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El problema

Sociedad y conflicto en el estado de Guerrero, 1911-1995, tiene como objetivo general llevar a cabo una indagación sobre las condiciones histórico-estructurales que pueden contribuir a explicar el atraso social, la violencia e inestabilidad política que se ha manifestado a lo largo de la configuración del sistema político mexicano a nivel local, sobre todo a partir de 1929. Se trata, en el sentido más general, de una investigación analítico-integrativa que busca estudiar, desde una visión crítica del desarrollo del régimen mexicano, la realidad social y política de Guerrero, así como el papel polémico del estado en la vida pública nacional.

Aspectos particulares de esta reflexión habrán de ser, entonces, la forma en que se obtiene y se ejerce el poder, es decir, las reglas no escritas del régimen político, el carácter corporativo del mismo, el tipo de relación que se produce entre el centro y sus regiones y la manera como incidió la ideología de la revolución en las prácticas del poder en México. Se trata también, por ello, de un estudio que busca mostrar ciertos rasgos inherentes al régimen político, así como sus efectos y consecuencias a nivel estatal.

En su análisis sobre El sistema político mexicano,¹ Daniel Cosío Villegas destacaba que la organización política de México llamó constantemente la atención por su estabilidad. Señalaba así que de 1929 a 1972 el sistema político mexicano había dado un espectáculo sorprendente de siete sucesiones presidenciales hechas pacíficamente, además de una vida pública en la que no hubo una conmoción perceptible hasta 1968 y después en 1971, con ocasión de la rebeldía estudiantil.

A la caracterización que hace Cosío Villegas del sistema político se puede oponer que la etapa a que se refiere también se caracterizó por la inexistencia de procesos electorales en los que se cumplieran las reglas de participación, competencia y pluralidad. Puede decirse así que la presunta estabilidad política no tenía su origen en la legitimidad electoral. En realidad, las bases políticas de esa gobernabilidad fueron socialmente cada vez más frágiles, como se demostró en Guerrero en los años sesenta, es decir, varios años antes de lo que Cosío Villegas juzga la excepción de una vida pública tranquila.

Al respecto, Teresa Estrada Castañón, en su estudio sobre Guerrero,² tiene razón cuando afirma que dicho estado suele ser visto como una excepción más que como una regla en el conjunto del sistema político del país, cuando en realidad muchas de sus características son inherentes a dicho sistema: “centralismo político, autoritarismo, caciquismo, control clientelar de la elección, personalización del poder y escasa positividad de la norma, no son privativas de Guerrero, afectan al sistema en su conjunto”.³ Desde nuestro punto de vista, y tal como lo intentaremos demostrar, tales singularidades del régimen, sobre todo su condición jerárquico-corporativa, tendieron a obstaculizar el desarrollo del estado en todos los órdenes.

Es un hecho que Guerrero no vivió a partir de 1929, y menos después de 1960, la estabilidad política que se menciona y que correspondía más bien a una apreciación de carácter nacional pero no estatal, donde ya se manifestaba la insuficiencia de las estructuras políticas oficiales. Cosío Villegas señaló también que a esa situación inusitada de tranquilidad pública había que agregar, desde los años cuarenta y hasta los setenta, un progreso económico del país sin paralelo en toda su historia anterior.

Por el contrario, Moisés Ochoa Campos, en su Guerrero: análisis de un estado problema,⁴ destaca que para los años cincuenta y sesenta Guerrero se encontraba ya profundamente rezagado en términos de alfabetismo y con relación a la fuerza de trabajo ocupada en la agricultura, además de que ocupaba, respecto al resto del país, los últimos sitios en industrialización y productividad. Puede decirse que la pobreza como fenómeno generalizado en el estado tiende a reproducirse debido a factores estructurales que conciernen también al sistema político, puesto que por su carácter corporativo y clientelar ha contribuido a mantener situaciones como el acceso no equitativo a las oportunidades, así como una economía campesina de subsistencia.

La estructura de poder en el estado de Guerrero, además de su incumplimiento con las normas constitucionales y, como consecuencia de ello, de la corrupción en las prácticas del poder, se ha mostrado ineficiente para hacer posible la expansión de la participación ciudadana. Los movimientos cívico-políticos de los años sesenta que no encontraron respuesta a sus demandas en las esferas del poder local, son hechos políticos que deben ser explicados en esa perspectiva.

Es así indispensable analizar la estructura de poder en Guerrero, caracterizada por lo que pareciera ser “la falta de mecanismos y procesos capaces de asegurar la representación política en el sentido general del término, para los intereses y expectativas sociales de la entidad”.⁵ Para ello es necesario referirse tanto al carácter jerárquico-corporativo del régimen mexicano y su supuesto carácter reivindicativo inspirado en la revolución, así como a la forma en que se llevó a cabo la organización política de la sociedad guerrerense desde el régimen. Conviene discutir, en consecuencia, cómo en Guerrero los procedimientos de intermediación y control político han sido la matriz misma de la formación, desarrollo y consolidación de los grupos de poder locales.

Para explicar la situación política de Guerrero es necesario, entonces, considerar tanto el problema de los cacicazgos políticos locales y su función de intermediación respecto de la estructura vertical y corporativa del régimen político mexicano, así como la forma en que estos dieron lugar a la incorporación de la sociedad guerrerense a ese sistema. Estudiar además la configuración de la cultura política local, la manera en que la misma asumió las reivindicaciones que el propio régimen de la revolución proclamaba pero que luego entró en conflicto con esa estructura caciquil ajena a la Constitución y, por tanto, no sometida a control jurisdiccional. Conviene también, como dijimos, referirnos al atraso económico de la entidad que ha contribuido a exacerbar las contradicciones sociales.

Estructura del estudio

Para analizar el tema enunciado de sociedad y conflicto en Guerrero, y con objeto de afrontarlo metodológicamente, destacaremos, desde el punto de vista histórico-estructural, los siguientes problemas:

Violencia e inestabilidad política

El estado de Guerrero se ha singularizado, en el contexto del sistema político mexicano, por la reiterada violencia que en él se manifiesta, ya que allí se han producido no solamente reclamos al poder político local que han terminado en enfrentamientos, sino también una insurgencia guerrillera que habría de provocar posteriormente, como respuesta del gobierno federal, la promesa de una reforma electoral y política. Sin embargo, recientemente se han dado nuevos brotes de violencia debido al incumplimiento de esas promesas, así como por la inconformidad social frente a un ejercicio discrecional del poder. Aunado a lo anterior, destaca también la inestabilidad de la estructura política local que ha dado lugar a continuos relevos de gobernadores que no han terminado su periodo. Todo lo anterior genera un malestar proclive al conflicto.

La violencia en el estado de Guerrero se ha convertido en un rasgo característico de la entidad debido a que su persistencia adquiere además un carácter político puesto que casi siempre es el resultado de demandas sociales insatisfechas, y porque frente a ella el régimen ofreció reformas políticas, en el marco de la Constitución, para hacer posible la democratización de la vida pública, reformas que por contraponerse al ejercicio del poder propio del régimen no se han llevado a cabo.

El atraso económico y social

El atraso en Guerrero se manifiesta sobre todo en la situación del campesinado; por esta razón habremos de dedicarle particular atención. Es allí donde aparece de la manera más clara el involucramiento entre las estructuras del poder político y las condiciones de vida de ese sector social. En efecto, el manejo político oficial impuesto a la reforma agraria con objeto de someter a los campesinos como votantes cautivos del régimen y la atención prioritaria que el gobierno del estado ha concedido al rubro turístico en detrimento de la industria, y sobre todo de la agricultura, han traído consigo la insatisfacción campesina respecto de una organización política clientelar que da lugar a la manipulación de sus demandas ya que la gestión de las mismas no se realiza de manera directa, sino a través de las estructuras corporativas del régimen.

Si se toma en consideración, además, que el crecimiento económico de México posterior a la revolución se sustentó en buena parte en el comportamiento de la agricultura —puesto que a partir de 1935 la producción agrícola se elevó con una tasa real del 4.4% al año⁶— pero que tales índices responden en realidad a la agricultura comercial, el resultado es que ese crecimiento dio lugar, también, a una concentración de los recursos, como ocurrió en otros sectores de la economía. En el caso del estado de Guerrero ha prevalecido una agricultura de autoabasto que no es redituable para la población campesina e indígena de la entidad.

Lo anterior se expresa en la restricción de oportunidades económicas y sociales al alcance de los campesinos, con la consecuente crisis del sector agrícola en una sociedad, como la guerrerense, eminentemente campesina, pues dicho rubro ha decrecido en los últimos años en términos de su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) estatal —como lo mostraremos en su oportunidad— e igual situación se ha producido en la industria, mientras que solamente el sector terciario ha tenido un crecimiento sostenido al respecto.

La paradoja del desarrollo mexicano consiste así en que la estrategia económica del gobierno, que ha concentrado el ingreso y agudizado la pobreza, se ha producido en el marco de un régimen político producto de una revolución. De aquí la incongruencia de tal modelo de desarrollo, pero que se explica si se toma en cuenta que la estructura política que surge de ese movimiento revolucionario tiene como una de sus funciones el control político de la sociedad mexicana y, en consecuencia, la reducción de la demanda social. Ambos aspectos, tanto el control de los campesinos como la reducción de sus demandas, dieron lugar a una situación social y económica que mantiene en la postración a la agricultura de subsistencia. En Guerrero esto se expresa de la manera más crítica.

Puede destacarse, al respecto, que desde sus orígenes se produce en el régimen mexicano una estructura política formal y orientada por ciertos fines sociales (los de la Revolución de 1910) y, por otra parte, una estructura informal, la de la burocracia y las élites políticas, controladas finalmente por el Presidente de la República. Ello como consecuencia de la doble pretensión del régimen de la revolución de enfrentar el atraso económico y de organizar políticamente a las masas para alcanzar ese objetivo, lo que ha propiciado, dado su carácter corporativo, un ejercicio discrecional del poder al amparo de las instituciones oficiales.

Lo anterior nos obliga a discutir las verdaderas consecuencias sociales y políticas que ha tenido el partido del gobierno en cuanto organización subordinada al Ejecutivo federal. Para ello habría que destacar el carácter informal y autoritario de las decisiones que efectivamente se ponen en práctica por dicha organización y que revelan la naturaleza del régimen político mexicano.

Pobreza y violencia

Además de la violencia, los índices de la estructura social y económica del estado de Guerrero revelan una condición de atraso extremadamente aguda, tanto por lo que se refiere a las condiciones de vida (68% vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema⁷) como también por los aspectos relativos a la cultura y educación (23.9% de la población de 15 años y más no sabe leer ni escribir, lo que representa el nivel de analfabetismo más alto a nivel nacional solamente después del de Chiapas⁸, y 21.9% no terminó la primaria⁹). Además, según datos oficiales, en 1997 el 28.16% de la población no recibía ingresos y percibía menos de un salario mínimo el 21.77%.¹⁰

El problema en conjunto de la entidad es el de un atraso que se manifiesta en todos los niveles sociales. Lo que caracteriza así a Guerrero es una fragmentación social y económica y un ámbito de lo público en extremo inestable dado su desapego a las leyes del país, lo que pareciera explicar en parte la violencia que allí se produce de manera reiterada.

Consideraciones de orden metodológico

Las preguntas que sobre los problemas señalados pueden formularse para hacer posible un análisis histórico-crítico de los mismos son las siguientes: en primer término, y con relación a la violencia, conviene preguntarse en qué medida la misma es la expresión de la carencia de un orden político institucional capaz de dar cabida a las demandas más agudas de la población conforme a los derechos ciudadanos. Lo anterior en el marco de un régimen político que a partir de la Revolución mexicana ofreció dar cabida a las demandas sociales y responder institucionalmente a las mismas; es decir, la violencia social sería así no solamente resultado del atraso social y económico y de una carencia de institucionalización del poder político conforme a derecho, sino también de expectativas no resueltas por las estructuras del poder local. Puede afirmarse al respecto que dentro del propio sistema político se procesó una cultura política aspirativa que luego no solamente no encuentra respuesta dentro de dicho marco, sino que además tiende a enfrentarse conflictivamente con las estructuras del poder político local.

En segundo término, es necesario también preguntarse sobre el atraso económico del estado y, sobre todo, por qué la estructura de poder a nivel local no ha dado lugar a una gestión política del desarrollo y sí, en cambio, a grupos de poder que han sido incapaces de llevar a la práctica un programa social coherente para resolver los problemas locales. Lo que llama la atención al respecto es que el estado de Guerrero pareciera ser una de las excepciones, junto con Chiapas y Oaxaca, en el marco de lo que hasta los años setenta constituye el aparente éxito del régimen político mexicano, es decir, el crecimiento económico. Es revelador, al respecto, que el Producto Interno Bruto del estado de Guerrero se haya mantenido, en los últimos años, en 1.7% del total nacional y que la entidad haya ocupado el trigésimo lugar en términos del PIB per capita.¹¹

Incluso en la obra de Pablo González Casanova, La democracia en México, se afirma que el Estado mexicano y el tipo de instituciones que formó fueron un “excelente instrumento para el arranque del desarrollo nacional”,¹² no obstante que allí se subraya mediante el análisis de las estadísticas oficiales la polarización del ingreso en el marco del régimen político. La cuestión que debe plantearse al respecto es por qué, en cambio, este hipotético éxito del sistema político mexicano, por lo menos hasta los años sesenta, no se ha visto reflejado en el estado de Guerrero. Más aún, puede decirse que justamente a partir de esa fecha la situación social y política de la entidad ha tendido a deteriorarse.

Lo que pudo ocurrir es que el sistema político, por su carácter jerárquico-corporativo, ha contribuido tal vez con más eficacia que las mismas decisiones públicas de estrategia económica a compaginar el crecimiento del Producto Interno Bruto con la aguda concentración del ingreso, todo ello en condiciones de una cierta estabilidad nacional. Es decir, se alcanzó el crecimiento económico a costa de la inmovilidad política del sistema y de la carencia de una auténtica representación ciudadana en el mismo. En el caso de Guerrero, donde persistía ya el atraso económico y de la agricultura en particular, el carácter autoritario del régimen impidió avanzar hacia el desarrollo.

Definición de problemas

Centralismo y caciquismo

Uno de los medios para llevar a cabo el control político de la entidad lo constituyó, de manera destacada, el caciquismo como recurso consustancial a la instalación del sistema político en el estado. Su función de intermediación política permitió a los caciques locales conservar su fuerza política y acrecentar su poder económico en tanto que miembros de excepcional importancia de una estructura autoritaria.

Al respecto, cabe insistir que el sistema político que surgió con la Revolución mexicana reclama su legitimidad de acuerdo con el objetivo de enfrentar el atraso económico a través de sus organizaciones e instituciones políticas. Bajo estos postulados la propiedad, sobre todo de la tierra, debería subordinarse a su utilidad social; de allí que se aceptara y se promoviera, por medio de la reforma agraria, la propiedad colectiva de la tierra. Para ello se dio primacía al Ejecutivo sobre los otros poderes. La Constitución de 1917 consagró a su favor facultades más amplias que las anteriores leyes fundamentales y, de facto, reunió poderes enormes como centro del poder político. Lo anterior para actuar, supuestamente, en favor de los campesinos y los trabajadores urbanos, dando lugar no obstante a prácticas autoritarias en el ejercicio del poder político, a pesar de la existencia de un marco legal formalmente democrático.

Lo que queremos destacar como problema respecto al caciquismo y el sistema político mexicano, es que el régimen revolucionario le dio al nuevo Estado una base social por medio de la reforma agraria. Sin embargo, dicho régimen dio lugar a una estructura informal con una organización política apoyada en los caciques locales e impuesta de manera autoritaria. Tal situación, producto de un Ejecutivo sin contrapesos y de un partido de Estado, contribuyó a la permanencia de esas formas de dominación y control clientelar que se fueron distanciando, cada vez más, del interés general de la sociedad.

La monopolización del poder y sus efectos en el atraso social y económico del estado

Se puede sugerir también, como problema, que la carencia de desarrollo político puede trastocar además el desarrollo social y económico porque la monopolización del poder y la carencia de institucionalización política en una sociedad sin estructuras propias dan lugar a la monopolización de la actividad social y económica. De esta manera, en Guerrero se privilegió la infraestructura turística a partir del gobierno de Miguel Alemán (1946-1952), lo que tendió a agudizar los conflictos sociales, sobre todo porque ello contribuyó al abandono del problema de la tierra como reivindicación social y condición de legitimidad del sistema político. En nuestra explicación, intentaremos mostrar los rasgos más característicos del sistema político mexicano, así como la manera en que han incidido en el atraso del estado.

La cultura cívica como sustento de los movimientos políticos de la entidad

Los rasgos del sistema político mexicano, sustentados en el supremo arbitraje presidencial y en un pacto vertical y centralizado, tendieron a contraponerse cada vez más con los criterios de legitimación que el Estado reivindicó a partir de la Revolución mexicana y dieron lugar a una ruptura entre la cultura política que se derivó de ese movimiento y las realizaciones del propio Estado.

La hipótesis que puede formularse al respecto es que los conflictos sociales que se han producido en Guerrero son el resultado, también, del deseo de cambio social y de una concepción de la política heredada de los movimientos populares (como el de la revolución), así como de la incapacidad del propio Estado para modificar sus estructuras de gestión social, con la consecuente pérdida de legitimidad política que se ha manifestado con claridad en los procesos electorales recientes que aquí analizaremos.