Читать книгу Juicio político a presidentes en Colombia (1982-2018) - Juan Sebastián López López - Страница 17

Con las intervenciones militares reducidas, surgieron nuevas presiones para los gobiernos por parte de actores sociales y políticos. La corrupción, malas administraciones, la economía del país en peligro, entre otros son los causantes de presiones para el presidente. El fortalecimiento de la democracia durante la tercera ola trajo consigo elementos y patrones novedosos que imprimieron nuevas crisis y nuevas formas de solución.

Los escándalos políticos se definen como “noticias que revelan actos de corrupción o abusos de poder llevados a cabo por políticos” (Pérez-Liñán, 2009, p. 114); allí se involucran al presidente, las personas importantes de su gabinete y su familia y amigos. La oleada de escándalos a partir de los noventa vino de la mano de los cambios en la política latinoamericana. Tal cantidad de escándalos se explica, no porque hayan aumentado estrepitosamente de un momento a otro, sino porque la prensa, gracias a su crecimiento, logró revelar todo tipo de escándalos.

Son cuatro los aspectos en los que ha crecido: mayor libertad de prensa gracias a la democratización de los estados; las reformas económicas de la nueva era democrática quitaron a los gobiernos la regulación tradicional de la prensa; el surgimiento y la expansión de la televisión llevaron las noticias al alcance de la gente; surgió un mayor profesionalismo entre los periodistas con mayor alcance investigativo. Pese a que el nuevo periodismo contribuyó a que los gobiernos tuvieran que dar cuenta de sus acciones, está muy lejos de ser transparente. Además, esta institución también llevó consigo cargas de corrupción, y los periodistas tuvieron actitudes que están lejos de ser, muchas veces, imparciales. “La brecha entre la capacidad de producir buen periodismo de investigación y el impulso profesional (y político) de revelar casos de corrupción ha sido zanjada hasta cierto punto mediante el ‘periodismo declarativo’” (Pérez-Liñán, 2009, p. 142).

Los políticos y sus carreras se han visto, tras la tercera ola de democratización, muy dependientes de los medios, quienes son los que regulan qué sale a la luz y qué no. Los medios le dan forma al juicio político de dos maneras: por un lado, los cambios tecnológicos les permitieron a los presidentes tener cierta independencia de sus partidos, llegando a sus votantes, por ejemplo, gracias a la televisión. Por otro lado, debido a la libertad de prensa y el surgimiento de un mayor profesionalismo, se creó el espacio perfecto para “la política del escándalo”, en la cual los candidatos se desacreditaban con escándalos; se filtraba información buscando que la postura de indignación popular modificara el clima electoral. Gracias al poder de los medios y su capacidad para exponer escándalos se convirtió en un arma electoral muy poderosa, y tanto los escándalos se actualizaban constantemente, tanto como las fuerzas presidenciales se medían.

A partir de los seis casos (en los que se incluye Colombia con el expresidente Samper) que analiza Pérez-Liñán (2009), asegura que, gracias al descontento general, se llevaron a cabo protestas que finalizaron en la ejecución de juicios políticos. Aunque el proceso del juicio político inicia gracias a acusaciones muy definidas, el malestar popular se genera por la insatisfacción del rendimiento económico y las reformas económicas impopulares. “La indignación popular puede ser el resultado de múltiples factores: la imposición de políticas económicas impopulares, el mal desempeño del gobierno en ejercicio, la implacable cobertura mediática de los errores y faltas presidenciales” (Pérez-Liñán, 2009, p. 36). Y es precisamente aquí donde se muestra un aspecto negativo del juicio político: pensar en él desde políticas impopulares o desde las fallas en la economía, lo pueden conducir a un mecanismo poco confiable, puesto que los políticos corruptos pueden tener inmunidad a los escándalos cuando la economía vaya bien.

El descontento popular, según los estudios de caso de Pérez-Liñán, sería el resultado de una compleja red de motivaciones: “los niveles elevados de desempleo, la imposición de medidas neoliberales y los escándalos mediáticos (especialmente cuando involucraban al presidente de manera directa) socavaron la popularidad presidencial y estimularon los levantamientos populares contra estos gobiernos (los casos analizados por Pérez-Liñán)” (2009, p. 202). Tres asuntos son importantes en este sentido: primero, un escándalo aislado no se convierte en una crisis, por lo cual los medios publican a lo largo del tiempo revelaciones que dañan la reputación del gobierno y su presidente. Segundo, los escándalos se multiplican cuando la presidencia y su gobierno es débil. Y, tercero, solo existirá una destitución a causa del deterioro de la aprobación del presidente si existe “una movilización pública considerable”.

Aunque las protestas pueden llegar a ser destructivas en un levantamiento contra un presidente, pueden conseguir tan solo un pequeño impacto. Sin embargo, la protesta popular es central en la forma como se remueven presidentes de manera legal, puesto que pueden determinar el destino del presidente y pueden alentar un proceso de juicio político contra él. Las protestas indican que la gente está en contra del gobierno y, a partir de ello, motivar a la oposición y a las élites a querer remover al presidente. El poder de la prensa unido a las demostraciones de inconformidad contra el gobierno resulta ser un cóctel que puede incrementar la posibilidad de retirar al presidente del Estado. Agregarle escándalos puede convertir el cóctel en algo políticamente mortal.

Quizás la enseñanza más importante que han dejado las crisis presidenciales recientes es que los presidentes que ejercen un poder prácticamente irrestricto en un contexto de suma popularidad suelen convertirse en blancos fáciles cuando sus índices de aprobación se desploman y las protestas masivas consumen su capital político. El proceso de juicio político ha surgido como la forma más efectiva de enmarcar la caída de un gobierno electo protegiendo al mismo tiempo una constitución democrática, pero generalmente no ha logrado evitar un nuevo ciclo de predominio presidencial y derrumbe del gobierno. Los golpes militares pueden ser el drama del pasado, pero existen razones para creer que las crisis sin quiebre serán el drama de América Latina en los años venideros. (Pérez-Liñán, 2009, p. 337)