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Manuel Canto Chac*

La categoría intercambio político (IP en adelante), central en este libro, refleja con mucha claridad las vicisitudes del sistema político-económico en los países que comparten algunas características, tales como la existencia de acuerdos políticos entre actores sociales diversos. Ello no sólo entre partidos políticos, en los que el vínculo entre asuntos políticos y económicos es claro y está sujeto a debate público, es decir, en los que existe un mercado político.¹

El uso del IP surgió en Europa a fines de los setenta; creado por Gian Enrico Rusconi, da cuenta de los intentos de reconstruir acuerdos, con la participación de diversos actores sociales y políticos,² en un contexto dentro del cual también surgieron otras categorías, más conocidas aunque con menor poder analítico, como la concertación o el neocorporativismo (Regini, 2000). Algunos años después de su publicación en Europa llegó a México el texto fundante de la categoría IP (Rusconi, 1985).

Las tres conceptualizaciones referidas pretendían ampliar la comprensión de los hechos políticos que se sucedieron después de la crisis del Estado Social en Europa y acompañaron los proceso de reconstrucción política en la perspectiva de mantener abiertos los espacios para los actores sociales, saliendo al paso de la corriente que, con la promesa liberal de devolver el espacio político a los ciudadanos, ocultaba una pretensión individualizadora que a su vez le permitiera controlar los comportamientos electorales a través de los enormes aparatos publicitarios. Así, de la mano de las estrategias desreguladoras de los grandes consorcios empresariales y de la de los organismos financieros multilaterales —los nuevos reguladores del orden económico global—, se dio paso al neoconservadurismo europeo, al neoliberalismo americano y al llamado Consenso de Washington. Las notas comunes eran el fin de la regulación económica estatal, la disminución del poder de negociación de los sindicatos y, como consecuencia, la merma de los salarios directos e indirectos colectivamente pactados.

La corriente anterior se reedita hoy en el populismo conservador que tanto en Europa como en América Latina³ avanza de manera preocupante, ya sea en las posiciones denominadas progresistas o en aquellas que fijan sus causas en objetivos tales como el combate a la desigualdad, la promoción de los derechos humanos y la democracia participativa. Uno de los principales rasgos característicos de esta nueva etapa de gobiernos populistas conservadores es su aversión a la sociedad civil, puesto que en ella se expresan las diversas formas de agregación social que se constituyen con independencia de los gobiernos para la defensa de los intereses o de los derechos propios o de terceros.

En América Latina, región en la que el despliegue de las reformas neoliberales fue mucho mayor que en Europa o Norteamérica,⁴ la búsqueda de pactos y consensos para trascender sus estrategias y resultados ha producido una abundante bibliografía, impulsada particularmente por la Comisión Económica para América Latina, la cual aborda diversas temáticas relacionadas (pactos territoriales, Williner et al., 2012; fiscales, Bárcena y Serra, 2012; política social, Maldonado y Palma, 2013).

El intento de absolutizar el mercado, propio del neoliberalismo, comprendió también las formas de gestión pública en las que, de manera acrítica, se proponía solucionar los asuntos públicos a través de los desarrollos administrativos realizados en la empresa privada. Un ejemplo de ello es la Nueva Gerencia Pública (NGP), en la cual se reivindica al ciudadano abstracto, sin tener en cuenta su actuación ni organización colectiva. Esta corriente, con la consigna de la modernización, dibujó una caricatura de la planeación, ignorando su desarrollo histórico concreto y, a partir de críticas válidas, propuso y realizó reformas que pretendían negar la acción planificadora de los gobiernos a la par que disminuir las responsabilidades públicas de los Estados. Frente al fracaso de los resultados de las estrategias basadas en la NGP, y sin ignorar sus logros, se ha vuelto la mirada a la Planeación para el Desarrollo, la cual tiene como uno de sus contenidos básicos, justamente, la construcción de pactos y acuerdos sociales y políticos.

No obstante lo anterior, en América Latina la categoría de IP sólo ha sido utilizada para dar cuenta de la búsqueda de pactos y acuerdos entre actores diversos. México tampoco ha sido la excepción y es por ello que destaca la preocupación sostenida de investigadores pertenecientes a la joven unidad académica Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes, bajo el liderazgo del doctor Carlos Aguilar, han desarrollado importantes aplicaciones de la categoría IP en diversos campos. Su labor se confirma con la publicación de este nuevo texto, que tiene además la virtud de abrir espacios para la difusión de trabajos realizador por jóvenes universitarios egresados de licenciatura y maestría, en los cuales se incorpora el uso de esta categoría en temas como la sistematización y análisis de las experiencias de participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción en el estado de Jalisco, de la autoría de Angélica Fernández, o el análisis de los mecanismos de participación ciudadana institucional en los municipios del Estado de México, de Carlos Ham. Por su parte, el capítulo de Guillermo Santana analiza el papel de las organizaciones sociales y civiles en las políticas públicas municipales y estatales, del que se deriva que la menor efectividad de su desempeño obedece a que estos actores no tienen las habilidades técnicas ni las capacidades políticas necesarias para encaminar sus proyectos, además de que no han definido de manera correcta su materia de intercambio. Los trabajos que presenta esta publicación son acompañados por textos de Ángel Mundo y Carlos Aguilar, quienes aplican el IP en el análisis de alternativas a los fenómenos derivados de la pandemia y a la evaluación de políticas públicas. Resulta notable cómo estos investigadores, siendo aún jóvenes, impulsan a otros más jóvenes aún.

Llegados a este punto de la lectura la pregunta obligada es sobre la relevancia que puede tener en el futuro hablar de intercambio político, puesto que lo importante no es tanto el uso de una categoría o enfoque teórico, sino la capacidad explicativa y prescriptiva que pueda tener sobre los desafíos contemporáneos. Al respecto, propongo tres argumentos para afirmar la utilidad del IP en el futuro próximo. El primero se relaciona con el fenómeno global de la “post-pandemia”, que sin duda tiene varios derroteros. Uno de ellos puede ser, de ninguna manera resulta necesario, el acuerdo entre diversos actores sociales y políticos para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo global, más incluyente y menos depredador del medio ambiente. La magnitud con la que un acuerdo de este tipo genere efectos redistributivos de la riqueza y del poder político, su mayor inclinación a la izquierda o a la derecha, estará dada por el conocimiento que los actores sociales tengan del uso de los recursos de poder y de sus capacidades para generar identidades amplias y convergentes, todos ellos temas centrales del intercambio político.

El segundo argumento tiene que ver con un asunto más teórico, pero no por ello menos importante para el futuro próximo. Parte del “éxito” del discurso neoliberal ha sido el abandono que la izquierda ha hecho de los temas históricos de las reivindicaciones sociales, como la disminución de la desigualdad, vinculada necesariamente con la relación entre economía y política, entre mercado y democracia. La apelación al mercado político, supuesto del IP, surge de la analogía con el mercado económico, en particular con el intercambio entre capital y trabajo. Se parte, entonces, de la relación individual, atomística, del salario entre trabajador y empresa; a ésta sigue el contrato colectivo, el intercambio mediado por las negociaciones entre actores sociales, que para la negociación del salario directo y de las prestaciones requieren de organización y de construcción de acuerdos políticos. El IP resultaría una tercera etapa en la que los trabajadores y los diversos sectores sociales negocian bienes políticos pero también bienes de autoridad (Regini, 2000); así, negocian políticas públicas en las que se pueden reencontrar economía y política, mercado y democracia, y que hoy constituyen tanto la diferencia entre liberales y socialistas como su posible punto de confluencia.

El tercer argumento tiene que ver justamente con las diferentes perspectivas e intereses entre los diversos actores sociales, trabajadores, propietarios y autoempleados, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades, entre muchos otros. El IP proporciona una manera de analizar y resolver el asunto del manejo del conflicto social, pero también de la cooperación entre personas y colectivos con intereses e ideas no sólo diferentes, sino incluso contrapuestas; puede abrir las puertas para construir acuerdos entre actores sociales y políticos diversos, en los cuales de manera pactada, razonable y consensada, no exenta de relaciones de poder y por tanto de asimetrías, acotadas históricamente y no pensadas como el arribo a la tierra prometida, se intercambien bienes de naturaleza diversa que hoy se podrían llamar desarrollo social y económico, democracia participativa, derechos humanos reconocidos como universales y por tanto vinculantes de los Estados nacionales, re-conocimiento de las diferencias y de la diversidad. Todos ellos son temas que van más allá de las solas compensaciones monetarias a los pobres; la exigibilidad de los derechos de ciudadanía da lugar a que la demanda social no sea solamente (aunque también) un reclamo redistributivo, sino también un reclamo de reconocimiento. En conjunto, estas demandas se pueden entender como “…una reivindicación, que como la redistribución y junto con ella, condicionan el acceso igual a la participación […] la justicia reside así en la ‘paridad de la participación’ en relación a la cual la redistribución aparece como condición objetiva y el reconocimiento como una condición intersubjetiva” (Guéguen y Malochet, 2011:96).

Se trata al final de cuentas de recuperar el pasado de planteamientos teóricos que puedan decir algo importante para el futuro; por ejemplo lo indispensable de construir acuerdos entre diversos actores, en los que se reconozca que bajo cualquier hipótesis habrá que hacer balances de pérdidas y utilidades, pero también, que éstas son consecuencia de la distribución de los recursos de poder que se tengan y cuyo correcto uso puede contribuir a redistribuirlos a favor de la sociedad. Ello implica tener un sentido histórico de la construcción de acuerdos sociales y políticos, intencionados pero no por ello voluntaristas, sino abiertos a la transformación paulatina y orientados por visiones utópicas dispuestas a dialogar e intercambiar con otras e, incluso, a transformar identidades.

BIBLIOGRAFÍA

Bárcena, Alicia y Narcís Serra (eds.) (2013), Reforma fiscal en América Latina, Santiago de Chile, CEPAL.

Guéguen, Haud y Guillaume Malochet (2011), Les théories de la reconnaissance, París, La Découverte.

Kliksberg, Bernardo (2005), “Hacia un nuevo perfil del Estado en América Latina: los cambios en las percepciones y las demandas de la ciudadanía”, en revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 32, junio, Caracas, pp. 1-24.

Maldonado, Carlos y Andrea Palma (2013), La construcción de pactos y consensos en materia de política social. Apuntes para un marco de análisis, Santiago de Chile, CEPAL.

Pizzorno, Alessandro (1977), “Scambio politico e identità collettiva nel conflitto di classe”, en C. Crouch y A. Pizzorno (eds.), Conflitti in Europa: lotte di classe sindacati e stato dopo il ‘68, Milano, Etas Libri.

Regini, Marino (2000), “Dallo scambio politico ai nuovi patti social”, en D. Della Porta, M. Greco y A. Szakolczai (eds.), Identità, riconoscimento, scambio. Saggi in onore di Alessandro Pizzorno, Roma-Bari, Laterza.

Rusconi, G. (1985), Problemas actuales de teoría política, México, IIS-UNAM (Serie Cuadernos de Teoría Política, núm. 2).

Williner, Alicia et al. (2013), Redes y pactos sociales territoriales en América Latina y el Caribe. Sugerencias metodológicas para su construcción, Santiago de Chile, CEPAL.

1 La categoría de mercado político, muy utilizada en Europa, fue tomada como analogía del mercado económico, supone que “un sujeto (generalmente el gobierno) que posee bienes distribuibles, está dispuesto a intercambiarlos por el consenso social que otro sujeto puede darle o retirarle, ya que [este último] es capaz de amenazar el orden” (Pizzorno, 1977, traducción libre).

² Rusconi proporciona dos definiciones de intercambio político, una inicial y otra ampliada: “Éste puede definirse como una situación en la cual se negocian bienes de naturaleza diversa, a medio camino entre la economía y la política”. Más adelante añade, después de advertir que el IP no puede reducirse a la dimensión políticoeconómica convencional: “El intercambio político es un sistema de acción colectiva en el cual los diversos contratantes ponen en juego el sentido de su actuar, en una lógica de reciprocidad, de la cual puede salir confirmada, redimensionada o desmentida la propia identidad” (Rusconi, 1985: 67 y 69).

³ Al momento de escribir este prólogo son diversos los países que se puede poner como ejemplo: Austria, Hungría y varios del Este europeo, o bien, en América Latina, los casos más significativos son Brasil y Nicaragua, no por ser los únicos sino por su pasado próximo de gobiernos de izquierda.

⁴ Un análisis objetivo del hecho sobre los países que crearon el neoliberalismo es el de Bernardo Kliksberg, quien demuestra que la reducción del papel económico del Estado fue mucho mayor en América Latina que en Estados Unidos (Kliksberg, 2005).

* Profesor–investigador titular en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Investigador Nacional.