Читать книгу La Ley, el mercado y la independencia del auditor - José Cándido Paz Ares Rodríguez - Страница 5

Una simple hojeada a la prensa económica más reciente revela que la cuestión de la independencia del auditor ha vuelto a aflorar, y con mayor virulencia que en otros tiempos. Tanto en nuestro país como en el resto de los que forman nuestro entorno el fenómeno se ha visto favorecido por algunos escándalos financieros que han llenado de inquietud a la opinión pública. No hay coincidencia a la hora de explicar lo ocurrido. Mientras unos lo achacan a una verdadera crisis de supervisión, otros dejan caer todas las culpas sobre lo que ha dado en llamarse el gap de expectativas. No obstante, todos —reguladores y profesionales— convienen en admitir que la situación es preocupante y que ante ella es preciso reaccionar para restablecer la confianza pública en la institución. El desacuerdo y la controversia comienzan a la hora de seleccionar las medidas e instrumentos de la reacción —las recetas, como es natural, varían en función de los diagnósticos—. Ahí está, según creemos percibir, el foco de la discusión que actualmente se registra en los foros interesados.

Las páginas que siguen pretenden ser una contribución a este debate en marcha. El objetivo que persiguen es trazar, aprovechando un momento especialmente propicio para la reforma legal1) las bases de una política legislativa en la materia que sea capaz de satisfacer dos condiciones principales: de un lado, congruencia con la estructura económica del problema de la independencia y, de otro, adaptación a las características de la oferta y de la demanda de nuestro mercado de auditoría. La hipótesis de que partimos tiene algo de paradójica, y es que el problema no está propiamente donde lo vemos (detrás de los escándalos a gran escala de que se hace eco la prensa), sino donde no lo vemos (en las retículas más minúsculas del sistema económico).

De acuerdo con este planteamiento, el estudio se estructura en torno a tres preguntas sucesivas: (a) ¿es oportuna la introducción de nuevas regulaciones para garantizar la independencia del auditor?; de serlo, (b) ¿sobre qué espacio del mercado han de concentrar su atención?; y dentro del espacio escogido o acotado, (c) ¿qué medidas concretas se revelan más indicadas?

La primera pregunta nos lleva a analizar la función de la auditoría y los incentivos privados para la independencia que surgen en un entorno de auditoría voluntaria. El propósito es mostrar que el carácter voluntario (o contractual) de la demanda asegura un alineamiento de los incentivos de todas las partes implicadas para la producción de auditorías independientes (v. infra § 2). Este análisis preliminar tiene una gran importancia en nuestro razonamiento, precisamente porque nos permite suponer que el problema de la independencia aparece cuando se introduce la obligatoriedad de la verificación contable y se crea, por razones de «interés público», una demanda forzada (o regulatoria). Los incentivos privados sufren entonces una profunda alteración —muchas empresas sólo demandan el servicio de auditoría para pasar un trámite impuesto por la ley—, y es cabalmente esa circunstancia la que justifica el intento de preservar la independencia del auditor mediante regulaciones legales.

Contestada así la primera pregunta, la respuesta a la segunda brota por sí sola. En efecto, dado que la obligatoriedad de la demanda es más intensa —y, por tanto, los incentivos privados para la independencia, más débiles— en el sector de las pequeñas empresas, lo oportuno es plantear la intervención legislativa centrando la atención en esta franja o segmento del mercado (v. infra § 3).

Una vez localizado el espacio preferente de la intervención, le toca el turno a la tercera y última pregunta del trabajo. La respuesta se obtiene de la mano de la teoría contractual de la auditoría que previamente habremos esbozado, que conduce a seleccionar las medidas legales de protección de la independencia en función de su capacidad para reproducir los incentivos privados que observamos en los sectores en que la auditoría presenta mayor voluntariedad (v. infra § 4). El núcleo del trabajo se ocupa de desarrollar y concretar este punto de vista. Primero se analizan las medidas que afectan al lado de la oferta, donde se sugiere la conveniencia de arbitrar una política de diversificación de las carteras de clientes de las firmas auditoras (v. infra § 5). Después se estudian las que afectan al lado de la demanda. La propuesta aquí consiste en instrumentar una política de transparencia capaz de someter a mayor escrutinio público las decisiones de sustitución de auditores que adoptan las empresas auditadas (v. infra § 6).

El trabajo se cierra con unas consideraciones finales que resumen las conclusiones del estudio y extienden la discusión a las propuestas que son objeto de mayor atención en el debate que actualmente tiene lugar en medios oficiales y profesionales (v. infra § 7).

1

Al parecer, no sólo los colectivos profesionales, sino también todos los grupos políticos con representación parlamentaria coinciden en la necesidad de someter a profunda revisión la Ley de Auditoría de Cuentas de 1988 [v. las distintas opiniones que se recogen en el artículo «Los políticos proponen reformar la Ley de Auditoría», Newsletters-Auditoría, 24 (28-XII-1995), pp. 21-22, y, más recientemente, el reportaje que ofrece Expansión, 9 de julio de 1996, p. 36].