Читать книгу La batalla por el derecho al aborto - Isabel Cristina Jaramillo Sierra - Страница 12

La Mesa surgió en 1998 como una instancia de producción de argumentos y acción colectiva transdisciplinaria en torno al aborto. Reúne activistas feministas y académicas, así como personas y organizaciones ligadas a la prestación de los servicios de salud o al activismo feminista en áreas más amplias como el laicismo, la psicología y el derecho⁵⁰. Así, por un lado, la Mesa es parte de un renovado interés de las feministas latinoamericanas por reclamar el derecho al aborto como uno de los derechos sexuales y reproductivos y un elemento central para el ejercicio de la plena ciudadanía de las mujeres, por ello, luchan por su despenalización total. Por otro, responde a las restricciones políticas del contexto colombiano y a la necesidad de implementar cambios sin poner en peligro el trabajo a largo plazo y silencioso de los prestadores de servicios de salud. Para ello, lucha por la implementación del aborto legal dentro de las causales reconocidas por la Corte Constitucional en el año 2006⁵¹.

En efecto, la autodeterminación reproductiva y el aborto han sido uno de los puntos centrales en la agenda del feminismo de la tercera ola en América Latina^52-53. Siguiendo las visiones radicales^54-55-56, este feminismo ha sostenido que el control sobre el cuerpo de las mujeres —mediante la imputación de restricciones contra el aborto legal, por ejemplo— ha sido una de las herramientas más eficaces y refractarias del patriarcado para mantener un orden de género que subordina, excluye, margina o discrimina a las mujeres^57-58-59. Una de las materializaciones más claras de esta priorización ha sido el surgimiento, en las últimas cuatro décadas, que coinciden con esa tercera ola del feminismo, de organizaciones, redes, campañas y consorcios que de distintas maneras buscan aportar al logro del objetivo de la despenalización del aborto. Entre ellas figuran: la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe fundada en 1984; el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y Católicas por el Derecho a Decidir, en 1987; la Campaña 28 de septiembre, “Día por la despenalización del aborto en América Latina”, 1990; y la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales (REDLAC), 1999⁶⁰. En los años 2000, empezaron a surgir otras formas organizativas que han abarcado ya no solo las redes feministas, sino también campañas o consorcios. La Campaña por una Convención Interamericana de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la Articulación Feminista Marcosur (AFM), desde donde se promovió la campaña “Tu boca fundamental contra los fundamentalismos”, nació en el año 2000 igual que el Consorcio Latinoamericano por la Anticoncepción de Emergencia (CLAE)^61-62; el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) se fundó en el 2006; las formas organizativas temáticas más específicas como el Centro Latino-Americano en Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM), en 2002; y la Red Latinoamericana de Académicas del Derecho, Red Alas, en el 2006⁶³.

En Colombia, por otra parte, se percibía que las personas y organizaciones interesadas en despenalizar el aborto estaban trabajando de manera desarticulada y eso tenía efectos perversos por lo hostil que resultaba el escenario político para el reclamo feminista sobre el acceso al aborto⁶⁴. A esta conciencia concreta de lo que se estaba perdiendo por el trabajo en aislamiento, se llegó en el particular escenario de “darse cuenta” relativamente tarde de la existencia de una iniciativa de reforma del Código Penal colombiano. Esa iniciativa podría haber dado “vida” al feto en la legislación y con ello hubiera cerrado muchas posibilidades de trabajo que existían incluso en un ambiente tan restrictivo como el de aquel momento⁶⁵. El Colectivo por la Autonomía Sexual y Reproductiva, grupo que más adelante se llamó La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (la Mesa), se conformó en esa coyuntura del proceso de reforma del Código Penal de 1998 y del seminario sobre el aborto realizado por la Universidad Externado de Colombia⁶⁶.

Es importante destacar que, al momento en que fue interpuesta la demanda por Women’s Link Worldwide (WLW) esa organización era integrante de la Mesa, por lo que esta instancia, que ya venía explorando el trabajo interdisciplinario para avanzar en la despenalización del aborto, fue un nicho clave para el proyecto Laicia. Lo acogió, lo impulsó a partir de nuevas alianzas que buscaban potencializarlo y constituyó un puente con el movimiento de mujeres y el feminista⁶⁷.

Ahora bien, el número y características de las organizaciones y personas que han sido parte de la Mesa han variado significativamente a lo largo de los años, así como las actividades priorizadas y los recursos a disposición. Tres elementos han permanecido inmutables, sin embargo. En primer lugar, la identidad de la Mesa como instancia técnica⁶⁸. Esta caracterización ha permitido la coexistencia de grupos y personas con distintos intereses y convicciones, la construcción de puentes con el sector salud y el gobierno, y la legitimidad de los datos y argumentos producidos. En segundo lugar, el liderazgo por parte de un núcleo de médicas y médicos, prestadores de servicios de salud y feministas. En tercer lugar, el diseño de estrategias a partir de las ideas sobre la incidencia política comunes a toda América Latina, las cuales abarcan la construcción de alianzas, la definición de agendas comunes, la negociación, el consenso y las comunicaciones, entre otras.

Este diseño, en el caso de la Mesa, propone trabajar en cuatro áreas estratégicas: el monitoreo de la política pública, la incidencia legislativa y judicial, el trabajo regional y las comunicaciones⁶⁹. La primera área se dedica principalmente a supervisar las actuaciones del gobierno en materia de salud sexual y reproductiva mediante la forja de alianzas con los funcionarios pertinentes. Esto proporciona insumos para la producción de documentos, retroalimenta documentos técnicos y de política pública y reclama la efectividad en la acción estatal en este campo. El área de incidencia legislativa, por su parte, sigue la actividad del Congreso para detectar aliados y posibles opositores, y apoyar o detener esfuerzos que se estén desarrollando; mientras que la incidencia jurídica pretende intervenir en las decisiones judiciales con el fin de afianzar los estándares en materia de derechos de las mujeres. El trabajo regional, impulsado de manera más consistente a partir del 2015, ha buscado difundir, hacer seguimiento y exigir la garantía del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo en algunas zonas focalizadas del país. Finalmente, el área de comunicaciones ha perseguido producir un impacto amplio en la opinión pública, así como visibilizar el trabajo de la Mesa para aumentar su influencia.

Los cambios que ha experimentado la Mesa se entienden mejor en relación con la transformación de la legislación penal sobre el aborto que introdujo la Sentencia C-355 de 2006. Para la mayoría de los observadores, incluida la Mesa, esta sentencia creó oportunidades para buscar dentro del ordenamiento jurídico el acceso a abortos seguros, al señalar que ni el médico ni la paciente que interrumpen un embarazo pueden ser castigados penalmente si se verifica alguna o varias indicaciones que hacen prevalecer la voluntad de la mujer sobre el interés estatal de proteger la vida en gestación. La sentencia aclara que estas son circunstancias en las que está en juego la dignidad de la mujer debido a: 1) la afectación de su salud; 2) la inviabilidad extrauterina del feto; 3) ser un embarazo resultante de violencia sexual; o 4) ser un embarazo resultante del incesto. La Sentencia también se esfuerza por señalar que estas circunstancias deben verificarse sumariamente, advirtiendo a médicos y hospitales sobre la exigencia de pruebas y objeciones de conciencia fundadas.

Este cambio legislativo en el que, como vimos antes, la Mesa apoya, anida e impulsa la estrategia de litigio liderada por WLW⁷⁰, llevó a priorizar el acceso a abortos seguros dentro del sistema de salud mediante la construcción de capacidades y el cambio estructural. Esto condujo a reorientar sus actividades en las áreas estratégicas a través de la adopción de nuevas acciones y la incursión en una relación más fuerte con el derecho y con las abogadas en tanto miembros de la alianza e integrantes del equipo de trabajo⁷¹. El cambio más fuerte en este sentido, crucial para el futuro de la Mesa y el activismo feminista colombiano, ha sido el énfasis en lo regional tanto latinoamericano como a nivel nacional.

En el campo del monitoreo de la implementación de la política pública, los primeros pasos de la Mesa mostraron una ruptura con sus formas clásicas de aproximación al asunto. Si antes de la Sentencia C-355 de 2006 la tarea era encontrar espacios de incidencia en el Ministerio de Salud e instancias internacionales, con la aprobación de la Sentencia la Mesa entendió que necesitaría intervenir para apoyar los desarrollos normativos indispensables para la implementación de la política y recoger datos que le permitieran contribuir a mejorar la acción del gobierno. Así, incluso antes de que la Corte Constitucional aprobara la Sentencia de manera definitiva, la Mesa, con el apoyo del Center of Reproductive Rights (CRR), trabajó en la producción de una regulación que permitiera hacerla operativa⁷². La experiencia de varios países de América Latina y de varios miembros de la Mesa mostraba que los funcionarios con tareas más operativas y contacto directo con pacientes no consideraban la normatividad producida por la Corte Constitucional como vinculante mientras no fuera traducida en normas técnicas avaladas por el Ministerio de Salud. Para la producción de esta regulación, el primer ejercicio que se llevó adelante fue la revisión de las regulaciones sanitarias existentes hasta ese momento en América Latina (Brasil, Bolivia, México, Perú, entre otros) que sirvieron como base para identificar las dimensiones a ser reguladas y que también fueron una fuente importante para identificar e incorporar, en la naciente regulación de Colombia, las medidas más garantistas desde el punto de vista de los derechos humanos. Esa revisión ofrecía al Ministro, un argumento importante para sostener la centralidad de las regulaciones en el proceso de implementación toda vez que utilizaba la mirada comparada. Pero además de esto, la revisión dio lugar a la publicación del libro Aborto legal: regulaciones sanitarias comparadas publicado por la International Planned Parenthood Federation (IPPF) en el 2008 bajo el liderazgo de una integrante de la Mesa. Esta revisión abarcó trece países y una comparación en torno a las regulaciones sobre seis dimensiones estratégicas: la organización y calidad de los servicios, la formación a prestadores, los sistemas de información, vigilancia y control, el financiamiento y los aspectos administrativos⁷³. El resultado fue que el marco normativo expedido en Colombia en el 2006, casi de manera simultánea a la decisión de la Corte, abarcó en su momento un decreto y una resolución marco que definían aspectos como la prestación, los costos, los servicios a incluir en el sistema de salud; un acuerdo y una circular que precisaban los elementos relativos a la recolección de información sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y aspectos más detallados sobre la inclusión de la IVE en el sistema de salud. Las normas concretas aprobadas fueron el Decreto 4444 de 2006 “por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva”, la Resolución número 4905 de 2006 “por la cual se adopta la Norma Técnica para la atención de IVE” y el Acuerdo 350 de 2006 “por medio del cual se incluye en el plan obligatorio de salud del régimen contributivo y del régimen subsidiario la atención para la IVE”^74-75.

Adicionalmente, la Mesa acompañó la estrategia del Ministerio de Salud frente al Invima —entidad encargada de autorizar los medicamentos en el mercado nacional— para lograr la aprobación del uso del misoprostol. Así, en el año 2007, esta entidad aprobó, mediante un acta, la ampliación de indicación del misoprostol que en adelante y, a partir de la evidencia científica disponible, podría ser utilizado en las tres causales para el aborto legal⁷⁶.

En materia de la implementación de la política pública, la Mesa también se dio a la tarea de trabajar en la identificación sistemática y metódica de las barreras que las mujeres enfrentan cuando solicitan un aborto. Si antes de la Sentencia C-355 de 2006 había prácticamente un consenso en cuanto a que las mujeres en ningún caso podían solicitar un aborto ante un prestador de servicios vinculado al sistema de salud, con la Sentencia se ha vuelto importante verificar hasta qué punto las mujeres han tenido acceso a abortos no solo seguros, sino también legales. La Mesa ha recopilado estos datos principalmente a través de una actividad novedosa, el acompañamiento de casos por parte de abogadas. Como se explica en el capítulo tercero, esta actividad es también una forma en la cual la Mesa responde a las necesidades de las mujeres individuales y ha sido bastante efectiva en su ayuda. Pero los datos que ha recogido a través de esta actividad le han servido no solo para la reflexión en torno a su efectividad, sino también para diseñar estrategias de intervención estructural. Una de las estrategias más importantes, como mostraremos en los capítulos primero y segundo, ha sido la creación de conocimiento legal para resolver “problemas” de interpretación que impiden a las mujeres el acceso a los servicios. Otra de las estrategias ha consistido en usar los datos sobre las barreras para escoger casos de litigio estratégico ante la Corte Constitucional, para promover políticas públicas u orientar acciones desde el poder ejecutivo que atiendan tales barreras, como lo explicamos en el capítulo tercero. Finalmente, los datos sobre las barreras han sido utilizados así mismo como una herramienta de monitoreo a las acciones del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud⁷⁷.

El liderazgo de las abogadas feministas en el proceso que llevó a la aprobación de la Sentencia C-355 de 2006, así como las necesidades relacionadas con el desarrollo normativo y el acompañamiento de casos, han conducido a la Mesa a establecer una mayor interacción con abogadas. Esta interacción ha permitido lograr modificaciones importantes en la membresía de la Mesa, si bien existen percepciones diferentes por parte de las abogadas acerca de qué tanto la estrategia jurídica es central en el trabajo del colectivo. En la actualidad, esto se refleja en una multiplicidad de esfuerzos que a veces parecen distraer a la Mesa de su objetivo inicial de articulación —la despenalización total—. Al respecto, pareciera más bien que el trabajo de más de diez años en la implementación del aborto legal le ha brindado un enorme capital argumentativo y estratégico para pensar sus acciones a futuro.

La identificación de barreras y acompañamiento de casos ha hecho que el trabajo en las regiones sea cada vez más importante para la Mesa, al punto que en los últimos tres años ha decidido que este sea un eje transversal de su estrategia. Mediante la creación de alianzas con organizaciones regionales que trabajan por los derechos humanos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos, la Mesa actualmente realiza acciones en diferentes regiones de Colombia en materia de sensibilización y capacitación para funcionarios de los sectores de la salud, justicia y protección; así como, para mujeres, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, etc. Una vez estas organizaciones fortalecen su capacidad interna frente al tema de IVE y lo incorporan en sus agendas, se definen acciones de monitoreo y diagnóstico territorial de la implementación de la Sentencia C-355, acompañamiento de casos e incidencia y se procura generar lineamientos locales o departamentales al respecto.

Igualmente, la Mesa realiza el trabajo regional de mano de la institucionalidad nacional, departamental y local, con esto contribuye a mejorar la respuesta institucional relacionada con la garantía del derecho a la IVE. El trabajo regional es considerado por la Mesa como una herramienta para “afianzar” la interpretación de las causales, pero además, dada la débil implementación de la Sentencia fuera de Bogotá, fue necesario estructurar planes de trabajo más organizados y constantes con las aliadas regionales⁷⁸. El objetivo último de la Mesa, sin embargo, va mucho más allá: se propone fortalecer las organizaciones de mujeres en sus competencias de comunicaciones, sensibilización y capacitación con prestadores, monitoreo al gobierno local, acompañamiento de casos y trabajo de incidencia para avanzar en la implementación⁷⁹. El trabajo regional se inició en Barranquilla y Bucaramanga debido a la presencia de grupos de mujeres fortalecidos y la existencia de organizaciones y colectivos interesados en promover el tema o que trabajan cuestiones relacionadas, por ejemplo, violencia sexual o conflicto armado, pero la Mesa espera aumentar rápidamente sus aliadas en otras ciudades del país⁸⁰.