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Germán Ramírez-Gastón Ballón

Buenas tardes, doctor Francisco Távara, presidente de la Primera Sala Permanente de la Corte Suprema de República y representante del doctor Víctor Prado Saldarriaga, presidente de la Corte Superior de Justicia; doctor Francisco Ramos Méndez, ilustre y distinguido profesor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, quien nos honra con su visita en esta casa; señora María Elena Portocarrero Távara, decana del Colegio de Abogados de Lima; señor Raúl Canelo Rabanal, presidente del Comité Organizador de este Congreso; señores expositores extranjeros y nacionales, ilustres visitantes que nos acompañan, distinguidas personalidades, señores asistentes, queridos profesores y alumnos. Para la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima es muy grato dar inicio a este Congreso Internacional de Derecho Procesal denominado “Realidad, Reforma y Tecnología”, por cuanto hoy más que nunca, ante la coyuntura política que vivimos, necesitamos con urgencia un espacio de reflexión académica que permita dar una solución inmediata a los problemas que se presentan.

La rapidez que exige la justicia en un entorno altamente complejo por la excesiva carga procesal de los juzgados y la corrupción que transita por ellos exige también una clara respuesta del derecho procesal, pues es muy probable que, cuando el problema llegue a una solución definitiva a través de las instancias previstas por el Estado para administrar justicia, esta resulte absolutamente injusta, ineficaz e improductiva.

Desde siempre, el proceso ha representado para la humanidad una de las herramientas jurídicas de mayor importancia para el desarrollo en sociedad; de ahí que sea contrario a la barbarie y que repudie el principio de la autotutela para la defensa de los derechos sustantivos que deben resolverse en el proceso.

No hay duda de que el conflicto es inherente al ser humano, pero su solución no puede darse de manera violenta: debe hacerse de manera pacífica a través del proceso, con la intervención de un tercero imparcial, desprovista de toda injerencia política e imbuida de todas las garantías y derechos que la ley ofrece para arribar a una solución justa. Ahí nace lo que el maestro Carnelutti denominaba “la relación jurídica procesal”, la cual se representa con un triángulo en cuya cúspide se encuentra el juez y cuya base está integrada por quien pretende un derecho y aquel que se resiste a otorgarlo. Este triángulo hoy en día se encuentra en un serio cuestionamiento contaminado por la corrupción, que parece estar instalada en la sociedad como una cultura nacional de transgresión e incumplimiento de las reglas. Esta tendencia de resistencia y violencia contra el derecho no es nueva: ha venido creciendo de manera general y masiva. Hoy en día prevalece la falta de respeto por los sistemas normativos, hay una grave carencia de normas y valores en la vida cotidiana y esto no es un problema de poca importancia sino, por el contrario, es el mal principal que marca nuestra sociedad y nuestras vidas.

Precisamente por las actuales circunstancias, características y poderes que tiene el juez en el proceso, ha sido muy dura la arremetida de agentes políticos y económicos que desean distorsionar su función. Así, es pública y notoria la filtración de la corrupción en nuestros sistemas de administración de justicia.

Sin duda, la realidad nos informa que el proceso está en una profunda y grave crisis: nuestra sociedad ha sido remecida por varios factores. Por esta razón, es de vital importancia reflexionar sobre ello para poder enfrentar el futuro con aciertos, ya que no podemos ignorar ni dejar de colocar en nuestra agenda el fortalecimiento de nuestra institución, y el de la ética, al que no podemos ni debemos renunciar. En este sentido, debemos subrayar que no se equivoca el hombre que, ante un escenario adverso, ensaya distintos caminos para alcanzar una meta, sino el que, por temor a equivocarse, no camina.

Nuestra sociedad nos exige un cuestionamiento y replanteamiento de los diferentes roles de las partes e instituciones del proceso para enfrentar la realidad, la complejidad de los nuevos desafíos y la incorporación de las tecnologías, que hoy en día son tan espectaculares que parecería que las cosas no pueden volver a ser como antes.

Los grandes maestros que nos honran con su presencia contribuirán con este loable propósito, más aún cuando advertimos que, al conmemorarse los veinticinco años del Código Procesal Civil peruano de 1993, se ha presentado un proyecto de reforma que contiene el aporte de algunos profesores aquí presentes. Por eso, la facultad de Derecho de la Universidad de Lima acoge con entusiasmo y simpatía esta cita en la que el intercambio de experiencias contribuirá a fortalecer nuestras instituciones. Estamos seguros de que, de estos diálogos y reflexiones, surgirán nuevas ideas y proyectos que demandarán una atención prioritaria y que definitivamente ayudarán a mejorar las reglas de nuestra sociedad.

No quiero terminar sin antes agradecer la participación de todos los expositores extranjeros y nacionales, quienes con su valiosa experiencia contribuirán a engrandecer este certamen internacional. Asimismo, deseo expresar nuestra gratitud a nuestro patrocinador: el Colegio de Abogados de Lima; a nuestros auspiciadores: estudio Rodríguez Angobaldo y estudio Raúl Canelo Rabanal Abogados, y a nuestro colaborador Legis.pe por la difusión de este congreso, así como, a todos ustedes, nuestro reconocimiento por compartir estas jornadas de reflexión académica.

Finalmente, en mi condición de decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima, declaro inaugurado el Congreso Internacional de Derecho Procesal: Realidad, Reforma y Tecnología. Esperamos que sus expectativas sean cubiertas y que este certamen sea un espacio de reflexión y creación de un nuevo conocimiento.

Muchas gracias y bienvenidos a esta casa de estudios.