Читать книгу Sociedad y conflicto en el estado de Guerrero, 1911-1995 - Jorge Rendón Alarcón - Страница 6

El estado de Guerrero ha tenido un carácter controversial en el contexto del régimen político mexicano producto de la revolución. Ello se debe, en parte, a que pareciera singularizarse del resto del país por la violencia e inestabilidad política que allí se manifiestan. La violencia, no obstante, se genera en la pobreza que afecta a la gran mayoría de la población guerrerense y en muchos de los casos pareciera ser el resultado, también, de la insatisfacción de sus demandas por las instancias del gobierno y de la manera en que operan las instituciones que debieran hacer cumplir la legalidad constitucional. La violencia, en una primera aproximación, pareciera vincularse entonces con la forma en que se ejerce el poder y, sobre todo, con ciertos medios de intermediación y control político, con la parcialidad del orden jurídico y con las acciones represivas del gobierno, circunstancias que surgieron y se han hecho presentes de manera reiterada en la historia política reciente de la entidad.

Para entender el ejercicio del poder local, conviene referirse a las circunstancias históricas que dieron lugar a las prácticas del poder que luego habrían de afianzarse y de adquirir forma en las instituciones políticas del régimen de la revolución, sobre todo a partir de 1929, lo que además nos permitirá distinguir entre las formas de legitimación propias del caciquismo local y la organización política y clientelar que se impone con el “oficialismo revolucionario” que habría de desembocar, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, en el corporativismo.

Cabe recordar, al respecto, que la inestabilidad y los conflictos políticos en Guerrero anteriores a la revolución tenían su origen, en buena parte, en la inconformidad que privó entre los caciques y políticos locales contra la subordinación del estado al interés político nacional durante el gobierno de Benito Juárez y, sobre todo, de Porfirio Díaz. La resistencia a esa política provino, en un principio, de los grandes caciques militares de la entidad, de manera destacada de Juan Álvarez (cuyo dominio del Sur fue sancionado con la fundación del estado de Guerrero en 1849, convirtiéndose así en el primer gobernador de la entidad), pero también de su hijo y heredero político Diego Álvarez y de quienes disputaron a este el poder local: los generales Vicente Jiménez, de Tixtla, y Canuto A. Neri, de Chilpancingo.

En cuanto al relevo político de los caciques militares y debido a las consecuencias económicas y políticas del porfiriato, con el cambio de siglo la oposición a los poderes centrales habría de expresarse, sobre todo, en grupos de clase media que se sentían injustamente desplazados, tales como los rancheros del norte de Guerrero, Francisco, Rómulo y Ambrosio Figueroa; propietarios agrícolas de la Costa Grande, como el maestro de escuela Silvestre G. Mariscal; terratenientes como Eucaria Apresa y Amado Rodríguez Espinosa de Chilapa y Rafael del Castillo Calderón, político y propietario de Tierra Caliente. Estos grupos e individuos protagonizaron revueltas políticas locales y participaron después en el levantamiento maderista de 1911. En efecto, la mayor parte de quienes se rebelaron en esa fecha procedían de la clase media urbana y rural del estado. Pueden mencionarse además, con relación al levantamiento maderista, a Julián Blanco en Dos Caminos, Héctor F. López, propietario de tierras en Coahuayutla; Enrique Añorve Díaz, propietario agrícola de la Costa Chica; José Inocente Lugo de Ajuchitlán, Manuel D. Asúnsulo de Chichihualco y Jesús H. Salgado de Teloloapan,

Se trató, por ello, de una insurrección de los grupos sociales que se formaron sobre todo durante el profiriato. Es en este sentido que se ha afirmado que “la Revolución mexicana en Guerrero no fue iniciada por campesinos sin tierra sino por rancheros relativamente prósperos”.¹³ Puede decirse así que las causas inmediatas del levantamiento de 1911 fueron políticas; esto no significa que no existieran condiciones económicas y sociales que favorecieran la subversión social en gran escala, lo que decimos aquí es que quienes influyen de manera decisiva en los orígenes del movimiento armado son aquellos grupos sociales que se sienten agraviados por las imposiciones y disposiciones del centro del país. Lo que buscamos explicar con ello son las condiciones locales que permitieron que prosperara, incluso por las profundas contradicciones sociales del estado, y el endémico faccionalismo de la política local, el proyecto prioritario de la Revolución mexicana de construir un Estado fuerte para consolidar un proyecto nacional e impulsar el desarrollo económico del país, aunque lo que en realidad se consiguió fue un poder político sin contrapesos institucionales y que después sería usado de manera discrecional por la burocracia política.

Incluso el faccionalismo, y los conflictos de las cuatro agrupaciones regionales que impulsaron la revolución en Guerrero (Rómulo Figueroa en el Norte, Jesús H. Salgado en Tierra Caliente, Julián Blanco en el Centro y en la Costa Chica y Silvestre G. Mariscal en la Costa Grande), fue favorecido por el “oficialismo revolucionario” que al impulsar un proyecto político hegemónico medió entre los caciques y caudillos locales, puesto que para Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles la construcción de un Estado fuerte y su propio liderazgo político se convirtieron en la prioridad del movimiento armado. De esta manera, el conflicto político local que se presentó era el resultado, también, de la prioridad del “oficialismo revolucionario” de subordinar al estado de Guerrero a un poder de índole nacional con la mediación de los jefes revolucionarios locales. Por ello se les promovió en algunos casos y en otros se arbitró entre ellos. Los jefes revolucionarios, por su parte, reclamaban una cierta independencia, pero solamente como instrumento para ampliar su poder, desde sus propias regiones, a todo el estado. Se trató así, en cierta forma, del antagonismo entre los medios asociativos y de clientelismo político del “oficialismo revolucionario” y los antiguos estilos de índole personal de la política caciquil local.

En efecto, siguiendo el modelo de los viejos caciques militares que predominaron durante el siglo XIX en Guerrero, los jefes revolucionarios establecieron una clara hegemonía territorial como base de su fuerza y se enfrentaron entre ellos no solamente en razón de una visión distinta del problema de la tierra —como sucedió por ejemplo entre los Figueroa de origen ranchero y Jesús H. Salgado, quien efectivamente representaba intereses campesinos ligados al zapatismo—, sino además para ensanchar su poder militar al estado de Guerrero en su conjunto. De la misma manera también que los caciques militares, todos ellos hacendados que favorecieron una relación padrino-cliente, los jefes revolucionarios se legitimaban

…por haberse enfrentado a otras facciones… Pero todo esto será a costa de restablecer el equilibrio patronal con nuevas facciones “revolucionarias” de fundamento igualmente clientelar. El “caudillismo” podría encontrar ahí su explicación, o acaso su apoyo lógico, sobre todo si lo interpretamos como una variante del clientelismo sostenido en la violencia.¹⁴

Con la construcción de un Estado fuerte y cuya legitimidad buscaba sustentarse en la redención social sobre todo del campesinado, los mandos nacionales de la revolución buscaron restablecer un nuevo equilibrio con base ahora en una organización política de cobertura nacional que se impusiera al conjunto de intereses caciquiles del país subordinándolos a esa estructura y, en ese sentido, actualizando las relaciones padrino-cliente conforme a la nueva organización política del país. Lo anterior sería favorecido por el relevo de los jefes locales de la revolución en favor de jóvenes figuras revolucionarias como fue el caso de Rodolfo Neri (hijo del antiguo cacique y general Canuto A. Neri), quien con el apoyo de Obregón se convirtió en gobernador del estado el 1 de abril de 1921 y hasta el 31 de marzo de 1925, no obstante la vigorosa oposición que le representó el último de los caudillos militares guerrerenses, Rómulo Figueroa.

De esta manera, en la etapa de construcción del régimen político mexicano que comprende los años de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, la inestabilidad política de Guerrero se dio porque mientras el “oficialismo revolucionario” se empeñaba en afirmar su control sobre la entidad, los grupos rivales buscaban también —como ocurrió durante la fase armada— el apoyo de los “jefes de la revolución” para alcanzar el poder. La inestabilidad de los poderes locales pareciera responder así, en esos años, a una pugna sin reglas y ajena a los intereses de la sociedad civil, por lo que la lucha política no era en realidad sino la confrontación abierta de los grupos por el poder, sancionada en última instancia por el “oficialismo revolucionario”.

Después de los años cuarenta, la estructura del poder local quedó subordinada a los grupos que, habiéndose formado en esas circunstancias, detentaban el poder político e incluso controlaban los recursos del estado como consecuencia de la forma patrimonialista en que se ejercía el poder. Los grupos políticos locales se encontraban, además, estrechamente relacionados con el centro político del país a través de las estructuras corporativas del régimen. El monopolio en el ejercicio del poder político y la imposibilidad de enfrentar eficazmente en esas condiciones los problemas sociales de la entidad dieron lugar a una nueva escalada de inconformidad y de violencia, como la que protagonizaron los copreros, el movimiento cívico-estudiantil de 1960 y, en una situación extrema, la guerrilla a partir de esos años y hasta 1974.

Las pugnas de los grupos locales sin una base social real (puesto que su protagonismo deriva de la capacidad que tienen para mantener el control del estado a través de la manipulación de las demandas sociales), han dado lugar a una inestabilidad agravada porque en última instancia la permanencia en el poder de esos grupos obedece a sus vínculos y apoyos políticos con la burocracia del centro del país. Así, los gobernadores mantienen su condición de representantes de los poderes locales en la medida en que puedan conciliar, de alguna forma, los intereses de esos grupos y además cumplan las tareas impuestas por el “oficialismo revolucionario”, pues sobre todo se encuentran subordinados al Ejecutivo federal, cuyo instrumento privilegiado ha sido un partido de Estado, primero federativo y después corporativo, que, más que procesar la demanda ciudadana, tiende a mediatizarla a través de sus distintos sectores.

A partir de esta caracterización general de la estructura del poder local, resulta necesario llevar a cabo un recuento de la historia política de la entidad desde el momento en que el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se impuso localmente, estableciendo así las condiciones de una estructura del poder nacional que da forma y condiciona las estructuras de los poderes locales.

A las circunstancias de conflictividad social y política que han existido en el estado se suma un atraso social y económico, por lo que ya en el informe de diciembre de 1930 el gobernador Adrián Castrejón (1de abril de 1929-28 de marzo de 1933) se refería a la necesidad de crear “nuevas condiciones de desarrollo” y reconocía que “si bien es cierto que hasta hoy [la entidad] ha brillado en las páginas de la historia nacional con los hechos heroicos de sus valientes hijos, ha quedado relativamente apartada de la acción civilizadora que por sus mejores condiciones económicas, impulsa y alienta a las demás entidades de la República”.¹⁵ Con estas palabras, Adrián Castrejón se refería a la paradójica situación del estado pues, no obstante que sus caudillos habían participado activamente en el movimiento de Independencia y en las luchas civiles posteriores, el atraso económico e incluso el aislamiento de la entidad eran hechos manifiestos.

En el caso de Acapulco, hasta los años veinte había que trasladarse a Manzanillo o a Salina Cruz para continuar en tren hacia la ciudad de México, situación propiciada por los intereses económicos de las casas españolas asentadas en la costa a fin de mantener el monopolio económico de esa región. Las casas Alzuyeta y compañía, fundada en 1821; B. Fernández y compañía, fundada entre 1824 y 1826, y Fernández Hermanos, establecida en 1900, se constituyeron en los consorcios que regían la vida económica de Acapulco y de las costas. Incluso poseían también enormes extensiones de tierra. La empresa B. Fernández y compañía, entre otras propiedades, era dueña de la hacienda San Luis y Anexas, con 35 mil hectáreas en la Costa Grande, y junto con otras dos firmas, también españolas, tenían dos fábricas textiles: una en el Ticuí (Atoyac) y otra en Aguas Blancas, próxima a Coyuca de Benítez.

En las condiciones sociales precarias y en el aislamiento en que sigue viviendo Guerrero aún después de la revolución, se produjo en el estado un cierto reformismo social, toda vez que la vida política de Guerrero de 1921 a 1924 se caracterizó por el enfrentamiento entre el gobernador Rodolfo Neri y quien resultó ser el último de los caudillos revolucionarios en el estado, Rómulo Figueroa, quienes representaban intereses distintos, puesto que la influencia de Figueroa se basaba en su control sobre las fuerzas militares de la entidad; Neri, en cambio, era activo defensor de los grupos agraristas y obreros que constituían su principal apoyo. A Neri habría de sucederle Héctor F. López (1 de abril de 1925-1 de febrero de 1928), quien proclamaba la necesidad de respetar los derechos tanto de los ejidatarios como de los propietarios “porque la iniciativa y el trabajo del hombre deben respetarse”.¹⁶

Los choques entre los intereses representados por Rómulo Figueroa y el gobernador Neri fueron también frecuentes en la costa, donde Juan R. Escudero, político radical de Acapulco, se convirtió en activo defensor de los derechos de los trabajadores. Tanto en la Costa Grande, como en Acapulco, se produjo un reformismo social impulsado por partidos locales, como el Partido Obrero de Acapulco (POA) fundado en 1920, situación que se reprodujo también en Coyuca y en Tecpan, pero el activismo social se extendió a Atoyac y La Unión. De esta manera, en las elecciones municipales de diciembre de 1922 Escudero ganó la alcaldía de Acapulco por un año más —luego de haberla ganado en 1921— pero también triunfaron Amadeo Vidales por el Partido Obrero de Tecpan, Andrés G. Galeana en Atoyac y Rosendo Cárdenas por el Partido Obrero de Coyuca.

Juan R. Escudero fue asesinado en 1923. Luego de su muerte, la costa siguió bajo el control de los agraristas, dirigidos ahora por Amadeo y Baldomero Vidales, quienes impulsaron la creación de la sociedad cooperativa agrícola Unión de Ambas Costas en la zona de La Sabana y sobre terrenos que habían sido de las haciendas La Unión y El Mirador. A principios de 1929, Vidales y sus seguidores abandonaron la lucha armada y se reincorporaron a la vida civil. Con ello se inició una segunda fase de reformismo social impulsada por el gobernador de origen zapatista Adrián Castrejón quien, como señalamos, llegó al poder el 1 de abril de 1929.

En esas condiciones, Castrejón convirtió al agrarismo en programa de gobierno pero, a diferencia de Rodolfo Neri, la iniciativa estuvo a cargo del gobernador del estado, al constituir el Partido Socialista de Guerrero. Con ello, el recurso organizativo de los reformistas ya no eran los partidos locales de la costa, sino el nuevo Partido Socialista de Guerrero de cobertura estatal. En el que habría de ser el último informe de Castrejón, rendido el 1 de septiembre de 1932, se dirigía a los campesinos y obreros quienes, habiendo sido “el brazo armado de la Revolución para conquistar sus derechos sagrados” se habían convertido en “el baluarte inconmovible de nuestras Instituciones y el respaldo magnífico del Gobierno que presido”.¹⁷

El gobernador del estado se convirtió, así, en el organizador político de los campesinos, con un radicalismo ideológico que en el futuro habría de diluirse cada vez más en función de la manera en que se ejerce el poder, puesto que la justificación del mismo se encuentra no en los principios constitucionales de convivencia democrática, sino en su capacidad para encauzar la demanda social, de allí la importancia del agrarismo como base social del gobierno de Castrejón. No se trata de construir un gobierno conforme a las leyes, sino sobre todo un gobierno que satisfaga las demandas populares y, para ello, las decisiones personales del gobernador, incluso cuando contravienen los principios legales, resultan justificadas.

En cuanto a las condiciones políticas imperantes a nivel nacional, el reconocimiento del atraso guerrerense en el informe de Adrián Castrejón se producía casi dos años después de constituido el Partido Nacional Revolucionario, el 4 de marzo de 1929, y bajo las condiciones en que empieza a consolidarse la nueva estructura del poder en la entidad afín a ese partido.

La coyuntura política en los años de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas produjo en Guerrero inestabilidad política porque, como dijimos, mientras localmente los grupos rivales —agraristas, caudillos militares y revolucionarios civiles— luchaban por el poder, la corriente del “oficialismo revolucionario”, impulsada desde los poderes centrales, buscaba establecer su control sobre el estado así como en el resto del país. Se produjeron entonces los mecanismos informales de poder y control social que funcionaron por sobre los postulados de la revolución. Uno de los momentos clave, al respecto, se presentó con el asesinato de Obregón el 17 de julio de 1928, situación que venía a poner fin a la alianza de los diversos grupos políticos que a nivel nacional se empeñaban en su reelección.

En esas condiciones, y como veremos posteriormente, Calles se vio obligado a buscar una salida conciliadora para superar el descontento y la fuerza política del obregonismo, al mismo tiempo que reafirmaba su control sobre la política nacional. Por esta razón, la coyuntura política que se produjo en esas fechas incidió de manera importante en la llamada “institucionalización de la Revolución mexicana”.

Por lo que se refiere al estado de Guerrero, con Adrián Castrejón se inició, en 1929, lo que podríamos considerar una nueva etapa en la estructura del poder local en la medida en que este antiguo combatiente zapatista buscó dar una base social a su gobierno. Para ello organizó, como ya dijimos, al Partido Socialista de Guerrero (PSG) y a la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero a fin de acceder a la gubernatura con ese respaldo.

En su primer informe de gobierno, el 1 de diciembre de 1929, Castrejón afirmaba que “la comisión local agraria ha tratado de convertir en realidad el supremo ideal de la redención económica del campesinado”, y anunciaba también que se había verificado los días 3, 4 y 5 de octubre el Primer Congreso Agrario “con asistencia de más de 400 Delegados de los pueblos que han recibido y solicitado [sic] tierras ejidales [y] en el que se trataron con todo entusiasmo cuestiones de alto interés agrario, entre otras la instalación de un Banco Cooperativo Agrícola Refaccionario y la formación de Cooperativas Ejidales”.¹⁸

Por lo demás, el PSG se convertiría en una de las muchas organizaciones que habrían de adherirse al nuevo frente político —el PNR— impulsado desde el poder central. El PNR habría de convertirse en una estructura que respondía a los requerimientos del “oficialismo revolucionario” a fin de dar forma a sus objetivos integrando y subordinando a ellos los demás intereses. El carácter federativo que originalmente asumió dicho partido de Estado habría de resultar fundamental en el cumplimiento de ese propósito. Al integrar a los distintos grupos regionales y locales de la sociedad mexicana a esa estructura, el PNR se convirtió en una confederación de grupos y “partidos caciquiles”.

La eficacia de ese mecanismo se mostró desde el momento mismo de la constitución del partido, pues las gubernaturas se convirtieron, a través de esa maquinaria del Estado, en extensiones del poder central, obligando a los gobernadores a fungir como “gestores” del PNR a nivel regional. Lo anterior se puso ya claramente de manifiesto en el estado de Guerrero cuando el gobernador Adrián Castrejón, en su informe de septiembre de 1931, decía que como ciudadano y hombre público se identificaba con los principios del Partido Nacional Revolucionario, a quien consideraba genuino representante de los intereses políticos del país, por lo que le otorgaba su abierta ayuda fijándole “un subsidio de trescientos pesos mensuales” y poniendo “a disposición del Comité de Estado Local, un edificio ubicado en una de las principales arterias de esta ciudad”,¹⁹ es decir, de la capital del estado, Chilpancingo. Y en el decreto número 105, del 21 de febrero de 1933, se creaba la partida del “Subsidio para el Partido Socialista del Estado de Guerrero dependiente del Partido Nacional Revolucionario…”.²⁰