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PARTE 1: TRANSICIÓN, DEMOCRACIA Y EL MUNDO

Representaciones de la transición chilena a la democracia. Miradas y referencias desde Europa y España (1984-1994)

Pedro A. Martínez Lillo1

Juan Radic Vega2

La relación entre los procesos de transición política a la democracia de Chile y España, comparten una serie de elementos que las convierten en un interesante objeto de análisis comparado3. Esto, sin embargo, no puede desconocer las múltiples diferencias que, pese a ello, presentaron a partir de las especificidades sociales, políticas, históricas y culturales que cada país experimentó en su trayectoria hacia la democracia. Igual ocurre con las dictaduras que les precedieron, las sociedades civiles y los sistemas de partidos que dieron vida a cada proceso, evidenciando —de esta forma— las conexiones y transferencias recíprocas que experimentan las historias de ambos países4. Ahora bien, la transición chilena siempre consideró y tuvo como referencia a la experiencia española, tanto por su distancia temporal que lo convirtió en un exitoso camino de traspaso y reconfiguración del poder tras 40 años de dictadura, como por la cercana relación que múltiples actores políticos de la oposición chilena tuvieron con el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).

Esta proximidad que permitió el exilio de muchos chilenos en el viejo continente —en efecto— convirtió a Europa, y a España más concretamente, en un actor relevante para el proceso chileno de recuperación y consolidación a la democracia. Desempeño que primero se enfocó en la defensa de los derechos humanos, sistemáticamente violados por las dictaduras del cono sur5; más tarde, jugando un papel activo en la rearticulación de la oposición a la dictadura en su lucha por la democracia —aquello que la dictadura entendió como una abierta campaña anti-chilena desarrollada desde Europa6— mientras, en paralelo, cuestionaba y presionaba al régimen para garantizar el cese de la violencia y la transparencia del proceso plebiscitario de 1988. Una vez consumada la derrota de Pinochet en el plebiscito, el papel europeo se centró en colaborar en la legitimación de los caminos establecidos por la oposición partidista en la transición a la democracia. Finalmente, la Unión Europea (UE) conformó una acción relevante a la hora de reposicionar a Chile en un sistema internacional, que contemplaba el final de la Guerra Fría y el orden bipolar, retomando y profundizando las relaciones tanto a nivel político como comercial7.

Así pues, en este marco histórico, el presente texto tiene por objetivo revisar las principales perspectivas y representaciones que España —en un contexto europeo— tuvo del proceso chileno de transición a la democracia, analizando comparativamente cómo repercutió la injerencia extranjera en el proceso chileno y más concretamente la experiencia española en la trayectoria que tomó en Chile en su transición entre dictadura y democracia.

1. Tiempos, naturalezas y características de las transiciones en Chile y España

Son múltiples y desde diferentes enfoques científicos los estudios que abordan el carácter y la naturaleza de las transiciones a la democracia. Estas generalmente son “procesos de naturaleza política en la que se manifiesta un conflicto de intereses que suele ser resuelto por acuerdos entre las élites políticas provenientes del régimen autoritario y las élites opositoras“8. Igualmente, presentan la convivencia de elementos autoritarios con otros democráticos. A lo largo de este proceso, los primeros tienden a ir desapareciendo a medida que los segundos se consolidan (a menos que se viva una regresión autoritaria). Este camino traslada a una sociedad desde un Estado con derecho a un Estado de derecho9.

Ahora bien, la posibilidad de negociación entre el gobierno autoritario y la oposición siempre depende del grado de fuerza y legitimidad que dispongan ambos grupos. En el caso chileno —al igual que ocurrió en España, en 1975— la oposición al régimen contaba matizadamente con ambos aspectos: por una parte, presentó la fuerza que le había otorgado la calle a través de una masiva y activa movilización social. Por otra, una ordenada y estructurada organización partidista legitimada por la población, que demandaba el retorno a la democracia. A su vez, contó con un considerable respaldo internacional que había venido tomando forma desde el mismo 11 de septiembre de 197310, pero que, en los 80’, sirvió de soporte para potenciar y empoderar a los partidos de la oposición, a las bases movilizadas y encausar la masiva protesta contra la dictadura por la vía político-partidista11. Desde el otro lado, la dictadura chilena, tras la inestabilidad inicial que representó el colapso económico y la protesta, mantuvo siempre la unidad de las Fuerzas Armadas y el respaldo civil de sus seguidores, dotándola de la suficiente fuerza para reprimir sin contemplaciones cualquier tipo de manifestación en su contra, así como la legitimidad para seguir el itinerario establecido por la Constitución de 1980, proyectando a Pinochet incluso diez años después de perder el plebiscito. No conviene ignorar —en todo caso— cómo el proceso de transición chileno nacerá de una crisis que envuelve al conjunto de su sociedad en los años 80’s, y cuyos polos se tensionaron en forma compleja alrededor de la contradicción entre dictadura y democracia12.

Tanto el proceso español como el chileno se insertan en la denominada “tercera ola“ que estableció cuatro potenciales caminos para alcanzar la democracia: fundaciones democráticas, reformas, transiciones y revoluciones —aunque solo en Europa central y oriental existió la posibilidad de producir esta última— siendo lo característico para América Latina los tres primeros13. Ahora bien, aunque toda transición a la democracia implica una ruptura con el orden existente, no todos los procesos de transición son necesariamente rupturistas, también pueden ser reformistas14. Así, una de las características compartidas que presentaron la transición española y chilena fue su carácter reformista, sobre todo porque el poder siguió dependiendo de actores políticos vinculados al régimen autoritario. En España, por ejemplo, aunque provenientes del franquismo, los gobiernos que llevaron adelante la transición, eran abiertamente reformistas de las estructuras heredadas de la dictadura. En Chile, en cambio, las autoridades que comandaron la transición fueron originalmente de carácter rupturista dado que pertenecían a la oposición, aunque de acuerdo al equilibrio de poder establecido por la Constitución, estas autoridades quedaron rápidamente modeladas y atadas a las estructuras normativas impuestas por el régimen. Esto significó, en la práctica, que los gobiernos opositores a la dictadura no pudieran realizar grandes reformas una vez alcanzado el gobierno. De ahí que Soto Carmona insista en señalar que lo que en realidad se produjo en Chile en 1988, fue el traspaso del gobierno y no del poder, que siguió descansando en la Constitución de 1980 y el general Pinochet, reconvertido en comandante en jefe del Ejército —sin posibilidad de ser removido por el poder civil— evidenciando los límites de la transición chilena. En efecto, las leyes de amarre y los enclaves autoritarios establecidos por la Constitución, tenían como objetivo dificultar la actuación del gobierno democrático evitando así el desmontaje completo del régimen autoritario15.

De manera distinta, pero con un énfasis similar, la transición española también presentó ese carácter reformista, donde la necesidad de autotransformar al Estado se constituyó en la base original del proyecto político de los herederos de la dictadura. Sin embargo, la presión social y política interna así como la situación internacional, fueron modificando paulatinamente ese afán en aras de una mayor reestructuración, sin con ello perder de vista el objetivo principal de mantener en sus manos el control y los destinos de la transición16. En este sentido, la voluntad de reformar provino de un sector heredero del franquismo, a diferencia de Chile donde la transición la comandaron los opositores al régimen amarrados, eso sí, al marco establecido por la dictadura.

Para comprender desde una dimensión histórica los procesos de transición, se torna necesario trazar o definir la temporalidad que se percibe de este fenómeno entre las sociedades, la intelectualidad y su sistema político. Desde esta perspectiva, la transición chilena a la democracia presentó varias aristas, solapadas en un flujo complejo de acontecimientos que, sin dudas, marcaron el pasado reciente del país y en buena medida siguen definiendo parte de su actualidad. Tanto en su ámbito eminentemente político como desde una dimensión social, económica y cultural. Y si para algunos la transición es historia vieja —hija del siglo XX, poco conectada con las necesidades de hoy— para otros reviste una actualidad tan manifiesta que no dudan en vincular el malestar que sacude por estos días a Chile, con parte de esa historia17. Este debate, esta reemergencia y conexión del pasado reciente transicional con la actualidad, no es exclusividad chilena, claro está, también sucedió con la transición española hace algunos años. Es más, el historiador Santos Juliá, no hace mucho, recordaba lo extemporáneos que podían parecer los comentarios de Juan Linz, en 1996, respecto al carácter histórico (en el sentido de proceso ya concluido) que había adquirido la transición a la democracia en España, sin siquiera imaginar el profundo debate que se abriría sobre el tema diez años más tarde, relacionando estrechamente la actualidad de la situación política de ese país en pleno siglo XXI, con esa historia que parecía cerrada18. Efectivamente, en ambos casos, los cuestionamientos actuales al orden político forjado durante la transición, establecen la necesidad de revisar estos procesos políticos y la construcción democrática que de ellos devino.

En este sentido, esta continuidad de los procesos analizados por la historia del tiempo presente, no solo establecen relación con los nuevos enfoques e interpretaciones que desarrolla la historiografía respecto al estudio de los pasados recientes sino también a la reemergencia inexorable que adquieren en voz de una multitud movilizada temas pendientes, vacíos y deudas con la sociedad que las transiciones dejaron indefinidamente postergados19. Es quizás por esta razón, entre otras, que las propias temporalidades de estos fenómenos vivos resultan móviles, porosos, aún en construcción incluso, trazando, según la mirada y el interés de quién escribe, un determinado marco para comprender ese pasado. De esta forma, la temporalidad específica atribuida a este fenómeno político, ha servido para dar coherencia a los modos de entender y enunciar la dimensión histórica del pasado reciente de cada sociedad.

En el caso chileno y desde un punto de vista instrumental, la transición a la democracia fue entendida como el periodo de tiempo transcurrido entre el plebiscito por el No a Pinochet (octubre de 1988) y la asunción de Patricio Aylwin (marzo de 1990). Esta lectura establece que todo lo que se produjo con posterioridad fue parte de un nuevo régimen político, conceptualizado como “democracia incompleta, deficitaria o parcial“20. Algo similar ocurrió con el proceso español que formalmente comienza con la muerte de Francisco Franco, en noviembre de 1975, y acaba con la aprobación de la Constitución de 1978. Sin embargo, pese a esta representación operativa, existen múltiples aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, que la convierten en una definición exigua desde una dimensión histórica; en efecto, el tránsito de una sociedad desde la dictadura a la democracia requiere de un tiempo que permita reconfigurar a esa sociedad en una nueva cultura política.

Obviando la interpretación oficialista que situó el inicio de la transición en 1980, tras la aprobación de la constitución21, resulta relevante justificar la pertinencia de las fechas establecidas por los autores (1984-1994), entendiéndolas como referencias de una transición más amplia que el fenómeno exclusivamente político-partidista de cambio de régimen, pero limitándola al primer gobierno de post dictadura, donde se asentaron —en lo sustancial— las bases fundamentales que marcaron a la democracia chilena de ahí en más y la cultura política que la caracterizó.

Pues bien, algunos autores afirman que la existencia o ausencia de incertidumbres que potencialmente desestabilizan al nuevo orden democrático es un factor más importante que las fechas e hitos formales que dan inicio o/y término al fenómeno transicional. Para el caso español, por ejemplo, las incertidumbres tensaron el tránsito a la democracia desde 1975, pero se mantuvieron activas con bastante posterioridad a la aprobación de la Constitución en 1978. En ese sentido, la cuestión territorial, el retroceso autoritario y la debilidad del sistema de partidos —materializado en la fragilidad del partido de gobierno, UCD— se mantuvieron activos como incertidumbres desestabilizantes de la nueva democracia hasta por lo menos finales de 1982, cuando los socialistas alcanzan el poder22. Por su parte, Álvaro Soto esgrimió que las incertidumbres que definieron al proceso chileno estuvieron fundamentalmente centradas en el retroceso autoritario, dado el poder que mantuvo el dictador tras el regreso formal a la democracia. Esta cuestión, insiste, solo desapareció en 1998 cuando Pinochet fue detenido en Londres. No solo por el remezón sociopolítico que representó en la contingencia nacional, sino por la decepción que despertó entre sus seguidores las pruebas que lo sindicaban como un ladrón que había amasado una fortuna en el extranjero de forma evidentemente ilegal23.

Desde otro punto de vista, si consideramos el ámbito de la sociedad chilena desde una dimensión histórico-cultural, debemos pensar el fenómeno desde una perspectiva aún más amplia, trazando la transición como el tiempo de la dictadura en sí, esto es, años en los que operan y se combinan una serie de transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que superan por mucho al régimen militar y que, desde una mirada global, se relacionan con el ocaso de la sociedad y el Estado de compromiso anterior al golpe de Estado, y la consolidación de la globalización neoliberal. En ese flujo temporal, los 17 años de dictadura resultan el marco en que lo viejo se funde con lo nuevo; mientras lo anterior no acaba de irse, lo nuevo no termina de consolidarse en pleno proceso de lucha, recuperación y consolidación de la democracia.

Ahora bien, mirado en perspectiva la combinación de ambas dimensiones nos invitan a pensar que esta transición 1984-1994, efectivamente fragua lo que fueron las bases de ese mundo —global— que definieron el comienzo del siglo XXI, y las estructuras político normativas que dieron origen a la sociedad chilena de posdictadura. Es decir, un tiempo de transición entre una sociedad y otra.

2. La política exterior y el papel de Europa y España en la transición chilena

Europa ha representado para Chile y toda Latinoamérica, un espacio de influencia fundamental a lo largo de su historia. Tanto culturalmente como política y económicamente. Si bien es cierto que esta estrecha relación se cortó abruptamente durante la dictadura, ha sido el máximo referente intelectual y político, así como la primera fuente de inversión y cooperación al desarrollo. Sin embargo, tras el golpe de Estado, los gobiernos europeos tendieron a enfriar sus relaciones diplomáticas con el régimen, rompiendo las relaciones políticas y afectando incluso (aunque en mucha menor medida) las relaciones comerciales: para 1985, por ejemplo, la Unión Europea concentraba solo el 33% de las exportaciones, altamente concentradas —además— en productos básicos. Esta cuestión se vio refrendada desde Chile, que tras el golpe privilegió su relación con Estados Unidos en todos los aspectos posibles, destacando lo económico e intelectual: los Chicago boys y parte importante del régimen “consideró las concepciones europeas de Estado y sociedad como un arcaísmo destinado a desaparecer y fuera de la megatendencia de la competitividad global“24.

La dura crítica europea al golpe de Estado, se materializó en sus reiteradas condenas ante la sistemática violación de derechos humanos. También en la recepción de refugiados y asilados políticos que dieron pie a una extensa red de exiliados chilenos en toda Europa. Esta dinámica de cooperación y solidaridad, se estableció desde las distintas entidades de poder europeo, fuese a través de la propia Comunidad Europea y sus distintos órganos comunitarios, como de los gobiernos y partidos políticos nacionales. En esa línea, la cooperación internacional al desarrollo, desplegada en Chile normalmente hasta antes del golpe de Estado, cambió abruptamente de forma con la dictadura, pasando a ser cooperación política no gubernamental basada en la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la sociedad civil. Así se distanció totalmente del Estado autoritario y se focalizó en institutos, organizaciones sociales no gubernamentales y centros de estudios conectados a las fuerzas políticas opositoras al régimen de Pinochet. Esta relación no solo permitió colaborar económicamente con la reactivación de la sociedad chilena, sino que aproximó a diversos europeos —intelectuales, profesionales y hasta curas y religiosas— a la realidad social de ese país.

Esta situación sentó el aislamiento internacional del gobierno de Chile. Las relaciones con la dictadura en lo fundamental, se limitaron a lo diplomático: ya fuese para presionar al régimen o para emplearlas en la colaboración de las fuerzas democráticas del interior. La presión europea por acelerar el retorno a la democracia y más tarde para garantizar elecciones limpias, resultaron fundamentales para que el régimen no se prolongara indefinidamente en el tiempo.

Los nexos históricos y aquellos desarrollados entre esa elite intelectual y militante que se exilió en Europa durante la dictadura con los líderes de los distintos partidos progresistas europeos (socialdemócratas, eurocomunistas y socialcristianos), permitieron restaurar rápida y eficazmente las relaciones políticas y diplomáticas a partir de 1990. Europa occidental —así— jugó un papel relevante para reposicionar a Chile en el sistema internacional, reiniciando una intensa actividad política —la visita de Jaques Delors, presidente de la Comisión Europea, en 1993, fue una muestra patente de ello— y comercial. Ciertamente que la continuidad del modelo económico impuesto por la dictadura —un modelo de desarrollo basado en la apertura al comercio exterior— ayudó al gobierno de Aylwin a atraer capitales extranjeros, cuestión respaldada por su política exterior que incentivó y reactivó las relaciones bilaterales y multilaterales. En este contexto, la UE se convirtió en un socio comercial natural al ser la primera potencia comercial del mundo, llegando a ser el primer inversionista del país25, mientras España pasaba a ser el principal país extranjero en inversión directa26. Esta realidad permitió, a su vez, consolidar el proceso de transición a la democracia. El Acuerdo de Cooperación Chile-Comunidad Europea, firmado en diciembre de 1990, involucró un diálogo político, social y económico que superaba por mucho la cooperación tradicional dada a América Latina hasta ahí27. El acuerdo resultó un apoyo explícito a la transición chilena, manifiesta en la cláusula democrática que anulaba inmediatamente cualquier acuerdo en caso de experimentarse algún retroceso autoritario. Paralelamente, fue fundamental para financiar parte importante de los programas sociales de emergencia que debió establecer el gobierno ante la altísima tasa de pobreza existente. Estas buenas relaciones permitieron la visita de Aylwin a Bruselas —pasando por Madrid y otros cuatro países más28— la ya mencionada visita de Delors a Santiago, y la instalación de la Fundación Europa-Chile para promover negocios y vínculos empresariales. De esta forma, junto a los nuevos mercados que se abrían para Europa, también se convertía en una ayuda y guía para fortalecer la gestión de políticas públicas, la cooperación y el desarrollo.

Para España, en tanto, la transición a la democracia representó una necesaria reformulación de su política exterior. Tanto en sus formas —que incorporaban los controles parlamentarios, la participación de la opinión pública, entre otras— como en una nueva filosofía que inspirase un nuevo diseño y una nueva dimensión de lo internacional a partir de la renovación de intereses, principios y objetivos. En lo fundamental, se establecieron dos grandes etapas de este cambio desde el fin de la dictadura; una de transición (1976-1988) caracterizada por replanteamientos, definiciones y aprendizajes en los que España terminará definitivamente por reinsertarse en el sistema internacional, y otra que, desde 1988 en adelante, definió una política exterior ya normalizada, sobre un proyecto global —en un contexto de fin de Guerra Fría y construcción del nuevo orden internacional— donde España reforzó su presencia, implicación y relevancia tanto en América Latina como en el Mediterráneo29. En ese contexto, los valores de la nueva acción exterior acabaron vinculados al multilateralismo, la paz, la democracia, el desarrollo económico-social, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos30.

El retorno y consolidación de la democracia permitió a España dialogar, insertarse y legitimarse en el amplio marco de países democráticos, experiencia que también viviría Chile a partir de la década de 1990. En el caso de España su discurso democrático, reforzado por el respeto a los derechos humanos, la posicionó como un actor relevante frente a los regímenes autoritarios de América Latina31. Este perfil se vio fuertemente respaldado por la decisión del gobierno socialista de establecer una política coherente y global como paso fundamental para la reinserción de España en el sistema internacional. El propio Felipe González así lo indicaba en su discurso de investidura, en 1982, insistiendo que esa ausencia de un proyecto global de política exterior era una de las carencias heredadas del franquismo. Fue por estas razones, que junto a la integración europea, el PSOE apostó por una política exterior activa en dos ámbitos específicos: el Mediterráneo e Iberoamérica, entendiendo que estos espacios reposicionarían a España en el sistema internacional32.

Para Iberoamérica, la preocupación de la política exterior se centró primeramente en la defensa de los derechos humanos, así como en la protección jurídica de los refugiados de regímenes autoritarios. La decisión del gobierno del PSOE era convertir a España en un auténtico referente en esta materia. Igualmente, y tras afianzar y definir su política exterior, el gobierno socialista buscó consolidar los procesos de democratización en la región, tanto en Centroamérica como en el Cono Sur. Con estos motivos se creó, en 1983, la Oficina de Derechos Humanos, dependiente directa del Ministerio de Asuntos Exteriores, que tuvo por objetivo realizar un seguimiento al comportamiento internacional del respeto a las libertades y los derechos humanos tanto dentro como fuera de España. En paralelo, se creó una comisión encargada de estudiar los distintos casos de españoles desaparecidos en las dictaduras argentina y chilena, con la finalidad de generar material e información que permitiera al gobierno tener la mayor cantidad de antecedentes posibles respecto a la situación de los derechos humanos en cada dictadura.

En materia económica el gobierno socialista mantuvo buenas relaciones con América Latina de modo de propiciar la inversión de capitales españoles en los distintos países de la región. Esto tomó forma a fines de los 80’ cuando la situación económica y comercial de capitales españoles en América Latina comenzó a representar un impacto sustantivo en el PIB español. En este sentido, conviene hacer mención al debate ético que se produjo en torno a la venta de armas a países en dictadura. Si bien se impidió la venta de material bélico y antidisturbio para Chile, varias investigaciones parlamentarias dieron cuenta que las relaciones comerciales de esa índole se mantuvieron en el continente, reflejando que el interés económico interno, a veces, estuvo por sobre las consideraciones éticas33.

Con el término de la dictadura, ya en la década de 1990, el gobierno español asumió que debía entregar un amplio margen de confianza a los nuevos gobiernos democráticos, redefiniendo su rol como asesor y orientador, coincidiendo con su proyecto de afianzar una cultura política nueva, sostenida en la protección de los derechos fundamentales. Reposicionar al país en el contexto internacional, fue —en efecto— una cuestión que Felipe González estableció como objetivo prioritario de su política exterior. La similitud identificada con las necesidades chilenas solo unos años más tarde, enfatizaron las relaciones entre ambos países, siendo un vínculo natural entre Chile y la UE, a través de una política de libre comercio, democracia y respeto a los derechos humanos.

3. La transición chilena. Representaciones y aportaciones comparadas desde España

La rebelión popular iniciada en 1983 con las protestas nacionales, fue acompañada por los partidos políticos opositores que se habían reposicionado en el escenario público a partir de ese auténtico despertar de las mayorías34. Ahora bien, no fue hasta 1984 cuando comenzaron a dilucidarse con mayor claridad los caminos y estrategias que tomarían los partidos en esta lucha por el retorno a la democracia. Durante ese año, la oposición se había organizado en dos bloques; por una parte, la Alianza Democrática (AD) que reunía a socialistas renovados, democratacristianos, radicales y liberales y, al menos durante 1983, centró sus esfuerzos en la movilización pacífica como estrategia central de presión, pero siempre teniendo como premisa una acción pacífica y plural que recogiera a un amplio espectro de la sociedad civil. Por otra, estuvo el Movimiento Democrático Popular (MDP), que aglutinó a comunistas, al MIR y al sector más ortodoxo del socialismo (PS-Almeyda). La creación, ese año del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) como brazo armado del Partido Comunista chileno (PC,) había consolidado la política de Rebelión Popular de Masas que legitimaba todas las formas de lucha contra el régimen. Esta política, sumada a la decisión del MIR y de un sector del MAPU de legitimar la violencia activa como estrategia contra el régimen, estableció una división en el conjunto de la oposición en torno a la violencia, que a la postre resultó imposible de superar. Las lecturas acerca de cómo enfrentar al régimen, fueron progresivamente lacerando las posibilidades de la oposición de desestabilizar a la dictadura. Esta incapacidad de llegar a acuerdos duraderos sirvió para la reorganización del régimen y para que los sectores moderados de la oposición impusieran sus tesis de institucionalización en la normativa autoritaria, cuestión que tomó forma en 1984, haciéndose hegemónicos en 1986, después del atentado a Pinochet35.

La temprana división de la oposición a la dictadura, se remontaba a las representaciones que los distintos sectores de la oposición atribuyeron como casusas del abrupto fin de la democracia en 1973. En ese sentido, las tesis que señalaban el aumento exponencial de la conflictividad social al punto de fracturar el sistema político, se enfrentaban a aquellas de corte clasista que insistían, además, en la injerencia del imperialismo norteamericano como factor decisivo de la derrota popular. Ahora bien, estas viejas diferencias que enfrentaban a la DC con los partidos de la UP, experimentaron un importante cambio en la correlación de fuerzas para estos años, a partir de la profunda y radical fractura que vivió el socialismo chileno. Este fenómeno conocido como la renovación socialista36, estuvo estrechamente influido por la situación internacional y las experiencias que muchos opositores chilenos tuvieron del exilio europeo. Sobre todo del contraste que representaba la vida en uno y otro lado del telón de acero37. El proceso francés liderado por Francois Miterrand entre 1981 y 1995, por ejemplo, marcó y aproximó —paradojalmente— al otrora ortodoxo socialista Carlos Altamirano o al ex MIR, Carlos Ominami, con la sociedad capitalista a través de la socialdemocracia. Igualmente ocurrió con el eurocomunismo italiano liderado por Enrico Berlinguer entre 1973-1991. Su rescate del pensamiento de Antonio Gramsci, penetró hondamente en políticos e intelectuales de la izquierda chilena, que comenzaron a abrazar las visiones y proyectos que incentivaban un pacto interclasial que no solo criticaba al marxismo soviético sino se aproximaba a establecer a la democracia como un fin en sí mismo38. También incidió la experiencia socialdemócrata sueca bajo el liderazgo de Olof Palmë (1973-1986) o la República Federal Alemana a través del Partido Socialdemócrata alemán de Willy Brandt39. Así pues, estas experiencias influyeron decididamente en la renovación del pensamiento socialista, distanciándolo del discurso de clase que había marcado su historia, aproximándolo a la socialdemocracia europea que incorporaba al mercado como un elemento más en las estrategias de desarrollo.

El giro vivido por parte de la izquierda chilena, se observó primeramente en los nuevos análisis que realizaron de la experiencia allendista. El fracaso de la Unidad Popular, señalaron, respondía a la incapacidad del gobierno de establecer alianzas político-sociales transversales que permitieran dar estabilidad al gobierno y su proyecto político. En ese orden, los socialistas chilenos encabezados por el propio Altamirano, plantearon un vuelco radical a sus principios, dando paso a reivindicaciones sociales y políticas que buscaban una convergencia del centro con la izquierda, de manera de alcanzar un programa de transformaciones, pero siempre en el marco del régimen democrático-liberal.

Ahora bien, si la influencia europea en la renovación socialista tuvo un papel relevante, la experiencia española de transición a la democracia, coronada con el arribo al poder del socialista Felipe González, en 1982, resultó crucial. No solo para consolidar el giro que representaba aceptar el libre mercado sino también para aproximar la relación entre el socialismo chileno y el español. Esta relación tomó formas variadas; junto a la proximidad ideológico-intelectual, el PSOE colaboró económicamente con el socialismo chileno, patrocinando actividades, reuniones e incluso la sede del PS chileno en Madrid. Esta proximidad situó a Eric Schnake como uno de los máximos exponentes de la renovación socialista chilena, apoyando las directrices de la Internacional Socialista que también delineaba los marcos del socialismo español. “No hay ninguna duda que en nosotros ha influido notoriamente la presencia del PSOE y especialmente de su líder, Felipe González“, señalaba Schnake. “Nuestra reivindicación permanente, sentida y verdadera, es la democracia sin apellidos (...) esto es, en el esquema de las grandes divisiones del socialismo en el mundo, tomar la opción socialdemócrata o socialista democrática, que es lo mismo“40.

Esta estrecha colaboración también se escenificó en la Democracia Cristiana y sus símiles alemán e italiano. La proximidad permitió fortalecer las iniciativas intelectuales y sociales que se realizaban en la oposición. Por una parte, para incentivar los vínculos académicos entre intelectuales de izquierda con la universidad europea así como el patrocinio de actividades y organizaciones de base que se despegaban en las poblaciones de Chile, y que intentaban reactivar la repolitización de la sociedad en clave democrática, cooptando igualmente los incipientes espacios de autonomía que allí se desplegaban41.

Políticamente, esta influencia tomó forma a través de varios hitos. El primero fue la rápida convergencia del socialismo con la DC en la Alianza Democrática, en 1983. Su existencia resultó clave para conducir la protesta y comenzar una presión decidida contra la dictadura. Sin embargo, adquirió mayor consistencia en 1985, cuando a partir de la base DC-PS, un amplio espectro de la oposición firmaba el Acuerdo Nacional para Transición Plena a la Democracia, amparados por la iglesia católica, máximo referente del consenso y el diálogo42. El análisis de la prensa española sobre este acontecimiento evidencia el significado atribuido, considerándolo como un paso básico y fundamental para el retorno a la democracia, destacando “el amplio acuerdo político para recuperar la democracia“ que significaba la unión de una oposición tan amplia. Se destacó, igualmente, la figura del cardenal Fresno por su papel como articulador del diálogo y promotor de un marco mínimo que garantizara el pronto y pacífico retorno a la democracia solventado en una auténtica reconciliación nacional43.

Sin embargo, esta unidad entre el centro y un sector de la izquierda, no alcanzó para agrupar a toda la oposición. Mirado comparativamente con la experiencia española, este fraccionamiento impidió que los pactos cruzaran el amplio espectro de la política nacional aislando a los autoritarios y continuistas —la UDI y el pinochetismo más duro— como había ocurrido en España con el sector duro del franquismo. En este sentido, las sinergias que se dieron en la base de la sociedad entre socialistas y comunistas sirvieron para aglutinar a toda la oposición española en la lucha por la democracia, cuestión que no ocurrió en Chile donde finalmente los partidos terminaron por dividir los rumbos de la oposición44.

La división tomó forma definitiva en 1986, cuando en el transcurso de tres meses una serie de acontecimientos terminaron por fraccionar para siempre a la oposición. El paro del 2 y 3 de julio, brutalmente reprimido por el régimen, el hallazgo de armamentos en Carrizal Bajo y el atentado contra Pinochet en septiembre de ese mismo año, acabaron con cualquier opción de unión: mientras la persecución de la CNI contra el MDP y las rencillas internas terminaban por fragmentar a la izquierda marxista, las tesis moderadas de la negociación e institucionalización se convirtieron en la única vía de la Alianza Democrática. La reconfiguración del escenario político supuso el aislamiento progresivo de la izquierda insurreccional, siendo ésta y no el sector duro del régimen —como ocurrió en España— los grandes derrotados del proceso transicional45.

El análisis de la prensa española de estos meses de 1986, deja en evidencia el sentir del periódico más cercano al gobierno socialista. Por un lado, insistía en sus dudas respecto al efecto que la violencia insurreccional podría tener como estrategia de choque ante un régimen todopoderoso y cruel, que no dudaba en reprimir, pero que además utilizaba dicha violencia para postergar la democratización del país. Por otra parte, se insistía que la violencia impedía lo que a vista de la experiencia española parecía el único camino efectivo de avance hacia la democracia: la unión del conjunto de la oposición a través de una propuesta o programa único de retorno a la democracia que incentivara el giro democrático de los sectores liberales del régimen46.

Se insistía —así— en la urgencia de acuerdos de toda la oposición, amparada en un diálogo amplio e inclusivo que incorporara transversalmente a la sociedad. En esa línea, se destacaba positivamente, por ejemplo, la relevancia que representaba para la causa democrática que el paro de julio fuese convocado por la Asamblea de la Civilidad, ente que reunió transversalmente a una serie de organizaciones sociales, sorteando así la renuente disposición de los partidos opositores a unirse en la lucha por la democracia. El País, asumía —precisamente— que “el lastre más grave que ha frenado a la oposición es la división“ entre comunistas y democratacristianos, siendo el desafío establecer la unión, pese a carecer de un necesario programa mínimo conjunto. Era el único camino viable, según el periódico español, para obtener a la brevedad el retorno a la democracia47. Pues tras el atentado a Pinochet, la declaración del estado de sitio, y la definitiva división opositora, la movilización social se vio profundamente debilitada. AD se centró en negociar con el régimen una apertura política a cambio del reconocimiento de la normativa constitucional. En ese contexto se organizó el plebiscito de 1988, contando con una activa colaboración internacional para garantizar unas elecciones regulares y transparentes.

En España, la idea de “exportar“ el modelo de transición tenía que ver con la representación “modélica“ que por esos años se construye del proceso político48, no obstante se reconozca —incluso entre sus máximos defensores— que la construcción de la transición tuvo mucho más de pragmatismo político contingente que de plan meditado, como lo expresó el propio Felipe González en más de una ocasión49. Pues bien, en la línea de replicar el modelo transicional español y de acuerdo a la política exterior desarrollada por el gobierno socialista de fortalecimiento y defensa de los derechos humanos, España inició una serie de iniciativas en la región. De este modo, a su cercanía ideológica con la oposición chilena, se sumaron sus intereses estratégicos, redundando todo en una fuerte convicción en colaborar con el retorno a la democracia.

En esa línea, ya en 1987, se había creado el Comité de apoyo a las elecciones libres en Chile, con el objetivo de recolectar fondos para la campaña por el NO, incluyendo no solo al PSOE, comunistas y los sindicatos de UGT (Unión General de Trabajadores) y CCOO (Comisiones Obreras), sino que también a la derechista Alianza Popular. Es decir, existía un amplio consenso respecto a la necesidad de que Chile retornara a la democracia, más allá del debate producido en el parlamento a partir de las ayudas económicas directas hacia la oposición chilena50.

Durante 1988, las expresiones por la democracia chilena aumentaron exponencialmente al igual que la visita de autoridades españolas con motivo del plebiscito. Primero juristas visitaron Chile en febrero de 1988; la Caravana por la Paz, los presos políticos y los derechos humanos en América y contra las penas de muerte en Chile, fue un contundente mensaje del poder judicial español. Luego, en julio, una comitiva de autoridades de gobierno y parlamentarios socialistas viajaron para promover el retorno a la democracia; meses más tarde, en las vísperas del plebiscito, ministros y portavoces del gobierno socialista realizaron una visita de promoción de la democracia que abiertamente criticaba el continuismo. Incluso la Cámara de Diputados expresó su solidaridad con todos aquellos que reivindicaban la democracia en el proceso eleccionario chileno. Por su parte, la embajada española intentó traspasar la experiencia que les había tocado vivir en el proceso español unos años antes, conscientes de las similitudes que presentaban ambos procesos51. En ese sentido, como plantea Goicovic, ambas elecciones sirvieron para definir un itinerario de transición y legitimar un nuevo orden político que marcó profundamente la historia de ambas sociedades52. La diferencia —evidente y fundamental— era que el proceso español se realizó sin el dictador presente, es decir, solo con el orden heredado y la presión de sus seguidores, a diferencia de Chile donde el dictador siguió desempeñando un papel central de la vida política del país: primero como Comandante en Jefe del Ejército —inamovible por el poder civil— luego como senador vitalicio. Solo su detención en Londres, diez años después de su derrota electoral, pudo acabar definitivamente con su injerencia directa en el escenario político chileno53.

Para el plebiscito de 1988, la delegación española de observadores internacionales tuvo a miembros de distintos partidos y sindicatos. Fue por lejos la delegación más numerosa con más de cincuenta miembros de un total de 400 que llegaron de 24 países. La efervescencia por el eventual término de la dictadura chilena despertó gran expectación en todo el viejo continente. Que Adolfo Suárez fuera el jefe de la delegación internacional da cuenta de la relevancia que tenía para la diplomacia española el plebiscito chileno, sobre todo porque existía en el amplio espectro político español, la convicción de traspasar sus experiencias a los chilenos, de manera de encausar definitivamente el proceso de transición por la vía del diálogo, el consenso y la negociación.

Este discurso de mesura y actitud dialogante fue bien recogido por Patricio Aylwin, que durante las jornadas previas al plebiscito, se encargó de desmontar el discurso del terror impuesto por el régimen, reiterando que la economía no sufriría grandes modificaciones de ganar el No. Este mensaje y la propia actitud del líder de la oposición fue muy destacada por la prensa española, oponiéndola al discurso del régimen que apuntó al miedo, al retorno del marxismo y el derrumbe económico como estrategia principal de campaña54.

Pese a la incertidumbre y el temor a un desconocimiento de los resultados, la oposición mantuvo la calma en esa jornada del 5 de octubre. La división interna al interior de la Junta de Gobierno, al igual que la evidente claridad que para los veedores internacionales tenía el triunfo del No, obligaron a Pinochet a reconocer su derrota. Los valores de la transición española de consenso, diálogo, apertura, aceptando la economía de mercado y parte importante del pasado autoritario, estaban presentes en el discurso de la oposición chilena. El propio informe de Adolfo Suárez, ratificaba cómo los españoles presentes en este proceso eleccionario identificaban la presencia de la transición española en el proceso político chileno55. Esa noche muchos miembros del PSOE se confundían entre los chilenos que festejaban en el Comando por el No56.

4. El gobierno de Patricio Aylwin y la representación española de la transición (1990-1994)

Tras el triunfo del No, el planteamiento general desde España fue acelerar los tiempos trazados por la Constitución, porque parecía inverosímil tener a Pinochet un año y medio más en el poder. Se creía que era una situación absurda e incluso el Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez insistió que las relaciones se reforzarían solo una vez alcanzada la democracia57. La proximidad, no obstante, fue inmediata e importantes personeros de la oposición estuvieron en constante contacto con figuras del gobierno español. Por su parte, se insistió que el desplome de la derecha pinochetista —igual como había ocurrido con el franquismo— sería una evidencia de la necesidad de apurar el tranco entre una amplia mayoría de aquellos que pretendían una democracia moderna58. Sin embargo, la relevancia de Pinochet y la vigencia de su poder eran cuestiones demasiado determinantes, que distaban mucho de lo que había ocurrido en el caso español. Jorge Arrate, tras el triunfo de Aylwin, se encargó de situar a la prensa española señalando que “en la transición chilena no tenemos rey y Franco está vivo“59. En efecto, no había ninguna figura que pudiera hacer contrapeso a Pinochet como para modificar los tiempos impuestos por la dictadura. Entre octubre de 1988 y el triunfo de Aylwin en diciembre de 1989, se llevaron adelante una serie de negociaciones entre régimen y oposición que ratificaban la vigencia de Pinochet. Ahí se acordaron algunos cambios en la Constitución (como la legalización de los partidos obreristas, entre muchos otros), pero también se ratificaron los enclaves autoritarios de la democracia protegida60. Pese a los cambios mínimos, la derecha moderada los entendió como unos verdaderos Pactos de La Moncloa, mientras la oposición —ansiosa por asegurar el fin de Pinochet— aceptó sin grandes problemas los múltiples amarres constitucionales61. Pinochet mantuvo —en ese escenario— todas las prerrogativas que la Constitución de 1980 le había dado.

La fiesta democrática que representaba el fin de una dictadura cívico militar, atrajo a mandatarios y figuras de todo el mundo62. Felipe González, llegó luego de la ceremonia de traspaso de mando, para así evitar saludar al general Pinochet. Con la presencia de González se confirmaba la relevancia que tenía para España el retorno a la democracia en Chile. En esa ocasión el presidente del gobierno español, sabedor de las dificultades a las que debía hacer frente el nuevo gobierno democrático, comprometió la participación de España en la creación de un fondo de solidaridad e inversión social a través de un Acuerdo Amistad y Cooperación, ratificando la diplomacia de colaboración que el gobierno del PSOE había establecido con las democracias latinoamericanas63. Estas intenciones se ratificaron en octubre de 1990, con la visita de los reyes a Chile y la firma oficial del tratado. El viaje de los reyes, cabe consignar, vino a ratificar las relaciones entre ambos países despertando gran expectación debido a la importante labor del Rey en la consolidación de la democracia en España; su visita en momentos de igual complejidad fue reconocida transversalmente por el sistema político y los medios de comunicación64.

Una de las cuestiones que más destacó la prensa española fue el carácter de estadista que presentaba Patricio Aylwin. Su tono dialogante y pausado, se encargó de encajar perfectamente en ese perfil ideal para el tránsito que se iniciaba, poniendo fin al enfrentamiento y la polarización, como enfatizaba El País respecto al aura presidencial del democratacristiano que lo convertía en una figura integradora65. Igual ocurría con la coalición que daba sustento a Aylwin; la unión de la DC y el socialismo representaba romper con la profunda división experimentada durante la Unidad Popular.

El triunfo de Aylwin, vino a corroborar la percepción extranjera, respecto a la amplia mayoría que se abría al retorno a la democracia66. Ahora bien, pese a esa abrumadora mayoría, existía clara conciencia sobre las dificultades que tocaría afrontar en el gobierno de transición: los laberintos constitucionales de una carta diseñada a imagen de Pinochet, garantizar la estabilidad política, social y económica, y abordar aquello que se había establecido como una obligación moral en el programa de gobierno: conocer la verdad de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura, con Pinochet como máximo responsable de las FF.AA., eran los desafíos urgentes que debía saber afrontar el gobierno de Aylwin.

Este último aspecto sería central en la consolidación de la democracia. La presencia del dictador, ciertamente, ponía una dificultad añadida con el que el proceso español no había contado, máxime cuando observaría el desempeño del Ejecutivo desde la Comandancia en Jefe del Ejército. Además, no había ninguna figura de contrapeso a Pinochet y si bien la iglesia católica había jugado un papel relevante de articulador y moderador del diálogo (de algún modo como el propio Juan Carlos I había hecho en España), no tenía posibilidad alguna de actuar como lo había hecho el monarca en 1981 cuando frenó el intento de golpe. Es más, Pinochet buscó todas las formas de provocación durante esos años para demostrar públicamente que el presidente no estaba por sobre su autoridad67. Por lo mismo, se insistió desde España en la necesidad de fortalecer la figura presidencial, la pericia del gobierno y la paciencia de los grupos y partidos que lo apoyaban, como estrategia para impedir un retorno autoritario68. El temor a Pinochet se mantuvo latente en los medios españoles, tanto por la arrogancia del dictador, como por la fuerte alianza en la que se sostenía: las Fuerzas Armadas y principalmente el Ejército, y los partidos de extrema derecha empeñados en defender el legado autoritario, esto es, mantener activo en la vida política al dictador.

Esta situación que marcó la preocupación española respecto al gobierno de transición comandado por Aylwin, presentó dos hechos que resultaron emblemáticos. Por una parte, la publicación del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), en febrero de 1991, y la salida de los militares a las calles, en 1993, como evidente amenaza al orden democrático.

El Informe Rettig representó un esfuerzo valioso en el reconocimiento oficial del Estado, de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile durante la dictadura militar. Su publicación a comienzos de 1991, reconocía a más de dos mil víctimas del terrorismo de Estado, aunque dejaba en un segundo plano a los autores del horror. El compromiso había sido verdad, pero se sabía que la justicia, en esos momentos era imposible. En el país se manifestaba, en realidad, una suerte de “cambio en la continuidad“, donde si bien las libertades públicas y la institucionalidad se recuperaban, en el ámbito de la justicia la situación era más compleja. La conocida visión del presidente Aylwin, justicia en la medida de lo posible, resumía el carácter conservador de este proceso político69. Cabe consignar, además, que solo unos meses antes, Pinochet había acuartelado al ejército luego de la filtración de los “pinocheques“ que establecían la responsabilidad del hijo del general en una estafa de proporciones. La fragilidad de la democracia chilena era evidente.

En España, sin embargo, el silenciamiento de la identidad de los responsables impactó notablemente: el Estado de Chile reconocía abiertamente más de dos mil asesinatos, torturas y desaparición de personas, con manifiesta responsabilidad de agentes del Estado, pero nada se señalaba sobre los verdugos. Menos de posibles sanciones. Se establecía una pormenorizada información de cada caso, pero no se indicaba un solo responsable70. Esta cuestión abrió un intenso debate en la opinión pública española ante el horror de reconocer el terrorismo de Estado materializado en cuerpos, familias e historias y el silencio que acompañaba a este reconocimiento de Estado. Fue este tema, con seguridad el que comenzó a abrir las grietas de la transición, estableciendo la disyuntiva que representaba el dilema ético del silencio en aras de la estabilidad y gobernabilidad.

El informe (…) suscita varias preguntas morales y de orden político. Todas tienen que ver con la conveniencia de nombrar, o no, a los responsables de la represión y la consiguiente necesidad de perseguirlos, o no, judicialmente para que paguen sus crímenes ¿es justo que no se les castigue? ¿Conviene pasar la página y apaciguar así las tentaciones golpistas de los militares chilenos?71

La respuesta del propio periódico ponía de manifiesto la vigencia del proceso español como modelo de consolidación democrática, pese a lo doloroso que podía parecer este silencio que libraba de responsabilidades a sus responsables: “Puede que la idea de olvido para hacer posible el porvenir repugne a la gente de bien, y, sin embargo, ¿cómo no pensar que el pragmatismo de los chilenos en esta ocasión es prudente? Salvadas las distancias, copia otro modelo bien sensato. El de España en la transición“, finalizaba72. Efectivamente, El País, se hacía eco de las voces más próximas al gobierno socialista e incluso del Rey, que habían entendido que Aylwin y la coalición en que se sostenía la transición, aún navegaba por turbulentas aguas para construir delicados y frágiles consensos73. Nadie debía olvidar que Pinochet seguía presente en la vida política tal como lo demostró un año más tarde, cuando la judicialización de varios casos en contra de sus hombres, tomaban caminos inaceptables para el dictador. Pinochet no dudó en sacar a sus hombres a las calles, mientras el presidente Aylwin se encontraba de visita en Europa, haciendo presente su vigencia como garante de su institucionalidad. Pinochet ya lo había aclarado años antes cuando explicó a la prensa por qué había decidido quedarse como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas: “Mi gente no va a ser tocada. (…) voy a seguir siendo comandante en jefe para tener a mi gente protegida“, señalaba74. De esta forma, Pinochet siguió siendo la gran piedra de tope para la consolidación de la democracia. Tras su retiro, se estableció como senador designado, hasta que un juez español logró detenerlo en Londres, en 1998, acabando con su injerencia directa en la vida política chilena. Pero su marca —y la de todo su régimen— quedaron grabados en la Constitución que hasta hoy define buena parte de los destinos del país.

5. Consideraciones finales

El papel de Europa y más concretamente de España en la transición chilena desempeñó distintas tareas a lo largo de los años analizados, aunque siempre concentró en la democracia y el respeto a los derechos humanos su norte de acción. En un primer momento, las redes europeas de solidaridad sirvieron para fortalecer la repolitización de la ciudadanía chilena patrocinando instancias y espacios que impulsaban la lucha por la recuperación de la democracia. Tanto en el exilio como al interior del país. En paralelo, se consolidó el aislamiento a la dictadura mientras se presionaba para garantizar elecciones libres y democráticas. En ese sentido la participación de veedores internacionales de todas partes del mundo y de diversos sectores políticos fueron muy relevantes para garantizar la transparencia del plebiscito de 1988, que terminó con diecisiete años de dictadura. Luego, tras la salida de Pinochet, la UE se preocupó de reactivar las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales de manera de colaborar en el proceso de consolidación democrática a través de la internacionalización de Chile. Esta estrategia fue de la mano con el posicionamiento moderado y consensual del gobierno de la Concertación, que, a través de una política comercial abierta y multilateral, se insertó con éxito en el sistema internacional, alcanzado altos índices de crecimiento que garantizaron estabilidad y legitimidad alejando así el peligro de un retroceso autoritario.

Por su parte, la transición española también jugó un papel relevante en el proceso chileno. España fue fuente de inspiración tanto para la izquierda como para la derecha; la influencia del desplome franquista sirvió de lección para todo el edificio normativo que representó la constitución política de 1980 como salvaguarda de la obra del régimen. La renovación socialista —asimismo— y todo el discurso moderado de diálogo y consenso con el oficialismo autoritario, fue parte de la presencia española respecto a los caminos que debía trazar la izquierda para alcanzar la democracia y el poder75. En ese sentido, la ascensión de los socialistas al poder en 1982, permitió estrechar lazos entre el gobierno y los dirigentes de la oposición definiendo igualmente el paulatino giro de parte del socialismo chileno hacia posturas socialdemócratas. Estas experiencias repercutieron en una progresiva moderación de los discursos de la oposición, centrando en el consenso, el diálogo interclasial y el respeto a la economía de mercado, las bases en las que se construyó una oposición capaz de llevar adelante el tránsito entre dictadura y democracia, pese a contar —hasta 1998— con el dictador como un actor protagónico de la vida política chilena. Es cierto que, a diferencia de España, los acuerdos y pactos no lograron aglutinar al conjunto de la oposición, cuestión que repercutió en la debilidad de la oposición y la movilización social. Luego del atentado a Pinochet, el fraccionamiento opositor fue definitivo llevando al sector moderado a negociar y aceptar la normativa de la dictadura, la Constitución de 1980. Este giro hacia la subordinación en la normativa autoritaria en aras de un consenso amplio, así como los objetivos que la política exterior del PSOE formuló y ejecutó hacia América Latina, permitieron una convergencia entre ambos gobiernos democráticos, convirtiendo a la experiencia española no solo en una referencia obligada para el caso chileno sino también al gobierno de Felipe González en un cercano asesor del gobierno chileno en este complejo tránsito político.

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1 Doctor en Historia Contemporánea, Catedrático de Universidad, Universidad Autónoma de Madrid. España. Director de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, Fundación Santillana-UAM

2 Doctor en Historia Contemporánea, Profesor Titular, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Chile.

3 El punto de inicio de esta convergencia podríamos situarla en la influencia del caso español en Jaime Guzmán, principal ideólogo político de la Constitución de 1980, refractario del desplome de la estructura normativa franquista, tras la muerte de Francisco Franco. Precisamente para impedir que la obra del régimen chileno viviera un similar proceso Guzmán enfatizó la necesidad de estructurar un orden jurídico “tramposo“, para impedir cualquier cambio estructural. Para ver la influencia de Guzmán en el proceso constituyente ver, Huneeus, Carlos; El régimen de Pinochet. Ed. Sudamericana, Santiago, 2000. Para un análisis de las trampas constitucionales, ver: Atria, Fernando, La Constitución tramposa. LOM Ediciones, Santiago, 2013.

4 Una relevante contribución historiográfica al estudio Chile-España se encuentra en la obra de María José Henríquez Uzal. Dentro de esta cabe destacar recientemente María José Henríquez, “Una historia cruzada: el reencuentro democrático entre Chile y España (1990-2014)“ del trabajo colectivo dirigido por Azcona Pastor, José Manuel (Dir.), Emigración y relaciones bilaterales España-Chile (1810-2015). DYKINSON SL, Madrid, 2016, pp. 255-280. Su mirada invita a observar la historia reciente de la relación hispano-chilena desde una perspectiva de transferencia —sobre todo política— e historia cruzada, es decir, destacando los aspectos subjetivos de la relación que despiertan en uno y otro continente, la intersección de experiencias, así como la influencia recíproca entre ambos países.

5 Para una mirada de la colaboración europea con la sociedad civil en dictadura ver; Bastías, Manuel, Sociedad civil en dictadura. Ed. Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2013. Para una mirada desde Europa ver; Fernando, Camacho, “La solidaridad sueca con Chile durante el gobierno de la Unidad Popular y el régimen militar. Características principales y estrategias políticas“. En: Mira, Guillermo, Pedrosa, Fernando (coord.); Extendiendo límites. Nuevas agendas en historia reciente. Sevilla, 2016; Martínez Lillo, Pedro A., García, Cristina Lu,; “Derecho Humanos y política exterior: teoría y práctica del proyecto socialista“. En; Soto Carmona, Álvaro, Mateos López, Abdón (dir). Historia de la época socialista: 1982-1996. Silex, Madrid, 2013; Santoni, Alessandro, “Comunistas y socialistas italianos frente a la causa chilena: solidaridad y renovación (1973-1989)“. Revista Izquierdas, Núm. 19, 2014, pp. 112-130.

6 Santoni, Alessandro, Elgueta, Raúl, Sáez, Luciano; “Entre direcciones opuestas: la acción de Lobbying y de difusión de la embajada de Chile en la España de Felipe González (1982-1988). Revista Tiempo Histórico, año 9, N°17, julio-diciembre, Santiago, 2018, pp. 87-107.

7 Milet, Paz, “La política exterior de Chile: enfoque histórico, 1990-2010“. En: Artaza, Mario, Ross, César (eds.); La política exterior de Chile, 1990-2009. Del aislamiento a la integración global. Ril editores, Santiago, 2012. pp. 315-316.

8 Soto Carmona, Álvaro. Transición y cambio en España. 1975-1996. Alianza Editorial, Madrid, 2005, p. 31.

9 ibídem, p. 34. Asimismo, Soto Carmona, Álvaro, “El triunfo de la democracia. Las transiciones: un camino hacia la democracia“. En: Rovira, Antonio (coord.); Gobernanza democrática. Marcial Pons, Madrid, 2013. pp. 197-231.

10 El rechazo al golpe de Estado resultó casi completo en Europa. En esto la idealización del proceso revolucionario “a la chilena“, su violento y estremecedor fin, marcó críticamente la conciencia de los europeos, que la rechazaron casi sin matices durante sus diecisiete años de existencia. Se pasó de “la utopía moderna a la antiutopía“, plantea Fermandois, Joaquín, Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004. Ediciones UC, Santiago, 2004, pp. 393-394. Para muchos jóvenes españoles, en tanto, la vía chilena al socialismo significó una posibilidad real de participar en un proyecto de cambio social, una auténtica utopía comparada con la estancada realidad que representaban treinta años de franquismo. María José Henríquez “Una historia cruzada: el reencuentro democrático entre Chile y España (1990-2014)“… Op. cit., p. 257.

11 Existe un amplio debate sobre los grados de autonomía que mantuvo la protesta social, en relación a los partidos políticos. Solo a modo de síntesis, aquí entendemos que sin la correlación de fuerzas que entregó la oposición partidista en su conjunto, así como la fuerza de la sociedad civil movilizada contra la dictadura, la desestabilización del régimen, a partir de 1983, habría resultado imposible. Para una mirada que respalda esta representación, ver; Riquelme Alfredo.; Rojo Atardecer. El comunismo chileno entre dictadura y democracia. Centro de Investigación Diego Barros Arana, Santiago, 2009, pp. 124-125.

12 Salinas, Darío, Teitelboim, Carolina; “Los límites de la democracia en Chile“. En Silvia Gómez Tagle, Willibald Sonnleitner (Eds.); Mutaciones de la democracia: tres décadas de cambio político en América Latina. El Colegio de México, México, 2012, pp. 79-80.

13 Martínez, Lillo Pedro, Rubio Apiolaza, Pablo, América Latina actual. Del populismo al giro de izquierdas. La Catarata, Madrid, 2017. Asimismo, Garretón, Manuel Antonio; La sociedad en la que vivi(re)mos. Introducción a la sociología al cambio de siglo. LOM Ediciones, Santiago 2000, p. 120.

14 Soto Carmona, Álvaro; “Sociedad civil versus Elites. Las transiciones a la democracia en España y Chile“. En, Boisard Stéphane et Vargas, Bruno; De la Dictature á la démocratie en Espagne et au Chili : Retour critique sur la “ troisième vague de démocratisation de la fin du XXe siécle “ Les Cahiers de Framespa. Núm. 27. 2018.

15 Soto Carmona,Álvaro, “El triunfo de la democracia… Op.cit, pp. 220-222.

16 Soto Carmona, Álvaro, Transición y cambio en España… Op. cit., pp. 48-49.

17 El interés por despolitizar las necesidades que marcan la realidad social y política del Chile actual, ha resultado evidente entre los garantes del orden establecido por la Constitución de 1980. Esta cuestión se ha tornado más que impopular considerando que una de las frases más repetidas entre los ciudadanos que se reúnen día a día en distintos rincones del país para manifestar su desencanto con la política, el Estado y las élites en general, es “no son treinta pesos, son treinta años“ en clara alusión a que el malestar responde más bien a una deuda pendiente de ese proceso de transición a la democracia que al alza del pasaje del metro.

18 Juliá, Santos; Transición. Historia de una política española (1937-2017). Galaxia-Gutenberg, Madrid, 2017, p. 13.

19 En España el movimiento indignado del 15M, puso de manifiesto el profundo malestar con la política y el Estado. Desde ahí en más se ha ido enunciando una auténtica “crisis de régimen“ —el de la transición— que ha reinterpretado y cuestionado múltiples aspectos de ese proceso. Para una mirada más pormenorizada se puede ver: Monedero, Juan Carlos, La transición contada a nuestros padres. La Catarata, Madrid, 2011. Iglesias, Pablo, Disputar la democracia. Política para tiempo de crisis. Akal, Madrid, 2014. Cfr., Álvaro Soto Carmona. Transición y cambio en España… Op. cit.

20 Para las visiones en el primer sentido ver: Garretón, Manuel Antonio, Del autoritarismo a la democracia. ¿Una transición a reinventar? Flacso, Documento de trabajo Santiago, 1990.

21 Para la mirada oficialista ver; Fernández, Sergio, Mi lucha por la democracia. Ed. Los Andes, Santiago, 1994. Desde una dimensión histórica, conviene considerar el trabajo de Soto, Álvaro; “Sociedad civil versus Elites... Op. cit Drake, Paul., Jaksic, Iván (coomp.), El difícil camino hacia la democracia en Chile 1982-1990. Flacso, Santiago, 1993. Para una mirada crítica que relativiza la trascendencia del plebiscito de 1988 al ser un hito más de un tiempo normado y regido por la legalidad de la dictadura, ver: Moulian, Tomás, Chile Actual, Anatomía de un mito. LOM Ediciones, Santiago 1997. Recientemente ha resonado entre los analistas de las revueltas que sacuden Chile en 2019, la idea que estas representan el símbolo de un modo distinto de entender la política, poniendo fin definitivo a la transición y la cultura política que definió esta época. Ver, entre otros, Fernando García Huidobro; “El Fin de la transición“. Diario Digital El Mostrador, Santiago 23-10-2019. Online.

www.elmostrador.cl/destacado/2019/10/23/el-fin-de-la-transcion-2/ . Consultado 8-11-2019.

22 Álvaro Soto Carmona, Transición y cambio en España… Op. cit., p. 33

23 Soto Carmona, Álvaro, “La larga sombra del dictador“. Stockholm review of Latin American Studies. Issue n°5 2009, Estocolmo, p. 6.

24 Casanueva, Héctor, “La política de Chile hacia Europa“. En: Mario Artaza, César Ross (eds.); La política exterior de Chile, 1990-2009… Op. cit., p. 696.

25 Milet, Paz; “La política exterior de Chile: enfoque histórico, 1990-2010“… Op. cit., p. 318.

26 Henríquez, María José, “Una historia cruzada…“. Op. cit., p. 263.

27 Casanueva, Héctor, La política de Chile hacia Europa“… Op. cit., p. 702.

28 El País. “Aylwin inicia en España gira de reencuentro de Chile con Europa“, 07 de abril de 1991.

29 del Arenal, Celestino, Política exterior de España y relaciones con América Latina. Fundación Carolina, Siglo XXI, Madrid, 2011.

30 Martínez Lillo, Pedro A., García, Cristina Luz; “Derecho Humanos y política exterior:… Op cit., p. 295-296.

31 Fazio, Hugo, “América Latina en la política exterior de España“. Historia Crítica, nº 20, 2001, pp. 57-60.

32 Morán, Fernando, España en su sitio. Plaza y Janés, Barcelona, 1990 pp. 20-21.

33 Martínez Lillo, Pedro A., García, Cristina Luz; “Derechos Humanos y política exterior:… Op cit., p. 307. El diario El País consignó, en 1986, la efectiva prohibición en la venta de material antidisturbio para Chile, no obstante, quedaba claro que durante 13 años se vendió sin problemas todo tipo de material bélico.

34 Para una mirada sinóptica de las protestas, ver de la Maza, Gonzalo, Garcés, Mario; la explosión de las mayorías. La protesta nacional. Eco, Educación y Comunicaciones, Santiago, 1984. Para un análisis del fenómeno como liberador y catalizador, ver Moulian, Tomás; Chile Actual anatomía de un mito… Op. cit.

35 El camino tomado por el sector más conservador de la Democracia Cristiana (DC), en julio de 1984, sentó las bases de lo sería la estrategia de la oposición moderada respecto a abandonar progresivamente la movilización y derrotar al régimen en el entramado institucional establecido por la Constitución de 1980. Para detalles y discusiones de este camino, ver Otano, Rafael, Crónica de la transición. Planeta, Santiago, 1995, pp. 13-26.

36 Una mirada general del debate puede encontrarse en Jorge Arrate, Eduardo Rojas. Memorias de la izquierda chilena. Tomo II. Ediciones B, Santiago 2003, pp. 284-295. Un exhaustivo trabajo sobre la renovación socialista del MAPU puede encontrarse en Moyano, Cristina, El MAPU durante la dictadura. Ed. Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2010, pp. 105-145.

37 Resulta interesante el análisis de Fermandois al respecto; la libertad de pensamiento y movimiento al que habían estado acostumbrados los referentes del socialismo y comunismo chileno, distaba mucho de la vida parca y vacua que se daba en Europa Oriental. Joaquín Fermandois, Mundo y fin de mundo… Op. cit., p. 473.

38 ibídem. p. 472-473.

39 Goicovic, Igor “La transición política en Chile. Especificidades nacionales y puntos de referencia con el caso español (1988-1994)“. En: Martín García, Oscar José y Ortiz Heras, Manuel (Coords.); Claves internacionales de la transición española. La Catarata, Madrid, 2010, pp. 297-298.

40 Schnake, Eric, Schnake: un socialista con historia. Memorias. Aguilar, Santiago, 2004, p. 225. Citado en, Igor Goicovic, “La transición política en chile. Especificidades nacionales… Op. cit., p. 301.

41 Luz García, Cristina, “Exportando la democracia: la implicación española en el plebiscito chileno de 1988“. Revista Historia Social y de las Mentalidades, Vol 19, N° 1, enero-junio 2015, pp. 63-83. Universidad de Santiago de Chile, p. 65.; Bastías, Manuel, Sociedad civil en dictadura… Op. Cit., pp. 228-237.

42 Fue la iglesia católica la encargada de suplir la falta de líderes en el sistema político que mediaran entre uno y otro sector, como ocurre en el caso español donde figuras como Juan Carlos I o el propio Adolfo Suárez jugaron un papel relevante como intermediarios políticos. Goicovic, Igor, “La transición política en chile… Op. cit., p. 306.

43 “La oposición chilena logra un amplio acuerdo político para recuperar la democracia“. El País, 27-09-1985.

44 En España, socialistas y comunistas crearon durante el franquismo, plataformas de acción movilización —Plataforma y Convergencia Democrática— las cuales lograron fusionar (Platajunta) la cual resultó vital para la negociación con el gobierno Suárez. En Chile, en tanto, esta convergencia se dio en la base, pero fue incapaz de cristalizar en un acuerdo a nivel de dirigentes como bien señala Alfredo Riquelme; Rojo Atardecer… Op. cit., p. 125.

45 Goicovic, Igor “La transición política en chile… Op. cit., p. 305.

46 El País. Ariel Dorfman, 04 de julio de 1986, p. 11.

47 El País “El grito de Chile“. Editorial, 04 de julio de 1986, p. 10.

48 Juliá, Santos, Transición. Historia de una policía española… Op. cit., p. 15.

49 Soto, Álvaro, Transición y cambio… Op. cit., p. 33.

50 Luz García, Cristina, “Exportando la democracia:...“ Op. cit., pp. 65-66. Aquí se reseña una columna de diario ABC que critica abiertamente la neutralidad de AP, sobre todo porque empataba la democracia con el autoritarismo, cuestión “trasnochada“ para España.

51 La portavoz socialista Rosa Conde, así como el vicepresidente Alfonso Guerra expresaron abiertamente sus deseos para que triunfase el No. Cristina Luz García, ibídem, p. 68.

52 Goicovic, Igor, “La transición política en chile… Op. cit., p. 307.

53 Con su detención, efectivamente, se desactiva el temor a algún retroceso autoritario. Soto Carmona, Álvaro, “La larga sombra del dictador“. Op. cit.

54 El País, “El No se proclama vencedor en Chile y pide al gobierno que no tergiverse los datos“. 06 de octubre de 1988.

55 Suárez, Adolfo, “Preámbulo“ del Informe La transición chilena hacia la democracia: el plebiscito presidencial de 1988. Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, Washington 1989. Citado en, Cristina Luz García, “Exportando democracia…“ Op. cit., p. 78.

56 El País, “Y ya cayó“. 07 de octubre de 1988.

57 El País, “El gobierno español reforzará las relaciones cuando llegue la democracia“. 08 de octubre de 1988.

58 El País, “Transición a la democracia con Pinochet aún en el poder“. El País, 07 de octubre de1988.

59 El País, “Chile a las puertas de la democracia“. 14 de diciembre de 1989.

60 Huneeus, Carlos, El régimen de Pinochet, Op. cit., pp. 334-335.

61 Otano, Rafael, Crónicas de la transición, Op. cit., pp. 82-83

62 El País, “Patricio Aylwin, asume hoy la presidencia de Chile“. 11 de marzo de1990.

63 El País, “Ayuda española para Aylwin“. 12 de marzo de 1990.

64 Henríquez, María José, “Una historia cruzada…“ Op. Cit., p. 262.

65 El País, “Chile a las puertas de la democracia“. 14 de diciembre de 1989.

66 El País, “Aylwin sucederá a Pinochet al conseguir la mayoría absoluta“. 15 de diciembre 1989.

67 Los eventos de provocación y sorna fueron constantes y Aylwin debió manejar de manera combinada la crítica ácida con el silencio a objeto de sortear exitosamente cualquier atisbo de retroceso autoritario. Para una crónica ver, Otano, Rafael, Crónicas de la transición, Op. cit., pp. 148-160. Para la mirada desde España, El País, “Aylwin advierte a Pinochet por las críticas del ejército al gobierno de Chile“. 29 de mayo de 1990.

68 El País, “Ego sum Pinochet“. 15 de diciembre de 1989.

69 Martínez, Lillo Pedro A.; Rubio, Pablo, “Del neoliberalismo conservador al giro a la izquierda: el discurso político latinoamericano en la era global (1990-2010)“. En Martínez Lillo, Pedro A; Estefanía, Joaquín (coords.), América Latina: un nuevo contrato social. Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 59-60. También, Garreton, Manuel Antonio, Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile (1990-2010). Arcis-Clacso, Santiago de Chile, 2013, p. 102.

70 El País, “Asesinos sin nombre“. 06 de marzo de 1991.

71 El País, “Nunca más“. Editorial. 07 de marzo de 1991.

72 ibídem.

73 Juan Carlos I respaldó la “doctrina Aylwin“, al señalar que la investigación realizada por el gobierno chileno ayudaría a los chilenos a reconciliarse. El País, “Espaldarazo del Rey a la política de Derechos Humanos de Aylwin, criticada por Pinochet“. 09 de mayo de-1991. Citada en Henríquez, María José, “Una historia cruzada…“ Op. cit., p. 265.

74 El País, “Ego sum Pinochet“. 15 de diciembre de 1989.

75 Henríquez, María José, “Una historia cruzada…“ Op. cit.