Читать книгу Colombia. El terror nunca fue romántico - Eduardo Mackenzie - Страница 17

8 de marzo de 2020

NO BASTA CON QUEJARNOS POR LO que hace la JEP. No basta escribir artículos y cortos mensajes iracundos en las redes sociales cada vez que ese organismo creado por las Farc comete fechorías. Los bonzos de la JEP se ríen bajo capa de nuestra indignación. Saben que la irritación espontánea de la sociedad no dura y no genera consecuencias negativas para ellos, si esa indignación no es canalizada y reforzada políticamente.

Saben muy bien que el cinismo de sus decisiones, como el que acaban de ejecutar al declarar «amnistiable» el atentado contra la Escuela Superior de Guerra, donde fueron heridos 23 estudiantes el 19 de octubre de 2006, en Bogotá, no pone en peligro la existencia de ese aparato subversivo creado por las Farc. La JEP seguirá ayudando a consolidar la subversión pues sabe que ni el gobierno ni la clase política se sienten capaces de encarar el problema. Saben que la línea es gerenciar el asunto y dejar que, pese a todo, el monstruo siga vivo.

Pero es posible que los electores saquen sus propias consecuencias.

Asombra ver, en todo caso, que algunos dirigentes del Centro Democrático, tras la explosión de furor nacional por la nueva resolución inicua de la JEP, quien amnistió, además, a Marilú Rodríguez Baquero, alias «Mata Hari» —la terrorista Farc condenada en 2015 a 25 años de prisión por haber infiltrado una institución universitaria y ayudado a preparar y ejecutar ese atentado—, solo proponen enmendar ese tumor maligno dejado por la administración Santos.

En lugar de pedir desde ya la abolición pura y simple de ese aparato, y de llamar a la movilización general contra la JEP, algunos regresaron a sus sillones a esperar que el recurso interpuesto por la Procuraduría contra la maligna decisión les saque las castañas del fuego.

Paloma Valencia pide, por ejemplo, dialogar para ver cómo se puede «reformar la JEP», lo que contraría lo que piden millones de ciudadanos que están hartos de ver cómo Colombia se ridiculiza al ser el único país del mundo que tiene un organismo de «justicia especial» que proclama, sin que sus jueces sean acusados de complicidad con el terrorismo, que un atentado con armas prohibidas (carro-bomba), contra un centro universitario lleno de jóvenes y de civiles, fue un «acto lícito de guerra a la luz del derecho internacional humanitario». Contra lo que estiman la JEP y los violentos, esa escuela no es un cuartel, ni un centro de mando militar.

Sorprende ver que algunos parlamentarios se limitan a decir que se debe invalidar ese mecanismo de «justicia transicional», sin tomar medidas concretas.

Los congresistas no son elegidos para que hagan declaraciones compasionales sino para que asuman sin tardar las acciones concretas de su rango: presentar proyectos de ley, o proyectos de reforma constitucional, para ayudar al país a salir de las trampas que urden sus enemigos.

Los senadores y representantes están para informar y movilizar a la ciudadanía en torno de la acción política, sin esperar que el humor de los jueces cambie sobre ciertos puntos, y para debatir y defender con energía los proyectos de ley benéficos para el país y para desmantelar los organismos que consideran nefastos.

¿No ha llegado acaso el momento de redactar un proyecto de ley que busque abolir ese adefesio que se hace llamar JEP? ¿No ha visto el CD que la opinión pública, tras la proclamación infame del 2 de marzo, quiere orientación y acción ya mismo? ¿No ven que ha llegado la hora de obrar como una bancada parlamentaria de combate?

Nada es más urgente en este momento que dar un paso concreto: redactar un proyecto de ley que proscriba la JEP, darlo a conocer a las mayorías nacionales, organizar campañas de educación cívica en todo el país, con conferencias y mítines públicos en torno de ese texto y luchar, al mismo tiempo en el Senado y en la Cámara de Representantes, teniendo o no la mayoría de esos colegios, para sacar adelante la proscripción y abolición definitiva de la JEP.

La JEP no es un detalle, no es un accidente ni un malentendido, no es un tropiezo que se resuelve con un simple recurso. Es un inmenso problema político que está minando el Estado de Derecho y que requiere una decisión política respaldada por la movilización ciudadana.