Читать книгу Etnicidad y autonomía en Cherán K'eri: una reflexión horizontal - Carlos Arnulfo Valencia Hernández - Страница 7

Introducción

En tiempos recientes, hemos podido ser testigos de diversos movimientos sociales que enarbolan la demanda del derecho a la igualdad en la diferencia o, dicho de otra manera, del derecho a vivir en una sociedad donde se democraticen las condiciones para ejercer la libre determinación, desde las especificidades que los diversos colectivos asumen como fundamentales. Desde la irrupción de los llamados “nuevos movimientos sociales” a finales de la década de los sesenta hasta llegar a los movimientos altermundistas finiseculares, se ha puesto en entredicho el discurso de la igualdad, construido durante la Ilustración desde Europa, y evidenciando sus implicaciones homogeneizantes y con pretensiones de universalidad, vindicando las diferencias e identidades particulares soslayadas y minusvalorizadas por el proyecto moderno. En efecto, una de las herencias del movimiento ilustrado fue el plan para lograr una sociedad de “iguales”, dejando atrás el antiguo régimen y la tradición al apostar por la instauración de una estructura novedosa de gobierno —el Estado moderno liberal—, fundamentada a su vez por un orden jurídico. Asimismo, esta nueva construcción gubernamental necesitó de la construcción de un correlato social que fungiera como fuente de legitimidad política: la nación.

En el contexto mexicano, el Estado moderno liberal pudo consolidarse después de los múltiples conflictos por el poder que marcaron la primera mitad del siglo xix y la etapa posterior a la independencia; una vez establecida la separación de España, México inició un tortuoso camino para definir su orden político, proceso donde se enfrentaron grupos antagónicos que velaban por sus intereses y propugnaban proyectos políticos disímiles. Finalmente, el triunfo del bando liberal juarense, así como la promulgación de la Constitución de 1957, marcaron el final de una etapa de inestabilidad política y el inicio, en forma, del Estado mexicano.

La instauración del régimen estatal republicano en México implicó la adopción de reformas de corte liberal, es decir, transformaciones al paradigma jurídico existente hacia un orden que promovió el control del Estado en los asuntos civiles, la protección de la propiedad privada, así como la desamortización de bienes eclesiásticos y comunales. En suma, el nuevo orden jurídico buscó fortalecer al incipiente Estado mexicano, restándole poder a la Iglesia y promoviendo el desarrollo económico mediante el sistema de acumulación capitalista, el cual comenzaba a mostrar en Europa su increíble capacidad para generar riqueza económica, pero también precariedad laboral y pauperización de las condiciones de vida por parte de quienes sólo poseían su fuerza de trabajo.

El Estado necesitó —a la par de su instauración mediante la vía jurídica y coercitiva— de la construcción de un correlato “subjetivo” donde fundamentar su legitimidad como orden sociopolítico. El concepto de nación, pues, se construyó bajo la idea de una “colectividad forjada por la Historia y determinada a compartir un futuro común, la cual es soberana y constituye la única fuente de legitimidad política” (FranÇais 2000, 9). De este modo fueron constituyéndose durante el siglo xix los Estados-nación, formaciones sociopolíticas hegemónicas que amalgamaron una estructura gubernamental, altamente burocratizada, con la construcción de una conciencia de identidad o pertenencia subjetiva hacia una unidad política trascendental. En ese sentido, la nación —pensada específicamente dentro del binomio Estado-nación— es un correlato sociocultural que facilitó la adhesión social a la estructura política dominante.

En cuanto al contexto mexicano, la construcción de la nación implicó la articulación de discursos, narrativas, representaciones e imágenes sobre lo “mexicano”, es decir, la construcción de las particularidades socioculturales e históricas de la “comunidad imaginada” —retomando a Anderson (1993) — llamada México. No obstante, ningún Estado-nación del mundo fue construido en lo “llano”; si algo caracterizó a los modernos es que fueron construidos sobre un mosaico de formaciones socioculturales y sociopolíticas preexistentes. Poquísimos podrían ser los casos donde toda una formación sociocultural homogénea transitó hacia un orden estatal. Por lo general, fueron los Estados-nación los que “encapsularon” dentro de su orden y territorio —usando una expresión de Yásnaya Aguilar Gil— a las diversas formaciones socioculturales y sociopolíticas preexistentes. En nuestro contexto, el Estado-nación México fue construyéndose sobre una base étnica muy diversa; a pesar de los trescientos años de dominación y colonización europea, múltiples pueblos lograron mantener —en procesos dinámicos— elementos propios, como el idioma, sistemas normativos, festividades, etc., consolidándose como formaciones socioculturales bien definidas durante el virreinato y la colonia.

Después del movimiento independentista, promovido principalmente por élites criollas, y del inestable periodo del México independiente, el proyecto estatal liberal se construyó sobre un terreno sociocultural jerarquizado, donde la herencia europea continuó en la cima de la pirámide sociocultural, aunque no sucedió lo mismo en la estructura política, donde trató de ser desterrada. Por otro lado, en la base fue relegado lo indígena, categoría sobre la cual fueron articulados, al calor de más de trescientos años de dominación, múltiples discursos estigmatizadores que formularon representaciones de miseria y atraso. Asimismo, la diversidad sociocultural y política de los pueblos indígenas pronto significó un obstáculo para el nuevo proyecto de nación, el cual demandó una población isomórfica sobre la cual establecer el orden jurídico liberal. De este modo se fue construyendo la narrativa de la “nación mexicana” como correlato subjetivo de la nueva estructura estatal puesta en marcha, bajo la premisa de la desaparición del “pasado” indígena y el posicionamiento de la mesticidad como característica étnica distintiva de la población.

Como puede verse, la nación mexicana se construyó a partir de una lógica violenta de homogeneización cultural funcional al nuevo orden liberal. Si bien existieron algunas constituciones locales que trataron de conservar en parte el ordenamiento jurídico de tiempos virreinales con respecto a las poblaciones indígenas, dichas disposiciones no otorgaron una protección cabal para los pueblos. En palabras de López (2006, 67): “De muy diversas maneras, según las condiciones y necesidades de cada región y los intereses de los grupos dominantes, la igualdad de todos los mexicanos sólo sirvió para despojar a los indígenas de la suya”. Fue después de un siglo de haber iniciado en forma el proyecto estatal mexicano, que emergió con fuerza el sujeto indígena como sujeto político ante la mestizocracia mexicana.

Después de diversos procesos particulares que significaron la reetnización y reconstrucción de la conciencia étnica de diferentes pueblos y actores indígenas, a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa se percibió en Latinoamérica el ascenso de vindicaciones indigenistas (Bengoa 2000) en torno al lugar de los diferentes pueblos en las constituciones nacionales, así como del establecimiento de demandas por el reconocimiento de su diversidad no solamente en lo cultural —aspecto folclorizado por las élites mestizas dirigentes—, sino sobre todo en sus formas propias de organización social, política y económicas. En México, el movimiento iniciado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) puso sobre la mesa el asunto de la autonomía indígena como un régimen especial de gobierno —sin secesión—, donde los diversos pueblos pudieran expresar en la práctica su derecho a la libre determinación. La posibilidad de que la autonomía pudiera ser una realidad para los pueblos indígenas de México reforzó diversas movilizaciones etnopolíticas locales (Bartolomé 1996), que veían con esperanza el desarrollo de las negociaciones entre el ezln y la Comisión por la Concordia y Pacificación (Cocopa). Sin embargo, el incumplimiento del ejecutivo hacia los acuerdos logrados, plasmados en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, argumentando una posible “balcanización de México”, significaron el retiro de las mesas de diálogo por parte del ezln, así como la puesta en suspenso del asunto de las autonomías indígenas en México, a pesar de que en 2001 se realizó una reforma constitucional en materia indígena que reconoció el derecho a la libre determinación de los pueblos, pero sin establecer las adecuaciones y determinaciones necesarias para su plena práctica.

Diez años después de la última reforma constitucional en materia indígena, la mañana del 15 de abril de 2011 inició un movimiento de autodefensa comunitaria en la cabecera municipal más importante de la llamada Meseta Purépecha en Michoacán: en Cherán, un grupo de mujeres detuvieron el paso de camiones repletos de leña y madera, los cuales eran conducidos por talamonteros financiados presumiblemente por el crimen organizado, así como amparados en la complicidad de cuerpos policíacos y gobiernos de los tres niveles. Sin saberlo, ese día se iniciaba en Cherán no solamente un proceso de autodefensa, sino también un proyecto político para la libre determinación como comunidad p’urhépecha originaria. Después de un complejo proceso de organización sociocomunitaria, así como a la par de una creativa estrategia jurídica que fue definida como “uso contrahegemónico del derecho” (Aragón 2013), la comunidad de Cherán logró hacer valer su derecho a la libre determinación y nombrar a sus representantes acorde con un sistema normativo propio, dentro de una nueva estructura de gobierno comunal (egc) que pasó a reemplazar en la práctica a la lógica del ayuntamiento municipal tradicional. En palabras de Aragón:

esta “nueva” autoridad municipal que eligieron los purépechas de Cherán, conocida en castellano como el Concejo Mayor de Gobierno Comunal (cmgc), se le debe de ubicar, primero, en el largo proceso de lucha indígena por la transformación del Estado monocultural mexicano, y segundo en el campo de las respuestas que las comunidades indígenas son capaces de articular frente a los desafíos que plantea la coyuntura actual que comparte la mayor parte de la población en México: la exacerbación de la violencia, las políticas de combate al crimen organizado, el neoextractivismo neoliberal y la crisis de la política electoral (Ibid., 38).

Es precisamente dentro del punto que menciona el autor sobre las luchas indígenas por la transformación del Estado donde se quiere pensar el caso cheranense, así como enlazarlo con algunas de las nociones que ya se han planteado. Por un lado, el asunto de las autonomías indígenas representa un franco desafío a la manera en la que se ha constituido el proyecto estatal en México bajo una lógica de homogeneización política y cultural. En ese sentido, los movimientos etnopolíticos se colocan dentro de las movilizaciones que urgen a pensar el modo etnocentrista en el que se construyó la modernidad y sus ideales de libertad e igualdad. Asimismo, el planteamiento de las autonomías indígenas representa un importante cuestionamiento hacia la idea de nación —pretendidamente “única e indivisible”—, que ha soportado socioculturalmente al proyecto estatal mexicano. Dicho cuestionamiento llega a ser paradójico (sin que esto le reste mérito) porque no se llega a negar del todo en la práctica la pertenencia hacia una unidad nacional; por otro lado, algunas organizaciones etnicistas llegan a subvertir la idea de la nación única a partir de la creación de nuevos sentimientos nacionalistas colocados en otro lugar, en este caso, en las identidades étnicas. De este modo, el asunto de las autonomías indígenas incita a pensar de un modo “maximalista” la construcción de la etnicidad; no solamente en los procesos de los llamados pueblos indígenas, sino también en la construcción de las etnicidades no marcadas o naturalizadas, es decir, las hegemónicas implícitas en ideas como la de la “nación mexicana”.

Por otro lado, movimientos etnopolíticos como el de Cherán motivan a pensar también en la complejidad inherente a los procesos de reetnización que posibilitan el planteamiento de una demanda comunitaria específica; evidentemente, la demanda política articulada desde la plataforma de una identidad étnica puede llegar a implicar el reforzamiento de esta, o quizá su reconstrucción desde posicionalidades sociohistóricas distintas. En todo caso, se tratan de procesos dinámicos que implican la reconfiguración étnica desde contextos sociopolíticos específicos.

Es por lo anterior que se plantea la pregunta que orienta este trabajo: ¿cómo comprender el proyecto político autonómico de Cherán en clave étnica? Se asume el riesgo del tono evidentemente general y abarcador de la pregunta, bajo la premisa de que un estudio sociocultural debe permitir un espacio amplio para la interpretación y el análisis de los fenómenos, algo que sólo es posible creando desde un principio las condiciones epistemológicas que propicien riqueza y diversidad analítica. Se parte de nociones amplias, que serán propiamente delimitadas y conceptualizadas, y que a su vez permiten echar luces sobre un proceso vivo donde lo político, étnico, social, histórico y económico se traslapan.

Resulta también indispensable señalar que el estudio se coloca desde una posición epistémico-metodológica distinta al común denominador de los trabajos en investigación social y cultural. Este se posiciona desde el paradigma de la producción horizontal del conocimiento (phc) (Corona 2012 y 2019; Kaltmeier 2012; Nogueira 2019; Pérez 2019; Pulido 2017), propuesta desde la cual se busca construir conocimiento colaborativo fundamentado en la idea de la horizontalidad epistémica entre las personas, subvirtiendo así la idea del investigador erudito y experto que sí conoce e interpela a los actores como sujetos productores de datos, pero no como productores de conocimiento. Desde esta propuesta, se trata de construir las condiciones dialógicas necesarias para que el conocimiento pueda ser construido colaborativamente por ambas partes, y no solamente desde la perspectiva unilateral del investigador académico.

Entre los diversos argumentos a los que se pueden apelar para justificar este tipo de aproximación, se encuentra la necesidad de construir respuestas diferentes a las problemáticas socioculturales y políticas más urgentes. Más allá de querer producir conocimiento inscrito ortodoxamente en el canon académico —que suele ser cerrado, hiperespecializado y en muchas ocasiones elitista—, se busca abonar al diálogo de las ciencias sociales desde una posición heterodoxa, si se quiere transgresora, que intente hibridar el conocimiento academizado y no academizado, si es que esta distinción alcanza para separar el conocimiento sin más que es producido socialmente.

Por otro lado, el abordaje horizontal resulta pertinente debido a las múltiples investigaciones sociales “verticales” que suelen ser realizadas en contextos subalternizados, donde los académicos ni siquiera contemplan alguna especie de devolución o acaso una discusión con los actores en torno a las conclusiones expresadas en sus estudios. En el caso de Cherán, una enorme cantidad de trabajos académicos han sido realizados a raíz del Movimiento por la Defensa del Bosque (mdb); en 2018 se contabilizaron más de ochenta, de los cuales “sólo veintidós investigadores regresaron a la comunidad para hacer entrega de sus trabajos” (Leco, Lemus y Keyser 2018, 21). Este tipo de testimonios nos hablan de la necesidad de construir una academia más comprometida con quienes abren las puertas de su entorno sociocultural.

Ya que se han formulado las aclaraciones pertinentes sobre la naturaleza del estudio, se indica el objetivo general, que es construir una investigación horizontal que permita reflexionar las implicaciones entre lo étnico y lo político desde el caso de Cherán K’eri. Lo que interesa es comprender la compleja trama que une a la etnicidad con demandas políticas específicas, en el caso de Cherán, por la libre determinación, de la mano con exigencias para la reconstitución del territorio y la defensa de los bosques y de la vida. En ese sentido, se plantea a manera de hipótesis que el proyecto autonómico de Cherán puede ser comprendido como un proceso de vindicación y reconfiguración de la identidad étnica, a la vez que ha representado el despliegue discursivo de una concepción original en torno a la etnicidad. Se concibe que el proceso cheranense ha representado la apuesta política por una idea específica de etnicidad, la cual ha implicado a la vez un proceso de reconstrucción o reconfiguración de esta desde una rearticulación discursiva. En ese sentido, se parte de la consideración de la dimensión discursiva de la realidad como espacio fundamental para comprender el desarrollo de procesos sociopolíticos, ya que es en dicha dimensión donde el sentido se articula y se despliega, lo que permite abordar aspectos subjetivos que configuran interpretaciones diversas en torno al mundo y lo hacen comprensible para los distintos actores. Asimismo, interesa abordar la praxis política y las reconfiguraciones étnicas desde la dimensión discursiva para comprender cómo el sentido en torno a la cuestión étnica ha sido movilizado tanto por parte del Estado mexicano como por las movilizaciones etnopolíticas, estableciéndose una “comunicación discursiva” (Bajtín 2013), la cual, si bien se da en condiciones de asimetría y verticalidad, ha servido al pueblo de Cherán como arena para disputar el sentido e incidir en la configuración de nuevas propuestas para la praxis política a partir de una interpretación particular sobre lo étnico. Como mencionan Laclau y Mouffe (1987, 129), “incluso para diferir, para subvertir el sentido, tiene que haber un sentido”.

El recorrido capitular propuesto se compone de la siguiente manera: en el capítulo 1 se delimitan las principales nociones teóricas que orientaron el estudio, en específico las de discurso y etnicidad; en el capítulo 2 se realiza un breve análisis sociohistórico en torno a las categorías de indígena y mestizo como condiciones políticas dentro de la construcción de las diferencias étnicas en nuestro país, así como se ahonda en el desarrollo de la demanda autonómica; en el capítulo 3 se desarrolla de manera general el contexto sociopolítico de Cherán, sus principales discursos académicos, los hechos históricos y, de manera especial, el desarrollo de su movimiento de autodefensa y proyecto autonómico; en el capítulo 4 se exponen los principios metodológicos que orientaron la reflexión, es decir, los principios de la phc; en el capítulo 5 se desarrolla, in extenso, la reflexión dialógica horizontal en torno a las principales categorías analíticas que orientaron el estudio, donde se enfatiza en las reconfiguraciones que se dieron a lo largo del proceso dialógico. Finalmente, se realiza un balance, enfocándose en aquellos puntos que pudieran representar un desafío a las maneras tradicionales de entender la configuración étnica y su relación con procesos sociopolíticos, así como los desafíos de procesos como el de Cherán ante las actuales dinámicas del mundo globalizado.