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ОглавлениеCapítulo I
Desempleo en jóvenes con bajos ingresos
Cuando la persona no cuenta con un empleo, se torna vulnerable y, con ello, arrastra a su entorno. Si el joven ya tiene responsabilidades familiares, los efectos del desempleo son aún mayores, pues estos medran en la calidad de vida de sus dependientes. Por ello, cuando carece de conocimientos, capacidades o herramientas para realizar un trabajo, el joven requiere del auxilio del Gobierno. Esto debe hacerse sí o sí. Si el joven no cuenta ahora con la experiencia y el conocimiento suficientes, más tarde le será imposible insertarse en el mercado laboral (Chacaltana, 1999, p. 10). De ahí la necesidad de que el Gobierno enfrente el problema del desempleo juvenil con extrema urgencia. Se debe, también, proveer a los jóvenes los conocimientos para hacer respetar sus derechos como trabajadores: contrato, remuneración mínima, jornada máxima de trabajo, seguros, etc. (MTPE, 2014b).
Del mismo modo, el Estado debe continuar con sus esfuerzos por reducir la informalidad que domina el mercado laboral peruano. Esto con el objetivo de que sea posible garantizar el trabajo decente y reducir el empleo precario. De este modo, se puede garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores según lo establecido por el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (El Peruano, 2017a). Además, es importante señalar el derecho al trabajo decente. Este se enfoca en el reconocimiento de derechos de los trabajadores y en sus conceptos básicos: oportunidades, libertad, productividad, equidad, seguridad y dignidad. De este modo, el concepto de trabajo decente debe estar en la base del desarrollo de políticas a favor de los trabajadores (Gamero Requena, 2015).
Ante esto, ¿debe el Estado encargarse de generar empleo o promover el empleo? En el pasado, el Estado llegó a tener una presencia dominante en los mercados de bienes y factores del Perú. En paralelo, la administración pública acogió a miles de trabajadores que no necesariamente, en su totalidad, contribuían a la eficiencia y eficacia del Estado. En lugar de ello, originaban trabas burocráticas en los trámites, así como excesivas regulaciones que dificultaban el adecuado desempeño de la sociedad (Du Bois & Torres, 2006, p. 22). Es más, la situación respecto a los funcionarios públicos se agravaba al no existir un sistema que permitiera relacionar su productividad con su remuneración (Du Bois & Torres, 2006, p. 26). Precisamente, los recursos públicos debieron ser usados para promover el empleo, y aún más, incentivar el trabajo decente para todos sin distinción. Esto significa, ciertamente, que los tomadores de decisiones públicas deben formular y construir un clima en el que trabajadores y empresarios logren sus objetivos sin privilegios, rentismos y subsidios insostenibles. Y, a la par, que la clase trabajadora y empresarial opte por mejorar sus competencias y habilidades en lugar de hacer lobbying y pugnar por favoritismos del Estado.
En general, la realidad trágica de los jóvenes de bajos ingresos siempre debe estar bajo escrutinio para encontrar una solución. Las cifras son preocupantes. Por ejemplo, entre los años 2007 y 2018, la tasa de desempleo entre jóvenes de 15 a 24 años ha sido mucho mayor que las que experimentaron grupos de mayor edad. Como se aprecia en la figura 1.1, durante la época de bonanza económica, el desempleo para los jóvenes se redujo de manera considerable y llegó a disminuir en 4 puntos porcentuales para el año 2013. No obstante, resulta fácil intuir lo difícil que ha sido para el joven encontrar empleo en el escenario de desaceleración productiva observado después del año 2015. Las cifras denotan resultados preocupantes: al año 2016, la tasa de desempleo igualó los resultados obtenidos 10 años atrás.
Asimismo, la figura 1.2 nos indica que la diferencia entre desempleo femenino y masculino en el área urbana también ha persistido a lo largo de los años. Si bien las tasas de desempleo por género a nivel nacional han tenido una tendencia descendente, se ha mantenido la diferencia entre ambas. De este modo, de decidir participar de la fuerza laboral, las mujeres tienen menos probabilidad de conseguir trabajo que los hombres. Esto sugiere que el desempleo tiene factores tanto de edad como de género.
¿Cómo se explican estos fenómenos? Las mujeres, como todos, tienen derecho a la igualdad de oportunidades. Asimismo, existen esfuerzos como el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (1998), que tiene como objetivo alcanzar el pleno acceso de las mujeres al mercado laboral en condiciones de igualdad (Cepal et al., 2013). No obstante, la presencia de discriminación por género hacia las mujeres persiste en el mercado laboral y es la causa de sus tasas de desempleo más altas (OIT, s. f.).
Figura 1.1 Tasa de desempleo según grupos de edad en áreas urbanas, 2007-2018
Fuente: INEI (2019e). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Figura 1.2 Tasa de desempleo del área urbana según género, 2007-2018
Fuente: INEI (2019e). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Esto se puede explicar por las percepciones sobre roles de genero arraigadas en la sociedad (OIT, 2015). Las mujeres realizan la mayoría del trabajo no remunerado, que implica el rol de cuidadora del hogar y de la familia (Beltrán & Lavado, 2014). Esto dificulta su inserción en el mercado laboral, pues se considera que el doble rol podría afectar su rendimiento al desempeñar una función (Bustelo, Suaya, & Viollaz, 2018). De la misma manera, existe particular dificultad para lograr insertarse en determinados sectores del mercado, como áreas técnicas y científicas (Ruiz-Bravo et al., 2018). Esto debido a que las mujeres son menos propensas a elegir carreras de alta productividad, que se traducen en salarios más altos. La mayoría de las mujeres empleadas lo están en trabajos estereotipados como «femeninos» y de menores remuneraciones (OIT, 2015).
De esta manera, la discriminación y la atención a trabajos domésticos están entre los principales obstáculos no solo para ingresar al mercado laboral, sino también para ascender a cargos de liderazgo (Alcázar & Balarin, 2018). Cabe resaltar, además, que la situación de discriminación se agudiza si la mujer pertenece a una minoría étnica (Garavito, 2011). La dificultad de ingreso al mercado laboral, además, conlleva la aceptación de sueldos menores y trabajos precarios, lo que genera un círculo vicioso. También puede traducirse en una mayor tasa de inactividad femenina causada por una menor motivación. Así, persiste el ciclo de la pobreza para el caso de las mujeres de bajos ingresos (INEI, 2018e).
Por su parte, también existe literatura que explica la razón de las altas tasas de desempleo juvenil. Para Zegarra, una de las causas es la educación y la relación que esta posee con la pobreza. Dado que asistir al colegio supone un costo para aquellos que no tienen los recursos necesarios, se derivan problemas de deserción escolar, y, por ende, dejan de adquirir capacidades vitales para un futuro empleo (Zegarra, 2015, p. 21). Por ello, en la medida en que «el sistema educativo y de capacitación no [prepare] adecuadamente a los jóvenes para el mundo laboral» (Ferrer, 2014, p. 51), el desempleo creciente será imparable. Ciertamente, se pueden dar otras explicaciones del ausentismo y la rotación laboral en los jóvenes. Por ejemplo, Huamani sostiene que los trabajadores de menor edad tienden a faltar al trabajo o cambiar de trabajo con mayor frecuencia que las personas mayores. Esto se explicaría por la falta de experiencia y por la inestabilidad que presentan los jóvenes (Huamani, 2013, p. 88).
Por otro lado, Chacaltana y Ruiz consideraron que otro factor importante del desempleo juvenil ha sido la transición a la maternidad o paternidad, usualmente no planificada, que presentaron los jóvenes. En su investigación, encontraron que, a los 29 años, el 65% de los hombres y el 80% de las mujeres ya contaban con hijos. Esto se traducía en una mayor probabilidad de abandono tanto de estudios como de trabajos, para dedicarse al cuidado de los niños (Chacaltana & Ruiz, 2012, pp. 293-294). Además, los autores hallaron que aquellos jóvenes que lograban tener acceso a algún tipo de educación para obtener trabajo podían presentar el problema de skill mismatch. Este surge cuando una persona se encuentra sobrecalificada para un trabajo y existe un problema de inadecuación entre lo que se necesita en el mundo laboral y lo que esta ha estudiado (Chacaltana & Ruiz, 2012, p. 294).
Favara y Sánchez sostienen que las experiencias a nivel cognitivo y formativo que tienen los jóvenes en la niñez o en la adolescencia son fundamentales para determinar su desarrollo educativo y laboral. Los autores resaltan que aquellos jóvenes de 22 años que crecieron en un ambiente cómodo y sin preocupaciones tienen mayores oportunidades para cursar estudios superiores, lo que los lleva a tener una mejor preparación para ingresar al mercado laboral. En la misma línea, hacen hincapié en que tanto las competencias socioemocionales como los sueños o aspiraciones cumplen un papel fundamental a nivel educativo en los jóvenes (Favara & Sánchez, 2018, p. 413).
Una causa más que intenta explicar la brecha en análisis es la cantidad de tiempo que los jóvenes demoran en conseguir estabilidad en sus trabajos. Según la OIT, el momento en que se logra una transición completa es cuando una persona joven tiene un empleo estable, satisfactorio o no satisfactorio; o un empleo satisfactorio, pero temporal; o un empleo por cuenta propia satisfactorio (Ferrer, 2014, p. 54). Ferrer identificó, usando información de la Encuesta sobre la Transición de la Escuela al Trabajo (ETET) aplicada por el INEI en el año 2012, que el 69,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años tardaron alrededor de tres años para lograr una transición completa. Ese tiempo de demora llegó a ser de tres a seis años, o hasta de seis a más años, en proporciones más reducidas de la población, el 14,9% y el 11,8% respectivamente (Ferrer, 2014, p. 59). ¿Cuánto de esta transición depende de las propias características formativas y técnicas del joven y cuánto del clima de inversión que genere empleo de manera sostenible? Es una pregunta que falta responder.
Con el objetivo de ver las causas desde una perspectiva económica, O’Higgins buscó explicar los principales determinantes del desempleo juvenil a nivel internacional y por qué estas tasas eran más variables que las de los adultos. En su investigación, indicó que los movimientos en la demanda agregada tienen un impacto en el desempleo, pero desproporcional entre ambos grupos etarios (O’Higgins, 2001, p. 40). Atribuyó esto a que las personas de menor edad tienden más a dejar sus trabajos de manera voluntaria para lograr ganar experiencia, y a que, básicamente, es más barato para las empresas despedir empleados jóvenes que adultos. El autor sostuvo, a su vez, que es menos probable que los trabajadores de menor edad estén sujetos a protecciones laborales legislativas, lo que facilita que las empresas puedan prescindir de ellos fácilmente (O’Higgins, 2001, p. 41). De aquí se desprende que uno de los posibles factores, a nivel global, de estas disparidades en el desempleo sería la iniciativa propia de los jóvenes de ganar mayor experiencia.
La problemática del desempleo juvenil se agrava cuando los reflectores caen sobre los ninis, aquellos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban (véase la tabla 1.1). Este grupo se encuentra invisibilizado y constituye un reto para las políticas públicas. Esto es preocupante, debido a que dentro de los miles de jóvenes ninis se estaría formando un núcleo poblacional que recurre a la delincuencia para poder sobrevivir (DCNE, 2012). Es preocupante el hallazgo de Tavera et al., quienes encontraron que en el Perú existía una mayor proporción de ninis entre las mujeres que entre los hombres, la cual era igual al 12,6% del total para el año 2013. Los casos más críticos se encontraban en las regiones de Cajamarca y Piura (Tavera, Oré, & Málaga, 2016, pp. 37-38), donde la pobreza urbana y la rural eran agobiantes. Por lo tanto, el problema de los ninis radica en que es potencialmente el embrión de otros dramas sociales como embarazo temprano, consumo de drogas y estupefacientes, así como delincuencia común o crimen organizado; aristas no solo de una pobreza material1, sino también moral2. Por ello, el desempleo juvenil es crítico, pero aún más dramática es la situación de aquellos jóvenes que no realizan ni trabajo ni estudio alguno que les permita salir de su situación de riesgo.
De Alcázar et al. (2018), se desprende que la situación de los ninis y de los jóvenes en trabajos precarios es extremadamente volátil e inestable. Las autoras sostienen que «[...] incluso cuando los jóvenes urbanos vulnerables trabajan, los circuitos laborales en los que se insertan los mantienen en situación de precariedad a través de los años» (Alcázar et al., 2018, p. 108). En esta línea, por medio de estimaciones cuantitativas, identificaron que, si un joven es trabajador en condiciones de precariedad, presenta una probabilidad del 34% de continuar siéndolo y del 20% de convertirse en nini en el año siguiente3 (Alcázar et al., 2018, p. 109).
Tabla 1.1
Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, 2009-2018
| Año | Nacional |
| 2009 | 16,8 |
| 2010 | 16,0 |
| 2011 | 16,2 |
| 2012 | 15,3 |
| 2013 | 15,9 |
| 2014 | 16,3 |
| 2015 | 17,3 |
| 2016 | 16,8 |
| 2017 | 17,0 |
| 2018 | 16,9 |
Fuente: Alcázar et al. (2018).
Figura 1.3 Estatus de actividad: jóvenes urbanos de 15 a 29 años, 2015
Fuente: Alcázar et al. (2018).
Como se puede apreciar, el desempleo experimentado por los jóvenes se debe a problemas de educación y formación académica, a elevados niveles de ausentismo y poca productividad por su falta de experiencia, al impacto de la demanda agregada en el empleo, entre otros factores. Esta problemática deriva en consecuencias negativas tanto para las personas de manera individual, en sus niveles de ingreso futuros, como para la sociedad en conjunto, que se traducen en criminalidad o delincuencia. En el Perú del año 2012, el número de pacientes jóvenes tratados por consumo de drogas fue alarmante: 3 de cada 10 personas tenían entre 13 y 18 años, y 1 de cada 5 personas, entre 19 y 25 años (Devida, 2016, p. 18). Respecto a las características de la población juvenil infractora registrada en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación del país, se tuvo que, para el año 2016, el 89,6% de los infractores no habían culminado su educación escolar (INEI, 2016d, p. 150). De aquí se desprende que, sin la educación necesaria, la generación de ingresos de estos jóvenes se ve fuertemente afectada; por ello, toman como opción delinquir. Dicho esto, es relevante la toma de acción del Estado para intentar mitigar estos conflictos adversos en la economía nacional.
El Perú ha tratado desde hace décadas de enfrentar el problema del desempleo juvenil. En la década de 1990, una serie de programas y acciones de capacitación técnica, entre los que destacaron Projoven, Aprolab y Caplab, emergieron por influencia de organismos multilaterales o cooperación internacional. El primero de ellos era un programa del Estado; el segundo, un proyecto de inversión pública del Minedu; mientras que el tercero era promovido por una asociación sin fines de lucro; y tuvieron como principal objetivo incentivar el empleo juvenil en las zonas marginales del Perú. Sin embargo, estos se establecieron de manera relativamente aislada, sin articulación entre sí (Chacaltana & Ruiz, 2012, p. 300). El programa que tuvo un mayor alcance fue Projoven, que, desde el Ministerio de Trabajo, y aprendiendo de Chile Joven, intentaba facilitar la inserción de jóvenes con escasos recursos en el mercado laboral mediante cursos de capacitación técnicos articulados con las necesidades de las empresas privadas (MTPE, 1999, pp. 13-14). Se atribuyen a este programa éxitos como mejorar la inserción laboral, los ingresos por hora y las horas trabajadas a la semana por los jóvenes. No obstante, se detectó que se requerían esfuerzos aún mayores en la inversión del programa para lograr mitigar la situación de pobreza de los participantes (Ñopo, Robles, & Saavedra, 2002, pp. 57-58). La verdad es que el problema no era que el joven consiguiera prácticas temporales de trabajo, sino que lograra un empleo con proyección de mediano plazo. Por ello, la preocupación siempre es el empleo juvenil.
Hacia el año 2001, en el Perú había 1,3 millones de jóvenes que vivían en zonas urbanas en condición de pobreza (Saavedra & Chacaltana, 2001, p. 12), ¿qué pasó con aquellos que sufrían de desempleo?
A partir de la información mostrada anteriormente, se concluyen dos cosas. En primer lugar, el desempleo juvenil de los pobres descendió de 364.492 a 87.956 personas entre los años 2004 y 2015. Esto como consecuencia natural de la acelerada tasa de crecimiento del PBI durante el período de auge económico en el Perú. Lamentablemente, esta tendencia decreciente se revirtió en los siguientes años: los desempleados jóvenes pobres ascendieron a 113.173 en el año 2017. En segundo lugar, el desempleo urbano descendió más rápidamente que el desempleo rural hasta el año 2015, y esto se debió a que sectores económicos como, por ejemplo, la construcción fueron grandes demandantes de mano de obra no calificada en ese período. No obstante, sobre la base de las estadísticas de la Enaho, 113.173 jóvenes que vivían en condiciones de pobreza no lograron insertarse en el mercado laboral para el año 2017.
Figura 1.4 Cantidad de desempleados pobres de entre 15 y 29 años en el Perú, 2004-2018
Fuente: INEI (2019a). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Con el objetivo de seguir mejorando el acceso a empleo de calidad para los más pobres, se creó el programa Jóvenes Productivos4 en agosto de 2011 mediante el Decreto Supremo 013-2011-Trabajo. Este fue establecido sobre la base del programa Projoven del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, creado en la segunda mitad de la década de 1990. Jóvenes Productivos tuvo el objetivo de «mejorar la empleabilidad y fomentar la inserción en el mercado laboral formal de los jóvenes de 15 a 29 años de edad, de escasos recursos económicos y/o en situación de vulnerabilidad» de las familias más pobres del país (MTPE, 2015a). Para ello, se distinguen dos líneas. Por un lado, la formación técnica para poder laborar en empresas. Por otro lado, la promoción del emprendimiento con la finalidad de generar el autoempleo juvenil sostenible.
Figura 1.5 Cantidad de desempleados pobres de entre 15 y 29 años en el Perú: 2013, 2014, 2018
Fuente: INEI (2019a). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Para entender mejor cómo un programa social lleva a los resultados esperados y poder monitorearlos, es importante introducir el concepto de teoría del cambio (Stein & Valters, 2012). Esta explica cómo se espera que una intervención lleve a un efecto (cambio) específico (UNDG, 2017). A través de relaciones causales, muestra una cadena de actividades y resultados que llevan hacia el objetivo final (Rogers, 2008). De este modo, describe una serie de eventos que deberían llevar a un resultado esperado (Vogel, 2012). Sobre esta base, y diversos trabajos de investigación, la figura 1.6 presenta un boceto gráfico de teoría del cambio. Cabe señalar que este libro no profundizara en la teoría del cambio ni pretende desarrollar una teoría del cambio para aquellos programas que no la tengan. Su propósito está orientado a estudiar el aprendizaje institucional de cada programa, y el boceto se hace con el objetivo de mostrar los efectos que el programa espera tener.
El boceto de teoría del cambio de Jóvenes Productivos, cuyo objetivo es reducir el desempleo juvenil, opera a través de la mejora en capital humano que generan las capacitaciones provistas por el programa, destinadas a aumentar su productividad (Sanz, 2003). De manera general, el programa brinda formación laboral que da a los beneficiarios los conocimientos técnicos necesarios para poder trabajar. Estos están ligados a sus derechos como trabajadores, la formalización, etc. (Reto Quintanilla, 2016). De la misma manera, el programa ofrece capacitaciones técnicas para poder ingresar al mercado laboral. Estas se orientan a atender la demanda del mercado, por lo que se centran en rubros demandados por las empresas aliadas (MTPE, s. f. [a]). Asimismo, ofrece capacitaciones para fomentar el emprendimiento de los jóvenes. De este modo, se esperaba que los jóvenes pudieran insertarse de manera exitosa en el mercado laboral formal o formar su propio negocio independiente (MTPE, s. f. [b]). Así, se esperaba impulsar una reducción en el desempleo joven y que aquellos jóvenes beneficiarios pudieran superar su condición de pobreza (Tristán & Vásquez, 2018).
En particular, la promoción del emprendimiento en jóvenes vulnerables resulta ser una estrategia de acción innovadora con el objetivo poner un freno a la transmisión intergeneracional de la pobreza. Este programa social inculca en los jóvenes, mediante capacitaciones y facilidades para acceder a capital, un cambio en su mentalidad para que sean artífices de su propio destino (MTPE, 2017a). Un caso de éxito es, por ejemplo, en Huamanga, Ayacucho, el de Felipe, practicante de veterinaria que, al visualizar la necesidad de mantener saludables a los animales en su localidad, sentó las bases para un negocio de éxito. Asimismo, en la ciudad de Tacna, está el caso de Lucila, quien, mediante sus conocimientos de repostería y las capacitaciones brindadas por el programa, encontró la oportunidad de establecer su negocio de pastelería e innovar en él (MTPE, 2017a). En este sentido, el programa brinda a jóvenes de escasos recursos el empujón (que representa un set de conocimientos y la entrega de capital semilla) necesario para empezar y administrar un negocio.
Figura 1.6 Boceto de teoría del cambio del programa Jóvenes Productivos
Fuentes: MTPE (2018b), Tristán y Vásquez (2018), Sanz (2003) y Atoche (2017). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Para lograr el correcto funcionamiento del programa, el presupuesto público asignado en 2017 fue de S/ 63.872.583 (MEF, 2018). Este monto es atribuible a los servicios de capacitación y asistencia en los que se ha basado el programa para su funcionamiento. Ciertamente, el presupuesto se asignaba a lo largo del territorio nacional mediante concursos públicos en los que participaban universidades, institutos y centros de capacitación, tanto públicos como privados, en alianza con empresas. De esta manera, el Estado tercerizaba gran parte de su intervención, lo que activaba el mercado de servicios de capacitación, así como la demanda laboral de las firmas.
En el ámbito internacional, existían diversos programas con un enfoque similar a la iniciativa peruana: intervenir en la oferta laboral buscando que se ajuste a los requerimientos de la demanda laboral proveniente, básicamente, de las empresas privadas. Si bien es cierto que presentaban matices diversos, se analizarán algunos de ellos y se rescatarán los principales componentes de los programas sociales y organizaciones encargados de aliviar el problema del desempleo juvenil.
Uno de estos esquemas del exterior era Empleo Joven, de Argentina. Se trataba de una acción de la política integral de capacitación, formación e inserción laboral en el mercado para jóvenes de entre 18 y 24 años promovida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina (MTEySS, 2017a). Otra de estas iniciativas internacionales fue Bécate, programa de becas para la capacitación para el trabajo en México. Esta institución se encargaba de otorgar apoyos y los recursos necesarios para una adecuada capacitación teniendo en cuenta las condiciones y requerimientos del mercado (OIT, 2017).
También se analizará el programa Juventud y Empleo, perteneciente a República Dominicana, cuyo objetivo primordial es mejorar la empleabilidad de aquellos jóvenes que perciben ingresos bajos mediante capacitaciones laborales (MT, 2017). Por último, se examinará la Youth Employment Strategy, iniciativa canadiense encargada de ayudar principalmente a aquellos jóvenes que tienen barreras para la empleabilidad, a fin de que logren una transición efectiva al mercado laboral (Service Canada, 2017).
1.1 Identificación de jóvenes desempleados
La intervención nacional Jóvenes Productivos se ha enfocado en beneficiar a jóvenes de 15 a 29 años que se encontraban en situación de desempleo y en condición de pobreza o pobreza extrema, residentes tanto en zonas urbanas como rurales del Perú (MTPE, 2015a). Debe resaltarse de este enfoque que el indicador de línea de pobreza era el parámetro con el cual se identificaba a los potenciales beneficiarios.
¿Hasta qué punto los objetivos de la intervención pública han logrado traducirse a la realidad para el año 2018? La tabla 1.2 presenta el número de jóvenes desempleados que debieron ser atendidos año a año por región, es decir, la población objetivo del programa durante el período 2011-2018.
La figura 1.7 muestra que, para el caso de jóvenes de entre 15 y 29 años de áreas urbanas, la diferenciación por género también está presente. Excepto en 2009 y 2015, las tasas históricas de desempleo juvenil femenino son más altas que para el caso masculino (INEI, 2019i). De este modo, las mujeres jóvenes son el grupo más vulnerable y propenso al desempleo. Para el caso de las mujeres jóvenes, la brecha en el empleo persiste. La etapa de transición entre la educación y el trabajo es clave para el desarrollo profesional, y dicha transición es más larga para mujeres jóvenes que para hombres jóvenes.
Asimismo, la figura 1.8 muestra que, tanto en el mercado formal como en el informal, el empleo masculino es mayor que el femenino (INEI, 2018e). Además, históricamente, la tasa de empleo informal se ha mantenido durante el período en más del doble de la tasa formal. Así, preocupa también el predominio del empleo informal en la población joven. Por ello, el programa está destinado a promover el empleo formal y decente.
A primera vista, además, se puede notar, en la tabla 1.2, que la cantidad total de jóvenes desempleados de bajos ingresos se ha reducido año tras año hasta 2015 y ha logrado una disminución del 35,55% para esa fecha con respecto al año 2011. Sin embargo, esto puede atribuirse a dos factores. En primer lugar, el crecimiento económico experimentado durante el período de análisis ciertamente se tradujo en mayores oportunidades de trabajo para los jóvenes. Un aspecto particular es que este crecimiento fue desigual entre las regiones, y, por ello, las cifras de jóvenes pobres muestran tendencias y ritmos de reducción, y hasta crecimiento, marcadamente diferenciados. En segundo lugar, la cantidad de desempleados, si bien aminoró en cierta manera, también evidenciaba alzas y bajas que pueden deberse a cómo el sector público y, sobre todo, el privado promovieron o no mejoras continuas de la empleabilidad de los jóvenes. Al respecto, existen diversos ejemplos en los que entidades públicas han coordinado acciones con empresas extractivas para aliviar las limitadas competencias y habilidades laborales de los jóvenes de sus localidades. Uno de ellos es el caso del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP). Este planteó la creación de un fondo en el cual las empresas mineras, de manera voluntaria, contribuían con el objetivo de reducir la pobreza en las zonas en que operaban (SNMPE, s. f., p. 1). El dinero recaudado era utilizado principalmente para ser invertido en programas de apoyo educativo y capacitaciones técnicas a los pobladores, así como en obras específicas para las regiones con uso de mano de obra proporcionada por las localidades (SNMPE, s. f., p. 2).
Dentro de las diversas actividades del Gobierno estaban aquellas promovidas por Jóvenes Productivos. En las tablas 1.3 y 1.4, se muestran la composición del número de beneficiarios de Jóvenes Productivos en la modalidad de capacitación técnica básica para el empleo por región, la cantidad de jóvenes que fueron dejados de lado y el porcentaje de la población objetivo del programa que estaba siendo realmente atendida, para los años 2015 y 2017.
A partir de la información presentada previamente, se puede concluir que la cantidad de jóvenes dejados de lado, es decir, la resta entre el número de aquellos jóvenes desempleados con escasos recursos económicos y la cantidad de personas realmente atendidas por el programa, era mayor para regiones costeras que para la Sierra y Selva. Al situar nuestra atención específicamente en Lima, se aprecia que 41.606 jóvenes fueron invisibilizados por la modalidad analizada del programa para el año 2017, cuando solo logró atender a 1.660 personas. En la misma línea, se puede deducir que aproximadamente un total de 100.140 jóvenes de 15 a 29 años fueron dejados de lado a nivel nacional, en cuanto a atención del Estado, en el año 2017. Ciertamente, llaman la atención estos cambios justo cuando el contexto de desempleo era más apremiante. Hay dos posibles explicaciones. Por el lado de la demanda laboral, es probable que la desaceleración de la economía se haya traducido en menores compromisos de empresas a contratar a egresados del programa. Por otro lado, la oferta de capacitación ha perdido interés por parte de los potenciales beneficiarios, lo cual se traduce en menos campañas de formación ante la baja demanda de los cursos.
Tabla 1.2 Jóvenes pobres desempleados de entre 15 y 29 años, 2011-2018
| Regiones | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Amazonas | 324 | 760 | 664 | 2.201 | 681 | 505 | 511 | 917 |
| Áncash | 3.783 | 4.930 | 4.130 | 3.024 | 4.291 | 1.971 | 2.633 | 2.830 |
| Apurímac | 2.799 | 3.584 | 1.073 | 1.026 | 1.324 | 726 | 1.542 | 1.498 |
| Arequipa | 5.618 | 3.594 | 2.664 | 3.018 | 3.659 | 2.463 | 2.332 | 2.671 |
| Ayacucho | 3.352 | 5.670 | 5.020 | 5.203 | 2.622 | 2.194 | 3.464 | 2.786 |
| Cajamarca | 7.346 | 4.017 | 5.839 | 6.315 | 4.033 | 6.886 | 4.988 | 2.602 |
| Callao | 7.464 | 7.528 | 3.634 | 3.226 | 4.377 | 2.447 | 7.357 | 8.068 |
| Cusco | 317 | 2.511 | 5.712 | 3.707 | 1.815 | 3.839 | 5.740 | 3.712 |
| Huancavelica | 1.959 | 1.183 | 1.530 | 960 | 425 | 516 | 1.395 | 2.323 |
| Huánuco | 5.630 | 3.570 | 2.635 | 473 | 1.618 | 3.982 | 2.700 | 734 |
| Ica | 1.678 | 2.504 | 1.128 | 1.806 | 411 | 150 | 592 | 363 |
| Junín | 3.540 | 3.258 | 2.695 | 3.611 | 1.707 | 3.235 | 1.648 | 1.409 |
| La Libertad | 9.302 | 9.214 | 9.513 | 6.082 | 7.044 | 8.256 | 6.212 | 5.283 |
| Lambayeque | 5.706 | 4.581 | 7.191 | 7.408 | 4.977 | 1.869 | 5.678 | 3.548 |
| Lima | 47.138 | 31.460 | 29.329 | 25.729 | 30.340 | 45.298 | 43.266 | 48.658 |
| Loreto | 6.221 | 6.191 | 4.866 | 2.729 | 2.687 | 2.785 | 1.129 | 2.041 |
| Madre de Dios | - | 110 | 57 | 128 | - | 148 | - | 60 |
| Moquegua | 431 | 659 | 828 | 438 | 452 | 388 | 224 | 377 |
| Pasco | 2.273 | 2.047 | 2.826 | 1.823 | 3.013 | 1.768 | 1.857 | 1.939 |
| Piura | 10.216 | 12.980 | 16.231 | 6.368 | 4.404 | 6.725 | 6.328 | 6.599 |
| Puno | 5.943 | 4.223 | 3.588 | 4.592 | 4.654 | 7.412 | 5.335 | 4.513 |
| San Martín | 2.819 | 821 | 2.155 | 1.221 | 843 | 992 | 4.401 | 747 |
| Tacna | 1.139 | 1.551 | 1.229 | 938 | 1.155 | 1.080 | 2.348 | 526 |
| Tumbes | 910 | 945 | 1.145 | 964 | 798 | 646 | 983 | 198 |
| Ucayali | 567 | 756 | 940 | 564 | 625 | 160 | 510 | 1.045 |
| Total | 136.477 | 118.649 | 116.622 | 93.553 | 87.956 | 106.441 | 113.173 | 105.450 |
Fuente: INEI (2019a). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Figura 1.7 Tasa de desempleo de la población urbana de 14 a 29 años según sexo, 2007-2018
Fuente: INEI (2019i). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Figura 1.8 Tasa de empleo formal e informal de la población joven ocupada entre 15 y 29 años según sexo, 2009-2016 (en porcentajes)
Fuente: INEI (2018e). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Tabla 1.3 Cantidad de beneficiarios y desatendidos de Jóvenes Productivos en la modalidad Capacitación Técnica Básica para el Empleo para el grupo de edad de 15 a 29 años por región, 2015
| Regiones | Beneficiarios | Desatendidos | Proporción de la población realmente atendida respecto a la población objetivo |
| Amazonas | 225 | 456 | 33,04% |
| Áncash | 659 | 3.632 | 15,36% |
| Apurímac | 276 | 1.048 | 20,85% |
| Arequipa | 1.446 | 2.213 | 39,52% |
| Ayacucho | 230 | 2.392 | 8,77% |
| Cajamarca | 315 | 3.718 | 7,81% |
| Cusco | 329 | 1.486 | 18,13% |
| Huancavelica | 100 | 325 | 23,53% |
| Huánuco | 188 | 1.430 | 11,62% |
| Ica | 840 | 0 | 100% |
| Junín | 345 | 1.362 | 20,21% |
| La Libertad | 1.149 | 5.895 | 16,31% |
| Lambayeque | 672 | 4.305 | 13,50% |
| Lima | 4.004 | 26.336 | 13,20% |
| Loreto | 704 | 1.983 | 26,20% |
| Madre de Dios | 175 | - | - |
| Moquegua | 125 | 327 | 27,65% |
| Pasco | 276 | 2.737 | 9,16% |
| Piura | 389 | 4.015 | 8,83% |
| Puno | 937 | 3.717 | 20,13% |
| San Martín | 356 | 487 | 42,23% |
| Tacna | 70 | 1.085 | 6,06% |
| Tumbes | 221 | 577 | 27,69% |
| Ucayali | 330 | 295 | 52,80% |
Fuente: MEF (2018). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Tabla 1.4 Cantidad de beneficiarios y desatendidos de Jóvenes Productivos en la modalidad Capacitación Técnica Básica para el Empleo para el grupo de edad de 15 a 29 años por región, 2017
| Regiones | Beneficiarios | Desatendidos | Proporción de la poblaciónrealmente atendida |
| Amazonas | 33 | 478 | 6,46% |
| Áncash | 99 | 2.534 | 3,76% |
| Apurímac | 158 | 1.384 | 10,25% |
| Arequipa | 541 | 1.791 | 23,20% |
| Ayacucho | - | 3.464 | - |
| Cajamarca | 108 | 4.880 | 2,17% |
| Cusco | 138 | 5.602 | 2,40% |
| Huancavelica | - | 1.395 | - |
| Huánuco | - | 2.700 | - |
| Ica | 155 | 437 | 26,18% |
| Junín | 353 | 1.295 | 21,42% |
| La Libertad | 271 | 5.941 | 4,36% |
| Lambayeque | 288 | 5.390 | 5,07% |
| Lima | 1.660 | 41.606 | 3,84% |
| Loreto | 56 | 1.073 | 4,96% |
| Madre de Dios | 89 | - | - |
| Moquegua | 98 | 126 | 43,75% |
| Pasco | 130 | 1.727 | 7,00% |
| Piura | 580 | 5.748 | 9,17% |
| Puno | 285 | 5.050 | 5,34% |
| San Martín | 260 | 4.141 | 5,91% |
| Tacna | 56 | 2.292 | 2,39% |
| Tumbes | 127 | 856 | 12,92% |
| Ucayali | 280 | 230 | 54,90% |
Fuente: MEF (2018). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Si bien es cierto que el programa ha logrado capacitar y beneficiar a cada vez más personas, los esfuerzos por insertar a los jóvenes en situaciones de pobreza en el mercado laboral siempre están alejados del reto. A pesar de que las brechas de desatendidos sean poco altas en regiones como La Libertad, Piura, Cusco y Lambayeque, resulta relevante analizar también qué porcentaje de la población objetivo del programa está siendo realmente atendida. Como se puede apreciar, la proporción de atendidos por el programa fue realmente heterogénea. La mayoría de las regiones no alcanzaron proporciones mayores del 10% de la cantidad total de desempleados jóvenes de bajos recursos. Nuevamente, estas cifras nos demuestran que es necesario más vigor para enfrentar esta problemática, ya que, si bien se están realizando esfuerzos por llegar a los más pobres, todavía queda mucho por hacer. Asimismo, dentro del propio programa hay componentes de desigualdad de género. Esto se evidencia por el hecho de que las madres solteras no reciben apoyo del programa para cuidar a sus hijos y asistir al programa en simultáneo. Del mismo modo, los capacitadores limitaban a la participación de mujeres en carreras consideradas «masculinas» (Atoche, 2017).
Enfrentar el desempleo juvenil no es nada fácil, y ello se puede ver en el mismo ámbito internacional. Será de utilidad comprender cómo los países diseñan y aplican estrategias y herramientas en formatos diversos de arreglos institucionales. Específicamente, se identificará cómo definían a su población objetivo, a qué grupos de personas atendían y qué criterios utilizaban.
La iniciativa argentina Jóvenes con Más y Mejor Trabajo permitía la participación de jóvenes desempleados de 18 a 24 años que residieran de manera permanente en su país y no hubieran podido culminar sus estudios primarios o secundarios. En la misma línea, el programa argentino Progresar atendía a aquellas personas, de entre las mismas edades mencionadas antes, que no trabajaban, trabajaban informalmente o recibían un salario menor que la remuneración mínima vital (MTEySS, 2017a). Por otra parte, lo que hacía el subprograma mexicano Bécate era identificar participantes mayores de 16 años que se encontraban en condición de desempleo o subempleo (Secretaría del Trabajo, 2015).
Otra de estas acciones de los Gobiernos era la del programa Juventud y Empleo, que apoyaba a aquellos jóvenes de entre 16 y 29 años que pertenecían al sector de pobreza, presentaban escolaridad incompleta y se encontraban desempleados, subempleados o inactivos (MT, 2017). Mientras que la iniciativa Youth Employment Strategy de Canadá dirigía a personas de entre 15 y 30 años a diversos programas enfocados en la experiencia laboral (Service Canada, 2017). Aunque se trata de un país con características económicas y de desarrollo diferentes a las del Perú, es importante rescatar las enseñanzas que deja su experiencia.
La iniciativa peruana5 presentaba semejanzas a los criterios utilizados por programas similares del exterior. Principalmente, identificaba a aquellos jóvenes que se encontraban en situación de pobreza, como en República Dominicana; sin embargo, enfocándose en los desempleados. En países como Argentina y México, los programas recibían también a personas de menor edad que contaban con un trabajo informal con salarios menores que la remuneración mínima vital o a los que se enfrentaban a condiciones de subempleo. Además, en estos últimos países, junto con Canadá, los beneficiarios abarcaban un grupo mayor que solo los que percibían bajos ingresos o se encontraban en condiciones de pobreza extrema.
1.2 Capacitación en función del mercado y emprendimiento
La acción del Estado de proveer el servicio al joven desempleado en el Perú respondía a la siguiente lógica. Primero, se identificaba la demanda laboral por tareas y labores que presentaban los diferentes sectores productivos. Segundo, el Estado financiaba los programas de capacitación y entrenamiento laboral que entidades de formación habían diseñado sobre la base de los requerimientos de las empresas privadas. Tercero, según determinados parámetros de pobreza, dominio geográfico, sexo, edad y otros, la entidad pública, por concurso, asignaba fondos de capacitación atados a prácticas laborales en empresas. Desde esta perspectiva de presentación de los servicios públicos, ¿qué tipo de actividades fueron ejecutadas por la iniciativa nacional? En la tabla 1.5 se presentan cuatro tipos de servicios.
La intervención del programa se distinguía por zona de residencia. Por un lado, en las zonas urbanas, el programa financiaba la capacitación técnica a los beneficiarios y buscaba que lograran una efectiva inserción laboral en el mercado. Esta ayuda enfocaba su acción en el empleo, tanto dependiente como independiente, y en el emprendimiento de negocios, facilitando a las personas el capital inicial requerido para el trabajo. Por otro lado, en las zonas rurales, su intervención fue financiar acciones de capacitación técnica productiva de los jóvenes, aconsejando e instruyendo su acción hacia el empleo independiente con el desarrollo de centros de producción y emprendimientos productivos (MTPE, 2015a). En Lima y el Callao, para el año 2017, se ofrecían dos tipos de servicios para capacitar a los jóvenes: una capacitación laboral con formación técnica a nivel básico-operativo, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y el acceso a trabajos dependientes, y una formación de emprendimiento, con la finalidad de promover el autoempleo (MTPE, s. f. [a]; s. f. [b]).
Tabla 1.5 Servicios brindados por Jóvenes Productivos
| Servicio | Descripción |
| Formación laboral | Capacitaciones orientadas a brindar los conocimientos técnicos para poder laborar. |
| Inserción en el mercado laboral | Generación de oportunidades para la inserción de jóvenes en el mercado laboral. |
| Emprendimiento | Capacitación en la elaboración de planes de negocio. |
| Capacitación en oficios | Capacitación de acuerdo con demanda de mercado laboral en los siguientes rubros: agropecuario, comercio, construcción, industria, pesca, servicios y transporte, almacenamiento y comunicaciones. |
Fuente: MTPE, (2015a). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
¿En qué medida las empresas han encontrado en el Estado un aliado para captar mano de obra de acuerdo con sus requerimientos y, a su vez, contribuir a la reducción sostenida del desempleo juvenil? En términos concretos, la cantidad máxima de beneficiarios ha sido de 20 a 25 trabajadores por curso, todos asignados para capacitaciones de tres meses. Sin embargo, en la práctica, se incumplía con frecuencia este plazo, debido a faltas de coordinación o problemas administrativos de las entidades capacitadoras, lo que generaba pérdida de interés en la demanda de empresas privadas. Un hallazgo importante, pero preocupante, destacado por Pedro Taqueda, jefe de planificación, monitoreo y evaluación del programa, fue que, para julio de 2016, solo el 20% de los graduados habían logrado establecer contratos con las empresas en las que practicaban (Taqueda, 2016). En suma, calzar con las necesidades del sector privado de mano de obra calificada, así como satisfacer la expectativa de un trabajo decente de la población juvenil desempleada, ha sido siempre un reto difícil de lograr plenamente.
Por otro lado, la rama del programa Jóvenes Productivos dedicada al emprendimiento está orientada a fomentar el desarrollo personal, la creación de planes de negocio y el acompañamiento personalizado para el desarrollo de negocios. De este modo, se espera que los jóvenes desarrollen capacidades productivas que les permitan establecer y gestionar negocios propios rentables (InnovaPUCP, s. f.).
No obstante, para la creación de negocios propios, los jóvenes enfrentan obstáculos aún más grandes que los de aquellas personas de mayor edad. Esto se debe, principalmente, a la mayor inestabilidad económica y a la falta de experiencia de los jóvenes en comparación con los adultos (Weller, 2007). Del mismo modo, tienen mayores probabilidades de pasar a un empleo dependiente que sus similares adultos (Weller, 2007). En general, los efectos de los programas de emprendimiento juvenil son, en su mayoría, efectivos en el corto plazo (Kluve, 2016). En el largo plazo, sin embargo, no presentan efecto alguno, o bien podrían presentar incluso efectos negativos (OIT & PNUD, 2016). En Latinoamérica, en general, solo el 5% de los jóvenes que emprenden en nuevos negocios logran que estos se mantengan en el mercado por más de 42 meses. La razón de esto suele estar vinculada a la falta de financiamiento, conocimientos y contactos (Murillo, 2016).
Si bien los programas de emprendimiento juvenil están destinados a proporcionar soluciones a estos problemas, existen otras razones que pueden generar barreras para los emprendimientos de jóvenes de bajos recursos. En la mayoría de los casos de jóvenes de bajos recursos, las pequeñas empresas establecidas tienen como objetivo la subsistencia (Pezzini, 2016). De este modo, los emprendimientos no están orientados a la innovación, la creación de empleo o el crecimiento. Estos negocios tampoco realizan cambios a lo largo del tiempo ni expanden su tamaño. Por el contrario, permanecen estáticos (Canales, Román, & Ovando, 2017). Esto hace que no sean sostenibles en el tiempo. En el Perú, del total de empresas que se crean, solo el 28% sobrepasan el umbral de 42 meses. De cada 10 empresas creadas en un año, 6 cierran. La edad de los gestores de estas empresas es una característica determinante para el cierre, pues, mientras más jóvenes, mayor probabilidad existe de cese de operaciones (Alva, 2017).
En su mayoría, para los jóvenes de bajos recursos, el emprendimiento es un medio para escapar del desempleo. Los programas de emprendimiento fomentan el establecimiento de múltiples negocios, o microempresas, de baja productividad y tamaño pequeño (CAF, 2013). En el Perú, al año 2017, la mayoría de las microempresas contaban con cinco trabajadores o menos (Alva, 2017). Estas pequeñas unidades de negocio constituyen además una fuente de ingresos inestables y bajos. Dichas microempresas, si bien en conjunto emplean a una gran cantidad de trabajadores, suelen hacerlo de manera informal (CAF, 2013). En el Perú, al año 2017, las microempresas constituían el 95% de las empresas y empleaban al 48% de la población ocupada (Alva, 2017).
Además, el manejo de microempresas, y trabajar en estas, impide a los jóvenes acumular experiencia y habilidades para el mercado laboral, lo que dificulta la posterior inserción. Así, la Corporación Andina de Fomento (CAF) sugiere que las múltiples microempresas obstaculizan el surgimiento y crecimiento de empresas de alta productividad. Esto se debería a la falta de mano de obra calificada necesaria para que estas empresas se expandan y crezcan a tasas altas. Esta falta de trabajadores capacitados, a su vez, se genera por la falta de empresas que ofrezcan oportunidades para desincentivar la informalidad (emprendimientos). De esta manera, se genera una trampa de informalidad y baja productividad (CAF, 2013).
Desde el ámbito internacional, se pueden observar esfuerzos similares a los del Perú. Por ejemplo, se ha visto que en Argentina se entregaba un subsidio monetario equivalente a aproximadamente US$ 135,756 por medio de tarjetas magnéticas personales e intransferibles (MTEySS, s. f. [a]). Los jóvenes eran incentivados a seguir una capacitación, terminar sus estudios y generar su propio emprendimiento en el marco del programa Empleo Joven. Este, a su vez, se encontraba dividido en tres líneas de trabajo: Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, encargado de capacitar a aquellas personas desempleadas que no hubieran terminado sus estudios; Progresar, cuya función era brindar cursos de introducción al trabajo; y Formación Continua, que incentivaba la formación permanente y actualizada para mejorar la empleabilidad de los trabajadores (MTEySS, 2017a).
Los dos primeros programas mencionados venían antecedidos por información sobre el mercado laboral. Para ello, se llevaban a cabo dos cursos: uno enfocado en la orientación hacia el mundo laboral y el otro específicamente en la introducción al trabajo. Con estos cursos se buscaba fortalecer las herramientas para la comunicación de los beneficiarios, mejorar la utilización de la alfabetización digital, hacerlos conocer sus principales derechos y obligaciones, y desarrollar otras capacidades adicionales (MTEySS, 2017a). Aquí se implementaban los Clubes de Empleo para Jóvenes, que consistían en espacios destinados a acompañar a los postulantes juveniles en su búsqueda activa y sostenida de empleo. Estos tenían el objetivo de formular un plan de búsqueda de empleo individual para que el beneficiario pudiera aumentar su probabilidad de conseguir un empleo (MTEySS, 2011). En el caso del último programa, se brindaban cursos de formación profesional y se certificaban las competencias laborales independientemente de la forma en la que fueron adquiridas, y este se orientaba a fortalecer y actualizar las herramientas de aquellos trabajadores ocupados y desocupados (MTEySS, 2017a, 2017b, 2017c).
Otra estrategia aplicada en el exterior fue capacitar mediante diferentes modalidades al beneficiario por un período máximo de tres meses otorgándole una subvención llamada beca de capacitación. Esta estrategia, realizada por la propuesta mexicana Bécate, era equivalente a entre uno y tres salarios mínimos. Las capacitaciones se ofrecían en cinco modalidades. La primera estaba orientada al sector productivo y se enfocaba en aquellas personas jóvenes que poseían un negocio pequeño y estaban interesadas en aprender nociones técnicas y administrativas para un mejor manejo de este. La segunda era llamada capacitación mixta, dado que involucraba tanto a las empresas como a los beneficiarios. Aquellos empresarios que se encontraban en un período de expansión en la inversión de su compañía solicitaban este tipo de becas para poder entrenar a jóvenes desempleados, a quienes después contratarían (Secretaría del Trabajo, 2015; OIT, 2007, p. 61).
La tercera capacitación consistía en brindar herramientas para el autoempleo. Estuvo enfocada en personas que contaban con conocimientos y estudios, pero a quienes se les dificultaba insertarse en el mercado laboral. El objetivo principal era reentrenar a los usuarios y actualizar sus conocimientos para que lograran ser empleados. La cuarta, se basaba en apoyar a los beneficiarios sin trabajo dándoles la oportunidad de practicar en áreas técnicas y administrativas de pequeños negocios, en los cuales podrían ser contratados al finalizar el período de capacitación. Por último, en la quinta, se atendía, en centros públicos o privados autorizados, a aquellas personas que tenían la necesidad de fortalecer y complementar sus conocimientos y aptitudes laborales (Secretaría del Trabajo, 2015; OIT, 2007, pp. 62-63).
Otra estrategia que se promovió fue la capacitación de jóvenes desempleados mediante el desarrollo de habilidades blandas y duras, junto con prácticas laborales posteriores, en el programa Juventud y Empleo de República Dominicana (Martínez, 2011). La mejora del conjunto de aptitudes necesarias para la empleabilidad se llevó a cabo en dos módulos. El primero, llamado Desarrollo de Competencias Básicas, se enfocaba en fortalecer los valores, las actitudes y las competencias de los beneficiarios por un período de 75 horas. El segundo, denominado Capacitación Técnica Teórico-Práctica, era realizado en coordinación con el empresario que sería el futuro empleador y respondía a cubrir las necesidades técnicas esenciales para el trabajo asignado por un período de 150 horas. Posteriormente, se realizaba una fase de pasantía en la cual los jóvenes eran entrenados en el campo laboral en empresas que requerían personal y se encontraban dispuestas a capacitar a los participantes (Banco Mundial, 2008, pp. 3-4).
Por último, la iniciativa Youth Employment Strategy, en Canadá, ejecutaba programas integrales para que los jóvenes pudieran desarrollar habilidades y obtener experiencia laboral relacionada con carreras profesionales. Esta iniciativa brindaba servicios a sus usuarios por medio de tres líneas. La primera de ellas, Skill Links, consistía en intervenciones de largo plazo y estaba encargada de potenciar habilidades ocupacionales para aquellas personas que presentaban grandes barreras para lograr ser empleadas. La segunda, Summer Work Experience, se basaba en brindar oportunidades de corto plazo para aquellos jóvenes que buscaban retomar su educación con experiencias de trabajo de verano. La tercera, Career Focus, se enfocaba en brindar prácticas relacionadas con carreras profesionales para que los usuarios tuvieran las herramientas necesarias y se sintieran motivados a cursar estudios más avanzados (OCDE, 2008, p. 150).
Adicionalmente, para el correcto desarrollo de políticas públicas inclusivas es necesario reconocer la importancia de un elemento: el territorio. Es necesario entender que no existe un territorio único, sino una infinidad de ellos, y en cada uno habitan poblaciones con tradiciones, intereses y expectativas diferentes (Dillón & García, 2012). En el caso peruano, para lograr un desarrollo regional equitativo, la incorporación de un enfoque de territorialidad es clave (Garay, 2017). La diversidad étnica y cultural puede ser un obstáculo en el momento de instaurar una política homogénea, razón por la cual se deben tomar en cuenta las características de cada grupo poblacional que se espera beneficiar (García, 2017). Para ello, los Gobiernos locales y regionales se convierten en actores clave en el proceso de articulación y mejoramiento de políticas sociales (Vargas & Clausen, 2018). El concepto de territorialidad involucra la creación de estrategias diferenciadas para reconocer la diversidad de los beneficiarios (Vargas, 2018b).
En Argentina, se llevó a cabo el programa Manos a la Obra, orientado a promover los emprendimientos productivos de población de bajos ingresos. Este tenía planeado operar posteriormente a un diagnóstico de necesidad de desarrollo local, con el objetivo de poder potenciar inserciones productivas a la cadena de valor. El indicador variaba según el lugar y, para poder estudiarlo y atenderlo de manera efectiva, se trabajaba en conjunto con Gobiernos e instituciones regionales. Así, se esperaba que el programa definiera las prioridades de cada territorio a partir de sus características. En la práctica, sin embargo, esto fue difícil de llevar cabo (Ciolli, 2017).
En el Perú, al año 2019, el concepto de territorialidad está comenzando a ser reconocido e incorporado, a veces de manera muy sutil, como parte fundamental del desarrollo de políticas públicas. Sin embargo, es necesario seguir reforzando la necesidad de desarrollar diferentes enfoques y estrategias para poder atender objetivos regionales diversos (Vargas, 2018a).
Como se ha podido ver, la iniciativa nacional presenta diversas semejanzas y diferencias con las instituciones extranjeras respecto a los servicios ofrecidos para los jóvenes desempleados. Se puede resaltar de manera positiva el enfoque de «la demanda genera su oferta», con el cual se concebían cursos ad hoc para que el joven fuera prontamente empleable por las empresas, al menos en teoría. Es destacable que, aparte de realizar capacitaciones meramente en oficios, se impulsaran cursos en emprendimiento que permitían a los jóvenes formar pequeños negocios, y que así lograran autoemplearse. Sin embargo, las evidencias de éxito rotundo o impacto incuestionable en la promoción de micro- y pequeños negocios de larga vida son limitadas o casi inexistentes. Ello hace pensar que es momento de identificar otras acciones más costo-efectivas de lucha contra el desempleo juvenil.
Una herramienta rescatable sería otorgar becas, como se hacía en el extranjero. Estas podrían servir como incentivos y permitirían ayudar a atraer a una mayor cantidad de usuarios con más motivación para los cursos brindados. Otra estrategia aplicable podría ser potenciar con un mayor énfasis, dentro de los cursos técnicos o de emprendimiento, el desarrollo de habilidades blandas, como en República Dominicana. Resulta vital que, más allá del conocimiento práctico riguroso, se puedan potenciar las competencias básicas, los valores y las actitudes necesarios para un trabajo.
1.3 La comunicación pertinente
Projoven fue un programa de la década de 1990 que contaba con una unidad ejecutora encargada netamente de la comunicación y difusión de los contenidos relevantes (MTPE & BID, 2004, pp. 35-36). El avance de la tecnología de la información reciente ha permitido que el ministerio responsable del programa actual, Jóvenes Productivos, pueda desarrollar estrategias y materiales accesibles sobre la empleabilidad de los jóvenes y la cantidad de beneficiados. Sin embargo, los contenidos de las capacitaciones específicas acordes con las competencias relevantes que demandaban las empresas eran de dominio de los proveedores. Por ello, el programa nacional precisa términos de referencia acordes con las competencias y habilidades que las empresas esperarían en los jóvenes capacitados.
Parte del enfoque de inserción en trabajo dependiente incluye realizar las capacitaciones en función de la demanda del mercado. De este modo, se incorporan las características y necesidades del mercado local (MTPE, s. f. [a]).
Por el lado orientado al emprendimiento, el componente de información y capacitación es clave. Las capacitaciones, además, deben estar orientadas al aprovechamiento de las ventajas comparativas de la región y la abundancia relativa de ciertos recursos. Asimismo, se deben tomar en cuenta las diferencias existentes en los jóvenes beneficiarios y optar por un enfoque multidimensional que incorpore, además de capacitación técnica y financiera, el componente de innovación (CAF, 2013).
El programa colombiano Jóvenes Rurales Emprendedores, orientado a proveer capacitación empresarial a jóvenes de bajos recursos de áreas rurales, busca que la formación ofrecida tome en cuenta ciertas consideraciones respecto al contexto en que se desarrollarán las capacitaciones. Estas incluyen las necesidades de capacitación detectadas por empresas e instituciones locales y regionales, las tendencias del mercado regional y local, entre otras. De este modo, se busca tomar en cuenta las necesidades particulares de las distintas localidades (Fedesarrollo, 2010).
Siguiendo con el ámbito internacional, en México, el subprograma Bécate realizaba convocatorias para los jóvenes a través de medios de comunicación con el objetivo de fomentar su participación en las capacitaciones del programa. Asimismo, se realizaba su difusión entre las empresas formales con el objetivo de identificar las oportunidades óptimas para los jóvenes participantes (STPS & SNE, s. f., p. 14). Esta iniciativa, al igual que la dominicana y la argentina, contaba también con videos informativos colgados en medios electrónicos, en los que se buscaba informar a la población sobre lo que se ofrecía y cómo se habían logrado los avances en las implementaciones.
En Canadá, con el objetivo compartido de lograr educar e informar a la población joven, se identificaron cuatro áreas esenciales de acción para apoyarlos. La primera de ellas consistía en brindarles servicios de tutoría, en los cuales los jóvenes recibían estrategias y consejos para poder obtener oportunidades laborales. La segunda consistía en hacer que los propios empleadores formaran parte de la solución de este inconveniente proporcionando prácticas laborales a las personas de menor edad. La tercera buscaba brindar apoyo temprano, procurando que se diera una preparación adecuada y a tiempo que les fuera beneficiosa. La cuarta y última trataba de potenciar el desarrollo de habilidades necesarias antes de su primer empleo (Poverty Reduction Initiative, 2016, p. 9).
A la luz de estas experiencias internacionales, la entidad nacional puede potenciar más su actual sistema de fomento y difusión, para que más peruanos puedan enterarse de los beneficios del programa y participar. Cabe rescatar el intento de desarrollar habilidades blandas necesarias para adquirir un empleo, como en Canadá. Esto podría permitir a los postulantes locales cumplir con los requisitos necesarios para mantenerse en un empleo, más allá de solo el conocimiento técnico y práctico para la labor por efectuar.
1.4 Seguimiento de capacitados
El programa nacional brindaba a los egresados de los cursos de capacitación un proceso de seguimiento en su inserción en el mercado laboral. Para ello, el delegado del proceso de vinculación empresarial del programa se encargaba de contactarse con la empresa con el objetivo de obtener retroalimentación sobre los beneficiarios contratados (MTPE, 2016b, p. 9).
En esta línea, se contaba con distintos indicadores para poder medir los resultados tanto de los cursos que se brindaban, como del programa en su totalidad. En lo que respecta al monitoreo de las capacitaciones, se implementaron diversos índices de calidad y objetivos según su tipo. Las capacitaciones laborales contaban con dos indicadores de calidad: que el porcentaje de satisfacción por parte de los usuarios, medido a través de encuestas, fuera mayor del 90%; y el porcentaje de jóvenes capacitados que se encontraban insertados en el mercado laboral respecto a la cantidad total de capacitados (MTPE, s. f. [a], p. 7). De manera similar, las capacitaciones en emprendimiento utilizaban también dos indicadores: que el porcentaje de satisfacción de jóvenes beneficiarios en las aulas de capacitación fuera mayor del 86% y que la ratio de jóvenes que hubieran implementado un negocio entre jóvenes capacitados fuera mayor del 12% (MTPE, s. f. [b], p. 7).
En lo que concierne a los resultados netamente del programa, se utilizaron tres tipos de indicadores: de impacto, de resultados y de actividades. Los primeros estaban orientados a medir la mejora en los niveles de empleabilidad de las personas jóvenes y seguían las tasas juveniles de desempleo y subempleo, los porcentajes de jóvenes egresados de las capacitaciones insertados en el mercado laboral con respecto al total de egresados según tipo de capacitación o según tiempo desde la graduación, entre otras (MTPE, 2016a, p. 24). Los segundos se encargaban de medir los resultados de diversos componentes, que abarcaban el nivel de competencias laborales desarrolladas por los jóvenes, la vinculación entre ellos con las empresas para su inserción en el mercado laboral y los emprendimientos generados (MTPE, 2016a, p. 26). Los últimos tenían la función de identificar, de acuerdo con ciertas actividades específicas, los logros obtenidos. Principalmente, medían la cantidad de jóvenes que cumplían con características que las mismas capacitaciones buscaban inculcarles (MTPE, 2016a, p. 23).
Para el año 2019, el programa Jóvenes Productivos seguía sin contar con evaluaciones de impacto publicadas que evidenciaran, o no, los efectos esperados beneficiosos para los usuarios. Sin embargo, al antiguo programa Projoven de la década de 1990 se le realizaron diversos estudios que lograron rescatar hallazgos importantes. Para el año 2006, Rosas encontró que este programa de entrenamiento laboral tenía impactos positivos en los ingresos. De manera específica, indicó que estos podían incrementarse entre un 12 y un 30% respecto a su situación inicial luego de haber egresado del programa (Rosas, 2006, p. 58). En lo que respecta a los efectos diferenciados de la propuesta según género, Ñopo et al. concluyeron que la iniciativa analizada generaba mayores resultados en la empleabilidad de las mujeres que en la de los hombres. Los autores argumentaron que esto ocurría debido a que en el programa se buscaba promover la igualdad de género en la participación de los entrenamientos laborales (Ñopo, Robles, & Saavedra, 2008). En el año 2016, Díaz y Rosas realizaron una evaluación experimental para esta iniciativa, y sus resultados indicaron que esta mejoraba las oportunidades de los jóvenes para encontrar empleos formales en un contexto de alta informalidad (Díaz & Rosas, 2016, p. 20).
Estas experiencias han sido evaluadas por el propio Estado y la cooperación internacional. Un mensaje importante es que las firmas pueden requerir mano de obra de manera temporal, pero no necesariamente pueden comprometerse a ofrecer puestos de empleo permanentes. El caso más difícil es la línea de promoción de emprendimientos. La heterogénea disponibilidad de stocks de conocimientos y de contactos empresariales, así como la actitud de emprendimiento de negocios anteriormente desconocidos impiden mostrar altas tasas de éxito de sobrevivencia de microempresas de jóvenes más allá de los tres años de operación.
En el ámbito internacional, el monitoreo y la medición de impacto se basaron en desarrollar diversos indicadores con el objetivo de medir el desempeño que los programas estaban obteniendo. En el caso de la iniciativa dominicana, se buscaba que al menos el 65% de los graduados se encontraran empleados pasados los seis meses de egreso, que por lo menos el 45% de los participantes hubieran sido mujeres o que los graduados del programa que se encontraran empleados ganaran un 10% más que el grupo de control (SET, s. f.).
Es importante resaltar que, a pesar de contar con indicadores de análisis de resultados, también se realizaban evaluaciones de impacto en el exterior. Para la iniciativa mexicana Bécate, la consultora Analítica Consultores Asociados realizó una evaluación de impacto para el período 2013-2015, de manera específica para los servicios de capacitación mixta y para las capacitaciones en práctica laborales. Los resultados obtenidos por estimaciones mediante propensity score matching sostienen que, a los tres y seis meses de egreso del primer tipo de capacitación, los jóvenes obtenían en sus remuneraciones incrementos positivos y equivalentes a 75,85 y 98,85 pesos, respectivamente. Además, las estimaciones para el segundo tipo de capacitación brindaron resultados también positivos, equivalentes a un incremento en sus ingresos de 97,68 pesos luego de tres meses. Con estos resultados, se pudieron apreciar los impactos beneficiosos que tuvieron en el corto plazo los cursos de capacitación en los ingresos de los jóvenes que cursaron este tipo de capacitaciones laborales (Analítica Consultores, 2015, pp. 73-75). En los demás países en análisis, también se realizaron estimaciones mediante modelos probit y modelos de diferencias en diferencias (MTEySS, s. f. [b], p. 15; Martínez, 2011). Estas tenían el objetivo de cuantificar los resultados generalmente positivos que los programas tenían en los ingresos de los ciudadanos beneficiados.
La entidad nacional, de manera similar a las propuestas extranjeras, estableció diversos indicadores que le permitieron medir la calidad de los servicios que se ofrecían a los usuarios. Además, brindaba a los jóvenes insertados en el mercado laboral un proceso de seguimiento para medir su desempeño. Por último, las evaluaciones de impacto realizadas a la iniciativa previa revelan resultados beneficiosos para los jóvenes participantes respecto a sus ingresos y niveles de empleabilidad. Resultaría beneficioso impulsar el desarrollo de este tipo de estudios para Jóvenes Productivos, con el fin de poder cuantificar sus impactos sobre el empleo de los jóvenes pobres y analizar sus oportunidades de mejora.
1.5 Contratación = graduación
El sistema de graduación de los beneficiarios es otro aspecto interesante y relevante al analizar estas propuestas de solución al desempleo juvenil. De manera posterior a la capacitación que recibían los jóvenes por parte de la iniciativa nacional, se realizaban esfuerzos para asegurar un proceso de inserción laboral. De acuerdo con la directiva de intermediación e inserción laboral del programa, este procedimiento se hacía efectivo desde el primer día en el que el joven empezaba a laborar en una empresa (MTPE, 2015b, p. 7). Posteriormente, se remitían informes o reportes de inserción entre las empresas contratantes y la iniciativa nacional, dado que esta solicitaba que se le informara de la situación respecto a la contratación de sus capacitados. En caso los trabajadores no llegaran a ser contratados, el manual de operaciones del programa brindaba información insuficiente respecto a si estos eran considerados como ya egresados o no. Se cree que una vez que los usuarios capacitados culminaban su formación, dejaban de ser parte del programa.
Figura 1.9 Cantidad de jóvenes capacitados e insertados gracias al programa Jóvenes Productivos, 2015-2017
Fuente: MTPE (2018b).
No obstante, al analizar trabajos de investigación académica, se llegó a conclusiones preocupantes respecto a la efectividad y durabilidad de los efectos del programa. La figura 1.9 muestra que, en los años 2015 y 2017, el número de jóvenes insertados exitosamente fue menor que la mitad del número de jóvenes capacitados (MTPE, 2018b). Asimismo, si bien el programa se adecua a las necesidades de las demandas regionales, la capacitación técnica parece ser insuficiente para que los jóvenes puedan competir en los procesos de postulación y mantenerse en los empleos en los que son colocados (Atoche, 2017). Por otro lado, para ciertos sectores, existe alta rotación del personal contratado, pues las condiciones laborales y de remuneración no coinciden con las expectativas que se han formado los jóvenes durante el programa (Tristán & Vásquez, 2018). De este modo, se evidencia el trabajo que queda pendiente para lograr los objetivos del programa de una manera duradera y certera.
De la misma manera, como ya se mencionó para el caso de los emprendimientos, estos no suelen tener una larga vida. Tampoco se ha encontrado información que detalle cómo se procedía cuando el emprendimiento no resultaba exitoso.
Los programas analizados a nivel internacional contaban con información limitada respecto a los criterios de egreso por los que debían pasar sus beneficiarios. Sin embargo, dado que estas iniciativas se encargaban de ofrecer cursos de capacitación laboral a sus beneficiarios, se puede asumir que la graduación de estos ocurría cuando estas capacitaciones se traducían en prácticas remuneradas. Se sostiene que un sistema de egreso que brinde mejores resultados a los usuarios sería aquel que deje de monitorearlos a partir de que estos logren insertarse en el mercado laboral al obtener un empleo o después de un período de búsqueda considerable.
1.6 Articulación
El programa nacional operaba con cierta coordinación con otros sectores y diferentes niveles de gobierno, dependiendo del alcance de las convocatorias de capacitación a los jóvenes. La articulación horizontal era visible en los acuerdos con entidades de los sectores Midis, Salud y Educación, con la finalidad de lograr una complementariedad de acciones y economías de escala. La articulación vertical era tangible durante las campañas que debían realizarse en Gobiernos regionales y municipios para incentivar tanto a proveedores de capacitación como a jóvenes en situación de desempleo.
En el interior de la organización, para poder llevar a cabo las capacitaciones laborales propuestas, el programa mantenía una estrecha relación de trabajo con dos tipos de agentes: las entidades de capacitación (ECAP) y las empresas. Las ECAP eran las encargadas de la formación inicial del usuario y, posteriormente, aseguraban su colocación en las empresas para que pudieran realizar prácticas laborales. Estos espacios de instrucción eran seleccionados mediante convocatorias constantes realizadas por el programa y solían ser principalmente universidades (MTPE & BID, 2004, p. 8; MTPE, 2015a).
Respecto al trabajo en conjunto con las compañías y negocios, Pedro Taqueda, jefe de planificación, monitoreo y evaluación del programa al año 2016, sostuvo lo siguiente:
Las capacitaciones desarrolladas por Jóvenes Productivos [habían] dependido de qué es lo que [demandaba] el mercado, por lo mismo, se utilizó la información obtenida por la Dirección de Investigación Socioeconómica Laboral (Disel), que [señalaba] qué tipos de trabajo se [habían] estado buscando y en dónde [...]. (Taqueda, 2016)
Sobre la base de esta información, el arreglo institucional desarrolló acercamientos empresariales a partir de los cuales las empresas indicaban qué tipos de trabajadores necesitaban y para qué fechas. Todo esto se realizaba a través del personal del programa en las unidades territoriales, a quienes se denominaba «gestores empresariales» y eran finalmente el vínculo entre el Estado y las empresas (Taqueda, 2016).
En el ámbito internacional, la iniciativa argentina se enfocó en promover la relación del programa con diversas instituciones educativas, de manera similar a la propuesta nacional. Esto con el objetivo de garantizar la eficiente oferta de capacitaciones a los usuarios (MTEySS, s. f. [a], pp. 12-13). Mientras tanto, la información respecto a los convenios y/o mecanismos de articulación para los distintos programas analizados fue escasa.
La propuesta nacional para combatir el desempleo juvenil estaba en contacto permanente con las instituciones que brindaban los servicios de capacitación, así como con las empresas que se encontraban en busca de trabajadores. Se espera que este accionar continúe y se pueda reforzar también el apoyo con distintos programas sociales con el objetivo de potenciar la calidad de los servicios brindados para todos los usuarios.
La articulación del programa Jóvenes Productivos también era evidente a nivel macrooperativo dentro del Estado. Por un lado, la articulación horizontal del programa con otros sectores de la administración pública, como salud, inclusión social y mujer, se traducía en compartir información para complementar las intervenciones. Por el lado de la articulación vertical, el programa tenía que coordinar estrechamente con los Gobiernos subnacionales a fin de poder estimar la demanda efectiva laboral y la oferta de capacitación acorde con los requerimientos del sector empresarial. Ciertamente, resultaba más retador intervenir en aquellas regiones y locaciones con mayores niveles de pobreza.
1.7 Conclusiones
El desempleo juvenil de los más pobres en el Perú siempre ha representado un problema latente, tanto en épocas de crisis como de bonanza económica. Por ello, desde la década de 1990, el Estado institucionalizó un esfuerzo focalizado en aquellos jóvenes pobres que buscaban trabajo a pesar de contar con educación secundaria completa. El quehacer de Projoven, en un inicio, y de Jóvenes Productivos, posteriormente, buscó experimentar con dos líneas de acción: una que buscaba colocar a capacitados en empresas potencialmente empleadoras y otra que incentivaba el emprendimiento para generar una fuente de ingreso independiente. A pesar de los esfuerzos institucionales, los jóvenes solían pasar largos períodos sin lograr realizar una transición completa de la escuela al trabajo.
El accionar del programa Jóvenes Productivos se desarrolló en sintonía con lo que otros países iban experimentando en paralelo. Había un afán de aumentar la empleabilidad y fomentar la inserción en el mercado laboral formal de los jóvenes de 15 a 29 años de escasos recursos económicos y/o en situación de vulnerabilidad de las familias más pobres. A la vista de experiencias internacionales, se pueden rescatar diversas prácticas que podrían enriquecer el accionar nacional. En lo que se refiere a la identificación de beneficiarios, se podría reconocer también a personas con trabajos informales que reciben una remuneración menor que la mínima vital, como se hacía en Argentina y México. En cuanto a la provisión del servicio, se podrían implementar estrategias de becas que sirvan de incentivos para los usuarios, como en México.
El programa Jóvenes Productivos, además, está articulado con diversas empresas para poder conocer las demandas del mercado y orientar sus capacitaciones en dicha línea. Asimismo, trabaja con entidades capacitadoras. Por otra parte, en relación con el monitoreo, este se basa en el uso de indicadores de calidad y objetivos. Sin embargo, se debe promover la realización de evaluaciones de impacto que puedan cuantificar los resultados obtenidos por el programa, un ejercicio necesario para capitalizar el aprendizaje institucional. En resumen, la experiencia nacional ha venido teniendo logros a lo largo de los años respecto a la reducción del desempleo en las personas jóvenes de bajos recursos. Es necesario reforzar esta iniciativa con la finalidad de que se pueda lograr atender de una mejor manera a una mayor cantidad de usuarios.
1 Mroz y Savage sostuvieron que la falta de trabajo aumentaba la probabilidad de que la persona afectada recibiera capacitaciones y un mayor adiestramiento en el futuro. No obstante, a pesar de esto, los impactos en los ingresos no lograban ser mitigados. Por ello, concluyeron que los jóvenes no lograban recuperarse enteramente de las consecuencias negativas que implicaba el desempleo en sus ingresos futuros (Mroz & Savage, 2006).
2 Fougère et al. analizaron la relación entre el desempleo juvenil y las tasas de criminalidad. Hallaron que los jóvenes desempleados (y no los jóvenes per se) tenían un impacto positivo y robusto sobre los crímenes de propiedad y delitos relacionados con drogas (Fougère, Kramarz, & Pouget, 2009).
3 Para aquellos jóvenes que no buscan trabajo y se dedican a los quehaceres del hogar, su probabilidad estimada de continuar en esa posición es del 33% y su probabilidad de convertirse en ninis es del 49% (Alcázar et al., 2018).
4 Mediante el Decreto 004-2015-TR, se cambió la denominación del programa de «Jóvenes a la Obra» a «Jóvenes Productivos».
5 Es importante resaltar la existencia de otro programa llamado Impulsa Perú, que se enfocaba en atender a aquellas personas que también se encontraban subempleadas. Sin embargo, solo operaba con aquellos ciudadanos mayores de 30 años que presentaban problemas con la reducción de sus ingresos (MTPE, 2017b).
6 Conversión de pesos argentinos a dólares PPP para el año 2015.
