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Introducción

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En las batallas intelectuales de la izquierda más tradicional es habitual escuchar que el Estado no es más que un instrumento de la clase dominante para perpetuar su poder. Una aseveración hermana de aquella que descalifica al derecho moderno por su presunto carácter burgués. Aunque, en más de una ocasión, la evidencia empírica parece otorgar sustento a estas posturas, la complejidad de las instituciones edificadas alrededor de nuestras sociedades difícilmente podría agotarse mediante una caracterización semejante. Sin duda, la historia de las últimas décadas está llena de ejemplos en los cuales la defensa del Estado de derecho ha sido la fachada perfecta para beneficiar intereses particulares, sin embargo, la crítica de su incapacidad para resolver los problemas esenciales de nuestro mundo, suele venir acompañada de un nostálgico elogio por formas de organización pre-modernas o por el retorno a una idílica situación de bondad originaria.

Así, mientras los sectores liberales diseñan complejos entramados institucionales para garantizar el equilibrio de poderes,1 buena parte de la izquierda contemporánea se ha empeñado en defender la capacidad espontánea de autoorganización de los pueblos o el regreso a formas tradicionales de convivencia. Aunque es innegable que estas últimas pueden otorgarnos herramientas puntuales de resistencia y organización, no parecen ser una solución definitiva ante los principales conflictos que aquejan a sociedades plurales y complejas como las nuestras. Sociedades en las que la mayoría de sus individuos ha asumido el carácter irrenunciable de valores propiamente modernos como el respeto a la integridad personal, la defensa de los derechos civiles, la equidad de género, el respeto a la pluralidad de cosmovisiones del mundo y la tolerancia ante las más diversas formas de comportamiento en los ámbitos público y privado.

En todo caso, la idealización de los impulsos comunitarios a la que se suele apelar para “superar” el derecho burgués, ha sustituido una reflexión fundamental respecto al tipo de institucionalidad jurídico-política que cabría esperar de una organización social alternativa. Al hacerlo, los sectores de la izquierda más crítica no han dejado de regalar el lenguaje jurídico a los partidarios del liberalismo sin haber edificado, mientras tanto, un entramado institucional distinto al de las llamadas “democracias liberales”.

Con ello, sin embargo, no deseamos reivindicar la superioridad teórica del liberalismo frente a aquellas posturas que han colocado en el centro de su reflexión la crítica al capitalismo. Antes al contrario, pensamos que éstas últimas son esencialmente verdaderas, que la tendencia del desarrollo capitalista ha mostrado ser incompatible con la salvaguarda de la dignidad de los seres humanos y que los problemas centrales de nuestro tiempo son incomprensibles si no se analizan en la clave de las necesidades del proceso de acumulación capitalista. No obstante, también creemos que cualquier proyecto alternativo debe plantearse seriamente el problema del tipo de instituciones que harían posible una organización social capaz de garantizar los derechos civiles, políticos y sociales de todos los seres humanos por encima de la lógica de acumulación capitalista.

En este libro presentamos un conjunto de textos que, desde distintas posturas, muchas veces opuestas entre sí, intentan repensar una articulación posible entre el Estado, el derecho y las nuevas formas de emancipación que se oponen a la dictadura del capital. En la primera parte del mismo, el lector encontrará un conjunto de reflexiones cuya intención es desvincular los conceptos de Estado y derecho de los argumentos liberales; mientras que, en la segunda, se plantean distintas formas de lucha para transformar las condiciones que han convertido a los Estados modernos en siervos del capital.

Los profesores de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero, en colaboración con Daniel Iraberri, nos entregan un interesante texto en el que intentan mostrar las condiciones por las cuales un Estado puede ser “algo más” que un simple instrumento de dominación. Desde su perspectiva, lo que distingue a las posturas liberales de las propuestas más cercanas al socialismo o al comunismo, es que aquellas no están dispuestas a aceptar la implementación de instituciones de garantía que protejan los derechos sociales de los individuos. Para justificar esta negativa, el liberalismo suele echar mano de la célebre distinción de Isaiah Berlin entre la libertad negativa y la libertad positiva, además de apelar al derecho de propiedad como un derecho fundamental. Sin embargo, Alegre, Liria e Irraberri refutan ambos argumentos mostrando que el primero funciona mediante una oposición engañosa, mientras que el segundo responde a una confusión interesada.

En el texto “Fraternidad y democracia en el origen de la modernidad política”, Ricardo Bernal Lugo intenta mostrar cómo debe ser entendido el concepto de fraternidad, mismo que cuando no ha sido soslayado en los debates actuales de la filosofía política, ha dado pie a malos entendidos pues se considera un concepto cargado de sentimentalismo y psicologismo, es decir, ajeno a cualquier contenido político. En dichos debates, sean de izquierdas o de derechas, donde el tema central es la democracia liberal, no faltan reflexiones sobre la libertad y, en menor medida, sobre la igualdad, pero se evita flagrantemente una idea de fraternidad que desde su formulación implicó, como dice su autor, “la defensa de la ley como instrumento para combatir la reproducción de las relaciones de dependencia patriarcal en la esfera política y en el ámbito civil”.

Para mostrar la importancia de la fraternidad, Bernal Lugo nos propone no un análisis de “ideas” o, como dijo Engels, de “malabarismos etimológicos”, sino un planteamiento que nos sitúa en dos contextos históricos claramente definidos: la primera República francesa de 1789 y la lucha de clases en Francia alrededor de 1848. En el primer caso, el proyecto político de la fraternidad —que puede ser resumido como la aspiración a una “República capaz de combatir esa peculiar forma de desigualdad que volvía dependientes y serviles a los menos favorecidos”— se enfrentó a los defensores del sufragio censitario que niega el voto a los desposeídos o no-propietarios; cuestionó el régimen de propiedad que reproducía la desposesión; y luchó contra un sinfín de condiciones económicas, políticas y sociales, causantes de la pobreza y la dependencia de gran parte de la sociedad francesa. En el segundo caso, la idea de fraternidad fue la bandera de lucha de algunos defensores del neo-jacobinismo republicano, y de gran parte de los movimientos obreros, los cuales tenían bien claro que los derechos civiles no podían ser disfrutados si no iban acompañados de los derechos políticos y sociales. Quizás esta última reflexión esté latente en todo el texto, y sea una invitación a cuestionarnos si hoy por hoy es válido, incluso honesto, seguir hablando de democracia, o de una sociedad libre, si ésta se basa en la desposesión y el vasallaje que siempre combatieron los partidarios de la fraternidad.

Por su parte, el académico de la Universidad Autónoma de Madrid, Eduardo Álvarez, argumenta que Marx siempre tuvo un acercamiento histórico a los objetos que analizaba, por lo mismo, su crítica a la “sacralización del derecho” efectuada por el liberalismo no debe ser entendida como una crítica a “la regulación social de las relaciones sociales y el conjunto institucional del aparato de Estado”. El autor nos invita a comprender la perspectiva “dialéctica” puesta en marcha por Marx, según la cual las instituciones de la democracia liberal deben ser entendidas como momentos aún insuficientes de una totalidad más amplia. Desde su perspectiva, “Marx no pone en cuestión la democracia como ideal político, sino más bien la expresión limitada y parcial de la misma, que deja fuera a la inmensa mayoría del acceso a los derechos sociales y que trata además de imponerse como si esa versión limitada ya constituyera por sí misma el cumplimiento realizado de dicho ideal”.

De igual forma, el profesor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Flores Miller, retoma los conceptos de Estado y sociedad civil en Hegel para mostrar que el autor alemán defiende una posición irreductible a la del liberalismo. En particular, Hegel se distancia del contractualismo liberal porque no hace descansar el fundamento del Estado en un hipotético contrato originario, más bien intenta mostrar que el derecho es el resultado de un proceso histórico de luchas en cuyo centro se debate la propia libertad. De igual forma, Hegel se niega a colocar a la propiedad como la instancia medular de las sociedades modernas, mostrando que su papel es el de una determinación limitada dentro un conjunto más amplio y complejo. En su análisis, Flores Miller destaca el papel que Hegel le otorga al “sistema de las necesidades” en la sociedad civil. El alemán considera que la interacción del mercado es una dinámica insuficiente para mediar el conflicto social; por lo mismo, la intervención de lo público se vuelve insoslayable en el tejido institucional moderno.

Para finalizar esta sección, Juan Jesús Garza Onofre y Octavio Martínez Michel analizan el concepto de Estado de derecho en el discurso político contemporáneo. A pesar de que el ideal que éste encarna parece estar por encima de ideologías de izquierdas o derechas, recientemente, constatan los autores, su contenido parece haber sido apropiado por el lenguaje de la derecha. Ante tal evidencia, los autores intentan mostrar el protagonismo que han tenido exigencias “de izquierda” en la construcción teórica y práctica del Estado de derecho. Para lo cual, intentan realizar una delimitación conceptual sobre aquello que puede ser enmarcado con el concepto de “izquierda”. Al hilo de esta reflexión, los autores se plantean si pueden existir jueces de izquierda, una pregunta que tiene importancia porque “en países como México, España o Colombia donde ha sido complicado avanzar en la batalla por los derechos por la vía legislativa, han sido las Cortes Supremas quienes han abanderado por momentos luchas consideradas como progresistas o de izquierda”. Sin embargo, resulta paradójico que sea el poder que más recuerda a un estamento aristocrático de un Estado monárquico el que encabece las batallas de la izquierda.

Ya en la segunda sección, Enrique González Rojo nos entrega un artículo titulado “La lucha política en las nuevas condiciones del capitalismo”. En él nos habla sobre la urgencia de la unión y organización por parte de los que son víctimas de la explotación para frenar el desarrollo de un capitalismo que es cada vez más nocivo para la vida social y natural del planeta. Sin embargo, a contracorriente de una ideología que evita que los explotados se asuman como tales, los integrantes de dicha organización deben adquirir una conciencia de clase. Así, afirma el autor, es preciso enfrentar a unos aparatos ideológicos del Estado que cumplen su tarea cabalmente y, bajo la máscara de una supuesta “sociedad civil”, ocultan que dentro de los expoliados por el sistema no sólo se encuentran los obreros fabriles, sino también los “campesinos, los burócratas, los empleados bancarios, los trabajadores de la circulación, los operarios de las empresas de servicios, etcétera”.

El problema, sin embargo, no se reduce a la toma de conciencia de los desposeídos de los medios de producción. Tal conciencia es necesaria para la lucha anticapitalista, pero no es suficiente. Para acabar con los barbarie capitalista, el profesor González Rojo propone una organización autogestionaria basada en la autoorganización, el autogobierno y la autodisciplina, que retome lo mejor, en cuestiones organizativas, de las tradiciones marxista (“lucha disciplinada y coherente”) y anarquista (“la denuncia del carácter suplantador de toda vanguardia”), pero evitando los vicios en que desembocaron, a saber: “la práctica de una dirección que sustituye a la base”, y la desorganización y “el horizontalismo a-centralista que opone a la férrea disciplina del enemigo”, respectivamente.

El trabajo de Gerardo Ambriz Arévalo recupera los textos de Marx para mostrar que éste tenía una perspectiva del Estado más compleja de lo que se nos suele presentar. Retomando ideas de Poulantzas y Althusser, señala la importancia del Estado para mantener la “cohesión de una formación social”, es decir, para perpetuar las condiciones que hacen posible su existencia. En ese sentido, el Estado es una instancia necesaria para la reproducción del capital y, por lo mismo, Marx tenía claro que su conquista era parte fundamental de la lucha por la emancipación. Sin embargo, Ambriz nos muestra que en las reflexiones del alemán la vía revolucionaria no era la única para acceder al poder, también resultaban insoslayables luchas en frentes como el sindical (lucha económica), legal y electoral (luchas políticas). Con todo, la pregunta fundamental del texto es ¿para qué sirve la toma del poder del Estado? El autor intenta dar respuesta a esta interrogante mediante los trabajos de cuatro conocedores de la obra de Marx: en primer lugar, retoma la lectura del papel político del comunismo en Michael Heinrich; en segundo, la apuesta republicana de Antoni Domènech; y, finalmente, la relectura de El capital de Luis Alegre Zahonero y Carlos Fernández Liria.

Por su parte, el texto “Mantenerse en la izquierda sin bizquear a la derecha” de Jorge Velázquez Delgado, interpela a los que asumen una posición de izquierda para que sigan nuevas rutas tanto en la teoría como en la práctica política, sin dejarse intimidar o confundir por las ideas de la derecha. En otras palabras, el texto es una invitación a crear la historia y no sólo a padecerla. En sugerentes apartados como ”Dialéctica del totalitarismo invertido”, “Las razones del maniqueísmo liberal conservador”, “El poder de la derecha mediática en la era neoliberal”, “El sospechoso triunfo neoliberal en la era de la confusión global” y “El miedo es el mensaje en la dialéctica del trabajo forzado y el trabajo voluntario”, el autor analiza algunas de las calamidades por las que tenemos que pasar en las sociedades capitalistas (la miseria, el fetichismo, la mercantilización de todos los ámbitos de la vida social e individual, etc.), así como las alternativas para superarlas (nuevas formas de protesta o de movilización, la conquista del poder político del Estado, etc.).

En el caso del trabajo titulado “El Estado de derecho en la lógica de dominación del capital”, sus autores Egbert Méndez Serrano, José Luis Ríos Vera y Gabino Javier Ángeles Calderón, ponen en cuestión las tesis liberales y/o neoliberales sobre el propio Estado de derecho y la supuesta “neutralidad de normas jurídicas que protegen la libertad y derechos de los ciudadanos”; la separación entre la política y la economía; la “autorregulación” del mercado y el llamado a que el Estado no intervenga en asuntos económicos. Contra dichas tesis, los autores argumentarán que el Estado de derecho (y el Estado), lejos de ser la cura a problemas como la desigualdad, la violencia o la crisis humanitarias, es parte de la enfermedad, pues su verdadera función es la de permitir que el capitalismo se reproduzca indefinidamente. ¿Cómo lo hace? ocultando y legitimando la explotación, así como aislando “el proceso de acumulación de capital de conflictos de clase que lo puedan poner en riesgo”. Los ejes de la crítica al Estado de derecho, y los objetivos de los tres autores, se perciben claramente en los títulos de algunos de los apartados: “La articulación de la explotación y la dominación política en las sociedades capitalistas”, “La noción liberal de la autonomía de la política y la economía”, “Una falsa antinomia: el Estado de derecho y la violencia, “Un falso debate: el Estado de derecho versus el orden del capital”.

El presente libro cierra con el texto “Abstracción jurídica y concreto histórico”, de José María Martinelli. En este se plantean serios cuestionamientos a la idea de derecho defendida por Hans Kelsen. El profesor de la UAM-I discute si es posible llevar a la práctica el modelo del jurista austriaco, incluso si es acertado plantear una teoría pura del derecho donde se defiende una “racionalidad lógica expresada en la norma jurídica” ajena a cualquier contaminación por factores como la “moral o la religiosidad”. Pero más allá de poner en entre dicho los supuestos teóricos y formales del derecho, en el texto se sospecha de la neutralidad de Kelsen, ubicándolo dentro del conjunto de los defensores del orden existente. No obstante dichas críticas, Martinelli señala que “renunciar en abstracto a las garantías liberales es un retroceso; por el contrario, recuperar e impulsar un proceso de participación social es visualizar que el orden jurídico de mañana se comienza a construir hoy. Socializar la propiedad, fundar cooperativas de producción y consumo, garantizar educación gratuita a todos, impulsar la igualdad en las diferencias, socializar la cultura como necesario bien público, democratizar la democracia con participación directa y representativa a un tiempo, revocación del mandato de los funcionarios públicos, son algunas de las medidas a desarrollar; todas ellas demandan modificar derechos básicos hoy, con proyección a un derecho futuro que garantice libertad y bienestar”.

Por último, queremos agradecer al Dr. Jorge Rendón Alarcón por el inmenso apoyo brindado para la publicación de este libro. Asimismo, deseamos expresar nuestra deuda intelectual con el profesor Carlos Fernández Liria, en buena medida este texto es el resultado de intensos y prolongados debates alrededor de su obra.

Gerardo Ambriz Arévalo/Ricardo Bernal Lugo

Enero, 2016

El derecho contra el capital

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