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1. Un preso político sin rostro

Viaje al drama de las detenciones arbitrarias en Venezuela

Ezequiel A. Monsalve F.

Este Juzgado de Control en lo Penal, de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y administrando justicia, ordena decretar al ciudadano Fray Lacava,[1] de 18 años, prisión privativa de libertad. Se ordena su inmediato encarcelamiento en la máxima de la Colonia Penitenciaria del Dorado, Estado Bolívar, con sede en el Municipio Sifontes.[2]

Mientras esta decisión se dictaba a viva voz en una de las pequeñas y calurosas salas de audiencia del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, en el Estado Bolívar de Venezuela, afuera una turba reclamaba la libertad de otro estudiante universitario que, pese a haber obtenido su libertad bajo fianza, el tribunal no la ejecutaba y lo mantenía recluido desde hacía ocho días en una estrecha celda de cuatro metros cuadrados, en evidente estado de hacinamiento, junto a varios sujetos que habían cometido delitos comunes.

Aquel gentío, integrado en gran medida por dirigentes estudiantiles y compañeros de clases del segundo chico, estaba sumamente ofendido; sus rostros así lo delataban. De esta manera se consumaba una de las miles de omisiones del sistema de justicia venezolano que a diario ocurren en el país. Soportar días en prisión, sin una orden judicial, rompía toda regla de la lógica jurídica del derecho penal contemporáneo.

A pesar de ello, este episodio es recurrente en Venezuela. De hecho, con el arresto de estos dos jóvenes (al 15 de mayo de 2017), se llegó a un total de 2977 en solo cuarenta y cinco días de protestas contra las políticas gubernamentales de Nicolás Maduro Moro (Foro Penal, 2018), de los cuales 82 se habían registrado en la ciudad de Puerto Ordaz.[3]

En medio de este escenario, y finalizada la audiencia de Fray, se acercaron los abogados asignados a su defensa y me susurraron al oído: “Ezequiel, tenemos oficialmente al primer preso político de la ciudad”. En ese instante, me puse pálido, mi boca estaba reseca y las manos, sudorosas. También sentí un extraño hormigueo en la espalda y cabeza, como cuando el ambiente se torna muy tenso. Hice una pausa, respiré y apunté en mi libreta. Estaba seguro de que esa noticia iba a afectar la situación en las afueras del tribunal. Pasadas las 17 horas, las cincuenta personas concentradas fuera del Palacio de Justicia, enteradas del resultado de la audiencia de Fray y ante la ausencia de respuesta oportuna sobre el otro chico, decidieron bloquear los accesos al personal administrativo del tribunal.

Nervioso, me acerqué a una valla metálica y desde ahí intenté explicar la situación, pero me respondieron: “Pues lo sentimos, doctor, usted también queda encerrado”. La vigilancia interna del tribunal se comunicó con las fuerzas de control de manifestaciones del comando operacional nº 65 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y se aproximaron tres tanquetas blindadas modelo VN4 4x4, unas diez motos modelo KLR 650 cc y un camión con decenas de funcionarios, todos equipados con armas y equipos antimotines para el control y dispersión de manifestaciones.

De una de las tanquetas se bajó un hombre de tez oscura, con uniforme verde oliva; a un lado de su pecho tenía el escudo nacional y en el otro, su rango de capitán. El hombre, con una sonrisa irónica, se acercó a la multitud (que, por la hora, estaba exhausta) y solicitó en voz alta que alguien le explicara la situación. Una nueva voz surgió, y sin temor alguno, exclamó: “Que explique el abogado”.

El militar, valiéndose de la respuesta ruda de aquella voz colectiva, se acercó a la valla metálica y, con soberbia, preguntó: “¿Qué pasa aquí?”. Yo, con voz calmada, le expliqué los motivos de la protesta y la situación irregular que ocurría dentro del juzgado con decenas de detenidos por motivos políticos. El funcionario, desafiante, volvió a preguntar: “¿Y quién carajos es usted?”. A lo que respondí: “Soy el abogado del joven que está detenido de forma injusta, y de otros varios que por la misma situación están siendo encarcelados”. Además, le indico que represento en el Estado Bolívar a la organización no gubernamental Foro Penal, encargada de promocionar y difundir los derechos civiles y políticos de los perseguidos políticos en Venezuela. Tanto yo como el resto del equipo jurídico y activistas asistimos en calidad de abogados defensores a una muy buena parte de ellos.

El capitán indicó que la manifestación debía acabarse y que todos teníamos que volver a nuestros respectivos hogares, o de lo contrario haría uso de la fuerza pública para disolver a los manifestantes. Después de varios minutos, la manifestación no cesaba, por lo que las tanquetas encendieron sus sirenas y el pelotón militar procedió a cargar las armas. Por otro lado, los manifestantes se apostaron con más convicción ante los tribunales, temerosos de lo que se avecinaba.

Se escucharon las escopetas calibre 12 mm que en tono casi melodioso se cargaban con cartuchos de balas de goma. Por su parte, las mortales lanza lacrimógenas M79 (responsables de numerosas muertes en Venezuela por su uso indebido) apuntaron al pecho de los manifestantes, como si se tratara de un fusilamiento del siglo XVIII. Su verdugo, desde la seguridad que brinda el interior de una de las tanquetas, se preparaba para la orden de iniciar la represión de la protesta nº 9787 (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, 2017).

Justo cuando pensaba que el día iba a terminar fatal, con heridos y detenidos, se estacionó en medio de la multitud una camioneta Toyota Hilux con placa militar, de la que descendió otro funcionario rodeado por varios escoltas. Este era el comandante de un destacamento de suma importancia en la zona. Se notaba que su uniforme, a pesar de ser igual al resto, tenía un aspecto distinto, como si lo cuidara mucho mejor; sus rasgos faciales daban a entender que probablemente dormía y comía mucho mejor que sus subordinados, con el semblante de esas personas que no se ven afectadas por la crisis social y económica del país. Era el jefe de todos los militares de la zona, lo protegían con recelo y en cierta manera su llegada hizo que en el pelotón cambiara la actitud y se quedara más callado o sumiso.

A su llegada pude hablar con él, siempre rodeado de otros funcionarios que utilizaban sus cámaras para filmarme directo al rostro. Se hicieron algunas llamadas desde el interior del tribunal y se prometieron resultados favorables para la situación del joven detenido. Es asombrosa la influencia de los militares sobre el Poder Judicial, lo cual es propio de los gobiernos totalitarios. La persona que atendió la llamada se oía bastante nerviosa por la presencia del comandante en el tribunal. Era la primera vez que yo lo veía, pero sí tenía conocimiento de que él comandaba todas las represiones registradas en el Estado Bolívar. Ese día la situación tuvo un final feliz; no hubo heridos, ni detenidos, pero tampoco resultados para los manifestantes que hacían uso de su derecho constitucional a la manifestación pacífica sino hasta unos cinco días después, cuando se firmó la boleta de excarcelación de aquel joven.

Desde hace varios años, en Venezuela se utiliza el Poder Judicial como arma política para criminalizar las protestas y legitimar la persecución del disidente. Desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los demás tribunales del país se han tomado las decisiones más aberrantes que ha conocido la historia de Venezuela. Gonzalo Himiob (2009), director vicepresidente del Foro Penal, indica que los tribunales son usados para fomentar la persecución al margen de la ley y afianzar los cuestionamientos que se hacen al país respecto de la violación sistemática de derechos humanos.

El Estado violenta los derechos de los disidentes al criminalizarlos e instrumentar diferentes modalidades de actuación institucional que solo pretenden disfrazar de legitimidad y de legalidad la tenaz intolerancia del gobierno a la disidencia (Himiob, 2009).

Las dos caras de la persecución

Es probable que Fray y yo no tuviésemos mucho en común, pero ambos conocíamos la cara de la intolerancia y, con matices muy distintos, sabíamos qué era y cómo reaccionaba. Ese monstruo al que yo vi a los ojos en 2013 fue el mismo que le hizo vivir el episodio más triste a Fray en 2017.

Fray era un preso de conciencia, producto de las consecuencias nefastas de la intolerancia estatal. Son hechos espeluznantes, con humillaciones y trato denigrante, que terminaron con un joven trasladado a una cárcel de alta de seguridad en la que compartió celda con sujetos condenados por delitos graves. En esa “tierra de nadie”, el Estado no tiene la capacidad de garantizar la vida, no solo por la violencia de los pranes o “líderes negativos”, sino que tampoco están cubiertas las mínimas normas de salubridad e higiene. Muchos de los presos llegan a contraer enfermedades letales como el paludismo, epidemia que azota al sur del país y que, por falta de fármacos, ha cobrado la vida de muchísimas personas.

Al igual que los cuatrocientos treinta y un presos políticos que se registraban a la fecha de la detención de Fray, todos vivían las mismas penurias en mayor o menor medida. Estos venezolanos, e incluso extranjeros, son vistos por el derecho penal venezolano como enemigos, y como tal, el objetivo es aniquilarlos. Yo me pregunto, ¿cuántos enemigos puede tener un joven de 18 años? Fray es un muchacho sencillo, recién se había graduado como bachiller y, como muchos de su edad, estaba concursando para obtener una vacante en una universidad pública. Hijo menor de una mujer divorciada, introvertido, de pocas palabras y expresiones, o al menos así se dejaba conocer.

En mi caso, egresé de una universidad de derecho en 2012, para 2017 ya había cursado mi primer posgrado y desde que comencé a trabajar ahorré dinero para mis estudios en el exterior; esa era mi meta a mediano plazo. Desde los 22 años me había desempeñado como activista de derechos humanos en el Foro Penal, asumiendo responsabilidades similares a las ya comentadas. Siempre fui una persona que, desde las aulas, apostó a un derecho ético y correcto; se podría decir que soy un soñador. Inspirado en la letra de mi abuelo paterno y en la humildad de mi abuelo materno, formé un perfil profesional bastante diferenciado de la litigación del momento.

Quizás el episodio más trascendente en mi vida profesional fue el dakazo, que me hizo cuestionar si seguir siendo abogado o retirarme del derecho. El dakazo fue el resultado de una serie de acciones tomadas a finales de 2013 por el presidente Nicolás Maduro Moros, mediante las cuales coaccionó a las tiendas de electrodomésticos (entre otras, a la empresa líder del momento, Daka) para que hicieran rebajas. Para ello, el gobierno dispuso de cientos de funcionarios adscritos a distintos organismos del poder público nacional: fiscales del Ministerio Público, procuradores, Fuerzas Armadas, Policía, entre otros, a quienes llamó el “Frente Francisco de Miranda”. Este frente fue el responsable de cerrar miles de negocios, lo que llevó a la aniquilación del capital privado y a la huida masiva de empresas trasnacionales por temor a represalias en su contra.

Fue así que, producto del dakazo, me tocó la primera audiencia. Se trataba de una familia de italianos que había llegado hacía más de cincuenta años a Venezuela y tenía un negocio de venta y producción de bombas de agua. En el oriente del país eran un referente de una auténtica empresa familiar de al menos dos generaciones, que tenía una envidiable nómina de no menos de sesenta trabajadores contratados. Esta familia, que también conformaba la junta directiva de la empresa, fue detenida. Padre, madre e hijos, todos trasladados en patrullas de la GNB como supuestos criminales, al parecer por tener un par de artículos con lo que el gobierno determinó como sobreprecio. A la fecha de redacción de este texto, no ha habido ningún juicio oral o público en el caso.

Me tocó asistir y defender los intereses de los imputados en la audiencia de presentación. Luego de varios días, el resultado fue una medida privativa de libertad, igual a la de Fray. En ese momento, yo tenía mucha menos experiencia y jamás había visto “la cara del monstruo” responsable de tantas arbitrariedades y de la actual crisis social del país, que ha llevado a más de cuatro millones de venezolanos a migrar a otras naciones. Consternado por la decisión infundada de la jueza, me acerqué al estrado a exigir una retractación de la decisión y ella inmediatamente ordenó cerrar las puertas de la sala y me dijo: “Doctor, disculpe usted lo que le voy a decir. Si yo no meto presas a estas personas, pierdo mi empleo. Espero que usted entienda”.

Escuchar eso fue muy duro, sobre todo en pleno siglo XXI bajo la reiterada y trillada idea que existe acerca de los fundamentos del Estado de derecho y el principio de legalidad, en especial la separación de los poderes. Era una mezcla de desolación con desamor y mucha frustración.

Metamorfosis de la protesta en Venezuela

Las protestas sociales en Venezuela se han desarrollado en un entorno mucho más complejo, por la restricción de las garantías constitucionales como la libertad de expresión. Por ejemplo, en nada se parecen ya a las primeras protestas de 2002 de la era revolucionaria de Hugo Rafael Chávez Frías, en las que, a pesar del resultado letal de muchas de ellas, ciertamente los ciudadanos eran ingenuos y no esperaban tanta violencia ni estaban preparados para lidiar con ella. Dicho de otro modo, la actitud violenta y desproporcionada del gobierno siempre ha sido igual, solo que ha perfeccionado su técnica. Sin embargo, los ciudadanos disidentes han ido adaptándose para continuar la protesta de una forma, digamos, más segura.

Los venezolanos han dejado a un lado los pitos, tambores y la gorra tricolor, y los han sustituido por escudos improvisados, cascos, petos, vinagre o cualquier otro objeto que ayude a tolerar bombas lacrimógenas y protegerse de las balas de goma (o, en ocasiones, munición real). También se han vuelto más precavidos y desconfiados; se resguardan entre sí ante una eventual infiltración de funcionarios de inteligencia y perfeccionaron sus métodos para auxiliar a los heridos o documentar la violación de los derechos humanos. Es simple: manifestar contra el gobierno, más que un derecho, hoy es una misión cuyo objetivo es regresar a casa con vida.

Muchos resguardan su identidad con franelas viejas o con la que llevan puesta cuando salen a la calle. Los más creativos deciden usar máscaras de personajes de ciencia ficción; la más usual es la de Guy Fawkes, el personaje de la película V de Venganza, quien lideró un amplio grupo de protestas y se convirtió en símbolo del grupo hacktivista Anonymous, el Proyecto Chanology, movimientos de ocupación, protestas antigubernamentales y antisistema en todo el mundo (Waites, 2011). Otros iban un poco más allá y modificaban los colores de la máscara, le colocaban la bandera tricolor de Venezuela o la pintaban con dorado, negro o rosa.

Estos jóvenes eran admirados por gran parte del país porque representaban una salida rebelde a la crisis política y económica, pero otros los veían como vándalos. El gobierno los calificó como “guarimberos”;[4] sin embargo, entre las protestas de 2015 y 2017, el calificativo más usado por las autoridades era el de terroristas. Llamar de formas despectivas a los opositores busca estigmatizarlos para transformar la situación en una lucha de buenos contra malos. En estos casos, los malos son los terroristas, es decir, todos aquellos que se opongan a las políticas gubernamentales del gobierno bolivariano.

* * *

Al momento de ser reseñados ante la policía científica de Venezuela, los presos políticos son fotografiados con un cartel identificativo en el que se lee la palabra “terrorista”. Esta fotografía es la que aparece en los antecedentes policiales que son cargados al Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), que pueden ser chequeados por cualquier autoridad policial en territorio venezolano. Era la forma más burda de identificar al enemigo de la revolución.

Sin embargo, ellos se identificaban a sí mismos de otra forma. Hay una diversidad de seudónimos, porque también había una diversidad de grupos o estructuras dentro de esos grupos. En líneas generales, se llamaban “resistencia”, pero también “guerreros de franela”, “escuderos” o “grupo de choque”. A mi juicio, el apelativo que mejor los identificaba es el de “libertadores”.

Ese último nombre se ratificó en un triste episodio de la historia del país. Fue el 8 de junio de 2017, sobre las 16.40 horas, día en que muere el adolescente Neomar Lander por un impacto de bomba lacrimógena disparada a quemarropa por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. Esta terrible escena fue grabada por personas que estaban cerca del sitio del suceso. Los voceros del Ministerio de Interior y Justicia, entre ellos el actual fiscal general designado por la cuestionada Asamblea Constituyente, Tarek Wiliam Saab, aseguran que la muerte fue producto de la explosión de un arma de fabricación artesanal (mortero) que manipulaba el joven (González Mendoza, 2017). Sin embargo, los testigos presenciales y los videos que registran la muerte demuestran que fue asesinado por el disparo de una bomba lacrimógena que impactó en su pecho. Neomar se sumó a la extenuante lista de las 102 muertes violentas directas en el contexto de las protestas sociales registradas solo en 2017 (Foro Penal, 2017).

La muerte de este menor de edad, muy querido entre los manifestantes, generó consternación en la opinión pública. Era ocasionalmente retratado por los medios por la energía que transmitía y porque siempre se lo veía saltando en las principales autopistas de Caracas. En la web existe una imagen llamativa sobre lo que acaso representaba su lucha. En la fotografía se lo ve sosteniendo una bomba de fabricación casera (molotov) junto a una rosa roja, y sobre su peto de protección casera el lema “soy libertador”, que representaba la resistencia juvenil motivada por valores patrióticos.

También, horas antes de su muerte, se publicó un video en el que daba sus razones para protestar, donde decía: “Yo tengo 17 años, papá; yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy del país por cuestión de mi futuro, pero yo no me quiero ir de Venezuela, este es mi país, yo nací aquí y estoy luchando por él”.[5] Neomar refleja la alta participación de los jóvenes en las protestas, incluso menores de edad, que se debe a la preocupación por su futuro en la desbaratada economía venezolana. Hoy tenemos altos índices de deserción universitaria y una de las más altas cifras migratorias de Latinoamérica.

Fray pertenecía a este conjunto de libertadores, que entre otras cosas fungían como grupo de choque contra el uso desproporcionado de la fuerza del Estado combinado con la irreverencia propia de la juventud. Para bien o para mal, son la voz viva de la disidencia y su receptividad supera los factores políticos de oposición, motivo por el cual representan para muchos la salida más próxima de la dictadura venezolana.

Los detenidos por manifestaciones políticas y sociales se dividen en dos grupos. El primero está compuesto por personas indefensas que no son miembros de ningún grupo de choque y que, por su vulnerabilidad o falta de pericia para cuidarse en las concentraciones políticas, son fácilmente detenidas cuando la persecución se hace sobre masas. Un caso emblemático ocurrió en Puerto Ordaz en 2014, cuando un joven estudiante universitario que padece de asperger fue capturado por la comisión de la GNB, ya que lo vincularon con un cierre de una calle cerca de su vivienda. En realidad, ese día venía de la universidad después de ensayar con la coral, cuando se topó con el cierre y le tocó caminar hasta su edificio. Allí lo abordó un grupo de funcionarios, lo arrestaron y lo montaron en una camioneta junto con otros jóvenes. Este muchacho, por la agresión y la falta de identificación o explicación de su detención, entró en pánico y se lanzó del vehículo en movimiento, por lo que sufrió varias lesiones. Por ello, fue golpeado, le cortaron su larga cabellera con una navaja para humillarlo y al final fue sometido a una prisión preventiva. Hoy es objeto de una investigación penal que parece no tener final.

El segundo grupo de detenidos representa a jóvenes como Fray que, pese a ejercer el derecho a la protesta pacífica como los primeros, suelen desplegar estrategias defensivas contra el abuso policial en la disuasión de manifestaciones sociales. Estos apelan al art. 350 de la Constitución venezolana, que consagra el derecho a rebelarse contra cualquier régimen tiránico que viole los derechos humanos. Pero a pesar de tener cierto grado de organización y habilidades, son capturados en operaciones de inteligencia o sorprendidos por numerosos funcionarios, lo que hace imposible su huida. Fray fue capturado por una mezcla de ambas condiciones: labores de inteligencia y algo de imprudencia por parte del grupo que aquella noche decidió quedarse un poco más de lo acordado. Allí lo capturaron colectivos o funcionarios encubiertos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La historia relatada por Fray

Fray salió de su casa temprano a hacer gestiones para ingresar a la universidad y había quedado en jugar fútbol con unos amigos en una cancha cerca de su casa por la tarde. En ese momento, una nube de humo lacrimógeno lo cubrió: a escasas cuadras se encontraba la GNB reprimiendo a un grupo de estudiantes universitarios. De inmediato, junto con varios amigos, se acercaron al sitio para apoyar a los manifestantes que estaban allí. Dice Fray:

Llegué al sitio. Ante la urbanización había una universidad, justo en el medio de una avenida principal. Desde 2014 ha sido un lugar donde se ha protestado con fuerza y severidad; las condiciones son óptimas porque tenemos el apoyo de los movimientos estudiantiles que también tienen su grupo de choque. El objetivo es mantener esa avenida cerrada el mayor tiempo posible como símbolo de rechazo al gobierno nacional.

Los amigos estudiantes habían estado mucho antes que yo llegara y por la hora todo indicaba que en unos minutos todo se iba a acabar. Yo me acerqué al medio de la avenida a recoger un escudo de madera que habían dejado tirado en medio del pavimento cuando vi unas luces de varios vehículos que se acercaban a toda velocidad. Me quedé paralizado por segundos y antes que pudiera reaccionar, ya los tenía encima; traté de zafarme de varias manos y golpes que empecé a recibir, como si se tratara de un juego de fútbol americano, pero finalmente me cogieron. Procedieron a montarme a una camioneta Toyota modelo Landcruiser, de color blanca, vidrios opacos, sin placa identificativa y que en su interior llevaba varias personas que no me dejaban levantar la cabeza, me azotaban con golpes y me pisaban con sus zapatos.

Me llevaban en la parte de atrás del vehículo, es decir, en su maletero; y ahí me propinaban los golpes. Yo estaba muy asustado porque pensaba que eran colectivos y me iban a matar. Nuestro recorrido fue muy corto; me bajaron a la fuerza a una zona boscosa. De inmediato pude identificar dónde estaba: se trataba del Parque Cachamay.[6] Era oscuro, y por la hora ya estaba cerrado al público.

Recuerdo que mientras me pegaban, me amenazaban de muerte, me decían: “Te vamos a matar, guarimbero de mierda”. Me preguntaban quién me financiaba, qué monto me daban para estar ahí. Yo les dije que nadie me había pagado, mientras me seguían golpeando; me arrastraban por el piso como si se tratara de un saco de basura.

Recuerdo que uno me sujetó los pies y empezó a correr, y yo arrastraba mi espalda contra el asfalto, sangraba mucho por la espalda y la cabeza, no sé si era por los golpes, no recuerdo cuanto duró ese episodio, pero paró cuando dije un monto en bolívares. Recuerdo que dije una cifra insignificante. Pararon de golpearme, me pidieron que lo dijera en voz alta, entiendo que me grabaron en un celular porque pude notar una luz en mi cara.[7]

Mientras Fray vivía las peores horas de su vida, yo llegaba a mi casa sobre las 12 de la noche. Ese día habíamos tenido varias audiencias y estaba exhausto. Al recostarme recibí un mensaje privado vía Twitter, plataforma en la que doy información pública sobre el estatus de los detenidos, cifras de presos políticos, detenciones y cualquier otra de interés regional. Me escribía una señorita que se identificó como hermana de Fray y señaló que no sabía nada de su hermano y que, según amigos, se lo habían llevado los colectivos.[8] Me estaba reportando una desaparición.

El informe presentado por Human Rights Watch en colaboración con el Foro Penal (2017) ante la Corte Penal Internacional describe la participación de civiles armados en el control y dispersión de manifestaciones y detenciones de manifestantes con la complacencia de las autoridades venezolanas.

Una vez reportada la desaparición de Fray, y a pesar de que desconocía quién lo había detenido, lo usual era que apareciera en un comando de las Fuerzas Armadas de la región ¿La razón? Los colectivos trabajan en abierta colaboración con los órganos de seguridad del Estado, ya que si estos habían encabezado una detención (ilegítima) posterior a practicar torturas y trato cruel, trasladaban a la víctima a un centro de detención del Estado donde se forjaban actas procesales que afirmaban que los funcionarios policiales eran responsables de la detención, y no un grupo colectivo.

Luego del mensaje de Twitter, tomamos nota de los datos personales y características de Fray. Le encomendé al equipo de Defensores Activos del Foro Penal que acudiera a varios comandos policiales a preguntar sobre su paradero. La búsqueda se extendió hasta la madrugada del día siguiente y la detuve porque ponía en grave riesgo a nuestros miembros. Se reanudó en horas de la mañana y pudimos ubicarlo en un comando operacional de la GNB, que por cierto era donde estaba el general que describí al inicio de este capítulo.

Este comando era el epicentro de las detenciones políticas en Puerto Ordaz. Por ahí pasaron 191 de las 293 personas registradas a esa fecha solo en el Estado Bolívar. Allí sucedieron desapariciones forzadas de personas, prohibiciones de conversar con un abogado de confianza, torturas y otros delitos. Por suerte, nunca se registró ningún homicidio, al menos en los casos manejados por nuestra organización.

La dinámica en este comando para los abogados está dotada de extrema complejidad. Había muchas restricciones de toda variedad que podían mejorar o empeorar con los días. Nosotros, por suerte, logramos generar una forma de trabajo provechosa para hacer cumplir con nuestros objetivos en el esquema de una dictadura.

El decálogo de un preso político

Paso 1: Los familiares o testigos presenciales se comunican con la organización a una central (un call center) para denunciar la detención o desaparición de la persona. A veces se omite este paso porque esa persona contacta a algún miembro del equipo de abogados o activista de los Defensores Activos, o porque se notifica por redes sociales. Si eso último ocurre, se invierte el orden del reporte y se notifica a la central para proceder con el registro y control del detenido.

Paso 2: Una vez reportado el detenido, los voluntarios del Foro Penal se despliegan a los principales comandos de policías. Se hace un barrido de las zonas para dar con el paradero del detenido.

Paso 3: Ya localizado el detenido, se trata de dar ingreso a un abogado para corroborar su condición física. En mi experiencia como miembro de la organización, puedo contar con una mano las veces que pude ingresar solo con identificarme como abogado para entrevistarme con el detenido; esto era imposible. Los detenidos eran tratados siempre con absoluta reserva por orden de un superior: “No abogados y menos del Foro Penal”.

Paso 4: Si no podemos hablar con el detenido, debemos contactar al Ministerio Público sección derechos fundamentales o a la Defensoría del Pueblo. Ambas son organizaciones públicas que en principio tutelan e investigan violaciones de derechos humanos contra ciudadanos. Sin embargo, como se trata de funcionarios públicos, es muy difícil fiarse de su información. El único año en que esto cambió fue en las protestas de 2017, al menos con el Ministerio Público. Las protestas nacionales de ese año iniciaron por una declaración oficial de la fiscal general, como máxima autoridad del Ministerio Fiscal, en la que denunciaba que las decisiones 155 y 156 del TSJ habían violado el orden constitucional y desconocían el modelo de Estado consagrado en la Constitución (El Nacional, 2017). Estas sentencias anulaban por completo la funcionalidad de la Asamblea Nacional y suspendían la inmunidad parlamentaria de los diputados de la oposición, que habían ganado las mayorías en las elecciones de 2015. Por lo tanto, durante un corto plazo (al menos hasta que el gobierno intervino otra vez el Ministerio Público), los fiscales eran probos y colaboran activamente para garantizar los derechos fundamentales de los detenidos.

Paso 5: Mediante el ingreso de alguno de estos dos funcionarios es más sencillo el acceso de un abogado miembro del Foro Penal, pues ellos exigen la entrada del abogado de confianza por disposición constitucional. Si esto no funciona, debemos apelar a la incorporación de un tercero.

Acceder como abogado del Foro Penal es una tarea maratónica. Por ejemplo, a mí me tienen prohibido el ingreso en cualquier comando policial o de la GNB en los casos de detenciones a disidentes del Estado, puesto que mi rostro es visible en los medios de comunicación. Lo mismo ocurre con los miembros más antiguos del equipo jurídico o aquellos que visitan regularmente a sus clientes detenidos por delitos comunes en los centros de reclusión preventivos. En este contexto, apelamos a estrategias como la entrada de un familiar o la intermediación de la Iglesia. La idea es verificar las condiciones de detención de los presos políticos y en especial su estado de salud.

Muy a pesar de los comentarios negativos sobre la actuación de los superiores y subordinados del comando de la GNB de Puerto Ordaz (donde estuvo recluido Fray), la situación es un poco más llevadera que en otros centros de detenciones políticas. Por ejemplo, la sede del Sebin Helicoide, ubicada en Caracas, según un informe de la ONG Una Ventana a la Libertad (2017), alberga a la mayoría de los presos políticos de Venezuela. En esa cárcel se han registrado los peores casos de torturas y sufrimiento de todo el país, y personajes de la política como Carlos Melo, Rosmit Mantilla (actual diputado de la Asamblea Nacional), Gerardo Carrero y Daniel Morales describen el sufrimiento que padecieron durante su encarcelamiento, en oposición a lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. También el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), que albergó uno de los casos más emblemáticos de Venezuela, el de la jueza Afiuni (2018): por tomar una decisión contraria a una orden abierta de Chávez, la jueza vivió el peor capítulo de su vida y fue incluso sometida a abuso sexual dentro de ese establecimiento. Tanto en el Helicoide como el INOF, el ingreso es muy complicado, y en algunos casos los detenidos no tienen contacto con nadie hasta que son traslados hasta tribunales, donde por primera vez pueden hablar con su abogado.

En la organización no solo asistimos a los detenidos en la defensa penal contra los intereses de los imputados, sino que también lo hacemos con las víctimas directas de abusos policiales en el contexto de las manifestaciones, personas agredidas físicamente o maltratadas y que en ocasiones no han sido detenidas.

Por ejemplo, en Ciudad Guayana asistimos a Yrma Bello. Fue un caso mediático respecto del uso excesivo y desproporcional de la fuerza. Ocurrió el 19 de febrero del 2017 en una manifestación que se dirigía a la Plaza Monumental, en el centro de la ciudad. La GNB, mediante un piquete, prohibió que la marcha llegara a su destino. Valiéndose de protocolos de disipación de protestas, utilizó un camión modelo Norinco WTC-1, denominado “Ballena”, que dispone de un cañón de agua a alta presión. El disparo de agua impactó contra la referida señora de 67 años y la arrastró varios metros por el asfalto, ocasionándole heridas severas en su cabeza y rostro, y la pérdida parcial de la memoria.[9]

En este caso, no solo hicimos el reporte y asistencia desde el momento de los hechos, sino que también la acompañamos en sus innumerables entrevistas, experticias y visitas al Ministerio Público. Al momento de la redacción de estas líneas, el responsable de los hechos está identificado y consta una imputación fiscal por el delito de trato cruel y denigrante, y uso desproporcional de armas orgánicas; sin embargo, está en libertad y no se tomó ninguna medida en su contra, ni siquiera la suspensión del servicio militar.

En otras oportunidades, sí logramos obtener justicia contra los agresores con un poco más de prontitud. Por ejemplo, en el caso de un activista de las juveniles de Voluntad Popular (partido político de oposición) que, durante lo sucedido con Yrma Bello, fue objeto de lesión grave, tratos crueles y robo agravado por parte de un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana que le disparó a quemarropa en su muslo y glúteo con una escopeta de perdigones y lo despojó de su cámara fotográfica profesional. Este joven, herido y asaltado, fue también arrestado y procesado por protestar y pasó varios días esposado a la cabecera de una cama en uno de los centros de salud de la ciudad. El equipo jurídico del Foro Penal logró generar una captura del agresor, que hoy está privado de libertad esperando audiencia de juicio oral y público.

También asistíamos a miembros de comunidades y/o urbanizaciones que eran allanadas sin una orden judicial, localidades en las que había concentraciones de manifestantes. Los funcionarios del orden público solían ingresar a edificios en horas de la madrugaba para capturar a personas que presuntamente eran responsables de trancar las avenidas. Estos ingresos a la morada se hacían sin orden judicial, generaban daños a la propiedad y finalizaban en la detención arbitraria de varias personas.

Paso 6: Una vez que obtenemos la información de lo que pasa en el interior del centro de detención, elaboramos el reporte a la organización que se encarga de clasificar, agrupar y depurar. El reporte incluye el número de detenidos del día en cuestión, datos personales, profesión u ocupación (al menos el 70% son estudiantes universitarios), edad (más del 95%, menores de 25 años) y condición física.

Esto motivó la prohibición del ingreso. A diferencia de las protestas sociales de 2014, las de 2017 registraron más heridos en proporción a los detenidos. El informe oficial de represión del Foro Penal de 2017 señala la intensidad de las lesiones de los manifestantes, lo que evidencia una intención de herir más y detener menos. Esto ocurría también en Bolívar, a tal punto que nuestra organización, en colaboración con el Colegio de Médicos del Estado Bolívar, registró allí sesenta y siete heridos, de los cuales al menos cuatro fueron impactados por balas, y uno resultó muerto (Dam, 2017).

Paso 7: Luego de identificar a la persona aprehendida, se aborda su caso según las necesidades: si hay lesiones, se pide asistencia médica (en caso de no haberse atendido) para resguardar su derecho a la salud. También se hacen las diligencias propias para denunciar la situación física o psicología del detenido a las instituciones pertinentes del Estado.

Paso 8: Los detenidos son trasladados a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para su reseña. Después, las actuaciones y el detenido son llevados al Ministerio Público para preparar la audiencia de presentación ante un juez de control en los tribunales.

Paso 9: Dependiendo del caso, se le asigna el abogado que posea más experiencia en ese tipo. En nuestra plantilla tenemos jueces jubilados, exfiscales del Ministerio Público, abogados litigantes de gran reconocimiento y trayectoria, docentes universitarios, exfuncionarios policiales, exdefensores públicos, entre otros.

Por ejemplo, si hay un detenido con afecciones de salud, se le asigna una abogada que tenga especial conocimiento para aprovechar ese recurso y conseguir la libertad del imputado antes de tiempo. Si el detenido es miembro de un partido político, se le asigna otro abogado que pueda llevar su caso de buena forma con el referido partido. Si el detenido es miembro de una casa de estudio, se le asigna un abogado que por situaciones de trabajo docente tenga afinidad con la universidad, y así sucesivamente. Se debe mencionar también que si el caso es muy complejo o demandante, se le asignan más abogados de lo usual para repartir tareas o asignaciones a lo largo del procedimiento.

Paso 10: Si el resultado de la audiencia es una medida privativa de libertad (como la que recibió Fray), se debe reportar e ingresar a la lista de los presos políticos del país, la cual está acreditada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero si obtiene una medida cautelar (es decir, una libertad condicionada), se incluye en la lista de los perseguidos políticos y se maneja su caso de otra manera, porque la prioridad la tienen quienes quedan tras las rejas. Nunca en el Estado Bolívar (a diferencia de los otros estados del país), al menos para 2017, logramos obtener una libertad plena sin restricciones o una nulidad de las actuaciones policiales, pese a las insistentes denuncias y a la obvia prueba de incriminación policial en las actuaciones policiales.

El escepticismo

Con Fray no nos saltamos ni un paso; todo se hizo conforme a las reglas de protocolo pautadas. Pero, a diferencia de los otros casos que he dirigido, este me generó un impacto emocional mucho más fuerte. Ocupaba muchas horas de mi tiempo en revisarlo, acumulé mucho estrés, me quitó incontables horas de sueño y confieso que también hizo que me encerrara un par de veces en el baño de mi oficina a llorar como si lamentara la muerte de un familiar.

Pero ¿por qué? ¿Es que acaso la situación de Fray era distinta a los más de 12.336 detenidos en Venezuela? Pues no; era exactamente igual al resto de las detenciones por motivos políticos. La mesa estaba servida con los mismos componentes de siempre: abuso policial, violación sistemática de los derechos humanos, golpes, trato cruel e inhumano, omisión por las autoridades del Poder Judicial, torturas y otras tantas aberraciones. Entonces, ¿qué sucedía? Había algo que solo pude comprender ahí y que estaba ocurriendo en muchísimos casos de presos políticos en Venezuela: el olvido, el principal enemigo de un preso o de un perseguido político. Gonzalo Himiob, en sus lemas de la organización Foro Penal, señala que no hay peor castigo para el preso político que el olvido. Justo ese que sepulta a las personas a que cumplan años de cárcel solo por pensar distinto, mientras la sociedad continúa su marcha.

Un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, ha demostrado que los seres humanos utilizan dos procesos para olvidar: la supresión y la sustitución, y que el cerebro trabaja de formas diferentes en cada caso (Benoit y Anderson, 2012). Se trata de dos mecanismos distintos que causan el olvido: el primero interrumpe el proceso de recuperación de recuerdos, y el segundo permite sustituir los eventos desagradables por otros.

La ola represiva que dejó miles de detenciones en 2017 hizo que los ciudadanos desarrolláramos como mecanismo de autoprotección la desvinculación con los hechos, que a su vez hace olvidar a las personas detenidas por el régimen. Esto no es una generalización, pero ciertamente es una constante que afecta los valores democráticos y de justicia social. En un país como Venezuela, exportador de malas noticias, el pueblo desarrolló un sistema de olvido constante sobre la base de la supresión de los recuerdos para poder dar marcha a la vida y convivir con el peor índice económico e inflacionario registrado en décadas.

Detrás de las rejas

Luego de la medida privativa de libertad, Fray fue trasladado nuevamente a un centro provisional de detención a cargo de la Guardia Nacional (órgano aprehensor conforme a las actas policiales), que estaba a la espera de la autorización del director de la Colonia Penitencia del Dorado para su reclusión. Fray, en sus noventa días de prisión, estuvo en tres centros de detención distintos y en cada uno de ellos sufrió tratos crueles y denigrantes, fue víctima de varios funcionarios adscritos a distintos cuerpos policiales y vivió la peor cara de la intolerancia.

Su primera estadía fue en la GNB, después del momento de su detención por funcionarios de inteligencia. Ese día, pasado el mediodía, fue ingresado ensangrentado y sin revisión médica, y recibió más golpes y gas pimienta para obtener una declaración que justificara la detención arbitraria de la que era víctima. En más de una oportunidad lo dejaron inconsciente y, al volver en sí, solo recibían quejas y gritos de dolor. La primera noche Fray durmió en el suelo, esposado a una silla, sin derecho a ver a su abogado de confianza, un familiar o al fiscal. Tampoco recibió atención médica y ni siquiera le permitieron limpiarse toda la sangre que tenía en el cuerpo.

Al siguiente día, en vez de ser trasladado al tribunal para su entrevista ante el juez de control, fue encerrado en un calabozo con presos comunes, que al igual que sus captores lo golpearon de forma insistente por solicitud expresa de sus custodios. También lo hicieron pelear con otros detenidos al mejor estilo romano para apostar cigarrillos al ganador; el perdedor, por el contrario, recibía golpes en los glúteos con un palo de madera como castigo. En estas peleas no había salida: o se participaba con la ilusoria opción de ganar o se recibía una paliza. Los presos extorsionaban a Fray para que pidiera cigarrillos y se los entregara. Por las noches, debía estar de pie ya que el resto de los presos no lo dejaban utilizar las camas por el hacinamiento. Este infierno se extendió por varios días, incluso después de la audiencia de presentación.

La siguiente cárcel que visitó fue un camión de la GNB. Días después de la audiencia de Fray, presentaron ante el mismo juzgado a seis detenidos en manifestaciones sociales que recibieron la misma medida y fueron destinados a la misma prisión (la Colonia Penitenciaria del Dorado). A Fray, pese tener la orden de traslado acordada desde hacía más de una semana, no se la habían ejecutado. Fue así que, cuando se privó de libertad a estas seis personas, se aprovechó para enviarlos a todos en un mismo traslado. Ese camión se volvió un centro de reclusión provisional, por la cantidad de días que tuvieron hasta llegar a la población del Dorado. En ese viaje, paradójicamente, las condiciones de Fray mejoraron puesto que, al estar acompañado de otros presos políticos, su atención mejoró, recibió comida e incluso pudo hacer llamadas telefónicas. Fueron los beneficios de estar encarcelado con un grupo numeroso que recibía una mayor atención de la sociedad.

A su llegada a la prisión, la GNB no pudo concretar la entrega de los presos debido a la presión mediática por su regreso a Puerto Ordaz. La opinión pública giraba en torno a la terrible historia de siete presos políticos que iban a ser recluidos en una cárcel de máxima seguridad. Esta medida no es nueva en Venezuela, pero sí lo fue en el Estado Bolívar. Esa noche, Fray y los otros seis presos durmieron en el mismo camión donde fueron trasladados. En ese grupo también había personas que fueron golpeadas y necesitaban atención médica. De hecho, había un joven odontólogo que padecía episodios de convulsiones y no recibió cuidado alguno. Los familiares hacían caravana detrás del traslado y reportaban los sucesos a medida que ocurrían. Finalmente, y después de cuatro días de agonía, decidieron regresarlos a Puerto Ordaz, una buena noticia entre todas las malas, y se ordenó recluirlos en un comando de la policía de la zona. Estos agentes no tenían participación directa en el control de manifestaciones, por lo que se creía que su situación iba a mejorar.

El equipo de abogados que asistía a Fray solicitó el cambio de centro de reclusión, ya que un detenido no puede estar bajo la custodia de funcionarios denunciados como sus agresores. En otras palabras, buscó que sus custodios fueran agentes distintos a la GNB. El tribunal a cargo nunca respondió a esta petición, pese al cambio indirecto del centro de reclusión. Fue en ese comando que Fray pudo ver a su mamá y hermana por primera vez, abrazarlas y besarlas; ellas necesitaban verlo y saber que estaba bien, o al menos con vida.

A pesar de que las torturas y los golpes habían cesado con el traslado a esta comisaría, aparecieron otros problemas. En primer lugar, lo metieron en una celda oscura y calurosa; no tenía acceso a la luz solar y solo podía ir al baño una vez por día. En ocasiones, los custodios no le pasaban la comida y vivía horas muy estresantes de angustia e incertidumbre, propias del encierro. En esta celda fue la primera vez que sintió la necesidad de suicidarse, un deseo que se mantuvo los sesenta y siete días que estuvo encerrado, junto con dos presos políticos más, en esa pequeña celda.

La noble misión de los activistas de derechos humanos

En este punto, los Defensores Activos del Foro Penal desempeñaron un papel fundamental para combatir las condiciones infrahumanas de los presos políticos. Diseñaron un plan de acompañamiento y visitas constantes a la comisaría, se ganaron la confianza del director de la policía y, ante la ausencia de alimentación en los centros de detención, llevaron comida diariamente.

Durante este tiempo, el Estado Bolívar había llegado a la trágica suma de sesenta y siete presos políticos, los cuales estaban distribuidos en distintas cárceles, comisarías y centros de reclusión. La mayoría eran estudiantes universitarios, pero también teníamos docentes, ingenieros, odontólogos, arquitectos, comunicadores sociales, enfermeros, albañiles, en fin, todos ellos personas comprometidas con un país mejor.

Durante dos meses produjeron medidas cautelares para muchos presos políticos, que les permitían recuperar su libertad. A otros les consiguieron medidas humanitarias por problemas de salud. Sin embargo, muchos entraban y salían, y Fray aún no gozaba de esa suerte, pese a la cantidad de recursos e incluso al cese de la medida que lo dejaba tras las rejas; su condición desmejoraba, su estado de salud se deterioraba y las esperanzas de salir se esfumaban.

Por eso, le pedí al equipo enfocarse en el caso de Fray. Debíamos lograr que las condiciones cambiaran, que su figura fuese el centro de atención y que la opinión pública hablara de él. Convocamos varias ruedas de prensa en las que su familia, su abogado y amigos expresaron las terribles condiciones que él vivía. También volcábamos a las redes sociales sus gustos y aspiraciones. La estrategia era clara: sensibilizar y visibilizar. Esto se extendió en las emisoras de radio y los programas de televisión donde fuimos invitados. Buscamos que se hablara de él en todos los medios locales posibles y que la gente se interesara en el caso para que no lo olvidaran.

A falta del pronunciamiento de los tribunales, y con esa estrategia mediática, junto con el equipo jurídico trazamos la estrategia de su liberación. En este tipo de encarcelamientos es vital subir el perfil del sujeto, es decir, hacer que se convierta en un costo político para el gobierno. Esto depende de varios factores. El primero es un aspecto subjetivo del preso, que se le atribuye esencialmente a su trayectoria política o grupo al que pertenece; es decir, tener preso a un líder de la oposición venezolana representa un “costo” mucho mayor para el Estado comparado con un ciudadano que fue aprehendido frente a su vivienda. Debíamos crear para Fray un perfil mediático superior, y hacer que todos hablaran de él.

El segundo factor no radicaba en su liberación, sino en tener las ganas de ser liberado; es decir, inyectar la motivación necesaria para evitar la frustración y plantear un escenario más optimista. En pocas palabras, era hacer menos traumático el encierro del preso político y alejarlo de la idea del suicidio. Para ello, la labor de los activistas de derechos humanos y el resto de los miembros de la sociedad civil que se identificaban como defensores era clave.

Acompañar a Fray y al resto de los presos políticos fue admirable. Diseñamos un plan de preparación y distribución de comidas en las que se incluían mensajes personalizados de ánimo. Asimismo, recolectamos correspondencia de apoyo de cualquiera que se identificara con la causa. También organizamos visitas a los distintos centros de reclusión en las que llevábamos juegos de mesa, libros o revistas. En otro centro de reclusión distinto al de Fray logramos ingresar músicos para animar a los treinta y un presos políticos encerrados. También organizamos eventos y charlas.

Una vez recogí un lote de comidas que estaba preparando una Defensora Activa del Foro Penal y quedé sorprendido por el esfuerzo que ella hacía para terminar veinte almuerzos. Tenía su cocina hecha un desastre, su aire acondicionado se había dañado y hacía allí un calor infernal, pero en su rostro se veía una sonrisa contagiosa porque la pasta que preparaba, a pesar de que no conocía a ninguno de estos veinte presos, llevaba todo el amor del mundo. También muchos restaurantes, y hasta peluqueros de la zona, sumaban su buena voluntad y nos contactaban para ofrecer gratuitamente sus servicios y aliviar la carga económica de los familiares.

* * *

Recuerdo con mucho orgullo una oportunidad en la que nos tocó visitar a Fray (tal vez, su día ochenta de encierro, no lo recuerdo con exactitud). Organizamos una visita numerosa de varios activistas que tenían muchas ganas de conocerlo, llevamos tortas, dulces, bebidas y juegos de mesa. La idea era animarlo y regalarle al menos treinta minutos distintos. En esa oportunidad, para permitirnos el ingreso, todos fuimos objeto de una requisa; a las mujeres las desnudaron y las hicieron saltar en cuclillas. Fue sumamente ofensivo e innecesario, pero ellas accedieron solo por la oportunidad de acompañarlo y brindar el apoyo moral necesario para continuar resistiendo.

¡Es hoy!

Días antes de la libertad de Fray, él ostentaba el récord del preso político en el Estado Bolívar con más tiempo en prisión: su encierro duró noventa y un días. Tiempo antes de su liberación, la situación política se complicó: sectores de la oposición venezolana habían convocado e instalado una consulta popular en todo el territorio nacional que no contaba con el aval del Centro Nacional Electoral (CNE). En ella, se le consultó a la población votante tres cosas:

1 el rechazo y desconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el gobierno de Maduro;

2 la solicitud de acción por parte de las Fuerzas Armadas para defender la Constitución; y

3 la aprobación de una renovación de poderes públicos, así como la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional.

La consulta tuvo el respaldo de más de siete millones de venezolanos.

Ante esto, el gobierno respondió con la instalación y constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que carece de reconocimiento nacional e internacional. Esta hizo cambios estructurales en las instituciones el país, logró deshabilitar al Poder Legislativo constituido por mayoría opositora y destituyó a la fiscal general de la república para enjuiciarla. El Ministerio Público representado por la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien desde sus inicios fue clave en la política de Chávez, no solo en la consolidación de un gobierno dictatorial, sino también para forjar una política de persecución contra los disidentes en 2014, actuó de forma distinta en 2017. Los fiscales hacían uso de las herramientas jurisdiccionales para requerir las libertades de los presos políticos. Ante su expulsión, esa ventaja que teníamos se diluyó y la presión institucional que ofrecía se suspendió de forma indefinida. Por lo tanto, estos episodios hicieron que las libertades, beneficios y afines se desvanecieran. Venezuela era una bomba de tiempo; la angustia y la incertidumbre reinaba en el ambiente y los presos políticos eran los principales afectados. En los centros de reclusión que contaban con patios para el esparcimiento, les fue limitado el acceso y suspendieron las visitas y el ingreso de alimentos.

Fray, aparte de sufrir una sentencia injusta, estaba privado de su libertad ilegítimamente, pues casi desde el día cincuenta y cinco de su encierro había una decisión judicial que ordenaba su libertad provisional. Además de ello, meses atrás el tribunal había acordado un traslado a un centro asistencial de salud por las lesiones recibidas en la aprehensión y durante su encierro en la primera prisión. Esta orden nunca fue ejecutada porque se alegaba una falta de funcionarios y de patrullas para hacer el traslado y la custodia del preso.

Ante tantas irregularidades, se interpuso una tutela constitucional por denegación de justicia. Aunque, al igual que recursos anteriores, lo declararon inadmisible, fue útil para acceder a reuniones con el presidente del circuito judicial y aumentar la presión del caso. También se multiplicó la difusión de la imagen de Fray en las páginas y redes sociales oficiales de la organización. Se nos acababa el tiempo, Fray sufría una infección renal debido al acceso restringido al baño; orinaba sangre, tenía una deshidratación severa por amibiasis y su piel mostraba vestigios de sarna que había contraído por las pésimas condiciones de salubridad.

En virtud de la presión externa que hacíamos, al interior los presos pagaban las consecuencias. Les negaban el acceso al baño, por lo que debían hacer sus necesidades en el mismo calabozo, en bolsas plásticas y ante los otros reclusos. Los policías estaban cansados de ellos porque recibían constantes acusaciones de violaciones a los derechos humanos que los incomodaban. Finalmente, después de varios días intensos y de haber bajado un poco la presión social, el 7 de agosto de 2017 recibimos la noticia de un informante anónimo que afirmaba: “¡Es hoy! ¡Por fin Fray sería liberado!”.

Me exigieron absoluta discreción como condición para su liberación. Era como ganar la copa del mundo sin poder celebrarla. Accedimos a la petición y nos dieron luz verde. Todos estábamos muy emocionados, su familia y amigos, los abogados e incluso me atrevo a confesar que los policías también. Me dirigí al tribunal, casi las 9 de la noche, estaba muy ansioso e incrédulo. Solo faltaba la rúbrica del juez y la confirmación de última hora de otro superior.

Salió el alguacil con la boleta en la mano; le pedí que me la mostrara para confirmar que los datos fueran correctos. Todo estaba en orden. A falta de vehículos o unidades de transporte de los tribunales, yo mismo me ofrecí a llevar al alguacil hasta el centro de reclusión donde estaba Fray. En el camino, me comunico con el equipo; también estaba su madre, a la que le había informado desde temprano y que esperaba con impaciencia. Al llegar al sitio, se mezclaron las risas con los llantos. El alguacil procedió a entregar la boleta al funcionario de turno y él notificó la orden a su superior. Nos hicieron esperar una hora más. Fray, adentro, desconocía lo que ocurría. Un funcionario se le acercó y, en una broma cruel, le pidió que recogiera sus cosas porque sería trasladado a la Colonia Penitencia del Dorado. Luego, lo esposó. Afuera, lo esperábamos con mucha alegría: esa noche cambiaba una celda fría por su confortable cama.

El funcionario admitió su broma y le informó que iba a salir, pero Fray no le creyó. Le dijo que estaba agotado, pidió por favor que no le hicieran más daño. Después, salió del calabozo con sus pocas pertenencias en una bolsa plástica, y con la mirada incrédula traspasó la puerta principal del comando. Su rostro no mostraba felicidad o sorpresa, sino miedo. Tenía la expresión de alguien que había sufrido mucho y que no creía en el afecto de las personas; y pese a que su madre se abalanzó sobre él, su reacción fue mínima, apenas pudo contraer sus brazos para recibirla. Por su parte, muchos de los activistas que estaban en la escena empezaron a llorar, abrazaban a Fray, aunque era la primera vez que muchos de ellos lo veían en persona. Estaba pálido, porque no había recibido luz solar desde hacía más de sesenta días; su mirada era inquietante y despistada.

Esa noche se tomaron muchas fotos para recordar la importancia de la libertad, que puede ser arrebatada por intereses políticos y cuya pérdida trae consigo el deseo de muerte a quien la pierde. Mientras escribo estas líneas, un total de trescientos veintiún presos políticos en Venezuela[10] padecen el sufrimiento y las mismas condiciones de reclusión que soportó Fray y que, mientras tanto, dejan una terrible cicatriz en su memoria.

El mañana de un preso político

Muy pocas cosas han cambiado para Fray a un año de su liberación. Aún vive en el mismo país que dejó antes de su encierro, solo que la mayoría de sus amistades emigraron. Al igual que miles de jóvenes, está muy frustrado por la situación económica que lo mantiene estancado y sin oportunidades, y por eso su único objetivo es abandonar el país. Hoy trabaja como mesero de un restaurante con un salario de 7 dólares estadounidenses con el que apenas cubre sus gastos personales. Sus planes de estudiar se han esfumado y está concentrando en resolver su situación legal para poder salir del país. No tiene ahorros ni bienes que pueda vender; tampoco posee pasaporte y la institución que los emite no está dando citas para tramitarlo. La única opción es pagarle a un gestor que tiene vínculos con las autoridades para poder conseguirlo, pero suelen cobrar alrededor de 3000 dólares. Fray sufre fuertes dolores en sus rodillas por el maltrato recibido en la cárcel y ya no puede jugar al fútbol. Tiene pesadillas y es muy poco comunicativo; en sus horas de descanso prefiere estar en la seguridad de su habitación y su opinión política de la situación actual ha disminuido.

Al igual que Fray, miles de jóvenes que han sido objeto de detenciones arbitrarias han migrado o están planeando hacerlo. Según cifras de Acnur, para 2018 han emigrado cuatro millones de venezolanos (Acnur, 2019). Caracas, ciudad que antes estaba superpoblada y congestionada, hoy tiene poco tráfico y parece abandonada. Las principales universidades del país registran la mayor deserción estudiantil y los profesores también deciden irse del país. Los grupos de jóvenes integrantes de partidos políticos y los movimientos estudiantiles en todas sus formas están desmotivados (muchos de ellos, casi desolados). Las principales fuerzas opositoras no tienen una ruta clara de salida de la crisis y todos los potenciales líderes políticos están inhabilitados, encarcelados o en el exilio. Recientemente se ha agravado la situación humanitaria. No hay medicinas, el alimento sobrepasa el ingreso promedio de los venezolanos y la oferta no cubre la demanda de la mayoría de los rubros. Las prioridades de todos han cambiado, pocos se preocupan por el bienestar colectivo.

Como cabe esperar, las organizaciones de derechos humanos se han visto afectadas, sobre todo sus trabajadores. Muchos han desistido de sus labores no por falta de inspiración o trabajo, sino por la misma razón por la que la mayoría de los venezolanos dejan su tierra. Cada vez se hace más difícil cubrir los espacios, el gobierno ha diversificado y aumentado la represión, y la justicia social ya no llega a ninguno de los nacionales. Según una encuesta a mil doscientas personas, el 77% considera que la gestión del gobierno de Maduro es mala y por lo tanto no se sienten identificados con sus políticas (El Nacional, 2018). Por su parte, los líderes de la oposición no han podido sacar ventaja de ese panorama político por falta de consenso entre ellos. En ocasiones, son calificados de traidores o conspiradores por negociar con el gobierno, y se los acusa de oxigenarlo cuando la situación social y política los tiene presionados.

El cierre de los espacios de la sociedad civil es evidente y parece no tener punto de retorno. Pero ¿qué se ha hecho para revertir esta situación? Posteriormente al fracaso (ya anunciado por diversos analistas) de las mesas de diálogo constituidas en República Dominicana en febrero de 2018 entre representantes del gobierno y la oposición, han surgido distintas alternativas que buscan enfrentar esta situación a través de mecanismos o agrupaciones inusuales, como por ejemplo el Frente Amplio Nacional para Venezuela (s.f.). Existen, además, otros similares a este, pero con distintos enfoques y metas: unos con la participación de dirigentes de la oposición, otros solo integrados por movimientos sociales, ONG y universidades, como Reto País. Básicamente todos desean enfocar la crisis a otra dirección y recuperar de a poco los espacios perdidos por un cúmulo de malas decisiones de los responsables de dirigir la política en Venezuela.

La creación de estos movimientos puede responder a dos escenarios. Por un lado, la imperiosa necesidad de conquistar y reconstruir la confianza de los venezolanos para salir de la crisis. Por otro, los partidos de oposición simplemente buscan renovar sus fuerzas y recuperar la confianza de sus electores con otras estrategias, que acaso tengan la misma suerte que las anteriores. Sin importar la respuesta, considero que, mientras se busque recuperar y conquistar los espacios haciendo uso de la participación legal y legítima de la sociedad venezolana, puede que haya una solución para la crisis.

Hoy debemos reflexionar acerca de las terribles experiencias que hemos vivido, como acostarse con el estómago vacío por la escasez de alimento, el padecimiento de un familiar enfermo por no tener el medicamento adecuado para tratar su enfermedad, la muerte de bebés en los hospitales por desnutrición severa, el llanto de madres por la pérdida de sus hijos gracias a la GNB, el joven ingeniero o médico que está limpiando un restaurante en Chile o la Argentina solo para enviar remesas a sus familiares con la ilusión de reencontrarse. O también de aquellos que emprenden un viaje por carretera mientras llevan en una maleta toda una vida.

Y de eso se trata, de no volver atrás y aprender de las lecciones que nos dejó ese pasado. Todos, a diario, perdemos un poco más de libertad. Esto se manifiesta en situaciones muy sencillas y elocuentes como no poder asistir a un evento por la inseguridad o no poder ducharse por racionamiento de agua; pero también existen graves casos como el de Fray, un preso político sin rostro que sufrió el encierro por ejercer el derecho a la protesta. Es por ello que todos debemos continuar enfocados y no perder jamás la esperanza de conquistar la libertad de Venezuela.

Referencias

Acnur (2019), “Refugiados y migrantes de Venezuela superan los cuatro millones”, 7 de junio, disponible en <www.acnur.org>.

Afiuni, M. L. (2018), La presa del comandante, Caracas, Dahbar.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s.f.), “Sobre los defensores de derechos humanos”, disponible en <www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx>.

Benoit, R. G. y M. C. Anderson (2012), “Opposing Mechanisms Support the Voluntary Forgetting of Unwanted Memories”, Neuron, 76(2): 450-460, disponible en <www.sciencedirect.com>.

Dam, G. (2017), “En Bolívar han arrestado a 290 personas en 120 días de protestas contra la dictadura”, El correo del Caroní, 4 de agosto, disponible en <www.correodelcaroni.com>.

El Nacional (2017), “Luisa Ortega Díaz: Sentencias del TSJ violan el orden constitucional”, 31 de marzo, disponible en <www.el-nacional.com>.

— (2018), “Encuesta asegura que 77% de 1200 venezolanos quieren cambio de gobierno”, 11 de febrero, disponible en <www.el-nacional.com>.

Foro Penal Venezolano (2018), Informe de represión del 2017, disponible en <foropenal.com/2018/02/16/reporte-la-represion-venezuela-2017>.

Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch (2017), Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela, disponible en <www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela1117sp_web.pdf>.

Frente Amplio Venezuela (s.f.), “¿Quiénes somos?”, disponible en <www.frenteampliovenezuela.com/quienes-somos>.

González Mendoza (2017), “La hipótesis de la muerte de Neomar Lander”, El Nacional, 8 de junio, disponible en <www.el-nacional.com>.

Himiob Santomé, G. (2009), El Gobierno de la intolerancia, Caracas, Los Libros de El Nacional.

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (2017), Informe de conflictividad social en Venezuela, disponible en <www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias- de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela- en-2017>.

Te Interesa (2012), “El cerebro es capaz de olvidar recuerdos dolorosos sustituyéndolos por otros o borrándolos”, 18 de octubre, disponible en <www.teinteresa.es>.

Una Ventana a la Libertad (2017), Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Helicoide y Plaza Venezuela, 22 de junio, disponible en <unaventanaalalibertad.org>.

Waites, R. (2011), “La máscara de ‘V de Vendetta’: ¿qué hay detrás?”, BBC Mundo, 22 de octubre, disponible en <www.bbc.com>.

[1] Para mantener la seguridad e integridad física de la persona, los nombres reales han sido modificados.

[2] Diapositiva del tribunal en funciones de control que sustanció el procedimiento penal de Fray Lacava.

[3] Notas de campo del autor.

[4] El historiador Robert Alonso explica que el término comenzó a utilizarse como sinónimo de refugio cuando, en Venezuela, mandaba el militar Marcos Pérez Jiménez (1953). En aquel entonces, la resistencia cívica diseñó un método de subversión: se operaba contra la dictadura para luego correr en busca de seguridad en el interior de las iglesias. En aquella oportunidad no se hablaba de trancar o tomar las calles, sino de hacer actos de sabotaje cercanos a las iglesias para luego refugiarse en ellas antes de que “los tocaran los esbirros del régimen”. Sin embargo, el gobierno de Hugo Chávez lo utilizó en varias oportunidades para descalificar las protestas sociales de sus adversarios. Fue él quien acuñó el término en 1996, cuando lideraba la campaña electoral e invitaba a los venezolanos a “resistir” en las manifestaciones contra los partidos de derecha. Véase Melisa Silva y Clavel Rangel, “¿Qué son las ‘guarimbas’?”, La Vanguardia, 11 de marzo de 2020, disponible en <www.lavanguardia.com>.

[5] Véase Maduradas, “Neomar Lander contó sus razones para salir todos los días a luchar por Venezuela”, 8 de junio de 2017, disponible en <www.youtube.com/watch?v=xiIFfYgh1MI>.

[6] Es un parque nacional de recreación abierto entre las 5 y las 17 horas.

[7] Comunicación personal con el autor, 3 de marzo de 2018.

[8] Desde las protestas sociales de 2014 y la consecuente represión promovida por el Estado, “el término ‘colectivos’ se ha utilizado en general para describir a pandillas armadas partidarias del gobierno que atacan a manifestantes, transeúntes o personas que creen opositores al gobierno, a menudo a plena vista de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas”. También colaboran con fuerzas de seguridad en el control de manifestaciones, repeliendo y deteniendo personas.

[9] Los videos disponibles están en la plataforma de YouTube: caso “Yrma Bello”.

[10] Según datos de la organización Foro Penal a marzo de 2021, disponibles en <foropenal.com/presos-politicos/#categorias>.