día...».

—Entiendo que, en su opinión, no tuvo nada que ver con el hecho de la «burbuja inmobiliaria» o de la construcción desaforada que había en aquella época en la Comunidad de Madrid.

—¿Pero qué burbuja inmobiliaria? [risas] Mira, si yo no estaba en la Comunidad de Madrid, estaba Alberto Ruiz-Gallardón. Pero fíjate, se lo puedes preguntar a Simancas, si quieres. Cuando se inauguró una Ciudad del Atleti en Alcorcón o algo así, algo del Atlético de Madrid en Alcorcón, de repente le digo yo a Simancas: «¡Ahí va! ¿Pero esto no era la trama inmobiliaria del PP?». Y es que se cascaba de risa. A ver, ¡no! No ha habido ninguna prueba y ha pasado ya suficiente tiempo para que encontraran pruebas y eso. Pregúntale a Pepe Blanco [exsecretario de Organización del PSOE], que al principio pensaba que sí las había y no. Es que fue así de sencillo, esta chica, que no me acuerdo de cómo se llamaba, yo les llamaba Tamayo y Baus…

—María Teresa Sáez.

—Se llamaba Sáez, esta. Pues me parece que era auxiliar administrativa en el 12 de Octubre y siguió siéndolo hasta que se haya jubilado. Supongo ya que se habrá jubilado...

En mayo de 2007 se celebraron elecciones autonómicas, en las que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón arrollaron a sus competidores del PSOE, Rafael Simancas y Miguel Sebastián, respectivamente. Catapultada por la ampliación del Metro, la construcción de siete hospitales y cincuenta centros de salud, y por la cuestionada reducción de las listas de espera en la sanidad pública, Aguirre sacó diez escaños más que en las segundas elecciones de 2003. Simancas perdió tres diputados y presentó su dimisión. Una nueva etapa se abría en la política madrileña. También para mí, con un nuevo destino en la sección de Nacional y, concretamente, en el departamento de Tribunales, en el que, como tardaría poco en comprobar, me volvería a cruzar con muchos de los protagonistas de aquella época.