Читать книгу Miradas sobre la subjetividad - Fabio Orlando Neira Sánchez, Jorge Eliécer Martínez Posada - Страница 8

ASTRID FLÓREZ{*}

Guerra y sujeto, qué odiosa ecuación para toda analítica. Ecuación

viva, vivida, plano donde lo único que resuena dulce es la posibilidad

de la innovación [...] la perspectiva del sujeto es la de la lucha dentro

de esta guerra, ¡guerra a la guerra!

FABIÁN ACOSTA

En Colombia, todas las personas podemos narrar una historia de violencia, bien sea por experiencia propia o bien de oídas. ¿Qué puede explicarlo? ¿Quiénes pueden darnos una respuesta satisfactoria al respecto? Quiero explorar un primer camino: los procesos de socialización en Colombia han estado marcados por una fuerte violencia de orden material y simbólica que ha contribuido a la conformación de subjetividades subordinadas, que a su vez son el fundamento de un proyecto social y estatal autoritario que se puede respirar en cada esquina. En la base de este problema se encuentra una cultura política intransigente que no reconoce la diversidad de modos de ser y existir; lo que podría explicar algunas causas y lógicas de la guerra que vivimos.

Pese al difícil conflicto armado colombiano, la realidad contrasta con una cantidad enorme de expresiones públicas frente a esas múltiples formas de violencia que nos invaden —así lo han demostrado las movilizaciones de febrero, marzo y julio pasados—. Se asiste a un tipo de acción colectiva contestataria (García, 2005) en la que participan una multiplicidad de actores sociales que se enfrentan a una grave crisis humanitaria y a una autonomización fuerte de sus proyectos sociales en busca de alternativas a la guerra. Las expresiones públicas masivas no son per se democráticas, pacíficas o propositivas, no gustan a todos, ni sus participantes asisten de manera consciente y altruista.

Muchos de nosotros enfrentamos cada día preguntas de nuestros hijos pidiendo explicaciones sobre el mundo en que vivimos, preguntas más profundas y explicaciones convincentes para nuestros estudiantes o más elaboradas para los colegas. ¿Cómo explicar este contraste de formación entre los grandes grupos activos y una masa de individuos indiferentes aislados frente a la pantalla de sus televisores, la Internet o la música? El papel de la educación nos permite mediar en este abismo sin tender puentes invisibles.

Las respuestas no van al vacío. Detrás de quienes aparentemente sólo escuchan hay universos, algunas veces insondables; pero el reto es orientar en ese conocimiento del propio ser.

¿Realmente somos esta guerra que vivimos? ¿Qué somos en medio de esta guerra?

La guerra, aunque pretenda ser borrada del lenguaje por parte de los actores estatales o del Gobierno, tiene dos caras que la evidencian y que desempeñan un papel central: su primer rostro es el de la violencia armada de carácter político y sus efectos secundarios. Es un conflicto que se prolonga desde el encuentro de las culturas afro, española e indígena, y que atraviesa la historia como una lanza que marca el continuo de nuestra experiencia. Como enfrentamiento entre partidos data de 1948. Hoy, E. Pizarro, la describe como un conflicto armado interno, irregular, prolongado en el tiempo, con fuertes raíces ideológicas y más recientemente marcado por el recurso del terrorismo; también considera que es de baja intensidad (1000-10 000 muertes políticas al año) y que sus principales víctimas son civiles gracias al combustible del narcotráfico.

Actualmente, esta guerra deja al 10% de la población desplazada (en el último trimestre cerca de 118 000 personas se sumaron a esta lista, y se calcula que han abandonado alrededor de seis millones de hectáreas presionados por las armas de grupos ilegales que luchan contra el Estado o de la mano con éste). El lugar donde muchos recuerdan los juegos infantiles, las izadas de bandera del colegio o las primeras novias, hoy hace parte de una amplia red de terrenos cuyo promisorio destino será la producción agrícola a gran escala de los biocombustibles. Estas tierras han sido recolonizadas por proyectos armados autoritarios que prometen —nuevamente— una inserción al mercado internacional, el progreso y el bienestar para todos, mientras causan lógicas de opresión y desarraigo para otros.

La libertad fue otro de los sueños con que nos despertó la modernidad; sin embargo, en el último semestre, doscientas veintisiete personas más han sido secuestradas y, mientras buscamos noticias de ellas, alrededor de otras doscientas cincuenta fueron amenazadas por su participación en actividades colectivas demandando lo que la Constitución de 1991 garantizaba formalmente.

De la sentencia que hiciera Clausewitz{2} sobre la guerra como la prolongación de la política por otros medios, traigo a colación un grafiti que complementa esta idea: “la economía es la extensión de la guerra por otros medios”.

Los otros medios a los que se refiere el grafiti, probablemente, estén relacionados con algunas de las conclusiones de un estudio independiente realizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional que, al corregir cifras de pobreza, estima que el 70% de los colombianos no pueden garantizar el acceso a una canasta básica con los ingresos que perciben —mientras los más pobres reciben la cuarta parte del ingreso promedio, las capas más altas obtienen cinco veces más de este promedio, y alrededor del veinte por ciento de los más ricos concentran el 52% del ingreso nacional.

En estas circunstancias, está claro que las condiciones materiales de subsistencia para los colombianos no son sencillas. Las movilizaciones del primer semestre de este año evidencian el despertar de formas de expresión diversa. Hay quienes consideraron las marchas como una expresión de la voz cívica nacional, mientras que otros analistas señalaron que se trataba de una nueva forma de manipulación de la opinión pública a favor de un Gobierno cuya legitimidad es aceptada internacionalmente, pero cuestionada en muchas de las regiones del país por movimientos sociales, ONG (organizaciones no gubernamentales) y activistas de derechos humanos. Hemos mostrado hasta ahora que la construcción de marcos sociales para la subjetivación con propósitos democráticos a través del consenso ha sido un proceso fallido y que la supervivencia material presenta grandes restricciones en Colombia. A continuación, esbozaremos algunos elementos para analizar la acción colectiva en función de la relación entre Estado y sociedad.

Los marcos de socialización de los últimos veinte años depositaron toda su confianza de renovación en la nueva Constitución de 1991, por lo cual se creyó posible la reconstrucción del consenso nacional hasta entonces fracasado. Frente a los postulados de la modernidad, que garantizaban un tipo de subjetividad basada en la interacción racional mediante la suscripción de un “pacto social” entre individuos libres, el esfuerzo institucional por normalizar la tradición de violencia (y evitarla) permitiría estabilizar a la sociedad colombiana y ganar en legitimidad. El tránsito de una democracia restringida y excluyente a una democracia procedimental perfectible bajo la consagración del Estado social de derecho operó como el mejor “pacto de paz” que garantizaría —por fin— el inicio de una nueva experiencia política y social para los colombianos (Múnera, 2008).

Sin embargo, la Constitución es hoy una colcha de retazos que ha perdido su unidad: las violencias políticas no sólo no se detuvieron, sino que escalaron en intensidad, frecuencia y horror. El régimen político fue seriamente cuestionado por la penetración de dineros del narcotráfico y éste continuó su parasitaria inserción en la sociedad colombiana. En nombre de la guerra —o mediante la supuesta búsqueda de la paz— fueron elegidos dos presidentes encargados de la pacificación del país: por medios muy distintos, los Gobiernos de Pastrana y Uribe así lo intentaron.

De esta manera, es posible sostener desde el punto de vista de Múnera: [...] desde una perspectiva práctica, la Carta Política hizo parte de una estrategia de paz y de guerra implementada por las élites dominantes, que posibilitó la fragmentación y el debilitamiento de la insurgencia, contribuyó a la deslegitimación de los grupos guerrilleros que siguieron alzados en armas, fortaleció la legitimidad de las instituciones estatales, y permitió que el Gobierno y las Fuerzas Armadas continuaran desarrollando una guerra regular e irregular, en la que los paramilitares entrarían a representar un papel protagónico, con su secuela de violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad (2008: 36).

Por ello, se puede afirmar que se ha configurado un Estado autoritario donde la figura del Estado social de derecho fue tan sólo un momento de interrupción entre dos tipos de democracia excluyente. Se multiplicaron las formas de hacer la guerra aun con la vigencia del nuevo consenso que representaba la Constitución de 1991. Las fuerzas guerrilleras acusaron al Gobierno nacional de continuar el terrorismo de Estado, argumento que éste desconoce y al que responde actualmente con una fuerte política de “lucha contra el terrorismo”, mecanismo aplicado por estas organizaciones insurgentes (37).

Desafortunadamente, la Constitución no logró desactivar la ola de violencia generalizada que el país vivía ni desmontar un régimen social profundamente inequitativo en lo socioeconómico y excluyente en lo político-cultural. Por su parte, las redes sociales fueron desarticuladas o reestructuradas en función de la guerra, y las víctimas del conflicto fueron creciendo de manera alarmante.

Actores sociales y subjetividades en la guerra

¿Cómo podemos leer entonces las movilizaciones ciudadanas del primer semestre? ¿Qué tipo de subjetividad expresa hoy en medio de la guerra? Al respecto, se observa que el análisis de las subjetividades en Colombia, en particular de la acción colectiva, ha sido fuertemente influenciada por las fuentes teóricas del marxismo desde la dialéctica y la lucha de clases. Por otra parte, desde 1980, se fortaleció una corriente de interpretación culturalista que se alimentó del constructivismo, del giro lingüístico en filosofía y de los estudios culturales (García, 2005: 155). Sin embargo, “[...] lo que existe es una gran hibridez de concepciones, resultado de lo cual los grupos y movimientos sociales son vistos como los actores colectivos de las clases subalternas, que a través de sus luchas van creando sus propias identidades históricas y logrando su propia emancipación” (ibídem).

La lectura de la acción colectiva también ha estado marcada por una perspectiva de clase en los sectores campesinos y obreros, de los estudios regionales y de la construcción de identidades con relación a las minorías étnicas y de ciudadanía. Es evidente que los paradigmas de clase han sido desbordados por la multiplicidad de actores, de motivos y formas de acción que revelan la agitada movilización del primer semestre.

Dentro de este panorama, García, en su línea argumentativa, sostiene que en Colombia nos enfrentamos a un “Estado colapsado”, es decir, que hace presencia bajo las formas y atributos del Estado constitucional, pero que es incapaz de imponer sus objetivos frente a los actores locales, armados o civiles, y por esta razón debe ceder y negociar con aquéllos. Para avanzar en su perspectiva, García considera que el Estado colapsado es propio de una sociedad híbrida donde se combinan rasgos modernos y premodernos, civiles y difusos, cuya relación entre Estado y sociedad se denominaría “país difuso”. El ejemplo más claro de esta concepción se refiere a las zonas de colonización, franjas flexibles y porosas donde los conflictos que allí se viven son reflejo de los problemas no resueltos por el país moderno. Así, estas zonas se caracterizan porque “Muchos de los elementos de la crisis que ha vivido Colombia durante los últimos veinte años se presentan en su estado más bruto: la violencia, la corrupción, [los] conflictos sociales, la debilidad del Estado, la privatización de la justicia, la marginalidad, la debilidad de las identidades sociales, la vulnerabilidad individual, la imprevisibilidad de la vida y el derrumbe de las expectativas sociales” (167).

De acuerdo con esta interpretación, podemos sostener que los derechos liberales que le dieron forma y concreción a la subjetividad moderna en los países europeos, en Colombia se ven sustituidos por la importancia del estatus y las redes de mediación establecidas con personas influyentes o poderosas en el ámbito local, lo que genera altos niveles de dependencia conformando “ciudadanos a medias” (que acuden a redes de protección y al uso de derechos). Esta situación se caracteriza por la ausencia de referentes valorativos comunes en grupos e individuos, lo que da lugar a sociedades poco cohesionadas con un alto índice de comportamientos instrumentales.

De manera paralela, se observa una red de instituciones débiles con actores sociales muy fuertes, relación que se denomina “sociedad difusa”, donde los actores se resisten a someterse al poder público del Estado y establecen procesos de negociación constante. De esta forma, se genera una prevalencia de actores locales capaces de poner en tela de juicio el poder del Estado.

La reflexión sobre la subjetividad cuenta con una amplia producción. Si se comprende el poder como acto, implica situarlo en el contexto de las prácticas sociales y de los actores (Múnera, 1997: 66). En este sentido, la categoría de subjetividad puede resultar demasiado abstracta, por lo cual optaremos por referirnos a los actores sociales populares. La lógica de los actores sociales se orienta por un proceso de autorrepresentación de los agentes sociales mediante la movilización de recursos y la creación de un contexto simbólico afectivo que le imprima sentido a sus acciones.

En particular, nos interesa subrayar la importancia de los movimientos y organizaciones populares en la renovación de la subjetividad subordinada colombiana, puesto que la noción de sociedad civil resulta muy vaga en un país donde la modernidad misma no ha permitido la separación clara entre Estado y sociedad, debido a las razones esbozadas por García.

Autonomía y subjetividad

Pero ¿qué significa educar en medio de esta guerra si no tender puentes visibles entre el abismo de una subjetividad colectiva abstracta y una multiplicidad de acciones individuales aislacionistas?

En este sentido, educar nos convoca a la recuperación de la subjetividad que reconquista la voz de los actores tradicionalmente excluidos del poder, pero que es también una reapropiación de la autorrepresentación de los actores colectivos e individuales. Implica pensarnos como parte singular y universal de la sociedad que constituimos y nos constituye. En lo individual, la educación nos muestra caminos de exploración y aprendizaje para conectar las aporías y los sinsentidos de nuestro tiempo. En lo colectivo, se trata de recuperar la voz de quienes no se hallan representados por la sociedad civil, noción ambigua, vaga, dispersa y manipulada, que incluso sustituye de manera abusiva las dinámicas de lo social.

Por todo esto, consideramos que la construcción de la autonomía es la clave para reconstruir las subjetividades sociales fuertes dentro de una cultura política democrática.

La subjetividad puede ser debilitada no solamente por medio de la guerra, sino también por la integración normalizada en el sistema. Y, precisamente, sólo en el juego pedagógico es posible pensar que podemos construir otro tipo de subjetividades autónomas que sean capaces de transformar los marcos de socialización violenta en que nos hemos acostumbrado apenas a sobrevivir.

Pero la autonomía no se declara en un acto, se construye y actualiza como un proyecto y un conjunto de prácticas cotidianas. En este sentido, la autonomía es la definición de las reglas, las leyes y las decisiones propias de, por y para actores individuales y colectivos, que sean susceptibles de ser aplicadas al conjunto de la sociedad. Esto implica la posibilidad de pensar por sí mismo según las propias convicciones, de tener un sentido crítico del contexto histórico y de hacerse responsable de las acciones a partir de la innovación de las prácticas diarias. He ahí el papel fundamental de la educación que nosotros tenemos en las manos y hemos decidido asumir.

En el sentido que sugiere Castoriadis (2007), la autonomía es un proyecto —en el campo ontológico y político— que tiende a la materialización, a la actualización del poder instituyente y de su explicación reflexiva. Podemos considerar que la autonomía es una categoría política relacional que se define en interacción con el Estado, la sociedad civil y la sociedad en general.

Aunque la pregunta por el sentido está implícita en las teorías de la acción colectiva, el análisis ha sido sesgado porque se ocupa estrictamente de las acciones de oposición, contestación e insurgencia en la vertiente “instituyente” de los movimientos sociales. Consideramos que se ha descuidado la vocación constituyente de los movimientos sociales en el análisis teórico en cuanto subjetividades colectivas que privilegian la voluntad de transformar ciertos aspectos del orden social que causan inconformidad, opresión y exclusión. En la educación, muchos enfoques se han centrado en la tarea de la instrucción dejando algunas veces de lado la necesidad de construcción del sentido, el sentido que explica (conflictualmente) desde la acción singular hasta la acción colectiva y societal.

Por eso, creemos que la labor pedagógica debe responder a la pregunta por la autonomía y establecer las líneas de fuga planteadas por el pensamiento de frontera: ¿cómo se transforma el proceso y el desafío de la vocación insurgente (social, pacífica y radicalmente civilista) hacia un proceso constituyente? ¿Cómo transitar de una acción contestataria hacia una resistencia que sea propositiva y esté basada en proyectos? ¿Cómo saltar de lo estrictamente proactivo hasta lo emancipatorio? ¿Cómo superar una visión del cambio social (mediado por las pedagogías) que se comprende como “la sustitución de unas condiciones negativas por otras que se consideran más favorables” y que descuida la transformación procesual de las relaciones de poder?

Mientras el ejercicio de la violencia armada y simbólica por parte de actores armados siga imponiéndose ante las lógicas de la subjetividad y los actores que la materializan, todo debate continuará anulado. Toda posibilidad de subvertir una cultura política intransigente quedará disimulada tras el velo de una democracia apenas formal, velo que sólo la pedagogía puede ayudar a descubrir.

Bibliografía

ACOSTA, F. (2003), “Guerra y sujeto: la guerra como imposibilidad irreductible del Estado”, en Estrada, J. (comp.), Sujetos políticos y alternativas en el actual capitalismo, Bogotá, Unibiblos.

BONILLA, R. (2007), “Crecimiento, empleo, seguridad social y pobreza”, en Giraldo, M. (ed.), Bienestar y macroeconomía: más allá de la retórica, Bogotá, CID.

CASTORIADIS, C. (1997), “Poder, política, autonomía”, en Un mundo fragmentado [en línea], Buenos Aires, Altamira, disponible en: http://www.ub.es/dptscs/textos/CAST0RIADIS%20-%20Poder%20politica%20autonomia.pdf, consultado: junio de 2007.

“Desplazamiento forzado: la guerra de las cifras” (2008) [en línea], disponible en: http://www.educweb,org/colpaz/index-proto.htm, consultado: 16 de julio de 2008.

El Tiempo (2008, 30 de marzo), “Seis millones de hectáreas ganaderas deberían ser para biocombustibles”, Bogotá, pp. 1-19.

ESPINOSA, F. A. (2008), “Colombia y la crisis de alimento” [en línea], disponible en: http://www.portafolio.com, consultado: 30 de abril de 2008.

GARAY, L. J. y RODRÍGUEZ, A. (2005), Colombia: diálogo pendiente. Proyecto Planeta Paz, Bogotá, Ántropos.

GARCÍA, M. (2005), Sociedad de emergencia, acción colectiva y violencia en Colombia, Bogotá, Defensoría del Pueblo, ASDI.

“Informe consolidado de necesidades básicas” (2005) [en línea], disponible en: http://www.dane.gov.co, consultado: junio de 2008.

MORENO, A. y JUNCA, G. (2007), “Las consecuencias económicas de Mr. Uribe: ¿otra vez los felices noventa?”, en Giraldo, M. (ed.), Bienestar y macroeconomía: más allá de la retórica, Bogotá, CID.

MÚNERA, L. (2008), Democracia, movimientos populares y universidad (19912011), documento interno de Planeta Paz, Bogotá Mimeo.

_____(1997), Relations de pouvoir et mouvement populaire en Colombia (1968-1988), Lovaina, L’ Harmattan, Académia Bruylant.

RIVAS, A. (2005), “El análisis de marcos: una metodología para el estudio de los movimientos sociales”, en Ibarra, P. y Benjamín, T., Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural, Madrid, Trotta.

RODRÍGUEZ, S. O. (2007), “Las transferencias: entre el sistema de protección social, la gobernabilidad macro y la construcción territorial del Estado”, en Giraldo, M. (ed.), Bienestar y macroeconomía: más allá de la retórica, Bogotá, CID.