Читать книгу Saberes, impericias y trayecto abierto - Francisco Javier Reyes Ruiz - Страница 6

CAPÍTULO 1

La educación ambiental para la sustentabilidad en documentos programáticos

El cada vez más visible deterioro ecológico tanto a nivel global como local, por un lado, y por otro el terreno conquistado por la educación ambiental en sus primeras décadas, propició que esta disciplina ganara peso en el ámbito institucional y político. Esto implicaba, entre otras, dos propuestas o demandas centrales: incorporar explícitamente la educación ambiental a los documentos programáticos y rectores de las instituciones, especialmente las dedicadas a la educación y al medio ambiente; y abrir instancias con la responsabilidad manifiesta de impulsar iniciativas educativo-ambientales. El Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible impulsado por la Unesco puso énfasis en ambas propuestas. ¿Cuál es el balance en los últimos tres lustros?

Incorporación de la EAS en planes, programas y proyectos de gobierno

El propósito de hacer crecer y consolidar el campo de la educación ambiental para la sustentabilidad ha tenido como uno de sus criterios el que esté explícitamente referida en los planes, programas y proyectos de los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. De hecho, este es uno de los primeros asuntos que el Plan de Acción Internacional del Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible sugirió sopesar para evaluar los avances nacionales, dado que la referida incorporación a los documentos programáticos y rectores muestra si la EAS es prioritaria o no para los gobiernos. En este apartado se abordan algunos resultados y pendientes que hay en este asunto, al menos en la percepción que de ello tienen los educadores ambientales entrevistados para la elaboración del presente trabajo.

Partiendo del principio de que la planeación es un ejercicio administrativo, político y técnico que, al practicarse en todos los ámbitos de gobierno y al interior de todas sus áreas, refleja las prioridades en las políticas de Estado, puede afirmarse que la incorporación de la EAS a documentos programáticos gubernamentales se convierte en un criterio para medir la extensión y profundidad alcanzada en este tema. Es decir, el contenido de esta clase de documentos es considerado un termómetro sobre el grado de avance y compromiso que se tiene para ubicar como una prioridad a la EAS en el país.

En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del periodo 2007-2012 se hizo mención explícita a la educación ambiental para la sustentabilidad, e incluso pueden encontrarse elementos que plantean la necesaria continuidad de los procesos, aunque lamentablemente siguió predominando lo declarativo sobre la aplicación de lo planteado, además sin que se capitalizara que la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México y los planes estatales de EAS prácticamente estuvieron listos al empezar dicha administración federal. En contraste con tal presencia de la EAS en el PND, en el programa sectorial de educación para ese periodo prácticamente no aparece mención alguna a esta, a pesar de que coincide mucho con los años de duración del DEDS. Sin embargo, en las líneas más importantes del Programa Nacional de Medio Ambiente, aparecieron referencias a procesos educativos que deberían apoyar al “desarrollo humano sustentable” y la atención prioritaria al cambio climático y a la planificación municipal como ejes importantes.

En el PND 2013-2018 se explicitaba la intención de continuar con la incorporación de la EAS en el Sistema Educativo Nacional y se hacía referencia a la necesidad de crear una cultura ambiental impulsada por los organismos desconcentrados, tales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); así como el propósito de transversalizar el tema ambiental en todas las instancias del gobierno federal, y de elaborar en cada área un sistema de indicadores de cumplimiento. Sin embargo, la EAS no tuvo la cabida esperada en el apartado ambiental del citado plan, pues apareció exclusivamente en la propuesta de acciones de capacitación para formar inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Sin embargo, en el periodo del Decenio se percibió un aumento en la inclusión de la EAS en el sector público, ya que en los tres ámbitos de gobierno se crearon direcciones, departamentos y áreas específicas enfocadas al ejercicio de la misma o a alguna ya existente le asignaron la tarea de atenderla, aunque las entidades federativas que así lo hicieron le dieron un nombre distinto a dichas instancias.

Tomando en cuenta lo anterior, puede decirse que la evolución de la educación ambiental se ha caracterizado por un cúmulo de iniciativas diversas, con altibajos, pero que en su conjunto revelan la intención de integrarse en un sistema institucional que favorezca la construcción de la sustentabilidad. El esfuerzo no ha sido irrelevante, si se considera que esto ha implicado aspectos complejos como la creación de instancias gubernamentales, la formulación de documentos rectores, la gestión de recursos y el desarrollo de programas que procuran, desde una posición educativa, enriquecer las acciones ambientales de los planes de los gobiernos.

Los documentos institucionales propios de la EAS

La educación ambiental para la sustentabilidad es desde hace alrededor de cuatro décadas uno de los instrumentos de la política ambiental del país, y al comienzo del Decenio (2005) ya se encontraba incorporada, aunque de manera heterogénea, en documentos programáticos de los distintos niveles de gobierno, particularmente en el federal y en los estados. La recomendación del referido Plan de Acción de la ONU vino entonces a enfatizar una tendencia que se venía presentando en México, aunque no en el nivel deseable. Es decir, si bien la EAS ha sido incorporada en los documentos rectores de la política ambiental del país, como se verá a continuación, está lejos todavía de convertirse en una propuesta madura y duradera en los distintos planes gubernamentales de desarrollo, pues predomina un carácter discursivo y se han desaprovechado oportunidades para constituirla en una política pública, lo cual se ve reflejado en insuficientes niveles de compromiso y capacidad de gestión para, por ejemplo, solidificar las bases de colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Educación Pública o establecer amplios convenios interinstitucionales entre los gobiernos federal y estatales con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Sin duda, estas acciones de vinculación permitirían potencializar el desarrollo de la EAS en el país. Empero, en la reciente administración 2018-2024 se tiene la esperanza de que la situación cambie, en buena medida debido al perfil profesional de los nuevos funcionarios.

En los apartados siguientes se desplegarán descripciones, análisis, valoraciones y propuestas realizadas sobre este tema en las entrevistas realizadas a educadores ambientales de 24 estados de la república, con lo cual se pretende revelar el grado de importancia que los gobiernos han dado a la educación ambiental.

Aunque la educación ambiental a nivel internacional se institucionaliza en la década de los setenta del siglo pasado y en México cobra relevancia una década después (González Gaudiano, 2007), su incorporación a los planes nacionales y programas sectoriales ha sido un proceso que lleva alrededor de cuarenta años, aunque es a partir de los noventa que se pone mayor énfasis. De esta manera, es en el periodo 1995-2000 cuando en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se hace una referencia explícita a la formación de una cultura ambiental para el cuidado de la naturaleza. A partir de ahí, la EAS (o también referida como fomento de la cultura ambiental, aunque estrictamente no sea lo mismo) fue ganando más espacio, otorgándose, pretendidamente, una función estratégica para conducir al logro de los objetivos de bienestar y desarrollo de la población de todo el país.

A la par de los PND, el impulso a la EAS provino de su incorporación en los Programas Nacionales de Medio Ambiente, particularmente desde 1995, con el documento presentado por INE/Sedesol/Unesco “Hacia una estrategia nacional y plan de acción en educación ambiental en México”, que se dio a conocer en 1993, cuyo impulsor fue Edgar González Gaudiano, y que constituye la primera aparición de la educación ambiental en un documento público programático de nivel nacional.

Desde la primera década del presente siglo, a partir de iniciativas impulsadas por el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), se estimuló la elaboración de los Planes Estatales de Educación, Capacitación e Información Ambiental (publicados en el año 2006 por dicho centro).1 A pesar de sus relevantes aportes antes no existían documentos con ese perfil y pronto se convirtieron en un referente escasamente atendido a la hora de tomar decisiones para programas y proyectos, convirtiéndose en varios casos en letra muerta. La elaboración de estos documentos estuvo, en distintos niveles y momentos, en diálogo con la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, lo que propició que esta contara con insumos desde los ámbitos estatales, los cuales, sin duda, la enriquecieron. En la percepción de los educadores ambientales prevalece la convicción de que la elaboración de los planes estatales de EAS fue un paso importante y sin precedentes, independientemente de la heterogeneidad de sus impactos, dado que propició que por primera vez se contara con una orientación estratégica surgida desde las propias entidades federativas y en la que intervinieron diversos actores sociales, no sólo instancias oficiales. Es decir, hay consenso en que es mucho mejor haberlos elaborado que no haber contado con ellos.

En el marco de las acciones del DEDS, el Cecadesu promovió, con un procedimiento participativo que incluyó talleres regionales en Chiapas, Oaxaca, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Saltillo y uno de cobertura nacional, el diseño de la citada “Estrategia de educación ambiental para la sustentabilidad en México”. La aplicación práctica de dicho documento quedó, en términos generales, casi en el limbo. Una de las razones es que fue publicada a fines del sexenio 2000-2006 y la siguiente administración federal no la retomó de manera prioritaria, aunque el documento sí logró constituirse en un referente teórico y contextual para la planeación de programas y proyectos de EAS a nivel nacional y en varias regiones del país, a decir de los educadores entrevistados. Si bien su vigencia expiró en 2014, la mayor parte de las propuestas y recomendaciones incluidas en el documento siguen pendientes. Un problema adicional es que poco se ha evaluado la aplicación de la citada estrategia y de dichos planes; sin embargo, como apuntan los educadores ambientales entrevistados, su importancia no ha desaparecido por completo, dado que son considerados acontecimientos importantes en el desarrollo de la EAS y de sus prácticas institucionales o personales.

Por su parte, existe consenso en que el marcado adelgazamiento realizado, a finales del año 2015, de la instancia federal encargada de este campo, el Cecadesu de la Semarnat, representó un retroceso importante.2 A pesar del fuerte golpe que para el campo significó lo anterior, no puede dejar de reconocerse el avance logrado al incluir a la EAS en ejercicios de planeación para el desarrollo, una vez que muchas de sus propuestas se remiten a crear o mejorar los sistemas de administración sustentable, es decir, a estimular las compras verdes, el ahorro de energía eléctrica, el manejo y uso eficiente del agua, entre otros asuntos, que son importantes, pero que no avanzan hacia la modificación más profunda de patrones culturales que terminan generando impactos profundos sobre los ecosistemas.

Durante los años que estuvo vigente el DEDS se registró la actualización de un porcentaje importante de los planes estatales de educación ambiental, o bien se hicieron adaptaciones para que dichos documentos respondieran específicamente a las condiciones de cambio climático. También se realizaron valiosos esfuerzos, aunque muy dispersos en el país, para la formulación de los programas municipales de educación ambiental. En esta línea destacaron algunas entidades, como Aguascalientes y Guanajuato, pues lograron que todos sus municipios contaran con dichos programas, elaborados no sólo con base en procesos administrativos, sino además de formación ambiental para los responsables de los mismos, aunque con resultados muy dispares.

Limitaciones en la incorporación de la EAS a la planeación gubernamental

La incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad a la planeación y a los programas y proyectos de los distintos ámbitos de gobierno, a pesar de los avances reconocidos, se llevó a cabo sin alcanzar alta prioridad y con frecuencia de manera desarticulada. En el terreno de los hechos, tal incorporación no alcanzó a obtener relevancia legislativa y normativa para poder establecer orientaciones destacadas, dado que tanto el Congreso federal como los locales no han comprendido suficientemente la importancia política que la EAS tiene en la resolución de la problemática ambiental.

En cuanto al plano de lo operativo, los programas oficiales ligados a la sustentabilidad que se han impulsado en los últimos tres lustros redujeron considerablemente el abordaje de lo ambiental a aspectos administrativos, normativos y de infraestructura, empobreciendo la complejidad al obviar otras dimensiones relevantes como la construcción ciudadana, la económica, la educativa, entre otras. En tal sentido, se aprecia, en general, que la planeación institucional en la que se ha incorporado a la EAS por lo general asume enfoques superficiales, resulta marcadamente insuficiente y, además, limitada en su ejecución, debido a que los planes de desarrollo de los ámbitos federal, estatal y municipal tienen vigencia por periodos políticos cortos (de tres o seis años), lo que provoca graves discontinuidades en el seguimiento de este y otros temas. Dicho de otro modo, los logros, cuando se dan, en la mayoría de los casos duran lo mismo que una administración, pues en la siguiente se debilita lo ya hecho, queda en el olvido o se sustituye con algo nuevo que termina rompiendo los ciclos de las iniciativas.

A pesar de que se han elaborado o actualizado planes de educación ambiental estatales y municipales, sobre todo para ajustarlos a las condiciones de cambio climático, y se han creado órganos vinculados a este campo, no es frecuente que lleguen a su etapa de aplicación, seguimiento y evaluación; de hecho, se les destina muy escaso presupuesto y personal capacitado, lo que se refleja a la postre en su reducida penetración en la sociedad. Además, los métodos que se emplean son en parte causa de planes poco viables, pues existe una tendencia generalizada a partir de situaciones deseables y no de la realidad del contexto político y financiero. En el mejor de los casos, se le supedita al rol de herramienta para la sensibilización, la capacitación o la concientización, por lo que el papel propiamente educativo queda en un plano muy restringido.

Por si fuera poco, los educadores ambientales que se encuentran en las instituciones de gobierno se ven supeditados a tomadores de decisiones que no pocas veces muestran desinterés o desconocimiento profundo en el campo de la EDS. En este contexto, la transversalidad ambiental en la estructura gubernamental sigue siendo mucho más un pendiente que una realidad.

Finalmente, de acuerdo con las opiniones vertidas por los educadores ambientales entrevistados, los factores limitantes de mayor peso para que la EAS se incorpore con toda la plenitud deseada en los planes y programas de gobierno y en la legislación, pueden sintetizarse así: i) no es valorada su importancia por los funcionarios y representantes populares; ii) el enfoque predominante de la EAS no es el más pertinente, pues queda en un plano superficial; iii) no se logra una adecuada transversalización ni coordinación entre actores gubernamentales; iv) los gobiernos operan con la lógica de “la sana distancia y el contraste” con la administración saliente y, por tanto, los planes anteriores se minimizan o se olvidan; v) los alcances prácticos han sido limitados o no se han visibilizado suficientemente; y vi) la EAS se expresa en documentos pero no se aplica en la misma medida, sobre todo porque no se le brinda los recursos materiales y humanos necesarios. Lo anterior evidencia que la EAS impulsada desde las instancias oficiales ha permeado de manera limitada en la formación de una ciudadanía que impulse y le dé seguimiento a lo realizado, sin importar las transiciones de gobierno; los resultados más relevantes han provenido de las iniciativas civiles.

Esfuerzos de cooperación y financiamiento para programas y proyectos de la sociedad civil y de coordinación interinstitucional

En el Plan de Acción Internacional para el Decenio se insta a los gobiernos y a otros eventuales donantes a determinar los recursos disponibles y las necesidades existentes en la EAS dentro de su jurisdicción, a reasignar parte de los recursos y a encontrar la forma de ampliarlos.

Para el caso de México, evaluar esa recomendación presenta dificultades. De entrada hay que señalar que este tema de la cooperación y el financiamiento ha sido poco abordado en los estudios de la EAS en el país. Por otro lado, en el gobierno federal y de los estados se ha brindado, aunque de manera muy irregular, una multiplicidad de apoyos de muy diversos tamaños para acciones o proyectos educativo-ambientales. Por tal motivo, sólo se tienen aproximaciones cualitativas, más derivadas de la percepción que de una cuantificación de las inversiones que se han realizado en los últimos tres lustros, exceptuando los montos que manejó el Cecadesu, los cuales sí están debidamente documentados.

Por otra parte, en la medida en que en nuestro país la EAS se ubicó más en las políticas ambientales que en las educativas, indujo a que las experiencias que mayormente recibieron apoyo para proyectos operativos fueron las que se realizaron en la modalidad no formal. En este sentido, el subsidio a proyectos de EAS tiene antecedentes desde los años ochenta, principalmente para organizaciones civiles que impulsan iniciativas no formales y que han recibido apoyo de organismos financieros internacionales de Norteamérica y Europa. Dichos apoyos permitieron la generación de proyectos ambientales concretos en distintos escenarios, particularmente rurales, pero a fines de los ochenta también favorecieron la participación en instancias y eventos internacionales. El financiamiento ha permitido, aunque hoy con menos recursos en que en los ochenta y parte de los noventa, la organización de redes de ambientalistas, e incluso de educadores ambientales, tanto a nivel latinoamericano como en el país; de hecho, esto no se repitió con la misma intensidad durante el periodo del DEDS.

Con la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de los impactos fue que diferentes organismos de cooperación internacional y agencias ligadas al desarrollo retiraron o disminuyeron drásticamente sus apoyos financieros al país. Esto fue consecuencia de que el gobierno federal propagó que nuestra nación estaba en tránsito a incorporarse al primer mundo. En tal situación, instancias gubernamentales del país asumieron tareas financiadoras, pero sin las características de los organismos cooperantes del norte, especialmente europeos, es decir, aportando menos recursos, sin la idea de construir actores sociales, sin generar institucionalidad y sin apoyar procesos sociales, restringiéndose más bien a acciones operativas específicas.

Fue así que durante el DEDS parte importante de los subsidios a los programas de educación ambiental provinieron de organismos federales y estatales encargados de la política social, muchas veces a través de concursos, pero también de aquellos responsables de la política ambiental, de manera particular del Cecadesu de la Semarnat. No pueden dejar de mencionarse los proyectos del Banco Mundial y de financiadoras privadas como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza o la Fundación Río Arronte, que invirtieron sumas considerables en proyectos ambientales, en los que la educación tenía un peso importante.

Se han impulsado también esfuerzos de coordinación interinstitucional, como ocurrió con distintos órganos en los estados y regiones, por ejemplo, los Consejos Consultivos de Desarrollo Sustentable a nivel nacional y regional. En 1995 se publica el Acuerdo de Creación del Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Sustentable y en el 2011 se publica un nuevo acuerdo por el que se crean los CCDS de la Semarnat. Estos órganos, además de dictar recomendaciones a los gobiernos, realizaron esfuerzos de coordinación para proyectos ligados al medio ambiente, entre ellos los educativos, aunque no de manera prioritaria.

Por otro lado, los entrevistados reportaron sinergias en casi todos los estados, en las que participan toda clase de organismos, procesos en los que se le dio importancia a la ciudadanía organizada como ejecutora y a los gobiernos y organismos privados como financiadores. La iniciativa privada también ha brindado apoyos, sobre todo las empresas que impulsan una política denominada mercadotecnia verde, que tiene como intención central generar una imagen empresarial de ser socialmente responsable.

Por su parte, el voluntariado social también ha estado presente en un número importante de experiencias, mostrando que hay población dispuesta a incorporarse de manera desinteresada, siempre y cuando haya liderazgo y se le motive adecuadamente, sin dejar de reconocer que en México no existe aún una cultura del voluntariado medianamente sólida, lo que representa un reto, dado que la presencia de la cooperación voluntaria en la sociedad no sólo reduce costos en la solución de problemas, sino que representa una expresión de madurez ética y política.

Limitaciones en la cooperación y el financiamiento de los actores sociales

La información recabada entre educadores ambientales para elaborar el presente documento muestra con claridad que la cooperación y el financiamiento se han dado de manera desigual entre los estados del país, lo que refleja una evidente carencia de política de Estado. Como consecuencia, se genera como común denominador la insuficiencia financiera para emprender proyectos en la escala requerida con el fin de enfrentar con éxito las carencias educativo-ambientales de la población, aunque, como fue ya señalado, no todo se limita al recurso monetario. Es decir, en la práctica el financiamiento siempre ha sido insuficiente, ha tenido altibajos y en general se considera en franco declive, sea federal, estatal o municipal. Algunos estados reportan en las entrevistas realizadas una disminución hasta del 60% de los subsidios que recibían del Cecadesu en los últimos años. La explicación de esta tendencia está en varios factores, entre los que destacan: i) recortes derivados de la escasa relevancia política que se le brinda a la EAS; ii) el tradicional abandono de la educación en aras de las obras prácticas de conservación y restauración de ecosistemas; iii) la visión utilitaria y reducida de la educación ambiental que ha predominado en el país y que durante el DEDS no se puedo corregir; iv) el considerable debilitamiento de las instancias decisorias y operativas vinculadas a la EAS; y v) las dificultades de gestión que se presentan para aplicar el financiamiento, cuando este existe, pues es notorio el aumento significativo de requisitos burocráticos asfixiantes que pareciera que tratan de alejar la posibilidad de la coordinación y cooperación entre gobierno y sociedad civil. En esta línea, las políticas financieras institucionales no están homologadas y los manuales de operación establecen procedimientos que rayan en el surrealismo. Existe también consenso entre los educadores ambientales entrevistados en que las oportunidades no siempre se aprovechan porque a ellos les ha faltado mayor comunicación para orientarse de manera estratégica para mejorar la gestión de recursos.

Limitaciones sobre la producción de documentos programáticos de EAS

Es evidente la escasa producción y actualización de documentos programáticos a nivel nacional, lo que marca una gran debilidad y provoca la escasez de referentes teórico-conceptuales y metodológicos con los que deben trabajar los educadores ambientales. Ha habido y hay esfuerzos para crear documentos serios y bien planeados, lo que demuestra que el problema no es la falta de capacidad del gremio; sin embargo, tales productos se diluyen por su poca difusión o después de cierto tiempo quedan en el olvido, por lo que su existencia pierde importancia. Es necesario, por lo tanto, acentuar la divulgación de todos los documentos programáticos específicos en materia de EAS que existan, de tal manera que se capitalicen para la promoción de políticas públicas que contribuyan a la construcción de programas transversales que tengan mayor viabilidad. Además, los contenidos de los escasos documentos existentes han mostrado carencias en cuanto a su practicidad y operación, sobre todo cuando sus propuestas se originan en situaciones deseables, pero no, como ya se señaló, a partir de la realidad financiera, política y educativa del territorio en donde se debe aplicar el plan, programa o proyecto.

En el caso, por ejemplo, de la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México. Es un documento que deja la sensación de que no fue suficientemente aprovechado, considerando que fue fruto de un proceso participativo muy amplio, y por lo tanto con un alto grado de representatividad, no sólo de organismos sino de formas de pensamiento. Aunque ha tenido un frecuente uso como fuente de consulta para productos académicos (artículos, tesis, capítulos de libros). Además, la citada Estrategia, afortunadamente, sí se convirtió, a decir de los funcionarios responsables, en un referente obligado en el quehacer del Cecadesu durante su periodo de vigencia, pero ello no fue difundido de manera suficiente. Un ejemplo de su empleo está en los lineamientos para otorgamiento de subsidios, pues desde el año 2010 fue un referente para elaborarlos.

La construcción colectiva de los planes estatales ha representado un esfuerzo para reunir la información, sin embargo, hace falta un ejercicio de elaboración de documentos rectores por parte de instituciones gubernamentales y civiles para garantizar un trabajo más estructurado y con un alto nivel de coordinación interinstitucional, susceptible de ser sistematizado, evaluado y compartido. Es necesario empoderar a organismos de la sociedad civil y a la ciudadanía en general para que produzcan, desarrollen y difundan documentos que rijan la educación ambiental para la sustentabilidad a nivel local, regional y nacional, sin necesidad de depender de instancias gubernamentales para establecer los mecanismos que garanticen la difusión y fomento de la EAS.

Es común la visión generalizada de que los planes estatales se limitaron a presentar un diagnóstico de la situación actual de la educación ambiental para la sustentabilidad en las entidades, lo cual era indispensable, y que, aunque incluyeron elementos de planeación, se requería reforzar más los componentes estratégicos de dichos documentos rectores. En buena medida se enfocaron solamente en la implementación de “programas”, “actividades” y “acciones” en EAS, sin profundizar en la cimentación de estrategias sólidas, tales como la formación de profesionales (en los contextos formal y no formal), la inclusión de metodologías de planeación y evaluación, el fortalecimiento de la investigación como un campo de oportunidad para los esfuerzos de cooperación conjunta y la obtención de información que enriquezca a los propios programas.

Si bien, por otra parte, existen diversas organizaciones civiles e instituciones gubernamentales con trayectoria en EAS o en temas de sustentabilidad, no todas ellas cuentan con documentos programáticos rectores o estos no han sido divulgados. Si bien existe la necesidad de difundir dichos documentos, también deben generarse condiciones para que haya mayor producción de escritos ambientales por parte de los educadores, a pesar del crecimiento que al respecto se ha tenido en los últimos años (González Gaudiano y Arias, 2015). Ahora bien, a partir del año 2010, con la puesta en marcha por parte del Cecadesu del proceso de evaluación y acreditación de Centros de Educación y Cultura Ambiental (CECA), se han ido identificado este tipo de documentos en aquellos centros que han logrado algún nivel de certificación; y aun en los CECA que no lo han conseguido es posible encontrar ciertos documentos programáticos, lo que resulta estimulante para la EAS.

Todavía son pocos los documentos rectores que incluyen indicadores de evaluación y estos por lo general se limitan a señalar datos cuantitativos, también muy necesarios, pero no suficientes para demostrar el impacto, trascendencia y apropiación de los programas en EAS en la sociedad. La falta de indicadores de evaluación cualitativos (por ejemplo, indicadores de percepción, conocimientos, actitudinales), se debe simplemente a que no se cuenta con la formación/capacitación para aplicarlos, evaluarlos y analizarlos. El modelo de acreditación empleado para certificar a los CECA, ya comentado, representa uno de los esfuerzos que se están haciendo en este sentido, pero todavía sigue en proceso de construcción.

1 Pueden consultarse en el siguiente vínculo: http://centro.paot.org.mx/index.php/porinstituciones/federales/23-semarnat/422-planes-estatales-de-educacion-capacitacion-y-comunicacion-ambiental-vol-2

2 A ello habrá que agregar que en la administración federal de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el panorama tampoco resultó promisorio, pues en alto contraste con las expectativas que existían, desde los primeros meses se dieron muestras de que la Semarnat estaba lejos de asumir una postura encaminada a fondo hacia la sustentabilidad y a la educación ambiental crítica; por el contrario, la tendencia fue mantener una política ambiental que no dificultara la explotación intensiva de los ecosistemas a nombre del desarrollo nacional, sin dejar de reconocer que algunos funcionarios y educadores ambientales, como siempre los hay, mostraron compromiso y honestidad por encima de las limitadas, erróneas y tibias políticas estatales.