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ENCRUCIJADAS. ENTRE LA DICTADURA Y LA TRANSICIÓN CHILENA 1984-1994

David Aceituno Silva 1

Pablo Rubio Apiolaza 2

El día 21 de mayo de 1993, el Presidente de Chile Patricio Aylwin Azócar (1990-1994) pronunciaría su última cuenta pública ante el Congreso Pleno que daba comienzo a su cuarto año de mandato. Sus palabras iniciales están llenas de optimismo y buscaban sintetizar los difíciles tres primeros años del retorno a la democracia:

“Debe ser motivo de legítima satisfacción para los chilenos, especialmente para quienes tenemos responsabilidades en la conducción de nuestra patria, la forma como ha transcurrido la vida política, económica y social del país en este período.

El tránsito del largo lapso de régimen autoritario al funcionamiento normal de nuestra convivencia democrática ha tenido lugar sin traumas ni quebrantos. Chile vive en paz. La gente goza de libertad. El país progresa. Nuestra estabilidad política, nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo social suscitan elogios en el exterior.“3

El presidente tampoco era ciego frente a la realidad de ese momento y aun quedando un año de su mandato, presentaba la pobreza extrema como uno de los enemigos fundamentales a derrotar. A su vez, sus objetivos estaban claros: construir la unidad nacional, consolidar y perfeccionar la democracia, desarrollar y modernizar la economía, promover la justicia social e integrar a Chile como actor respetado en la comunidad internacional, tenían que ser proyectos centrales para hacer avanzar a Chile.

A inicios de la década de 1990, al menos desde el discurso político, se buscaba construir y consolidar un nuevo Chile, sin embargo la realidad era más compleja y fueron años llenos de tensión. Estos no se pueden comprender sin plantear una mirada histórica, sus avances y retrocesos, sus negociaciones y rupturas, poniéndose en perspectiva cada uno de sus aspectos e insertándolos en un entramado de continuidades y permanencias.

Es importante considerar a la realidad chilena dentro de un contexto mayor. En torno a esto, se podría sugerir que los procesos de transformación política y económica que afectaron a América Latina entre 1984 y 1994, se desarrollaron dentro de un confuso escenario marcado por la declinación y el fin de la Guerra Fría, y el inicio del nuevo orden mundial. Todos los grandes fenómenos históricos que vivió la región en su conjunto durante ese tiempo, tanto las guerras civiles y conflictos armados en América Central, la crisis económica y financiera derivada de la deuda, sumado al fin de las dictaduras militares y las transiciones a gobiernos civiles elegidos en América del Sur, fueron procesos de alta intensidad en múltiples dimensiones, coincidentes dentro de un incierto contexto de transición política, económica e ideológica que experimentó el sistema internacional en su conjunto.

Si se pudiera hacer una mirada global de la región, desde los años ochenta del siglo XX a la actualidad, casi todos los países de América del Sur incluido Chile experimentaron un cambio inédito en sus regímenes políticos, que también tuvo expresiones en otras dimensiones de la vida económica, social y cultural. La transformación consistió en que en los estados de la región pasaron desde los autoritarismos militares a estar gobernados por regímenes civiles elegidos, más o menos “democráticos“ —definidos como democracias “protegidas“, “de baja intensidad“, “iliberales“ o “interrumpidas“4— lo que en el mediano plazo ha constituido un inédito período de predominio de la democracia política sobre el autoritarismo militar, los regímenes revolucionarios y los gobiernos populistas, entre otras formas de dominación política que predominaron en el siglo pasado. Si bien en la actualidad existe una crítica a las formas que ha adquirido la democracia en América Latina y en el mundo entero, el cambio no ha sido menos significativo5.

Por eso mismo, se plantea en este libro la recuperación del estudio de la transición a la democracia chilena en orden a considerarlo como un proceso histórico multidimensional que involucra una variedad de dimensiones y temporalidades distintas. Para comprender en su integridad los inicios de la transición chilena, hay que extender el análisis al propio régimen militar de Augusto Pinochet en los años ochenta.

En esta presentación analizaremos las encrucijadas de la década que se extiende desde 1984 a 1994, y que ponen de relieve las dificultades que debió sobrellevar una nación que debía primero sopesar las alternativas para salir de la Dictadura, y luego reconstruir un país que fue sometido a la violencia por casi dos décadas.

1. ¡Fuera Pinochet!: situación tras la crisis.

Los años tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fueron dramáticos, no solo por la estela de muerte y violencia que se desató en Chile6, sino porque la definición de los límites temporales de la Junta Militar que gobernaba el país —integrada por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros— comenzaron a extenderse cada vez más. Las primeras conversaciones dentro de la coalición gobernante señalaban uno, dos o tres años, siendo noviembre de 1976 un primer referente temporal que se correspondía con el final del mandato de Allende y ayudaba a cerrar el ciclo de restauración institucional7. Pasados los años, se hizo patente que el Régimen instalado al mando de la Junta, no sería de corta duración, sino que se plantearía como refundacional. Es decir, la visión ideológica que sustentó la Junta Militar se basó en una ruptura radical con el pasado republicano y democrático chileno del siglo XX, planteándose la idea de la “refundación“ en todos los aspectos de la vida nacional, lo que incluyó el sistema político y económico. Tener esto en consideración es importante para comprender la compleja transición a la democracia.

La idea de la refundación, la confirmó la propia Junta Militar y el Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, en marzo de 1974:

“(…) Después de largo tiempo de mesianismos ideológicos y de la prédica de odios mezquinos, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, con un criterio eminentemente nacionalista, invita a sus compatriotas a vencer la mediocridad y las divisiones internas (…) En la tarea de convertir a Chile en una gran nación, el Estado deberá ir diseñando un “Proyecto Nacional“, entendido como una imagen factible y deseable para la República, mirando su evolución a largo plazo y considerando la utilización eficiente de nuestras potencialidades reales“8.

Siendo ratificada más claramente en el discurso de Chacarillas en julio de 1977:

“(…) es conveniente reiterar una vez más, que el 11 de septiembre no significó solo el derrocamiento de un Gobierno ilegítimo, sino que fracasado, sino que representó el término de uno político-institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo“9.

Junto a esto se establecía un itinerario, sin plazos aún, los cuales serían discutidos recién con la nueva Constitución que estaba en estudio. De acuerdo al planteamiento de Chacarillas, tres eran los momentos del Régimen: recuperación, transición y normalidad. Los tres eran diferenciados por la Dictadura en el grado de participación de civiles en el Gobierno y en los instrumentos jurídicos- institucionales, aunque en todo momento con la supervigilancia de las Fuerzas Armadas, estableciendo así un modelo de democracia protegida10. La segunda “etapa“, la de transición, es la que se inicia con la Constitución de 1980, donde se pasa sistemáticamente de la colaboración a la participación de civiles y la tercera donde es la civilidad en plenitud la que se autogobierna.

Sumado a esto, los partidos políticos habían sido disueltos y en algunos casos sus líderes habían sido perseguidos, exiliados o muertos, con lo que resultaba aún más difícil organizar una oposición contra la Dictadura. El mismo año 1977, Pinochet hacía notar el interés de la Junta por “reorientar“ el rol de los partidos, quienes se habían convertido en “maquinarias para alcanzar el poder“, por lo que se debía consolidar una nueva institucionalidad que asegurase que los nuevos partidos no fuesen intermediarios entre la ciudadanía y sus autoridades, por lo que estos debían limitarse a ser “corrientes de opinión que aspiran a influir en el curso del Estado, dentro del respeto a las normas institucionales“11.

Frente a este escenario político donde la Dictadura buscaba consolidar su permanencia, se comenzaron a buscar alternativas en la lucha por el retorno a la democracia, que sortearán las diversas cortapisas interpuestas por el Régimen, desde toques de queda, la imposibilidad de reunión y la imposibilidad de organizar los partidos. A nivel de los actores políticos, una de las alternativas fue la creación de grupos de estudios vinculados a la oposición, en especial, que contrarrestaran el trabajo desarrollado por la Comisión Ortúzar, organizada en 1973 y encomendada por la Junta para estudiar las alternativas constitucionales, y cuyos resultados fueron expuestos en 1978. El 21 de julio de ese año, varios políticos y académicos (entre los que estuvieron Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger y Raúl Rettig) conformaron el denominado “Grupo de los 24“ que buscará contrarrestar los estudios constitucionales del Régimen, señalando que:

“No hemos trabajado encerrados entre cuatro paredes, al margen de la realidad ni del sentir de nuestros compatriotas. Conscientes de la profunda crisis que ha afligido a Chile en los últimos años, de la que el quiebre institucional y la decadencia que vivimos son manifestaciones dramáticas, hemos partido del análisis de los caracteres y causas de esa crisis hecho por hombres y mujeres venidos de todos los sectores de la vida nacional.

Tampoco nos hemos dejado llevar por ningún ideologismo unilateral, sino que procuramos recoger en nuestro estudio, junto a los más modernos aportes de las ciencias sociales, las visiones provenientes de múltiples concepciones ideológicas. Convencidos de que un régimen político, para que sea legítimo y perdurable, deber ser expresión del “sentido común del pueblo“, es decir, de las ideas esenciales generalmente compartidas por la comunidad nacional, nos hemos esforzado por buscar soluciones que el más alto grado de acuerdo entre los chilenos.

Como no pretendemos arrogarnos una representación popular que a nadie ha sido conferida, hacemos públicos nuestros acuerdos en el carácter de simples proposiciones al pueblo de Chile, único titular del poder soberano de resolver sobre la materia“12.

Como queda patente en su declaración, existían diversas visiones sobre cómo enfrentar la Dictadura y era difícil elevarse como la voz única. A inicios de los 80, los disensos acerca de cómo enfrentar la propuesta de la Dictadura surgirán desde diversas vertientes políticas e ideológicas, en especial después que la Dictadura logró, tras una más que dudosa votación, establecer la nueva carta constitucional en 1980, que comenzó a regir el 11 de marzo del año siguiente13. De esta manera, “legitimado“ y con un modelo económico de componente neoliberal en pleno funcionamiento (tras la férrea política de shock de los primeros años14) nada hacía presagiar lo que acontecería en los años siguientes.

De esta manera, 1983 se convertirá en un año clave, tanto para la oposición como para el Régimen, donde se desatará una fuerte crisis económica y el inicio de enormes y masivas jornadas de protestas15. Así describe la situación Tironi:

“El proyecto político autoritario descansaba también en la suerte del modelo económico. Se preveían dos fases, ambas consagradas en la Constitución Política de 1980. La primera, de corte dictatorial, debía crear las bases de una próspera economía de mercado; la segunda y definitiva sería de una democracia estable apoyada en una ciudadanía satisfecha, pragmática, ocupada de su enriquecimiento personal y alejada de cualquier extremismo ideológico. El derrumbe del modelo, sin embargo, restó viabilidad a la estrategia de tránsito lento y gradual hacia esa “democracia protegida“16.

Con respecto a las causas del desplome del sistema neoliberal en Chile durante estos años, Cristián Gazmuri señala que se debió a “una serie de errores macroeconómicos del equipo de gobierno, al perpetuar la mantención artificial de un precio bajo del dólar, sumados a la recesión mundial que se produjo ese año (…)“. Teniendo efectos dramáticos para la ciudadanía, como por ejemplo que “la cesantía se disparó hasta más de un 20 por ciento nominal y un porcentaje real bastante más alto (quizás hasta un 30 por ciento). El Estado tuvo que socorrer con miles de millones de dólares al aparato financiero en quiebra. Era el fin del boom“17.

Resulta interesante caracterizar la profundidad de la crisis económica, con el fin de evaluar con mayor precisión sus consecuencias18: la caída del Producto Interno Bruto alcanzó un 14% en el año 1983, contrastando así con el magnífico crecimiento de la economía chilena entre 1975 y 1981. En cuanto a sus externalidades sociales, la crisis también tuvo efectos devastadores; como se sugirió arriba, la cesantía se elevó al 30% del total de la fuerza laboral y los salarios se vieron en notoria disminución. En referencia a este último indicador, cabe subrayar que si bien los salarios estaban congelados desde septiembre de 1981, cayeron un 74% en 1983 y un 56,9% en 1984, acentuando más las carencias y la inestabilidad laboral entre los sectores medios y populares19. Esto sin duda hizo más graves las protestas sociales y la reorganización de la oposición que ya reclamaba un gobierno complemente democrático.

Efectivamente, las consecuencias políticas no tardaron en llegar; considerando el debilitamiento del Régimen se realizaron por primera vez acercamientos entre el Régimen y la oposición con el fin de encontrar una salida exitosa del autoritarismo. Sin embargo, la cuestión relativa a situarse dentro o fuera de los marcos constitucionales para una eventual derrota del régimen, más las “formas de lucha“ —el asunto de la violencia y sus usos como herramienta política— fueron los principales ejes de división interna de una oposición que se caracterizó por su heterogeneidad ideológica y diferencias estratégicas.

Durante 1983 se desarrollaron las instancias de organización civil y política más importantes de la oposición. El “Proyecto de Desarrollo para un Consenso Nacional“ (PRODEN)20, la redacción del “Manifiesto Democrático“ (14 de marzo) fueron las primeras de estas iniciativas. Entre ellas, la más importante fue el surgimiento de la Alianza Democrática, el 6 de agosto de 1983, conformada por la Democracia Cristiana (DC), sectores de la derecha democrática y el socialismo renovado. La Alianza surgió al amparo de la coyuntura de ese gran movimiento social y con la intención de que los partidos políticos de oposición lograran llevar adelante una sola estrategia y un programa único frente a la dictadura. La principal estrategia de la Alianza, fue la promoción de la “salida política e institucional al régimen“ dentro de los marcos de la Constitución de 1980 y el inicio transición a la democracia. Hay que recordar que en los artículos transitorios de la propia Constitución de Pinochet se incluía la realización de un plebiscito ratificatorio en 1988, que podía tanto extender como interrumpir su mandato, aunque estaba elaborado originalmente para asegurar la proyección del régimen. Por ello, la posición gradualista de la Alianza se ubicaba dentro de la institucionalidad o legalidad vigente.

Pero en paralelo y como reacción desde la izquierda, se organizaron grupos mucho más radicalizados contra la Dictadura como fueron el Movimiento Democrático Popular el 20 de septiembre de 1983, que incluía al PC-MIR-IC-PS Almeyda, y en diciembre de ese año el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Este grupo polo se fundamentaba en la tesis de “todas las formas de lucha“ —pacíficas y violentas— que incluía una ruptura con el régimen y una transición hacia un gobierno democrático y socialista. A nivel externo, la formación y acción del FPMR dejó de manifiesto los profundos lazos internacionales de la izquierda chilena, entre sectores de la izquierda chilena con la Revolución Sandinista, la Guerra Civil de El Salvador, los movimientos guerrilleros de Guatemala y el gobierno cubano. Para el gobierno de Estados Unidos y otros actores internacionales, esto constituyo un motivo de preocupación importante.

Desde 1983 en adelante, como hemos visto, se presentaba como la verdadera posibilidad para poner fin a la Dictadura. Una crisis económica que junto a las protestas masivas, resquebrajaba el éxito promovido por el Régimen. Esta vez, cabía la posibilidad del “derrumbe“ de Régimen y el optimismo alentaba a la oposición. La realidad, al pasar de los meses, irá mostrando otra cosa distinta.

2. 1984: El inicio de una década de encrucijadas.

Los estudios transitológicos han insistido en proponer una mirada del paso de la Dictadura a la Democracia en Chile acotada a coyunturas más específicas, haciendo calzar los modelos prexistentes de transición vía pactos —y sus variaciones— a lo acontecido durante los últimos años de los ochenta21. Es evidente, como hemos visto, que la realidad histórica no solo nos muestra que el interés por proponer vías para consolidar la democracia (protegida en el caso del Régimen) o renovadas a partir de una asamblea constituyente como lo hará la oposición (u otras alternativas, todas ellas sin la Junta, evidentemente) desde finales de los setenta, da cuenta que la transición, incluida la búsqueda de pactos o acuerdos22, se considera un proceso largo, complejo y con ciclos de mayor o menor éxito, incluso hasta los últimos días previos al Plebiscito del 5 de octubre de 1988, que definió la continuidad del Régimen.

Como hemos señalado, hasta el año 1983 las posibilidades de que el Régimen colapsara por primera vez eran claras. Lo cual queda patente en el Manifiesto Democrático de marzo de 198323:

“(…) Nuestra historia republicana no registra una crisis más profunda y prolongada que la que sufre el país. Ella afecta sus bases morales, políticas, sociales y económicas, abarca a todos los sectores de la comunidad, debilita la seguridad de la Nación y agudiza las injusticias y tensiones en su interior (…)

Desde el comienzo denunciamos el peligro que entrañaba aplicar en nuestro país un modelo económico que no se compadece con nuestra realidad y tiene por objeto imponer un sistema de sociedad contrario a los valores e intereses permanentes de la Nación.

(…) En el campo político interno se mantiene el régimen de arbitrariedades, principalmente originado por la aplicación del art. 24 transitorio de la Constitución. Las libertades básicas no tienen vigencia y constantemente se conocen nuevas denuncias por atropellos a los Derechos Humanos fundamentales (…) Para lograr ese gran objetivo, se debe poner término inmediato a los regímenes de emergencia“24.

Esta situación de alta tensión fue reconocida implícitamente por Pinochet, quien en medio de las protestas y el descontrol económico, decide abrirse a la posibilidad de negociar, nombrando a Sergio Onofre Jarpa, quien deja la Embajada en Argentina para asumir el Ministerio del interior el 10 de agosto de 198325. Dando inicio a un nuevo plan político del Régimen (conocido como “Plan Jarpa“), que en medio de las complejas circunstancias, intentaba reafirmar la Constitución de 1980 y su marco para el avance político (las etapas de transición y consolidación), pero además buscaba desde ese momento proyectar el “Gobierno“ más allá de los ochenta. Todo esto implicaba conformar una base política de apoyo, estudiar las leyes de elecciones y partidos políticos, levantar el receso político y por supuesto, establecer medidas económicas urgentes para hacer frente a la crisis. Todo lo cual implicaría tener un diálogo con la oposición —o con un sector más gradualista y moderada de ella— que se presentaba con toda firmeza en ese momento.

Con este inicio en el diálogo hubo avances importantes, como el retorno de exiliados26, y varios anteproyectos enviados por Pinochet, entre los que se incluían el de sistema electoral, el del Congreso Nacional y del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). Sin embargo, la demanda de una salida rápida se irá “congelando“ poco a poco. Esto debido a que en las negociaciones emprendidas entre los miembros de la Alianza Democrática y la gestión encabezada por Sergio Onofre Jarpa se irá percibiendo una clara tensión en las agendas. Por una parte, el representante de Pinochet no es escuchado en la Junta y se le da muy poco espacio de negociación, a la par que seguía la represión en las calles en el marco de las protestas nacionales. Por otra parte, como se ha visto, la oposición se encontraba dividida entre si ceder a la Constitución y su itinerario o mantenerse firmes en no aceptarla, como se había hecho hasta ese momento, y seguir intentando acceder a la democracia lo antes posible. El optimismo se difumina con los años y fue ganando terreno gradualmente la idea de la aceptación de la Constitución.

1984 se inaugura con un hito importante para la oposición: el “puntarenazo“. Este acontecimiento acaecido en la ciudad de Punta Arenas, no solo es el resultado del malestar nacional por el desempleo en la región del sur de Chile, sino también un efecto de la organización de la oposición a través de los denominados “cabildos abiertos“. Ya que será a través de ellos, que el día 26 de febrero en la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas, donde se le realizaría un homenaje a Pinochet se reúnen un importante grupo de ciudadanos a hacer canticos contra el Dictador. En esta mediática protesta, participan los actores fundamentales de esta parte de la historia reciente del retorno a la democracia: la oposición (por su estrategia de organización), los ciudadanos (por el malestar acumulado contra el Régimen) y la Iglesia Católica, que será un pilar fundamental en dicha actividad27. Este acontecimiento, generará un fuerte enojo de Pinochet contra la jerarquía de la Iglesia28, que acusa de amparar estas manifestaciones.

Estos acontecimientos provocaron nuevas desavenencias con la oposición y afectará fuertemente la posición de Jarpa en el Gobierno, en especial en lo referido a las reformas políticas que se terminan por archivar. La situación, una vez más, se “congela“ y el poder de Sergio Onofre Jarpa iría en picada frente a un Régimen que cerrará filas frente al adelantamiento de plazos o reformas políticas (como veremos adelante, uno de sus logros será la rearticulación de los partidos de derecha y pro-régimen). Ese mismo año, el Ministro presentará la renuncia en vista de la imposibilidad de continuar con el plan político de 1983, el nuevo “cerramiento“ del Régimen se consolidaría con la llegada de un joven Francisco Javier Cuadra, quien lidera el estado de sitio y la censura bajo el decreto 1217, asumiendo la secretaria general de gobierno el 6 de noviembre de 1984. Jarpa dejará definitivamente el Ministerio del Interior el 12 de febrero de 1985, asumiendo Ricardo García, también cercano a Cuadra, la situación volvía a complicarse para la oposición.

“Vamos camino de convertirnos en una Torre de Babel, en la que cada cual habla su lenguaje, sin importarle ni entender lo que otros dicen (…)“29 dirá de manera categórica Patricio Aylwin en su intervención en el seminario titulado “Un Sistema Jurídico-Político Constitucional para Chile“ realizado en el Hotel Tupahue de Santiago el día viernes 27 y 28 de Julio de 1984. En sus palabras, se evidencia la necesidad de realizar un giro importante en la estrategia de la oposición, no se podía seguir discutiendo acerca de la legitimidad de la Constitución, jamás habría acuerdo entre unos y otros sobre el punto, se debía aceptar y punto. Y así lo señala en el mismo seminario:

“No pongo en duda que nuestro actual régimen pueda mantenerse inconmovible en el poder, empecinado en hacer cumplir su Constitución “como está escrita y punto“, según recientes declaraciones del gobernante (…) Puestos a la tarea de buscar una solución, lo primero es dejar de lado la famosa disputa sobre la “legitimidad“ del régimen y de su Constitución. El régimen invoca el plebiscito de 1980 para sostener la legitimidad de la Constitución. La disidencia la considera ilegítima, porque fue gestada por el oficialismo sin ninguna participación del pueblo (…) Personalmente, yo soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980. Pero así como exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro modo.

(…) La única ventaja que él tiene sobre mí, a este respecto, es que esa Constitución—me guste o no—está rigiendo. Este es un hecho que forma parte de la realidad y que yo acato. ¿Cómo superar este impasse sin que nadie sufra humillación? Solo hay una manera: eludir deliberadamente el tema de la legitimidad“30.

Esta tesis será el pilar sobre el que se actuará en los años subsiguientes. De esta manera, desde mediados de 1985 se iniciaría un proceso de reconstitución de la oposición para sacar a Pinochet. Su propuesta no logra inicialmente unificar las diversas “lenguas de Babel“. Ricardo Lagos criticó severamente la propuesta, y Jorge Molina representante de los socialistas en la Alianza democrática, envió una dura carta a Enrique Silva que presidia la Alianza en ese momento, señalándole la preocupación de los sectores que representaba. Ambos ratificaron su posición original: La asamblea constituyente y la ilegitimidad de la Constitución., eran las bases del diálogo, pese a la tesis personal de Aylwin. Por su parte, Edgardo Boeninger, será de los pocos que públicamente apoyarán la tesis del que será luego el primer presidente del retorno a la democracia. Se iniciará de esta manera un fuerte debate sobre la Transición (por ejemplo en los encuentros organizados por el Centro de Estudios del Desarrollo liderado por Boeninger y Tironi), eso sí, con cada vez menos tiempo por delante.

A nivel de los actores internacionales, desde mediados de la década de 1980, el régimen de Pinochet estaba cayendo en un importante descrédito, factor que es importante reconocer porque forma parte del contexto en el que se mueve el régimen de Pinochet. En los Estados Unidos por ejemplo, la política del segundo gobierno de Ronald Reagan (1985-1989) y debido a distintas consideraciones estratégicas, se esmeraba en presionar y criticar el gobierno militar, lo mismo que hicieron los países de Europa Occidental. Esto sin contar que en América del Sur, hacia 1986 solamente Chile y Paraguay tenían gobiernos militares autoritarios, quedando totalmente aislados regionalmente en un marco de transiciones a la democracia vigentes en los restantes países. La condena a Pinochet también se hacía más intensa en las organizaciones de Derechos Humanos, protagonistas de una campaña que se extendía desde la llegada al poder de la Junta Militar chilena.

Dentro del país, estos intensos debates llegaron a que se fuera imponiendo la nueva tesis de salida gradual y pactada a la Dictadura —también frente a la premura del tiempo— lo que se irá notando en la moderación del discurso de oposición. Aquí será también fundamental la mediación eclesiástica que irá sumando a sus escritos previos31, uno que asumirá explícitamente la tesis de Aylwin, conocido como el “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia“, firmado en agosto de 198532.

En este documento aparece el discurso mucho más conocido de la oposición a la Dictadura, el de la reconciliación, que implícitamente contiene la aceptación de que Pinochet solo saldrá del poder si se logra el triunfo de la oposición en las urnas. A esta altura, el fervor de la crisis de los 80 que demandaba una salida inmediata de Pinochet había menguado y entraba en juego la frialdad política y la necesidad de “eludir deliberadamente“ la Constitución de 1980. Esto se verá reforzado en los consecutivos años, por la visita del Papa a Chile en abril de 1987 y el fallido intento de asesinato de Pinochet en septiembre de 1986, esto último terminará por hacer desaparecer la opción violenta de salida del régimen, por lo menos entre algunos grupos de izquierda que seguían en duda si debían sumarse a la Alianza. Se consolida entonces la idea de un retorno a la democracia “ordenado“ y aceptan las reglas establecidas en la Constitución:

“Como contribución al llamado a la reconciliación nacional formulado por S.E. el Cardenal Arzobispo de Santiago y como testimonio de la disposición de muy amplios sectores políticos del país a un gran acuerdo nacional que asegure la evolución pacífica hacia una democracia plena y auténtica, todos los que suscriben este documento, en un gesto positivo hacia la reconciliación que se desea, expresan su apoyo a los principios políticos, económicos y sociales que a continuación se enuncian.

(…) Los valores democráticos deben regir nuestra convivencia y para que ellos se alcancen se requiere una entrega ordenada del poder político a autoridades revestidas de plena e indiscutible legalidad democrática; un marco político-económico-social que garantice tanto la gobernabilidad del país como las condiciones básicas para el esfuerzo colectivo que los desafíos de hoy y del futuro plantean; y, también, el retorno de las Fuerzas Armadas a sus indispensables funciones permanentes (…)

Teniendo en consideración lo anterior, la estabilidad del sistema democrático que se establezca exige el compromiso solemne que contraen todos los que firmen o adhieran a este documento, de realizar la acción política del futuro dentro de un espíritu de lealtad democrática, aplicación efectiva de la ley y respeto mutuo, compatibilizándola con los principios institucionales, económicos y sociales aquí señalados. Solo de esta manera se garantizará la gobernabilidad del país y la efectiva transición hacia una democracia plena

(…) El restablecimiento de la Democracia hace indispensable el que todos los chilenos tengan el derecho de expresar su pensamiento y asegurar sus libertades dentro de un régimen constitucional que contemple, al menos, los siguientes aspectos:

1. Elección por votación popular de la totalidad del Congreso Nacional, con claras facultades legislativas, fiscalizadoras y constituyentes.

2. Un procedimiento de Reforma Constitucional que, reconociendo la necesaria estabilidad que debe tener la Carta Fundamental, haga posible sus modificaciones y en caso de desacuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, someta la reforma a plebiscito33.

El marco entonces estaba establecido y la oposición inicia el proceso de organización para vencer al Dictador en las urnas.

3. Jarpa y las derechas.

Como hemos visto anteriormente, el necesario giro aperturista de la Dictadura, sumado a la reorganización de la oposición y la urgente necesidad de preparar la Transición propuesta por el Régimen, será el marco sobre el cual se comenzará a componer las nuevas derechas. Con Sergio Onofre Jarpa como un actor relevante y quien guiaría las negociaciones frente a un posible término del receso político, las diversas organizaciones de derecha, todas bastante fragmentadas y con poca capacidad de cohesión orgánica, iniciarán su proceso de conformación34. La división fundamental de la derecha en ese momento fue asumir la institucionalidad vigente y su desarrollo o la propuesta del plan Jarpa, aunque también se debe señalar que la experiencia de 1970 fue gravitante para los grupos de derecha más tradicional35.

Desde 1983, los partidos de derecha, en especial Nueva Democracia (gremialistas, que luego se sumarían a la Unión Demócrata Independente, UDI) y la derecha más tradicional, comenzaron a prepararse con acciones concretas. Así ocho ex parlamentarios del Partido Nacional, fundaron el Frente Constitucional para la Democracia, meses antes se formó otro pequeño partido denominado Juventud Republicana.

Las posiciones no eran de consenso y muy pronto el gremialismo comenzó a lanzar duras criticas a los adherentes al Régimen. De esta manera el 24 de Septiembre de1983 nace la Unión Demócrata independiente, fundada por Jaime Guzmán, Sergio Fernández, Javier Leturia, Guillermo Elton, Pablo Longueira y Luis Cordero, quienes se describían como independientes y gremialistas, además reconocen en la figura de Jarpa en el Régimen el catalizador para que su organización se convirtiera efectivamente en un partido una vez estos se legalizaran. En su declaración de principios dan cuenta de su apoyo al movimiento militar del 11 de septiembre de 197336 y la economía de mercado, declarando su resuelto anticomunismo. En términos concretos, valida la transición propuesta en la Constitución de 1980, aunque reconocen que el Régimen debe ser decidido impulsor de una vía pacífica y gradual para alcanzar la democracia. De esta manera, aunque se reconocen cercanos a la Dictadura, se declaran independientes de juicio, por ejemplo, proponen la necesidad de adelantar la instalación del Congreso Nacional con el fin de darle un mayor impulso a la transición, todo lo cual denotaba un cierto grado aperturista que no gustaba en las filas de la derecha más tradicional.

Por otra parte, el mismo año (1983) se crea el Movimiento de Unión Nacional (MUN), organización dirigida por Andrés Allamand, publicando su primer manifiesto el 27 de octubre, declarando que buscaban propiciar una democracia representativa estable y eficiente, libre de totalitarismos y ajena a los “vicios“ del pasado. La mayoría de los firmantes eran ex miembros del Partido Nacional (PN). De manera similar a la UDI, apoya de manera independiente a la Dictadura buscando en todo caso renovar la política. La diferencia sustancial con la UDI, es que en el caso del MUN se buscaba que esta nueva organización fuese el espacio natural para la derecha tradicional, en especial los miembros del PN, sin que esto significara un renacimiento del antiguo partido.

El surgimiento de estas nuevas organizaciones de derecha, también agregaron una nueva tensión a la Dictadura, ya que debía aprender a relacionarse con ellas. Las dinámicas que a partir de 1984, como hemos visto, se instalarán en el país, agregarán además otros desafíos, en especial en lo referido a su actuación con la oposición y el camino a la transición, que fueron iniciados de manera irreversible con la llegada de Jarpa al Régimen.

Tanto la UDI como el MUN no se sumaron de manera irrestricta al Plan Jarpa y demostraran su vitalidad propia, generando fuertes disensos, aunque también se alcanzaron relevantes consensos. Por ejemplo, mientras la UDI apoyaba de manera irrestricta —no sin críticas obviamente— el camino aperturista emprendido por el Régimen y sus transición, colocándose taxativamente contra la oposición que no quería una transición con Pinochet. Por su parte, el MUN comenzó a acercarse a posturas más moderadas y de centro y por lo tanto, cercanas a la oposición.

Otro ejemplo de esta compleja reorganización de las derechas, será la creación del denominado “Grupo de los ocho“ formado a comienzos de l984 por grupos de centro-derecha. En este grupo participó también el MUN y la UDI (aunque en postura de defensa de Pinochet). Entre sus acciones más relevantes estuvo la reunión con Sergio Onofre Jarpa, a quien entregaron una “propuesta democrática“ que incluía adelantar las leyes políticas.

Hacia 1986, el contexto y la cercanía a las elecciones hicieron cambiar la estrategia de la fragmentada derecha, donde el plebiscito se abría paso como un objetivo central. 1987 será también un año clave, ya que entra en vigencia la ley de partidos políticos, con lo cual se comienza a hacer un llamado imperativo a la Unidad, al menos así lo consideraba el MUN y en menor medida la UDI. Tras una conversación con Jarpa, el MUN apostó por la Unidad desestimando la “tercera vía“ en la derecha y apostando por crear un programa conjunto con las otras organizaciones de derecha, donde esta la UDI. Esta nueva postura tendrá como resultado el nuevo referente, Renovación Nacional (RN), considerada como la verdadera síntesis de la derecha política del Régimen, alcanzando así la anhelada unidad. Obviamente las diferencias de las “derechas“ no tardarán en resurgir, lo que habla de una reunión coyuntural, que luego del Plebiscito y el retorno a la democracia no tardarán en deshacer nuevamente, planteando nuevos desafíos a la derecha37.

4. El Triunfo de la oposición.

Si es que existe un hito reconocido internacionalmente que describa el retorno a la democracia en Chile, este es con toda seguridad el plebiscito de 1988. En él se conjugó la “mística“ de la oposición a Pinochet que reunida en la Concertación de Partidos por la Democracia, bajo una bandera multicolor, proyectaron comunicacionalmente que la “alegría vendría“38. Sin embargo, como hemos visto, si bien este es un hito de suma relevancia, forma parte de un proceso histórico más largo y complejo.

Se debe señalar que incluso en los estudios que precedieron al plebiscito, como el realizado por Manuel Antonio Garretón, importante intelectual de oposición, no se desbordaba el optimismo. El planteaba que la lucha en las urnas era el resultado de una derrota al no haber podido conseguir la transición “desde arriba, ni desde abajo“ debido en parte a que la oposición no había sido capaz de transformar su fuerza social en una propuesta de transición, por lo que el plebiscito representaba la mejor oportunidad para salir del régimen, incluso ganando el Sí a Pinochet. Según él, si ganaba la oposición o el propio régimen, se desencadenarían “dinámicas de transición“ y enfatizaba, que esto era positivo aunque no se pudiese asegurar ningún resultado39. En definitiva lo más positivo del plebiscito era la “oportunidad“ para enfrentarse electoralmente en un espacio regulado institucionalmente.

Frente a esta “fragilidad“ de la lucha en las urnas contra el dictador, el mejor mecanismo para asegurar que el régimen reconociera un triunfo del No —el cual era el mejor escenario posible— se requeriría del apoyo internacional o la iglesia como mediador externo. En el mejor de los casos se podría triunfar y se obligaría a hacer negociaciones que impliquen las reformas necesarias para “hacer funcionar“ la democracia naciente y ceder en otros grandes temas. El pragmatismo transmitido por Garretón evidencia claramente las razones de la alegría descollante de los miembros de la oposición —y de la ciudadanía— el año 1988 tras el triunfo del 5 de octubre, ya que terminaron en el mejor escenario posible, pero oculta la realidad precedente e incluso oscurecen los propios resultados del plebiscito (una importante votación de apoyo a la Dictadura, 43%).

Varios acontecimientos previos marcaron el escenario del Plebiscito y fueron el marco para el “triunfo“ de la oposición. Hay que enfatizar que el plebiscito de 1988 no es una conquista, en estricto rigor, sino más bien una oportunidad estratégica aprovechada inteligentemente y que fue catalizada por dos acontecimientos relevantes: el intento de asesinato a Pinochet el 7 de septiembre de 1986 y que desató la furia represiva del régimen decretando una vez más el estado de sitio en Chile40 y la visita papal en abril de del año siguiente41. Estos acontecimientos previos al plebiscito fueron catalizadores de un mayor consenso en torno a la salida institucional de Pinochet, por lo menos del grupo indeciso y por otra parte, animó a la ciudadanía a retomar la oposición contra la Dictadura, pese a la fuerte represión iniciada tras el atentado al dictador.

Con todo, el primer escollo que debió saltar la oposición fue el gran debate llevado a cabo en 1985 en torno a la Ley del Tribunal Calificador de Elecciones, que establecía en su primer artículo transitorio que entraría en funciones 60 días antes de celebrarse las parlamentarias del año 1990, es decir, en diciembre de 1989, no para el plebiscito. Por lo mismo, el Tribunal Constitucional debió pronunciarse sobre el asunto y el 24 de septiembre de 1985, en una reñida votación de cuatro votos contra tres, se estimó que dichas normas eran inconstitucionales, señalando que dicha “rígida interpretación del texto constitucional resulta inadmisible, porque ella está en pugna o contradice el artículo permanente y las disposiciones transitorias de la Carta Fundamental“42.

De esta manera, el 15 de noviembre de 1985, se pudo tener el marco regulatorio institucional necesario para las elecciones de 1988. El segundo escollo se superó en 1986 cuando se promulgo la ley 18.556 Orgánica Constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral. Esta ley permitió que se abrieran los registros electorales a partir de 1987, y se retomaba la institucionalidad perdida en 1973. Paradójicamente el primero en inscribirse en el registro electoral fue Pinochet en la comuna de Santiago, como acto simbólico y político. De aquí en adelante cualquier hombre o mujer y extranjeros residentes mayores de 18 años podían inscribirse en los registros electorales. El candidato por el Sí, sería con Pinochet a la cabeza, convirtiéndose en el candidato de la Dictadura. Por su parte la oposición organizó una férrea lucha mediática que “barrió“ con la propuesta de oposición que destacaba fuertemente el pasado y el retorno del marxismo y la violencia terrorista de grupos de izquierda, mientras hacía ver el progreso económico. Por su parte, la oposición se apropió de un discurso de esperanza y alegría, donde destacaba la libertad y el futuro43.

Las encuestas realizadas en ese momento (Centro de Estudios Públicos y Adimark) evidenciaron que la gente que votaba contra Pinochet, lo hacía considerando preponderantemente los factores económicos, falta de trabajo principalmente (72%). En efecto, lo que más dirimió la elección finalmente era que se acabase el Régimen y con él la miseria económica producida por la desigualdad y el desempleo, muy contraria a la imagen de éxito económico que intentaba proyectar la dictadura. La violencia y el miedo aparecían también como factores relevantes44.

Debemos señalar que si bien no es discutible que el Plebiscito haya sido un “hito bisagra“ en el retorno a la democracia, su valoración debe ser puesta en perspectiva histórica. En este sentido, solo se entiende este acontecimiento, en una mirada más amplia, donde confluyen decisiones en torno a diversas encrucijadas, con acontecimientos que catalizaron las decisiones de las élites, de uno y otro lado y colaboraron en la decisión de la ciudadanía contra la Dictadura.

5. El primer Gobierno de la Democracia y sus desafíos.

A nivel global, 1989 fue un año de grandes cambios. La Guerra Fría ya llegaba a su fase final con la caída del Muro de Berlín entre el 9 y 10 de noviembre, y el consecuente desmantelamiento de varios regímenes socialistas de Europa del Este y de la propia Unión Soviética en diciembre de 1991. Estados Unidos, bajo el gobierno del republicano de George W. H. Bush (1989-1993), implementaba una “nueva agenda hemisférica“ de promoción del libre mercado, que tenía a la Iniciativa de las Américas (1990) como uno de sus ejes fundamentales.

Era sin duda, el inicio del “nuevo orden mundial“. Este nuevo orden, que suponía la reconfiguración del rol de Estados Unidos en un mundo de transición post Guerra Fría, fue el escenario en que se movieron las relaciones internacionales en los años siguientes45. Se trató de un “momento unipolar“, que nunca antes se había repetido en el siglo XX46 y que se caracterizó por el rol activo de instituciones económicas globales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y el G20, concebidas para garantizar el libre movimiento de bienes y capital, la inversión extranjera directa, la asistencia para el desarrollo y como instancias de resolución de disputas, fue crucial en el nuevo ordenamiento47. En este escenario, los Estados Unidos actuaron como un “superpoder“, estableciendo su hegemonía global en cuatro áreas clave: militar, económica, tecnológica y cultural48.

En Chile, luego del triunfo de octubre de 1988, gobierno y oposición llegaron a un consenso para aprobar 54 reformas a la Constitución de 1980, las cuales se ratificaron mayoritariamente ante un plebiscito en julio de 1989. En las elecciones del 14 de diciembre del mismo año, el candidato de la Concertación, Patricio Aylwin Azócar, obtenía un 55,17% de los votos logrando un triunfo histórico en la historia política de Chile.

La administración de Aylwin, entre 1990 y 1994 tuvo que enfrentar varios desafíos que implicaban una inédita transición que se ha definido como “sin derrota“ de las Fuerzas Armadas, como lo habían sido otros cambios de regímenes en Europa y en la propia América Latina. La mantención de Pinochet como Comandante en jefe del Ejército y la existencia de los llamados “enclaves autoritarios“49 en la Constitución, resguardaban algunas de las herencias de la dictadura, reduciendo el margen de acción de la nueva administración.

La posición de las Fuerzas Armadas frente al nuevo gobierno, las actitudes del propio Pinochet, la situación de los organismos de inteligencia militar que continuaban todavía en operación —ex miembros de la DINA y la CNI— parecieron ser los principales temores de un eventual retroceso del proceso de democratización. Por el otro lado, y a pesar de su mayor debilidad respecto a los años pasados, la actividad de la extrema izquierda, principalmente del FPMR -autónomo y el Movimiento Juvenil-Lautaro —en menor medida el MIR— representaron para la transición una eventual amenaza para su éxito. Coyunturas históricas como el “Boinazo“ (diciembre de 1990) y el “Ejercicio de Enlace“ (junio de 1993), fueron claras amenazas del poder militar al civil, constituyendo factores de inestabilidad de la joven democracia.

En los primeros meses, algunas de las demandas ciudadanas más sentidas comenzaron a ser escuchadas por el gobierno de Aylwin. El 25 de marzo —mediante Decreto Supremo N°355 del Ministerio de Interior— se creó la llamada Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, también llamada “Comisión Rettig“ en honor a su presidente Raúl Rettig, ex senador y político del Partido Radical. La Comisión —integrada por miembros de todos los sectores— tuvo por objetivo el esclarecimiento global de la verdad sobre las violaciones a los Derechos Humanos entre 1973 y 1990. El 8 de febrero de 1991 y luego de largos meses de trabajo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación entregó su Informe Final al Presidente Aylwin, quien casi un mes más tarde emitió un sentido discurso frente a las cámaras de televisión de todo Chile, pidiendo perdón a las víctimas de la represión a nombre del Estado chileno.

El “Informe Rettig“ —y sus diferentes versiones posteriores— se reconoció como uno de los documentos históricos más notables de los años recientes en Chile, reconstruyendo gran parte de la represión política y los costos humanos de la violencia aplicada en el régimen de Pinochet. Como cifra final, el Informe estableció para el período 1973-1990, 3.197 víctimas de la violencia política ejercida por agentes del Estado, entre muertos y detenidos desaparecidos50. También se pusieron en marcha los programas de reparación para víctimas de las violaciones de derechos humanos entre 1973-1990, entre ellas los familiares de detenidos-desaparecidos, los exilados, y los “exonerados políticos“, fueron parte de los desafíos que debió afrontar el gobierno.

A su vez el gobierno de Aylwin intentó asumir una serie de desafíos que la ciudadanía demandaba, no solamente respecto al establecimiento de verdad y justicia respecto a las violaciones a los Derechos Humanos del período anterior, sino que con una gran “deuda social“, expresada en los elevados índices de pobreza, desigualdad y exclusión social que afectaban directamente a amplias capas de la población, y que cuestionaba la justicia social y la eficiencia del modelo económico. Por lo tanto, y debido a no contar con la supra-mayoría constitucional y por la propia vocación reformista moderada del Presidente Aylwin y su equipo ministerial, las grandes reformas como la laboral y tributaria las debió negociar con la derecha liberal, principalmente con sectores de Renovación Nacional. A nivel económico, la mantención de la política macroeconómica liderada por el Ministro de Hacienda Alejandro Foxley —que enfatizó el alto crecimiento de los sectores vinculados a las exportaciones, control de la inflación y de la masa monetaria, además de la focalización del gasto público— fue una característica central de su gestión, criticada desde esa época por sectores de izquierda.

En una entrevista realizada a Patricio Aylwin, se le consultó sobre cual había sido el logro más importante para él en su gobierno, respondiendo:

“(…) creo que lo más importante fue lo relacionado con los derechos humanos. Pero en verdad el logro más importante de mi gobierno es haber reconstituido la unidad nacional. Chile es una nación reconciliada, en que todos nos sentimos compatriotas, y no enemigos“51.

Si bien, efectivamente este fue un hito relevante para la historia nacional, existen otros ámbitos donde se busco avanzar de manera sustantiva obteniendo resultados bastante disimiles. Por ejemplo, en términos económicos la situación fue bastante compleja y con desequilibrios que fueron una tarea ardua para el primer Gobierno del retorno de la Democracia (en 1990, la inflación llegaba al 31,5% y la demanda real en 1989 era de un 22%, datos sumamente complejos). Uno de los efectos de haber beneficiado durante años a la macroeconomía por parte de la Dictadura y la disminución del gasto social, fue que hacia 1987 la pobreza llegaba al 45,1%52.

En términos políticos la situación no fue más fácil. La Constitución de 1980 será una carga que hará difícil cualquier maniobra política durante el primer gobierno del retorno a la democracia. No solo por las diversas leyes de amarre o enclaves que favorecían la influencia del Régimen en la Democracia (nominación de jueces que complicaban los juicios por derechos humanos, la composición del senado con senadores designados, etc.), sino que además otorgaban a la derecha un poder maximizado gracias al sistema electoral (binominal) y el rol que jugaban los senadores designados (afines a la Dictadura) en el hora de votar en el parlamento. Como señala Angell en el prólogo del libro de Sehnbruch y Siavelis, Aylwin asume el poder con una “Constitución que rechazaba, un sistema electoral que no era de su preferencia y unas fuerzas armadas sobres las que tenía poco control formal (…) y un sistema judicial que había sido aliado de la Dictadura, una clase empresarial confiada en poder movilizar a la derecha política y medios de comunicación de carácter hostil“53.

En síntesis, si bien se recuperó la estabilidad institucional tras la Dictadura, los efectos han sido notorios, yendo desde la desmovilización y apatía hasta el descontento. La denominada “democracia de los acuerdos“, es decir, la búsqueda de consensos políticos entre la Concertación de Partidos por la Democracia y las fuerzas de derecha, fue una práctica recurrente de las elites políticas, pero entendiendo el contexto, también muchas veces necesaria. Lamentablemente con el tiempo, la pervivencia de esta forma de actuar políticamente, que evitaba la competencia directa y el enfrentamiento entre conglomerados, terminó por desincentivar la participación, al menos hasta unos años después cuando resurgirá manifestada a través de diversos movimientos sociales.

6. Reflexiones finales.

La Transición chilena, más allá de las interpretaciones teóricas (si fue desde arriba o no) o si tiene o no características similares a otras (el caso español, por ejemplo), resulta evidente que requiere mirarse en el largo plazo en perspectiva histórica. Es justamente en esta mirada donde podemos valorar con mayor justicia los devenires de una política chilena compleja, llena de matices. Los pactos y rupturas, así como sus avances y retrocesos, que se dieron tanto en la oposición como en el gobierno y sus seguidores a partir de 1984 son el marco global donde se construyo la democracia. Con el Dictador vivo, frente a la urgente necesidad de aceptar la Constitución y su itinerario, tanto la nueva derecha como la oposición buscaron alternativas para reformularse frente al plebiscito que se avecinaba. Los primeros, con todo en contra, incluso varios de sus miembros que veían el acto eleccionario como una capitulación a sacar a Pinochet. Los segundos buscando alternativas para unificar una derecha fragmentada durante años.

El resultado final fue positivo sin lugar a dudas, Pinochet y la Dictadura terminan. Lo que se inaugura luego, tiene sus propios devenires. Como señala Moulian “(…) podríamos decir que sí existe una excepcionalidad chilena. Pero ella no consiste en la fortaleza de la cultura democrática ni menos en la profundidad de la democratización sino, al contrario, radica en las imperfecciones de ésta“54. Efectivamente, es esta excepcionalidad, la de sus imperfecciones las que debemos mirar. No solo con el fin de hacer una crítica, sino de manera constructiva, especialmente porque mirar nuestra historia reciente nos ofrece la posibilidad de mirar las veces que queramos los triunfos democrático, pero también los errores, con el fin de entender la complejidad del Chile actual.

Por este motivo nos hemos planteado en este libro como objetivo, observar y analizar los cambios que Chile experimentó, no solamente en términos políticos-institucionales, sino que en varias esferas: como la internacional con el término de la Guerra Fría y el inicio del nuevo orden mundial, miradas comparadas internacionales; también analizamos la economía y la consolidación del neoliberalismo, las transformaciones culturales y de la sociedad, los movimientos sociales y la lucha por los derechos humanos. Componentes que complejizan y que superan la concepción de la transición chilena como un mero cambio político. Esperamos que esta mirada de la transición larga, a modo de síntesis compleja de un proceso histórico donde confluyen decisiones, consensos y disensos, sean un aporte al Chile de hoy y su comprensión profunda y crítica.

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1 Doctor en Historia. Contemporánea y de América. Universidad de Salamanca. Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

2 Doctor en Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, Chile.

3 Mensaje Presidencial de S.E. Don Patricio Aylwin Azócar. LEGISLATURA 326a, ORDINARIA. Sesión del Congreso Pleno. 21 de mayo de 1993. p. 1. Biblioteca del Congreso. (https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/10558/4/19930521.pdf)

4 Estos conceptos se han obtenido de los siguientes autores: Loveman, Brian, “Protected Democracies“ and Military Guardianship: Political Transitions in Latin America, 1978-1993“. Journal of Interamerican Studies and World Affairs. Vol. 36. No. 2. Summer 1994. pp. 105-189, O’Donnell, Guillermo; Iazzetta, Osvaldo y Quiroga, Hugo (coords.), Democracia delegativa. Buenos Aires, Prometeo, 2011, Smith, Peter H., La democracia en América Latina. Madrid, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá/Marcial Pons, 2009, p. 224 y Valenzuela, Arturo, “Latin American Presidencies Interrupted“. Journal of Democracy. Volume 15. Number 4. October 2004. pp. 5-19.

5 Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel, How Democracies Die. New York, Broadway Books, 2018, y Albright, Madeleine, Fascism: A Warning. New York, HarperCollins, 2018.

6 Los horrores están descritos en dos importantes documentos oficiales, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig, 1991) y el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informes Valech I y II, 2004-2005). Ambos se pueden consultar en: https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/168

7 Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel y Sepúlveda, Oscar, La historia oculta del Régimen militar. Memorias de una época 1973-1988. Santiago, Uqbar editores, 2012, p. 28.

8 Pinochet, Augusto, Declaración de Principios del Gobierno de Chile. Edición Oficial. 11 de marzo de 1974

9 El Mercurio. Santiago. 10 de Julio de 1977. “Anoche en Chacarillas: S.E Indicó grandes líneas institucionales“. (p. 34).

10 Vergara, Jorge, “La “democracia protegida“ en Chile“. Revista de sociología. FACSO. N° 21. 2007. pp. 45-52.

11 El Mercurio. Santiago. 19 de marzo de 1977. “Intervención de S.E por Cadena Nacional. Cámara legislativa incluirá integrantes de generación popular“. (p. 27).

12 Revista Hoy. Santiago. Octubre de 1979. “Informe del Grupo de los 24“. (http://www.archivochile.com/Partidos_burguesia/doc_gen/PBdocgen0013.pdf).

13 Cavallo, Ascanio; Salazar, Manuel y Sepúlveda, Oscar, La historia oculta del Régimen militar, pp. 363-376.

14 Fontaine, Juan Andrés, “Transición económica y política en Chile: 1970-1990“. Estudios Públicos. Nº 50. 1993.

15 Quiroga, Patricio, “Las jornadas de protesta nacional Historia, estrategias y resultado (1983- 1986).“ Encuentro XXI. Otoño de año 4. Nº 11. 1998.

16 Tironi, Eugenio, El Régimen Autoritario. Para una Sociología de Pinochet. Santiago de Chile, Ediciones Dolmen,1997, p. 82.

17 Gazmuri, Cristian, “El Lugar de Pinochet en la Historia: Una Interpretación Política de la Experiencia Autoritaria 1973-1990“. Archivo Chile. (http://www.archivochile.cl/Ideas_Autores/gazmuric/gazmuri0002.pdf)

18 Shoemaker, Luke, “La Crisis Financiera de 1982-1983 en Chile: Orígenes, Intervención, Efectos e Implicancias para el Modelo Neoliberal“. ISP Collection. Paper 711. 2009.

19 Datos acerca los salarios se extrajeron de Hunneus, Carlos, El régimen de Pinochet. Santiago, Editorial Sudamericana, pp. 510-512.

20 Entre los miembros del PRODEN se encontraban dirigentes “conservadores y de la convergencia socialista; radicales y social demócratas; del PADENA (Partido Democrático Nacional) y la Izquierda Cristiana; demócratas cristianos y nacionales. Aylwin, Patricio, El Reencuentro de los Demócratas: Del Golpe al Triunfo del No. Santiago de Chile, Ediciones Grupo Zeta, 1998.

21 Se puede ver por ejemplo: Linz, Juan, “Del autoritarismo a la democracia“. Estudios Públicos. Chile. Nº 23. 1986; Godoy, Oscar, “La Transición chilena a la Democracia: Pactada“. Estudios Públicos. Nº 74. otoño 1999; Brunner, José J., “Chile: claves de una Transición pactada“. Nueva sociedad. Nº106. Marzo-abril. 1990. pp. 6-12

22 En el Manifiesto Democrático se proponían tres objetivos: la necesidad de un acuerdo nacional para impulsar una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución; la renuncia del Presidente Augusto Pinochet, y el establecimiento de un Gobierno Provisional para una breve Transición. Boeninger, Edgardo, Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad. Santiago, Andrés Bello, 1998, p. 301.

23 El año 1983 se publica también las “Bases para un acuerdo Nacional“ con similares características.

24 Manifiesto Democrático. Santiago de Chile. 14 de marzo de 1983. (http://es.wikisource.org/wiki/Manifiesto_democr%C3%A1tico_(14_de_marzo_de_1983))

25 Arancibia, Patricia; Arancibia, Claudia y de la Maza, Isabel, Jarpa. Confesiones políticas. Santiago, La Tercera – Mondadori, 2002.

26 El diario español El País, presentaba así la noticia: “La más numerosa lista de exiliados que son autorizados para regresar a su patria fue dada a conocer ayer en Santiago de Chile por el Gobierno, con 1.200 nombres, entre los que se incluyen personalidades como Jaime Castillo Velasco, que han simbolizado el drama del exilio para los chilenos. El retorno de todos los exiliados ha sido una constante de las luchas populares durante los últimos 10 años y ha sido exigido por todas las organizaciones disidentes“ El País. “El general Pinochet autoriza a más de1.000 exiliados a regresar a Chile“ Domingo. 21 de agosto de 1983.

27 Jerez, Erick, La Historia y sus tiempos. El puntarenazo. 26 de febrero de 1984. Santiago, LOM Ediciones, 2011.

28 Otro hito que aumentó el deterioro de la figura de Jarpa en el Gobierno y la tensión entre la Dictadura y la Iglesia estaría marcado por la muerte del sacerdote católico francés André Jarlan en la Victoria (Santiago) el 4 de septiembre de 1984, producto de una bala salida de una subametralladora de los militares, que dispararon irracionalmente en una protesta en dicha población.

29 Polanco, José; Aylwin, Patricio y Torres, Ana María (ed), Una salida política constitucional para Chile: exposiciones y debates del seminario “Un sistema Jurídico-Político Constitucional para Chile“. Santiago, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 1984, p. 146.

30 Polanco, José; Aylwin, Patricio y Torres, Ana María (ed), Una salida política constitucional para Chile, pp. 146-149.

31 Oviedo Cavada, Mons. Carlos (ed), Documentos del Episcopado. Chile, 1974-1980. Ediciones Mundo, Santiago, 1982.

32 El Mercurio. Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia. 27 de agosto de 1985.

33 El Mercurio. “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia“. 27 de agosto de 1985.

34 Moulian, Tomás y Torres, Isabel, “La reorganzaición de los partidos de derecha entre 1983 y 1988“. Documentos de trabajo. FLACSO. Nº 388. 1988.

35 Rubio, Pablo, Los civiles de Pinochet. La derecha en el régimen militar chileno. 1983-1990. Chile, Dibam, Centro de investigación Barros Arana, 2013, p.108.

36 “(…) Unión Demócrata Independiente destaca el patriotismo y espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas y de orden de Chile, cuyo origen y gloriosas tradiciones se identifican con el surgimiento y defensa de la chilenidad a través de toda la historia del país, incluida su acción libertadora del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible y de la dominación extranjera, culminando así una valiente resistencia civil y recogiendo un clamor popular abrumadoramente mayoritario.“ Declaración de principios. UDI. (https://www.udi.cl/doctrina-y-principios/declaracion-de-principios/)

37 Mansuy, Daniel, Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la transición. Chile, Instituto de estudios de la sociedad, 2016; Herrera, Hugo Eduardo, La derecha en la Crisis del Bicentenario. Santiago, Ediciones UDP,2015.

38 El acontecimiento ha sido últimamente reconsiderado en su imaginario, al punto que la más reciente película sobre el plebiscito, la película “No“ de Pablo Larraín (2012), fue realizada alejada de la mística y el heroísmo y su propuesta es más bien en un tono de comedia. La película llegó incluso a la nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera en 2013.

39 Garreton, Manuel Antonio, El plebiscito de 1988 y la transición a la democracia. Chile, FLACSO, 1988.

40 La “Operación siglo XX“ es como se le denominó a la operación que buscaba asesinar a Pinochet dirigida por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esta operación fue realizada por unos veinte miembros del FPMR. La idea era asesinarlo en una emboscada en su retorno desde su casa de descanso en El Melocotón (Cajón del Maipo) junto con parte de su familia y protegido por su escolta. Este atentado responde a la declaración explícita de Pinochet que había realizado en 1986, meses antes del atentado, acerca de ser el candidato presidencial de la junta, proyectando así el régimen más allá de 1989. Vease: Verdugo, Patricia y Hertz, Carmen, Operación Siglo XX. Chile, Ediciones del ornitorrinco, 1990 y Peña, Cristóbal, Los fusileros: Crónica secreta de una guerrilla en Chile. Santiago, Editorial Debate, 2006.

41 Juan Pablo II, Mensajes de Juan Pablo II al pueblo de Chile. Santiago, Editorial Salesiana, 1987.

42 Se puede ver la sentencia completa en: Tribunal constitucional. Sentencia Rol Nº 33. 1988. (http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/desent.php?id=33)

43 Arriagada, Genaro y Valdés, Juan Gabriel, Campaña del NO. Análisis y Perspectivas. Santiago, CIS-CED-ILET-SUR, 1988.

44 Méndez, Roberto; Barros, Oscar Enrique y Fontain E. A., Arturo, “¿Por qué ganó el no? Análisis y exposición de la encuesta CEP-Adimark de septiembre de 1988“ [En línea]. Centro de Estudios Públicos. Chile. 10 de octubre de 1988. (http://www.cepchile.cl/dms/archivo_1190_1158/rev33_mendez.pdf )

45 Miller, Eric A. y Steve A. Yetiv, “The New World Order in Theory and Practice: The Bush Administration’s Worldview in Transition“. Presidential Studies Quarterly. Vol. 31. No. 1. Marzo de 2001. pp. 56-68.

46 Brands, Hal, Making the Unipolar Moment. U.S. Foreign Policy and the Rise of the Post-Cold War Order. Ithaca, Cornell University Press, 2016.

47 Wright, Thomas, “The Rise and Fall of the Unipolar Concert“. Washington Quarterly. Vol. 37. N° 4. 2015. p. 10.

48 Brzezinski, Zbigniew, The Grand Chessboard: American Primacy its Geostrategic Imperatives. New York, Basic Books, 1997.

49 Maira, Luis. Chile, La transición interminable. Mexico, Grijalbo. 1999.

50 El Informe se puede descargar en http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/informe-rettig.htm

51 Bengoa, José; Tironi, Eugenio, “Una mirada retrospectiva: entrevista a Don Patricio Aylwin Azócar“. Proposiciones. Vol. 25. 1994. p.8.

52 French-Davis, Ricardo y Muñoz, Oscar, “Desarrollo económico, inestabilidad y desequilibrios políticos en Chile.“ Colección estudios Cieplan. Nº 28. 1990.

53 Sehnbruch, Kirsten y Siavelis, Peter, El balance. Política y políticas de la Concertación 1990-2000. Santiago, Catalonia. 2014. P. 11.

54 Moulian, Tomás, “Limitaciones de la transición a la democracia en Chile“. Proposiciones. Vol. 25. 1996. p. 26.