Читать книгу El desarrollo y la integración de América Latina - Armando Di Filippo - Страница 9
ОглавлениеCAPÍTULO I
Desarrollo, capitalismo y ética social1
La noción de desarrollo económico
En sus orígenes, la noción de desarrollo fue de naturaleza económica y se asoció con el surgimiento del capitalismo. Este sistema económico dio lugar a sucesivas revoluciones industriales que incrementaron de manera sistemática el poder productivo del trabajo humano. Entre los estudiosos del capitalismo que profundizaron en esta noción de desarrollo están los economistas clásicos (especialmente Adam Smith) y Marx. También dentro de la vertiente neoclásica del pensamiento económico debe registrarse la contribución de Joseph Schumpeter que rescató las nociones de innovación empresarial como un rasgo esencial de la destrucción creadora inherente al desarrollo económico. En resumen, el desarrollo en esta perspectiva económica se refirió a la naturaleza dinámica del capitalismo y su creciente poder productivo.
Desde fines de la Segunda Guerra Mundial el concepto de desarrollo se predicó fundamentalmente en su dimensión económica, como una respuesta a las necesidades de la reconstrucción de Europa devastada por la guerra, y a las condiciones de pobreza y desigualdad social imperantes en vastas regiones del planeta que se incorporaban a la ONU tras el proceso de descolonización.
El producto por habitante (presunto indicador de condiciones de vida) y el producto por trabajador (presunto indicador del poder productivo del trabajo humano) fueron compilados y examinados en sus magnitudes promedio como índices de mejorías en las condiciones económicas. Sin embargo, muy pronto comenzaron a surgir visiones alternativas que cuestionaban por un lado las desigualdades distributivas, ante todo en el interior de las naciones más pobres, pero también en las más ricas; por otro lado, también se cuestionó, el carácter unidimensional de los indicadores pura o exclusivamente económicos que se utilizaban para medir el desarrollo.
En América Latina el primer tipo de temas (desigualdad distributiva) fue tempranamente puesto de relieve por Cepal en sus estudios sobre la concentración del poder productivo a escala mundial, y de la distribución de sus frutos en el desarrollo latinoamericano. Se derivaron de aquí diagnósticos y políticas tendientes a distinguir entre las condiciones de los países hegemónicos desarrollados (centros) y las de los países y regiones subdesarrolladas (periferias).
El segundo tipo de temas (el desarrollo humano integral) se abordó multidimensionalmente a través de varias agencias sectoriales (FAO, Unesco, Unicef, OIT, OMS) de la ONU a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de las otras Cartas posteriores de similar orientación. Desde los años noventa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) popularizó la noción de Desarrollo Humano y publicó informes periódicos sobre el tema que han continuado hasta la fecha.
También, durante los años sesenta, se fue poniendo de relieve que lo humanamente significativo para el desarrollo es lo que las personas pueden llegar a ser y a hacer y no la cantidad de bienes que pueden poseer. Todas estas perspectivas de análisis fueron consagrando la necesidad de diagnóstico y políticas multidimensionales (no solo referidas a las perspectivas económicas sino también a las políticas y culturales).
Así, al ubicar a los seres humanos en el centro de la escena del desarrollo, el tema se volvió multidimensional y moral. Por lo tanto, se asoció con aquellas dimensiones humanas que son universales y compartidas por todos los hombres de todas las épocas. Las ideas pioneras del paquistaní Mahbub ul Haq (tempranamente desaparecido, quien fue el formulador inicial de los índices de desarrollo humano) fueron retomadas por el economista bengalí Amartya Sen2.
El concepto de naturaleza humana, en este libro está entendido como una noción científica y no metafísica. Sin rechazar la visión metafísica trascendente, la perspectiva académica aquí propuesta, se refiere a aquellos contenidos universales de la noción de ser humano, compatibles con las diferencias específicas que singularizan a cada sujeto. El ser humano reúne rasgos que le son definitorios los que están permanentemente enriquecidos y profundizados por el conocimiento científico. Sin embargo sus rasgos esenciales se mantienen de manera transhistórica.
La multidimensionalidad de los seres humanos (entidades biológicas, dotadas de racionalidad instrumental y moral, capaces de auto-organizarse en subsistemas sociales concretos), requiere, por lo tanto, de un examen multidisciplinario que involucra perspectivas económicas, políticas y culturales, (y hoy agregamos las biológico-ambientales) que determinan la vida humana.
La noción de desarrollo económico como objetivo deseable deliberadamente asumido por las políticas públicas y sistemáticamente analizado en la esfera académica es solo un aspecto del tema del desarrollo que tomó forma a partir de la Segunda Guerra Mundial. En una perspectiva históricamente más amplia podemos hablar de procesos de desarrollo económico vinculados al surgimiento de la Revolución Industrial Británica que otorgó al capitalismo su dinámica tecnológica contemporánea.
Si exploramos los orígenes del tema del desarrollo económico, lo que estamos haciendo es rastrear los orígenes del capitalismo. Solamente si abordamos el tema del capitalismo logramos conferir al tema del desarrollo económico su contexto histórico propio.
En suma, el uso de la noción de desarrollo en la literatura occidental se concentró originalmente en la dimensión económica del concepto y se asoció con la noción de capitalismo, es decir con ese sistema económico que, tras varios siglos de gestación, a partir de la era moderna, se asentó sobre las bases tecnológicas de la Revolución Industrial Británica desde fines del siglo XVIII.
Un punto de partida para el estudio del capitalismo y, consecuentemente, del desarrollo económico son los trabajos de los economistas clásicos y, en particular del, así denominado “padre de la economía política”, Adam Smith, quien asoció el crecimiento del producto social con el progreso técnico, vinculado a la división técnica del trabajo en el seno de los talleres de manufacturas. Los principales economistas clásicos (Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus) develaron los rasgos estructurales del capitalismo, y los fundamentos económicos de la estructura de clases que le es inherente. También plantearon los principales problemas del valor económico, subyacente a los precios de mercado que ponderan el producto social.
El trabajo humano concreto produce mercancías concretas, y la relación entre la cantidad de producto generado (Q) y la cantidad de trabajo requerida para generarlo (T), se denomina productividad (o poder productivo) del trabajo (Q/T) indicador básico de ese fenómeno que hemos denominado desarrollo económico. Cuando la productividad media del trabajo se plantea a nivel macroeconómico ponderada por los precios relativos de mercado, la contrapartida de ese aumento del poder productivo de las sociedades es el incremento en el poder adquisitivo medio de la población. Si denominamos (N) a la población total, podemos llegar a otro indicador (Q/N) que sería la cantidad de bienes y servicios que pueden en promedio ser adquiridos por persona. Si Q se expresa en unidades físicas, estamos en presencia de medidas técnicas y no económicas del desarrollo puesto que las mediciones del producto social pasan a través de las valoraciones del mercado siendo ponderadas por precios relativos. La profundización de la comprensión de esas medidas económicas nos remite nuevamente a la teoría que estudia los rasgos del capitalismo.
Aparte de la visión economicista que implican las consideraciones anteriores, otra enorme carencia de estas mediciones radica en que son promedios. Por lo tanto, queda afuera la noción de distribución (o reparto) del producto social. Si introducimos la noción de distribución del producto social no todo crecimiento del producto implica desarrollo económico, puesto que junto con el estudio de la distribución se “infiltra” (implícita o explícitamente) el estudio de la justicia distributiva, abriendo la puerta a consideraciones de naturaleza ética y social mucho más amplias.
El significado del reparto del producto social nos remite a una teoría de la justicia. La primera de esas teorías que ha perdurado largamente en la historia del pensamiento económico y político de Occidente es la distinción aristotélica entre la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Este y otros enfoques posteriores sobre el tema de la justicia distributiva (el más importante en la segunda mitad del siglo XX fue planteado por John Rawls en su Teoría de la Justicia) han surgido con mucha fuerza en el siglo XXI, superando los límites del planteamiento de Rawls y planteando los problemas multidimensionales de la igualdad de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
En suma, las nociones de crecimiento del poder productivo del trabajo y de crecimiento del poder adquisitivo de la población total nos remiten a una versión puramente cuantitativa y economicista de crecimiento, pero son absolutamente insuficientes si queremos penetrar en una comprensión del impacto de la noción de desarrollo económico sobre las sociedades humanas en su conjunto. Para esa comprensión más profunda hace falta examinar las condiciones históricas y estructurales que dieron lugar a la emergencia del capitalismo como sistema dominante en la era contemporánea de Occidente.
En efecto el enfoque puramente empirista-economicista del desarrollo capitalista es claramente reduccionista y no nos permite penetrar en las visiones más multidimensionales de la temática del desarrollo. No da cuenta de las profundas transformaciones sociales que acompañaron el advenimiento del capitalismo: cambios en la estructuración de las clases sociales y formación de un proletariado industrial, procesos de urbanización y metropolización, transformación de la organización familiar, separación entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia personal, transición demográfica, incremento del proceso de alfabetización, etc. El estudio de los impactos sociales del capitalismo forma hoy parte importante de los estudios sociales en general y de los sociológicos en particular.
Como se sabe, junto con el advenimiento de la era contemporánea a fines del Siglo XVIII tuvo lugar no solo la Revolución Industrial Británica (base tecnológica del capitalismo a partir de esa fecha) sino también las Revoluciones Políticas Francesa (1789) y americana (1776) que instalaron los valores y principios republicanos de la democracia y de los derechos humanos, los que todavía predominan en la cultura occidental. Tomados en su conjunto el sistema económico capitalista y el sistema político democrático son, respectivamente, expresiones del liberalismo económico (Adam Smith) y del liberalismo político (Locke, Rousseau, etc.) que tuvieron un nacimiento simultáneo en la historia de Occidente.
Adam Smith considerado no solo el padre del liberalismo económico, sino también el fundador de la corriente teórica clásica en la ciencia económica, fue el primero en establecer las conexiones entre la división técnica y social del trabajo, el crecimiento de la productividad laboral y la expansión de los mercados nacionales e internacionales.
También cuando Marx habló del desarrollo de las fuerzas productivas bajo el comando del capital (Precisamente El capital se llama su obra principal), otorgó un papel central (como punto de partida) a la Revolución Industrial, y de modo más amplio o general al desarrollo de las fuerzas productivas dentro del modo de producción capitalista. Lo mismo hicieron autores no marxistas como Werner Sombart, Max Weber, y Joseph Schumpeter, todos vinculados al historicismo alemán. El capitalismo es el marco histórico estructural en donde ha tenido lugar el desarrollo económico entendido en sentido restringido como la expansión sistemática y secular del poder productivo del trabajo humano. Además de la escuela historicista europea, existe otra corriente de pensamiento económico que ha profundizado en la noción de desarrollo en el marco del estudio del sistema capitalista: el institucionalismo estadounidense (por ejemplo, ThorsteinVeblen y John Commons).
La noción de desarrollo económico adquirió especial relevancia política y académica al final de la Segunda Guerra Mundial del Siglo XX, con el proceso de descolonización acompañado y promovido por la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (1945). Surgió entonces el tema del subdesarrollo, es decir, el estudio de las situaciones de pobreza y privación de las naciones que abandonaban su condición de colonia y entraban en el proceso de independencia política. Este proceso histórico fue acompañado por el estudio del desarrollo y el subdesarrollo como disciplinas relativamente autónomas de la ciencia económica. Fue en ese momento cuando tuvieron lugar las contribuciones del estructuralismo latinoamericano (integrado por autores como Raúl Prebisch, Celso Furtado, Osvaldo Sunkel, Aníbal Pinto y Aldo Ferrer). Esta escuela de pensamiento establecida al alero de la Cepal-ONU para estudiar los rasgos específicos del desarrollo y el subdesarrollo bajo las condiciones del capitalismo periférico, formuló una importante perspectiva histórica de interpretación de las sociedades latinoamericanas desde el momento mismo de su conquista y colonización por parte de las potencias ibéricas.
En el marco de los principios y valores de la ONU estuvo siempre subyacente a estos autores la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Otros sociólogos latinoamericanos de la época como José Medina Echavarría y Gino Germani, también exaltaron el tema de la democracia en su interacción con el capitalismo, en las modalidades que estos sistemas asumieron en América Latina. En su último libro Raúl Prebisch el fundador del enfoque estructuralista originario de la Cepal, volvió a poner de relieve los vínculos históricos entre las formas periféricas del capitalismo y los obstáculos de allí derivados para un firme desarrollo de las instituciones democráticas en América Latina (véase la segunda parte de este libro).
Ética y capitalismo
El nacimiento de la economía como ciencia coincidió con la emergencia de una nueva visión del mundo, la del liberalismo económico en la que se intenta demostrar la existencia de una conexión significativa entre los móviles egoístas del comportamiento de las personas y los resultados favorables que este comportamiento genera sobre el bienestar general y conjunto de esas mismas personas.
Los principios éticos occidentales pre modernos de raíz grecolatina se habían construido con base en las nociones de bien y de mal, de virtud y de vicio, de deberes y dignidades, de justicia y de bien común. En particular las motivaciones personales altruistas eran consideradas “buenas”, y las egoístas y hedonistas percibidas como “malas”. A escala social estos eran los fundamentos del bien común. Sin embargo, el advenimiento del liberalismo económico se basó en el reconocimiento pragmático de que la mayoría de los seres humanos actúan, en la esfera de los mercados de una manera egoísta, y están más preocupados por la máxima satisfacción posible de sus deseos, que por el carácter virtuoso de sus comportamientos.
El punto, paradojal si se quiere, del liberalismo clásico desde el punto de vista ético fue la noción un tanto inusitada hasta ese momento, de que la búsqueda de la ganancia y de su incremento sin límites, era fuente de abundancia social. Este resultado derivaba de la lógica de la competencia a través del mecanismo de mercado. La expresión histórica de esta lógica económica fue la emergencia del capitalismo, un sistema económico de mercado, fundado en una Revolución Tecnológica que, a partir del último cuarto del siglo XVIII comenzó un proceso sostenido de expansión productiva del trabajo humano.
La expresión capitalismo alude a un sistema económico fundado en el poder del capitalista, una persona que cuenta con poder adquisitivo suficiente para controlar no solo los productos-mercancías, sino también los factores requeridos (recursos naturales, trabajo y tecnología) para producirlos. El capitalista se propone acrecentar su poder económico en una secuencia indefinida. Su instrumento inicial es la posesión de dinero, que adquiriendo factores productivos se convierte en poder productivo primero y en productos-mercancías después; la venta de esos productos le permite recuperar su dinero con ganancias, en un proceso indefinido donde la meta final es acrecentar continuamente el capital.
En la versión aristotélico-tomista de la ética que predominó en Europa Occidental durante buena parte del período pre-moderno se presumía una congruencia entre la moralidad de los comportamientos personales de los actores económicos considerados individualmente y los resultados generales esperados del proceso económico. Había una correlación entre el comportamiento virtuoso de las personas y la consecución del bien común. Por ejemplo, el préstamo a interés era considerado usura, la que era éticamente mala tanto a nivel personal como social, del mismo modo el afán de ganancia ilimitada era considerado una perversión en la lógica del intercambio. Aristóteles había distinguido entre las nociones de crematística natural, donde el intercambio tenía como objetivo la satisfacción de necesidades de los contratantes y la crematística lucrativa donde el objetivo, éticamente censurable era el afán de lucro ilimitado.
Pero en un mundo donde imperaba la escasez y la pobreza, los ideólogos del liberalismo propusieron que, desde el punto de vista económico, la mayor producción de riqueza era un resultado bueno para el interés general, aunque estuviera basado en un comportamiento personal individual cuyos móviles eran considerados malos por la ética tradicionalmente aceptada. La magia o mano invisible del mercado lograba que a través de personas que se enriquecían más allá de todo límite (conducta considerada mala por la ética tradicional) a escala individual, se consiguiera un resultado (considerado bueno por la ética emergente) creador de riqueza que aumentaría el bienestar económico de todos. Esto generó nuevas actitudes morales que fomentaron el desarrollo del capitalismo, y nuevas justificaciones éticas, congruentes con una ciencia económica fundada en criterios cuantitativos, que fueran mensurables por los precios de mercado.
La ética clásica de raíz grecolatina concebida y aplicada a las conductas personales y, por extensión a sus resultados sociales, cuya expresión más generalizada en el mundo occidental consistía en perseguir el bien y rechazar el mal debió confrontar la nueva ética individualista y utilitarista según la cual a través de un comportamiento egoísta pero eficiente a escala individual, el mecanismo del mercado prometía superar el dolor de la escasez y disfrutar el placer de la abundancia.
Los conductores de este proceso, miembros de la burguesía industrial naciente, propietarios del capital productivo, impusieron un código de comportamiento egoísta que se legitimaba a través del mercado. El poder adquisitivo del capital aplicado a la producción y fundado en el control del poder tecnológico se revelaba capaz de generar una expansión indefinida de la riqueza de las naciones. Así se tituló precisamente el libro de Adam Smith, economista y filósofo moral considerado el padre fundador de la ciencia económica, la que emergió como disciplina autónoma en ese período histórico.
En su libro fundacional La riqueza de las naciones, Adam Smith enuncia con claridad esa mutación en virtud de la cual el comportamiento individualista y egoísta aplicado a las operaciones de mercado da lugar a una expansión del bienestar general, en la medida que dicho bienestar se mida o se asocie con la creciente expansión de la capacidad productiva por habitante. No es por la benevolencia del carnicero o del panadero que obtenemos los productos de consumo, dirá Smith, sino apelando a su propio interés egoísta como logramos que ellos nos provean de los bienes que necesitamos.
Las diferentes formulaciones éticas que, posteriormente afloraron evidencian que el desarrollo de las instituciones del capitalismo puede fundarse en diferentes posiciones (quizá debiéramos decir justificaciones o legitimaciones) en el campo de la moral y de la ética. Este proceso dista de haber terminado.
Examinando los hechos históricos, el sociólogo alemán Max Weber, elaboró trabajos publicados a comienzos del siglo XX donde vinculó el nacimiento del capitalismo, al surgimiento de una racionalidad formal basada en el cálculo económico, la que pudo llevarse hasta sus últimas consecuencias cuando las instituciones del capitalismo permitieron convertir en mercancías dotadas de un precio calculable a todas las condiciones y recursos requeridos por el proceso productivo y no solo a algunos insumos y productos finales. El capitalismo convirtió en mercancías a la capacidad de trabajo de los seres humanos, a los recursos naturales, al conocimiento tecnológico, etc., expresándolos en unidades de valor económico a través del uso del dinero, unidad de cuenta y medio de circulación.
Ese proceso de expansión de la, así denominada, racionalidad formal, fue acompañado por una racionalidad denominada material que según la terminología de Weber se expresó en la ética calvinista, dotada de lo que podríamos llamar un ascetismo aplicado a la producción de riqueza. La ética protestante, y el calvinismo en particular, emergen, así, como una alternativa a la ética católica, creando condiciones capaces de legitimar el desarrollo del capitalismo al permitir conciliar en principio los mecanismos del mercado con algunas de las viejas nociones de virtud a escala personal, convenientemente modificadas.
Sin embargo, el fundamento ético más generalizado y perdurable en la legitimación del orden capitalista provino del utilitarismo. Fue el inglés Jeremy Bentham (1748-1832) quien sentó las bases de este sistema ético sobre el que se asientan el capitalismo como sistema económico y la teoría académica que hasta hoy continúa siendo más difundida en occidente: la microeconomía neoclásica.
Ética utilitarista y economía neoclásica
El utilitarismo tiende a identificar la noción de felicidad con la noción de placer. Según Bentham un principio innato de la conducta humana es huir del dolor y perseguir el placer. Pero decir que la felicidad es la búsqueda del placer, no es lo mismo que decir que la felicidad es el resultado de una vida virtuosa. Aquí se genera no solo una confusión terminológica sino también un abismo respecto de los fundamentos de la ética tradicional. El placer es el resultado de la satisfacción de deseos individuales con independencia del carácter virtuoso o vicioso de esos deseos particulares y, aún de la moralidad concreta de aquellos que buscan dicho placer. John Stuart Mill, discípulo de Bentham, se contenta con aceptar que la felicidad es una cosa deseable y basta con que sea deseable para considerarla un bien.
En resumen, para los utilitaristas un bien tiene la cualidad de satisfacer deseos, por eso es un bien, es decir, por eso es algo bueno. La cualidad de satisfacer deseos que tiene un bien, es la utilidad del bien, y la satisfacción del deseo genera “felicidad”. De donde la noción de “felicidad”, en su acepción utilitarista, consiste en la satisfacción de deseos y no en el cultivo de una vida de virtud como había sido establecido en la tradición aristotélica.
La teoría de los mercados y de los precios se edificó sobre la base de las nociones de utilidad ya planteadas por Bentham cuyo rasgo más importante era la pretensión de mensurabilidad cardinal y de comparación interpersonal de magnitudes de utilidad. Por lo tanto, esta ética admitía su asociación teórica con el sistema de precios. Surgió a partir de esas ideas, continuadas por John Stuart Mill, la teoría neoclásica de los mercados y de los precios, en donde las sustancias del valor, mensuradas por el sistema de precios eran la utilidad y la escasez, y la materia mensurable era la utilidad marginal. La teoría utilitarista del bienestar fue perfeccionada por Wilfredo Pareto, en el marco del modelo de equilibrio general bajo condiciones de competencia perfecta formalizado por León Walras.
Pero el utilitarismo entendido como la ética sobre la que se asentó el capitalismo formaba parte de una concepción más amplia denominada liberalismo que incluyó, también una nueva visión del proceso político, en donde el fundamento ontológico del orden social reposaba en el individuo. Este era el punto de partida del sistema político, construido contractualmente por los individuos para preservarse de los abusos de poder provenientes de ellos mismos en el curso de las interacciones sociales. Esta visión contractualista de la sociedad contó con importantes sostenedores intelectuales en particular Rousseau. La visión contractualista del sistema político, implicaba que la autoridad provenía de los propios individuos quienes pactaban su constitución. La soberanía del Estado ya no provenía de un origen divino, sino que era un fruto de las decisiones individuales de los seres humanos.
En el caso de Locke este ordenamiento consideraba a la propiedad privada como un derecho natural cuyo origen y legitimidad debía buscarse en el trabajo humano, y, por esa vía, contribuía a la elaboración de una teoría de los mercados en que los precios se consideraban como una medida del trabajo contenido en los bienes. Desde ese punto de vista Locke es un predecesor de las teorías del valor trabajo sostenidas por los economistas clásicos y por Marx. También es un antecesor indirecto y remoto de las teorías hoy denominadas libertarias que toman como punto de partida la “propiedad de sí mismo”.
A mediados del siglo XIX y como consecuencia de los excesos del capitalismo en el tratamiento de la clase obrera, (bajo un período histórico en que la democracia como sistema político estaba aún lejos de imperar en Europa Occidental), surgen diferentes formas de socialismo, así denominado utópico, fundadas en principios éticos de tipo cooperativo, los que preanuncian la llegada de las ideas de Karl Marx, y su “socialismo científico”.
El determinismo implícito en la teoría económica de Marx
En el caso de la teoría del valor de Marx se produce un determinismo tecnológico que fija los valores de las mercancías de acuerdo con su contenido de trabajo abstracto incorporado bajo condiciones técnicas medias correspondientes a una época dada. En el modelo más puro (planteado en el tomo I de El capital ) opera sin restricciones la “ley del valor” según la cual las mercancías se intercambian de acuerdo con su contenido de trabajo abstracto, social y medio. En el tomo tercero de la misma obra se introduce la noción de precios de producción que son también calculados en términos de valor pero que incluyen la premisa de la igualación de las tasas de ganancia como consecuencia de la transferencia de capitales desde los procesos menos rentables hacia los más rentables. Hay aquí una mezcla entre un mecanismo originado en la esfera de la producción (atribución de valor a las mercancías mediante trabajo abstracto), y otro mecanismo originado en la esfera de los mercados (competencia entre los capitales que buscando maximizar su tasa de individual de ganancia terminan generando la igualación de la tasa general de ganancia).
¿Dónde entran los seres humanos, y, con ellos, la ética social en estos procesos? En ninguna parte. En efecto, Marx observa en el penúltimo párrafo de su prólogo a la primera edición alemana del primer tomo de El capital : “Unas palabras para evitar posibles interpretaciones falsas. A los capitalistas y propietarios de tierra no los he pintado de color de rosa. Pero aquí se habla de las personas solo como personificación de categorías económicas, como portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Mi punto de vista, que enfoca el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proceso histórico-natural, puede menos que ningún otro hacer responsable al individuo de unas relaciones de las cuales socialmente es producto, aunque subjetivamente pueda estar muy por encima de ellas”.
En otras palabras, la visión es completamente determinista y la persona es una criatura de las estructuras que lo han condicionado. Las nociones de libertad y de responsabilidad social no son tenidas en cuenta.
En el primer cuarto del siglo XX, la Revolución Rusa instaló un experimento colectivista de planificación centralizada, inspirado en las ideas de Marx, y basado en la noción de que los precios podían entenderse como una medida del contenido en trabajo contenido en las mercancías. La visión colectivista, desde un punto de vista ético subsumió el individuo en una razón de Estado orientada a un tránsito desde la sociedad de clases a la sociedad comunista. Nuevamente la noción de persona quedó sacrificada a los grandes objetivos políticos de la construcción del comunismo, y el tránsito desde un estadio hasta el otro se debía verificar a través de la dictadura del proletariado, legitimada en sus excesos por el resultado final, en el que las generaciones sacrificadas lo hacían en beneficio de las futuras generaciones que disfrutarían del mundo comunista. Marx consideraba que en la sociedad sin clases aparecería de nuevo la naturaleza humana en toda su integridad sin las alienaciones que se le imponían en el ámbito de las sociedades de clases.
En las economías centralmente planificadas donde operaba la, así denominada dictadura del proletariado, las consideraciones de ética social y humana quedaban, a la espera de que el proceso de la dictadura del proletariado permitiera llegar al mundo a la tierra prometida del comunismo propiamente dicho. En ese momento utópico, la ética emergería en el comportamiento de las personas efectivamente libres.
El determinismo implícito en el liberalismo económico neoclásico
Por otro lado, también es posible demostrar el determinismo contenido en la teoría económica neoclásica. Nótese bien que el liberalismo clásico se fundó sobre otras bases teóricas diferentes al liberalismo neoclásico. A diferencia de los clásicos según los cuales los precios miden trabajo humano, los neoclásicos dicen que los precios miden utilidad y escasez, marginalmente determinadas de acuerdo con el cálculo racional de consumidores y de productores. Los consumidores son el punto de partida de todo el proceso (soberanía del consumidor) y buscan llevar al máximo la satisfacción de sus deseos individuales, expresados a través de sus funciones de preferencias individuales. Aunque los neoclásicos no enfatizaban para nada ese punto, aquel máximo u óptimo depende desde luego del poder adquisitivo general que se posea, determinado en el punto en que (gráficamente hablando de acuerdo con las formalizaciones neoclásicas) “la recta de presupuesto es tangente a la más alta curva de indiferencia en el consumo, con base en la cual cada consumidor determina su canasta” personal. Esta jerga solo inteligible para los iniciados en geometría analítica inauguraba el uso (y en ocasiones el abuso) generalizado del análisis matemático en el estudio de la teoría económica.
Los productores por su parte, con base en esas preferencias marginales de consumidores solventes enfrentan una curva de demanda que les permite producir bajo condiciones de eficiencia, asociadas al cálculo de costos marginales que determinan las cantidades producidas. En ambos casos los agentes económicos carecen de poder para influenciar los precios significativamente por sí mismos, son en léxico económico “precio-aceptantes”, y las premisas del análisis suponen la atomicidad de esos contratantes (competencia “perfecta”).
Bajo condiciones y posiciones de equilibrio general (o equilibrio parcial bajo la cláusula ceteris paribus) de los mercados, los agentes del proceso son meros optimizadores de magnitudes, calculadas con base en la racionalidad instrumental de un hombre económico. De esa manera aparentemente son los individuos libres (soberanía del consumidor) los que con sus comportamientos determinan la lógica de los mercados y de los precios. Pero solo aparentemente, porque las premisas de la competencia perfecta hacen que la única “libertad” del hombre económico (caracterizado por John Stuart Mill) consista en desplazarse hacia posiciones de óptimo, según cuales sean sus preferencias de consumo o sus alternativas tecnológicas. El mecanismo es determinista, porque las premisas del modelo de la competencia “perfecta” y del comportamiento del “hombre económico” predeterminan matemáticamente los resultados del funcionamiento del mercado.
Los dos elementos sustantivos que realmente determinan en última instancia los precios, no son considerados materialmente por la teoría económica neoclásica. La teoría no entra en materia para determinar el contenido de las preferencias de los consumidores ni para determinar el ingreso real que determina su poder de compra. El contenido de las preferencias de los consumidores no es algo que, según la visión positivista de la economía neoclásica, le competa a la teoría, sino solo a los deseos del consumidor soberano. Del mismo modo, la magnitud del ingreso personal consumible forma parte de la distribución del ingreso real que, según los neoclásicos, tampoco es un tema que le competa a la ciencia económica. De otro lado las necesidades esenciales mínimas que todo ser humano debe satisfacer, y que los economistas clásicos (y también Marx) habían considerado bajo la noción de salario de subsistencia, desaparecen del espacio teórico neoclásico. Por lo tanto, la ética social queda fuera de tema al ser imposible determinar ni la justicia distributiva asociada a esos comportamientos, ni, tampoco evaluar la naturaleza o motivaciones de las conductas individuales que se expresan en el mercado. El utilitarismo queda como un trasfondo ético según el cual la utilidad total de los bienes es siempre positiva, lo que constituye una buena base para los excesos de una psicología consumista.
El proceso, formulado de manera matemática por los neoclásicos, que conduce al equilibrio estable de los mercados es inexorable. Está totalmente predeterminado por las premisas del análisis, y la única racionalidad que se presume en las partes contratantes es de naturaleza instrumental asociada a la noción de eficiencia. Consiste en optimizar los fines (ganancia de los productores o bienestar de los consumidores) para una dada dotación de medios. Pero la ética no entra en el análisis, o, mejor dicho, la única que “puede entrar” es la ética utilitarista en su versión más individualista y consumista, porque las preferencias se evalúan por niveles de satisfacción personal y no por el contenido bueno o malo, altruista o egoísta, justo o injusto de las decisiones de los actores. Esta racionalidad instrumental está perfectamente aislada de los ámbitos de la política y de la cultura. Además, la noción neoclásica de los “hombres económicos” supone que éstos se comunican entre sí solamente a través de los mercados, y su naturaleza “humana” carece de cualquier otra dimensión, no solo ética, sino tampoco cultural, lúdica o política.
Cuando a la teoría neoclásica, a partir del primer tercio del siglo XX no le quedó otro remedio que admitir, a regañadientes, que la competencia perfecta no existe y que los mercados se ven afectados por asimetrías de poder económico, de poder político o de poder cultural, entonces esa admisión trajo a colación la noción de “imperfecciones” del mercado. Es decir, se examinaron “desviaciones” a las premisas de la competencia perfecta. Aun así, la teoría microeconómica académica que todavía hoy se enseña mayoritariamente en Estados Unidos y América Latina, sigue considerando el mecanismo de la competencia más o menos pura o perfecta como el punto de partida para el estudio de la asignación de recursos. Una vez establecido ese artículo de fe, la teoría económica neoclásica estudia acotadamente algunas de las asimetrías de poder en los mercados bajo el rótulo de “imperfecciones de los mercados” (monopolio, oligopolio, teoría de juegos, competencia monopolística). Bajo estas imperfecciones que, obviamente no son tales, sino las condiciones reales en los mercados globales del mundo de hoy, emerge el tema de la responsabilidad de los actores más poderosos, por ejemplo, en las reflexiones recientes sobre la responsabilidad social empresarial.
Surge de aquí una conclusión importante en la esfera de la ética económica. Solamente reconociendo las asimetrías reales de poder que operan a través de los mercados es posible plantear los temas de la justicia conmutativa y distributiva que son inherentes a la ética social.
Estado y políticas públicas en el capitalismo
En la visión teórica neoclásica y en la práctica histórica concreta del capitalismo, tras la aparición del régimen soviético, la imagen del Estado era la del verdugo de la economía “libre”. Por lo tanto, los paradigmas de la teoría de la competencia perfecta se convirtieron no solo en un instrumento presuntamente científico para entender la lógica de los mercados capitalistas, sino también en un instrumento ideológico poderoso para enfrentar los excesos de la planificación estatal. Desde un punto de vista ético, también aquí se enfrentaba un determinismo donde la libertad y la creatividad humanas quedaban anuladas, o, mejor dicho, puestas al servicio de la construcción de una utopía: la sociedad comunista donde se hubiera superado definitivamente la sociedad de clases.
En los años treinta del siglo XX, la idea de la mano invisible y de la autorregulación de los mercados entró en una crisis profunda. La gran depresión de los años treinta demostró que el comportamiento microeconómico basado en los postulados de la competencia no lograba rescatar a la economía capitalista de una parálisis recesiva donde los niveles de actividad económica se hundieron y el desempleo alcanzó proporciones dramáticas. En ese momento histórico, el mensaje teórico del economista inglés John Maynard Keynes generó un fuerte impacto en las dinámicas y la lógica tanto del capitalismo como de la democracia.
La economía keynesiana legitimó el papel del Estado como agente económico. El Estado democrático liberal dejó de ser el verdugo del capitalismo, como en la Unión Soviética, para convertirse en su eventual salvador. Surgió otra macroeconomía como una rama nueva y bien establecida de la ciencia económica, y el liberalismo recalcitrante fundado en la autorregulación de los mercados cedió el paso a la legitimidad de las políticas públicas, fiscales, monetarias, y cambiarias del Estado.
El keynesianismo había nacido para salvar el capitalismo no para derrumbarlo, e impulsó la emergencia de una ética consumista, pues la dinámica del sistema capitalista, sufría decaimientos cíclicos de la demanda de bienes de consumo, y esta debía ser estimulada tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo la política fiscal y monetaria podía ayudar a paliar situaciones recesivas con baja utilización de la capacidad instalada, y, a largo plazo, la acumulación de capital, la publicidad exacerbada, la manipulación del consumidor, y la obsolescencia acelerada de los bienes se convirtieron en mecanismos de estímulos a la demanda efectiva que mantenía en funcionamiento la máquina capitalista. Los resultados de estas estrategias no solo han promovido el consumismo, sino también el despilfarro, “cargado a la cuenta” del medio ambiente humano y de la estabilidad de la biosfera.
Este papel del Estado como regulador y estabilizador necesario del capitalismo, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se transfirió también a los sistemas políticos. El proceso de descolonización, y la fundación de las Naciones Unidas, crearon un espacio de acción en el ámbito de las políticas para el desarrollo. Tras dos guerras catastróficas y una crisis económica sin precedentes en la historia del capitalismo, apareció de nuevo la temática de la ética que había sido eclipsada del escenario en la primera mitad del siglo XX. La dignidad de los seres humanos se reconoció enfática y explícitamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El capitalismo regulado o de economía mixta y las socialdemocracias emergentes mostraron una cara del Estado regulador y benefactor, muy distinta a la cara del Estado opresor y autoritario del mundo soviético. Un tema muy importante de esta etapa histórica es el de la consolidación de la democracia en Europa Occidental. En ese momento histórico de posguerra la sociedad europea sufría varios riesgos. En primer lugar, el riesgo de ser absorbida por la ideología comunista, y, en segundo lugar, el riesgo de la fragmentación e irrelevancia políticas en un mundo donde las potencias hegemónicas presentaban una enorme escala en términos geográficos y demográficos.
La reacción europea ante dichos riesgos, liderada en medida importante por visiones socialcristianas neotomistas (como las inspiradas en las ideas de Jacques Maritain), fue la de avanzar por los caminos de la democratización y la integración. Europa se democratizó finalmente. Por primera vez de una manera generalizada las democracias parlamentarias se instalaron para permanecer. La democratización y la integración de Europa occidental se retroalimentaron recíprocamente dando lugar a un gran experimento económico y político que ha culminado en la Unión Europea.
La ética del capitalismo regulado en las economías desarrolladas
La ética del capitalismo regulado en la esfera económica y de las socialdemocracias en la esfera política, fue un compromiso entre las nociones del individualismo y el utilitarismo que están en la esencia de las conductas del capitalismo, por un lado, y las nociones de derechos económicos, sociales y culturales que están en la esencia de las conductas políticas de la socialdemocracia por otro lado.
A medida que estos procesos económicos y políticos se afianzaban surgieron nuevas posiciones éticas que los reflejaron. Una de ellas, muy representativa de las nuevas visiones éticas que este proceso trajo consigo fue el igualitarismo liberal (John Rawls). El impacto académico de las ideas de Rawls fue enorme quizá porque reintrodujo una noción, propia de la ética social pre-moderna que el individualismo y el liberalismo de la primera mitad del siglo XX habían borrado del diccionario: la justicia.
Bien entendido, John Rawls fue ante todo un filósofo político que intentó preservar la visión de mundo del liberalismo contractualista. Sin embargo, pretendió ser también un igualitarista, y la convergencia de estos dos objetivos (libertad e igualdad) contribuye a configurar su Teoría de la Justicia. Conviene repasar esquemáticamente sus ideas principales en vista del enorme impacto que han generado en los estudios actuales de ética y de filosofía política.
Su teoría de los bienes es un fundamento de su teoría de la justicia. Los bienes primarios son caracterizados como los medios generales requeridos para poder aspirar o acceder a una vida buena (nótese la diferencia entre esta noción y la de bienestar en su origen utilitarista). Rawls distingue entre dos tipos de bienes primarios: los naturales y los sociales. Los bienes primarios naturales son la salud y los talentos. Los bienes primarios sociales son básicamente tres: las libertades fundamentales, las oportunidades de acceso a las posiciones sociales y las ventajas socioeconómicas ligadas a dichas posiciones.
Su teoría de la justicia se aboca al logro de una distribución justa de los bienes sociales. Según Rawls, los principios normativos para tal cometido son dos: 1) Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. 2) Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos.
Esta mínima referencia a la teoría de la justicia de Rawls no es suficiente para profundizar en ella, ni es el objeto de esta mención intentar hacerlo. Sin embargo, un rasgo central de la visión de Rawls es haber logrado una convergencia entre las nociones de libertad y de igualdad. La primera (libertad) considerada como un rasgo central del liberalismo y la segunda (igualdad) considerada como un rasgo central de la visión de una naturaleza humana compartida, la que asume diferentes orígenes y versiones. En cierto sentido la ética social rawlsiana, compatible con el keynesianismo, es la que mejor representa, legitima y racionaliza el capitalismo regulado y la democracia social instalados en el mundo desde el inmediato período de posguerra hasta la así denominada revolución conservadora de los años ochenta.
Un punto decisivo de la visión ética de Rawls es su rechazo del utilitarismo y su adscripción a una visión kantiana de la libertad, donde lo necesario es preservar la dignidad de cada hombre considerado como un fin en sí mismo. Otro punto esencial es la enorme importancia que otorga Rawls a la noción de bienes públicos o bienes sociales en la configuración de una sociedad justa.
Globalización económica y neoliberalismo
Finalmente, en el último cuarto del siglo XX fueron el capitalismo regulado y la socialdemocracia apoyada en un Estado benefactor los que entraron en crisis en los centros desarrollados. El exceso de gasto fiscal en Estados Unidos, y la fuerte carga tributaria aplicada a las grandes corporaciones condujo por un lado a posiciones inflacionarias y por otro lado a un desaliento de la inversión productiva. El exceso de beneficios sociales tendió a producir una creciente participación del sector público y de los salarios en el ingreso total, reduciendo la participación de las ganancias corporativas. Comenzó así un proceso de inflación con recesión que no tenía precedentes en la economía estadounidense. En la década de los años ochenta este proceso condujo a un rechazo de la economía keynesiana, a un esfuerzo por reducir tanto el tamaño del Estado como su intervención en el campo de la vida económica, incluyendo el gasto en bienes público-sociales. Con la llegada a comienzos de los años ochenta de los Gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos se dio inicio a una era conocida como la Revolución Conservadora.
El decenio de los años ochenta dio lugar a la acelerada propagación de las tecnologías de la información y de la comunicación, coincidente con una nueva visión de la economía política acorde con los principios del así denominado Consenso de Washington, que restauró el proceso de asignación de recursos controlado por las grandes empresas en un contexto de emergente globalización entendido por una creciente movilidad no solo de los bienes a través del comercio sino también de nuevos servicios asociados al desarrollo de las TIC, así como de tecnologías e inversiones vinculadas a la inversión directa extranjera. El mismo año de la promulgación de las ideas del Consenso de Washington fue el de la caída del Muro de Berlín y del colapso de las economías centralmente planificadas de Europa Central.
El capitalismo y la democracia representativa liberal quedaron como los únicos sistemas reguladores de los procesos económicos y políticos del mundo occidental. Sin embargo, el capitalismo comenzó a operar con base en nuevas posiciones tecnológicas, y acudió a nuevas estrategias y tácticas de mercado. Ese proceso contribuyó por un lado a la concentración y por otro lado a la despersonalización del poder económico.
Desde una perspectiva ética, esta inflexión histórica acontecida a fines del siglo XX, generó posiciones “restauradoras” de un individualismo liberal altamente concentrador así denominado neoliberalismo. Los fundamentos de dicho poder económico se “sinceran” apoyándose no ya en presuntas contribuciones al bienestar general (en una línea utilitarista) sino simplemente en la legitimidad y necesidad económica y política de un sólido régimen de propiedad privada. El proceso económico que se ha traducido en la emergencia de la Revolución Conservadora y en los principios del Consenso de Washington en su traducción a la esfera de la ética y de la filosofía política ha dado en denominarse libertarianismo. Sus principales ideólogos han sido Von Hayek, y Robert Nozick. Las posiciones más extremas de este enfoque han dado en denominarse anarco-capitalismo.
El libertarianismo o libertarismo define la libertad humana como la propiedad de sí mismo y de todos los objetos legítimamente poseídos. La legitimidad de las relaciones contractuales y de mercado depende solamente de la voluntad de las partes contratantes (que por definición son propietarios). El libertarianismo se ocupa del origen de una propiedad legítima, y presenta diferentes argumentos para intentar justificarlo, los que no podemos profundizar en esta reseña. Bástenos decir que, para los libertarios el justo precio es por definición el convenido “soberanamente” entre dos contratantes legítimos y no depende de ninguna otra consideración relacionada con el tema de la justicia.
En ciertos aspectos morales más bien extraeconómicos el libertarianismo reconoce el derecho de una persona de hacer con su vida lo que considere conveniente, puede drogarse, suicidarse, ser objeto de eutanasia consentida y voluntaria, practicar relaciones sexuales o establecer vínculos estables con personas del mismo sexo, aislarse del mundo etc. Los únicos límites que impone esta visión son primero, no ceder la propiedad de sí mismo a otra u otras personas, segundo aceptar la necesidad de supervisión que los jóvenes requieren hasta que adquieren su plena capacidad, y, tercero, limitar la libertad de cada uno respecto de acciones delictivas contra la propiedad de terceros o de los bienes legítimamente adquiridos. Esto límites se aplican especialmente respecto de prerrogativas tributarias o expropiatorias por parte del Estado que en el caso de los anarco-capitalistas es considerado un robo.
Si bien, esta ética adquiere plena inteligibilidad respecto de las personas humanas, su mayor utilización y significación económica se ha volcado sobre las personas jurídicas, las organizaciones, y ante todo sobre las grandes corporaciones económicas. En ellas, la propiedad se despersonaliza bajo formas de grandes sociedades de responsabilidad limitada, o sociedades anónimas cuyo capital accionario se cotiza en bolsa y es fácilmente transferible.
En la práctica, el proceso de globalización ha enfrentado a Estados Nacionales cada vez más debilitados en sus opciones de política pública con grandes corporaciones transnacionales. Estas corporaciones imponen normas legales transnacionales originadas en agencias intergubernamentales y privadas respecto de la propiedad transnacional de inversiones, de servicios, de innovaciones y marcas industriales, etc., las que suelen entrar en conflicto con las normas legales de las naciones donde asientan sus inversiones. A un nivel más profundo el tema puede verse como una confrontación entre los derechos de propiedad de corporaciones transnacionales totalmente despersonalizadas en su responsabilidad y los derechos humanos y ciudadanos de los habitantes de las naciones donde localizan sus inversiones.
El mundo económico de hoy es, más que nunca antes, un mundo de instituciones y organizaciones empresariales vinculadas entre sí por una inextricable red de compromisos legales de tipo patrimonial. A diferencia de las personas humanas que son personas naturales, las organizaciones son personas jurídicas respecto de las cuales no cabe predicar derechos humanos porque las organizaciones como tales carecen de conciencia y voluntad, son meramente instrumentales. Sus derechos y obligaciones son patrimoniales y están reglados por las normas que regulan los contratos (públicos y privados) propios de la justicia conmutativa. Incluso aquellas instituciones dedicadas a satisfacer derechos humanos elementales (organismos de seguridad social, escuelas, hospitales, etc.) deben adquirir personería jurídica y quedan sujetas a normas patrimoniales que son fijadas mirando a las cosas que allí se administran y no a las personas que se benefician de esos servicios.
También por supuesto hay normas que regulan los derechos y deberes de las personas, códigos familiares y penales, normas morales escritas y no escritas, pero la justicia distributiva que se debe a las personas esta siempre mediada, en las organizaciones, por múltiples “costos de transacción” que limitan u obstaculizan su ejercicio.
En el mundo globalizado de hoy, las instituciones que regulan la justicia conmutativa aplicable a las organizaciones, especialmente a las organizaciones económicas transnacionales, tienden a predominar sobre las que regulan la justicia distributiva aplicable a las personas que son ciudadanos de los Estados. Las primeras se imponen en el ámbito de las empresas (que carecen de ciudadanía política) con mucha fuerza a través del proceso de globalización del capitalismo, en tanto que las segundas solo pueden operar a través de los sistemas políticos nacionales (o eventualmente supranacionales cuando varias naciones se integran para defender sus derechos).
El proceso de globalización del capitalismo es ante todo un proceso de transnacionalización de las empresas a escala global, o al menos, a escala supranacional, con la consiguiente consolidación de los cambios en los derechos de propiedad que son requeridos para un eficiente funcionamiento de la justicia conmutativa. En consecuencia, la justicia conmutativa aplicada a la lógica del capitalismo global predomina sobre la justicia distributiva aplicable a los sistemas políticos democráticos.
El desafío consiste en crear una cultura democrática consolidada a escala latinoamericana, atendiendo a las afinidades preexistentes, especialmente aquellas vinculadas a la común herencia que todavía subyace a nuestro ethos cultural. El objetivo fundamental debería ser el de lograr la prioridad de los derechos humanos y ciudadanos fundamentales de las personas sobre los derechos patrimoniales de las empresas. Esto no supone imponer a las empresas, y en especial a las micro, pequeñas y medianas, cargas económicas (salarios mínimos, por ejemplo) que no estén en condiciones de pagar, sino usar los mecanismos de la democracia política para consolidar las dimensiones económica y cultural de la democracia. También supone la aplicación de medidas correctoras de carácter redistributivo frente a las enormes asimetrías de poder económico existentes por ejemplo entre los grandes grupos económicos transnacionalizados, y las pequeñas y medianas empresas que tanto contribuyen a la generación de oportunidades de trabajo.
La revolución conservadora y sus políticas económicas
En 1980 se desatan las nuevas estrategias económicas de la, así denominada, “Revolución Conservadora” en los Estados Unidos (“reaganomics”) precedida por el viraje británico con Margaret Thatcher. Esta fecha (1980) podría también aceptarse como un punto de inicio de la propagación mundial de las tecnologías de la información que entronizaron el papel protagónico de las transnacionales en la economía mundial y dieron comienzo al proceso de globalización. Se transicionó, así, hacia economías cada vez más abiertas y orientadas por las estrategias de las empresas transnacionales en la búsqueda de sus ventajas competitivas.
La nueva teorización neoliberal de la década de los ochenta, desacreditó el papel de las políticas fiscales de gasto público (y especialmente de gasto social) tras la alta inflación de los años setenta en los Estados Unidos. La revolución conservadora alentó las políticas “monetaristas” (basadas, prioritariamente, en el manejo de la tasa de interés) y “ofertistas” (basadas en la reducción de impuestos a las empresas) para que los inversionistas privados, reemplazaran la inversión pública y asumieran un papel decisivo en la asignación de los recursos.
Las teorías de la oferta, (así denominadas teorías “ofertistas”) fueron promovidas por autores como Laffer, que pedía una reducción de la presión impositiva. Argumentaba que esta medida estimularía la inversión privada y el crecimiento económico, posibilitando, así, como consecuencia del crecimiento de la economía, una recaudación impositiva mayor con tasas tributarias menores.
De esta Revolución Conservadora de los años ochenta, deriva la posición económica neoliberal o libertaria. Su estrategia en América Latina es “crecimientista” (desarrollista en el más estrecho y economicista sentido de la palabra) y compatible con un recalcitrante “libertarismo” en el plano de la ética. Es “crecimientista”, si se acepta este barbarismo terminológico, a nivel de la economía en su conjunto, pero su libertarismo hace total abstracción de cualquier concepción igualitaria o solidaria, en el plano distributivo o social.
El neoliberalismo económico, fuertemente afín con las postulaciones ya examinadas de la economía neoclásica rechaza el salario mínimo porque el salario “debe estar fijado por las fuerzas del mercado” y los empresarios no pagarán salarios por encima de lo que, a juicio de ellos, produzca marginalmente el trabajador contratado. Por lo tanto, dicen que un salario mínimo sería “arbitrario” (es decir, no vinculado a las productividades laborales). Por ende, si se les obliga a aceptarlo, no contratarán trabajadores adicionales, no invertirán y la economía no crecerá, todo lo cual provocará, obviamente, un aumento del desempleo.
Este punto, desarrollado con la política y las prácticas salariales, merece una consideración más detenida. De un lado es necesario aceptar que la supervivencia y el desarrollo de la empresa privada exige salarios medios que sean inferiores a las productividades laborales medias correspondientes, como única manera de permitir ganancias y reinversiones en la rama productiva de que se trate. De otro lado, los neoclásicos también se ven obligados a aceptar que el salario fijado por el mercado puede no ser suficiente para superar la línea de la pobreza de los trabajadores contratados. Sin embargo, en tal caso se desligan del problema y lo traspasan al Estado, encargado de asistir a los desocupados o sub-ocupados.
En la versión neoliberal concreta de la política económica, propagada a partir de la, así denominada, “revolución conservadora” (“reaganomics” y “thatcherismo”) se propone una reducción de la carga tributaria, lo que reduce las posibilidades estatales de entregar subsidios por desempleo o complementos salariales.
La única solución verdadera y profunda al problema de la pobreza es, para los neoliberales, el muy acelerado crecimiento económico, y en ese sentido, (estrecho y reductivo) son “desarrollistas” o, más precisamente, “crecimientistas”. Por supuesto ese crecimiento económico, así postulado, depende de la inversión de capital productivo proveniente de los propios empresarios (nacionales y/o transnacionales). Si estos, en su conjunto, deciden no invertir productivamente, impedirán el crecimiento y generarán el desempleo.
En la perspectiva neoliberal que acepta a regañadientes la existencia del Estado, este debe ser el encargado de subsidiar a los desocupados para sacarlos de la pobreza. Pero la posición frecuentemente sostenida por las cámaras empresariales, en materia de política fiscal es que debe evitarse el déficit presupuestario derivado de un “excesivo” gasto social, con lo que el límite superior de dicho gasto dependerá de los ingresos tributarios de los estratos de alto ingreso, empezando por el de los propios empresarios. Los empresarios piden “señales claras y estables” en materia de impuestos, y, en cierto modo, consideran que las aportaciones a las arcas fiscales, que los empleadores deben efectuar en virtud de las leyes socio-laborales son también una forma de impuesto.
La visión neoliberal ignora el tema de la pobreza, porque no parte de las necesidades humanas para fijar un salario mínimo, sino que toma como punto de partida la productividad laboral marginal del trabajo. Obsérvese además que, si los empresarios deciden no crear trabajo, el Estado, probablemente, tampoco podrá hacerlo porque las condiciones recesivas reducirán sus recaudaciones tributarias y su posibilidad de gasto social. Los argumentos neoliberales principales son: que la pobreza solo puede superarse a través del crecimiento económico que asegure el pleno empleo de los trabajadores con salarios crecientes; que los subsidios del Estado son ineficientes e insuficientes; que el pleno empleo depende de la inversión privada, pero; que los empresarios no invertirán cuando el salario mínimo legal excede aquel compatible con el salario máximo que se está dispuesto a pagar.
En las formulaciones libertarias más recalcitrantes, ni siquiera se intenta determinar cuál debería ser ese salario mínimo atendiendo a su productividad efectiva, sino que el argumento se apoya en la discrecionalidad del empresario respecto del salario que está dispuesto a pagar, según sus posiciones de poder en la pugna distributiva. De esta manera se cae en una profecía autocumplida: el indicador objetivo de que los salarios mínimos son altos y que las relaciones son rígidas es la existencia de desempleo. Cuando los empresarios consideran que el salario mínimo o medio es demasiado elevado, simplemente reducen sus niveles de actividad en el país de que se trate, creando, de manera automática mayores niveles de desempleo. En el mundo global, esta opción es cada vez más viable, sin detrimento de los intereses empresariales, en vista de la creciente globalización de las oportunidades de inversión, tanto en el campo productivo como en el financiero.
Por oposición a esta visión, aquí se sugerirá que, el correcto planteamiento del desarrollo, como mecanismo necesario para paliar o solucionar el problema de la pobreza exige partir de las personas realmente existentes interactuando en medios sociales concretos, y tomar en consideración sus capacidades o potencialidades, por un lado, y sus necesidades por el otro. Esto es lo que hacen, por ejemplo, la Enseñanza Social de la Iglesia Católica, o las visiones aristotélicas originales en que aquella se basa. Pero jamás podremos llegar al concepto de pobreza partiendo de las condiciones de eficiencia del mercado de trabajo, o de las preferencias individuales de consumidores “solventes”.
Los economistas neoclásicos, incluyendo su expresión neoliberal contemporánea, aceptan que la pobreza existe como problema social. Obviamente no podrían negarla, pero derivan al Estado la obligación de subsidiar a los más pobres (los más ricos tienen una seguridad social crecientemente privatizada). Es claro, sin embargo, que la capacidad del Estado para subsidiar vía gasto social queda dentro de límites muy rigurosos dados por el equilibrio presupuestario y por una contención tributaria defendida a toda costa por las cámaras empresariales.
Durante los últimos treinta años, las reglas de juego del Consenso de Washington han ayudado a consolidar estas restricciones a la capacidad operativa del Estado. Por lo tanto, tampoco el Estado cuenta necesariamente con los recursos suficientes para asegurar un mínimo nivel de vida a toda la población. En resumidas cuentas, la lógica del mercado en el capitalismo global, si opera sin contrapesos políticos, conspira contra la lógica de la justicia distributiva y de la democracia. De lo que se trata es de subordinar por la vía política la lógica del capitalismo a la lógica de la democracia.
La autorregulación del mercado, coloca a la empresa privada como el principal actor del orden capitalista. La visión liberal del mundo según la cual en la búsqueda del interés privado las empresas, a través del mecanismo de mercado logran acrecentar el bienestar general, entendido como un mayor crecimiento del ingreso y de la riqueza por habitante, ha sobrevivido como fundamento del capitalismo, desde el inicio de la era contemporánea.
Como ese mecanismo es presuntamente “automático”, ya hemos visto que las responsabilidades individuales se diluyen, y en particular, las responsabilidades de los poderosos. Sin embargo, el crecimiento de las grandes corporaciones globales desde fines de los años ochenta del siglo XX, hace evidente su inmenso poder y pone en relieve su creciente responsabilidad social (véase el capítulo XVII en la cuarta parte de este libro).
1 Trabajo inédito, primera publicación.
2 En particular cabe consultar: (1997) Sobre ética y economía. Madrid: Alianza Universidad; (2000). Desarrollo y libertad. Buenos Aires: Planeta; (2010). La idea de la justicia. Madrid: Taurus.
