Читать книгу No lo sé, no recuerdo, no me consta - Alfonso Pérez Medina - Страница 12

La España de los años locos y la corrupción descontrolada, que se desarrolló desde finales de los noventa hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI, recuerda a la que reflejó el cineasta Luis García Berlanga en La Escopeta Nacional para ilustrar el tardofranquismo. Las adjudicaciones se cerraban en cacerías, bares, discotecas o prostíbulos. La clase política y empresarial que perpetraba el saqueo se desenvolvía con unas formas y un lenguaje dignos del policía Torrente, «el brazo tonto de la ley», otro personaje de ficción que describe a los protagonistas de esta historia. Si hay belleza en lo cutre, España es uno de los países más hermosos del mundo.

En pleno siglo XXI seguían celebrándose reuniones como las de Berlanga, con Granados, número dos de Aguirre en el PP madrileño, como personaje central. El promotor de la constructora Dico, David Merino, describió en un manuscrito que llegó a la Fiscalía Anticorrupción una cacería que tuvo lugar en febrero de 2006 en la finca La Parrilla, en la localidad toledana de Los Yébenes, en la que se juntaron empresarios, políticos e incluso algún juez ya fallecido. Todos querían pasar un buen rato y hablar de negocios. Merino cuenta que él mismo abatió un venado y un jabalí: «Eran mis primeras piezas en una cacería oficial, por lo que los demás cazadores me hicieron lo que se llama un “bautizo de sangre”». El rito, que parece de otro tiempo, lo ofició Granados: extrajo las vísceras sanguinolentas del jabalí y se las puso a Merino sobre la cabeza, como recogió el periodista Javier Chicote en una información publicada en el diario ABC¹. Las cacerías empezaban un viernes y acababan el domingo. Al llegar la noche, los invitados se empujaban suculentas mariscadas —en una ocasión, trajeron el género en helicóptero— y después participaban en largas partidas de póker con billetes de quinientos euros encima de la mesa. «Si el cazador de turno así lo deseaba, por la noche se le ofrecían prostitutas, de las que podía disfrutar en la finca o en los hoteles cercanos en los que se alojaban algunos de ellos», cuenta Chicote.

El negocio de la corrupción iba viento en popa y, con él, otros igual de sórdidos, como la prostitución. A Granados se le atribuye, erróneamente, una de las frases más vergonzosas pronunciadas por un político en los últimos años: «Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas». En realidad, la egregia sentencia la pronunció supuestamente el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alejandro Halffter, según el testimonio de un agente de la Guardia Civil que había sido imputado en un caso en el que se investigaba si el Gobierno regional había espiado a los compañeros de partido que se separaban de la línea oficial del «aguirrismo». Durante una entrevista, a Granados le preguntaron si «un volquete de putas» podía llegar a constituir en algún momento «una compensación en política», a lo que respondió: «Es una expresión desafortunada, pero no puedo contestar porque nunca me he dedicado al asunto de los volquetes»².

Los intereses de la red Púnica estaban centrados en las licencias urbanísticas y en la adjudicación de contratos públicos. Cuando Granados comentó al otro cerebro de la trama, el empresario David Marjaliza, que estaba siendo vigilado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el empresario hizo dos cosas. Primero, preguntar «qué es la UCO», y después, llamar a su secretaria para que comprobara si algún agente estaba apostado en ese momento en la puerta de su oficina. «Como la gente es así de gilipollas, lo mismo va cualquiera y se piensa que nos dedicamos al tráfico de armas, o de blancas, o de putas o yo qué sé. Échale un vistazo a ver si hay alguien», le dijo³. Los investigadores de la UCO —que llegaron a conocer muy bien a Marjaliza, según sus informes— comprobaron las numerosas «atenciones» que recibían los cargos públicos investigados en el sumario, caso de la compra de «dos pisos en Barcelona para dos señoras» con las que solían verse Granados y el también exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno —este último pasará a la historia por un alarde de sinceridad en las escuchas judiciales que refleja el verdadero objetivo de muchos cargos públicos: «¡Aquí estoy, tocándome los huevos, que para eso me hice diputado!»—. Las mencionadas viviendas de Barcelona, situadas a cinco minutos andando desde la Sagrada Familia, fueron adquiridas por Marjaliza en 2003. Pagó 186.000 y 219.000 euros por cada una y luego, supuestamente, se las alquiló a las amigas de los políticos populares. Sin embargo, según le contó al juez Manuel García-Castellón, el propio empresario se abonaba a sí mismo la renta de forma ficticia⁴. El magistrado también sospecha que Granados utilizó «fondos de origen desconocido» para amueblar un piso del que disfrutaba una amiga de nacionalidad brasileña, a la que también abonó facturas médicas por valor de ochocientos euros. La mujer declaró como testigo, pero salvó la cara de Granados y negó los pagos: «Es la forma de ser de Paco. Él dice que sí a todo y al final no lo hace».

Los corruptores no escatimaban para tener bien atendidas las braguetas de los corrompidos. Un directivo de Cofely —la empresa que supuestamente amañaba los contratos de eficiencia energética de los edificios municipales— fue grabado mientras proponía a un tercero invitar a «un sitio con masajes relajantes», llamado Sensuality Wellness, a un exalcalde de la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, alcalde que le había adjudicado un contrato para la gestión del alumbrado exterior del municipio durante quince años. «El alcalde es un descojone, es del PP. Y si luego le dices que le llevas al sitio ese de masajes, se sube por las paredes», se escucha en la conversación. No consta que el regidor —que mostraba en sus redes sociales una feliz vida familiar— aceptara la propuesta.

En otros escándalos de corrupción que afectaron a la Junta de Andalucía también apareció el pago de prostitutas con dinero público. En noviembre de 2020, el juez de Instrucción número 6 de Sevilla propuso juzgar a Fernando Villén, ex director técnico de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (FAFEE) —dependiente de la Consejería de Empleo—, y a Ana Valls, antigua directora financiera, por autorizar pagos por valor de 32.566 euros en clubes de alterne entre los años 2004 y 2011. Los directivos investigados dentro de la causa utilizaban presuntamente las tarjetas de crédito del organismo público en varios prostíbulos. En la relación de extractos bancarios enviada al juzgado figuraban nombres como Don Angelo, Sala Delux Pub La Movida, La Casita o Top Show Girls⁵.