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La reciente iniciativa de designar «ciudades creativas» es importante, ya que esas entidades territoriales y políticas pueden proteger al individuo dentro de la comunidad, ofreciendo formas localizadas de expresión colectiva. La Unesco, a través de la Alianza Global para la Diversidad Cultural, estableció en el 2007 una «Red de Ciudades Creativas» para el intercambio de buenas prácticas y para facilitar la transferencia de habilidades. Dicha iniciativa busca la promoción de las industrias locales, poniéndolas en línea, y aumenta las alternativas para la perspectiva de las industrias creativas basadas en la diversidad, lo que refleja los intereses de la sociedad civil, que se ocupa de los activos digitales compartidos y el desarrollo sostenible.

Estos procesos allanan el camino para la diversidad cultural, ya que combinan varios recursos y su propagación descentralizada a otros nodos en la red. Ciertos servicios web ya están empezando a conectar a agentes autónomos inteligentes, capaces de interactuar entre ellos, con otros sitios web y otras personas. Esos enormes sistemas de inteligencia híbrida —que combinan personas y software inteligente— pueden incluir sistemas de traducción automática (necesarios para la auténtica diversidad). También pueden capacitar a las comunidades territoriales y virtuales a autoorganizarse, optimizar sus costes transaccionales y gestionar los equipos de colaboración creativos y las redes de conocimiento diversificadas.

Los ejemplos de ciudades creativas podemos tomarlo tanto de las ciudades que han sido oficialmente declaradas así como también de las que lo son sin decirlo. Latinoamérica es bastante rica en ciudades creativas pues tiene nueve con ese sello; entre ellas: Popayán (Colombia) en el campo de la gastronomía, Buenos Aires (Argentina) para el diseño o Guadalajara (México) para la creatividad digital. Se unen a una red de ciudades del mismo tipo que puede fomentar apoyos y cooperaciones. Por ejemplo, recientemente, en el 2012, una delegación mexicana vino a Angulema (Francia) para intercambiar experiencias, examinar sus distintos potenciales tecnológicos y evaluar las posibilidades futuras de colaboración.

De manera no oficial, hay otros modos de fomentar creatividad comunitaria, como en el caso del uso del presupuesto participativo (PP). Esta noción vino en respuesta a problemas de sostenibilidad y replicación, y empezó en la década de 1990 en Porto Alegre, Brasil. Es una manera de descentralizar la administración de los recursos y fomentar inclusión social y participación ciudadana en la distribución de los recursos públicos. El proceso de PP se extendió a otras ciudades de Brasil y Latinoamérica, constituyéndose en procesos sostenibles en Montevideo (Uruguay), Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), y Medellín (Colombia). Una de las características importantes de los programas de PP es la manera en que fomentan la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto de los recursos del municipio. «En Medellín desde la línea temática de cultura, se evidencia un creciente aumento de proyectos de diversidad cultural priorizados por la comunidad» (véase el anexo 2).

Este presupuesto participativo es original de Latinoamérica y está asociado con la Ley de Puntos de Cultura, que se estableció a partir del año 2004 en Brasil. Actualmente hay en el país unos 2500 puntos, seleccionados por medio de concursos públicos, que benefician a los PP. Es una manera de potenciar las energías locales con soporte del gobierno a los que trabajan sobre aspectos de la cultura. También aquí se articula esta iniciativa con una red: por un lado la red Ar--ticulación Latinoamericana Cultura y Política y por otro la Red Latinoamericana de Arte y transformación Social, constituida por una plataforma de 65 organizaciones que opera en 11 países de la región. Esta red impulsó el debate en el Parlamento del Mercosur, en el 2009, y desde entonces los países miembros están trabajando una legislación propia. En Argentina, el colectivo El Pueblo hace Cultura está impulsando la implementación de la ley. En otros países se debate sobre cómo se pueden organizar estos puntos y repartir sus fondos, pero se ven como una manera de conseguir autonomía y durabilidad en determinado tiempo, pues los proyectos se financian por tres años (Piñón 2011).

Lo que muestran estos ejemplos es la importancia de la regulación «desde abajo» con la proliferación de actores, la profundización del alcance a los niveles individual y comunitario, la heterogeneidad ideológica de la implementación (más o menos centralización, más o menos confianza en el Estado central o en el clientelismo local, participación más y más grande de la población, distribución más o menos igualitaria de los recursos…). También se ve el riesgo de superposición de programas porque las varias agencias de políticas sociales se hacen competencia en los ámbitos nacional y local. Más interesante quizás son las interrelaciones de confianza entre los que implementan una política social y los miembros de la comunidad. El éxito depende en parte del interés común y el buen entendimiento entre los recursos del Estado y las capacidades locales para implementarlas. Estas prácticas y procesos deben tener sentido en el ámbito local (Festenstein 2005).